– Después de toda una vida dedicada al servicio público, ¿qué supone para usted presidir el Tribunal de Cuentas?

– Ser presidenta del Tribunal de Cuentas supone un enorme orgullo y una gran satisfacción. Ha sido toda una vida dedicada al servicio público. ¡Más de 50 años! De estos, la mitad los he prestado en diferentes puestos del Tribunal de Cuentas. Así que recibir el mandato de presidir esta institución de relevancia constitucional e imprescindible en democracia significa mucho para mí, especialmente en esta última etapa de mi vida profesional.

Y de repente, tras todos estos años de trabajo, me enfrento a aquello que todos hemos dicho alguna vez…si yo pudiera, haría, haría… bueno, pues ¡ahora no tengo disculpa!

Bien es cierto que el tribunal es un órgano colegiado, pero qué duda cabe que desde la presidencia hay más posibilidades de impulsar proyectos y dar cuerpo a retos imaginados. Entiendo que he asumido una gran responsabilidad, pero es verdad que también tengo algún paso dado. Conozco bien la casa y a sus trabajadores; sé que los cambios de mandato se afrontan con expectativas y esperanza y sé que cuento con unos equipos excelentes. Además, he podido comprobar que todos los miembros del Pleno han asumido estas nuevas responsabilidades con entusiasmo y entrega. Con este capital solo queda no desfallecer, y aplicarle a esta tarea todo mi sentido común, mi experiencia, mi conocimiento y por qué no, mi ilusión y entusiasmo.

– ¿Qué objetivos se ha fijado para su mandato?

– En una institución con 40 años de trayectoria democrática, que conmemoramos precisamente este año, hay una serie de objetivos que necesariamente siempre son coincidentes y que están relacionados con las funciones que el tribunal tiene encomendadas.

Nada es como hace unos años, ni los modos de expresarse, ni los sistemas de trabajo, ni las exigencias de la sociedad, ni siquiera los temas que venían siendo objeto de nuestro análisis. Tampoco la manera de comunicarnos con los ciudadanos. En definitiva, hay que adaptarse y no perder posibilidades de avance.

En este sentido constituye un objetivo primordial configurar un sistema estable y de futuro de organización y de funcionamiento de la institución.

No es un proceso rápido y, además, hay que asumir unos costes ineludibles. Ya hemos iniciado algunos trabajos en esta dirección y se están generando dinámicas de trabajo para construir estas nuevas metodologías que nos prepararán mejor ante los nuevos retos que se avecinan.

Retos, que, por cierto, ha incluido nuestra norma reguladora: igualdad, transparencia y sostenibilidad. Tenemos que fiscalizar a través de estas “lupas” y además debemos dar respuesta mediante el control externo al análisis de acontecimientos que preocupan a la sociedad, como pandemias, conflictos armados y su repercusión, y las diferentes respuestas por parte de los gobiernos.

Y para conseguir estos retos, otro objetivo primordial: un plan de formación continua para todos los trabajadores para alcanzar las mejores cotas de excelencia. Todo ello en contacto permanente con nuestros homólogos autonómicos e internacionales.

– ¿Es el Tribunal de Cuentas el gran desconocido de la arquitectura constitucional española?

– Creo que sí y así lo percibimos. Es verdad que “el objetivo” de nuestro trabajo es el control de los ingresos y gastos públicos una vez ejecutados, y que el destinatario de este trabajo son las Cortes Generales, a las que auxiliamos en este tema para favorecer su labor de control al ejecutivo.

Pero seguro que estamos fallando a la hora de hacer llegar todo lo que hacemos y la importancia de nuestro trabajo a la ciudadanía, a la sociedad en general. Y creo que esto no es positivo.

Todos los ciudadanos deben conocer sus instituciones, a qué se dedican, cuánto de efectivo es su trabajo, etc. Y las instituciones tenemos la obligación de procurarnos con nuestro trabajo su confianza.

Por este motivo, entre los objetivos que también nos hemos marcado está destacadamente acercar y “abrir” la institución a los ciudadanos, tratar de transmitir de la mejor forma posible, lo que hacemos y para qué servimos. Para conseguirlo estamos trabajando en una política de comunicación que responda a este objetivo.

Esta forma metafórica de abrir nuestras puertas, hacer que nuestras paredes se vuelvan más transparentes, pretende recuperar el crédito, quizás algo puesto en cuestión, y dar mayor fortaleza a la propia institución.

– Recientemente han emitido informes sobre la gestión de diferentes organismos y administraciones públicas en los contratos de emergencia realizados durante la pandemia. ¿Hay una conclusión general sobre su actuación?

– Así es. Hace meses que estamos trabajando en diferentes análisis que abarcan todo el sector público. Son bastantes los informes que se están elaborando. Pero estamos pendientes de un último informe global que recoja de forma conjunta la actuación de todas las administraciones públicas durante el período de aplicación de la legislación de emergencia.

Por lo fiscalizado hasta ahora, incluido lo fiscalizado por los órganos de control de las CC.AA., se ha podido constatar un general cumplimiento, teniendo en cuenta lo difícil de la situación.

Las administraciones públicas han tenido que solventar las situaciones de emergencia, subviniendo a las necesidades urgentes en cada momento y también han tenido que hacer uso de los recursos públicos conforme a las normas que garantizan la eficacia de su uso y el cumplimiento de unas exigencias imprescindibles.

Ha habido algunas vulneraciones, sin duda, son las excepciones de que se ha hecho eco la prensa, pero repito, en términos generales el cumplimiento de la normativa de emergencia ha sido la tónica general.

– ¿Colaboran con diligencia las Administraciones con ustedes cuando les recaban información para sus dictámenes?

– En términos generales, sí. No solemos encontrar ningún problema de colaboración durante el desarrollo de nuestra actividad fiscalizadora. No obstante, se da la circunstancia de que todavía tenemos un bajo nivel de rendición de cuentas en algunos ámbitos.

El Tribunal de Cuentas no ha sido objeto de la polémica que durante los últimos meses han atravesado otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. ¿Existe consenso en su interior para abordar los asuntos que deben resolver?

En el Tribunal de Cuentas hemos vivido un rápido proceso de renovación, lo que ha permitido continuar con nuestro trabajo. Por eso no ha sido objeto de polémica.

Hoy por hoy estamos trabajando bien, mantenemos un buen nivel de relación e intentamos reforzar las coincidencias y consensuar las diferencias. Hay un punto de partida básico que es el respeto por las posiciones diferentes.

El debate ordenado, respetuoso y riguroso es esencial para el enriquecimiento de la institución.

– Es usted una declarada defensora de la igualdad de género, con una nutrida obra sobre esta cuestión. ¿Cuánto queda para alcanzar esa aspirada igualdad, más allá de la formal, entre los hombres y mujeres?

– A pesar de los muchos avances, es obvio que la Ley, la igualdad formal, es imprescindible, pero es igualmente obvio que no es suficiente. No se trata ya tanto de empoderar a las mujeres. Las mujeres ya somos fuertes. Se trata de cambiar la forma con que el mundo percibe esa fuerza. Se siguen manteniendo formas de vida, formas de organización, formas de relación en lo privado y en lo público que nos siguen manteniendo en las “orillas” de muchos espacios, por mucho que algunas de nosotras hayamos saltado muros.

Es necesario el convencimiento general de que tenemos que construir un tipo de sociedad, de relaciones democráticas; en definitiva, un modelo democrático que no sólo incluya a las mujeres, sino que modifique estructuras que permitan que el ejercicio de la igualdad no sea un derecho a conseguir permanentemente. El feminismo es una visión del mundo entero, una visión global, no sólo una lista más o menos exhaustiva de los problemas de las mujeres.

Muchas veces y en muchos momentos parecen alejarse las expectativas. Vuelven a aparecer discursos que yo entendía superados. Lo que está claro es que no puede relajarse el control social ante las amenazas contra los avances conseguidos.

– ¿El esfuerzo de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales resulta útil para el Tribunal de Cuentas?

– El blanqueo de capitales es una de las formas en las que se manifiesta la denominada criminalidad financiera, configurándose como el último hito para la consecución de la legalización de los fondos obtenidos de manera delictiva. Los notarios están desarrollando una encomiable labor para su prevención controlando, comunicando e informando de las transacciones civiles y mercantiles en las que intervienen. Su labor coordinada y el intercambio de este tipo de información con las autoridades es fundamental para poner freno a este tipo de prácticas que entorpecen nuestro desarrollo social.