Después de más de un año como Defensor del Pueblo, pero toda una vida dedicada al servicio público en diferentes ámbitos, ¿qué ha supuesto para usted desempeñar esta responsabilidad?

Ser Defensor del Pueblo no es tarea para una labor diletante de alguien aislado, encerrado en sus opiniones y preferencias. Se trata de atender, casi de conversar. Es una oportunidad única de trabajar por los derechos fundamentales, de ser la voz de los más vulnerables y de crear condiciones para que se les escuche. Como dije en el discurso de toma de posesión, uno de mis objetivos principales en el desempeño de esta labor es poner a la institución también al servicio de aquellos que no tienen ni siquiera voz, a los que no llegan ni a quejarse. No estamos aquí para describir lo que pasa sin más, ni somos cronistas de la actualidad. Estamos aquí para dirigirnos a quienes tienen la capacidad, el poder y la responsabilidad de implementar medidas que mejoren la situación los ciudadanos que nos trasladan sus problemas mediante sus quejas.

Mi compromiso es trabajar con ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia y, como la Ley señala, sin estar sujeto a mandato imperativo alguno, en defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución.

«LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS HAN INSISTIDO CON SUS QUEJAS EN QUE LAS ADMINISTRACIONES DEBEN REFORZAR LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES»

En su toma de posesión se comprometió a continuar con “el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la buena administración y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Puede hacer un balance de su actividad en estos campos durante lo que lleva de mandato?

Acabamos de presentar el Informe de la actividad de la institución en 2022 en el que damos cuenta de los 31.452 expedientes que hemos tramitado en este ejercicio que han dado lugar a más de 2.498 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones. En este informe se pueden encontrar múltiples ejemplos de nuestra labor en la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los ciudadanos y ciudadanas han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario. Supervisar es, por tanto, también impulsar y mostrar públicamente lo que cabe mejorar, así como hacer recomendaciones para lograrlo. Y en eso estamos.

Es un clamor la necesidad de reforzar la atención presencial en múltiples servicios públicos como la sanidad, la Seguridad Social o los registros civiles, entre otros, y ha de hacerse un enorme esfuerzo al respecto.

El pasado año la Institución cumplió 40 años. ¿Cuál ha sido en este periodo la contribución del Defensor del Pueblo a la democracia española?

En estas cuatro décadas de historia, la institución ha recibido casi un millón de quejas de los ciudadanos y ha iniciado 7.598 actuaciones de oficio. Además, se han dirigido a las diferentes administraciones 20.465 resoluciones (8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias). Los asuntos que más han preocupado a los ciudadanos en estas cuatro décadas han estado relacionados con la atención sanitaria, la seguridad social, el empleo, la educación, los servicios públicos esenciales, las dilaciones judiciales, la vivienda o los impuestos.

El Defensor del Pueblo ha sido pionero en abrir debates de especial interés ciudadano y muchas de sus recomendaciones han provocado cambios legislativos y mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales.

Su nombramiento fue aprobado por las Cámaras con una mayoría superior a los 3/5 exigidos. Uno de los pocos consensos logrados en esta legislatura. ¿A qué atribuye haber podido conciliar tanto respaldo en un escenario político tan polarizado?

A lo largo de mi vida pública siempre he intentado huir de la crispación. Nunca he visto a mis oponentes como enemigos a batir, sino como contrincantes para convencer y compartir desafíos. Las pasiones aisladas se oponen a la razón y yo prefiero trabajar desde la razón, con pasión, desde la colaboración, y desde el servicio a los ciudadanos. Siempre he buscado el consenso y la integración. Y ser Defensor radica en lo que significa serlo del pueblo, sin exclusiones, en el sentido más pleno de esta palabra. Igual todo esto tuvo que ver con el respaldo obtenido.

¿Colaboran todas las administraciones con diligencia cuando se les requiere información? ¿Hay alguna más reacia a facilitar su función?

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, obliga a que las administraciones contesten a la institución sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no siempre es inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, la Ley faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales. De hecho, todos los informes anuales del Defensor del Pueblo incluyen un apartado específico para señalar a estas administraciones que no colaboran. Además, también publicamos este listado en nuestra página web (www.defensordelpueblo.es).

«MUCHOS CIUDADANOS HAN INVERTIDO SUS AHORROS EN CRIPTOMONEDAS Y HAN ACABADO PERDIENDO TODO LO INVERTIDO»

Las administraciones que aparecen reflejadas suelen ser con frecuencia ayuntamientos e incluso entidades locales pequeñas. Somos conscientes de las carencias y la falta de medios materiales y humanos de algunos municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida. Pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo, desde su posición y con sus razones. Si argumentan que carecen de medios para dar respuesta, nosotros lo haremos constar en nuestro Informe anual.

Hace unos meses denunció que “no hacemos lo suficiente por quienes están en situación de vulnerabilidad”. La subida de los tipos de interés, la elevada inflación la enrevesada burocracia en la concesión de ayudas están abocando a todavía más personas a esa vulnerabilidad. ¿Qué hacer?

Como se puede ver en Informe correspondiente a 2022, publicado recientemente, la institución Defensor del Pueblo permanece muy atenta a todas las ayudas y prestaciones que conforman el denominado “escudo social” y cuyo fin es proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En nuestra opinión, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por ello, llevamos tiempo realizando recomendaciones para mejorar su aplicación. El objetivo tiene que ser consolidar un sistema estatal de garantía de ingresos, estable y mejorado progresivamente, que articule bien la acción de todas las Administraciones Públicas en su deber de asistencia dé una justa respuesta al derecho a la protección social de las personas en situación vulnerable.

Por otra parte, también hemos señalado la necesidad de implementar políticas públicas para incrementar la cobertura del sistema de becas y ayudas de comedor, ajustando la partida presupuestaria a las necesidades sociales y económicas existentes en cada momento, y tomando como referencia la tasa de riesgo de pobreza infantil.

Otros ejemplos de nuestras actuaciones en este campo es la recomendación para que el IRPF recoja la exención de las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, y las acciones realizadas para evitar la exclusión financiera de colectivos especialmente vulnerables.

«A LO LARGO DE MI VIDA PÚBLICA SIEMPRE HE INTENTADO HUIR DE LA CRISPACIÓN. LAS PASIONES AISLADAS SE OPONEN A LA RAZÓN Y YO PREFIERO TRABAJAR DESDE LA RAZÓN»

El Defensor del Pueblo siempre ha tenido un especial interés por la situación de las prisiones y la política penitenciaria. ¿En qué situación estamos actualmente?

La institución Defensor del Pueblo ha de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, recordando que, si bien han perdido la libertad en razón del delito cometido, son poseedores de todos los derechos establecidos en la Ley Penitenciaria, su reglamento y otras normativas. Tramitamos sus quejas y visitamos los centros penitenciarios para conocer, de primera mano, la situación de la plantilla que trabaja en los mismos y de las personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España, lleva a cabo visitas periódicas a esos lugares. En 2022 el MNP realizó 62 actas de visitas, que dieron lugar a 795 resoluciones.

Las 795 resoluciones emitidas por el MNP abordan algunas carencias en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, y, entre otros asuntos, la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria en dichos centros.

En los últimos años ha habido mejoras en los centros penitenciarios españoles tanto en lo referido a instalaciones como a las condiciones de vida de los internos. La Administración penitenciaria ha aceptado las recomendaciones de la institución relativas a videoconferencias, reconocimientos médicos o cumplimiento de sanciones. No obstante, siempre detectamos asuntos susceptibles de mejorar, por ejemplo, este año hemos insistido en la necesidad de reforzar la sanidad penitenciaria.

En su último informe a las Cortes Generales denunciaba la falta de regulación de los criptoactivos y el riesgo que ello conlleva. ¿Cree que hay interés en dar una salida a esta situación?

La institución comparte la preocupación por el fenómeno de los criptoactivos y su creciente tráfico. Muchos ciudadanos han invertido sus ahorros en criptomonedas y han acabado perdiendo todo lo invertido. Efectivamente, en el Informe de 2021 señalábamos nuestra preocupación por la falta de regulación específica y confiábamos en que, al ser este un fenómeno nuevo, se legislase con prontitud para proteger al consumidor. En estos momentos está pendiente de aprobación una propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados de Criptoactivos, conocido como Reglamento MICA.

«LA LABOR DE LOS NOTARIOS ES FUNDAMENTAL YA QUE SU ACTUACIÓN ES GARANTÍA DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD»

¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España es un Estado de Derecho y goza de seguridad jurídica y en este contexto la labor de los notarios es fundamental ya que su actuación es garantía de seguridad y legalidad.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ocupa de la Administración de Justicia desde el respeto a la independencia judicial: no puede intervenir en asuntos judicializados, si bien puede actuar en cuanto a los problemas generales de la Justicia y en todo lo que se refiere a la denominada Administración de la Administración de Justicia. En este sentido, formulamos resoluciones e incluso proponemos modificaciones normativas cuando consideramos que nos necesarias.