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ALDEA GLOBAL

Reforzar la seguridad jurídica en Iberoamérica, clave para la cooperación y el desarrollo

ALEJANDRO MOYA BLAY

La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el espacio iberoamericano, establecer un marco normativo que facilite la cooperación y movilizar la inversión pública y privada para la financiación del desarrollo sostenible fueron las principales conclusiones de las IX Jornadas sobre Seguridad Jurídica de las Inversiones en Iberoamérica, que reunió a notarios, juristas, profesionales sectoriales y representantes de las más altas instituciones europeas y latinoamericanas.

La sesión tomó como punto de partida la ‘Declaración de Sevilla’, documento que recoge los acuerdos alcanzados en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo, celebrada en la capital hispalense en el mes de julio. Sobre la Declaración, Cristina Díaz Fernández-Gil, embajadora en misión especial para financiación del desarrollo, señaló que “ha constituido una oportunidad para renovar el compromiso con el multilateralismo y con la cooperación internacional; así como el consenso mundial sobre la financiación del desarrollo sostenible, subrayando la necesidad de movilizar todas las fuentes de financiación: públicas, privadas, nacionales e internacionales. El momento, por tanto, para celebrar estas jornadas nos parece muy oportuno”.

 


ESPAÑA ESTÁ COMPROMETIDA CON UNA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA QUE IMPULSE MODELOS DE DESARROLLO EQUILIBRADOS


 

Esta Declaración, expuso Díaz, “nos da el marco político para consensuar fórmulas que protejan inversiones y, al mismo tiempo, salvaguarden políticas públicas legítimas. Fortalecer la seguridad jurídica es una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la justicia social y la democracia efectiva. España está comprometida con una cooperación iberoamericana que impulse modelos de desarrollo equilibrados entre las tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica; y que no pierdan de vista el desarrollo humano, la educación, la salud, la protección social y la reducción de descomodidades. Solo así podemos asegurar que la inversión privada sea un verdadero catalizador del bienestar y no un fin en sí misma”.

Foro de diálogo

Asimismo, la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, apuntaló que esta Declaración ha sentado las bases de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid, en noviembre de 2026. “Uno de los puntos fundamentales de la Declaración -explicó Barrio Del Olmo- es la reafirmación de la Comunidad Iberoamericana como un foro privilegiado de diálogo, concertación política, solidaridad y cooperación. Esta cooperación tiene un valor esencial en estos momentos y la presencia española es de gran trascendencia».

 


LA SESIÓN TOMÓ COMO PUNTO DE PARTIDA LA ‘DECLARACIÓN DE SEVILLA’, DOCUMENTO QUE RECOGE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO


 

La presidenta del CGN subrayó que «las relaciones entre España y América tienen unas raíces centenarias, en múltiples ámbitos: la lengua, la cultura, el derecho o el comercio, así como en la conexión de la vida de los ciudadanos. Precisamente en esa conexión tuvieron originalmente un papel destacado los escribanos, hoy notarios: para conocer la historia de España y de América hay que acudir a la rica fuente de los protocolos notariales”. “Ahora la sociedad nos exige reeditar esas relaciones con certeza y seguridad jurídica y, en pro de ello, desde el Notariado español hemos impulsado la cooperación internacional con proyectos como Iberfides, una plataforma que facilita y refuerza la circulación de documentos notariales en Iberoamérica”, explicó.

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, se refirió también a la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado: “Constituye una gran oportunidad para avanzar en una planificación de la cooperación iberoamericana más estratégica y concertada, con nuevas prioridades y con mecanismos renovados que contribuyan a la consolidación del sistema”. Este nuevo enfoque estratégico -señaló- “se abrirá a los nuevos desafíos que afronta Iberoamérica: la prosperidad, que debe alcanzarse a través de un crecimiento robusto; la gobernabilidad, que requiere corregir las disfuncionalidades del sistema político; y la seguridad en todas sus variables, incluyendo la seguridad jurídica sobre la que profundizamos en estas jornadas. Sin seguridad no hay gobernabilidad ni prosperidad”.

Compromisos adquiridos

En la primera mesa redonda de la sesión, el director del Grupo de Expertos Independientes de la Conferencia de Sevilla, José Antonio Ocampo, analizó los compromisos adquiridos en la Declaración y los pasos para su aplicación: “Plantea objetivos ambiciosos y avances muy importantes en materia de financiación para el desarrollo, el fortalecimiento de los recursos públicos nacionales, gobernanza fiscal y cooperación tributaria; pero también propuestas algo más débiles en materia de cooperación monetaria internacional y gestión de la deuda, así como las dificultades derivadas de la ausencia de apoyo por parte de Estados Unidos”.

Ocampo compartió algunas de las claves de los compromisos de Sevilla, entre las que destacó: “Combatir los flujos financieros ilícitos, con la implementación efectiva de la Convención de la ONU contra la corrupción y cooperación internacional para la recuperación de activos; el desarrollo de registros de activos, con información sobre los beneficiarios finales e intercambio de información entre ellos; o mejorar la gobernabilidad de las instituciones y aumentar la voz y representación de los países en desarrollo”.

Por su parte, Gabriel Mato, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, hizo hincapié en el carácter bidireccional de las relaciones entre España e Iberoamérica. “Cada vez más empresas latinoamericanas invierten en nuestro país y participan activamente en la economía europea. Latinoamérica ofrece a Europa un mercado en expansión con más de 600 millones de consumidores y Europa ofrece a América Latina tecnología, financiación, estándares ambientales y sociales muy elevados y un modelo de desarrollo sostenible”, aseguró.

El eurodiputado hizo alusión a los acuerdos de asociación, libre comercio y cooperación firmados por la UE con numerosos países latinoamericanos; acuerdos que son “una referencia global por su equilibrio entre la apertura económica, la sostenibilidad y la protección social. Quedan temas pendientes, pero lo importante es que la agenda existe y cuenta con el impulso de gobiernos, empresas y ciudadanos comprometidos en ambas orillas del Atlántico. Tenemos valores afines y compartimos una idea de democracia representativa, de Estado de Derecho, de economía social de mercado y de respeto a la dignidad humana”, enfatizó.

Visión empresarial

Representantes del sector farmacéutico, bancario y filantrópico aportaron su visión profesional en el segundo panel de debate de la jornada. Laura Fernández Lord -jefa de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas BBVA- destacó el papel del sector privado como “catalizador del desarrollo sostenible, de las políticas inclusivas para el emprendimiento y del acceso a la financiación en un entorno cada vez más complejo”. Fernández Lord subrayó la importancia de complementar el acceso a financiación con formación y tecnología, en especial para aquellos colectivos vulnerables, y puso el foco sobre las pymes: “Es necesario mejorar la financiación de las pequeñas empresas. Representan el 99% del tejido empresarial de Iberoamérica, generan el 60% del empleo y un 25% del PIB de la región”.

En esta misma línea, Jorge Cattaneo -director general de Ayuda en Acción- concretó que las dificultades de las pymes vienen derivadas de la “falta de seguridad jurídica, los distintos marcos normativos y otros riesgos asociados”; defendió la cooperación internacional como “un instrumento que genera inclusión social”; y apuntó la necesidad de “realizar inversiones que pongan el foco en la inclusión social de la juventud”.

 


REPRESENTANTES DEL SECTOR FARMACÉUTICO, BANCARIO Y FILANTRÓPICO APORTARON SU VISIÓN PROFESIONAL EN EL SEGUNDO PANEL DE DEBATE DE LA JORNADA


 

“Nosotros vemos en la agenda europea una oportunidad -prosiguió-. En España tenemos 300.000 millones de euros de inversión y otros 145.000 millones planificados desde las instituciones financieras. La cooperación española está preparada: tiene los fondos, el marco legislativo y una estructura adaptada”. También se refirió a las nuevas fórmulas de cooperación, “contratos y convenios más complejos, que integran diferentes instrumentos que precisan gestionar préstamos blandos con garantías, con actividad filantrópica, con subvenciones, etc.”. Y abogó por encontrar modalidades que agilicen y faciliten el proceso: “Todo esto no va a ser posible sin inversión privada.

Emili Esteve, director de Asuntos Técnicos de Farmaindustria, incidió en la seguridad jurídica como un elemento sustancial, especialmente para el sector farmacéutico: “La UE y Estados Unidos cuentan con sistemas de protección que garantizan que la inversión de las compañías podrá obtener un retorno”. Además, hizo hincapié en el esfuerzo de la Unión Europea “para que estas relaciones se refuercen y se incrementen” y abordó el reto regulatorio que suponen los procedimientos de aprobación de los medicamentos: “Europa se ha dotado de un sistema único de evaluación y autorización. La ausencia de este sistema en Iberoamérica dificulta mucho el proceso. Contar con un sistema como el europeo sería una solución para el inversor”.

Al cierre de la sesión intervino el consejero técnico de la Dirección de Cooperación con Latinoamérica y el Caribe de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, Diego Spottorno: “La cooperación española vive un momento de pleno compromiso con Iberoamérica, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el plano legislativo, con la nueva Ley de Cooperación”, remarcó.

La jornada fue organizada por el Consejo General del Notariado, en colaboración con la Unión Internacional del Notariado (UINL) y la Academia Notarial Americana de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la UINL, bajo la dirección de Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias y delegado del Consejo General del Notariado para América; y con la coordinación y moderación de Ramón Casilda, presidente de la Asociación de Empresas Multilatinas en España y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos.

Red de Cooperación Iberoamericana

Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), señaló que “la cooperación, no es una aspiración, sino un imperativo institucional y una necesidad económica que estamos llevando a cabo a través de tres pilares: IberRed, IBER@ y la seguridad jurídica”. Sobre IberRed (Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), apuntó que se trata de “una estructura permanente, con competencias, procedimientos y recursos dedicados a la cooperación transnacional, que conecta a los Ministerios de Justicia, a la Fiscalía y a los poderes judiciales de los 22 países iberoamericanos, beneficiando a más de 500 millones de personas”.

En segundo lugar, puso de relieve el valor de la plataforma IBER@, desarrollada por el Centro Tecnológico del Notariado español -en coordinación con expertos de distintos países-, como “un ecosistema digital de comunicación segura y cifrada” que ha permitido “experimentar mejoras significativas con la agilización de trámites, la reducción de costes administrativos y una mayor confiabilidad operativa”.

Por último, aludió a la seguridad jurídica como una línea de trabajo estratégica y uno de los grandes desafíos en Iberoamérica: “Los empresarios españoles invierten anualmente 143 mil millones de euros en la Región, lo cual representa el 43% de la inversión exterior de España. Sin embargo, esta cifra podría ser significativamente mayor si tuviésemos una seguridad jurídica más robusta”. Así, reivindicó una seguridad jurídica basada en “la imparcialidad del Poder Judicial, la digitalización de la Administración de Justicia, la armonización de los marcos regulatorios y la prevención del lavado de activos y los delitos financieros”. En esta materia, en España, puntualizó, “contamos con el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP), un modelo en el que los notarios identifican y reportan operaciones sospechosas”.

De izda. a dcha.: Cristina Díaz Fernández-Gil, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Enrique Gil Botero.

CRISTINA DÍAZ FERNÁNDEZ-GIL:

“Fortalecer la seguridad jurídica es una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la justicia social y la democracia efectiva”

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO DEL OLMO:

“Desde el Notariado español hemos impulsado la cooperación internacional con Iberfides, que facilita y refuerza la circulación de documentos notariales en Iberoamérica”

ANDRÉS ALLAMAND:

“En estas jornadas profundizaremos sobre la seguridad jurídica. Sin seguridad no hay gobernabilidad ni prosperidad”

La cooperación,
una necesidad estratégica

La clausura institucional del encuentro corrió a cargo de David Figueroa Márquez, presidente electo de la Unión Internacional del Notariado para el periodo 2026-2028, quien elogió la labor del Notariado español en pro de la cooperación iberoamericana, “hoy más que nunca una necesidad estratégica y una responsabilidad conjunta”. En su discurso, Figueroa destacó la utilidad de estas jornadas y de las aportaciones de los panelistas: “Hemos dialogado sobre seguridad jurídica, inversiones, institucionalidad, cohesión regional y modelos de desarrollo sostenible, y lo hemos hecho con la convicción de que la cooperación no es un concepto abstracto, sino el fundamento que permite dar certeza, estabilidad y rumbo a las decisiones económicas y jurídicas en esta vasta región de Iberoamérica”.

De izda. a dcha.: Emili Esteve, Ramón Casilda, Laura Fernández Lord y Jorge Cattaneo.