Un pequeño empresario de la construcción se lamentaba recientemente en un foro de jóvenes ejecutivos del sector de tener instalada en la empresa maquinaria pesada modificada por el fabricante para cumplir con una estricta normativa anticontaminación que, si bien suma en el aspecto medioambiental, también resta en el de productividad. Su queja no era tanto por este motivo como por el hecho de tener la seguridad a través del proveedor de que dicha normativa sólo afecta a las máquinas destinadas al mercado europeo, mientras que las que se comercializan en países como Japón o EE.UU. lo hacen libres de esas modificaciones, es decir, más contaminantes, pero con una mayor capacidad de producción y un menor riesgo de complicaciones y averías. “En Europa pretendemos salvar el mundo mientras los países más contaminantes miran cómo nos hundimos”, vino a decir.

Ampliando el foco al que se reducen las vicisitudes de este pequeño empresario, es cierto que Europa lidera la acción en materia de lucha contra el cambio climático y es la que de forma más enérgica ha defendido en los últimos años la necesidad de una transición ecológica hacia una economía verde y descarbonizada. El Acuerdo de París de 2015, que establece el marco de acciones que deben abordar los Gobiernos para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con niveles preindustriales, sigue marcando las decisiones que a nivel regulatorio está tomando la Unión Europea en materia de economía y clima y que se materializan en grandes hitos como el Pacto Verde Europeo presentado a finales de 2019 y que constituye una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Como continuación a ello, en junio de 2021 el Parlamento Europeo dio luz verde a la Ley del Clima de la UE, que transforma en obligación el compromiso político del Pacto Verde. En materia energética, el desarrollo de este marco normativo lleva implícita la superación paulatina de las energías fósiles como el carbón, el petróleo o el gas para dar primacía a energías renovables como la fotovoltaica, la eólica o los biocarburantes, y de esa forma revertir la tendencia de décadas de crecer más a base de contaminar más.

Todo ello con el telón de fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, establecida por Naciones Unidas en septiembre de 2015, con la que los líderes mundiales se comprometieron a alcanzar una serie de metas globales para hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad. Pero entonces llegó febrero de 2022, Putin decidió consumar sus planes de invasión de Ucrania y el marco geopolítico y económico varió radicalmente.

Como advierte Forética en su informe ODS y Visión 2050, recientemente publicado, 2022 está siendo una auténtica “prueba de fuego” para los ODS. “El aumento de la inflación, los problemas energéticos, la crisis de recursos y los problemas derivados de la geopolítica están complicando el avance global en la consecución” de la Agenda 2030, asegura el informe de esta organización referente en sostenibilidad. Y uno de los puntos críticos de esta prueba de fuego reside, precisamente, en la energía.

La mayoría de expertos y organismos del sector coinciden en que el futuro energético en Europa y el mundo pasa sí o sí por las renovables y hay incluso quienes sostienen que, por sus condiciones climáticas, países como España o Grecia están llamados a convertirse en los próximos años respecto de la energía solar fotovoltaica o eólica en lo que hoy son los de Oriente Medio respecto del petróleo. Sin embargo, la realidad muestra que los combustibles fósiles aún representan más del 80% del consumo de energía en el mundo, prácticamente el mismo porcentaje que hace tres lustros. Una situación que la guerra no ha hecho más que agravar puesto que, en respuesta a la crisis energética y al encarecimiento del gas por los cortes de suministro de Rusia hacia Europa, hay países que han vuelto a quemar carbón y a poner la mirada en la energía nuclear. Por cierto, que la nuclear y el gas son desde el pasado mes de julio consideradas por Europa energías verdes, al ser incluidas en la taxonomía de inversiones sostenibles, lo que no deja de provocar controversia.

¿Supone la crisis de la energía un frenazo radical para los planes de transición verde? Está claro que la economía no se puede permitir una escasez de energía y que, hoy por hoy, la transición hacia una energía sostenible está sin hacer. Un parque fotovoltaico puede construirse en unos meses, pero su puesta en marcha efectiva hasta que esa energía limpia se vuelque a la red, puede demorarse años por cuestiones administrativas. Es ahí donde, según los expertos, está el mayor obstáculo para lograr esa transición y el mayor reto que enfrentan los Gobiernos. Por ello, la consecuencia de esta crisis no debería ser otra que la aceleración de esa transición. Europa ya tenía una estrategia de descarbonización y crecimiento verde, que muchos países intensificaron tras la pandemia con los fondos de recuperación. Ante una crisis energética de la magnitud de la actual, no quedaría otra solución que seguir pisando el acelerador apostando por las renovables para dar la razón a esas voces que afirman que no hay otro futuro posible. Y con una implicación a nivel mundial, para no tener que dársela a quienes creen que Europa está decidida a salvar el planeta a costa de hundirse ella misma.