¿Qué supone para un jurista con su experiencia recibir un galardón de este tipo?

Con toda sinceridad, recibir este premio ha sido para mí algo así como constatar que, aun cuando pienses que estás predicando en el desierto, puedes llevarte la sorpresa de que alguien te ha escuchado. Estoy muy agradecido; ya valoré en su día que una institución como la Cámara de Comercio de España decidiera crear un centro de mediación a disposición de las empresas de nuestro país. Estoy convencido de que en poco tiempo se convertirá en un faro imprescindible para la resolución de conflictos a nivel internacional. Hasta ahora siempre se centraba el interés en el arbitraje, pero la mediación ofrece un espacio para el diálogo mucho más dinámico, práctico, cercano y eficaz que el sometimiento a la decisión rígida de un tercero, bien sea un juez o un tribunal arbitral.

«EN EL GRADO DE DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS NO SE ESTUDIAN TÉCNICAS DE MEDIACIÓN NI NEGOCIACIÓN. LA FORMACIÓN DEL JURISTA SE ORIENTA HACIA LA CONFRONTACIÓN»

En su discurso de agradecimiento se identificó como «miembro de una generación pionera en la práctica de la mediación». ¿Considera que este mecanismo legal está, a día de hoy, lo suficientemente extendido en nuestro país?

Es muy difícil introducir nuevos métodos de trabajo, como es la mediación y los otros medios adecuados de resolver conflictos que se pretenden con el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, en un entorno social que tiene muy asentada la cultura de la litigación. Por una inercia histórica y cultural se tiende a afrontar los problemas con la mentalidad de que los culpables son los otros, y a esos otros hay que doblegarlos con una sentencia solemne que reconozca a una de las partes como vencedor y a la otra como perdedor. En el grado de Derecho de las universidades españolas no se estudian técnicas de mediación ni negociación. La formación del jurista se orienta hacia la confrontación. El positivismo exacerbado es propio de sociedades que han crecido en sistemas autoritarios y se ha menospreciado el pacto como signo de debilidad. En todo el arco euro mediterráneo está siendo difícil introducir los métodos alternativos al de la administración de justicia burocrática, aun cuando en la tradición romanística el principio de autonomía de la voluntad de las partes siempre ha sido preferente en las relaciones jurídico privadas. El sentido práctico y utilitarista del área anglosajona ha sido mucho más permeable a la introducción de la mediación. En España está costando, pero soy optimista y creo que, si sale adelante el proyecto legal en ciernes, en pocos años veremos un cambio significativo.

Con la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV), operadores jurídicos -como los notarios- han asumido algunas competencias atribuidas hasta ese momento a los juzgados. ¿Ha aliviado esta medida la congestión de algunos tribunales?

El origen histórico del Notariado español hunde sus raíces en la sociedad española como elemento esencial del sistema de justicia. No únicamente por detentar el privilegio de la fe pública, sino porque los escribanos han sido siempre agentes activos y próximos a la ciudadanía en la realización del Derecho, fundamentalmente en todo lo que se refiere a las relaciones personales básicas de carácter familiar y económico. En el siglo XIX se escindió, en parte, este papel de los tradicionales escribanos para integrarlo en un modelo de justicia en el que ha predominado el principio de la escrituridad. El desarrollo de los procedimientos judiciales tenía que reflejarse en legajos por razones de seguridad jurídica. Recordemos el lema “lo que no está en los autos no está en el mundo”. De esta forma se garantizaba el derecho a los recursos y a la revisión del trabajo de los jueces del primer nivel por los tribunales superiores. Pero cuando se conformó el derecho procesal en la segunda mitad del siglo XIX se atribuyeron a los jueces funciones que eran y son más propias del Notariado. Con la LJV, así como con la que ha reformado la gestión de la discapacidad, o con materias tan importantes como la prevención del blanqueo de capitales, el urbanismo, la protección del derecho de propiedad, la ejecución de los derechos de garantía, y otras muchas más, la función notarial ha de absorber una gran parte de los temas que van a los tribunales. Los jueces deben intervenir únicamente cuando hay discrepancias en el relato de los hechos, o cuando existe controversia en la aplicación de la ley. De esta forma se podría descargar a los tribunales de un gran número de funciones que no les corresponden.

«LA MEDIACIÓN OFRECE UN ESPACIO PARA EL
DIÁLOGO MÁS DINÁMICO, PRÁCTICO, CERCANO Y
EFICAZ QUE EL SOMETIMIENTO A LA DECISIÓN RÍGIDA DE UN TERCERO, SEA UN JUEZ O UN TRIBUNAL ARBITRAL»

A raíz del Covid, desde diversos colegios notariales -que cuentan con centros propios especializados- se ha impulsado la mediación telemática. ¿Cree que las nuevas tecnologías pueden contribuir a generalizar el uso de este mecanismo?

Sin duda alguna las nuevas herramientas que aportan las nuevas tecnologías nos están haciendo cambiar los métodos de trabajo. Sin embargo, respecto a la mediación, siempre será necesario como método el diálogo presencial entre las partes. Determinadas reclamaciones de consumo, prestaciones de servicios, suministros o discrepancias puntuales pueden resolverse por aplicaciones telemáticas o por medios que empleen la inteligencia artificial, pero la mediación en conflictos de una cierta entidad se caracteriza porque un profesional, con amplia experiencia y preparación, ayuda a las partes a reflexionar y a racionalizar los conflictos, a superar los prejuicios y a propiciar que las partes visualicen el abanico de las alternativas que pueden ser de mayor utilidad a las dos para superar los problemas que se presentan en las relaciones personales y económicas.

La Fundación Aequitas ha jugado una importante labor en el desarrollo y difusión de la Ley 8/2021 sobre discapacidad. Usted, experto en Derecho de familia, ¿cómo valora la revisión que ha hecho esta norma de figuras como la patria potestad, la tutela o la incapacitación judicial?

Sin lugar a dudas, desde el patronato de la fundación se ha jugado un papel protagónico en una reforma legal que era necesaria y que no terminaba de ser tomada en cuenta por los legisladores. El Convenio de Nueva York en esta materia data de 2006. Desde que entró en vigor la nueva norma se ha propiciado una nueva mirada hacia estas instituciones jurídicas clásicas. Pese a la resistencia al cambio de los operadores jurídicos, que es normal en todo lo que significa un esfuerzo para adaptar el sistema de la discapacidad a los principios introducidos por la ley, y pese a las imprevisiones del legislador, fundamentalmente en lo que se refiere a la escasez de medios personales y materiales, el panorama está cambiando positivamente. En este punto se ha de reconocer que Aequitas ha realizado una gran aportación al integrar en este hermoso proyecto, junto al núcleo notarial, a profesionales de los diversos campos implicados: personas que proceden de la universidad, abogados, jueces, expertos en el tercer sector, etc., con una política ejemplar de convenios y acuerdos de colaboración.

«CUANDO SE CONFORMÓ EL DERECHO PROCESAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX SE ATRIBUYERON A LOS JUECES FUNCIONES QUE ERAN Y SON MÁS PROPIAS DEL NOTARIADO»

Otro de los puestos que ha ocupado en el ámbito jurídico fue el de director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué recuerda de esa etapa más institucional y ‘política’?

Mi nombramiento fue un regalo que agradezco puesto que me permitió, en muy pocos meses, hacer un auténtico doctorado en administración pública. Además, la experiencia de trabajar en el ámbito de las instituciones de Cataluña me ha aportado comprender mejor la idiosincrasia del pueblo catalán, su seriedad, el rigor en el funcionamiento de una consejería como la de Justicia, el respeto a los procedimientos reglados para la toma de decisiones y el trabajo de un gran equipo de funcionarios (me gusta más llamarles servidores públicos) para sacar adelante las responsabilidades que había que atender. En esta etapa tuve la oportunidad de gestionar importantes iniciativas legislativas, como las del Código Civil de Cataluña y, en particular, los Libros de Derecho de Familia, el de Sucesiones y el de Asociaciones y Fundaciones. Tuve a mi cargo la coordinación de estos proyectos legales y la responsabilidad de seguir el día a día de su tramitación parlamentaria. Por eso me duele tanto ahora la negra sombra de los intereses políticos que está dando al traste con el prestigio que la administración pública catalana había conseguido.