-El pasado enero inauguró las segundas jornadas que la Fundación Aequitas organizó en su institución. ¿Qué balance realiza de este encuentro?

– Muy positivo. Nos permitieron profundizar en algunos de los retos que plantea la aplicación del nuevo modelo de apoyos a las personas con discapacidad en ámbitos especialmente sensibles, como el ingreso involuntario. Y lo hicimos desde un punto de vista eminentemente práctico y bajo una perspectiva vasca, poniendo en valor las posibilidades que ofrece nuestro Derecho Civil. Contar con la participación de representantes de fundaciones y entidades de referencia junto con miembros de la Fiscalía, la Judicatura, la Abogacía, el ámbito financiero y otros profesionales y expertos, favoreció la creación de un espacio de reflexión interdisciplinar de extraordinario valor.

-En este foro, puso de manifiesto que, a pesar de contar con legislación pionera en materia de discapacidad (como la Ley 8/2021), aún queda camino por recorrer en la aplicación normativa. ¿Cuáles son las principales áreas de mejora en este sentido?

– En Euskadi, las políticas sociales y de inclusión han sido vanguardistas; por eso, ahora no se trata tanto de reconocer nuevos derechos como de hacer plenamente efectivos los reconocidos. El desafío de los próximos años será transformar el cambio normativo en un cambio real en la vida de las personas, garantizando que la autonomía, la accesibilidad, la participación y la igualdad de oportunidades dejen de ser únicamente principios inspiradores para convertirse en una realidad cotidiana. Por otra parte, el desarrollo del Derecho Civil Vasco podría ampliar la oportunidad singular de diseñar instrumentos jurídicos innovadores y flexibles.

“NO SE TRATA TANTO DE RECONOCER NUEVOS DERECHOS COMO DE HACER PLENAMENTE EFECTIVOS LOS RECONOCIDOS”

-El Derecho Civil y Foral vasco cuenta con figuras propias en materia de discapacidad (testamento mancomunado, pacto sucesorio o poder testatorio). Como jurista, ¿considera que esta singularidad es suficientemente conocida?

– Lamentablemente, no. El Derecho Civil Vasco pone a disposición de la ciudadanía instrumentos jurídicos de gran utilidad para proteger los derechos, el patrimonio y la autonomía de las personas con discapacidad. Sin embargo, estas figuras y el amplio abanico de posibilidades que ofrecen para poder hacer ese “traje a medida” que necesitan las personas con discapacidad siguen siendo poco conocidas por una parte importante de la sociedad y de las familias. La labor de divulgación que viene desarrollando la Academia Vasca de Derecho, en colaboración con las instituciones y los distintos operadores jurídicos, está contribuyendo a dar mayor visibilidad a estas herramientas y a fomentar su utilización. No obstante, aún queda un importante camino por recorrer.

-En estas jornadas se puso de manifiesto la importante presencia del tejido asociativo en la sociedad vasca. ¿Qué papel juega el tercer sector en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad?

– En Euskadi, el tercer sector ha sido un pilar decisivo en el desarrollo de un sistema de servicios sociales avanzado y en la promoción de una cultura de inclusión y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. La colaboración entre instituciones y sociedad civil organizada es uno de los ejes de nuestro sistema de protección social. Nuestros servicios sociales no serían lo que son sin el tercer sector.

“LA COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA ES UNO DE LOS EJES DE NUESTRO SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL”

-Es un hecho que la discapacidad se enfrenta a barreras en materia de accesibilidad física, comunicativa… ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Administración autonómica o instituciones como el Parlamento Vasco, en este sentido?

– En el ámbito legislativo, la Cámara Vasca ha aprobado leyes de gran trascendencia en favor de la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. Ahí están, entre otras, la Ley de Promoción de la Accesibilidad (1997), la Ley sobre Perros de Asistencia para la atención a personas con discapacidad, la de Servicios Sociales (2008), la de Derecho Civil Vasco (2015), la del Tercer Sector Social de Euskadi (2016), la del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (2022) o la de Empleo Público Vasco (2022).

-En su dilatada experiencia como parlamentaria, ha integrado varias comisiones estrechamente vinculadas con las preocupaciones ciudadanas (Derechos Humanos, Mujer y Juventud, Acción Social…). ¿Puede explicarnos cuáles son las principales líneas de trabajo existentes desarrolladas por estos grupos? ¿Y, concretamente, en materia de discapacidad?

– Fueron años de intenso trabajo, guiados por la convicción de que las personas deben situarse en el centro de todas las políticas públicas y de que es responsabilidad nuestra prestar una atención prioritaria a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

En las comisiones parlamentarias se desarrollan buena parte de las funciones legislativas, de control e impulso al Gobierno. En la de Derechos Humanos, por ejemplo, se abordan cuestiones como la inclusión, la protección de las personas más vulnerables, la defensa de las minorías, la igualdad de trato en el acceso al empleo, la educación o los servicios sociales de las personas con discapacidad. Algo similar ocurre en la Comisión de Acción Social y en la de Mujer y Juventud, un ámbito en el que se hace especialmente visible la doble discriminación que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad y exige respuestas específicas desde las instituciones.

-Su carrera política se inició como concejal y alcaldesa en un municipio guipuzcoano. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las labores de un ayuntamiento y su ocupación actual de ámbito autonómico?

– Las diferencias son notables. En el Ayuntamiento, los problemas a los que te enfrentas son locales: garantizar los servicios básicos de las y los vecinos como el agua, la gestión de residuos…  El ámbito competencial del Parlamento Vasco es mucho más amplio, abarca a todas las personas que vivimos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Como alcaldesa, gestionaba. En el Parlamento, además de realizar la función de control del Gobierno, legislamos, es decir, elaboramos las leyes que van a determinar aspectos tan fundamentales de nuestras vidas como la sanidad, la educación o la seguridad.