Escudo energético

Reaccionar o anticiparse. El debate continúa encima de la mesa. El Ejecutivo debe decidir si destina parte del margen fiscal, obtenido por la tributación récord, a blindar el tejido productivo frente a las crisis energéticas provocadas por conflictos bélicos como los de Ucrania o Irán. Para ello, se vislumbra la posibilidad de convertir en permanente una suerte de ‘escudo energético’ para tratar de proteger la competitividad de la industria electrointensiva en un contexto global de testaruda inestabilidad.

En marzo pasado, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2026 por el que se desplegaba un amplio paraguas económico y social para hacer frente a las consecuencias de la crisis desatada por los bombardeos en Irán. Las 80 medidas derivadas del mismo habrían supuesto, según fuentes oficiales, una inversión de 5.000 millones de euros y beneficiado a alrededor de tres millones de empresas y unos 20 millones de hogares en España.

LAS BONIFICACIONES A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES NO SERÁN ETERNAS Y SU FIN SE ATISBA PRÓXIMO

Posteriormente, el Ejecutivo dio luz verde a un nuevo Real Decreto-ley de medidas extraordinarias, en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. En este caso, contempla, entre otras, tanto ayudas coyunturales a la compra de carburantes como estructurales, al incluir la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Un gravamen que pasará del actual 7% a un 5% a finales de este año y al 3,5% en 2027, estando prevista su desaparición ya en 2028. Una medida que, según el Gobierno, contribuirá a abaratar la factura de hogares, sectores productivos e industria hasta en un 6%.

Cambios a la vista

Sin embargo, las bonificaciones a la adquisición de combustibles no serán eternas y su fin se atisba próximo. De hecho, la mayoría de los analistas consideran que amenaza con elevar hasta un punto la inflación en otoño. No en vano, el repunte del IPC en julio pasado, con una parte del decreto anticrisis aún en vigor, hace presagiar subidas muy superiores tras el verano si no se alcanza un acuerdo definitivo de paz con Irán y, por consiguiente, el barril de crudo mantiene un importe elevado en los mercados internacionales.

La convalidación del Real Decreto-ley 18/2026 ha mantenido este verano las rebajas fiscales sobre las gasolinas, pero también ha dejado al Gobierno pendiente de un factor que escapa, como es lógico, a su control: la evolución del conflicto en Oriente Próximo. La norma fue aprobada a finales de julio con la expectativa de una estabilización de los mercados energéticos a partir de septiembre. Un escenario que no está del todo claro.

Con el petróleo instalado en una montaña rusa y unas previsiones que sitúan el brent por encima de los 100 dólares por barril, el calendario previsto de retirada de las ayudas al combustible -15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto, cinco en septiembre y su eliminación en octubre- podría reabrir la discusión sobre su idoneidad.

LA CONVALIDACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 18/2026 HA MANTENIDO ESTE VERANO LAS REBAJAS FISCALES SOBRE LAS GASOLINAS.

Conflicto cronificado

Ante la persistente situación convulsa mundial, ahora también con el frente de los hutíes en Yemen, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha consensuado una propuesta, respaldada por todas sus organizaciones sectoriales, en la que solicita al Gobierno la rebaja indefinida de los gravámenes aplicados al consumo de energía para la industria. Asimismo, recomienda adoptar medidas legislativas que ayuden a hacer más competitiva la economía española y, por ende, más atractivo nuestro país a la inversión extranjera.

Este denominado ‘escudo energético’ iría, por tanto, mucho más allá de un mero alivio fiscal coyuntural. Entre sus principales demandas figura la supresión definitiva del impuesto del 7% sobre el valor de producción de la energía eléctrica. Un gravamen que, según la CEOE, acaba repercutiendo en la factura que pagan hogares y empresas. La patronal también propone consolidar la rebaja del ‘Impuesto Especial sobre la Electricidad’ hasta el mínimo permitido por la normativa europea y mantener las bonificaciones para los consumidores electro intensivos, incluida la exención del 80% de los peajes de acceso.

El paquete se completaría con otras iniciativas, como la reducción del ‘Impuesto Especial sobre el gas’, la revisión de determinados gastos regulados incorporados a la factura eléctrica y la creación de mecanismos públicos de apoyo -avales temporales- para amortiguar el impacto de futuros episodios de volatilidad.

La tesis que subyace bajo estas propuestas indica que, si la turbulencia energética ha pasado a formar parte del escenario económico, las herramientas para afrontarla también deben tener un carácter estable.

¿Nuclear? Sí, gracias

Otra de las recomendaciones solicitadas por la CEOE es la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España. La finalidad, en este caso, sería doble. Por un lado, contener el coste de la electricidad y, por otro, avanzar hacia un modelo energético basado en la ‘neutralidad tecnológica’, capaz de aprovechar las fortalezas de todas las fuentes de generación, incluida la energía atómica. El objetivo sería no excluir ninguna tecnología capaz de garantizar suministro, estabilidad y tarifas competitivas.

En esta línea, se propone un ‘cóctel’ energético que incluiría, además, el impulso a las energías renovables, la conservación del papel del gas como tecnología de respaldo, a la vez que se primaría el desarrollo del biometano y de otros gases renovables.

LOS CONSTANTES VAIVENES EN EL TABLERO GEOPOLÍTICO HAN HECHO SALTAR POR LOS AIRES ALGUNOS DE LOS TRADICIONALES RESORTES DEL ORDEN FINANCIERO IMPERANTE EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ante las sucesivas crisis energéticas provocadas por la guerra de Ucrania primero y, después, por el conflicto entre EE.UU./Israel e Irán se ha traducido en un amplio y necesario conjunto de medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre familias y empresas. Deducciones fiscales, bonificaciones y actuaciones extraordinarias de apoyo han movilizado miles de millones de euros para contener la escalada de costes.

Con el previsible ocaso de buena parte de estas oportunas decisiones, la CEOE considera que ha llegado el momento de dar un paso más. La confederación empresarial, al remitir al Ministerio de Economía su propuesta, pretende transformar parte de esas medidas excepcionales en una estrategia energética de carácter estructural orientada a reforzar la competitividad de la industria española.

Pertinaz incertidumbre

Los constantes vaivenes en el tablero geopolítico han hecho saltar por los aires algunos de los tradicionales resortes del orden financiero imperante en las últimas décadas.

Aunque los reiterados intentos por firmar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán están propiciando fuertes descensos ocasionales del precio del petróleo y del gas natural, el consenso de economistas y el propio Banco de España advierten de que las tensiones no han desaparecido, precisamente. Su impacto, sostienen, seguirá condicionando la evolución de la inflación y de las cargas empresariales, al menos, hasta el próximo ejercicio.

Los ejemplos de Ucrania e Irán dejan una lección difícil de ignorar. La próxima sacudida energética probablemente tendrá un origen distinto a las anteriores. Podrá desencadenarse por un conflicto armado, una contienda comercial, el control por las tierras raras, un ciberataque contra infraestructuras críticas o una interrupción en las cadenas de suministro de materias primas estratégicas, entre otros factores.

Lo que ya no se puede cuestionar es que la volatilidad se ha convertido en un rasgo más del actual paisaje económico internacional. Ante esta realidad, administraciones y empresas se enfrentan al dilema de seguir respondiendo con medidas de emergencia ad hoc cada vez que estalle una crisis o bien construir un marco estable capaz de amortiguar sus efectos antes de que se produzcan.

Esa parece ser la verdadera cuestión de fondo. Una que trasciende la fiscalidad o el precio de la energía y sitúa la política energética en el centro de la competitividad, la autonomía estratégica y la resiliencia de la economía española durante los próximos años.