Los modelos de producción y consumo lineales, sobre los que pivotan la mayor parte de las economías y sustentados en patrones basados en la extracción creciente de recursos naturales para su transformación en alimentos, su consumo y posterior desecho, son modelos saqueadores de recursos y generadores de cada vez mayores impactos medioambientales y sociales.

Esto pone en evidencia desde hace décadas la necesidad de transitar hacia un modelo de economía circular. Un modelo circular que priorice un uso más eficaz y sostenible de los recursos del planeta; que minore las pérdidas y los desperdicios; que combata el impacto que generan las actuales fórmulas de producción, distribución, consumo y gestión de residuos; y que, por ende, contribuya a la eficiencia de los sistemas alimentarios y la neutralidad climática.

Según el informe El estado mundial de la alimentación y la agricultura de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el desperdicio alimentario, solo entre las fases de la postcosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14% de la cantidad de alimentos que se producen en el mundo. Estas pérdidas, y el desperdicio añadido en fases posteriores de la cadena alimentaria, responden a un funcionamiento deficiente de los sistemas alimentarios, que genera un importante impacto en nuestro planeta en un contexto, además, de dificultad de acceso a los alimentos de millones de personas por sus altos precios.

Las enormes cotas de pérdidas y desperdicio alimentario son resultado de un modelo económico y comercial que asienta sus pilares fundamentales en la superproducción, la deslocalización, la globalización y el consumo masivo de recursos, sin tener en consideración la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los pueblos. Asimismo, contribuye a la contaminación del medio, al calentamiento global del planeta, a la desertización, a la desigualdad y marginación de grandes grupos de población en el acceso a los alimentos, a la aparición de nuevos problemas de salud y a la explotación laboral.

En España se encuentra en fase de tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio de alimentos. Una norma necesaria que reconoce expresamente en su exposición de motivos que reducir drásticamente el volumen de pérdidas y desperdicio alimentario es un imperativo moral de los poderes públicos y de todos los operadores de la cadena de suministro. El texto también reconoce que las medidas de concienciación no son suficientes para generar el cambio y que es preciso acompañarlas de importantes reformas estructurales en la cadena de elaboración, transformación y suministro de productos alimentarios y de un decidido impulso y compromiso social y político para que pueda acometerse la decisiva transformación que la realidad actual exige.

Los cambios en el modelo actual pasan por desarrollar y fomentar canales cortos de venta en toda la cadena alimentaria, el comercio de proximidad y la adquisición en origen de alimentos. También deben articularse instrumentos y acciones que contribuyan a la sensibilización y formación de las personas consumidoras para la adaptación de sus niveles de consumo a las necesidades reales que presenten.

Deben preverse soluciones normativas que combatan el desecho de alimentos por la propia estética de los productos en toda la cadena de alimentación, poniendo en marcha, adicionalmente, políticas específicamente orientadas a los productores y a sensibilizar a los consumidores sobre las consecuencias que derivan de decisiones de consumo que giran en torno al rechazo de productos «feos» o «poco estéticos», y a informar que, a priori, una estética «imperfecta» no determina la pérdida de propiedades nutricionales de los productos alimentarios.

También acciones formativas y de concienciación social dirigidas a la población en su conjunto que incidan en la necesidad de planificar las compras, promuevan la actitud crítica de la ciudadanía frente al consumismo y sus técnicas (el marketing y la publicidad) y conozcan el significado y alcance de las fechas de caducidad y de consumo preferente de los productos.

La norma también debería priorizar la donación gratuita de excedentes por parte de todos los operadores de la cadena alimentaria, excedentes de alimentos comestibles y aptos para el consumo humano a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Debería incorporarse, además, una definición clara y desinteresada de «excedentes de alimentos», de modo que comprenda todos aquellos alimentos que, siendo comestibles y aptos para el consumo humano, su pérdida o desperdicio no hubiera podido prevenirse por los agentes de la cadena alimentaria.

Un aspecto controvertido del actual anteproyecto de ley es la posibilidad de comercializar alimentos con fecha de consumo preferente vencida en puntos de venta finales a precios reducidos. Esta medida, practicada hoy en algunos países europeos, corre el riesgo de consolidar la existencia de mercados de alimentación paralelos en los establecimientos de comercio al por menor: una línea de productos de calidad dentro de fecha de consumo y destinado a consumidores con capacidad económica y otra línea de venta de productos de menor calidad, fuera de fecha de consumo preferente, destinada a consumidores vulnerables y de escasos recursos económicos. Las personas desfavorecidas accederían a productos de peor calidad, de manera que podría resultar comprometida la seguridad alimentaria y se agrandaría la brecha de la desigualdad.

La transparencia y la publicidad en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos por los distintos agentes de la cadena alimentaria para la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos se configuran como elementos que pueden coadyuvar al cumplimiento de objetivos y operar, a la vez, como factores que disuadan de los incumplimientos. De esta forma, las industrias alimentarias, los establecimientos de comercio al por menor (con una superficie de, al menos, 400 metros) y los establecimientos de hostelería y restauración, deberían publicar información concreta sobre el destino de sus excedentes alimentarios y las donaciones llevadas a cabo a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, con al menos periodicidad anual.

Resulta urgente un impulso en la tramitación del anteproyecto de Ley e implementar medidas que actúen frente al problema y que contribuyan a la transformación eficaz del actual sistema de producción, transformación y distribución de alimentos. También es preciso revisar y cuestionar prácticas de comercialización y consumo y definir la responsabilidad de cada sujeto de la cadena alimentaria y cómo puede contribuir a paliar o minorar la situación y sus efectos.