Del escudo energético a una política de estado para la competitividad

La reciente escalada del conflicto entre Israel e Irán ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que las empresas conocen bien desde hace años: la energía ha dejado de ser únicamente un coste de producción para convertirse en un elemento central de la seguridad económica y de la competitividad de los países.

En cuestión de días las tensiones geopolíticas volvieron a trasladarse a los mercados energéticos, alimentando la incertidumbre y recordándonos que vivimos en un escenario internacional donde la volatilidad ha dejado de ser una excepción para convertirse en un factor estructural.

No es la primera vez que ocurre. Antes fueron la invasión de Ucrania, las disrupciones en las cadenas de suministro o las pandemias. Todo indica que tampoco será la última.

Medidas temporales

Ante cada uno de estos episodios los gobiernos han reaccionado adoptando medidas temporales para amortiguar el impacto sobre hogares y empresas. Han sido decisiones necesarias y oportunas. Pero la experiencia acumulada nos lleva a una conclusión evidente: no podemos seguir respondiendo a problemas estructurales con soluciones exclusivamente coyunturales.

España necesita dar un paso más.

Necesita pasar de un escudo energético de emergencia a una auténtica política de Estado para la competitividad energética.

Porque el verdadero reto ya no consiste únicamente en proteger a las empresas cuando aparece una crisis, sino en construir un marco estable que reduzca su exposición a las turbulencias geopolíticas y permita competir en igualdad de condiciones con las principales economías del mundo.

Hoy la energía determina dónde se instala una fábrica, dónde se desarrolla una nueva tecnología, dónde se localizan las inversiones industriales y, en definitiva, dónde se crea empleo. En un contexto en el que Estados Unidos despliega una ambiciosa política industrial basada en incentivos, China continúa reforzando su liderazgo manufacturero y la propia Unión Europea busca recuperar competitividad, el coste y la estabilidad del suministro energético se han convertido en factores decisivos.

España reúne condiciones excepcionales para situarse entre los países europeos con una energía más competitiva. Disponemos de uno de los mayores recursos renovables del continente, de unas infraestructuras gasistas estratégicas, de una posición geográfica privilegiada y de un mix energético con capacidad para ofrecer seguridad de suministro y avanzar en la descarbonización. Sin embargo, estas ventajas naturales no siempre llegan al consumidor industrial debido a factores regulatorios, fiscales y de diseño del sistema que incrementan artificialmente el coste final de la energía.

Modelo energético

Precisamente por ello, desde CEOE hemos trasladado al Gobierno un conjunto de propuestas que no responden únicamente a la coyuntura actual, sino que pretenden sentar las bases de un modelo energético más competitivo y resiliente.

En primer lugar, es necesario reducir de forma estructural la fiscalidad energética. Desde CEOE hemos propuesto eliminar permanentemente el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, ya que se traslada al precio final y supone un sobrecoste que no existe en muchos de los mercados con los que compiten nuestras empresas. También planteamos mantener el impuesto especial sobre la electricidad en el mínimo permitido por la normativa europea y revisar el tratamiento fiscal del gas para aproximarlo al de otros países de nuestro entorno.

En segundo lugar, debemos revisar los costes incorporados a la factura eléctrica que no están directamente vinculados al suministro. No resulta coherente impulsar la electrificación de la industria y, al mismo tiempo, cargar sobre el consumo eléctrico conceptos derivados de antiguas decisiones de política pública.

La inversión en redes constituye otro elemento esencial. No podremos aprovechar plenamente nuestros recursos renovables si las empresas no pueden conectarse con rapidez o si la red no dispone de la capacidad y flexibilidad necesarias. La planificación debe maximizar el número de consumidores conectados, agilizar las autorizaciones y favorecer una utilización más eficiente de las infraestructuras.

También es imprescindible consolidar los mecanismos de apoyo a los consumidores electrointensivos, reforzar las compensaciones por los costes indirectos de CO₂ y ampliar el acceso a instrumentos de energía competitiva a los sectores con consumos intensivos y continuos. Estas medidas no deben entenderse como privilegios, sino como instrumentos destinados a igualar las condiciones de competencia con otros países que protegen activamente su base industrial.

La contratación a largo plazo puede aportar asimismo estabilidad y previsibilidad. Los contratos voluntarios de suministro permiten reducir la exposición a la volatilidad del mercado y, al mismo tiempo, facilitar la financiación de nueva capacidad renovable. Deben promoverse respetando la diversidad de perfiles y necesidades de las empresas.

En el ámbito del gas, resulta necesario optimizar, establecer instrumentos de apoyo ante incrementos excepcionales de precios e impulsar el biometano y otros gases renovables de forma progresiva, evitando que su desarrollo traslade nuevos sobrecostes obligatorios a la industria. Todas estas medidas responden a una misma visión.

Competitividad energética

La competitividad energética no es una reivindicación sectorial. Es una política de país. De ella dependen la inversión, la innovación, la reindustrialización, el empleo y la capacidad de España para avanzar en la descarbonización sin perder actividad productiva.

El mejor escudo energético no es el que se aprueba cuando comienza cada crisis. Es el que permite que las empresas sigan invirtiendo y compitiendo cuando la incertidumbre vuelve a aparecer.

Las crisis geopolíticas seguirán produciéndose. No podemos evitar que aparezcan nuevos conflictos ni controlar la evolución de los mercados internacionales. Lo que sí podemos hacer es construir un sistema energético capaz de absorber mejor esos impactos y de convertir una de las mayores fortalezas de España en una verdadera ventaja competitiva.

Ese es el sentido del escudo energético permanente que defendemos desde CEOE.

No un mecanismo excepcional para tiempos de crisis, sino una estrategia estable que permita a nuestras empresas invertir, innovar, descarbonizarse y competir con confianza.

Porque la mejor política energética no es la que responde con rapidez cuando llega una crisis, es la que consigue que esa crisis tenga cada vez menos capacidad para condicionar el futuro de nuestra economía.