Cuando se habla de las dificultades de acceso a la vivienda en España, la conversación deriva inevitablemente hacia la situación de los jóvenes. Y con razón: el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un obstáculo muy relevante para el inicio de su vida adulta. Los problemas de acceso se concentran en las grandes áreas urbanas y en los colectivos con menores ingresos, en particular los jóvenes y la población de origen extranjero.

La magnitud del esfuerzo

Los datos que reflejan esta situación son múltiples. La Encuesta Financiera de las Familias muestra que mientras en 2011 el 69% de los menores de 35 años tenían una vivienda en propiedad, en 2022 el porcentaje había caído al 31,8%. Las compras de los jóvenes de 18 a 35 años se han reducido en cerca de 20 puntos desde 2007, hasta el 22,4% de las adquisiciones de residentes en 2025. La razón es la magnitud del esfuerzo: según el Banco de España un hogar joven no propietario necesita en promedio 7,1 años de renta neta para comprar una vivienda mientras en la población en general no propietaria se sitúa en 6,8 años. La cifra que se dispara hasta 12-14 años en los jóvenes que quieres adquirir una vivienda en Madrid y Barcelona. La situación en el mercado del alquiler no es mejor: dos jóvenes que quisieran emanciparse compartiendo piso destinarían de media el 36,5% de su renta neta, con ratios cercanas al 50% en Madrid, Málaga, Barcelona o Valencia. Con estos números, la sorpresa no es que los jóvenes se emancipen tarde, sino que algunos consigan hacerlo.

Conviene, no obstante, mantener cierta perspectiva crítica. La caída de la proporción de jóvenes propietarios es un fenómeno generalizado desde los años noventa, especialmente intenso en los países anglosajones. La tasa de propiedad de los hogares jóvenes españoles entre 16 y 34 años, del 31,8%, sigue superando la media de la zona euro, del 26,3%, aunque la caída desde 2011 no tiene parangón entre los grandes países. Tampoco la relación entre precios y emancipación es tan mecánica como se supone: durante la burbuja, con precios disparados, la edad de emancipación bajó, y cuando los precios se hundieron a comienzos de la pasada década, subió rápidamente. El empleo estable y los salarios importan más que el precio de la vivienda, y pesan además factores culturales comunes a todo el sur de Europa. Pero estos matices no ocultan lo esencial: los precios reales de la vivienda crecieron un 9,7% en 2025, tras el 5,5% de 2024, muy por encima de la renta de los hogares, y el 67,1% de los menores de 35 años vivía con sus padres en 2025.

Anticipar la herencia

En este contexto, los datos más recientes ofrecen una paradoja. La Encuesta Financiera de las Familias de 2024 indica que la tasa de compra de vivienda principal de los menores de 35 años ha aumentado casi 5 puntos desde 2022, y el Notariado confirma que la proporción de viviendas adquiridas por jóvenes de 18 a 30 años ha pasado del 8,4% de 2022 al 9,6% de 2025. ¿Qué explica este cambio de tendencia justo cuando los precios se disparaban? La respuesta apunta a la Gran Sucesión de los «baby boomers», que han decidido no esperar a la herencia. En 2025 se formalizaron ante notario 225.662 donaciones, un 13% más que en 2024 y más del triple que en 2013. De ellas, 30.500 fueron donaciones de viviendas de padres a hijos, un 61% más que en 2019. Las donaciones dinerarias se han triplicado desde la pandemia: más de 62.000 operaciones en 2025, unos 5.500 millones de euros —el 0,3% del PIB—, con un donatario típico menor de 35 años que recibe entre 15.000 y 40.000 euros para la entrada de su primera vivienda.

La Encuesta sobre Expectativas del Precio de la Vivienda que dirigí en 2025 confirma el fenómeno desde la perspectiva de los compradores: alrededor del 25% declaraba haber recibido, o esperar recibir, ayuda familiar para la compra, 5 puntos más que en la encuesta comparable de 2005, en plena burbuja. Entre los compradores de 18 a 30 años la proporción alcanza el 44,5% en 2020-25, con máximos en 2024 y 2025. Un dato revelador: el 48% deberá devolverla, y las tasas son mayores en los niveles socioeconómicos altos. Ahí está el problema: la ayuda familiar es selectiva por definición. El quintil de renta superior representa ya el 35% de las compras, frente al 17% de los dos quintiles inferiores. La Gran Sucesión resuelve el acceso de una parte de los jóvenes al precio de consolidar la desigualdad entre quienes heredan y los que no.

¿Qué se puede hacer? El problema estructural es una oferta de vivienda muy inelástica. Entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de 750.000 viviendas y en 2025 se crearon 240.000 hogares frente a 92.000 viviendas terminadas. Las prioridades deberían ser agilizar el suelo y la gestión urbanística, multiplicar un parque público de alquiler que apenas alcanza el 1,5% del total frente al 7% de la OCDE, impulsar la construcción industrializada y la rehabilitación, y extender avales públicos al alquiler joven al estilo del Visale francés. En cambio, conviene ser escéptico con las políticas de demanda: las ayudas fiscales y los avales hipotecarios tienden a trasladarse a precios cuando la oferta es rígida, y los controles de alquiler acaban reduciendo la oferta futura.

La conclusión es doble. Para los jóvenes con familias acomodadas, la Gran Sucesión en vida ya funciona como política de vivienda privada. Para el resto —y para no consagrar una sociedad donde el acceso a la vivienda dependa de la lotería de la herencia—, no hay atajo: hacen falta empleo estable, salarios dignos y una oferta de vivienda a la altura de la demanda. Todo lo demás son parches.

En la sociedad española están convergiendo tres dinámicas que afectan de forma notable a nuestro modelo laboral. Una tiene que ver con la intensa generación de empleo hasta llevarnos al récord de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. La segunda es le evolución demográfica de nuestro marco laboral, con un crecimiento lento pero sostenido de la edad media de la población ocupada y asalariada. Y la tercera, es el disruptivo efecto de la revolución digital sobre la producción de bienes y servicios, por tanto, sobre el empleo, y de una forma más holística, sobre las formas de organizar el trabajo, comunicarnos, relacionarnos, etc.

Expulsados del mercado laboral

Estas tres dinámicas tienen y tendrán efectos múltiples, y a veces aparentemente contradictorios. Por ejemplo, en España varias comunidades autónomas se aproximan a situaciones de pleno empleo teniendo a la vez más población ocupada que nunca. No es una quimera que ese escenario se alcance en los próximos años a nivel de país, si se cumplen algunas variables por despejar (por ejemplo, el despliegue de la energía renovable y la electrificación de buena parte de nuestra economía, reduciendo dependencias y déficits externos, y constituyéndose como el gran factor de atracción de inversión productiva).

No es nada descabellado que esa evolución positiva del empleo, acompañada del citado envejecimiento de la población, más las dificultades de movilidad interna en nuestro país -en gran parte asociadas al precio de la vivienda-, incremente el número de vacantes en las empresas. Es decir, que existan verdaderas dificultades para encontrar trabajadores en determinados perfiles profesionales, y no solo en cualificaciones altas.

Pues bien, estas situaciones pueden ser compatibles con la paradoja de que personas en edades laborales avanzadas sean expulsadas del mercado de trabajo, con altas probabilidades de cronificar situaciones de paro de larga duración. No podemos resignarnos a ese escenario.

La razón de esta posibilidad tiene que ver con el fuerte impacto de la revolución digital y la Inteligencia Artificial en puestos de trabajo que se suponían más blindados a la amenaza de ser sustituidos por tecnología. También con la aceleración de los cambios, que hace que en numerosas ocasiones no sea sencillo anticiparse a las nuevas exigencias de competencias profesionales, nuevos perfiles formativos, etc. Y, por supuesto, con la visión extendida en muchas empresas de que a partir de los 50 años las personas trabajadoras no son empleables. No podemos asumir con normalidad que las personas a partir de los 55 años, o incluso antes, sean expulsadas de un mercado laboral al que no estén en condiciones de volver a acceder. Las transiciones justas de empleo, un fuerte impulso cualitativo a las políticas activas (formación, orientación…), y una política social que proteja rentas son vértices de un triángulo necesario.

Sesgo de género

En primer lugar, hay que aclarar algunas cuestiones para dimensionar bien la cuestión. En el primer trimestre de 2026, el 21,9% de la población activa tiene 55 o más años. El porcentaje de personas paradas en este tramo de edad se está incrementando sobre el total de personas desempleadas, sí. Pero la razón es que aumenta el peso de personas mayores de 55 años en el conjunto de la población activa, no que la tasa de desempleo de los “seniors” sea mayor que la general. De hecho, no lo es. Las personas mayores de 55 años desempleadas son el 10,27%, un porcentaje inferior a la media que es del 10,83%. Se mantiene un sesgo de género, ya que las mujeres mayores de 55 años arrojan una tasa de desempleo del 12,13%, un 3,55% superior a los hombres en ese tramo de edad.

Por otro lado, los salarios de las personas con 55 años o más son superiores a los de la media de la población trabajadora, y en general, la calidad de los empleos, también.  

Sin embargo, esta realidad contrastable no puede obviar aspectos cualitativamente muy relevantes. La gran mayoría de las personas desempleadas con más de 55 años lo es de larga duración. Más de 210.000 personas llevan un tiempo superior a dos años en búsqueda de empleo. Es decir, tenemos un problema y un riesgo cierto de cronificación del desempleo en las personas que pierden su puesto de trabajo en edades avanzadas, con lo que ello supone respecto a la cuantía de la pensión que percibirán cuando concluya su vida laboral.

Como señalaba al principio, hay que afrontar esto desde un fuerte impulso a la calidad de las políticas activas de empleo y a su accesibilidad, con especial énfasis en los colectivos que tienen más dificultad de reinserción laboral. Hablamos del acceso a los planes de formación permanente o la adecuación de competencias para enfrentar los retos que trae la digitalización aplicada cuando modifica el desempeño requerido en numerosos puestos de trabajo. De igual manera, hay que prever la posible desaparición de actividades, incluso algunas cualificadas, que la introducción de la IA acarrea en empresas muy diversas. Los procesos de adquisición y renovación de conocimientos y competencias que antes se vinculaban a la formación inicial y reglada, más la propia experiencia profesional, hoy requieren de sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y es necesaria una fuerte acción pública para que estos procesos lleguen con equidad a todas las personas, y no solo a quienes trabajan en grandes empresas o en sectores con tradiciones formativas asentadas. Los agentes sociales debemos jugar ahí un papel determinante.

Protección de rentas

Por último, hay que actualizar nuestros sistemas de protección de rentas, y de herramientas para facilitar el acceso a la jubilación con fórmulas como los contratos de relevo, que procuren una renovación no traumática de las plantillas, y no solo para las grandes empresas con gran músculo financiero. De igual manera el envejecimiento de la población trabajadora está teniendo consecuencias en la salud de numerosas personas. Los coeficientes reductores para profesiones donde el trabajo tiene especial incidencia en la salud deben actualizarse.

En definitiva, España debe afrontar la aparente paradoja de ser un país que avance en la generación de empleo, incluso de empleo de más calidad, pero que a la vez contemple como se cronifica en el desempleo una parte de las personas trabajadoras de mayor edad. El enorme caudal de conocimiento, de saber hacer, y la propia dignidad laboral y vital de estas personas requieren una visión específica dentro de las políticas públicas.

Durante años, la tokenización fue considerada una innovación atractiva pero todavía prematura. Ese escenario, a mi juicio, ha cambiado de forma sustancial.

En 2025, el mercado global de activos tokenizados superó los cientos de miles de millones de dólares entre stablecoins, bonos tokenizados, fondos monetarios tokenizados y activos del mundo real (RWAs). Grandes instituciones globales ya están emitiendo productos reales sobre infraestructuras blockchain. En paralelo, Europa ha activado marcos como MiCA y el DLT Pilot Regime, mientras España ha comenzado a habilitar estructuras compatibles con esta nueva arquitectura financiera.

El resultado es claro: la tokenización está dejando de ser una narrativa de innovación para convertirse en infraestructura financiera operativa.

¿Qué es la tokenización?

Tokenizar un activo significa digitalizar, mediante tecnología blockchain, determinados derechos, típicamente económicos, sobre dicho activo. El token es la unidad digital que representa ese derecho. Puede reflejar una fracción de un bono corporativo, una obra de arte, un lingote de oro, acciones de una sociedad o cualquier otra forma de valor.

La tokenización no altera el activo, pero sí transforma la forma de emitir, registrar, distribuir y negociar el valor asociado.

Las implicaciones son profundas. La automatización mediante contratos inteligentes, la trazabilidad de las transacciones, la divisibilidad de la oferta o la liquidación casi instantánea reducen tiempos y costes operativos, aportan transparencia y amplían el acceso tanto a inversores institucionales como minoristas.

Día a día hablo con empresas que ven en la tokenización una fórmula de financiación más flexible, directa y adaptada a la realidad económica de su proyecto. Para la industria financiera representa al mismo tiempo una oportunidad y una necesidad competitiva. La cuestión ya no es si incorporar esta innovación, sino con qué infraestructura y con qué garantías regulatorias hacerlo.

El gran punto de inflexión: la regulación

La entrada en vigor del Reglamento MiCA ha dotado a Europa de un marco jurídico sólido para los criptoactivos. En paralelo, en el ámbito de los instrumentos financieros tokenizados, la consolidación de MiFID II junto con el desarrollo del DLT Pilot Regime representa un avance decisivo en la Unión Europea. En conjunto, estas normas configuran, por primera vez, un entorno regulatorio completo y operativo para la tokenización de activos reales en Europa.

En España también se han producido avances muy importantes. La reforma de la Ley del Mercado de Valores incorporó la función de la ERIR (Entidad Responsable de la Inscripción y Registro) para el registro electrónico de valores negociables tokenizados, dotándolos de pleno reconocimiento jurídico.

Para notarios, registradores e instituciones públicas, esta realidad ya no es una promesa tecnológica, sino un hecho jurídico operativo.

Token City

Desde Token City hemos comprobado de primera mano cómo esta evolución normativa está acelerando la adopción del mercado. Token City se ha consolidado como uno de los actores de referencia de la tokenización regulada en España al haber proporcionado la infraestructura sobre la que se han ejecutado algunas de las operaciones más pioneras del mercado nacional. Entre ellas destacan el primer bono tokenizado, la primera sociedad anónima tokenizada, la primera plataforma de crowdfunding tokenizada o el primer bono hipotecario tokenizado.

Con un enfoque abierto y colaborativo hacia la industria financiera, estamos tejiendo alianzas con entidades de primer nivel, a las que proporcionamos infraestructura especializada para la gestión de instrumentos tokenizados. Así, por ejemplo, aunque contamos con autorización propia de la CNMV como ERIR, también ponemos esta capacidad al servicio de otras instituciones que desean operar en este ámbito con agilidad y garantías. Este ha sido el caso de URSUS-3 Capital y, más recientemente, de Bestinver.

Como Agencia de Valores, desde Token City Exchange AV añadimos además una capa institucional diferencial: canalizamos la colocación de instrumentos financieros tokenizados entre inversores y, en los próximos meses, lanzaremos una Bolsa de Valores tokenizada para dotar de liquidez a estos activos. Esto sitúa a Token City como una de las pocas plataformas capaces de ofrecer una solución integral: estructuración, emisión, registro, distribución y negociación secundaria en un mercado regulado.

Tras años abriendo camino y armando un puzle complejo en el que debían encajar piezas tecnológicas, regulatorias y económicas, vivir hoy la adopción real y creciente del mercado es gratificante.

Una oportunidad histórica

Nos encontramos ante una oportunidad histórica para conectar de forma más eficiente el ahorro con la inversión productiva, modernizar las infraestructuras financieras y abrir nuevas vías de crecimiento para miles de empresas que necesitan acceso a capital en condiciones más ágiles y competitivas.

Como en toda gran transformación económica, la ventaja será para quienes sepan anticiparse. El capital está cambiando de forma, y el liderazgo corresponderá a quienes sepan acompañar ese cambio con seguridad jurídica, confianza institucional y capacidad real de ejecución.

Una empresa familiar se enfrenta a dos tipos de retos para garantizar su continuidad: los propios de cualquier empresa que opere en el mercado y los específicos de su carácter familiar, aunque todo ello aparece oportunamente compensado porque en caso de una buena gestión la empresa familiar no sólo se beneficia de la misma sino también de los factores positivos adicionales que le reporta su carácter de familiar.

En este sentido, puede desaparecer por los mismos motivos que cualquier otra empresa: tamaño insuficiente, tecnología inadecuada, planificación errónea, carencias de capital financiero, falta de adaptación en el mercado, y en general, cualquier otra deficiencia de gestión.

Política económica

Sin embargo, y desde el punto de vista de la supervivencia, la experiencia disponible demuestra que la desaparición de empresas familiares suele estar relacionada más directamente con una serie de factores diferentes a los que acabamos de exponer: los que se derivan directamente de su carácter familiar y los que son consecuencia directa de la política económica.

En el ámbito de las empresas familiares, podemos referirnos a problemas de tipo financiero como, por ejemplo, la incapacidad de incorporar capital para crecer, internacionalizarse o mejorar tecnológicamente sin diluir la participación de la familia en la propiedad, o la incapacidad para congeniar adecuadamente la necesidad de liquidez de la familia y la necesidad de capitalización de la empresa.

En una línea muy parecida podríamos considerar las dificultades para atraer, motivar y retener a ejecutivos profesionales no familiares, que permitan introducir las mejoras necesarias en orden a modernizar la empresa y adaptarla a unos mercados cuya velocidad de cambio cada vez es más explosiva.

Problemas familiares

Pero por encima de todo se encuentran los problemas estrictamente familiares, entre los que destacan la resistencia por parte de las generaciones en el poder para renunciar en el momento oportuno, las rivalidades entre miembros de la generación al mando que dificultan la consecución de acuerdos sobre la elección del sucesor o sucesores, o la incapacidad de distinguir adecuadamente entre los distintos roles de familiar, propietario y gestor de la empresa que en muchas ocasiones desempeñan varias personas pertenecientes a la familia.

En la práctica el problema número uno consiste en garantizar la continuidad de la empresa familiar a través de un proceso eficiente de sucesión generacional. Obviamente, cada empresa y cada familia son un mundo aparte, y por lo tanto no se puede generalizar, pero la experiencia demuestra que existen unas prácticas recomendadas que resultan extremadamente útiles para proteger el futuro de la empresa: la decisión de aceptar el relevo generacional en el momento oportuno, y la planificación estratégica con mucha antelación del proceso en sí. En este sentido, la existencia de períodos de bastón de mando compartido en los cuales la vieja y la nueva generación gobiernan conjuntamente, junto con la protocolización de órganos de gobierno y accionistas junto con el rol de la familia en la empresa, son instrumentos que adecuadamente canalizados ayudan enormemente a incrementar la trayectoria vital de las empresas familiares.

Obstáculos

Desde el punto de vista de la política económica, una observación detallada de la demografía empresarial nos permite apreciar que las cifras muy significativas de creación de empresas conviven con una elevada tasa de mortalidad de las mismas. Esta última se concentra en las empresas de más reciente creación, lo que sugiere que más allá de las clásicas barreras de entrada, existen importantes obstáculos a la consolidación empresarial. Por dicho motivo, el riesgo de desaparición de una empresa disminuye en la medida en que aumenta su antigüedad, lo que aconseja que la política económica priorice aquellas medidas que contribuyan a superar el periodo crítico de los primeros años de existencia de la empresa.

Para ello es preciso formular políticas que impulsen el nacimiento y consolidación de empresas (reducir regulaciones, eliminar barreras fiscales, facilitar el acceso a la financiación, incentivar I+D+i, etc.). Pero al mismo tiempo hay que tener presente que las características propias de las empresas familiares suponen una ayuda muy importante para superar los años críticos de supervivencia, por lo que es necesario diseñar un marco económico y legal orientado a favorecer la cultura de la empresa familiar, a facilitar su creación y a ayudar a su supervivencia.

Ante la evidencia, sobradamente probada, de la existencia de una correlación positiva entre aumento del número de empresas y crecimiento económico, es evidente que el futuro de la economía española descansa, en buena medida, en manos de las empresas familiares.

Sin empresas familiares que nazcan, crezcan y se transmitan a través de las generaciones no es posible garantizar la estabilidad y crecimiento de la economía a largo plazo. Todas las medidas que se adopten para favorecer la creación, consolidación y continuidad de las empresas familiares, configurarán una política económica acertada y efectiva en pro de un incremento del bienestar social.