DEBATE PARLAMENTARIO
Cooperación penal entre países de la Unión Europea
ELVIRA ARROYO
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El proyecto de Ley por el que se adapta al ordenamiento nacional el Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust, que regula los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, responde a la necesidad de adaptar el ordenamiento español al marco europeo.
Con este reglamento, Eurojust ha pasado de ser una unidad de cooperación a convertirse en una agencia, sin que esto afecte a sus funciones relacionadas con la coordinación de investigaciones penales en curso.
Aunque el reglamento es una norma con eficacia directa y, por tanto, aplicable en todos los Estados miembros sin la condición de normas internas de transposición, la regulación de Eurojust exige ajustar la normativa nacional porque algunos de sus preceptos remiten a esta.
Uno de los puntos que requieren modificar la legislación nacional es que, cuando haya casos urgentes y no sea posible determinar la autoridad nacional competente ni contactar con ella, los miembros nacionales de Eurojust podrán expedir solicitudes de asistencia o reconocimiento mutuo, y ordenar medidas de investigación en materia penal, informando de ello a la mayor brevedad.
Estructura
Eurojust se creó en 2002 para mejorar la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE, en relación con casos graves de delincuencia organizada.
La operativa de su actividad recae sobre el Colegio de Eurojust, formado por un miembro nacional de cada Estado participante. Por tanto, el miembro nacional de España es el máximo responsable de la delegación española en Eurojust, que está integrada por él, su adjunto y su asistente. Puede haber adjuntos y asistentes adicionales, a los que se suman expertos nacionales y el personal administrativo asignado por la agencia.
ESPAÑA FUE LA TERCERA DELEGACIÓN MÁS SOLICITADA POR EL RESTO DE PAÍSES DE EUROJUST EN 2021, SIENDO REQUERIDA EN 554 CASOS PASIVOS
El proyecto de ley incorpora medidas para aumentar la transparencia en el procedimiento de convocatoria, selección y nombramiento de los puestos de miembro nacional, adjunto y asistente. Destacan la publicación de la convocatoria en el BOE y la creación de una comisión de selección que se encargará de conformar una terna de candidatos. Además, se incluyen criterios de igualdad con el fin de garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todo el proceso.
Se especifican también las atribuciones adicionales que tendrá el miembro nacional de España. Aparte de la mencionada capacidad de actuar en los casos urgentes, tendrá competencias para corregir errores en las solicitudes, dividirlas entre las autoridades competentes, o realizar cualquier otra modificación necesaria para su rápida y correcta tramitación.
Corresponsales nacionales.
La labor de Eurojust desde su sede central en La Haya depende del contacto con las autoridades nacionales de cada Estado miembro, que son sus principales colaboradores.
SE INCORPORAN MEDIDAS PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS PUESTOS DE EUROJUST
Aquí es fundamental el papel de los corresponsales nacionales de Eurojust, que son los encargados de transmitir a los órganos judiciales o del Ministerio Fiscal las solicitudes que el miembro nacional realice, prestando el apoyo técnico necesario para que estas se cumplan.
En España, el corresponsal nacional es un magistrado o fiscal nombrado por el Ministerio de Justicia, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado. Es necesario que haya al menos un corresponsal nacional para asuntos de terrorismo, cuyo nombramiento se hará entre magistrados o fiscales que presten servicios en la Audiencia Nacional.
DEBERÁ HABER AL MENOS UN CORRESPONSAL NACIONAL PARA ASUNTOS DE TERRORISMO, QUE SERÁ ELEGIDO ENTRE MAGISTRADOS O FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Actividad.
Según el último Informe Anual de Eurojust, en 2021 este organismo prestó asistencia en 10.105 investigaciones penales transfronterizas, un 15% más que el año anterior. De ese total, 4.808 corresponden a casos nuevos.
Cabe destacar que la delegación española fue la cuarta con mayor carga de trabajo y protagonismo operativo en 2021, al estar involucrada, activa o pasivamente, en un total de 818 casos (668 en 2020). En concreto, España abrió 264 casos, frente a los 209 de 2020, siendo superada únicamente por Alemania (748 casos activos), Italia (516 casos) y Hungría (267 casos). Fue además, la tercera delegación más demandada de asistencia por el resto de las delegaciones nacionales de Eurojust, al ser requerida en 554 casos pasivos, frente a 459 casos en 2020.
20 años de Eurojust
En febrero de 2002 se fundó la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), con sede en La Haya (Países Bajos), para ayudar a los países en la lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia organizada que afectan a más de un país de la Unión.
En estos más de 20 años de actividad, Eurojust ha desarrollado una red internacional que permite a los fiscales de la UE acceder a más de 50 jurisdicciones en todo el mundo. La agencia ha firmado además acuerdos de cooperación con doce Estados no pertenecientes a la UE, algunos de los cuales han enviado a fiscales de enlace a Eurojust para trabajar en determinados casos.
Eurojust también colabora con otras agencias y socios europeos que prestan apoyo en los diversos eslabones de la cadena de la justicia penal, incluidos los cuerpos policiales y los organismos de lucha contra el fraude.
Conflictos de jurisdicción
Cuando un órgano judicial español tenga conocimiento de que en otro Estado miembro se está tramitando un proceso penal, ya sea en fase de instrucción o de enjuiciamiento, contra la misma persona y sobre los mismos hechos, enviará sin demora una solicitud de contacto escrita a la autoridad competente del otro Estado miembro para obtener información sobre la investigación que están llevando a cabo allí.
El nuevo texto legal simplifica además el contenido de la solicitud de contacto con el fin de que recoja solo la información relevante en cada caso. Al mismo tiempo, se ajusta la terminología utilizada y se introducen cuestiones que la normativa precedente obviaba, como la posibilidad de que en el procedimiento se haya declarado el secreto de las actuaciones o la obligación de comunicar las medidas procesales que se adopten mientras se tramita el conflicto de jurisdicción.
Requisitos para optar a un puesto en Eurojust
La nueva ley detalla las condiciones necesarias para presentar la candidatura para ser miembro nacional, adjunto y asistente de Eurojust.
Miembro nacional y adjunto: para participar en el proceso de selección de estos cargos se necesita la condición de magistrado o fiscal con, al menos, 15 años de servicio en la carrera, acreditada experiencia en la jurisdicción penal, conocimientos en cooperación jurídica internacional y dominio del inglés.
Asistente: las personas que quieran presentarse al cargo de asistente deberán ser magistrados o fiscales con, al menos, diez años de servicio en la carrera, acreditada experiencia en la jurisdicción penal, conocimientos en cooperación jurídica internacional y dominio del inglés.
Los grupos parlamentarios opinan*
FRANCISCO ARANDA
Diputado y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista
Twitter: @arandapaco
FRANCISCO ARANDA“«Refuerza el compromiso de la UE y de nuestro país para facilitar las investigaciones transnacionales»”
Ha llegado al Congreso, para su tramitación, procedente del Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley para incorporar a nuestro ordenamiento el Reglamento (UE) sobre Eurojust. En este reglamento se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior. En este sentido, Eurojust sirve a la mejora de la coordinación entre Estados y autoridades judiciales, especialmente relevante en casos graves y delincuencia organizada transnacional. Cabe recordar que hace poco también regulamos la presencia de España en la Fiscalía Europea, por lo que este nuevo paso no hace sino reforzar el compromiso de toda la Unión y de nuestro país en el refuerzo de la cooperación para la lucha contra la delincuencia internacional y facilitar las investigaciones transnacionales.
Luis Santamaría
Diputado y portavoz de Justicia
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Twitter: @LuisStamaria
“«“La tramitación de este proyecto de ley aunará un amplio consenso”»”
El primero de los tratados que dio origen a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, génesis de la Unión Europea, y que se firmó hace 70 años, da comienzo con una expresión que no ha perdido actualidad a pesar del paso del tiempo: “Considerando que la paz mundial sólo puede salvaguardarse mediante esfuerzos creadores, proporcionados a los peligros que la amenazan…”.
A ese esfuerzo creador se sumó España en 1985 y, gracias a los cada vez más estrechos vínculos de los 27 la Unión, supera día a día los “peligros que la amenazan”. Uno de ellos, es la delincuencia transfronteriza. Eurojust se creó como piedra angular de la cooperación jurídica en la UE con la misión de dar apoyo a los fiscales y jueces en la persecución de esos delitos, que afectan cada año a cerca de 100.000 víctimas.
Tras la publicación del nuevo Reglamento en 2018 toca ahora adaptar nuestro ordenamiento. Sin duda la tramitación de este proyecto aunará un amplio consenso, en el que también estará el Partido Popular.
