Acaba de ser elegido presidente en un momento de importantes cambios en la Justicia española, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios de su mandato y cómo se diferencia su proyecto de los mandatos anteriores?

Mis tres prioridades al frente del Consejo General de Procuradores de España son muy claras: reforzar el papel institucional de la Procura; impulsar una Justicia más ágil y accesible, y situar a los procuradores en el centro de la transformación digital y de la resolución eficiente de conflictos. No se trata solo de gestionar una corporación profesional, sino de aprovechar un momento histórico de cambio para demostrar que la Procura aporta valor real al sistema. Mi proyecto se diferencia de otros mandatos porque quiere ser más proactivo, más autónomo y más útil para la ciudadanía. La profesión no puede limitarse a reaccionar ante las reformas; debe anticiparse, influir y proponer. Queremos una organización con voz propia, capaz de defender mejor a sus colegiados y, al mismo tiempo, de contribuir a una Justicia más moderna, cercana y eficaz

“ES POSIBLE REDUCIR LA CONGESTIÓN JUDICIAL SI SE ATRIBUYEN FUNCIONES DE FORMA RACIONAL Y EFICAZ A LOS PROCURADORES EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL”

La Ley 1/2025 modifica sustancialmente el papel del procurador, especialmente en la ejecución civil de sentencias, exigiendo un consentimiento informado del cliente que antes no existía en las delegaciones de la Administración de Justicia. Con cuatro millones y medio de casos sin resolver y la previsión de superar los cinco millones este año, ¿cree realmente que los procuradores podrán agilizar los juzgados?

La Ley Orgánica 1/2025 abre una oportunidad importante, pero su éxito dependerá de cómo se aplique en la práctica. La Procura está preparada para asumir nuevas funciones y colaborar en la mejora de la ejecución civil, siempre que se nos doten de medios, seguridad jurídica y una implantación homogénea en todo el territorio. Es evidente que no basta con cambiar la norma: hace falta voluntad política, coordinación institucional y una inversión real en organización judicial. Con una sobrecarga tan grande en los juzgados, cualquier medida que descargue trabajo y acelere trámites merece ser valorada. Ahora bien, no debemos caer en el optimismo ingenuo. Si la reforma no va acompañada de criterios claros, formación y herramientas adecuadas, el riesgo es que el cambio se quede a medias. La Procura puede ayudar mucho, pero no puede sustituir sola las carencias estructurales del sistema.

“LA PROCURA NO PUEDE LIMITARSE A REACCIONAR ANTE LAS REFORMAS: DEBE ANTICIPARSE, INFLUIR Y PROPONER”

En su campaña electoral habló de convertir al Consejo General en una institución con un papel más activo y autónomo. ¿Cuáles son las preocupaciones reales y urgentes de los cerca de 10.000 procuradores que representa?

Las preocupaciones de los procuradores son muy concretas y muy reales. La primera es, sin duda, el atasco judicial, porque afecta directamente a la eficacia del servicio que prestamos y a la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Pero hay otras cuestiones igual de importantes: el reconocimiento social de la profesión, la necesidad de una mayor visibilidad institucional y la adaptación a un entorno normativo y tecnológico cada vez más exigente. También nos preocupa que la ampliación de funciones llegue de forma equilibrada y con garantías, para que el procurador no asuma más responsabilidades sin los medios necesarios. Representamos a cerca de 10.000 profesionales que quieren seguir siendo útiles, especializados y cercanos. La ciudadanía debe saber que la Procura no es un trámite accesorio, sino una pieza esencial del proceso judicial. Nuestro reto es doble: resolver problemas internos de la profesión y explicar mejor a la sociedad quiénes somos y qué hacemos.

“EL NOTARIADO APORTA CERTEZA, REDUCE LA LITIGIOSIDAD Y AYUDA A QUE MUCHOS CONFLICTOS NO LLEGUEN A LOS TRIBUNALES”

Los notarios tienen un papel crucial en la garantía de la seguridad jurídica en el sistema español. Desde la perspectiva de la Procura: ¿qué valoración hace de la función notarial?

La función notarial es fundamental para la seguridad jurídica preventiva y cumple un papel de enorme valor en el sistema español. Desde la perspectiva de la Procura, el Notariado aporta certeza, reduce la litigiosidad y ayuda a que muchos conflictos no lleguen a los tribunales. Eso, indirectamente, también beneficia nuestro trabajo, porque un entorno más seguro jurídicamente facilita la gestión procesal y reduce incidencias. La relación entre Procura y Notariado es buena y debe seguir profundizándose sobre bases de colaboración, eficiencia y servicio al ciudadano. Ambos cuerpos compartimos una vocación jurídica muy sólida y una responsabilidad institucional relevante. En la práctica, esa relación ya se traduce en instrumentos útiles, aunque todavía hay margen para seguir desarrollando sinergias, especialmente en el ámbito digital. Cuanto mejor funcione la coordinación entre operadores jurídicos, más fácil será ofrecer respuestas rápidas, claras y seguras a los ciudadanos.

“LA CLAVE ESTÁ EN QUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NO SEA COSMÉTICA, SINO UNA VERDADERA MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA”

¿Cómo describiría actualmente la relación entre la Procura y el Notariado?

La colaboración entre procuradores y notarios ha avanzado de forma significativa, especialmente con el envío telemático de poderes para pleitos. Eso demuestra que la cooperación institucional no es una fórmula retórica, sino una herramienta práctica que mejora la vida profesional y el servicio al ciudadano. Ahora bien, debemos ir más allá de lo ya conseguido. La transformación digital permite explorar nuevas vías de conexión entre despachos, notarías, juzgados y administraciones públicas. El objetivo debe ser reducir tiempos, evitar desplazamientos innecesarios y simplificar trámites que hoy todavía resultan demasiado pesados. En ese camino, la tecnología no debe ser un fin en sí mismo, sino una aliada para ganar eficiencia y transparencia. La relación entre Procura y Notariado puede convertirse en un ejemplo de cómo dos profesiones jurídicas complementarias trabajan juntas para hacer más accesible y comprensible la Justicia.

“LA RELACIÓN ENTRE PROCURA Y NOTARIADO PUEDE CONVERTIRSE EN UN EJEMPLO DE CÓMO DOS PROFESIONES TRABAJAN JUNTAS PARA HACER MÁS ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE LA JUSTICIA”

Con la nueva Ley 1/2025, los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) dejan de ser una opción y pasan a ser obligatorios en muchos casos. ¿La Procura está preparada para este cambio?

La incorporación de los MASC supone un cambio cultural importante, y la Procura quiere estar plenamente preparada para asumirlo. Los procuradores estamos acostumbrados a trabajar con rigor, cercanía al procedimiento y orientación práctica, así que podemos desempeñar un papel valioso en la difusión de soluciones colaborativas. Pero para ello hace falta formación específica, actualización continua y un marco normativo que no genere inseguridad. Estamos impulsando iniciativas para que los profesionales conozcan bien los nuevos instrumentos y puedan asesorar con solvencia a sus clientes. Además, creo sinceramente que la Procura puede convertirse en un agente de cambio en favor de una cultura de paz, no entendida como una idea abstracta, sino como una forma más eficiente de resolver conflictos. Si conseguimos que más controversias se encaucen por vías adecuadas antes de llegar al pleito, ganarán los ciudadanos, ganará el sistema y ganará la Justicia

¿Por qué después de siglos de ejercicio profesional la Procura sigue siendo desconocida para la mayoría de ciudadanos?

La Procura sigue siendo poco conocida por una razón: durante demasiado tiempo se ha explicado mal, o simplemente no se ha explicado. Es una profesión altamente técnica, pero esa especialización no siempre se ha traducido en visibilidad social. Por eso necesitamos una estrategia de pedagogía mucho más clara, sostenida y comprensible para la ciudadanía. No se trata de hacer publicidad, sino de comunicar mejor una realidad profesional que es indispensable en el proceso judicial. Los procuradores somos especialistas en Derecho Procesal, gestionamos impulsos procesales; garantizamos la comunicación entre partes y juzgados; y contribuimos a que el procedimiento avance. Si la sociedad no conoce ese trabajo, es más difícil que lo valore. Nuestro esfuerzo debe centrarse en explicar con ejemplos concretos qué aportamos y por qué somos una pieza esencial de la Justicia moderna.

La digitalización está transformando la gestión de la Justicia española. Desde el CGPE han impulsado la integración de herramientas digitales en todos los procesos. ¿Qué plataformas tecnológicas concretas están implementando para facilitar la gestión de casos y la comunicación con los juzgados?

La digitalización está cambiando de forma profunda la forma en que se gestiona la Justicia, y la Procura no puede quedarse atrás. Estamos impulsando herramientas que faciliten la relación con los juzgados, mejoren el seguimiento de los procedimientos y simplifiquen la gestión diaria de los profesionales. Ahora bien, digitalizar no significa automáticamente resolver problemas estructurales. Si los sistemas son lentos, fragmentados o poco interoperables, la tecnología solo traslada la ineficiencia a un entorno nuevo. Por eso defendemos una digitalización útil, interoperable y realmente orientada al usuario. Bien aplicada, beneficia mucho a los procuradores porque nos permite trabajar con más rapidez y precisión, pero también a jueces, letrados y ciudadanos. La clave está en que la transformación digital no sea cosmética, sino una verdadera mejora del servicio público de justicia.

La ampliación de competencias de los procuradores en la ejecución civil de sentencias es una demanda constante del CGPE. ¿Por qué España está esperando para implementar plenamente este modelo?

España tiene margen para avanzar mucho más en materia de ejecución civil, y la experiencia comparada, como la portuguesa, demuestra que es posible reducir la congestión si se atribuyen funciones de forma racional y eficaz. Los procuradores estamos preparados para asumir mayores competencias en ese ámbito, siempre con control, formación y garantías. La nueva exigencia del consentimiento informado del cliente puede verse como una cautela razonable, pero no debería convertirse en un obstáculo que frene una reforma necesaria. Si el modelo mejora la eficacia y refuerza la confianza del ciudadano, debe aplicarse con ambición. Lo importante es que la ejecución no se convierta en un cuello de botella permanente. Si queremos una Justicia más ágil, hay que aprovechar mejor a todos los operadores jurídicos y dejar atrás inercias que ya han demostrado sus límites.

Para terminar: ¿cómo visualiza el futuro de la profesión de procurador en los próximos cinco años?

En los próximos cinco años visualizo una Procura más reconocida, más digital y con mayor capacidad de incidencia en la mejora de la Justicia. Veo una profesión plenamente integrada en los nuevos entornos tecnológicos, pero sin perder su esencia de cercanía, rigor y conocimiento procesal. También imagino a los procuradores desempeñando un papel más activo en la prevención y solución de conflictos, especialmente a través de la mediación y de otros mecanismos adecuados. Para que eso ocurra, hacen falta tres cosas: formación, reconocimiento institucional y una legislación que confíe de verdad en nuestras capacidades. La Procura tiene futuro porque responde a una necesidad real del sistema judicial. Si se la dota de herramientas y se la entiende como lo que es —una profesión técnica, útil y comprometida con la ciudadanía—, su papel será cada vez más visible y más decisivo.