«El portal notarial del ciudadano», por Luis Fernández-Bravo

EL ESCAPARATE

 
LUIS FERNÁNDEZ-BRAVO

Delegado de Tecnologías del  Notariado.
Decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha

El portal notarial del ciudadano

@luisfb99do

luisfb99

TRATAMOS EN ESTE NÚMERO de los retos del Notariado europeo ante la digitalización. Pero la cuestión también se puede plantear en sentido inverso, los retos de la digitalización respecto de la seguridad jurídica. Y la respuesta en ambos casos pasa por la necesaria adaptación de la función notarial ante un proceso de aceleración digital vertiginoso.

Enseñaba Betti que contratar es un peligro. La autonomía de la voluntad tiene sus riesgos, pues impone a los contratantes una serie de cargas: la identificación, capacidad o discernimiento y legitimación de la otra parte; la concreción jurídica y física del objeto del contrato, incluida la verificación de los medios de pago; la prestación del consentimiento con conocimiento de causa, así como la previsión de posibles garantías o cautelas para asegurar los efectos pretendidos; y, señaladamente, la legalidad del negocio en el momento de concluirlo. La seguridad jurídica, en la medida en que elimine dichos riesgos o los disminuya al mínimo, cumple la importante función de potenciar la contratación, lo que, en los países de nuestro entorno, se obtiene al asumir el notario las citadas cargas de prudencia y legalidad mediante la autorización del instrumento público.

El notario acepta estas responsabilidades, que gracias a su plasmación documental devienen autenticidades o lo que es lo mismo verdad oficial; prueba plena sobre la que descansa, entre otros extremos, la fiabilidad de los registros públicos.

Todas estas responsabilidades se asumen sobre la base del encuentro personal entre el notario y los otorgantes del documento público. Esto es lo que la técnica notarial denomina unidad de acto, que requiere compartir un espacio común. Pero ese espacio común también puede ser virtual, si el otorgamiento se canaliza por medio de una videoconferencia a través de la sede electrónica notarial, que funciona como una verdadera oficina pública notarial, solo que en un espacio virtual. Esto es perfectamente compatible con la unidad de acto o con el llamado principio de inmediación que admite, junto a la presencia física, la telemática.

El principio de inmediación no sufre lo más mínimo a raíz de un otorgamiento electrónico, que puede y debe aceptarse en todos aquellos casos en los que la naturaleza del negocio lo permita; por ejemplo, en la intervención de las pólizas mercantiles y actos societarios, dejando al margen, sin embargo, los de índole civil de naturaleza inmobiliaria o con obligaciones cruzadas que conllevan la entrega material de cosas y efectos.

Esto supuesto, es muy conveniente que se acoja legalmente esta posibilidad. Se trataría de una reforma legislativa no demasiado complicada y fácilmente efectiva, porque el Notariado, por medio de su centro tecnológico creado hace casi veinte años, tiene ya operativa la necesaria aplicación telemática en su sede electrónica, dotada como es lógico de la máxima seguridad. Por tanto, aplicable tan pronto culmine el obligado proceso legislativo para abrir la sede electrónica notarial, no solo como hasta ahora a las autoridades judiciales, registros y administraciones públicas, sino especialmente a quienes deben ser sus principales beneficiarios, los ciudadanos, de manera que puedan acudir telemáticamente al notario para constituir sociedades o firmar pólizas, así como disponer de su copia electrónica en el móvil.

Es una exigencia que no es que nos imponga Europa, que también, sino la misma realidad de las cosas. En este sentido, la urgencia viene dada por la trasposición de la Directiva de herramientas digitales, que obliga a los Estados miembros a introducir un sistema de constitución a distancia para las sociedades de responsabilidad limitada.

La directiva requiere que se prevea un procedimiento alternativo para la constitución telemática de sociedades, pero con la expresa prevención de no quebrar por ello la seguridad jurídica ni alterar el régimen adoptado tradicionalmente por cada Estado miembro, en particular el basado en la autorización notarial; razón por la que podemos decir sin exageración ninguna que recomienda la escritura pública (artículo 10), que por sí sola reúne los controles que la propia Directiva demanda en el artículo 13 octies, atinentes a la legalidad, capacidad o discernimiento, consentimiento informado, así como la evitación del fraude y del blanqueo de capitales.

En esta misma revista Jens Bormann, presidente del Consejo Federal del Notariado alemán (Bundesnotarkammer), y Massimiliano Levi, director de comunicación del Consiglio Nazionale del Notariato, explican los proyectos alemán e italiano, basados ambos en la videoconferencia a través de la correspondiente sede electrónica notarial. En nuestro caso, la trasposición de la directiva se vería facilitada por hallarse ya desarrollada la pertinente aplicación tecnológica.

Hay que reconocer, en fin, que la digitalización es el tema de nuestro tiempo, un fenómeno complejo, que va más allá de las herramientas tecnológicas, pues la innovación, cuando actúa sobre la información, de algún modo traspasa la materia para penetrar en el ámbito de la inteligencia artificial. Surge entonces la inquietante cuestión de si la máquina está llamada a sustituir nuestro juicio. El futuro no está escrito, pero, sobre la indudable utilidad de los logaritmos, pesa el juicio ético de si la humanidad ha de acabar siendo un factor contable; tal vez, parodiando a Leibniz, «cuando Dios piensa, cuenta». Pero las máquinas, afortunadamente, ni son dioses ni son hombres, sino recursos al servicio de nuestros designios.

Invertir en investigación

EN PLENO DEBATE

Invertir en investigación

La llegada de Joe Biden aue Trump inició con China y continuó con la UE mediante la imposición de aranceles a productos europeos.

MARTA RUIZ-CASTILLO

@MartaRuizCas

Investigar en España sigue siendo un complicado reto para una comunidad científica que, en momentos de crisis, es la primera en quedar relegada a un segundo plano. La pandemia ha reabierto el debate sobre la urgente necesidad de invertir en investigación. La Unión Europea pide a los socios comunitarios que aumenten el gasto del Producto Interior Bruto en I+D+i hasta alcanzar el 3%, de forma que la investigación sea sostenible y asegure el porvenir de los 27.

España está lejos de alcanzar esa cifra, aunque parece haber un cambio de los legisladores respecto a la necesidad de dedicar más dinero del presupuesto general a investigación. “Existe un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la Unión Europea sobre el valor de la ciencia como fuente de bienestar para el porvenir, también en tiempos de crisis», admitió el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Duque, durante la presentación del Pacto por la Ciencia y la Innovación en el Parlamento a primeros de marzo. Un documento suscrito por 72 organizaciones representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores que incluye compromisos concretos respecto a los recursos materiales y humanos necesarios para impulsar de forma continuada y sostenible la inversión pública en I+D+i.

Los objetivos del pacto contemplan mejorar la financiación de la investigación de calidad; reforzar la inversión de las políticas públicas de transferencia de conocimiento e innovación empresarial; y mejorar la regulación en I+D y los incentivos para los investigadores que participen en actividades de emprendimiento.

En el ámbito de los recursos humanos, apuesta por consolidar la carrera científica en el sector público mediante la Ley de Ciencia, cuyo borrador ha sido criticado por la Confederación Española de Sociedades Científicas por considerar que «va en contra de la excelencia científica». En respuesta al ministro Duque, quien aseguró que la ley va a «luchar contra la precariedad en la ciencia», la confederación lamenta en un informe hecho público a mediados de abril que la propuesta «no sólo no mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento» y «dificultará aún más la estabilidad de los investigadores».

Más financiación. La comunidad científica hace años que pide a los legisladores más dinero para investigación, y la actual coyuntura sanitaria parece el momento adecuado para introducir reformas en el modelo productivo, dando prioridad al sector. Una amplia mayoría de ciudadanos cree también que se debería invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración pública y las empresas privadas, según los resultados de la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada en 2020 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, publicados el 2 de junio. El 85% de la los encuestados cree que el Gobierno central debe liderar la inversión con planes concretos. El 80% cree que los gobiernos autonómicos tienen que dedicar más dinero al campo de la investigación, y el 71% cree que deberían hacerlo las administraciones locales y las empresas privadas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, aprobado por los 27 para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria causada por la pandemia, va a permitir a España contar con un «presupuesto récord» para ciencia, tecnología e innovación en 2021 que supone un 60% más que en 2020. En él se establece la necesidad de reformar el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar la eficacia, coordinación y gobernanza del mismo; potenciar la carrera científica; favorecer la transferencia de conocimiento al mercado y a la sociedad; reforzar la colaboración y la coordinación entre el ámbito público y privado; y aumentar la inversión en I+D+i en sectores estratégicos.

Para ello, se parte de una situación en la que el gasto en investigación y desarrollo en España fue de 15.572 millones de euros en 2019, un aumento del 4,2% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,25% del PIB, frente al 1,24% de 2018, según los últimos datos del INE. Pese a ese incremento, España es uno de los países de la UE que menos invierte en investigación y para que se sitúe a la altura de los que más gastan, el Gobierno propone un incremento continuado de la financiación pública hasta alcanzar el 3% en 2030.

Horizonte Europa. La UE ha aprobado un nuevo programa marco para el período 2021-2027, un «instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+i» de los 27 y alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en I+I. Con un presupuesto de 95.517 millones de euros, «contará con el mayor presupuesto hasta la fecha y generará importantes beneficios económicos, sociales y científicos». Se estima que creará hasta 320.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados para el año 2040 y consolidará el liderazgo de Europa en I+I. «El programa está diseñado con una mentalidad de inversión y contará con una planificación que ayudará a la UE a realizar la transición hacia un futuro próspero y sostenible», aseguran las autoridades europeas.

Financiará proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por investigadores; apoyará el desarrollo profesional y la formación del personal investigador con actividades de movilidad internacionales; invertirá en mejorar y optimizar el acceso transnacional a las infraestructuras de investigación de nivel mundial. Financiará la investigación, reforzará las capacidades tecnológicas industriales y establecerá misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales: salud, cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc. Apoyará la creación de asociaciones europeas entre los 27 y la industria para trabajar conjuntamente en I+I, y el Centro Común de Investigación asistirá a la UE y a los gobiernos nacionales en su toma de decisiones, aportándoles evidencias científicas y soporte técnico.

El programa busca hacer de Europa «una potencia pionera en la innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras», fomentando la integración de la investigación, la educación superior y el emprendimiento mediante las comunidades de conocimiento e innovación. «Se trata de ayudar a los países miembros en sus esfuerzos por desarrollar su potencial nacional de investigación e innovación», y especialmente, a aquellos Estados que, como España, tienen un menor rendimiento en I+I.

Todos a una contra la
Covid-19
La pandemia ha demostrado lo necesaria que es la investigación para hacer frente a una crisis sanitaria mundial como la actual y obtener una respuesta rápida y eficaz, como ha ocurrido con la elaboración de vacunas contra el coronavirus en un tiempo récord. Los acuerdos entre compañías desarrolladoras de vacunas contra el coronavirus y las que tienen capacidad de participar en la producción y una mejor distribución de las dosis disponibles entre los países con menos recursos, están siendo claves para que la vacunación logre en el menor tiempo posible la inmunidad de grupo en todo el mundo, según datos que manejan organizaciones internacionales que están trabajando sobre el terreno. “Este tipo de colaboración ha sido fundamental para ampliar la fabricación de vacunas. En tiempos anteriores a la Covid-19, la capacidad total para producir todo tipo de vacunas era de 5.000 millones de dosis para todas las vacunas. Ahora, sólo para las vacunas contra el coronavirus, los fabricantes han aumentado la nueva capacidad de cero a 10.000 millones de dosis. En cuestión de meses, no de años, buscamos multiplicar la capacidad mundial de vacunas”, explicaba recientemente Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica. Las vacunas contra el coronavirus, además de su complejidad, en algunos casos son vacunas con tecnologías completamente nuevas y condiciones de producción y conservación muy especiales, no experimentadas antes a nivel industrial. «Es, por tanto, un desafío poder producir a gran escala estas vacunas», apunta el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, en la página web de la entidad. «Este modelo ha permitido el hito de que en menos de diez meses hayamos dispuesto de vacunas contra la Covid-19, un coronavirus que sólo hace un año no se conocía. Todo el trabajo investigador de décadas auspiciado por este modelo y la experiencia y liderazgo de la industria farmacéutica, junto a la colaboración en ámbito global, han facilitado este logro sin precedentes. La propiedad industrial es la gran impulsora del progreso terapéutico», añade.

España es uno de los países de la UE que menos invierte en investigación

OTROS ENFOQUES

El País/Le Figaro: El reportaje de Horia Mustafa Douuine pone de manifiesto cómo la inversión de los países de la UE en investigación sigue siendo una cuestión pendiente. Solo 14 miembros de la UE invierten más del 2% en I+D.

Elconfidencial.com: Pedro Luis Sánchez, director de estudios de Farmaindustria, escribe sobre la importancia que tienen las patentes en la investigación, en el marco de la polémica suscitada en torno a las mismas con la llegada de las vacunas contra la Covid-19.

El Correo: el reportaje aborda la situación precaria de los investigadores en España y su reconocimiento en otros países.

Bloglenovo de Innovación y Ciencia: Marcos Martínez presenta Así es el Ranking mundial de los países según el PIB que dedican a ciencia, con los países más avanzados y los que se están quedando atrás en función de lo que invierte en investigación, desarrollo e innovación.

«Acercando la innovación del laboratorio al paciente», por Jesús Aguilar

EN PLENO DEBATE

JESÚS AGUILAR,
presidente en funciones del Consejo General de Farmacéuticos
 
 

Acercando la innovación del laboratorio al paciente 

@Farmaceuticos

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UNA DE LAS CERTEZAS que nos deja la pandemia que estamos comenzando a superar, es que sin investigación no hay futuro. Esta afirmación es importante en todos los ámbitos del conocimiento; y adquiere una mayor relevancia cuando estamos hablando de salud. A partir de ahí podemos añadir la economía, la industria, o las comunicaciones. Pero sin salud es muy difícil progresar. Y es que el mundo que hoy conocemos no sería igual si, fruto de la investigación, no hubiéramos ganado importantes batallas contra la enfermedad.

Es suficiente volver la vista atrás, hasta diciembre de 2019, para convencer de esta realidad hasta al más escéptico. Y es que los hechos vividos durante los últimos 20 meses nos han demostrado que invertir en investigación y salud no es una opción; es una obligación. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, de finales de junio de 2021, sitúan en cerca de 180 millones las personas contagiadas y en 3,8 millones los fallecidos por la Covid-19. Cifras que nos estremecen a todos y que deben impulsar a los responsables políticos de todo el planeta a situar la investigación como un asunto prioritario en sus agendas.

Ha sido la capacidad de innovación del sector farmacéutico la que ha permitido que comencemos a hablar del principio del fin de la pandemia. Transcurrido menos un año desde que se diagnosticaron los primeros casos, ya disponíamos de vacunas con elevados índices de eficacia con los que combatir la pandemia. Cuando se cumplen quince meses del comienzo de la pandemia en nuestro país, cerca del 50% de los españoles ya están inmunizados.

Basta pensar en el número de contagios y muertes que se están evitando cada día gracias a esas vacunas para que tanto nosotros, como las próximas generaciones, tengamos la absoluta seguridad de que sin investigación en salud no podemos hablar de progreso.

La investigación en la lucha contra la enfermedad es un motor de progreso. La realidad es que esa es una asignatura pendiente en nuestro país, con dos efectos directos. Por un lado, perdemos la ocasión de hacer del conocimiento un motor que impulse nuestra economía. Por otro, la falta de oportunidades hace que parte de nuestro talento acabe fuera de nuestras fronteras. Me refiero a esos jóvenes investigadores que se ven obligados a trasladarse a otros países en los que la ciencia sí es una verdadera prioridad, y en los que dedicarse a la investigación es compatible con tener acceso a recursos suficientes tanto para desarrollar proyectos profesionales como vitales.

Porque de lo que no cabe duda es del talento de los investigadores españoles, y muy especialmente de los farmacéuticos. Ahí está Mariano Esteban, liderando el equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas que está desarrollando una vacuna contra la Covid-19. O Juan Andrés, director técnico de Moderna, uno de los primeros laboratorios que descubrió y puso en el mercado una vacuna basada en la innovadora tecnología del ARN mensajero; o Luis Jodar, director mundial de vacunas de Pfizer.

Tres nombres de una larga lista de farmacéuticos españoles volcados en la investigación y que, día a día, hacen posible construir un mundo mejor. En España son más de 1.600 los farmacéuticos colegiados cuya actividad principal es la industria, la investigación o la docencia. Su vocación, esfuerzo y conocimiento se convierte en innovaciones terapéuticas que nos ayudan a tratar enfermedades; a salvar vidas.

A partir de ahí, el reto es que esos medicamentos que desarrollan los laboratorios y fabrica la industria, cumplan su función. Y para ello es imprescindible la participación de otros farmacéuticos.

Es el caso de los 700 farmacéuticos que trabajan en la distribución, haciendo posible, entre otras funciones, su suministro y evitando situaciones de desabastecimiento. También, el de los cerca de 2.100 farmacéuticos que trabajan en los servicios de Farmacia Hospitalaria, garantizando el uso seguro y eficiente de los medicamentos, y trabajando en los equipos multidisciplinares de asistencia especializada.

Y por supuesto, el de los 54.555 farmacéuticos que desarrollan su labor en alguna de las 22.137 farmacias comunitarias repartidas por toda España, que con una ratio de 2.144 personas por farmacia, es la red más numerosa de toda Europa. A través de ella se hace real y efectiva la equidad y la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acceder a un tratamiento, con independencia de su lugar de residencia, ya sea en plena Gran Vía o en un remoto pueblo de los Pirineos.

En resumen, la farmacia es una profesión esencial para avanzar en la investigación; del mismo modo que los farmacéuticos son los profesionales sanitarios imprescindibles para que esas innovaciones lleguen a todos los ciudadanos. Por eso, consideramos que es imprescindible aprovechar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede para crear un marco que favorezca que cada vez más farmacéuticos se dediquen a la investigación en España, y para que, a través de la red de farmacias, el resultado de su trabajo se transforme en salud y bienestar para todos.

«Bienvenido mister Marshall (segunda parte)», por Casimiro García-Abadillo

ÁMBITO EUROPEO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
director de «El Independiente»


Bienvenido mister Marshall (segunda parte)

@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

Fue el presidente del Gobierno el que calificó como “nuevo Plan Marshall” al paquete de ayudas aprobado por la Comisión Europea para reflotar las economías de la UE devastadas por el sunami del Covid-19.

Espero que la grandilocuencia no le juegue a Pedro Sánchez una mala pasada. Ya sabemos que los políticos se pirran por apuntarse hitos históricos.

El conocido como Plan Marshall (el nombre se debe al entonces secretario de Estado, George Marshall) fue un programa financiado por Estados Unidos lanzado en 1948 para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La idea de poner en marcha el European Recovey Program, que era como de verdad se llamaba el plan, tenía como objetivo no sólo movilizar fondos para reconstruir la muy deteriorada Europa, sino, sobre todo, poner un dique a la expansión de la URSS y el comunismo. Y funcionó.

La mayor parte del paquete de fondos lo recibieron, por este orden, Reino Unido, Francia y Alemania. A España apenas le llegaron unas migajas de aquellos 12.000 millones de dólares que el gobierno de Harry Truman puso sobre la mesa como una inteligente inversión a largo plazo.

La decepción que generó entre una población empobrecida y necesitada de alivios el displicente trato con el que los norteamericanos castigaron al gobierno de Franco, fue mostrada de forma magistral por Luis García Berlanga en la película Bienvenido, Mister Marshall, un retrato cruel y entrañable de un país que sufría todavía las consecuencias de una terrible guerra civil y una autarquía que mantuvo aislado al país hasta bien entrada la década de los 60.

Las expectativas que ha levantado el Fondo de Recuperación Europeo, con la colaboración del presidente, son similares a las que despertó hace 73 años el Plan Marshall. España espera recibir nada menos que 140.000 millones de euros en los próximos cuatro años y será uno de los países más favorecidos de Europa, como en su día lo fueron Reino Unido, Francia y Alemania, de ese súper paquete de ayudas.

Este año se espera que lleguen a España unos 27.000 millones de euros (de ellos 7.500 dentro del programa Europa Digital). El presupuesto de este año se asienta en gran medida en esta riada de dinero que, en su mayor parte, es a fondo perdido.

Seguro que el dinero, aunque sea tarde, llegará. No pasará de largo, como los coches de la caravana que cruza a toda velocidad el ficticio Villar del Río en la película de Berlanga. El problema es cómo se va a gestionar ese dinero y cómo se va a repartir.

Veo a las empresas como pollo sin cabeza buscando programas para presentar ante la autoridad competente (que reside en el Palacio de la Moncloa, por supuesto) para recibir dinero. Grandes compañías, bancos, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones,… Cada uno por su lado monta su gabinete de sesudos expertos para ver por dónde se puede sacar jugo al maná europeo. Algunas corporaciones han buscado ya expertos, lobbies, o asesores para asegurarse el triunfo final. Así que, por lo pronto, ya podemos asegurar que estos intermediarios se llevarán su parte del pastel. No digo yo que de forma inmerecida.

Me preocupa que, al final, sean los de siempre los que se beneficien de la solidaridad europea. Las grandes del Ibex y las Administraciones públicas tienen músculo suficiente como para ganar esta carrera. No sólo porque pueden presentar atractivos proyectos de digitalización y sostenibilidad, sino también porque saben llamar a las puertas adecuadas.

España es un país de pequeñas y medianas empresas, que, además, son las que más están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Restaurantes, bares, pequeñas agencias de viajes o de alquiler de coches, pequeños comercios, etc. Miles de empresas, cientos de miles de empleos que han desaparecido o están a punto de desaparecer.

La voluntad, dicen los documentos oficiales, es que las ayudas terminen llegando a las pymes. Pero el problema que tienen estas empresas es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer para reclamar una parte del dinero europeo.

Cuando llegue el momento tendremos que hacer un balance sobre el destino de los fondos. Cuánto dinero ha ido al sector público, cuánto a las grandes empresas, y lo que ha quedado para las pymes. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero seguro que los pequeños empresarios no van a estar entre los más satisfechos por el reparto del nuevo Plan Marshall.

Llámenme escéptico. Pero lo que veo hasta ahora es que el azote de la pandemia se está cebando con los pequeños emprendedores y con los autónomos. Sí, hay grandes empresas que también lo pasan mal, pero cuando hagamos el recuento de bajas, la mayoría estarán del otro lado de la trinchera.

El Gobierno se negó hasta hace poco a dar ayudas directas a las pymes. Entiendo las reticencias de la ministra Calviño, pero ahora el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En Alemania, por ejemplo, el gobierno está dando un porcentaje a la hostelería del 70% sobre la facturación que las empresas registraron antes del Covid. Los bancos parecen estar dispuestos a servir de red capilar para facilitar que el dinero llegue en condiciones a las pequeñas empresas y autónomos.

No soy partidario de las ayudas públicas a las empresas, en general. Pero ahora estamos en un momento muy delicado en el que los pequeños empresarios no es que hayan caído o estén a punto de caer por su mala gestión, sino, sencillamente, porque las restricciones y el confinamiento les han privado de su clientela habitual.

Justo cuando estaba concluyendo esta columna el presidente Sánchez anunció por sorpresa en el Congreso un plan de 11.000 millones para pymes, fundamentalmente del sector de la hostelería. Una medida necesaria para que esta vez el Plan Marshall llegue a los que lo necesitan y no sea tan frustrante como lo fue el que inspiró a Berlanga, que apenas nos dejó unos lotes de leche en polvo.

I + D. Metas incumplidas en innovación

ÁMBITO EUROPEO

I+D. Metas incumplidas en innovación

A pesar de algunos casos de éxito, Europa continúa perdiendo terreno en la carrera mundial por la innovación, en parte por la incapacidad para cumplir con sus objetivos de inversión en I+D desde el año 2000.

JORGE VALERO

@europressos

La partida de investigación y el desarrollo, a la que se añadió la innovación (I+D+i) lleva años anclada como una prioridad en la agenda europea. El impacto del Covid‐19 sirvió para resaltar más aún la importancia de respaldar estos sectores. El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea tras el virus. Porque Europa aspira a transformar su economía como no lo ha hecho en décadas, haciéndola más digital para intentar recuperar algo del terreno perdido frente a EEUU y China, y, sobre todo, para eliminar totalmente las emisiones netas de CO2 para 2050.

Transformación ecológica. Sin embargo, a pesar de planes estratégicos y pomposas declaraciones, la UE lleva 20 años fracasando en su esfuerzo por alcanzar el 3% de su PIB dedicado al I+D, primero incluido en la Agenda de Lisboa, y luego en la Agenda 2020. Europa dedica un 2,19% de su PIB a esta tarea, según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea de 2018.

Los fondos destinados a este capítulo están lejos de sus competidores, sobre todo en el apartado privado, mientras que los pujantes rivales asiáticos, como Corea del Sur y China, eclipsan no solo a Europa sino también a EEUU. “Si esto continúa así, Europa corre el riesgo de ser superada de manera irreversible”, concluyó la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

En juego está no solo la consecución de una meta. Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos que se logren para conseguir la reducción neta de emisiones a cero, mientras nuestras economías, poblaciones y necesidades no paran de crecer.

“Dado el tamaño del desafío y su naturaleza costosa, con un billón de euros movilizados para el Pacto Verde durante la próxima década, esto exige invertir cantidades récord en I + D si Europa quiere convertirse en el primer continente climáticamente neutral del mundo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señala el mismo informe comunitario.

Sin embargo, la UE también está perdiendo terreno en este frente tan importante para su futuro. Según datos de la agencia Bloomberg, EEUU está en cabeza en inversión en I+D relacionado con el clima, acercándose a los 12.000 millones de euros en 2018. China ya ha superado a la UE tras cuadriplicar en los últimos años su inversión en este frente, y ya supera los 8.000 millones de euros, mientras que el bloque comunitario no llega a esa cifra. Por eso, la Comisión advierte a los Estados miembros que tienen que mejorar el rendimiento de su gasto en innovación en este campo para aumentar la competitividad de estas tecnologías requeridas para completar la transición sostenible.

Diferencias nacionales. Las diferencias entre los Estados miembros resultan notables. Con una población del 6% del planeta, el gasto en I+D de la UE ha ido reduciéndose en relación con la inversión del resto del mundo, y representa el 17% del total mundial (cifras de 2017, siempre según datos de la Comisión). Este esfuerzo está sobre todo concentrado en las manos de Alemania, Francia e Italia, que conjuntamente representan el 61% de este gasto.

Tan solo Alemania dedica a I+D el mismo volumen que 24 Estados miembros. Por otro lado, son muy pocos los que llegan a la meta común, como Suecia, que supera el objetivo europeo con un 3,3%. Rumanía se queda en el 0,5%, según el último registro de 2018.

En el caso de España, el volumen dedicado aquel año tan solo llegó al 1,24% del PIB. Nuestro país es además uno de los que se marcó una meta inferior al 3% del PIB, ya que este objetivo debe ser alcanzado conjuntamente por todos los 27. El Gobierno español fijó hace diez años la meta del 2%.

A principios de 2020, la UE estaba aún muy lejos de su meta del 3%. Para alcanzar este objetivo, la Comisión estima que necesitaría invertir unos 110.000 millones este año. No obstante, Europa no ha permanecido estática. El porcentaje tan solo llegaba al 1,81% en el año 2000. Sin embargo, el empuje ha resultado insuficiente no solo para conseguir las metas fijadas, sino sobre todo para no perder la carrera en un mundo cada vez más competitivo, en el que el progreso tecnológico marcará la diferencia en la era digital.

En Corea del Sur, una de las naciones tecnológicamente más avanzadas, el gasto en I+D llega al 4,53% de su PIB, seguida por Japón (3,26%) y EEUU (2,83%). China ya invierte más del doble de la cantidad que dedicaba a esta partida en el año 2000, y se encontraba en 2018 a la par del ratio de la UE.

Las grandes diferencias en el gasto entre los países, dentro y fuera de Europa, se explica sobre todo por sus especializaciones industriales, la calidad de su entorno investigador, o el acceso a mercados tecnológicos integrados.

Contribución del sector privado. Estas diferencias en la composición de las economías marcan las grandes diferencias en la inversión privada en I+D, donde Europa pierde terreno frente a sus principales rivales. El sector empresarial es el principal pilar, con un 66% del gasto en 2018. Pero a pesar de las cifras notables y del progreso de los últimos años, es significativamente inferior al gasto dedicado en China, EEUU, Japón o Corea del Sur, lamenta la Comisión Europea.

Menos de la mitad del sector industrial europeo está vinculado con áreas de elevada intensidad innovadora, como las tecnologías de la información o la salud. En torno a un 40% está relacionado con áreas de intensidad innovadora media, como los automóviles. Mientras, un 80% de la industria estadounidense y más de la mitad en el caso chino están vinculadas a estos sectores con un elevado I+D.

No obstante, el gasto privado también depende del ecosistema económico e innovador que existe en los países, señala la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

Las empresas invertirán en aquellos lugares donde existen políticas que incentiven el gasto, como desgravaciones fiscales o subvenciones, donde existan suficientes recursos humanos y una buena infraestructura investigadora. Es decir, “la inversión del sector privado en un país determinado depende en gran parte del retorno que puede esperar y, por lo tanto, de las condiciones marco que existen”, apunta la Comisión.

La brecha entre Europa y sus principales rivales también queda reflejada en el nivel empresarial.

Los 2.500 principales actores industriales de todo el mundo aumentaron su inversión en I+D en un 8,9% el año pasado, similar a 2018. Las empresas de la UE representan 14 de los 50 principales inversores corporativos en I+D. Y aunque las empresas de la UE aumentaron su gasto en esta partida (5,6%), su esfuerzo fue muy inferior al de sus homólogas chinas (21%) y estadounidenses (10,8%), según el marcador de inversión industrial en I+D 2020, publicado por la Comisión en diciembre.

“Se necesita más inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en particular en la carrera mundial por el liderazgo tecnológico y en las transiciones verde y digital. Si queremos que Europa impulse la transición a una economía climáticamente neutra, debemos redoblar nuestros esfuerzos”, señaló tras la publicación de este informe la comisaría de Innovación, Mariya Gabriel.

El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea

Ayudas públicas

EL PRINCIPAL instrumento que utilizan los poderes públicos para respaldar la innovación son los incentivos fiscales. Según datos de la Comisión, en 2017 representaron el 55% del apoyo público al sector privado. Esta herramienta es especialmente utilizada por Holanda, Bélgica, Irlanda e Italia.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario indica que estos incentivos tributarios no resultan tan útiles para canalizar la inversión hacia prioridades y proyectos como si lo consiguen las subvenciones, aunque su proceso burocrático pueda resultar un obstáculo. Por eso, Bruselas recomienda utilizar una combinación adecuada de políticas públicas (incentivos fiscales y subvenciones) para poder dirigir la inversión privada hacia la sostenibilidad y los cambios sistémicos que encaramos.

En el capítulo de las ayudas públicas, una de las principales herramientas es el programa Horizonte 2020 de la UE, reforzado en el próximo presupuesto plurianual comunitario (2021-2027) hasta casi los 100.000 millones de euros.

Copiando el modelo del programa Apolo con el que EEUU llegó a la luna, la Comisión espera mejorar así el rendimiento del dinero invertido. Pero, en nuestro caso, la gran misión no es la conquista del espacio, sino la sostenibilidad de la Tierra. Porque, como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “el Pacto Verde es nuestra llegada a la Luna”.

Europa opina

Informe de la Comisión Europea sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020 (inglés).

Marcador 2020 de la Inversión Industrial de la UE en I+D (inglés).

Fondos europeos en España

LA HUELLA DEL GASTO europeo queda clara en países como España. El 60% de la inversión extranjera en I+D que recibimos procede de la Comisión Europea, mientras que por ejemplo en el caso de Holanda no llega al 10%.

Este peso de la ayuda europea resultará aún más evidente en los presupuestos españoles para 2021. España será uno de los grandes beneficiarios del estímulo adicional procedente del fondo de recuperación europeo frente a la pandemia, con 140.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y créditos blandos.

Gracias en parte a esta ayuda, las cuentas para 2021 incluirán un aumento de cerca del 80% respecto a las cuentas anteriores en la partida destinada a I+D+i, alcanzando los 11.483 millones de euros (un 2,5% del volumen total). De esta cantidad, casi la mitad (4.752 millones de euros) procederá de la UE.

Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos

«Europa sienta las bases de nuestro futuro», por Francisco Fonseca

ÁMBITO EUROPEO

FRANCISCO FONSECA,

director de la Representación de la Comisión Europea en España

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Europa sienta las bases de nuestro futuro

A estas alturas, a nadie le cabe la menor duda de que la pandemia del coronavirus es ya el acontecimiento histórico de las últimas décadas. Lo es, en primer lugar, por su dimensión sanitaria, por la tragedia de los miles de personas fallecidas y por el sufrimiento de todos los que han pasado la enfermedad o han tenido que adoptar severas medidas para preservar su salud y la de sus seres queridos. Y, en segundo lugar, por el impacto económico de las decisiones adoptadas para contener la expansión del virus.

Hemos puesto a prueba nuestros sistemas de salud, el estado de bienestar y la capacidad de nuestra economía y nuestro mercado de trabajo de afrontar un choque sin precedentes. España se encuentra entre los países más castigados por la crisis económica. La última previsión de la Comisión Europea ofrece una caída del PIB del 12,4 % para 2020. La tasa de paro se situaría ya en el 16,7%.

Ante este escenario, la Comisión Europea aprovechó de manera rápida y eficaz todas las oportunidades que nos brinda el presupuesto de la UE de manera urgente y flexible, apoyando el mantenimiento de los empleos y financiando los ERTEs a través de los más de 21.000 millones de euros para España del programa europeo SURE; apoyando la financiación de las PYMEs con 200.000 millones de euros o aprobando 240.000 millones más en líneas precautorias de crédito por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

La virulencia de la pandemia nos ha enseñado que la transformación de nuestra economía ha pasado de presentarse como una opción política, a convertirse en una exigencia para la consolidación de nuestro modo de vida europeo basado en la salud y la protección social. Y esto explica el gran salto adelante que hemos dado con el Marco Financiero Plurianual adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre último.

La transición verde, la digitalización y la economía al servicio de las personas serán los tres ejes directores de los presupuestos europeos para el período 2021‐2027, en los que se incluyen los 750.000 millones de euros del plan de recuperación, el NextGenerationEU, que no tiene precedentes en la UE, ni en importe, ni en rapidez y distribución para la inversión de los fondos. España va a ser uno de los máximos beneficiarios de este plan con más de 140.000 millones de euros, poniendo en valor el carácter redistributivo de los fondos europeos como catalizador de la recuperación económica, precisamente en aquellos países, regiones y sectores económicos que más están siendo golpeados por la crisis.

Como hemos insistido en los últimos meses, el presupuesto de la UE, junto con el NextGenerationEU, diseñado para impulsar de manera intensa la recuperación, serán el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,84 billones de euros para la reconstrucción de los sólidos cimientos de la Europa posterior a la COVID19.


“Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que,
sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá
más débil y protegerá peor a sus ciudadanos”


Más allá de la urgencia de la inversión en infraestructuras digitales o en proyectos de transformación verde, un capítulo emerge entre los más importantes del presupuesto de la UE: la inversión en investigación y desarrollo. La inversión en I+D es la plataforma sobre la que asentamos los pilares de nuestro crecimiento futuro. Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que, sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá más débil y protegerá peor a sus ciudadanos frente a los diferentes retos a los que se enfrenta.

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida” en expresión atribuida al Emperador Marco Aurelio.

Con solo un 7 % de la población mundial, Europa representa hoy un 20 % del total de inversión en I+D a escala global, es responsable de un tercio de las publicaciones científicas de alta calidad y ostenta el liderazgo mundial en sectores industriales como el farmacéutico, el químico o la ingeniería mecánica.

El programa de investigación señero del presupuesto europeo, el Horizonte 2020, ha sido hasta este año el mayor programa de investigación e innovación de la UE de todos los tiempos, con casi 80.000 millones de euros de financiación disponible en los últimos 7 años, sin contabilizar los fondos privados atraídos por la financiación pública.

Para su sucesor, el programa Horizonte Europa, la Comisión Europea ha propuesto aumentar su dotación hasta los 95.000 millones de euros a precios actuales, poniendo de manifiesto la voluntad decidida de la Unión Europea en este ámbito.

Estos fondos tienen el objetivo central de contribuir a apoyar la modernización de nuestras economías a través de la investigación e innovación; las transiciones climática y digital, a través de un gran apoyo a la investigación aplicada y a un partenariado público privado que juegue un gran efecto multiplicador; y, en fin, la preparación, recuperación y resiliencia de nuestras sociedades, a través del Fondo de Recuperación, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health.

En suma, estos Fondos se van a destinar específicamente a apoyar la recuperación y a permitir un mayor apoyo europeo a las actividades de investigación e innovación relacionadas en tres pilares fundamentales: la salud, incluida la lucha contra la COVID19; la acción por el clima, y la garantía que Europa tendrá su propia autonomía estratégica en la digitalización de nuestra economía y sociedad.

Todos estos recursos puestos a disposición de los investigadores son esenciales para que Europa no pierda su liderazgo en muchos sectores y sea, a su vez, punta de lanza en otros, a la vez que seamos capaces de proteger lo que nos caracteriza como sociedades europeas: la protección social y la calidad de nuestros sistemas de salud.

Europa se construye respondiendo con urgencia a los daños sanitarios, sociales y económicos que se producen, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo, pero también lo hace mirando hacia adelante, apuntalando los cimientos de nuestras sociedades futuras. Y esto solo puede hacerse teniendo como prioridad apoyar, junto con los países de la UE, la inversión en investigación y desarrollo.