-¿Qué significado personal y profesional tiene para usted haber recibido el Premio Puñetas a la Trayectoria que otorgan los periodistas jurídicos?

– Personalmente, me honra sumarme a los compañeros que antes han recibido este premio porque les admiro mucho. Me gusta particularmente que sea una asociación de periodistas y comunicadores quien lo otorga. El trabajo de información y difusión de “lo que pasa” nos permite el conocimiento, la crítica y la revisión; nos invita al cambio de lo que está mal en el mundo y nos abre a otras posibilidades de vivir. Es el ejercicio de la libertad y la garantía de la misma libertad de todos. Por eso me encanta recibir un reconocimiento de parte de periodistas y comunicadores.

Profesionalmente, aunque de joven prefería las humanidades, en un diálogo de Platón leí que la ley es el nervio de la polis y para que en ella hombres y mujeres puedan ser custodios de la tradición viva y creadores de lo nuevo tiene que haber justicia. He trabajado para eso y agradezco el reconocimiento. Quizá, sobre todo, porque menciona el servicio al Estado de Derecho. Durante mucho tiempo, creía que la democracia y las libertades eran una conquista difícil pero definitiva; que si la política fallara – con eso siempre hay que contar – las instituciones sostendrían el sistema. Hoy comparto con muchos ciudadanos la inquietud ante la desconexión entre la praxis política y la reflexión filosófico-científica, la extensión de la corrupción, la colonización partidista de las instituciones, la mengua del peso intangible de los valores y virtudes cívicas … Es bueno recordar la necesaria defensa del imperio de la Ley y los derechos que sintetiza el Estado de Derecho porque los ciudadanos, su razón serena, su sentido de la justicia y la compasión y su resistencia valiente, son la última esperanza de la política.

Además de todo lo anterior, me encanta que sea un premio humorístico: el nombre, la ceremonia, la caricatura que se entrega a los premiados … Siempre va bien reírnos un poco, sobre todo de nosotros mismos.

“ME IMPACTÓ MUCHO CONOCER LOS ENTRESIJOS DE ETA A TRAVÉS DE LA ABRUMADORA DOCUMENTACIÓN ACOPIADA EN LA INSTRUCCIÓN POR LOS PAPELES DE SOKOA”

-¿Cómo ha cambiado, en su opinión, la función institucional de la Fiscalía a lo largo de estos años?

– El Ministerio Fiscal ha evolucionado al compás de muchos requerimientos sociales, extendiendo e intensificando sus funciones fuera del ámbito penal en el de la protección de víctimas, menores, personas con discapacidad y hasta consumidores y usuarios. Desarrolla así el diseño constitucional que sitúa la institución en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés social tutelado por la Ley.

Con todo, las funciones esenciales del fiscal se contraen a la acción penal para el ejercicio del ius puniendi del Estado en relación con todo tipo de delitos. Las dificultades surgen en relación con el poder judicial como instancia de control de la corrupción política y económica. A las demandas de legitimación política y social de los jueces se suman los intentos de subordinar la Justicia al poder político a través del control del Consejo General del Poder Judicial y del sistema de nombramientos. Esto resulta mucho más evidente en relación con el Ministerio Fiscal que, pese a su diseño constitucional y a su “integración con autonomía funcional en el poder judicial” (art. 2 EOMF), nunca ha sido completamente desvinculado del poder ejecutivo que es quien decide los nombramientos en el seno de la institución, “a propuesta del fiscal general del Estado”.

Desde la vigencia de la Constitución, el Ministerio Fiscal avanzaba lentamente hacia mayores cotas de autonomía funcional del poder ejecutivo, aunque sin haber logrado ni la imprescindible autonomía presupuestaria ni la gestión propia. La tendencia parece haberse revertido lamentablemente en los últimos años, a juzgar por la política de nombramientos y, sobre todo, por el invariable posicionamiento de la Fiscalía en favor de los intereses del Gobierno en todos los asuntos de relevancia que le conciernen.  En este sentido, el monopolio del Gobierno sobre la política criminal es una falsa coartada para justificar el control de una institución que solo puede ejercer correctamente sus funciones desde la imparcialidad y, en definitiva, desde la integración en el poder judicial. 

“ME INQUIETA LA INMENSA INCIDENCIA ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS POR DELITOS SEXUALES, POR ABUSOS SOBRE MENORES Y LA PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER”“ME INQUIETA LA INMENSA INCIDENCIA ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS POR DELITOS SEXUALES, POR ABUSOS SOBRE MENORES Y LA PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER”

-La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno (apoyada por la UE) atribuye a los fiscales el proceso de instrucción. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo modelo para la Fiscalía?

– Los muchos intentos de atribución de la dirección de la investigación penal al fiscal en un nuevo y moderno sistema procesal penal se han visto frustrados por razones organizativas, económicas, políticas y también, por las dificultades teóricas y prácticas que opone la reconocida ausencia de independencia del Ministerio Fiscal imponiendo cautelas, garantías procesales y un constante control judicial que haría inoperante o contraproducente cualquier reforma.

Parece razonable y necesario homologarnos al resto de sistemas procesales del mundo y superar el rancio y, en principio, provisional sistema que encarna el Juez de Instrucción. Sin embargo, no debe hacerse sin acometer antes profundos cambios que garanticen la integración del Ministerio Fiscal en el poder judicial, la independencia de la institución y la de todos y cada uno de los fiscales en su actuación concreta, siempre bajo principios de responsabilidad personal – hoy ausentes – y de supervisión y control de los poderes públicos. Serán necesarias también otras iniciativas (acuerdo político, inversión económica, diseño y organización de la planta judicial y la oficina fiscal, sumisión de la policía judicial …) pero sin la garantía de su independencia, atribuir la instrucción penal a los fiscales podría introducir graves peligros para la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y, como informa reiteradamente el CRECCO, la lucha contra la corrupción.

-Usted ha dedicado gran parte de sus esfuerzos profesionales a acercar la Justicia a las personas con discapacidad. ¿Cuánto se ha avanzado y cuanto queda por hacer?

– La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 supuso una revolución en el tratamiento de una realidad rodeada de estigmas, prejuicios y exclusión, al imponer a los Estados los “ajustes necesarios” para garantizar la no discriminación y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. Su progresiva implantación en España ha experimentado un impulso decisivo con la Ley 8/2021, de 2 de junio, que, entre otras cosas, proscribe la privación de derechos personales, patrimoniales o políticos, primando la voluntad y preferencias de la persona sobre medidas judiciales o legales que sólo procederán en defecto o por insuficiencia de los apoyos voluntarios.

“NOS OPUSIMOS A INDULTOS OTORGADOS POR CONVENIENCIA PARTIDISTA Y A UNA AMNISTÍA REDACTADA POR SUS BENEFICIARIOS”“NOS OPUSIMOS A INDULTOS OTORGADOS POR CONVENIENCIA PARTIDISTA Y A UNA AMNISTÍA REDACTADA POR SUS BENEFICIARIOS”

Por supuesto, queda mucho por hacer. En materia de materias como la educación inclusiva, por ejemplo, donde falta formación de docentes y de recursos en general; la privación de libertad por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o problemas de salud mental; las personas con discapacidad en al sistema de justicia, particularmente, en el proceso penal y el sistema penitenciario, en el mundo del trabajo y los derechos laborales,  o la discapacidad en las personas mayores … Recientemente, cobra importancia la accesibilidad a la tecnología y la necesidad de combatir específicamente en los usos de la IA  la discriminación algorítmica de las personas con discapacidad.

Con todo, creo que debemos invertir en educación y sensibilización para erradicar los prejuicios y estereotipos negativos que, por ignorancia, pereza mental o rutina, subsisten en el inconsciente colectivo y constituyen fundamento de la mayoría de las “barreras” que la sociedad – todos nosotros – oponemos al pleno ejercicio de los derechos.

-En su carrera profesional ha participado en casos de la máxima relevancia —Sokoa, Intelhorce, Cesid…— y ya como fiscal de sala, el del Procés. ¿Cuál le ha dejado más huella?

– Cada caso excepcional deja una huella especial, a veces, ambivalente.  Me impactó mucho conocer los entresijos de ETA a través de la abrumadora documentación acopiada en la instrucción de la causa por los papeles de Sokoa que trabajé ante el TS. También, comprobar con el caso Intelhorce, las enormes posibilidades de macro-criminalidad económica que aprovechan las organizaciones criminales. Actualmente, me inquieta la inmensa incidencia estadística de las causas por delitos sexuales, por abusos sobre menores de edad y la persistencia de la violencia sobre la mujer, pero, indudablemente, ha sido la causa seguida en el TS por el denominado Procés, la de mayor repercusión en mi trayectoria profesional.

“NO SÓLO LA COMUNIDAD JURÍDICA, CREO QUE LA CIUDADANÍA ES CONSCIENTE DE LA NECESIDAD DEL NOTARIADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA”

La retrasmisión pública de las sesiones del juicio oral y la sentencia finalmente dictada permitieron comprobar el funcionamiento serio y garantista del Estado de Derecho que no es el Derecho del Estado, de cualquier Estado, sino solo el Estado que garantiza los derechos de todos y somete su propio poder a la Ley y al Derecho.

Compartí el trabajo en esa causa con Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Acometimos la investigación y formulamos luego la acusación con la convicción, evidenciada en el juicio oral, de que los hechos enjuiciados constituyeron un gravísimo ataque a la Constitución Española y la forma de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Un genuino golpe de Estado y, en definitiva, un delito de rebelión agravado por la malversación. En el mismo entendimiento nos opusimos a indultos otorgados por conveniencia partidista y a una amnistía, redactada por sus beneficiarios y frontalmente contraria a la Constitución, cuyos términos literales, al excluir los casos de enriquecimiento, tampoco son aplicables a las malversaciones investigadas y condenadas por el Tribunal Supremo.

Por esa oposición final, fuimos relevados del caso y, como la misma Sala II del TS, hemos sido acusados de law fare por el entorno de los condenados y por quienes necesitan su apoyo político. Esto indudablemente ha influido negativamente en nuestra ulterior trayectoria profesional, pero nos atuvimos en todo momento, a los principios de legalidad e imparcialidad – también al de jerarquía – que rigen la actuación del Ministerio Fiscal.

Como compensación personal y auténtico privilegio, cuento la inteligencia y la generosa disposición de mis tres compañeros que hicieron posible el trabajo de entonces y cuyas diferentes personalidades son ahora la mayor inspiración y la mejor compañía.

-¿Cómo valora la evolución de la presencia de las mujeres en los altos órganos e instituciones jurídicas?

– Como algo no solo indispensable, sino absolutamente natural y correlativo a la inmensa y mayoritaria presencia de las mujeres, altamente cualificadas, en esos mismos órganos e instituciones. Aunque el panorama ha cambiado mucho en los últimos años, lamentablemente, sigue siendo insuficiente cuando examinamos los centros de poder y toma de decisiones, particularmente, en el terreno de los grandes despachos y el mundo de los negocios, todavía resistentes a las políticas y las prácticas de igualdad que se han impuesto en el ámbito público y administrativo. Sobre todo, porque los avances no están consolidados. Se diría que son puntuales y, en cierto modo, más concesiones en pro de una imagen de equidad, que evidencias de una equidad real, aún no lograda.

“LOS AVANCES DE LAS MUJERES EN LA JUSTICIA SON PUNTUALES Y, EN CIERTO MODO, MÁS CONCESIONES EN PRO DE UNA IMAGEN DE EQUIDAD, QUE EVIDENCIAS DE UNA REAL»

– Las filtraciones son una realidad cotidiana en el ámbito de la información jurídica. ¿Qué margen existe, en su experiencia, para mejorar la comunicación institucional de la justicia sin perder su necesaria prudencia?

– El derecho fundamental a recibir información veraz sobre asuntos (judiciales) de interés público impone al Ministerio Fiscal deberes de transparencia y hasta de facilitar información oficial a los Medios cuando exista interés informativo. La omisión de tales deberes propicia la aparición de informaciones no oficiales, parciales o interesadas. Naturalmente, la información debe transmitirse por cauces institucionales y respetando siempre el secreto sumarial, los deberes de reserva, el éxito de la investigación y los derechos de los afectados. Aunque las actuaciones en fase de instrucción son de carácter reservado para terceros, no todo su contenido está vedado a la información pública. Se pueden comunicar datos generales sobre la existencia del procedimiento, detenciones, presentación de denuncias o querellas, adopción de medidas cautelares o situación personal de los investigados, siempre que no se revelen datos sensibles para la investigación.

Las filtraciones perjudiciales para los justiciables o para la causa pública son en general, indeseables e incompatibles con los deberes legales o éticos del fiscal que está sujeto confidencialidad y reserva, cuando no a secreto. Por eso, la revelación de hechos o datos, conocidos por razón del cargo, que no deben ser revelados puede constituir delito o infracción disciplinaria grave o muy grave.

La mejor manera de combatir las filtraciones es la política de transparencia y la transmisión institucional, neutral y rigurosa de la información de interés público, que respete la presunción de inocencia y los derechos de los afectados.

En los últimos años la mayoría de las Fiscalías aborda la cuestión desde oficinas o departamentos específicos de comunicación, pero las filtraciones persisten por el interés mediático que se incrementa precisamente en relación con los datos reservados.

-El Notariado es el pilar fundamental de la seguridad jurídica preventiva. ¿Cómo valora el papel que cumple en el sistema de Justicia?

– No sólo la comunidad jurídica, creo que la ciudadanía es consciente de la necesidad del Notariado en la construcción de la seguridad jurídica. El notario actúa como garante de la autenticidad y legalidad de nuestras declaraciones y compromisos, asegurándose de su realidad y su ajuste a las prescripciones legales. No sólo aporta fe pública. Proporciona seguridad jurídica a las partes y a la sociedad. Esta intervención es la mejor forma de prever la ilegalidad, evitar conflictos y prevenir futuros litigios. Al verificar la identidad de las partes, la capacidad legal para actuar y la libre voluntad, el notario reduce el riesgo de fraudes y asegura que los actos se realicen de manera transparente y legal, un requerimiento especialmente apremiante en los negocios de envergadura.

La conservación y custodia de los documentos que protocolizan los notarios asegura su integridad y disponibilidad en caso de futura necesidad. Esta función de archivo, de memoria de la voluntad de las personas, resulta crucial para la permanencia de la seguridad jurídica en el tiempo.

Además, los notarios ofrecen un asesoramiento jurídico de alta calidad para garantizar la regularidad de las operaciones y actos jurídicos y su ajuste a la Ley, contribuyendo así a la calidad y confiabilidad del sistema jurídico en su conjunto que no solo se integra por normas, leyes y resoluciones judiciales, sino por todas las actuaciones jurídicas que se realizan.

Con todo ello, los notarios cumplen una función esencial en la garantía de la estabilidad y certeza de las relaciones jurídico-privadas, de los negocios y la vida jurídica en general. En ella se apoya la confianza de los ciudadanos en sus propias relaciones y compromisos y, en buena medida, su disposición a su cumplimiento y al de la legalidad en general.

-Desde su posición: ¿Cree valiosa la labor que realizan los notarios en la prevención del blanqueo de capitales y de otros delitos económicos?

– Desde luego. Ya con la Ley 19/2003 los notarios pasaron de ser colaboradores a “sujetos obligados” en la detección y prevención del blanqueo de capitales y desde la creación en 2005 del OCP en el Consejo General del Notariado, desempeñan un gran papel en la detección y comunicación de operaciones sospechosas y en el análisis de la operativa de riesgo así como – dentro de la normativa de protección de datos – en la identificación de clientes, conservación de documentos, comprobación con listas comunitarias … tareas estas de gran eficacia preventiva. La información notarial que el OCP proporciona al SEPBLAC y a instancias policiales y judiciales no solo es relevante por su contenido, sino porque se presenta centralizada, filtrada, técnicamente analizada y privilegiada.

No olvidemos que el Índice Único Informatizado Notarial es la segunda mayor base de datos de España, solo por detrás de la de la Agencia Tributaria y que en ella se ubica la Base de Datos de Titularidad Real que permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de las sociedades mercantiles y de otras estructuras jurídicas. Esto y el cualificado trabajo de los técnicos del OCP explican la confianza en sus informes, muchos de los cuales han permitido descubrir operaciones ilegales y graves delitos, de manera que sí, creo que el papel del notariado español en este campo es muy valioso y se inserta y realiza en un modelo digno de ser exportado a otros países y ordenamientos.