La paradoja del empleo en España

En la sociedad española están convergiendo tres dinámicas que afectan de forma notable a nuestro modelo laboral. Una tiene que ver con la intensa generación de empleo hasta llevarnos al récord de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. La segunda es le evolución demográfica de nuestro marco laboral, con un crecimiento lento pero sostenido de la edad media de la población ocupada y asalariada. Y la tercera, es el disruptivo efecto de la revolución digital sobre la producción de bienes y servicios, por tanto, sobre el empleo, y de una forma más holística, sobre las formas de organizar el trabajo, comunicarnos, relacionarnos, etc.

Expulsados del mercado laboral

Estas tres dinámicas tienen y tendrán efectos múltiples, y a veces aparentemente contradictorios. Por ejemplo, en España varias comunidades autónomas se aproximan a situaciones de pleno empleo teniendo a la vez más población ocupada que nunca. No es una quimera que ese escenario se alcance en los próximos años a nivel de país, si se cumplen algunas variables por despejar (por ejemplo, el despliegue de la energía renovable y la electrificación de buena parte de nuestra economía, reduciendo dependencias y déficits externos, y constituyéndose como el gran factor de atracción de inversión productiva).

No es nada descabellado que esa evolución positiva del empleo, acompañada del citado envejecimiento de la población, más las dificultades de movilidad interna en nuestro país -en gran parte asociadas al precio de la vivienda-, incremente el número de vacantes en las empresas. Es decir, que existan verdaderas dificultades para encontrar trabajadores en determinados perfiles profesionales, y no solo en cualificaciones altas.

Pues bien, estas situaciones pueden ser compatibles con la paradoja de que personas en edades laborales avanzadas sean expulsadas del mercado de trabajo, con altas probabilidades de cronificar situaciones de paro de larga duración. No podemos resignarnos a ese escenario.

La razón de esta posibilidad tiene que ver con el fuerte impacto de la revolución digital y la Inteligencia Artificial en puestos de trabajo que se suponían más blindados a la amenaza de ser sustituidos por tecnología. También con la aceleración de los cambios, que hace que en numerosas ocasiones no sea sencillo anticiparse a las nuevas exigencias de competencias profesionales, nuevos perfiles formativos, etc. Y, por supuesto, con la visión extendida en muchas empresas de que a partir de los 50 años las personas trabajadoras no son empleables. No podemos asumir con normalidad que las personas a partir de los 55 años, o incluso antes, sean expulsadas de un mercado laboral al que no estén en condiciones de volver a acceder. Las transiciones justas de empleo, un fuerte impulso cualitativo a las políticas activas (formación, orientación…), y una política social que proteja rentas son vértices de un triángulo necesario.

Sesgo de género

En primer lugar, hay que aclarar algunas cuestiones para dimensionar bien la cuestión. En el primer trimestre de 2026, el 21,9% de la población activa tiene 55 o más años. El porcentaje de personas paradas en este tramo de edad se está incrementando sobre el total de personas desempleadas, sí. Pero la razón es que aumenta el peso de personas mayores de 55 años en el conjunto de la población activa, no que la tasa de desempleo de los “seniors” sea mayor que la general. De hecho, no lo es. Las personas mayores de 55 años desempleadas son el 10,27%, un porcentaje inferior a la media que es del 10,83%. Se mantiene un sesgo de género, ya que las mujeres mayores de 55 años arrojan una tasa de desempleo del 12,13%, un 3,55% superior a los hombres en ese tramo de edad.

Por otro lado, los salarios de las personas con 55 años o más son superiores a los de la media de la población trabajadora, y en general, la calidad de los empleos, también.  

Sin embargo, esta realidad contrastable no puede obviar aspectos cualitativamente muy relevantes. La gran mayoría de las personas desempleadas con más de 55 años lo es de larga duración. Más de 210.000 personas llevan un tiempo superior a dos años en búsqueda de empleo. Es decir, tenemos un problema y un riesgo cierto de cronificación del desempleo en las personas que pierden su puesto de trabajo en edades avanzadas, con lo que ello supone respecto a la cuantía de la pensión que percibirán cuando concluya su vida laboral.

Como señalaba al principio, hay que afrontar esto desde un fuerte impulso a la calidad de las políticas activas de empleo y a su accesibilidad, con especial énfasis en los colectivos que tienen más dificultad de reinserción laboral. Hablamos del acceso a los planes de formación permanente o la adecuación de competencias para enfrentar los retos que trae la digitalización aplicada cuando modifica el desempeño requerido en numerosos puestos de trabajo. De igual manera, hay que prever la posible desaparición de actividades, incluso algunas cualificadas, que la introducción de la IA acarrea en empresas muy diversas. Los procesos de adquisición y renovación de conocimientos y competencias que antes se vinculaban a la formación inicial y reglada, más la propia experiencia profesional, hoy requieren de sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y es necesaria una fuerte acción pública para que estos procesos lleguen con equidad a todas las personas, y no solo a quienes trabajan en grandes empresas o en sectores con tradiciones formativas asentadas. Los agentes sociales debemos jugar ahí un papel determinante.

Protección de rentas

Por último, hay que actualizar nuestros sistemas de protección de rentas, y de herramientas para facilitar el acceso a la jubilación con fórmulas como los contratos de relevo, que procuren una renovación no traumática de las plantillas, y no solo para las grandes empresas con gran músculo financiero. De igual manera el envejecimiento de la población trabajadora está teniendo consecuencias en la salud de numerosas personas. Los coeficientes reductores para profesiones donde el trabajo tiene especial incidencia en la salud deben actualizarse.

En definitiva, España debe afrontar la aparente paradoja de ser un país que avance en la generación de empleo, incluso de empleo de más calidad, pero que a la vez contemple como se cronifica en el desempleo una parte de las personas trabajadoras de mayor edad. El enorme caudal de conocimiento, de saber hacer, y la propia dignidad laboral y vital de estas personas requieren una visión específica dentro de las políticas públicas.