EN PLENO DEBATE

JOSE LUIS GALLEGO,

divulgador ambiental

“Es necesario reordenar nuestra ocupación del territorio para eludir el riesgo”

La adaptación al cambio climático pasa por adecuar el urbanismo

Los científicos que monitorizan la evolución del cambio climático no dejan de señalar en sus informes que la gran región del Mediterráneo es uno de los lugares que van a verse más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos. Unos fenómenos que desde siempre han caracterizado al clima mediterráneo, es cierto, pero que cada vez van a ser más violentos, persistentes y recurrentes como consecuencia del calentamiento global.

Desde períodos de sequía cada vez más largos y recurrentes, hasta olas de calor más extremas; desde episodios de frío intenso y súbitas nevadas, hasta borrascas más potentes que generan lluvias torrenciales y provocan graves inundaciones. Todo eso está ocurriendo ya, y según los científicos va a ir a peor a medida que el cambio climático avanza hacia los peores escenarios.

Como ocurre en el Golfo de México, donde las aguas recalentadas del Atlántico nutren de energía a los huracanes y elevan su potencia destructiva, en nuestras latitudes la elevada temperatura del mar Mediterráneo hace que las situaciones de inestabilidad atmosférica den lugar a episodios tormentosos cada vez más intensos y virulentos. Algo que ha venido a demostrar las situaciones de depresión aislada en niveles altos (DANA) que han causado graves inundaciones en las comunidades del mediterráneo español, con un elevado coste en daños económicos y, lo que es mucho peor, en vidas humanas.

Ante este inquietante escenario, el gobierno español mantiene activo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Un programa de trabajo que, iniciado en 2006, tiene por principal objetivo promover una respuesta coordinada a los efectos del cambio climático en nuestro país a fin de “construir una economía y una sociedad más resilientes”.

En el preámbulo de este plan de acción se reconoce que “España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático”, destacando a continuación que “las grandes ciudades de la costa mediterránea –pilares fundamentales de la riqueza de nuestro país– sufrirán los efectos de forma especialmente intensa”. Unas áreas metropolitanas que, como la Horta Sud de Valencia, están ubicadas en las planas aluviales y atravesadas por torrentes, rieras y ramblas que pueden convertirse en anchurosos ríos en apenas unas horas.

En nuestro país, las proyecciones de los climatólogos y los estudios elaborados por geógrafos, hidrólogos o ingenieros (entre otros científicos) destacan que los entornos urbanos que se sitúan en o junto al dominio público hidráulico se van a ver especialmente expuestos a las inundaciones. Unas inundaciones que se ven favorecidas por la extensión de amplias superficies cementadas e impermeables. Basta con observar los mapas municipales.

Allí donde había bosques de ribera ahora hay aparcamientos, allí donde se extendían las praderas de inundación ahora se ubican centros comerciales, recintos feriales o polígonos industriales, cuando no hospitales o escuelas. Unas ubicaciones inadecuadas que impiden la esponjosidad natural del terreno y favorecen la escorrentía de las aguas, que va ganando velocidad en su descenso incrementando la potencia y la capacidad destructiva de las riadas.

Frente a esta realidad, el último informe sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático publicado por el panel de expertos de la ONU, el famoso IPCC, señala la alta responsabilidad de la gobernanza a la hora de prevenir y reducir la exposición de los ciudadanos a este tipo de riesgos. “Los fracasos en prevención -señalan en este trabajo- pueden deberse tanto a problemas de financiación o de acceso a la tecnología adecuada, como al error de atender prioridades contrapuestas”.

Es decir, que a la hora de proteger a los ciudadanos de los riesgos climáticos, es tan importante disponer de los medios adecuados como tomar las decisiones convenientes. Algo que por desgracia hemos podido comprobar con la catástrofe climática de Valencia y la gestión de la emergencia.

Unas decisiones que, para ser eficaces, deben basarse en el conocimiento científico frente a cualquier otro interés. Porque como vienen alertándonos, el calentamiento global va a ser cada vez más severo y el riesgo cada vez más inminente. Por eso entre las principales decisiones desde una gobernanza responsable está la de adaptar el urbanismo y la edificación al escenario climático hacia el que avanzamos.

Es necesario revisar la planificación territorial y urbana de las zonas más vulnerables y tomar las decisiones oportunas vinculadas a la situación de emergencia climática declarada por el Gobierno en enero de 2020. Una declaración que en su tercer punto hace un llamamiento a “invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático”. Tan solo hay que actuar en consecuencia para proteger a la población que se asienta en zonas de fenómenos meteorológicos extremos. Unos fenómenos reforzados por el cambio climático y capaces de manifestarse con la potencia destructiva de la DANA, que han sufrido este otoño las comunidades del Mediterráneo, causando la mayor tragedia de la historia reciente de España en Valencia. Y unos fenómenos que, como llevan advirtiendo los científicos desde hace décadas, van a ser cada vez más violentos y recurrentes.

Por eso es necesario reordenar nuestra ocupación del territorio, adecuar el urbanismo y las infraestructuras a los mapas de riesgo elaborados por los expertos; abandonar las zonas inundables y recurrir a soluciones basadas en la naturaleza. De lo contrario, si persistimos en reconstruir las infraestructuras y mantener nuestros asentamientos en los dominios hidráulicos, volveremos a vernos expuestos al riesgo. Porque como hemos aprendido amargamente este otoño, el agua tiene memoria, y volverá más pronto que tarde y con mayor virulencia.