ÁMBITO EUROPEO
presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea
La propuesta plantea interrogantes en relación con los esfuerzos realizados recientemente por la UE para luchar contra el blanqueo de capitales”
EU Inc.: la simplificación debe ir de la mano de la seguridad jurídica
Una dirección alquilada en una capital europea, una firma electrónica obtenida por Internet y un plazo de espera de cuarenta y ocho horas. En virtud del Reglamento propuesto que establece un vigesimoctavo régimen de Derecho de sociedades, conocido como EU Inc., esto podría bastar para constituir una sociedad con personalidad jurídica en toda la Unión Europea. No se exigiría un capital social. El fundador podría realizar todo el trámite sin necesidad de comparecer, ni siquiera por medios electrónicos, ante una autoridad pública u otra persona encargada de ejercer un control preventivo de legalidad. Tampoco se verificaría personalmente su capacidad jurídica, si comprende el alcance de lo que está firmando o si actúa en nombre de alguien que desea permanecer en el anonimato. Una vez constituida, la sociedad podría abrir cuentas bancarias, celebrar contratos, poseer bienes y contratar trabajadores en toda la Unión Europea. Si posteriormente incumpliera sus obligaciones, los acreedores y los trabajadores podrían encontrarse con que la sociedad carece de bienes con los que responder y que la persona que figura formalmente como responsable no es más que un testaferro.
Inseguridad jurídica
Este escenario pone de manifiesto las serias preocupaciones que suscita la propuesta de Reglamento sobre la EU Inc. presentada por la Comisión Europea, que está siendo examinada actualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Los controles preventivos previstos en el artículo 14 de la propuesta de la Comisión se limitan, en gran medida, a comprobar el cumplimiento de requisitos formales. No se contempla una verificación independiente e imparcial de la capacidad jurídica de los fundadores, de la legalidad de los estatutos sociales ni del cumplimiento de los requisitos legales sustantivos. Tampoco se prevé un control sustantivo de las transmisiones de participaciones sociales ni de las operaciones de capital. La liquidación de las sociedades se concibe fundamentalmente como un mero trámite administrativo, pese a que puede afectar directamente a los acreedores y los trabajadores.
Las consecuencias podrían trascender ampliamente el ámbito del Derecho de sociedades. Las sociedades pueden ser propietarias de bienes inmuebles, cuya titularidad consta en los registros de la propiedad. Si el Reglamento siguiera adelante ya no sería posible determinar de manera fiable quién es el propietario de una empresa, también resultaría más difícil establecer quién es el propietario último de los bienes inmuebles que posee dicha empresa. Por tanto, disponer de información societaria fiable es esencial para garantizar la transparencia de la titularidad inmobiliaria.
Si la información que consta en un registro no ha sido objeto de una verificación fiable, serán los propios interesados quienes deban comprobar su veracidad. Los bancos, los socios comerciales y los inversores podrían verse obligados a recurrir a dictámenes jurídicos, auditorías y seguros adicionales. Por tanto, los costes que un control preventivo permitiría evitar desde el principio podrían acabar generándose de forma recurrente en etapas posteriores. Esto supondría abandonar progresivamente la tradición europea de control preventivo de legalidad ejercido por autoridades públicas en favor de un modelo basado, en mayor medida, en la resolución de los conflictos una vez que se han producido. Delaware constituye un ejemplo destacado de este enfoque, sustentado en tribunales especializados y en un sistema en el que los procedimientos judiciales desempeñan un papel especialmente relevante. Trasladar este modelo a Europa supondría imponer nuevas exigencias a unos sistemas judiciales nacionales que no disponen de los recursos necesarios para afrontarlas.
La lucha contra el blanqueo en Europa
La propuesta también plantea interrogantes en relación con los esfuerzos realizados recientemente por la Unión Europea para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) constituye el último hito de este proceso. Introducir, al mismo tiempo, una forma societaria sujeta a controles considerablemente menos rigurosos podría socavar gravemente los avances logrados en este ámbito.
Lo mismo ocurre con las sanciones: su aplicación efectiva depende de que sea posible identificar a las personas que realmente están detrás de una sociedad, especialmente cuando se transmiten participaciones sociales. Sin un control de legalidad fiable de estas transmisiones, la titularidad de las sociedades puede cambiar sin que se detecte, lo que podría facilitar la elusión de las sanciones.
Las modificaciones necesarias son claras y sencillas. El acervo normativo de la Unión Europea en materia de Derecho de sociedades, establecido en la Directiva (UE) 2017/1132 y reforzado recientemente por la Directiva (UE) 2025/25, debería aplicarse también a las sociedades constituidas al amparo del régimen EU Inc.. Esto implica garantizar la identificación fiable de los fundadores y administradores, el control público del cumplimiento de la legalidad tanto en el momento de la constitución como en las fases posteriores de la vida de la sociedad, y la fiabilidad de los registros mercantiles.
Estas garantías no existen por casualidad. Su finalidad es proteger no solo a las partes que intervienen en una operación, sino también al conjunto de la sociedad. Precisamente porque responden a un interés público, deben seguir siendo responsabilidad de los poderes públicos. Los prestadores privados de servicios no pueden sustituir el control preventivo e independiente de legalidad ejercido bajo responsabilidad pública.
La forma en que se organizan estos controles varía de un Estado miembro a otro. En algunos países, son las propias autoridades públicas las que los llevan a cabo directamente. En otros, el Estado encomienda esta función pública a los notarios. Por tanto, la intervención notarial no supone añadir un nivel de control adicional, sino que responde a una forma distinta de ejercer una misma función pública. De hecho, en muchos Estados miembros ya es posible constituir una sociedad por medios electrónicos en un plazo de cuarenta y ocho horas, con todas las garantías de un control de legalidad exhaustivo realizado por un funcionario público.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea fijarán sus respectivas posiciones en las próximas semanas. Todavía estamos a tiempo de mejorar sustancialmente el marco legislativo de «EU Inc.» y lograr que esta iniciativa sea un éxito. Para ello, es necesario establecer procedimientos digitales y ágiles sin menoscabar la seguridad jurídica. El Estado de Derecho es uno de los grandes pilares de la Unión Europea. EU Inc. debe apoyarse en esa fortaleza, no debilitarla.
ÁMBITO EUROPEO
President of the Council of the Notariats of the European Union
The proposal also raises questions with regard to the recent European efforts to combat money laundering”
EU Inc.: simplification must go hand in hand with legal certainty
An address rented in a European capital, an electronic signature obtained online, a forty-eight-hour waiting period. Under the proposed Regulation establishing a 28th company law regime, known as ‘EU Inc.’, this could be enough to establish a company with legal personality throughout the European Union. No share capital would be required. The founder could complete the entire process without appearing, even digitally, before a public authority or another person entrusted with preventive legal control. There would be no personal verification of their legal capacity, of whether they understand what they are signing, or of whether they are acting on behalf of someone who wishes to remain invisible. The company could then open bank accounts, enter into contracts, own assets and employ people across the European Union. If the company later fails to meet its obligations, creditors and employees may find that there are no assets to recover and that the person formally responsible for it was acting merely as a front man.
Serious concerns
This scenario illustrates the serious concerns raised by the proposal for a Regulation on ‘EU Inc.’ put forward by the European Commission and currently being examined by the European Parliament and the Council of the European Union. The preventive checks set out in Article 14 of the Commission’s proposal are largely limited to formal requirements. There is no independent and impartial scrutiny of the founders’ legal capacity, of the lawfulness of the articles of association, or of whether the transaction complies with substantive legal requirements. Transfers of shares and capital transactions are also not subject to substantive control. Liquidation is treated primarily as an administrative formality, even though it can directly affect creditors and employees.
The consequences may extend far beyond company law. Companies own real estate and are entered in land registers. If it is no longer possible to establish reliably who owns a company, it also becomes more difficult to establish who ultimately owns the real estate held by that company. Reliable company information therefore matters for the transparency of property ownership.
If the information in a register has not been reliably verified, others have to verify it themselves. Banks, business partners and investors may need additional legal opinions, audits and insurance. Costs that a preventive check avoids at the outset may therefore arise repeatedly at a later stage. This would represent a shift from the European tradition of public preventive legal control towards a model that relies more heavily on resolving disputes after they arise. Delaware is a prominent example of such an approach, supported by specialised courts and a correspondingly prominent role for litigation. Transplanting it to Europe would place additional demands on national judicial systems that lack the necessary resources.
The proposal also raises questions with regard to the recent European efforts to combat money laundering and the financing of terrorism. The creation of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is the latest milestone in this process. To create, at the very same time, a legal form with significantly reduced checks risks severely undermining these efforts.
The same applies to sanctions: their enforcement depends on knowing who is really behind a company — especially when shares are transferred. Without reliable legality control of share transfers, corporate ownership can change unnoticed and become a vehicle for sanctions circumvention.
The amendments required are straightforward. The acquis of European company law, as established by Directive (EU) 2017/1132 and recently reinforced by Directive (EU) 2025/25, should also apply to EU Inc. companies. This means reliable identification of founders and directors, public oversight of legal compliance at the time of formation and at subsequent stages, and reliable business registers.
A public purpose
These safeguards exist for a reason. They protect not only the parties to a transaction, but the public at large. Because they serve a public purpose, they must remain a public responsibility. Private service providers cannot replace independent preventive control carried out under public responsibility.
How these checks are organised differs between Member States. In some Member States, public authorities carry them out directly. In others, the State entrusts notaries with this public function. Notarial involvement therefore does not add another layer of control: the same public function is simply carried out by different public authorities. In many Member States, a company can already be formed digitally within forty-eight hours, with full legal verification carried out by a public official.
The European Parliament and the Council of the European Union will decide their positions in the coming weeks. There is still time to improve the legislative framework of EU Inc. significantly and to make it a success. This requires digital and efficient procedures without compromising legal certainty. The rule of law is one of the European Union’s strengths. EU Inc. should build on that strength, not weaken it.
