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EN SOCIEDAD
El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido el galardón anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la justicia más accesible por un proyecto que convierte una idea elemental —que ningún sanitario deje de denunciar una agresión por miedo, cansancio o desorientación— en una respuesta judicial coordinada, cercana y replicable.
En una sociedad que exige disponibilidad permanente a sus sanitarios, el acto de cuidar rara vez se ha detenido a mirar a quienes cuidan. Especialmente cuando el profesional sanitario, después de afrontar una agresión verbal, física o intimidatoria en su consulta, descubre que denunciar no es solo relatar lo ocurrido: es iniciar un recorrido administrativo y judicial que puede parecer largo, frío y, a veces, desalentador.
El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido acortar esa distancia, con su proyecto, significativamente titulado Cuidar de quienes nos cuidan. El premio fue recogido el pasado 26 de junio en la sede del CGPJ por el magistrado presidente, Juan Avelló Formoso, acompañado por la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elisabeth Hernández, y por el magistrado especialista de lo Social Javier Ercilla García.
EL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA HA DECIDIDO ACORTAR LA DISTANCIA ENTRE LA DENUNCIA Y LA JUSTICIA CON SU PROYECTO CUIDAR DE QUIENES NOS CUIDAN
La entrega del reconocimiento corrió a cargo de Jorge Prades López, vicesecretario del Consejo General del Notariado, y de María Luz Sánchez-Jáuregui Lázaro, secretaria del Colegio de Registradores de España. Más allá de la emotividad del acto, la escena condensaba una alianza institucional con un objetivo práctico: lograr que la víctima no se quede sola ante el primer obstáculo.
Un problema complejo
La iniciativa nace de una constatación tan real como dura. Muchos médicos comunitarios que sufren una agresión terminan por no denunciar. No porque el hecho carezca de gravedad ni porque desconozcan que tienen derecho a hacerlo, sino porque el desgaste se suma al desgaste: la atención del paciente, la tensión de una jornada asistencial, la necesidad de explicar lo sucedido, la incertidumbre sobre los trámites, la previsión de declaraciones y la sensación de adentrarse en un mundo ajeno.
En el origen del proyecto hay una pregunta esencial: ¿qué puede hacer la Justicia para que una víctima no renuncie antes incluso de haber iniciado el camino?
SE BUSCA QUE NINGÚN MÉDICO COMUNITARIO DEJE DE DENUNCIAR UNA AGRESIÓN POR DESCONOCIMIENTO, AGOTAMIENTO O FALTA DE APOYO
La respuesta articulada desde Las Palmas de Gran Canaria evita la lógica de las soluciones aisladas. No se trata de acompañar a un facultativo concreto en una situación excepcional, sino de establecer un cauce reconocible, estable y útil para el conjunto de profesionales afectados. La innovación, por tanto, no está solo en prestar ayuda, sino en convertir esa ayuda en sistema.
El modelo pone el foco en la coordinación entre instituciones que hasta ahora podían actuar en compartimentos separados: la organización judicial, el Colegio de Médicos y los profesionales que conocen, desde la práctica jurisdiccional, la realidad de los conflictos surgidos en el ámbito sanitario. Ese trabajo conjunto permite que la denuncia deje de ser un salto al vacío y se transforme en una decisión informada.
La víctima no necesita únicamente una respuesta cuando ya está ante el órgano judicial. La necesita antes: en el momento de comprender qué ha ocurrido, de valorar sus opciones y de encontrar un apoyo que no añada complejidad a una experiencia ya traumática.
LA ACCESIBILIDAD NO CONSISTE ÚNICAMENTE EN ABRIR LA PUERTA DEL JUZGADO. CONSISTE EN QUE LA PERSONA SEPA QUE PUEDE CRUZARLA, QUE SERÁ COMPRENDIDA
Con rostro humano
Hablar de justicia accesible suele remitir a la eliminación de barreras físicas, lingüísticas, tecnológicas o cognitivas. Todas son decisivas. Pero el proyecto premiado amplía esa mirada y sitúa en el centro una barrera menos visible: la del desánimo.
La agresión a un sanitario no se agota en el instante del incidente. Puede dejar una huella profesional, emocional y organizativa. Puede alterar la relación con los pacientes, generar inseguridad en el puesto de trabajo y extender la idea de que determinadas conductas forman parte inevitable de la asistencia sanitaria. Normalizar esa violencia es, en sí mismo, una forma de fracaso colectivo.
Cuidar de quienes nos cuidan plantea una alternativa: que el profesional no tenga que escoger entre continuar con su actividad y defender sus derechos. Que denunciar no aparezca como una carga añadida, sino como una vía acompañada y comprensible. Y que cada denuncia, además de responder a un daño individual, contribuya a visibilizar una realidad que no debe permanecer en silencio.
EL PROYECTO NO ASPIRA A RESOLVER UNA EXCEPCIÓN, SINO A IMPEDIR QUE LA RENUNCIA A DENUNCIAR SE CONVIERTA EN LA RESPUESTA HABITUAL DE QUIEN HA SUFRIDO UNA AGRESIÓN
Ese enfoque contiene una dimensión institucional relevante. Cuando una persona renuncia a denunciar porque el procedimiento le resulta inaccesible, no falla únicamente su confianza personal: también se pierde información sobre un fenómeno social y se debilita la capacidad de prevenirlo. La denuncia es un instrumento de tutela, pero también de conocimiento. Hace visible lo que, de otro modo, permanece disperso en conversaciones de pasillo, partes internos o experiencias íntimas de frustración.
La accesibilidad, entendida así, exige un cambio de perspectiva. No se pregunta qué debe hacer el ciudadano para adaptarse a la Administración de Justicia, sino qué debe hacer la Justicia para resultar inteligible y transitable para el ciudadano. En este caso, para el sanitario que acaba de vivir una situación que jamás debería considerarse inherente a su profesión.
Un premio que interpela
El reconocimiento otorgado por el CGPJ sitúa al Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria como referente de una forma de entender el servicio público de Justicia. El galardón no premia únicamente una buena práctica local; reconoce una cultura institucional: la que escucha los problemas antes de que se conviertan en abandono, la que coopera con quienes están fuera del edificio judicial y la que no confunde formalidad con eficacia.
La presencia de Jorge Prades López, en representación del Consejo General del Notariado, y de María Luz Sánchez-Jáuregui Lázaro, por el Colegio de Registradores de España, subraya además el carácter transversal de la accesibilidad. La Justicia no se construye solo desde la jurisdicción. Depende también de la capacidad de las profesiones jurídicas y de las instituciones públicas para detectar dónde se rompe el acceso efectivo a los derechos.
La fuerza de Cuidar de quienes nos cuidan reside precisamente en su aparente sencillez. No parte de una arquitectura burocrática grandilocuente, sino de una pregunta humana: ¿qué ocurre con el médico después de una agresión? A partir de ahí, organiza una respuesta.
Quizá esa sea la enseñanza más valiosa del proyecto. Las grandes reformas son necesarias, pero la calidad democrática de las instituciones también se mide en los detalles: en la llamada que orienta, en el cauce que evita una renuncia, en la coordinación que sustituye el peregrinaje y en la certeza de que pedir amparo no supondrá quedarse más solo.
Porque cuidar a quienes cuidan no es un gesto de cortesía institucional. Es una exigencia de justicia.
Pasos a seguir
- Comunicar la agresión: El médico afectado debe comunicar la agresión sufrida a los servicios de asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Las Palmas.
- Coordinación judicial: Gracias al protocolo acordado con el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria se optimiza la tramitación de la denuncia y se refuerza la organización de las citaciones y comparecencias.
- Acompañamiento especializado: Se ofrece apoyo directo al profesional sanitario en su relación con el órgano judicial para reducir el impacto y la revictimización durante el proceso.
De la reacción a la prevención
Es el acto por el que se pone fin a una situación de copropiedad sobre un bien, de modo que este deja de pertenecer de forma compartida a varias personas y pasa a adjudicarse a una sola o a repartirse entre los cotitulares. Se trata de una figura jurídica especialmente relevante en el ámbito familiar, ya que suele utilizarse en procesos de reorganización patrimonial vinculados, entre otros supuestos, a rupturas de pareja, adjudicaciones de vivienda común o particiones hereditarias.
El reconocimiento de hijos ante notario
La participación del Colegio de Médicos de Las Palmas, junto a los representantes de la Administración de Justicia ofrece una de las claves de la iniciativa: no hay protección efectiva si las instituciones esperan a encontrarse solo en el momento de la crisis.
El colegio profesional conoce de cerca la realidad de los facultativos, sus dudas y los obstáculos que encuentran al activar los mecanismos de defensa. Los juzgados, por su parte, son la puerta de acceso a la respuesta judicial. La colaboración entre ambos espacios permite construir un lenguaje compartido y, sobre todo, una cadena de apoyo menos fragmentada.
El magistrado especialista de lo Social, Javier Ercilla García, completa esa visión interdisciplinar. Las agresiones en el ámbito sanitario no pueden tomarse exclusivamente como episodios individuales. Tienen también una dimensión laboral y preventiva: afectan a las condiciones en las que se presta la asistencia, a la seguridad en el trabajo y al deber colectivo de proteger a quienes desarrollan una función esencial.
No es casual que el proyecto se dirija a los médicos comunitarios. La medicina de proximidad implica contacto continuo, confianza, urgencias, exigencias y, en ocasiones, una presión que desborda los límites de la relación asistencial. Precisamente por ello, la respuesta institucional debe ser clara: el profesional sanitario presta un servicio público o esencial, pero no está obligado a soportar violencia.
La justicia más cercana no es necesariamente la que multiplica ventanillas. Es la que reduce la necesidad de buscarlas. Es la que anticipa la duda, ordena el recorrido y convierte un derecho abstracto en una posibilidad real.
