EN PLENO DEBATE

AFRONTAR EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

La DANA que el 29 de octubre provocó la mayor tragedia de nuestra historia reciente con 225 fallecidos confirmados y numerosos pueblos arrasados por las inundaciones, ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar de forma multidisciplinar para afrontar emergencias climáticas cada vez más recurrentes e intensas.
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La DANA afectó al sureste de España y arrasó varios municipios valencianos.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Uno de los principales focos de atención a la hora de prevenir las consecuencias de las catástrofes climáticas tiene que ver con el urbanismo y las infraestructuras. En España «más de tres millones de habitantes viven en zonas inundables», según el estudio de la Universidad de Almería titulado Una aproximación a la exposición al riesgo de inundación fluvial en España a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, publicado en la revista científica Geomatics, Natural Hazards and Risk. Los resultados muestran, por primera vez, la distribución para el conjunto del país de la exposición de la población, que afecta al 6,9% de la española, y de las pérdidas económicas potenciales, que ascienden al menos a 122.132 millones de euros. Los resultados también indican una mayor concentración de exposición a lo largo de la costa mediterránea. «Los datos obtenidos permiten fortalecer el debate sobre la gestión del riesgo de inundación y contribuyen a mejorar los procesos de toma de decisiones. En concreto, pueden contribuir a mejorar políticas sectoriales de mitigación, adaptación y respuesta al riesgo como la ordenación territorial, la planificación urbana o la protección civil», informa la universidad. Además, «al presentar datos por primera vez para el conjunto de España, los resultados también son útiles para mejorar la educación y preparación ciudadana, al incrementar la sensibilización sobre el riesgo de inundación».

El Ministerio para la Transición Ecológica cuenta con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, «un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa». Se trata, en definitiva, de adaptar el urbanismo y las infraestructuras a la nueva realidad producida por un cambio climático que, según los expertos, provoca fenómenos naturales cada vez más extremos.


UNO DE LOS PRINCIPALES FOCOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS ES EL URBANISMO


La financiación

Sólo una pequeña parte de la financiación pública y privada se destina a la prevención de desastres, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés). «La creciente complejidad del mundo significa que los riesgos y las medidas de desarrollo no pueden aislarse. Si queremos prevenir futuros desastres y crisis necesitamos un enfoque holístico para abordar los riesgos relacionados y cómo influyen en los resultados que nos importan», mantiene Loretta Hieber Girardet, jefa de la Subdivisión de Conocimiento de Riesgos, Monitoreo y Desarrollo de Capacidades de la UNDRR.

El presupuesto para 2025 de la Unión Europea (UE) acordado en noviembre entre el Parlamento Europeo y los países miembros incluye el adelanto de asignaciones de pago de hasta 3.000 millones de euros para brindar apoyo a las regiones afectadas por desastres naturales, incluidas las recientes inundaciones en España. Una vez confirmada la base jurídica, los Estados miembros podrían utilizar hasta el 10% de los fondos existentes de la Política de Cohesión para prevenir y recuperarse de tales desastres, siempre que presenten un programa modificado a la Comisión.


LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL ESTABLECE LAS COMPETENCIAS DE CADA ADMINISTRACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA


«El acuerdo sobre el presupuesto para 2025 demuestra la capacidad de la UE para actuar y adaptarse durante estos tiempos de incertidumbre. Se basa en la revisión intermedia de los límites de gasto en el marco financiero plurianual y aborda los desafíos actuales a los que nos enfrentamos, incluidos los desastres naturales», enfatizó Johan Van Overtveldt (ECR, BE), presidente de la Comisión de Presupuestos tras el acuerdo alcanzado.

Estar preparados para situaciones climáticas extremas como inundaciones torrenciales, incendios cada vez más gigantescos o sequías más prolongadas, exige un sistema de información completo y comprensible para el conjunto de la sociedad. Las diferentes Administraciones coinciden en que las actividades de prevención y preparación mitigan los efectos de las catástrofes. El Gobierno, con el apoyo de la UE, considera necesario promover una cultura de prevención entre los ciudadanos, que incluya conocimientos y actitudes de autoprotección, «reforzando las capacidades de resiliencia ante emergencias súbitas e inesperadas». También es fundamental «promover programas de educación para la prevención en centros escolares», así como adoptar protocolos de gestión y comunicación de situaciones de crisis en coordinación con la UE y otros organismos internacionales de referencia.

Competencias institucionales

En España, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de julio de 2015 establece las competencias de cada Administración ante situaciones de emergencia. Las líneas de acción estratégica incluyen la adopción de «un enfoque integrador y potenciador de las actuaciones entre administraciones» y protocolos de actuación coordinada de las diferentes partes involucradas. Los niveles de alerta según la citada ley son: la situación operativa 1, que puede afectar a uno o varios municipios y en la que la dirección de la emergencia es responsabilidad de la Comunidad Autónoma; situación operativa 2, que puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad y la dirección la ejercen igualmente el Gobierno autonómico en Protección Civil, que activa los medios personales y materiales necesarios, como la Unidad Militar de Emergencias (UME); y situación operativa 3, que se corresponde con las emergencias de interés nacional, declaradas por el Ministerio del Interior. Este nivel implica que el ministerio asume la gestión y coordinación de recursos, como movilizar efectivos. Por último, está la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno. Esta fase no depende únicamente del Estado sino también del presidente de la comunidad, que podrá solicitar al Gobierno esta declaración.


EL PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2025 INCLUYE
EL ADELANTO DE HASTA 3.000 MILLONES DE EUROS PARA APOYAR A LAS REGIONES AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES


La UE, por su parte, puede activar el Mecanismo de Protección Civil para organizar y coordinar una respuesta de emergencia entre los Estados participantes, que incluye a todos los países miembros de la UE, así como a otros 10 países europeos. Ofrece apoyo logístico y operativo sobre el terreno para mejorar la prevención, la reparación y la respuesta a los desastres.

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Las lluvias torrenciales golpearon duramente el área metropolitana de la capital valenciana, afectando a casi una quinta parte de su población.
Peticiones del sector empresarial
Debido a la Dana, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, solicitó al Gobierno la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley similar al impulsado tras la destrucción causada por el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, con medidas urgentes para la reparación de los daños y la reconstrucción económica y social. Un ‘Plan Marshall’ con cuatro puntos:
  • La adopción inmediata de medidas de asistencia y apoyo a los afectados por la DANA en la provincia de Valencia, así como, para la reparación de sus consecuencias y el impulso de la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental.
  • Ayudas en el ámbito laboral y de Seguridad Social, incluyendo la posibilidad de aplicar expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) específicos para los casos de fuerza mayor derivados de la DANA y la suspensión total de obligación de pago de cotizaciones por las empresas, exonerando de su pago a la Seguridad Social durante la duración del ERTE.
  • Beneficios fiscales y financieros que permitan aplazar o reducir las cargas tributarias y simplificar los trámites administrativos para las empresas y autónomos. En el ámbito financiero se solicitó la creación de líneas de liquidez e inversión para los afectados.
  • Incentivos para la reactivación económica que faciliten la recuperación de todos los sectores afectados. Según Navarro «la reconstrucción no sólo debe abarcar la recuperación de infraestructuras y servicios, sino incluir también un enfoque de apoyo integral que garantice la continuidad de la actividad económica y el bienestar social de los afectados”.
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Más de tres millones de españoles viven en zonas inundables.
OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA

 

METODE.ES: Analiza los factores humanos y políticos de la devastadora DANA ocurrida en la provincia de Valencia más allá del factor puramente climático.

ETHIC: En este artículo el autor propone escuchar más a los científicos y rearmar las políticas públicas y privadas para que ciudades y ciudadanos estén preparados para prevenir y hacer frente a otras posibles catástrofes medioambientales.

FORBES: Analiza el ‘Plan Marshall’ que piden las empresas tras más de 10.000 millones de pérdidas por la DANA.