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Más de 16 millones de personas en todo el mundo usan hoy criptomonedas. Desde su aparición en el mercado en 2009, han suscitado todo tipo de reacciones. Entre los que abogan por su uso y los que están en contra, asoma la realidad: la capitalización de las criptodivisas ya supera los 440.000 millones de dólares.
Ante sus riesgos, los Gobiernos, los bancos centrales y los organismos reguladores se debaten entre la alarma y la búsqueda de medidas reguladoras.


Siendo el de estas monedas un negocio dominado por el anonimato, existe la posibilidad de que se usen con fines delictivos, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. De hecho, ha trascendido en la Prensa que el Estado Islámico ha solicitado criptomonedas a sus fanáticos para comprar armas y limpiar el rastro económico.
Por otro lado, dada su alta volatilidad (125% anual, casi un 7% diario), preocupa su impacto en las finanzas mundiales. Según un informe reciente elaborado por Standard & Poor’s, “de darse un colapso la peor parte se la llevarían los inversores minoristas”.
Facebook, Google y Twitter han tomado medidas en contra, como prohibir el anuncio de estas divisas por considerarlas asociadas con prácticas engañosas o con promociones fraudulentas.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados ha alertado de que existe un alto riesgo de perder el capital invertido al tratarse de inversiones muy especulativas.
Por todo ello la necesidad de regulación parece incuestionable. En la Cumbre de Jefes de Estado del G20, que se celebrará a finales de año en Argentina, se abordará esta cuestión.

Por Marta Matute

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