-¿Qué diagnóstico hace del momento actual que vive la Justicia en España?

– Vivimos un momento de transformación profunda de la Justicia. Contamos con magníficos profesionales —la judicatura, la fiscalía, el personal letrado de la Administración de Justicia, el funcionariado, la abogacía, la procura y el resto de los operadores jurídicos—, pero durante demasiado tiempo han tenido que trabajar sobre estructuras concebidas para una realidad muy distinta de la actual.

“LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA NO ES AJENA A LA JUSTICIA: ES TAMBIÉN UNA FORMA DE HACER JUSTICIA Y ELLO EL PAPEL DEL NOTARIADO ES ESENCIAL”

Yo diría que el diagnóstico tiene dos caras. Tenemos una Justicia de enorme calidad profesional, pero necesitamos una Administración más ágil, más eficiente, más accesible y mejor dotada.

Y eso nos obliga a avanzar en tres ámbitos a la vez: recursos, organización y tecnología.

En 2026 se han creado 500 nuevas plazas judiciales y 200 de fiscales, 700 en total, la mayor ampliación de la planta judicial y fiscal de nuestra historia, y se ha anunciado la voluntad de crear y convocar otras 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en 2027.

Pero una política de Justicia no puede consistir únicamente en sumar efectivos. Necesitamos más profesionales, pero también necesitamos que la organización funcione mejor. Más personas haciendo exactamente lo mismo no bastan si la organización no cambia. Por eso la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce los Tribunales de Instancia y sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales por una organización capaz de compartir recursos y responder mejor a las cargas de trabajo. En paralelo, los fondos europeos han permitido una inversión muy relevante en transformación digital.

Recursos humanos, organización y tecnología tienen que avanzar juntos. Ese es, a mi juicio, el gran desafío: construir una Justicia del siglo XXI que sea moderna y digital, pero también ágil, cercana, comprensible y plenamente garantista.

“MODERNIZAR LA JUSTICIA NO CONSISTE EN PONER MÁS ORDENADORES EN LOS JUZGADOS. CONSISTE EN CAMBIAR LA ORGANIZACIÓN, REFORZAR LAS PLANTILLAS, MEJORAR LOS PROCESOS Y UTILIZAR LA TECNOLOGÍA”

-¿Cuáles son las principales prioridades legislativas que trabaja la Comisión en materia de Justicia?

– La Comisión que presido es una de las que concentra una mayor carga legislativa del Congreso y, en materia de Justicia tenemos ante nosotros reformas de enorme transcendencia. Entre las prioridades destacaría, en primer lugar, el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que sustituiría a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (LECrim). No es razonable intentar responder a la criminalidad del siglo XXI con una arquitectura procesal nacida hace más de 144 años. Junto a ella estamos trabajando en iniciativas como el Proyecto de Ley Orgánica de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Responsabilidad del Menor, la Proposición de Ley de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad y el Proyecto de Ley de acciones colectivas, entre otras.

Además, están pendientes de tramitación otras proposiciones de ley, como la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y otras iniciativas planteadas por los diferentes grupos políticos, así como algunas procedentes del Senado.

En este periodo de sesiones hemos aprobado la Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, que ha dado lugar a la Ley Orgánica 1/2026, y recientemente el dictamen de la Proposición de Ley sobre la concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.

Quisiera detenerme especialmente en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que también está tramitando la Comisión.

Creo que lo que no está permitido en la vida real tampoco puede estar permitido en los entornos digitales. Los derechos de un menor no disminuyen cuando atraviesan una pantalla. Internet no puede convertirse en una excepción territorial del Estado de Derecho.

Y proteger a los menores no significa alejarlos de la tecnología, sino conseguir que puedan utilizarla en condiciones de seguridad y con garantías.

Confío en que seamos capaces de alcanzar un acuerdo amplio para aprobar esta norma en esta legislatura, porque la protección de los menores en el entorno digital debe estar por encima de cualquier diferencia partidista.

-Usted es jurista y tiene una consolidada trayectoria en la abogacía. La Ley Orgánica 1/2025 ha generado un debate intenso entre los operadores jurídicos y la propia judicatura. ¿Cuál es su valoración general de esta norma?

– Tuve el privilegio de ser ponente de esta Ley y de defenderla, en nombre de mi grupo parlamentario, en el Pleno del Congreso, por lo que conozco también de primera mano el debate y las dificultades que acompañaron a su tramitación. Mi valoración es positiva. No estamos solo ante una reforma procesal, sino también ante una reforma estructural de la planta judicial de España.

Esta ley cambia la organización de la primera instancia, crea los Tribunales de Instancia, desarrolla las Oficinas de Justicia en los municipios e introduce un giro importante en nuestra cultura de resolución de conflictos a través de los medios adecuados de solución de controversias.

Y aquí conviene hacer una precisión: que un conflicto pueda resolverse mediante acuerdo no significa poner obstáculos al acceso a la Justicia; significa ofrecer a la ciudadanía más posibilidades. Los MASC no cierran la puerta de los tribunales; pretenden que no todas las controversias tengan que atravesarla.

La ley establece, con carácter general en el ámbito civil y con las excepciones previstas legalmente, el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias como requisito de procedibilidad. Además, incorpora distintas fórmulas de negociación, mediación y conciliación, incluida expresamente la conciliación en la notaría.

Como profesional de la abogacía, me parece positivo que se abra un espacio mayor para que quienes ejercen el Derecho ayuden a las partes a encontrar soluciones antes de llegar a un procedimiento judicial. Una Justicia fuerte necesita buenos tribunales, pero también buenos instrumentos para evitar que determinados conflictos tengan que llegar a ellos.

“TENEMOS QUE LOGRAR QUE LA JUSTICIA SEA TAN ACCESIBLE DIGITALMENTE COMO LO PERMITAN LAS GARANTÍAS QUE EXIGE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL”

-¿Qué aspectos de la Ley Orgánica 1/2025 cree que pueden tener un mayor impacto práctico en la ciudadanía, las y los profesionales y el resto de los operadores jurídicos? ¿Es pronto para afrontar una revisión, como piden muchos operadores jurídicos, sobre algunos de sus aspectos?

– Probablemente, el impacto más profundo sea cultural: cambiar la manera en que entendemos el conflicto jurídico.

No todo tiene que acabar en una sentencia. Hay controversias que pueden resolverse mediante negociación, mediación o conciliación de forma más rápida y, muchas veces, más satisfactoria para las partes.

Un buen sistema de Justicia no debería medirse únicamente por cuántos litigios resuelve, sino también por cuántos conflictos consigue evitar. Tenemos una enorme facilidad para medir la actividad de la Justicia —procedimientos iniciados, asuntos resueltos, sentencias dictadas—, pero mucha menos capacidad para medir los conflictos que nunca llegaron a producirse porque una institución o un mecanismo funcionó correctamente. Y, sin embargo, el Derecho también demuestra su eficacia en aquello que consigue evitar: un conflicto, un litigio, una incertidumbre o una situación de inseguridad jurídica.

Ahí el papel de la abogacía es fundamental, y también el de otras figuras profesionales —entre ellas, quienes ejercen la notaría—, que cuentan con experiencia y autoridad jurídica y una posición especialmente adecuada para intervenir en determinados mecanismos de solución de controversias.

En el plano organizativo, la creación de los Tribunales de Instancia debe favorecer una gestión más flexible de los recursos y una mayor homogeneidad de criterios. A ello se suman el impulso de actuaciones telemáticas, el acceso digital a los expedientes o los pleitos testigo, entre otras medidas.

En cuanto a la revisión de la ley, hay que distinguir entre evaluar una reforma y cuestionar su existencia. Evaluar una ley no significa impugnarla; significa tomársela en serio. Una reforma de esta dimensión debe ser examinada a la luz de su aplicación y, si la práctica demuestra que hay aspectos que deben corregirse, se corrigen. Eso no es rectificar: es legislar con responsabilidad. Una ley empieza verdaderamente a ser examinada al día siguiente de entrar en vigor. Escuchar esa fricción entre la norma y su aplicación real forma parte del trabajo legislativo.

Ahora bien, tampoco tiene sentido plantear revisar una reforma que todavía está en pleno proceso de implantación. Primero hay que analizar resultados, escuchar a los operadores jurídicos y trabajar con datos. La buena legislación no es la que permanece inmutable, sino la que sabe responder a la realidad y mejorar cuando esta lo exige.

-¿Cómo valora el papel del Notariado en el servicio público de Justicia y como pilar de la seguridad jurídica preventiva?

– Esencial. La Justicia no empieza cuando surge un conflicto ante un juzgado. Existe también una dimensión preventiva del Derecho que evita que muchas controversias lleguen siquiera a producirse. La seguridad jurídica preventiva no es ajena a la Justicia: es también una forma de hacer Justicia.

Y ahí el Notariado cumple una función clave: quien ejerce la notaría aporta seguridad jurídica, controla la legalidad de los actos y negocios que autoriza, presta asesoramiento imparcial y dota a la ciudadanía de instrumentos públicos que genera certeza, confianza y seguridad en el tráfico jurídico. El documento público es una verdadera arquitectura de confianza que reduce incertidumbre y, con ella, litigiosidad.

Al final, la seguridad jurídica tiene mucho que ver con algo tan sencillo como poder confiar. Comprar una vivienda, constituir una sociedad u ordenar una sucesión serían operaciones mucho más costosas si cada ciudadano tuviera que comprobar por sí mismo todo aquello que hoy puede dar jurídicamente, por cierto. La seguridad jurídica es, entre otras cosas, una manera de ahorrar desconfianza.

De hecho, la Ley Orgánica 1/2025 reconoce expresamente la conciliación ante notaría como uno de los medios adecuados de solución de controversias. Me parece coherente con la dirección en la que debe avanzar la Justicia: no solo ser capaz de resolver mejor los conflictos cuando aparecen, sino también de prevenirlos antes de que se conviertan en litigios.

En definitiva, el Notariado demuestra que el Estado de Derecho no actúa únicamente cuando sanciona o resuelve; también actúa cuando da certeza.

“EL DOCUMENTO PÚBLICO ES UNA VERDADERA ARQUITECTURA DE CONFIANZA QUE REDUCE INCERTIDUMBRE Y, CON ELLA, LITIGIOSIDAD”

-¿Por qué cree que el servicio público de Justicia no ha logrado el nivel de digitalización y accesibilidad que sí tienen otros como la Agencia Tributaria o el servicio público de salud?

– La comparación es interesante, pero la Justicia tiene una complejidad propia.

La Agencia Tributaria o los servicios sanitarios gestionan sobre todo relaciones administrativas o asistenciales; en la Justicia hablamos, además, del ejercicio de la potestad jurisdiccional y de la protección de derechos fundamentales.

En un procedimiento judicial intervienen muchos actores y Administraciones distintas, y hay que garantizar a la vez interoperabilidad, protección de datos, confidencialidad, seguridad y todas las garantías procesales. Eso explica parte de la dificultad, pero no puede convertirse en excusa permanente para que la justicia avance más lentamente que otros servicios públicos.

Tenemos que lograr que la Justicia sea tan accesible digitalmente como lo permitan las garantías que exige un procedimiento judicial: que cualquier persona pueda consultar su expediente, hacer trámites y relacionarse con la Administración sin necesidad de conocer la complejidad interna del sistema.

En los últimos años se han movilizado más de 410 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la transformación digital de la Justicia, y ya se han desplegado herramientas como el expediente judicial electrónico, la interoperabilidad entre sistemas o Carpeta Justicia, que tienen que permitir una Administración mucho más sencilla y accesible para la ciudadanía.

La experiencia acumulada demuestra, además, que estas herramientas tienen un impacto práctico. Durante la pandemia y en los primeros años de transformación digital se realizaron más de 920.000 actuaciones procesales no presenciales, entre juicios telemáticos y otras actuaciones, con un ahorro estimado en desplazamientos superior a 19 millones de euros.

Y ahí hay una lección que podemos tomar precisamente del Notariado: digitalizar no es solo transmitir información electrónicamente; es garantizar que esa información sea fiable y jurídicamente segura.

-Desde su experiencia parlamentaria, ¿qué retos estructurales siguen pendientes para modernizar la Administración de Justicia?

– Hay varios retos. El primer, evidentemente, son los recursos humanos. Por eso es relevante la creación en 2026 de 500 plazas judiciales y 200 de fiscales, que debe de ir acompañado con el refuerzo del personal administrativo. El segundo reto es organizativo: conseguir que los recursos puedan responder con mayor flexibilidad a las cargas de trabajo, que es uno de los objetivos del modelo de Tribunales de Instancia.

El tercero es tecnológico: interoperabilidad, expediente judicial electrónico, una Administración orientada al dato y el uso responsable de la inteligencia artificial. El cuarto es mejorar los tiempos de respuesta. Y el quinto, probablemente el que sintetiza todos los anteriores, es la accesibilidad: conseguir que la Justicia sea más comprensible, cercana y sencilla para la ciudadanía sin rebajar ninguna garantía.

Y a todo ello se suman desafíos nuevos: la ciberdelincuencia, la delincuencia económica internacional, la protección de datos, las nuevas tecnologías probatorias y, por supuesto, la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a entrar en la Justicia, sino para qué vamos a utilizarla, bajo qué controles y con qué responsabilidades. La tecnología puede asistir a quien juzga, pero no puede diluir la responsabilidad de juzgar. Podemos automatizar procesos, pero no automatizar las garantías.

Modernizar la Justicia, por tanto, no consiste en poner más ordenadores en los juzgados. Consiste en cambiar la organización, reforzar las plantillas, mejorar los procesos y utilizar la tecnología para que la ciudadanía reciba un mejor servicio público.

-La ciudadanía —así lo reflejan las encuestas— se siente desencantada por el nivel de polarización y crispación de la actual política parlamentaria. ¿No hay espacio ya para el consenso en las grandes cuestiones de Estado?

– Creo que sí, y creo que tenemos la obligación de reivindicarlo. La discrepancia es consustancial a la democracia; para confrontar proyectos y alternativas está precisamente el Parlamento. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta convertir al adversario político en un enemigo o cuestionar permanentemente su legitimidad. La discrepancia fortalece la democracia; la deslegitimación sistemática termina debilitando las instituciones que todos necesitamos.

Hay cuestiones en las que tenemos una obligación especial de buscar acuerdos, además de las que afectan directamente al bienestar social de nuestro país. Y entre ellas, la Justicia ocupa un lugar central, junto con la defensa de los derechos fundamentales, la lucha contra la delincuencia, la modernización de las instituciones y la transformación digital del Estado. Son cuestiones que afectan directamente a la seguridad, a la libertad, a la igualdad y a la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones.

Consenso no significa unanimidad ni que una parte tenga que renunciar a sus principios; significa ser capaces de encontrar espacios compartidos cuando el interés general lo exige.

En materia de Justicia, esa responsabilidad es aún mayor, porque hablamos de uno de los pilares del Estado de Derecho y de un servicio público que afecta directamente a los derechos y a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Podemos discrepar sobre cómo organizarla, sobre qué reformas son mejores o sobre qué recursos necesita, pero deberíamos compartir algo básico: todas y todos queremos una Justicia independiente, eficaz, accesible y al servicio de la ciudadanía.

Y creo que conviene recuperar una idea sencilla: la política no puede convertirse en un fin en sí misma.

Cuando alguien acude a un juzgado porque necesita una respuesta, cuando una familia tiene que resolver una herencia, cuando una empresa necesita seguridad jurídica o una víctima necesita protección, no le importa quién ha ganado una discusión parlamentaria; le importa que las instituciones funcionen.

Ese es, en última instancia, el mejor antídoto contra la crispación: demostrar que la política sirve para resolver problemas, proteger derechos y mejorar la vida de las personas.