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Nº 161
Septiembre - octubre 2026
Conocer la verdadera identidad de quienes están detrás de las operaciones con criptoactivos es el gran reto en la lucha contra su empleo en actividades delictivas. Los expertos apuntan a la colaboración institucional y el análisis de las alertas como elementos clave para hacer frente a esta lacra, todo ello dentro del gran esquema de protección en el cual la información que aportan los notarios y la labor de su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) constituyen una pieza esencial para la detección de operaciones sospechosas y facilitar el trabajo de las unidades de investigación.
Representantes del Notariado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los sujetos obligados se dieron cita el pasado mes de julio en la sede del Colegio Notarial de Madrid para debatir sobre El riesgo de los criptoactivos en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una jornada organizada por el Consejo General del Notariado (CGN) en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Las panelistas señalaron que existe cierta opacidad en el sector de las criptos que hace atractivo su uso para distintos tipos de crimen organizado, y coincidieron en la importancia de la cooperación entre operadores, organismos y Administraciones, así como el rastreo de las transacciones, para combatir operaciones fraudulentas que esconden tras ellas graves delitos.
En la inauguración de la sesión, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, puso en valor la colaboración activa de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. “Los notarios somos sujetos obligados desde el año 2003, con una característica diferencial respecto de otros: mantenemos un contacto directo y diario con las personas y podemos intervenir antes de que una operación llegue a formalizarse cuando existe riesgo de blanqueo”, afirmó.
CONCEPCIÓN BARRIO: “LOS NOTARIOS PODEMOS INTERVENIR ANTES DE QUE UNA OPERACIÓN LLEGUE A FORMALIZARSE CUANDO EXISTE RIESGO DE BLANQUEO”
Barrio Del Olmo apuntó al papel esencial del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, que emplea datos auténticos, procedentes de los documentos notariales y contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial, “la segunda mayor base de datos de España”, en su labor de análisis de las operaciones. “Desde enero de 2004, los notarios trasladamos a campos parametrizados los datos contenidos en las escrituras públicas, creando el Índice Único Informatizado Notarial, que reúne información de más de 178 millones de documentos, con datos de 48 millones de personas físicas y 3.400.000 de personas jurídicas”, detalló.
La eficacia del modelo español
Asimismo, el notario Juan Kutz, presidente del Grupo de Trabajo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del Notariado europeo, destacó que los máximos organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), señalan que el sistema español de prevención es el modelo a seguir: “Si quieren establecer un sistema eficaz, copien el modelo del Órgano Centralizado de Prevención del Notariado español”. Este órgano, explicó, “es el pilar básico de la colaboración con las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” y su acción permite “evitar la introducción en el sistema legal de dinero obtenido ilícitamente, un ámbito en el que los criptoactivos presentan ciertos riesgos”.
No obstante, Kutz argumentó que en el tráfico jurídico se realizan operaciones con criptoactivos “totalmente legales» y, tomando las debidas precauciones, los notarios “debemos tener una mirada limpia”. Además, aunque por el momento no son muy significativas, puntualizó que las criptos empiezan a estar presentes “en herencias o legados digitales, y los notarios no podemos mostrarnos ajenos a esa realidad”.
Sistemas de intercambio
Fernando Sanz, jefe de Sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, hizo hincapié en la relevancia de la cooperación internacional y la necesidad de disponer de herramientas para analizar gran cantidad de datos, trazar y seguir el rastro de las operaciones. “Los criptoactivos se están utilizando en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, la trata de personas y el terrorismo porque permiten efectuar pagos muy rápidamente: hablamos de operaciones que se confirman en segundos y no se pueden echar atrás”, alertó.
El representante de la UDEF apuntó a los sistemas de intercambio o exchange como una pieza clave en las investigaciones para disponer de información sobre la titularidad de las criptos: “Estos sistemas deben aplicar políticas rigurosas de conocimiento e identificación del cliente, que nos permitan vincular una operación y su trazabilidad con una persona concreta. Cuando esas políticas no se aplican de forma estricta o los exchange operan desde territorios no cooperantes, se genera una importante brecha de prevención”.
LAS OPERACIONES CON CRIPTOACTIVOS PERMITEN EFECTUAR PAGOS MUY RÁPIDAMENTE, SE CONFIRMAN EN SEGUNDOS Y NO SE PUEDEN ECHAR ATRÁS
Por su parte, Juan María Vaquero, teniente de la Guardia Civil y jefe del Departamento de Investigaciones contra la Financiación del Terrorismo, aludió a un “cambio de paradigma” en materia de terrorismo internacional: “Nuestro trabajo ya no consiste tanto en obtener la información de las transacciones como en descubrir quién se encuentra detrás de cada una de esas direcciones de criptomonedas”.
Vaquero defendió el importante rol que desempeñan los sujetos obligados en el inicio de las investigaciones, “ya que disponen de información de primera mano, incluso más inmediata que la que pueden tener las fuerzas y cuerpos de seguridad”, y se refirió a las futuras amenazas vinculadas al uso de la inteligencia artificial, “como la generación de identidades digitales fraudulentas”, al tiempo que defendió que su utilización también puede reforzar la respuesta del sistema preventivo: “Si somos capaces de establecer un formato común, a nivel español o europeo, tanto para las solicitudes de información como para las respuestas, la IA podría ayudar a procesar de forma automatizada toda esa información, haciendo el sistema más ágil y eficiente, tanto para las investigaciones como para las áreas de compliance”.
Acción y cooperación
Desde la perspectiva de los sujetos obligados, Álvaro Sevilla, jefe de la Unidad de Investigaciones Complejas sobre Delitos Financieros de Revolut, reconoció “la complejidad de identificar una transacción vinculada al terrorismo, el blanqueo u otra actividad delitos entre un billón de transacciones anuales” que se realizan en la plataforma.
Sevilla advirtió que las organizaciones criminales están “profesionalizadas” y tienen una estructura “completamente empresarial, formación específica e incluso incentivos en función de lo que consigan defraudar” y expuso algunos casos prácticos de operaciones fraudulentas y estafas a usuarios vinculadas a operaciones delictivas, así como los mecanismos efectivos que emplean para detectarlas. “Retrasar una transferencia entre 3 y 24 horas es una medida que nos ha resultado realmente eficaz para prevenir este tipo de fraudes. Cuando se bloquea la transferencia, el estafador empieza a mostrarse amenazante y eso hace que la posible víctima empiece a darse cuenta de que algo no va bien”, explicó.
Sobre las comunicaciones de información relacionadas con operaciones sospechosas, el jefe de División de Análisis de Inteligencia Financiera Estratégica del SEPBLAC, Juan Carlos Calleja, señaló que “desde 2021, las comunicaciones relacionadas con el sector cripto se han multiplicado exponencialmente. Esto habla muy bien de los sujetos obligados, que han tenido que invertir en cumplimiento, en formar analistas y examinar las alertas”.
LOS SISTEMAS EXCHANGE DEBEN APLICAR POLÍTICAS RIGUROSAS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y SU INFORMACIÓN RESULTA ESENCIAL PARA CONOCER LA TITULARIDAD DE LAS CRIPTOS
En este sentido, subrayó que “el sistema de prevención funciona si trabajamos en común la autoridad supervisora, los sujetos obligados, los cuerpos policiales y las unidades de inteligencia”. Así, apuntó que uno de los motivos del éxito del modelo español es que “dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera tenemos unidades adscritas, que incluyen a personal en activo de Policía, Guardia Civil, la Agencia Tributaria o de vigilancia aduanera, que actúan con una doble función y saben perfectamente cómo traducir la información que nos llega en las comunicaciones a indicios en informes operativizables”.
Los criptoactivos “han llegado para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ellos; un nuevo formato que irá evolucionando y que debemos seguir”, valoró Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Notariado, al cierre de la jornada. “En operaciones con criptoactivos, siempre podemos encontrarnos una parte que no nos dé información, o un exchange que no esté regulado o no tenga las mismas obligaciones, con lo cual tenemos que poner el mayor número de efectivos en evitar la entrada de dinero ilícito en el circuito legal, en el intercambio de criptoactivos a dinero fiat”, añadió. Desde el OCP, concluyó García Fresno, “gracias al trabajo fundamental y la información que nos aportan los notarios, ponemos el foco en los criptoactivos y en todas aquellas operaciones que identificamos como sospechosas y comunicamos a las autoridades competentes”.
Fernando Sanz -jefe de la UDEF- apuntó que, es “muy difícil” tener cifras oficiales sobre el volumen de criptoactivos, aunque “se calcula que actualmente el mercado de capitalización de cripto ronda los 2,16 billones de dólares, lo que significa el 2% del PIB mundial. Mientras que en España se están moviendo, aproximadamente, entre 20.000 y 68.000 millones de euros”.
Tampoco existen estadísticas oficiales sobre el porcentaje de estos criptoactivos vinculado a actividades ilícitas, pero “las principales entidades de análisis del mercado monetario digital lo cifran en 158.000 millones de dólares”. A su juicio estas cifras están lejos de la realidad, ya que estos cálculos “tienen limitaciones muy importantes, no incluyen direcciones no identificadas y dejan fuera los delitos de dinero fiat convertido a cripto”.
El alto mando policial cuantificó en 154 las empresas proveedoras de servicios de criptoactivos que operan de manera autorizada en Europa. Bajo el paraguas de la normativa comunitaria, estas plataformas y sistemas de exchange deben asumir la condición de sujetos obligados, recabar la información de las operaciones y guardarla durante al menos cinco años. El problema, manifestó, es que “fuera del mercado regulado quedan otras muchas empresas que no han sido autorizadas o están ubicadas en países no cooperantes, y las propias redes criminales tienen sus proveedores de servicios de blanqueo”.
Finalmente, Sanz alertó de la proliferación de los ‘cajeros de criptomonedas’, que permiten el intercambio directo de dinero físico por criptoactivos y que en España conforman una red de más de 250 puntos de intercambio: nuestro país es el quinto en el ranking mundial en número de cajeros de criptomonedas. Un nuevo foco de riesgo que esconde frecuentemente operaciones de ‘pitufeo’: “blanquear pequeñas cantidades en diferentes cajeros hasta alcanzar sumas considerables”.
Reglamento MiCA (EU) 2023/1114
Desde mayo de 2023, el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) establece un marco legal común en la UE para los criptoactivos, los emisores y proveedores de servicios, con el objetivo de aportar transparencia y seguridad jurídica al mercado.
El Reglamento (UE) 2023/1113 aplica la conocida Travel Rule a los criptoactivos en la Unión Europea y obliga a los proveedores de servicios a recopilar y comunicar los datos del emisor y del receptor en cada transacción, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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