Hace casi dos años se produjo un hito democrático en nuestro país con la aprobación por cuasi unanimidad de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

España demostró que los consensos eran posibles para cumplir con una oportunidad histórica: reconocer el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad, situando a nuestro país a la vanguardia de la legislación europea y mundial.

Toca hacer balance, transcurridos casi dos años desde que el legislador diera cumplimiento al mandato de la Convención de Nueva York siguiendo la estela consagrada en el artículo diez de nuestra Constitución.

Por ello, el CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas organizamos en el Senado, con la colaboración de Plena Inclusión y la Asociación LIBER de entidades proveedoras de apoyo, unas jornadas de análisis y reflexión que contaron con más de setecientas personas asistentes entre presencial y virtual.

El balance general acerca de la reforma es muy positivo, pero, como señalaba Pérez Bueno estamos ante una ley-proceso en la que todos nos debemos involucrar, pues el despliegue de una reforma de esta transcendencia está suponiendo un considerable reto, no sólo jurídico, sino también social y administrativo.

En este sentido, los cambios impulsados por la ley deben ir acompasados, como ya reclamaba su Preámbulo, de un cambio del entorno, una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos operadores jurídicos y no jurídicos que trabajan con personas y que deben prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios que establece la reforma y no bajo los anteriores sistemas que preveían la sustitución en la toma de decisiones. De no hacerlo, corremos el riesgo de convertirnos en barreras para el ejercicio de un derecho fundamental: el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.

Como prevé la disposición adicional segunda de la ley, la efectividad de esta transformación precisa de un esfuerzo de formación y capacitación de todos los profesionales implicados, por ello es preciso un plan de formación integral que respalde las valiosas aportaciones de diversas entidades y corporaciones.

En la sociedad, en la prensa, en la administración, en el ocio, en el ámbito económico o bancario; en definitiva, en todos los ámbitos sociales y económicos, hemos de reconocer la dignidad inherente de las personas con discapacidad y no obstaculizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad; de nosotros depende ser barrera o ser apoyo para el ejercicio de derechos.

El cambio de paradigma que supone esta reforma está generando dificultades en diversas áreas que no están directamente relacionadas con el ámbito jurídico. Eso se debe, en muchos casos, simplemente al desconocimiento de la ley o de lo que ésta implica, pero está perjudicando a las personas con discapacidad y a sus familias en el ejercicio de sus derechos en su vida diaria: son los denominados “efectos colaterales”, pensemos en las dificultades en el ámbito bancario, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Administración Tributaria….

Por ello, es indispensable realizar las modificaciones necesarias de otras disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico que siguen refiriéndose a conceptos como incapacitación o tutela, para adecuarlos a las distintas figuras de provisión de apoyo que la reforma ha establecido, pues la ausencia de tal equivalencia está generando perjuicios en distintos ámbitos.

Es imprescindible la regulación y la dotación económica necesaria para que sea cierta y efectiva la garantía de la accesibilidad para las personas con discapacidad en las leyes procesales, así como el reconocimiento previsto en la disposición adicional primera de las entidades del Tercer Sector de Acción Social como colaboradoras de la Administración de Justicia.

Un cambio tan profundo requiere que pase un tiempo hasta que cale en la sociedad y en las instituciones, y se modifiquen algunas de las inercias inevitables del pasado. Ha llegado el tiempo en el que todos los operadores jurídicos debemos poner en marcha las figuras de apoyo y traducir su paso de los textos legales a las realidades cotidianas de las personas con discapacidad.

Hemos de trasladar a la sociedad, y a las personas con discapacidad y sus familias en especial, que esta reforma fomenta el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, sin perjuicio de la protección que se debe dar al patrimonio, como señala el artículo 12.5 de la Convención. No merma la seguridad jurídica, ni desprotege, pues la seguridad jurídica, en un estado social y democrático, es condumio sine quiñón para que podamos hablar de libertad y derechos fundamentales: el binomio formado por los apoyos y las salvaguardias sustituye, sin merma de la seguridad jurídica, al anterior sistema de incapacitación que cercenaba la dignidad de la persona con discapacidad.

Para la verdadera implementación de esta ley es necesario que colaboremos todos. Nuestro derecho reconoce la dignidad de todo ser humano con independencia de sus circunstancias sin merma de la seguridad jurídica, por ello es responsabilidad de los operadores jurídicos y no jurídicos involucrarse en su cumplimiento, para no dejar solas a las propias personas con discapacidad y a sus familias ante los posibles miedos o incertidumbres comprensibles que este cambio legal puede traer aparejados.

Al ser tarea de todos, en las jornadas del Senado pusimos en marcha una alianza, liderada por CERMI, en la que participan diversas entidades sociales, como Fundación ONCE o Fundación Aequitas y abierta a las demás entidades del sector y a las personas con discapacidad, que son los verdaderos protagonistas. El objetivo de esta alianza es facilitar el desarrollo óptimo de la reforma y superar conjuntamente los obstáculos que nos encontremos por el camino, buscando soluciones y reforzando la información y formación necesaria para que esta ley proceso llegue a ser una realidad para las personas con discapacidad y sus familias.