La seguridad jurídica del alquiler

EN ESTE PAÍS

La seguridad jurídica del alquiler

España advierte que el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles.
CARLOS CAPA
La falta de viviendas es un problema social de primera magnitud que afecta de manera singular a los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienen graves dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada, como la que establece el artículo 47 de la Constitución Española. Esta situación está generando tensiones en el mercado del alquiler.

Los inquilinos se enfrentan a precios que han crecido muy por encima de los salarios en las últimas décadas, especialmente en áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. En el otro lado, los propietarios se quejan de una regulación que les genera inseguridad jurídica, lo que desincentiva que pongan sus inmuebles en alquiler.

Un reciente estudio del Banco de España señala que este contexto ha creado un círculo vicioso. Los propietarios son más reacios a alquilar, lo que reduce la oferta disponible y, en consecuencia, aumenta la presión sobre los precios.

 


RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA NO ES TAREA EXCLUSIVA DE UN ACTOR. ES NECESARIO UN ENFOQUE COLABORATIVO


 

La seguridad jurídica, entendida como un marco legal claro, estable y predecible que proteja los derechos de los propietarios sin menoscabar los de los inquilinos es una pieza clave. Esto incluye la garantía del cobro de rentas, la facilidad para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento del contrato, y la certeza de que las regulaciones no cambiarán de forma abrupta.

Presión insostenible

El informe del Banco de España (BdE) señala que la presión sobre el mercado de la vivienda no proviene únicamente de la falta de oferta, sino también del incremento constante de la demanda impulsado por factores como el crecimiento demográfico, producto en gran medida de un aumento significativo en la llegada de inmigrantes; del cambio de patrones de comportamiento social de los jóvenes, que sufren una fuerte restricción de acceso al crédito hipotecario; o del creciente atractivo turístico de España, que hace que la inversión extranjera ponga sus ojos en el parque inmobiliario.

El regulador advierte que, de no tomarse medidas inmediatas para aumentar la oferta y garantizar un mercado más equilibrado, el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles. La previsión de 500.000 unidades de déficit hasta 2025 es un claro indicativo de la necesidad de políticas que incentiven tanto la construcción de nueva vivienda como la movilización de inmuebles vacíos.

Así, el Banco de España subraya que esta falta de seguridad jurídica ha tenido un impacto directo en la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Muchos propietarios optan por mantener sus inmuebles vacíos o venderlos en lugar de arriesgarse a enfrentarse a procedimientos largos y costosos para resolver conflictos con los inquilinos.

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2024, de 14 de mayo, que prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, ha provocado profunda inquietud entre los arrendadores. La medida destinada a proteger a inquilinos en difíciles circunstancias ha tenido, como efecto perverso, desincentivar a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas, por miedo a enfrentarse a largos procesos legales en caso de tener que recuperar la posesión del inmueble.

 


LA CREACIÓN DE UN MERCADO DEL ALQUILER DINÁMICO Y SOSTENIBLE REQUIERE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y UN COMPROMISO FIRME DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS


 

Lograr el equilibro

El BdE sugiere que es posible encontrar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios, de manera que se logre un mercado de alquiler más dinámico y accesible. Para ello, propone revisar las normativas vigentes, simplificar los procedimientos legales y, al mismo tiempo, asegurar mecanismos de protección adecuados para las partes involucradas.

En los últimos meses se han dado algunos pasos legislativos en la dirección de proteger al arrendador. En concreto, el Congreso está a punto de aprobar la llamada Ley Antiokupas (técnicamente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que convertirá en express el actual procedimiento de desalojo de ocupaciones ilegales. Este cambio consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada (art. 202 CP) y usurpación de morada (Art.245 CP) a la LECrim, para que pasen a ser juzgados mediante un procedimiento abreviado. Es decir, los juicios que antes se extendían durante meses ahora se resolverán en un plazo máximo de 15 días y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán actuar con mucha mayor agilidad cuando se produzca uno de estos casos.

Resolver el problema de la vivienda en España no es tarea exclusiva de un actor. Es necesario un enfoque colaborativo que involucre al sector público, los propietarios, los inquilinos y las empresas privadas. El Banco de España ha señalado que garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores es un primer paso esencial, pero no suficiente por sí solo. La creación de un mercado del alquiler dinámico y sostenible requiere una visión a largo plazo y un compromiso firme de todas las partes interesadas.

El Banco de España resalta que, para que haya más viviendas en alquiler, es crucial que los propietarios perciban una estabilidad jurídica que les garantice recuperar sus inmuebles en casos de impago o mal uso de las mismas. Esta certeza legal es, según el BdE, un elemento esencial para dinamizar este mercado y evitar la especulación que surge en contextos de oferta limitada.

El informe del Banco de España pone de relieve una realidad innegable: la falta de seguridad jurídica para los arrendadores es uno de los factores clave detrás del desequilibrio del mercado de alquiler en España. La combinación de una demanda creciente y una oferta insuficiente ha llevado a un aumento descontrolado de los precios y un déficit habitacional que, de no abordarse, alcanzará proporciones críticas en los próximos y no muchos, años y por lo tanto garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores no sólo es una medida justa, sino también una estrategia necesaria para fomentar un mercado más accesible y dinámico.

 


EL BANCO DE ESPAÑA RESALTA QUE PARA QUE HAYA MÁS VIVIENDAS EN ALQUILER ES CRUCIAL QUE LOS PROPIETARIOS PERCIBAN UNA ESTABILIDAD JURÍDICA


 

En este sentido, debería estudiarse establecer medidas que ofrezcan garantías económicas a los propietarios en caso de incumplimientos contractuales; garantizar que los contratos de arrendamiento sean claros y estén protegidos por la ley; o la creación de un registro único de arrendamientos para aumentar la transparencia y proporcionar una base de datos accesible que ayude a resolver conflictos de manera más rápida y eficiente.

Proteger los derechos de los arrendadores no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también contribuiría a estabilizar el mercado del alquiler en España, creando un entorno más seguro y atractivo para ambas partes.

Es, sin duda, este un asunto tan urgente, como complejo.

Reforma legal
El Banco de España es diáfano en señalar a los poderes públicos que es necesario reformar el marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, sin perder de vista la protección a los inquilinos. Este equilibrio se puede lograr mediante un diálogo abierto entre autoridades, propietarios e inquilinos, que permita diseñar políticas que atiendan las necesidades de todos los actores del mercado.
Es necesario un marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler.
Mirando a los vecinos
Países como Alemania y los Países Bajos han implementado con éxito modelos que combinan incentivos fiscales, regulación equilibrada y colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda sin comprometer la seguridad jurídica de los propietarios.
PARA SABER MÁS
Informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler en España
Texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023
Reportaje sobre la vivienda del nº 149 de Escritura Pública

Titularidad real: el gran desafío en la lucha contra el blanqueo

ENTRE MAGNITUDES

Titularidad real: el gran desafío en la lucha contra el blanqueo

Los titulares reales de las empresas se esconden utilizando sociedades pantalla.
Conocer a los titulares reales tras las empresas y sociedades es uno de los mayores retos en la lucha contra el blanqueo de capitales. Para poder hacerle frente, los expertos abogan por seguir trabajando en cuatro aspectos fundamentales: integrar las distintas bases de datos existentes en un único registro central, implementar herramientas tecnológicas que permitan el filtrado y análisis del big data, ampliar la información disponible de los sujetos obligados y desarrollar un trabajo de campo que apoye la labor de investigación.
ALEJANDRO MOYA BLAY

Así lo constataron representantes de las administraciones públicas, miembros de organismos de control y prevención, autoridades de la Policía Judicial y la Guardia Civil, el Notariado, los registros y otros sujetos obligados, que se dieron cita para debatir sobre los retos presentes y futuros en la transparencia de la titularidad real en el seminario organizado por el Consejo General del Notariado, Transparencia Internacional España y la Fundación Ortega-Marañón.

En su discurso inaugural, José Ángel Martínez Sanchiz, entonces presidente del Consejo General del Notariado, destacó que “desde el año 2005, el Notariado contribuye activamente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de su Órgano Centralizado de Prevención (OCP). Hace más de doce años pusimos en marcha nuestra Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), pionera en Europa, para ayudar a las autoridades competentes a la identificación de los titulares reales”. Y subrayó que “estas prácticas son una lacra del mundo moderno: no es delincuencia de cuello blanco, sino que detrás se encuentran las realidades más desagradables”.

Sin huecos a la opacidad

También en la apertura, David Martínez García, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, destacó que, en los últimos años, “la comunidad internacional ha avanzado en este terreno, aunque todavía quedan cuestiones en las que trabajar para conformar un sistema donde no dejemos huecos a la opacidad y a la utilización de sociedades pantalla”. “Filtraciones como los Papeles de Panamá y Pandora acentúan la necesidad de actuar con firmeza para garantizar que la información sobre los verdaderos propietarios de las personas jurídicas sea precisa y accesible”, afirmó.


JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “HACE MÁS DE DOCE AÑOS PUSIMOS EN MARCHA NUESTRA BASE DE DATOS DE TITULARIDAD REAL (BDTR), PIONERA EN EUROPA”


La jornada se articuló en torno a dos mesas de debate en las que los panelistas enfatizaron la importancia de la cooperación entre organismos públicos y privados y la colaboración entre instituciones y sujetos obligados. En la primera mesa se abordaron los desafíos relacionados con la calidad y el acceso a los datos de los registros públicos y los retos tecnológicos y legales en la implementación del nuevo Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR).

En este sentido, Antonio Fuentes, subdirector general del Notariado y de los Registros -del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes-, señaló que “los desafíos que vienen son mucho mayores que los actuales. Tenemos más de 100 bases de datos a integrar en el RCTIR, con información de todas las personas jurídicas españolas, algo sumamente complejo. Estamos inmersos en el volcado de todos esos datos de manera paulatina y homogénea, bajo una estructura común”.

Asimismo, Sergio Tresguerres, del Tesoro Público, reflexionó sobre el cambio de paradigma que implica el nuevo paquete normativo sobre la titularidad real en Europa, “que pasa de ser algo complementario a esencial en la lucha contra el crimen financiero”; Francisco Córcoles, representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), recordó que “el objetivo de las políticas que aplicamos no es prevenir el blanqueo, sino -a través de esto- evitar la actividades delictivas”; y Carlos Balmisa, del Colegio de Registradores de España, destacó la necesidad de avanzar en blockchain, alertas automatizadas e inteligencia económica.


DAVID MARTÍNEZ GARCÍA: “QUEDAN CUESTIONES
EN LAS QUE TRABAJAR PARA CONFORMAR UN SISTEMA DONDE NO DEJEMOS HUECOS A LA OPACIDAD Y A LA UTILIZACIÓN DE SOCIEDADES PANTALLA”


Por su parte, Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), incidió en la relevancia de la Base de Datos de Titular Real del Notariado, “que cuenta con información de más de tres millones de personas jurídicas”. “Los notarios autorizan nueve millones de operaciones al año y, de ellas, cerca de 1.000 operaciones diarias pueden afectar a la titularidad real. Nuestro reto es tener el mayor volumen posible de informacion acreditada, útil y veraz de aquellas sociedades que cumplen con sus obligaciones legales para dedicar nuestros esfuerzos a ese porcentaje mínimo de empresas que crean con el objeto de cometer un delito”, aseveró.

La base del Notariado

En la segunda mesa redonda, autoridades y sujetos obligados reafirmaron la utilidad de la BDTR del Notariado en las investigaciones, cuyos datos se complementan con la actividad operativa de las unidades, “que nos da información que no se encuentra en ninguna de las bases”, sostuvo Fernando Palomo, subteniente de la Guardia Civil.

Por su parte, Silvia Orna, inspectora jefe de la Policía Judicial, señaló que resulta clave conocer no solo la titularidad “de derecho” sino también la “de hecho” y apuntó: “Nuestro mayor reto es el big data; tener instrumentos para tratar la gran cantidad de datos que recibimos. En la Policía hemos creado una nueva división de Transformación Digital para abordar estas cuestiones”. En esta línea, Alberto Thiery, representante de la Agencia Tributaria, explicó cómo el empleo de herramientas de inteligencia artificial, como su sistema “ZUJAR”, permite identificar patrones y generar un informe sobre la titularidad real en segundos.

María de la Luz Gómez Rabasco, directora de Cumplimiento Normativo del banco CBNK, remarcó la importancia de la investigación, que permite en muchas ocasiones descubrir “que el titular real que teníamos identificado no es la persona que realmente controla el entramado”. Mientras que Francisco Martín Casares, responsable del área de prevención en Anticipa Real Estate, manifestó que “los sujetos obligados nos encontramos en una situación paradójica y compleja porque no podemos cumplir con la normativa”, que exige un seguimiento completo de las relaciones comerciales en los últimos diez años. “Tenemos los medios que tenemos -continuó- y, en lo local, nos manejamos razonablemente bien, pero hay terceros con los que es mucho más complicado comunicarse”.

Al cierre de la sesión, David Martínez García recordó que “las autoridades nacionales no deberían ser las únicas con acceso a los registros”, sino que organismos internacionales, entidades obligadas, inversores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil “necesitan acceder a estos datos para descubrir los flujos financieros ilícitos y localizar posibles transacciones sospechosas en todo el mundo”.

Diligencia debida de los sujetos obligados

Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), ofreció una charla-taller sobre la diligencia debida de los sujetos obligados, en la que explicó el funcionamiento de la base de datos del Notariado y puso en valor los avances tecnológicos logrados. «Los notarios tienen la obligación de preguntar y conocer quién es el titular real de la sociedad sobre la que se realiza un acto jurídico. El notario consulta la Base de Datos de Titularidad Real, verifica la información y, en función de que la operación tenga mayor riesgo o los datos no sean coherentes, le solicita al cliente la documentación que considere oportuna”, apuntó.

“En el año 2010 -prosiguió- empezamos a guardar el gran volumen de información que nos remitían los notarios españoles. No era complicado almacenarla porque todas las operaciones que autorizan se graban de manera centralizada y electrónica mediante el Índice Único Informatizado Notarial. Además del desafío tecnológico, nuestro reto entonces era conocer la titularidad real de manera eficiente y rápida. Hoy, nuestro sistema es capaz de calcular al momento quién es el titular real de una persona jurídica».

De izda. a dcha.: Francisco Córcoles, Antonio Fuentes, Carlos Balmisa, Sergio Tresguerres, Mariano García Fresno y Ailén Rubio (TI-España).
De izda. a dcha.: Alberto Thiery, Silvia Orna, Fernando Palomo, María de la Luz Gómez, y Francisco Martín y Camila Cella (TI-España).

Objetivo final: las personas físicas

Además de monitorizar los movimientos de las personas jurídicas, los expertos coincidieron en la importancia de no dejar al margen a las personas físicas. Francisco Martín Casares, responsable del área de prevención en Anticipa Real Estate, reivindicó que “nos encontramos con muchas operativas indiciarias donde el problema de la titularidad real no es una persona jurídica sino una persona física”.

En este mismo sentido, Alberto Thiery, representante de la Agencia Tributaria, declaró que desde esta agencia se realizan planes anuales de investigación: “Buscamos la titularidad real de las personas jurídicas porque estamos tras la persona física: ese es nuestro objetivo final. Son personas físicas quienes utilizan todos esos entramados societarios”.

OJO AL DATO

En junio de 2024 se constituyó la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo y la Financiación del Terrorismo, que recientemente ha lanzado su página web, que incluye información actualizada sobre la nueva normativa europea en materia de prevención.

El Ministerio de Justicia está ultimando la total disponibilidad del Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR), creado en septiembre de 2023. Un registro único para todo el territorio nacional que pretende integrar las diferentes bases de datos existentes.

«¿Cómo lucha el Notariado contra el blanqueo de capitales?», por Pedro Galindo

ENTRE MAGNITUDES

PEDRO GALINDO,

director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado

“El sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro a nivel internacional”

¿Cómo lucha el Notariado contra el blanqueo de capitales?

En la crónica de tribunales de cualquier medio nacional o internacional todos los días alguien es imputado o condenado por blanqueo de capitales. Esas noticias se acompañan casi siempre de gráficos que muestran cómo se ha intentado disimular el origen ilícito de los bienes utilizando sociedades nacionales u off shore, criptoactivos, dinero en efectivo, licencias de VTC, etc. Pocas veces aparece algún artículo que aborda el complejo problema de la financiación del terrorismo y aún menos de las consecuencias de la exportación de material de doble uso a países sancionados. También la guerra en Ucrania nos ha recordado que existen personas físicas y jurídicas con sanciones financieras internacionales cuyos activos deben ser inmovilizados o ‘congelados’.

Casi todas las actividades descritas tienen patrones similares. Siempre existe una organización criminal que genera activos en la que no solo se integra quien materialmente comete el delito precedente, sea tráfico de drogas, de personas, armas o cualesquiera otras actividades ilegales, sino que también encontramos en organizaciones criminales estructuras jurídicas y económicas diseñadas a través de las que se blanquean ingentes sumas de dinero. No solo lava dinero quien comete el delito precedente o subyacente, sino quien desde un despacho colabora en que ese dinero vuelva a la actividad económica disimulando su oscuro origen. Si de financiación del terrorismo se trata, la actividad es parcialmente distinta ya que, a diferencia del blanqueo de capitales, donde se lava lo que es sucio en origen, en financiación se oscurece lo que suele tener un origen legal, por ejemplo, una donación a una fundación de ayuda a viudas de guerra en Oriente Medio.

En estas actividades ilícitas siempre hay un elemento común: la utilización de múltiples sociedades o personas jurídicas no societarias, nacionales o extranjeras, para dificultar el rastro hasta el origen y, de ese modo, alejar al delincuente del beneficio económico obtenido.

La presencia de múltiples sociedades ha planteado el arduo problema de conocer quién es el beneficiario último -titular real- de esos vehículos societarios o personas jurídicas no societarias, lo que es enormemente complejo, máxime en un delito de componente transnacional, al emplear sociedades de diversas jurisdicciones.

Además, tal conocimiento es difícil no solo por la disparidad de regímenes legales en materia de prevención de blanqueo, sino por la laxitud regulatoria en la creación de esos vehículos societarios. No es infrecuente leer en periódicos e incluso en artículos especializados que se deben eliminar o simplificar las barreras de entrada en la creación de esas sociedades. Restricciones que se identifican con la presencia de funcionarios públicos que intervienen, precisamente, en el momento más importante: cuando la sociedad se crea, y es preciso conocer la identidad de los socios, administradores y controlar el objeto social.

En 2019, en el ámbito de la Unión Europea, se aprobó una Directiva que dejaba a decisión de los Estados miembros la posibilidad de que en la denominada constitución en línea o sin presencialidad, se mantuvieran instrumentos que permitieran conocer de manera indubitada quién era el titular real al tiempo de la constitución de una sociedad. España optó por mantener en dicho momento al notario como elemento central. Tal elección no fue casual.

En España, desde el año 2012, existe una Base de Datos de Titularidad Real extraída de la información obrante en las escrituras públicas de constitución, transmisión de capital, sea a título oneroso o gratuito, reducción o ampliación de capital y disolución y extinción, que permite indubitadamente conocer quién es el titular real. Ese dato es auténtico, en el sentido de que proviene de un concreto documento público y preconstituye prueba ya que, quien no esté de acuerdo, ha de demostrar lo contrario. Ese sistema denominado de titularidad real acreditativa está basado en la intervención de un funcionario público, el notario, y en un documento público, por lo que la calidad del dato está verificada en origen.

Frente a tal sistema, están los meramente declarativos, esto es, aquellos basados en la declaración, muchas veces online, y siempre sin control alguno, que hace el administrador o el secretario del consejo de administración a un registro, sea mercantil, o específico de titularidad real. Este tipo de registros carecen de la calidad de la Base de Datos de Titularidad Real, pues no hay nadie que en un registro mercantil verifique si la manifestación es correcta. Desgraciadamente, este sistema se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico exigiendo que se declarara la titularidad real cuando se depositan cuentas, lo que tiene escaso valor, pues al registrador le es imposible verificar la veracidad de tal declaración.

El reciente paquete legislativo anti blanqueo aprobado este año en la Unión Europea se asienta en un esquema mixto. Ordena a las personas jurídicas, sean sociedades o de otro tipo, que mantengan actualizada la información de titularidad real y que, en su caso, actualicen los Registros Centrales de Titularidad Real. Tal esquema, basado en la honestidad de los integrantes de la persona jurídica, es un sistema mínimo de eficacia muy limitada, pues recuerda lo que sucede con el libro registro de socios, esto es, que muchas veces no existe y, si se lleva, se actualiza cuando, por ejemplo, Hacienda pide información.

Por ello, a nivel internacional el sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro y guía que seguir, pues no existe una manifestación, ni se hace horas antes de que sea preciso declarar quién sea titular real. Lejos de ello, se basa en la información de documentos públicos que permiten en todo momento seguir quién era el titular real de una participación y a quién se la vendió, como si de un inmueble se tratara, lo que es imposible en sistemas declarativos como, desgraciadamente, se efectúa en España ante el Registro Mercantil.

Desde esta perspectiva, resulta sorprendente la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 10 de octubre de 2024, ya que confunde los efectos de una manifestación al tiempo del depósito de cuentas acerca de quién sea el titular real, con la información veraz derivada del tracto sucesivo obrante en documentos públicos notariales. Olvida el TS que una manifestación efectuada en un depósito de cuentas en modo alguno es verificable por el registrador mercantil, al contrario de lo que, por ejemplo, sucede con una escritura pública de compraventa de participaciones, pues quien vende, dona o hereda ha de acreditar que quien transmite o a quien sucede era propietario.

España volverá a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2027. Esperemos que para esa fecha los efectos derivados de la inclusión de una mera manifestación al tiempo de depositar cuentas se hayan subsanado, pues en otro caso España, que era un ejemplo a seguir, puede convertirse en el paradigma de un problema, al coexistir información sobre una misma sociedad proveniente de diversas fuentes, información que, sin embargo, es evidente que no tiene idéntica calidad, pues una manifestación en documento mercantil -depósito de cuentas- no tiene el carácter auténtico de la que se deriva de un conjunto de documentos públicos notariales.

La Palma: Tres años tras la erupción del volcán

EN ESTE PAÍS

T E N E R I F E 2 0 2 4

Tres años tras la erupción del volcán

FOTO: ENRIQUE ROJAS
REDACCIÓN
En septiembre se cumplieron tres años de la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, en la Isla de La Palma, un fenómeno geológico que dejó 1.200 hectáreas dañadas, 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas destruidas.

Entre los palmeros afectados, muchos no contaban con escrituras públicas que avalasen que lo perdido era suyo y para ayudarles a acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, el Consejo General del Notariado, en colaboración con los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, abrió tres notarías provisionales en los municipios afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

 


NIEVES LADY BARRETO: “GRACIAS A LA LABOR DE LOS NOTARIOS HOY PODEMOS ESTAR HABLANDO DE ABONAR A LAS PERSONAS AFECTADAS EL VALOR DE LAS PROPIEDADES QUE PERDIERON”


 

A estas notarías llegaron más de 50 notarios voluntarios de toda España que, tras un año de trabajo incesante, autorizaron más de mil actas de notoriedad que permitieron a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían para el cobro de los seguros y ayudas correspondientes.

Además, según explica el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé: “Sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos por lo que les prestamos asesoramiento gratuito adaptado a cada caso”.

Finalizada esta labor, los más de mil documentos que los notarios autorizaron, sin coste alguno, se incorporaron en un protocolo especial que se encuentra depositado en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

FOTO: JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ

Reconocimientos. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán, el pasado mes de septiembre, en Tenerife, el Gobierno de Canarias entregó la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de Oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Valencia y Cataluña, representados por su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus decanos, Alfonso Cavallé, Francisco Cantos y José Alberto Marín, respectivamente. Estos tres decanos fueron los primeros notarios en acudir a la isla para instalar las notarías temporales que contaron con la tecnología y apoyo económico del Consejo General del Notariado.

Según la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que hizo entrega de las medallas: “Gracias a la labor que los notarios, de manera solidaria y desinteresada, desarrollaron en La Palma desde los primeros días de la erupción, abriendo camino en una situación tan extraordinaria como compleja, hoy podemos estar hablando de abonar a las personas afectadas el valor de las propiedades que perdieron. Así de importante y trascendente para el presente y futuro de esas personas y de toda La Palma ha sido la labor de los notarios”. Además, señaló que “toda esa experiencia acumulada en La Palma tiene el valor de ser un precedente muy valioso para futuras catástrofes”.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé y Héctor F. Izquierdo durante la entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda.
Héctor F. Izquierdo, alto Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma

“50 NOTARIOS HAN PROPORCIONADO SEGURIDAD JURÍDICA A LOS AFECTADOS PARA REALIZAR UNA RECONSTRUCCIÓN SIN JUDICIALIZACIONES”


Héctor F. Izquierdo ejerce las funciones encomendadas por Real Decreto para la reconstrucción de la isla de La Palma y lidera la coordinación de la Administración General del Estado con las administraciones públicas canarias. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán en La Palma, y en el marco del encuentro que tuvo lugar en septiembre en Tenerife con ministros de justicia, magistrados, fiscales y notarios de Iberoamérica y países de habla portuguesa, el Consejo General del Notariado le hizo entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda, por su honorable labor en la reconstrucción de la isla.

¿Qué medidas se han llevado a cabo para mejorar la situación de los afectados?

Se han movilizado desde el Estado 1.046 millones de euros en tiempo récord y construido carreteras sobre coladas, recuperado la habitabilidad en pueblos que estaban cerrados por los gases, e invertido en geotermia como fuente de energía renovable. Además, los indicadores de población, matriculaciones de coches, el empleo, la tasa de actividad o la cantidad de empresas registradas en la seguridad social están no ya mejor que antes del volcán, sino que antes del inicio del Covid-19.

 


“COMO COMISIONADO Y PALMERO NO PUEDO ADMIRAR MÁS LA EXCEPCIONAL LABOR DEL NOTARIADO ESPAÑOL”


 

¿Cuáles son los próximos objetivos en pro de la recuperación total?

La erupción del volcán es una catástrofe natural muy compleja con muchos frentes de actuación y aspectos en los que debemos seguir trabajando. No obstante, no encontramos números similares de progreso tras una catástrofe del mismo rango. No sólo en España, sino en Europa, y en otros continentes, y eso ha sido también gracias a la labor del Notariado español, cuyo conocimiento generado durante la reconstrucción se encuentra ya en los protocolos y procedimientos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL) para los futuros casos que nos encontremos.

¿Cómo valoraría la labor de voluntariado de los notarios en la isla?

Ha sido espectacular. Han sido 50 notarios que, gracias a los decanos Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, junto con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus equipos, han proporcionado seguridad jurídica a los afectados, convirtiéndose en la piedra angular para realizar una reconstrucción sin judicializaciones, lo que ha permitido distribuir las ayudas e indemnizaciones. Además, su labor y la coordinación que han realizado con Catastro, Registro y Consorcio de Seguros ha sido admirable. No ya como comisionado sino como palmero no puedo más que estar agradecido y admirar la excepcional labor del Notariado español.

Hacen falta médicos

EN ESTE PAÍS

T E N E R I F E 2 0 2 4

Hacen falta médicos

La Organización Médica Colegial (OMC) habla de “desiertos médicos” en España y Europa.
BIEL HUGUET ALBONS
España necesita médicos de familia. Así lo señala el reciente informe del Ministerio de Sanidad, que analiza la situación del Sistema Nacional de Salud en proyección hacia 2035. Diversos organismos afirman que las condiciones laborales son claves para atraer y retener facultativos, algo más que necesario frente a las previsiones que auguran un déficit de 5.496 profesionales de la salud para 2029.

El Ministerio de Sanidad ha publicado su informe Actualización: Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035, un estudio que tiene como base las proyecciones demográficas más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) para tomarle el pulso el Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las principales conclusiones que arrojan los datos es que nuestro país sufre un notable déficit de profesionales de la medicina. Actualmente se necesitan 4.502 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), una cifra que se incrementará un 22% en los próximos cinco años, hasta alcanzar un déficit de 5.496 médicos en 2029.

Los datos recogidos por Sanidad -correspondientes a 2023- contabilizan un total de 149.710 profesionales de la medicina trabajando en el SNS, que incluye los Servicios Regionales de Salud y el Ministerio de Defensa.

Ese ministerio, actualmente liderado por Mónica García, explica que la medicina familiar merece especial atención: «Por el lado de la demanda, según panel de expertos, es una especialidad que mantiene un perfil de alta necesidad tanto en el momento actual como a futuro. Por el lado de la oferta, hay fugas (quedan plazas sin cubrir y muchos médicos de familia buscan su futuro profesional en gestión, urgencias o en la red privada)», señala el informe.

 


LA OMC APUESTA POR PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS A LARGO PLAZO, INVERTIR EN FORMACIÓN Y CREAR INCENTIVOS POSITIVOS


 

Un modelo común. En cuanto a las mencionadas fugas, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) pide al Ministerio la homogeneización de ofertas de trabajo en todo el país, a fin de evitar posibles competiciones entre comunidades autónomas. En opinión de José Polo, presidente de esta entidad: “Todas las regiones deben tener los mismos planes y, a nuestro juicio, el ministerio debería coordinar los procesos para evitar posibles fugas por condiciones laborales y económicas». Semergen también denuncia problemas comunes a todas las comunidades, como la carga burocrática, que resta tiempo a los profesionales en la atención de sus pacientes.

El déficit de médicos es más notable en determinadas regiones que en otras. Según el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) recogido por el ministerio en su informe, a escala estatal, la ratio se sitúa en 74 médicos de familia por cada 100.000 habitantes asignados. Castilla y León sobresale, con 97,6 facultativos (seguida por Extremadura y Aragón). En contraposición, Baleares es la peor parada, con casi 50 médicos por cada 100.000 habitantes: solo 49,7. Tras este archipiélago, tienen las menores ratios Madrid, Canarias y Asturias.

Con respecto a la pediatría, según el SIAP, España cuenta en atención primaria con 104,1 pediatras por cada 100.000 niños entre 0 y 14 años. Las mayores tasas relativas de pediatras se encuentran en Navarra, con 136; Comunidad Valenciana, 128,9; y Canarias, 125,2. En el otro extremo, La Rioja supone una excepción en este indicador, con un registro extremadamente bajo: 23,7 pediatras por 100.000 niños. Le siguen Baleares, con 85,4 por cada 100.000; Castilla León, con 87,1; y Castilla-La Mancha, 88,7. Es decir, también hay falta de pediatras a nivel nacional, algo especialmente acentuado en zonas rurales del país, aunque no solamente.

En la misma línea, en Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha denunciado lo que consideran una “grave situación“: se han quedado sin cubrir las 45 plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid a los médicos MIR que acaban de terminar su especialidad. Dora Bejarano, delegada sindical de Amyts y pediatra en un centro de salud madrileño, detalla: «Son condiciones que incluyen una sobrecarga de trabajo enorme, porque en primaria hay muchas plazas descubiertas y las que no lo están, cuando hay ausencias, tampoco se cubren». La doctora indica que su agenda diaria debería tener un máximo de 20 pacientes y cuatro posibles urgencias, pero en los peores días pueden llegar a 40 “ya que no hay ningún límite a la demanda”, explica.

Desiertos médicos. La Organización Médica Colegial (OMC) habla de «desiertos médicos» en España y Europa. Argumenta que, para evitarlos, la estrategia pasa por priorizar la planificación de recursos humanos a largo plazo, invertir en programas de formación y crear incentivos positivos. Esta asociación y la entidad European Junior Doctors afirman que, pese a los esfuerzos que se están realizando por parte de la Unión Europea y los Estados miembros -para garantizar la cobertura sanitaria universal y afrontar estas carencias-, los problemas de retención de personal persisten. En este contexto, las políticas de fidelización y retención de los médicos jóvenes son una cuestión central en la política sanitaria actual y en la sostenibilidad del sistema.

 


SE HAN QUEDADO SIN CUBRIR LAS 45 PLAZAS OFERTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID A LOS MÉDICOS MIR QUE ACABAN DE TERMINAR SU ESPECIALIDAD


 

Así, el representante nacional de médicos jóvenes de la OMC, Domingo Antonio Sánchez, considera fundamental “crear soluciones sostenibles que no sólo aborden la escasez inmediata de personal sanitario, sino que también contribuyan a la estabilidad y efectividad a largo plazo de los servicios de salud en España, que contribuirán a mitigar el problema de los ‘desiertos’ médicos y facilitarán a los ciudadanos un acceso equitativo a la atención sanitaria”. Y añade que “nos estamos jugando mantener los estándares de calidad y accesibilidad de nuestra joya de la corona: el sistema sanitario”.

 


ESPAÑA CUENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA CON 104,1 PEDIATRAS POR CADA 100.000 NIÑOS


 

Como recoge en su informe el Ministerio de Sanidad, el objetivo es “conseguir el número adecuado de médicos especialistas para cada especialidad acorde a las necesidades del país”. El análisis concluye que la necesidad de médicos es muy heterogénea en función de las ramas de especialización, al igual que el atractivo de las plazas, y los autores solicitan diseñar incentivos para atraer y retener a profesionales en puestos poco demandados, de formación MIR o de ejercicio profesional. Parece necesario cambiar el marco regulatorio hacia una mayor flexibilidad y personalización de las condiciones laborales.

Preocupación en las instituciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica la situación de la sanidad en Europa como una «bomba de relojería», debido a la escasez de personal. Por su lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado sobre la «preocupante falta crónica de recursos humanos» en el sector sanitario en España. Y el Consejo Económico y Social (CES) ha presentado un informe donde habla de un déficit de profesionales de «magnitud excepcional». Se prevé que esta situación perdure a lo largo de los próximos años.
Semergen pide al ministerio homogeneizar las condiciones de trabajo en todo el país, a fin de frenar posibles fugas entre CC.AA.
Mejores condiciones
Las asociaciones de profesionales sanitarios demandan mejoras en sus condiciones laborales, algo que podría aliviar la problemática. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería (Satse) están llevando a cabo una campaña conjunta con el objetivo de que sus pagas extraordinarias vuelvan a ser completas, tras haber sido recortadas. Para ello, piden al Ministerio de Sanidad -a través del Secretario de Estado, Javier Padilla- que medie con Hacienda y Función Pública para recuperar esta partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Ambas organizaciones han trasladado esta reclamación a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, a quienes solicitan instar al Gobierno a su inclusión en los PGE mediante una Proposición no de Ley.
PARA SABER MÁS

Informe actualizado sobre la necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035. Ministerio de Sanidad

Informe presentado por la OMC sobre retención de talento en Europa.

Nota de prensa de la OMS sobre la situación del sistema sanitario en Europa.
Ticking timebomb: Without immediate action, health and care workforce gaps in the European Region could spell disaster

Informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre el sistema sanitario.

Desde China con inversión

ENTRE MAGNITUDES

DESDE CHINA CON INVERSIÓN

La perentoria necesidad de equilibrar los intercambios comerciales entre España y China se ha tornado en objetivo estratégico del Gobierno. La receta para atenuar el déficit con el gigante asiático se centra en el fomento de la inversión mutua y en la eliminación de barreras a las empresas.
FERNANDO GEIJO
El turismo es un sector clave para tratar de reequilibrar el comercio con China.

Seda, pólvora y porcelana por oro y plata. El germen del intenso comercio entre España y China se remonta nada menos que a mediados del siglo XVI. Por aquel entonces, el denominado Galeón de Manila transportaba de forma regular las mercaderías del ya boyante imperio oriental desde ese puerto filipino hasta, principalmente, el de Acapulco. A posteriori, y después de atravesar por tierra el actual México, una parte de las mismas se embarcaban de nuevo en Veracruz en las naves de la Flota de Indias para alcanzar las costas españolas.

Este ingente trasiego fue en aquella época un eje vertebrador del comercio mundial gracias al desarrollo de este continuo corredor comercial, el más extenso del mundo. El epicentro de un rico y abundante intercambio en una suerte de ruta de la seda marítima que supuso la génesis de la primera globalización económica.

Reajuste a la vista. La relación de la Monarquía Hispánica con el Gran Ming llegó incluso a derivar en serios planes para invadir el vasto territorio gobernado por esta dinastía de etnia Han. Pero los tiempos cambiaron y el juego del poder sufrió un drástico vuelco. De hecho, las relaciones comerciales modernas entre España y China no se establecen, formalmente, hasta mediados del siglo XIX, mientras que las diplomáticas apenas han conmemorado su 50º aniversario en 2023.

 


ESPAÑA Y CHINA PACTAN ELIMINAR TRABAS EMPRESARIALES Y FOMENTAR LA INVERSIÓN


 

En el presente escenario, el comercio hispano-chino ha vivido un decidido impulso. Conscientes de la necesidad de reequilibrar una balanza económica fuertemente escorada hacia el Este, en junio pasado tuvo lugar un encuentro de alto nivel en Madrid entre el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y su homólogo chino, Wang Wentao. En el mismo participó también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, además de representantes de la CEOE, Cámara de Comercio y de empresas españolas con intereses en el país: Alsa, Cosmen, Osborne, Técnicas Reunidas, Mondragón, Gestamp, Viscofán, Meliá, BBVA o Banco Santander, entre otras.

La reunión, en el ámbito de la vigesimonovena Comisión Mixta Económica e Industrial Hispano-China, serviría, a la postre, de preparación para la celebración en septiembre en Pekín, entre otros encuentros bilaterales, del 9º Foro España-China en el marco del viaje oficial emprendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lluvia de alianzas. La agenda de la visita incluyó una amplia variedad de actividades enfocadas a ensanchar las relaciones entre ambos estados. Como consecuencia de ello, se firmaron un total de ocho acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos, abarcando asuntos más allá de las finanzas y la inversión, como el comercio de servicios, la economía digital, la ciencia, la cultura o la educación, rubricados tanto con entidades públicas como privadas.

 


CHINA ES EL CUARTO PROVEEDOR MUNDIAL DE ESPAÑA, EL PRIMERO SI SE EXCLUYEN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA


 

La finalidad de todas estas iniciativas no es otra que facilitar la construcción de una relación económica más equilibrada. Un anhelo que, en el caso español, se torna necesidad en vista de las crudas cifras que evidencian un galopante déficit, de nada menos que 36.665 millones de euros en 2023 sólo con China, que amenaza con descontrolar el saldo de nuestra balanza comercial exterior. No en vano, el año pasado España tenía una tasa de cobertura -porcentaje de importaciones que cubren las exportaciones- del 89,98%, lo que suma un agujero de 43.500 millones de euros, un 2,9% del PIB, frente al pico de la serie que se registró en 2020 con un 94,52% y el 1,39% del PIB, respectivamente.

Déficit crónico. China es el cuarto proveedor mundial de España, el primero si se excluye a los países de la Unión Europea -que en su conjunto aglutinan el 62,7% del total de los intercambios exteriores-, el primer destino asiático de las exportaciones españolas y nuestro duodécimo cliente exterior. Para valorar su importancia, cabe recordar que, en la actualidad, España es el quinto país de la UE en términos de flujos comerciales con el país de la Gran Muralla, sin olvidar que más de 14.500 empresas españolas exportan a ese mercado.

En este contexto, y como ocurre con el resto de países de Europa, el comercio bilateral chino-español adolece del mencionado desequilibrio histórico. De hecho, en 2023 España importó bienes del gigante asiático por más de 44.000 millones de euros, frente a unas exiguas ventas que apenas superaron los 7.500, según datos del ICEX. Unas cifras que dejan nuestra tasa de cobertura con China en un pírrico porcentaje de alrededor del 17%.

Trabas fuera. Para corregir o, al menos, mitigar este voluminoso agujero financiero, las autoridades comunitarias y españolas tratan de conseguir una cierta reciprocidad en el trato que reciben las empresas occidentales en el país asiático a la hora de acceder a su inmenso mercado doméstico, integrado por más de 1.400 millones de personas.

 


LA AGROALIMENTACIÓN, EL TURISMO O LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL SON SECTORES CLAVE PARA TRATAR DE REEQUILIBRAR EL COMERCIO CON CHINA


 

Pero la implantación en el territorio del primer exportador mundial, coloquialmente conocido como la ‘fábrica del mundo’, no es un asunto baladí. Fruto de lo anterior, las autoridades de los dos países se han comprometido a crear un Mecanismo permanente de Cooperación y Diálogo de cara a facilitar el derribo de barreras y eliminar escollos burocráticos proteccionistas. Además, está previsto que se facilite la identificación de nuevas oportunidades de negocio al objeto de incrementar la base de empresas españolas exportadoras con destino a China.

Gigante comercial. El esfuerzo exportador va a ir de la mano también del incremento de las inversiones recíprocas. El interés radica aquí en trasladar la experiencia acumulada por las empresas españolas en sectores donde ejercen un cierto liderazgo internacional como, por ejemplo, la industria agroalimentaria, la farmaquímica, la tecnología industrial o el turismo. La idea es permitir que nuestras compañías puedan participar en la cadena de valor de sus contrapartes chinas.

Pese a la pujanza comercial, más de un lado que del otro, el asunto de las inversiones bilaterales sigue siendo una asignatura pendiente común para ambas naciones. Así, la inversión de España en China apenas sumó en 2023 un total de 91 millones de euros, mientras que China sólo invirtió 131 millones de euros en España, según DataInvex. En cualquier caso, la inversión directa española acumulada en las últimas décadas asciende a más de 4.700 millones de euros.

El inminente aterrizaje de grandes inversiones industriales implicará el relanzamiento de la inversión directa china en nuestro país. Un desembarco empresarial que incluiría proyectos relacionados con la expansión internacional de las marcas de automóviles eléctricos, y que tiene como protagonistas a la anunciada alianza de Chery (fabricante de los vehículos Omoda) con la catalana Ebro para ocupar las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona; o Desay, Coronet y HCR en Linares (Jaén) para hacer lo propio en la antigua fábrica de Santana Motor. Y todo ello sin omitir las previstas en otros sectores, como la de Envision, con una planta de baterías de litio en Cáceres; Gotion que, junto a Coxabengoa, prevé producir baterías en Sevilla o Hygreen, para construir en Málaga una planta de electrolizadores para hidrógeno verde.

Es evidente que los lazos que unen desde hace siglos las relaciones de España y China se han visto reforzados en las últimas décadas por la inusitada intensificación del comercio entre ambas naciones. El milagro económico del gigante asiático hasta convertir al ‘dragón dormido’, en feliz expresión de Napoleón Bonaparte, en la segunda potencia del mundo, amenazando la tradicional supremacía estadounidense, es una oportunidad para que España acometa una revisión en profundidad de sus relaciones en pos de alcanzar un reequilibrio que deje de lastrar nuestra balanza exterior.

Presencia española

Desde la llegada a China, a principios de los años 80, de las empresas consideradas pioneras, entre las que se encontraban Alsa, Agrolimen o Nutrexpa, la implantación de compañías españolas ha sido una constante. En la actualidad existe un clúster empresarial tecnológico, situado en Kunshán, provincia de Jiangsu, que aglutina la apuesta española por esa nación y el continente. Este parque industrial acoge plantas de Fagor Arrasate, Gestamp o Mondragón Internacional, por citar algunas, entre las más de 600 compañías nacionales que operan en el país asiático en diversos sectores como infraestructuras, servicios financieros, tecnología o agroalimentario.

El aterrizaje de inversiones industriales implicará el relanzamiento de inversión directa china en nuestro país, lo que incluiría proyectos relacionados con la expansión de marcas de automóviles eléctricos.

Toma y daca

Según el ICEX, las exportaciones de España a China por categoría de bienes y valor de 7.579 millones de euros se basan en:

  • Productos químicos.
  • Materias primas: menas y minerales.
  •  Alimentación (productos cárnicos), bebidas y tabaco.
  • Bienes de equipo.
  • Componentes del automóvil.

Importaciones españolas desde China, por una cuantía de 44.244 millones de euros:

  • Bienes de equipo, maquinaria y material de oficina.
  • Manufacturas de consumo: textiles y confección, calzado y juguetes.
  • Semimanufacturas: productos químicos, hierro y acero.
  • Bienes de consumo duradero: muebles y electrodomésticos.
  • Automóviles y motocicletas.

OJO AL DATO

Informe País sobre China, ICEX (España, Exportación e Inversión). Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Inversión extranjera en España e inversión española en el exterior. DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

España y China en cifras. Una visualización de las relaciones en números. Fundación Consejo España-China.

«China vista por un economista», por David Cano Martínez

ENTRE MAGNITUDES

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“La política de hijo único, vigente hasta 2015, está provocando una caída de la población que implica una pérdida de capacidad de crecimiento”

China vista por un economista

“Esta vez será diferente” es una de las frases que más debate genera entre los economistas. Y en mi caso, a medida que voy acumulando experiencia profesional, voy cambiando de opinión. Hace unos años la consideraba falsa. Tal vez porque pensaba que la economía tenía un componente de ciencia que permitía modelizar su comportamiento a partir de lo que había sucedido en otras fases expansivas o de crisis. Puede que fuera por el sesgo que traía de la universidad en la que había estudiado modelos, muy elegantes y certeros, a la hora de explicar el pasado. Pero en los últimos años mi fe en ellos se ha ido desvaneciendo a medida que se han acumulado acontecimientos inesperados, novedosos y de alto impacto, así como importantes cambios en la estructura de la economía mundial.

Tras esta confesión sobre mi transformación, reconozco que ahora soy de la escuela “estavezserádiferente”. Y por muchos motivos. Por un lado, porque nunca antes habíamos tenido una intensidad tecnológica como la actual. Por el otro, porque nunca antes se había acumulado un volumen tan elevado de deuda pública en un contexto de longevidad y envejecimiento poblacional como el actual. Y, aunque hay muchos más factores, déjenme que me adentre en el tema de este artículo: porque nunca antes habíamos tenido la emergencia de una segunda potencia del tamaño de la que ahora ocupa esa posición: China. Sí, es verdad que esta economía ya ha sido líder en diferentes fases de la historia (lea el libro de Ray Dalio, Nuevo orden mundial), pero el reto que tenemos en el presente como economistas es analizar si es posible que desbanque a EE. UU. de la primera posición y cómo va a conseguirlo.

Y es aquí donde empieza otro debate. Tras una primera fase de fuerte expansión, iniciada con el cambio político introducido por Deng Xiaoping en los setenta y acelerada con la incorporación de China en la Organización Mundial del Comercio (2001), que permitió el fuerte crecimiento del PIB vía inversión empresarial y exportaciones, ese modelo parece agotado. Debe ser la demanda interna (el consumo de las familias chinas) la que tome el relevo al consumo de las familias del resto de mundo a la hora de comprar productos made in China. Y eso no está pasando, ni tiene visos de suceder en el corto plazo. Las autoridades del país lo saben y han optado por activar otra palanca del crecimiento: la alta tecnología (‘Tecno-socialismo’, como lo denomina el profesor Claudio Feijoó). Si uno de los errores del siglo XIX, que derivó en el ‘siglo de la humillación’, fue el rechazo a la innovación tecnológica del momento (el tren), ahora ha preferido situarse a la cabeza, superando incluso a EE. UU. en ámbitos como internet de las cosas, cloud computing, computación cuántica, ciberseguridad o inteligencia artificial (ver al respecto el Informe Draghi publicado a principio de septiembre). Esta parece una apuesta ganadora, salvo por el reconocimiento de que sufren un cierto cuello de botella en una pieza básica: diseño y producción de chips. Es por ello por lo que muchos expertos en geoestrategia apuntan al deseo de China de recuperar Taiwán (recomiendo La guerra de los chips, de Chris Miller).

El otro eje de crecimiento y ventaja competitiva futura tiene que ver con las energías renovables. En esto, a diferencia de la alta tecnología, Europa comparte liderazgo tecnológico, en cierto modo porque, como China, sufrimos la ausencia de combustibles fósiles en nuestro subsuelo. Pero China, a diferencia de Europa, cuenta con las materias primas necesarias para la generación de energía renovable, bien de forma directa (en minas en su territorio), bien de forma indirecta (por el posicionamiento en África, en una suerte de neocoloniaslimo que, al menos de momento, este continente parece aceptar).

Con estos mimbres, además de una elevada población (1.300 millones de personas), podría pensarse que nada va a impedir que el PIB de China supere al de EE. UU., incluso antes de la fecha marcada. Esta es 2049, es decir, en el centenario de la actual República Popular China.

Pero el camino cuenta con sus particulares obstáculos. Uno es la denominada “trampa de la renta media”, según la cual, muchas economías son incapaces de superar en su proceso de desarrollo la cota de los 15.000 USD de PIB per cápita. Como hemos comentado, las autoridades chinas parece que apuestan por las nuevas tecnologías para conseguir la velocidad de escape necesaria.

Otro de los retos es digerir una elevada deuda asociada a la fuerte expansión de la inversión residencial. China sufre una burbuja inmobiliaria que necesitará varios años para purgarse, así como medidas contundentes (y dinero) por parte de las autoridades.

En tercer lugar, se debe advertir del ‘invierno demográfico’ en el que está entrando. La política de hijo único, vigente entre 1982 y 2015, está provocando una caída de la población que, combinado con la longevidad, implica una clara pérdida de capacidad de crecimiento futuro. Es verdad que esta característica es común al resto de países del mundo (con la excepción de África) pero condiciona mucho la capacidad de crecimiento diferencial del PIB que necesita China para cumplir su objetivo.

En cuarto lugar, los sociólogos tampoco se ponen de acuerdo en la sostenibilidad del actual régimen político. ¿Presionará el ciudadano para conseguir una democracia o preferirá mantener la actual autocracia si considera que, ante sus características diferenciales, es más eficaz para conseguir el objetivo de crecimiento del PIB?

Fuga de talentos

EN ESTE PAÍS

FUGA DE TALENTOS

La edad y el nivel de formación son dos de los factores fundamentales del capital humano de las personas.
CARLOS CAPA
El valor del capital humano que pierde España por el efecto de la emigración superó los 150.000 millones de euros en 2022, un 40% más que antes de la Covid. En el periodo 2019/2022 la pérdida de valor para la economía española alcanzó los 500.000 millones de euros, más de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Según un estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre Emigración y Capital Humano, en España el saldo migratorio ha sido positivo a lo largo de las últimas décadas, pero la intensidad, e incluso el signo de ese saldo se han visto influidos por el ciclo económico. A raíz de la recesión de 2008-2014, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria muchas personas buscaron -no siempre con éxito- mejores oportunidades laborales fuera de España. Ese proceso ha vuelto a cobrar intensidad tras la pandemia de Covid que asoló el mundo en 2020 (más de 380.000 emigrantes en 2021 y 220.000 en el primer semestre de 2022), según los datos de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Saldo migratorio

Se muestra, por tanto, una pérdida de capital humano en tendencia creciente desde el fin de la pandemia, impulsada por la intensificación de la emigración al exterior de la población en edad de trabajar y su elevado nivel de formación. La dinámica observada resulta preocupante de cara a poder aumentar el bienestar social en un contexto de progresivo envejecimiento demográfico y con un escenario en el que se prevén descensos acumulados del valor del capital humano per cápita cercanos al 20% hasta 2050, según refleja el informe del BBVA y el IVIE.

Según el INE el saldo migratorio de España con el exterior (la diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores) fue positivo en 727.005 personas en 2022. Es el mayor saldo en los 10 últimos años.

 


CON LA RECESIÓN DE 2008-2014 MUCHAS PERSONAS BUSCARON TRABAJO FUERA DE ESPAÑA. ESE PROCESO HA VUELTO A COBRAR INTENSIDAD TRAS LA PANDEMIA DE COVID


 

Pero a la hora de calcular el impacto para la economía de este fenómeno hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Se estima el valor del capital humano midiendo su contribución a la producción presente y futura, esto es, el valor presente de las rentas brutas laborales totales esperadas de la población en edad de trabajar a lo largo del resto de su vida. El valor del capital humano depende, por tanto, de las tasas de actividad, las tasas de paro y la productividad del trabajo a lo largo de la vida, de la esperanza de vida de los individuos y de todos los factores que influyen en esos ámbitos, como los niveles de formación o la experiencia laboral. Este tipo de enfoque permite obtener una valoración monetaria del capital humano, como ya se viene haciendo desde hace tiempo con otros tipos de capital. La edad y el nivel de formación son, por tanto, dos de los factores fundamentales del valor del capital humano de las personas.

 


EL RITMO ACTUAL DE EMIGRACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y CON FORMACIÓN SUPONE UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA


 

Españoles emigrantes

¿Qué características tiene el capital humano de los españoles que han emigrado? Pues casi la mitad de los emigrantes de 25 o más años de 2022 posee estudios superiores (30,1%) o estudios secundarios postobligatorios (18,8%), con el consiguiente impacto positivo en sus dotaciones de capital humano, asociado a la mayor participación laboral, empleabilidad y productividad de las personas con ese nivel de formación. Sin tener en cuenta la inversión social y familiar realizada para que estas personas alcanzaran en el sistema educativo español esa formación de excelencia. Por su parte, según el Informe Anual del Banco de España, en 2023 de los inmigrantes que llevan menos de 1 año en España, alrededor del 80%, no tiene título universitario y el 70% trabaja en puestos sin cualificación.

Por otra parte, muchos de los emigrantes son jóvenes y, por tanto, tienen por delante un amplio periodo de vida laboral durante la cual seguirán contribuyendo a la producción. Entre los emigrantes de 25 y más años, los menores de 35 años suponen en 2022 un tercio del total, un porcentaje similar al existente antes de la pandemia, mientras que los mayores de 55 años representan solo el 23,6%.

Ambos factores, formación y juventud, contribuyen a incrementar el valor presente de las rentas laborales brutas a generar en adelante y, por tanto, el valor del capital humano de los emigrantes.

El ritmo actual de emigración supone un lastre para la capacidad de producción futura de la economía española. Para la Fundación Hay Derecho “en el momento presente, casi todos los equilibrios sobre los que descansa nuestro sistema de protección se encuentran descompensados. La sostenibilidad futura de nuestro sistema de seguridad social se está convirtiendo en todo un reto realmente complejo de superar”.

En definitiva, la emigración al exterior y su intensificación reciente contribuyen a reducir el capital humano de la economía española, limitando su capacidad presente, y sobre todo futura, de generar riqueza, lo que a su vez condiciona la sostenibilidad de las finanzas públicas por la merma de los ingresos públicos.

Se trata de un fenómeno que previsiblemente incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar, especialmente en un contexto de progresivo envejecimiento de la población que va a someter a fuertes tensiones la sostenibilidad del sistema de pensiones y que implicará la necesidad de dedicar cada vez más recursos al sistema sanitario y a la atención a la dependencia. Además, puede contribuir a agravar los serios problemas de relevo generacional y para cubrir vacantes que actualmente se ponen de manifiesto en cada vez más sectores y profesiones, tal como refleja el informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE.

 


CASI LA MITAD DE LOS EMIGRANTES DE 25 O MÁS AÑOS POSEE ESTUDIOS SUPERIORES (30,1%) O ESTUDIOS SECUNDARIOS POSTOBLIGATORIOS (18,8%)


 

No hay soluciones mágicas, pero promover una mayor implicación entre empresa y trabajadores, incentivar el crecimiento profesional, retribuciones adecuadas, medidas de conciliación o salario emocional de los empleados son algunas de las posibilidades. Otras medidas son de mayor compromiso del conjunto de la sociedad cual es conseguir un fácil acceso a una vivienda digna, que será un elemento indispensable según todos los expertos para fijar el capital humano.

Capital humano
Para el Banco Mundial, el capital humano de la población es el recurso más valioso de los países y representa el 64% de la riqueza del mundo. Este capital está incorporado en las propias personas y su localización cambia cuando se desplazan de un territorio a otro. En consecuencia, el capital humano de una economía depende del esfuerzo inversor de sus familias, empresas y administraciones públicas (por ejemplo, el gasto público y privado en formación) y de la eficiencia de su sistema educativo, pero también de los movimientos migratorios y del capital humano de los migrantes. La emigración al exterior disminuye el capital humano de un país y más cuanto mayor sea el nivel de formación de los emigrantes. Y aquí se encuentra la otra parte del problema.
Se trata de un fenómeno que incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar.
PARA SABER MÁS
  • Informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE
  • Razones para emigrar de los jóvenes españoles. Tesis doctoral de Raquel Gómez-Frías Universidad de Valencia
  • Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) del INE
  • Al ayuntamiento lo que es del César

    ENTRE MAGNITUDES

    Al ayuntamiento lo que es del César

    La disciplina fiscal es una práctica de obligado cumplimiento en la que se han afanado los ayuntamientos españoles en los últimos años. Eso es lo que toca si quieren cuadrar unas cuentas donde ingresos menguantes y gastos crecientes se repelen en sus balances como polos opuestos.
    FERNANDO GEIJO
    Los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados.

    Las obligaciones con las que cargan los consistorios no han hecho más que crecer en las últimas décadas. Y todo ello sin olvidar la pérdida de ingresos que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto de plusvalías y los ‘atracones’ de turistas y retornados que cada verano catapultan los censos de cientos de municipios a lo largo y ancho del litoral.

    En los últimos cuatro años un tercio de los ayuntamientos españoles han conseguido rebajar su deuda; los municipios con más de 100.000 habitantes suelen ser los más hipotecados. Entre ellos destacan los de Jaén, Jerez y Marbella, en Andalucía; Parla, en la Comunidad de Madrid; así como la capital de Cataluña. Tanto Barcelona como el resto de ciudades mencionadas arrastran problemas para honrar sus compromisos financieros desde hace lustros.

    Por su parte, entre las que mejoran se encuentran ejemplos como Madrid, que acumulaba un déficit de 588 millones de euros a 31 de diciembre de 2023, cifra cercana a los 573 millones de euros de Murcia, y superada por los 719 millones de euros de Granada o los 883 millones de euros de Zaragoza.

     


    LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES AFRONTAN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES SERVICIOS CON INGRESOS AJUSTADOS, LO QUE ENTRAÑA UN GIGANTESCO RETO


     

    Reformas a la vista

    La razón que explica en parte estos abultados endeudamientos, al igual que ocurre con otros más magros repartidos entre miles de municipios situados por toda España, sería la creciente asunción de un mayor número de competencias sin que ello conlleve un aumento de la correspondiente dotación presupuestaria.

    De hecho, para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordar el reajuste de la financiación local es una reivindicación histórica. Un aspecto que consideran urgente plantear al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, órgano permanente de colaboración entre el Estado y los ayuntamientos, de cara a abordar la reforma de la ley de bases de régimen local y como paso previo de los trámites para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2025. Un proceso que se producirá en paralelo a la revisión de la financiación autonómica -que se antoja inminente tras el reciente pacto de gobierno PSC-ERC en Cataluña-.

    En este sentido, la clave estaría en reinterpretar el techo de gasto para aliviar la presión sobre los municipios, derivada, también, de la merma de ingresos relativa al cercenado impuesto de plusvalías, una de las principales fuentes de recursos de la que se nutrían las arcas de los consistorios, junto con el de circulación, el famoso ‘numerito’, o el de bienes inmuebles (IBI).

    El asunto no es baladí, dado que la prórroga de los presupuestos para 2024 lastra acometer la reforma de la financiación por la que claman las entidades locales desde hace tiempo. Una vieja reivindicación, ajena a la disputa política partidista, que aglutina el consenso de ayuntamientos de distinto signo político y a la que se une la solicitud de una mayor transparencia sobre las reglas fiscales a aplicar o la revisión de las condiciones de los préstamos a los consistorios con problemas de liquidez, entre otros asuntos.

    Agujero económico

    Desde Hacienda están de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de financiación local, máxime desde que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional tumbase algunos aspectos del denominado impuesto de plusvalía municipal, al declarar inconstitucional el sistema de cálculo de su base imponible que establecía que siempre había habido un incremento patrimonial del valor de los terrenos urbanos, independientemente de que hubiese sido así y de su cuantía real, con su evidente reflejo en su valor catastral y en el pago de los impuestos relacionados. No en vano, a posteriori se determinó que era posible reclamar la devolución de la plusvalía si la venta se había producido a pérdida.

    El varapalo judicial, sin efectos retroactivos, aunque con afectación en litigios aún vivos, tuvo un claro reflejo en las cuentas municipales, cifrado en su día en un porcentaje de entre el 2,5% y el 15% del presupuesto, en función de la actividad inmobiliaria de cada municipio en cuestión.

    Los consistorios denunciaron en su día inseguridad jurídica y la puesta en marcha de un fondo de compensación hasta que se aclarase la situación jurídica para compensar los ingresos esperados que se quedaron en el limbo.
    Sin embargo, el Gobierno aseguraba a finales del pasado año que las entidades locales nunca habían estado mejor dotadas para cumplir con sus obligaciones, puesto que sus recursos habrían crecido de forma sostenida en los últimos años, hasta recibir en 2024 alrededor de 28.500 millones de euros, un 22,6% más en comparación con 2023, mientras que las entregas a cuenta está previsto que sumen 23.774 millones de euros, un 5,1% más que en el pasado ejercicio.

     


    BARCELONA, JAÉN, JEREZ, MARBELLA Y PARLA SON LOS AYUNTAMIENTOS MÁS ENDEUDADOS DE ESPAÑA


     

    Urbi et orbi

    El incumplimiento reiterado de las obligaciones financieras municipales no parece responder a un patrón geográfico claro. Así, a lo largo y ancho del país encontramos por doquier municipios tiznados tanto del rojo del déficit como del ansiado azul del superávit. Y esto se produce tanto al norte como al sur de la imaginaria línea horizontal que traza la capital del España en el centro de la llamada ‘piel de toro’.

    A pesar de que, por regla general, el sur suele ser el hogar de los ayuntamientos más deudores, como en las provincias de Cádiz y Jaén al contar con una media per cápita por habitante superior a los 1.000 euros, también es cierto que el carácter meridional de otras como Huelva y Murcia no evita que brillen con niveles de pasivo por habitante inferiores a los 100 euros, al menos entre los municipios con entre 500 y 1.000 vecinos.

    La gestión de cada municipio tiene su propio intríngulis, plagado de singularidades y vicisitudes, aunque parece que se suele cumplir la norma de lo pequeño como sinónimo de eficiente. En este caleidoscopio de más de 8.000 municipios que tejen la realidad local española encontramos, según los datos de Hacienda, desde casas consistoriales que han logrado reducir de forma significativa la deuda neta por habitante, un 33% del total, hasta otras que la han empeorado de forma manifiesta o moderada, un 14,5% del censo, mientras que el resto, que suman 4.245, o lo que es lo mismo el 52%, se han mantenido más o menos igual que en 2019.

    En cualquier caso, el análisis de las cifras del fisco muestra una serie de tendencias recurrentes: los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados, los que ya tenían la deuda más alta han incrementado su agujero fiscal y, entre ellos, los más poblados, con 100.000 ciudadanos para arriba, cumplen con la estadística de mayor endeudamiento y aumento del mismo.

    Si trasladamos el foco a las mayores urbes del país, a pesar de contar con un destacado nivel de déficit fiscal en función de la masa poblacional a la que prestan servicios, la verdad es que solo A Coruña y Bilbao, con un menor montante negativo, y Córdoba, Gijón y Valladolid, han aumentado sus respectivos déficits fiscales. Mención aparte merece la Ciudad Condal, ya que aumentó en el período de referencia su volumen de fondos en rojo nada menos que en un 70%, hasta superar los 800 millones de euros.

    De la necesidad, virtud

    Las competencias municipales en España tienen un amplio espectro y varían, léase se amplían, en función de la población residente. Esto ha supuesto a menudo la transferencia de una serie de servicios a la población si contar con la correspondiente dotación presupuestaria pero que, aún así, han sido aceptadas por un cierto sentido altruista.

    Para tratar de paliar esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a finales de 2023 la decisión del Gobierno de flexibilizar la senda de estabilidad para este subsector. De esta manera, en 2024 las entidades locales pasarían a tener un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al anterior que preveía en el Programa de Estabilidad un superávit del 0,2%, y que ahora asumirá la Administración General del Estado.

    Como ocurre con los hombres orquesta, acostumbrados a tocar varios instrumentos a la vez utilizando para ello en ocasiones manos y pies, los ayuntamientos españoles afrontan la gestión de múltiples servicios con ingresos ajustados, lo que entraña un gigantesco reto a la hora de armonizar generosas expectativas con limitados recursos en el marco del auténtico sudoku que supone la gestión municipal moderna.

    Servicios municipales

    El marco competencial de los municipios en España está regido por la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la que se establecen los servicios a prestar en el ámbito local, que se dividen en:

    • Para todos los municipios:
      • Abastecimiento domiciliario de agua potable
      • Acceso a núcleos de población
      • Alcantarillado y alumbrado público
      • Cementerio
      • Limpieza viaria y recogida de residuos
      • Pavimentación de vías públicas
    • De más de 5.000 habitantes, además de lo anterior:
      • Biblioteca pública
      • Mercado
      • Parques públicos
      • Tratamiento de residuos
    • De más de 20.000 habitantes, además de todo lo anterior:
      • Instalaciones deportivas
      • Prevención y extinción de incendios
      • Protección civil
      • Servicios sociales
    • De más de 50.000 habitantes, además de todo lo anterior:
      • Medio ambiente urbano
      • Transporte municipal de pasajeros
    Limpieza viaria y recogida de residuos.

    ‘Liberté, Égalité’ pero ‘Payer’

    La posesión de propiedades inmobiliarias en Francia está regulada principalmente por dos gravámenes: el impuesto sobre bienes inmuebles (denominado taxe foncière) y el impuesto municipal (taxe d´habitation), que se corresponde con el IBI español. La particularidad del sistema galo reside en que, si bien el dueño es siempre el responsable de satisfacer el primero, en caso de alquiler de la propiedad es el inquilino quien abona los impuestos locales, mientras que el propietario lo hará sólo en los períodos en que no está arrendada.

    Este tipo de impuestos son gestionados por el municipio, commune en francés, mínima unidad administrativa de la administración gala, y se basan en el valor catastral, actualizado en 2018.

    OJO AL DATO

    Informe Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2023. Secretaría General de Financiación Autonómica y local, Secretaría de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda.

    Propuestas de reforma del sistema de financiación local. Revisión de la literatura. Fundación Democracia y Gobierno Local y Diputación de Barcelona. Paula Salinas, Maite Vilalta y Pere A. Taberner. Diciembre de 2021.

    Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2022. Tribunal de Cuentas.

    «Déficit, deuda y gasto público», por Antonio Durán-Sindreu

    ENTRE MAGNITUDES

    ANTONIO DURÁN-SINDREU
    profesor Asociado UPF, Doctor en Derecho y Socio-director de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios.

    “Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada”

    Déficit, deuda y gasto público

    Tras un largo periodo de tiempo de continuo saneamiento financiero, los municipios españoles han empezado a invertir su positiva tendencia.

    El motivo no es otro que la aparición de nuevo de situaciones de déficit e irremediablemente de aumento del importe de la deuda pública.

    Personalmente, nunca he entendido que los presupuestos públicos arrojen déficit, esto es, que el importe de los gastos pueda superar al de los ingresos.

    Cuando esto sucede, el “agujero” que en las cuentas públicas se produce se traduce en endeudamiento, es decir, en deuda pública, o, para entendernos, en dinero prestado que hay que devolver.

    Por su parte, esa deuda solo es posible sanearla con futuros superávits, esto es, y salvo milagros, con mayores impuestos.

    Claro que la “bola” siempre se puede hacer más grande. Pero ello limitará el margen de maniobra de la Administración de que se trate.

    La deuda pública es, por tanto, el importe que una Administración Pública ha tenido que solicitar a un tercero para poder pagar todos sus gastos.

    ¿Quiénes son estos terceros? Pues no hay otros que los bancos, y/o los inversores privados (empresas o familias).

    El problema es que la deuda conlleva el pago de intereses que, inevitablemente exige mayores ingresos, normalmente, mayores tributos (o mayor deuda).

    Es posible, eso sí, que en circunstancias extraordinarias, como el Covid, la Administración tenga inevitablemente que asumir pagos imprevistos, por ejemplo, el de ayudas directas, que impacten negativamente en las cuentas públicas. Pero se trata de circunstancias extraordinarias o, mejor, difícilmente previsibles.

    Es posible, también, que determinadas inversiones públicas se tengan que financiar con deuda, por ejemplo, la inversión en las instalaciones necesarias para celebrar un determinado acontecimiento extraordinario, como la Expo, o las Olimpiadas.

    Pero en tales casos, es necesario el correspondiente plan de inversiones, y su viabilidad financiera.

    Fuera de tales casos, el objetivo de cualquier Administración Pública es el equilibrio presupuestario.

    Aunque parezca una obviedad, esto es lo que el art. 135.1 de la Constitución señala: todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

    Por si hubiera alguna duda, el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), señala que se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural.

    En definitiva, salvo en los casos de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, o de acuerdo con normativa europea, ninguna Administración Pública puede incurrir en déficit estructural (art. 11 LOEPSF).

    Desgraciadamente, tengo la impresión de que la mayoría de nuestros responsables políticos ignoran la claridad y rigidez de tales normas.

    Pero sigamos. Una Administración diligente ha de procurar además tener siempre el “colchón” suficiente para afrontar los avatares de años con viento desfavorable.

    El objetivo, en definitiva, no es ni gastar más, ni endeudarse más, sino gestionar de forma eficiente.

    Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada.

    Conviene recordar, también, que la naturaleza pública de un determinado servicio, por ejemplo, el transporte municipal, no obliga a que su gestión sea pública. Esta se puede encomendar a un tercero. Lo importante, pues, no es su gestión, sino la regulación y control de los estándares de calidad del servicio. Se trata, por tanto, de un equilibrio entre eficiencia económica y calidad del servicio.

    No en vano, el art. 7.2 de la LOEPSF establece que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

    Insisto de nuevo en que el objetivo de cualquier Administración no es gastar, sino prestar servicios públicos de calidad.

    Si la eficiencia en el gasto es importante, también lo es la eficacia, esto es, si las políticas de gasto que se han aprobado están dando los resultados esperados. De ahí la importancia de valorar su eficacia adoptando, en su caso, las medidas correctoras que sean necesarias. Valoración que necesariamente ha de ser pública, esto es, accesible a los ciudadanos.

    Sea como fuere, la queja mayoritaria del ciudadano no es por los impuestos en sí mismos, sino por su falta de correlación con la percepción de servicios de calidad, y por la enorme burocratización de nuestras vidas.

    Sería, pues, necesario que el debate público no se centrara en la mera presión fiscal, sino en la existencia de dicha correlación. En el grado de eficiencia, eficacia, y calidad de los servicios.

    En este contexto, sería deseable consensuar una lista cerrada de servicios básicos obligatorios; lista que exige recordar que la Administración no ha de cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos, sino aquellas que sean imprescindibles para garantizar una vida digna, en especial, en los casos de vulnerabilidad social.

    En definitiva, lo relevante no es tanto el superávit o déficit presupuestario, sino el grado de satisfacción de los ciudadanos con relación a los servicios que la Administración les presta.

    Por pedir, sería también necesario regular supuestos de responsabilidad patrimonial personal de nuestros responsables políticos en los casos de gestión irresponsable de los recursos públicos.

    Sin ejemplaridad pública, se pierde la confianza en el Estado. En definitiva, quien exige cumplir está obligado también a cumplir.