Fuga de talentos

EN ESTE PAÍS

FUGA DE TALENTOS

La edad y el nivel de formación son dos de los factores fundamentales del capital humano de las personas.
CARLOS CAPA
El valor del capital humano que pierde España por el efecto de la emigración superó los 150.000 millones de euros en 2022, un 40% más que antes de la Covid. En el periodo 2019/2022 la pérdida de valor para la economía española alcanzó los 500.000 millones de euros, más de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Según un estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre Emigración y Capital Humano, en España el saldo migratorio ha sido positivo a lo largo de las últimas décadas, pero la intensidad, e incluso el signo de ese saldo se han visto influidos por el ciclo económico. A raíz de la recesión de 2008-2014, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria muchas personas buscaron -no siempre con éxito- mejores oportunidades laborales fuera de España. Ese proceso ha vuelto a cobrar intensidad tras la pandemia de Covid que asoló el mundo en 2020 (más de 380.000 emigrantes en 2021 y 220.000 en el primer semestre de 2022), según los datos de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Saldo migratorio

Se muestra, por tanto, una pérdida de capital humano en tendencia creciente desde el fin de la pandemia, impulsada por la intensificación de la emigración al exterior de la población en edad de trabajar y su elevado nivel de formación. La dinámica observada resulta preocupante de cara a poder aumentar el bienestar social en un contexto de progresivo envejecimiento demográfico y con un escenario en el que se prevén descensos acumulados del valor del capital humano per cápita cercanos al 20% hasta 2050, según refleja el informe del BBVA y el IVIE.

Según el INE el saldo migratorio de España con el exterior (la diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores) fue positivo en 727.005 personas en 2022. Es el mayor saldo en los 10 últimos años.

 

CON LA RECESIÓN DE 2008-2014 MUCHAS PERSONAS BUSCARON TRABAJO FUERA DE ESPAÑA. ESE PROCESO HA VUELTO A COBRAR INTENSIDAD TRAS LA PANDEMIA DE COVID

 

Pero a la hora de calcular el impacto para la economía de este fenómeno hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Se estima el valor del capital humano midiendo su contribución a la producción presente y futura, esto es, el valor presente de las rentas brutas laborales totales esperadas de la población en edad de trabajar a lo largo del resto de su vida. El valor del capital humano depende, por tanto, de las tasas de actividad, las tasas de paro y la productividad del trabajo a lo largo de la vida, de la esperanza de vida de los individuos y de todos los factores que influyen en esos ámbitos, como los niveles de formación o la experiencia laboral. Este tipo de enfoque permite obtener una valoración monetaria del capital humano, como ya se viene haciendo desde hace tiempo con otros tipos de capital. La edad y el nivel de formación son, por tanto, dos de los factores fundamentales del valor del capital humano de las personas.

 

EL RITMO ACTUAL DE EMIGRACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y CON FORMACIÓN SUPONE UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

 

Españoles emigrantes

¿Qué características tiene el capital humano de los españoles que han emigrado? Pues casi la mitad de los emigrantes de 25 o más años de 2022 posee estudios superiores (30,1%) o estudios secundarios postobligatorios (18,8%), con el consiguiente impacto positivo en sus dotaciones de capital humano, asociado a la mayor participación laboral, empleabilidad y productividad de las personas con ese nivel de formación. Sin tener en cuenta la inversión social y familiar realizada para que estas personas alcanzaran en el sistema educativo español esa formación de excelencia. Por su parte, según el Informe Anual del Banco de España, en 2023 de los inmigrantes que llevan menos de 1 año en España, alrededor del 80%, no tiene título universitario y el 70% trabaja en puestos sin cualificación.

Por otra parte, muchos de los emigrantes son jóvenes y, por tanto, tienen por delante un amplio periodo de vida laboral durante la cual seguirán contribuyendo a la producción. Entre los emigrantes de 25 y más años, los menores de 35 años suponen en 2022 un tercio del total, un porcentaje similar al existente antes de la pandemia, mientras que los mayores de 55 años representan solo el 23,6%.

Ambos factores, formación y juventud, contribuyen a incrementar el valor presente de las rentas laborales brutas a generar en adelante y, por tanto, el valor del capital humano de los emigrantes.

El ritmo actual de emigración supone un lastre para la capacidad de producción futura de la economía española. Para la Fundación Hay Derecho “en el momento presente, casi todos los equilibrios sobre los que descansa nuestro sistema de protección se encuentran descompensados. La sostenibilidad futura de nuestro sistema de seguridad social se está convirtiendo en todo un reto realmente complejo de superar”.

En definitiva, la emigración al exterior y su intensificación reciente contribuyen a reducir el capital humano de la economía española, limitando su capacidad presente, y sobre todo futura, de generar riqueza, lo que a su vez condiciona la sostenibilidad de las finanzas públicas por la merma de los ingresos públicos.

Se trata de un fenómeno que previsiblemente incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar, especialmente en un contexto de progresivo envejecimiento de la población que va a someter a fuertes tensiones la sostenibilidad del sistema de pensiones y que implicará la necesidad de dedicar cada vez más recursos al sistema sanitario y a la atención a la dependencia. Además, puede contribuir a agravar los serios problemas de relevo generacional y para cubrir vacantes que actualmente se ponen de manifiesto en cada vez más sectores y profesiones, tal como refleja el informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE.

 

CASI LA MITAD DE LOS EMIGRANTES DE 25 O MÁS AÑOS POSEE ESTUDIOS SUPERIORES (30,1%) O ESTUDIOS SECUNDARIOS POSTOBLIGATORIOS (18,8%)

 

No hay soluciones mágicas, pero promover una mayor implicación entre empresa y trabajadores, incentivar el crecimiento profesional, retribuciones adecuadas, medidas de conciliación o salario emocional de los empleados son algunas de las posibilidades. Otras medidas son de mayor compromiso del conjunto de la sociedad cual es conseguir un fácil acceso a una vivienda digna, que será un elemento indispensable según todos los expertos para fijar el capital humano.

Capital humano
Para el Banco Mundial, el capital humano de la población es el recurso más valioso de los países y representa el 64% de la riqueza del mundo. Este capital está incorporado en las propias personas y su localización cambia cuando se desplazan de un territorio a otro. En consecuencia, el capital humano de una economía depende del esfuerzo inversor de sus familias, empresas y administraciones públicas (por ejemplo, el gasto público y privado en formación) y de la eficiencia de su sistema educativo, pero también de los movimientos migratorios y del capital humano de los migrantes. La emigración al exterior disminuye el capital humano de un país y más cuanto mayor sea el nivel de formación de los emigrantes. Y aquí se encuentra la otra parte del problema.
Se trata de un fenómeno que incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar.
PARA SABER MÁS
  • Informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE
  • Razones para emigrar de los jóvenes españoles. Tesis doctoral de Raquel Gómez-Frías Universidad de Valencia
  • Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) del INE

    • Al ayuntamiento lo que es del César

    ENTRE MAGNITUDES

    Al ayuntamiento lo que es del César

    La disciplina fiscal es una práctica de obligado cumplimiento en la que se han afanado los ayuntamientos españoles en los últimos años. Eso es lo que toca si quieren cuadrar unas cuentas donde ingresos menguantes y gastos crecientes se repelen en sus balances como polos opuestos.
    FERNANDO GEIJO
    Los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados.

    Las obligaciones con las que cargan los consistorios no han hecho más que crecer en las últimas décadas. Y todo ello sin olvidar la pérdida de ingresos que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto de plusvalías y los ‘atracones’ de turistas y retornados que cada verano catapultan los censos de cientos de municipios a lo largo y ancho del litoral.

    En los últimos cuatro años un tercio de los ayuntamientos españoles han conseguido rebajar su deuda; los municipios con más de 100.000 habitantes suelen ser los más hipotecados. Entre ellos destacan los de Jaén, Jerez y Marbella, en Andalucía; Parla, en la Comunidad de Madrid; así como la capital de Cataluña. Tanto Barcelona como el resto de ciudades mencionadas arrastran problemas para honrar sus compromisos financieros desde hace lustros.

    Por su parte, entre las que mejoran se encuentran ejemplos como Madrid, que acumulaba un déficit de 588 millones de euros a 31 de diciembre de 2023, cifra cercana a los 573 millones de euros de Murcia, y superada por los 719 millones de euros de Granada o los 883 millones de euros de Zaragoza.

     

    LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES AFRONTAN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES SERVICIOS CON INGRESOS AJUSTADOS, LO QUE ENTRAÑA UN GIGANTESCO RETO

     

    Reformas a la vista

    La razón que explica en parte estos abultados endeudamientos, al igual que ocurre con otros más magros repartidos entre miles de municipios situados por toda España, sería la creciente asunción de un mayor número de competencias sin que ello conlleve un aumento de la correspondiente dotación presupuestaria.

    De hecho, para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordar el reajuste de la financiación local es una reivindicación histórica. Un aspecto que consideran urgente plantear al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, órgano permanente de colaboración entre el Estado y los ayuntamientos, de cara a abordar la reforma de la ley de bases de régimen local y como paso previo de los trámites para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2025. Un proceso que se producirá en paralelo a la revisión de la financiación autonómica -que se antoja inminente tras el reciente pacto de gobierno PSC-ERC en Cataluña-.

    En este sentido, la clave estaría en reinterpretar el techo de gasto para aliviar la presión sobre los municipios, derivada, también, de la merma de ingresos relativa al cercenado impuesto de plusvalías, una de las principales fuentes de recursos de la que se nutrían las arcas de los consistorios, junto con el de circulación, el famoso ‘numerito’, o el de bienes inmuebles (IBI).

    El asunto no es baladí, dado que la prórroga de los presupuestos para 2024 lastra acometer la reforma de la financiación por la que claman las entidades locales desde hace tiempo. Una vieja reivindicación, ajena a la disputa política partidista, que aglutina el consenso de ayuntamientos de distinto signo político y a la que se une la solicitud de una mayor transparencia sobre las reglas fiscales a aplicar o la revisión de las condiciones de los préstamos a los consistorios con problemas de liquidez, entre otros asuntos.

    Agujero económico

    Desde Hacienda están de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de financiación local, máxime desde que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional tumbase algunos aspectos del denominado impuesto de plusvalía municipal, al declarar inconstitucional el sistema de cálculo de su base imponible que establecía que siempre había habido un incremento patrimonial del valor de los terrenos urbanos, independientemente de que hubiese sido así y de su cuantía real, con su evidente reflejo en su valor catastral y en el pago de los impuestos relacionados. No en vano, a posteriori se determinó que era posible reclamar la devolución de la plusvalía si la venta se había producido a pérdida.

    El varapalo judicial, sin efectos retroactivos, aunque con afectación en litigios aún vivos, tuvo un claro reflejo en las cuentas municipales, cifrado en su día en un porcentaje de entre el 2,5% y el 15% del presupuesto, en función de la actividad inmobiliaria de cada municipio en cuestión.

    Los consistorios denunciaron en su día inseguridad jurídica y la puesta en marcha de un fondo de compensación hasta que se aclarase la situación jurídica para compensar los ingresos esperados que se quedaron en el limbo.
    Sin embargo, el Gobierno aseguraba a finales del pasado año que las entidades locales nunca habían estado mejor dotadas para cumplir con sus obligaciones, puesto que sus recursos habrían crecido de forma sostenida en los últimos años, hasta recibir en 2024 alrededor de 28.500 millones de euros, un 22,6% más en comparación con 2023, mientras que las entregas a cuenta está previsto que sumen 23.774 millones de euros, un 5,1% más que en el pasado ejercicio.

     

    BARCELONA, JAÉN, JEREZ, MARBELLA Y PARLA SON LOS AYUNTAMIENTOS MÁS ENDEUDADOS DE ESPAÑA

     

    Urbi et orbi

    El incumplimiento reiterado de las obligaciones financieras municipales no parece responder a un patrón geográfico claro. Así, a lo largo y ancho del país encontramos por doquier municipios tiznados tanto del rojo del déficit como del ansiado azul del superávit. Y esto se produce tanto al norte como al sur de la imaginaria línea horizontal que traza la capital del España en el centro de la llamada ‘piel de toro’.

    A pesar de que, por regla general, el sur suele ser el hogar de los ayuntamientos más deudores, como en las provincias de Cádiz y Jaén al contar con una media per cápita por habitante superior a los 1.000 euros, también es cierto que el carácter meridional de otras como Huelva y Murcia no evita que brillen con niveles de pasivo por habitante inferiores a los 100 euros, al menos entre los municipios con entre 500 y 1.000 vecinos.

    La gestión de cada municipio tiene su propio intríngulis, plagado de singularidades y vicisitudes, aunque parece que se suele cumplir la norma de lo pequeño como sinónimo de eficiente. En este caleidoscopio de más de 8.000 municipios que tejen la realidad local española encontramos, según los datos de Hacienda, desde casas consistoriales que han logrado reducir de forma significativa la deuda neta por habitante, un 33% del total, hasta otras que la han empeorado de forma manifiesta o moderada, un 14,5% del censo, mientras que el resto, que suman 4.245, o lo que es lo mismo el 52%, se han mantenido más o menos igual que en 2019.

    En cualquier caso, el análisis de las cifras del fisco muestra una serie de tendencias recurrentes: los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados, los que ya tenían la deuda más alta han incrementado su agujero fiscal y, entre ellos, los más poblados, con 100.000 ciudadanos para arriba, cumplen con la estadística de mayor endeudamiento y aumento del mismo.

    Si trasladamos el foco a las mayores urbes del país, a pesar de contar con un destacado nivel de déficit fiscal en función de la masa poblacional a la que prestan servicios, la verdad es que solo A Coruña y Bilbao, con un menor montante negativo, y Córdoba, Gijón y Valladolid, han aumentado sus respectivos déficits fiscales. Mención aparte merece la Ciudad Condal, ya que aumentó en el período de referencia su volumen de fondos en rojo nada menos que en un 70%, hasta superar los 800 millones de euros.

    De la necesidad, virtud

    Las competencias municipales en España tienen un amplio espectro y varían, léase se amplían, en función de la población residente. Esto ha supuesto a menudo la transferencia de una serie de servicios a la población si contar con la correspondiente dotación presupuestaria pero que, aún así, han sido aceptadas por un cierto sentido altruista.

    Para tratar de paliar esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a finales de 2023 la decisión del Gobierno de flexibilizar la senda de estabilidad para este subsector. De esta manera, en 2024 las entidades locales pasarían a tener un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al anterior que preveía en el Programa de Estabilidad un superávit del 0,2%, y que ahora asumirá la Administración General del Estado.

    Como ocurre con los hombres orquesta, acostumbrados a tocar varios instrumentos a la vez utilizando para ello en ocasiones manos y pies, los ayuntamientos españoles afrontan la gestión de múltiples servicios con ingresos ajustados, lo que entraña un gigantesco reto a la hora de armonizar generosas expectativas con limitados recursos en el marco del auténtico sudoku que supone la gestión municipal moderna.

    Servicios municipales

    El marco competencial de los municipios en España está regido por la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la que se establecen los servicios a prestar en el ámbito local, que se dividen en:

    • Para todos los municipios:
      • Abastecimiento domiciliario de agua potable
      • Acceso a núcleos de población
      • Alcantarillado y alumbrado público
      • Cementerio
      • Limpieza viaria y recogida de residuos
      • Pavimentación de vías públicas
    • De más de 5.000 habitantes, además de lo anterior:
      • Biblioteca pública
      • Mercado
      • Parques públicos
      • Tratamiento de residuos
    • De más de 20.000 habitantes, además de todo lo anterior:
      • Instalaciones deportivas
      • Prevención y extinción de incendios
      • Protección civil
      • Servicios sociales
    • De más de 50.000 habitantes, además de todo lo anterior:
      • Medio ambiente urbano
      • Transporte municipal de pasajeros
    Limpieza viaria y recogida de residuos.

    ‘Liberté, Égalité’ pero ‘Payer’

    La posesión de propiedades inmobiliarias en Francia está regulada principalmente por dos gravámenes: el impuesto sobre bienes inmuebles (denominado taxe foncière) y el impuesto municipal (taxe d´habitation), que se corresponde con el IBI español. La particularidad del sistema galo reside en que, si bien el dueño es siempre el responsable de satisfacer el primero, en caso de alquiler de la propiedad es el inquilino quien abona los impuestos locales, mientras que el propietario lo hará sólo en los períodos en que no está arrendada.

    Este tipo de impuestos son gestionados por el municipio, commune en francés, mínima unidad administrativa de la administración gala, y se basan en el valor catastral, actualizado en 2018.

    OJO AL DATO

    Informe Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2023. Secretaría General de Financiación Autonómica y local, Secretaría de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda.

    Ver más

    Propuestas de reforma del sistema de financiación local. Revisión de la literatura. Fundación Democracia y Gobierno Local y Diputación de Barcelona. Paula Salinas, Maite Vilalta y Pere A. Taberner. Diciembre de 2021.

    Ver más

    Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2022. Tribunal de Cuentas.

    Ver más

    «Déficit, deuda y gasto público», por Antonio Durán-Sindreu

    ENTRE MAGNITUDES

    ANTONIO DURÁN-SINDREU
    profesor Asociado UPF, Doctor en Derecho y Socio-director de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios.

    “Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada”

    Déficit, deuda y gasto público

    Tras un largo periodo de tiempo de continuo saneamiento financiero, los municipios españoles han empezado a invertir su positiva tendencia.

    El motivo no es otro que la aparición de nuevo de situaciones de déficit e irremediablemente de aumento del importe de la deuda pública.

    Personalmente, nunca he entendido que los presupuestos públicos arrojen déficit, esto es, que el importe de los gastos pueda superar al de los ingresos.

    Cuando esto sucede, el “agujero” que en las cuentas públicas se produce se traduce en endeudamiento, es decir, en deuda pública, o, para entendernos, en dinero prestado que hay que devolver.

    Por su parte, esa deuda solo es posible sanearla con futuros superávits, esto es, y salvo milagros, con mayores impuestos.

    Claro que la “bola” siempre se puede hacer más grande. Pero ello limitará el margen de maniobra de la Administración de que se trate.

    La deuda pública es, por tanto, el importe que una Administración Pública ha tenido que solicitar a un tercero para poder pagar todos sus gastos.

    ¿Quiénes son estos terceros? Pues no hay otros que los bancos, y/o los inversores privados (empresas o familias).

    El problema es que la deuda conlleva el pago de intereses que, inevitablemente exige mayores ingresos, normalmente, mayores tributos (o mayor deuda).

    Es posible, eso sí, que en circunstancias extraordinarias, como el Covid, la Administración tenga inevitablemente que asumir pagos imprevistos, por ejemplo, el de ayudas directas, que impacten negativamente en las cuentas públicas. Pero se trata de circunstancias extraordinarias o, mejor, difícilmente previsibles.

    Es posible, también, que determinadas inversiones públicas se tengan que financiar con deuda, por ejemplo, la inversión en las instalaciones necesarias para celebrar un determinado acontecimiento extraordinario, como la Expo, o las Olimpiadas.

    Pero en tales casos, es necesario el correspondiente plan de inversiones, y su viabilidad financiera.

    Fuera de tales casos, el objetivo de cualquier Administración Pública es el equilibrio presupuestario.

    Aunque parezca una obviedad, esto es lo que el art. 135.1 de la Constitución señala: todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

    Por si hubiera alguna duda, el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), señala que se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural.

    En definitiva, salvo en los casos de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, o de acuerdo con normativa europea, ninguna Administración Pública puede incurrir en déficit estructural (art. 11 LOEPSF).

    Desgraciadamente, tengo la impresión de que la mayoría de nuestros responsables políticos ignoran la claridad y rigidez de tales normas.

    Pero sigamos. Una Administración diligente ha de procurar además tener siempre el “colchón” suficiente para afrontar los avatares de años con viento desfavorable.

    El objetivo, en definitiva, no es ni gastar más, ni endeudarse más, sino gestionar de forma eficiente.

    Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada.

    Conviene recordar, también, que la naturaleza pública de un determinado servicio, por ejemplo, el transporte municipal, no obliga a que su gestión sea pública. Esta se puede encomendar a un tercero. Lo importante, pues, no es su gestión, sino la regulación y control de los estándares de calidad del servicio. Se trata, por tanto, de un equilibrio entre eficiencia económica y calidad del servicio.

    No en vano, el art. 7.2 de la LOEPSF establece que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

    Insisto de nuevo en que el objetivo de cualquier Administración no es gastar, sino prestar servicios públicos de calidad.

    Si la eficiencia en el gasto es importante, también lo es la eficacia, esto es, si las políticas de gasto que se han aprobado están dando los resultados esperados. De ahí la importancia de valorar su eficacia adoptando, en su caso, las medidas correctoras que sean necesarias. Valoración que necesariamente ha de ser pública, esto es, accesible a los ciudadanos.

    Sea como fuere, la queja mayoritaria del ciudadano no es por los impuestos en sí mismos, sino por su falta de correlación con la percepción de servicios de calidad, y por la enorme burocratización de nuestras vidas.

    Sería, pues, necesario que el debate público no se centrara en la mera presión fiscal, sino en la existencia de dicha correlación. En el grado de eficiencia, eficacia, y calidad de los servicios.

    En este contexto, sería deseable consensuar una lista cerrada de servicios básicos obligatorios; lista que exige recordar que la Administración no ha de cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos, sino aquellas que sean imprescindibles para garantizar una vida digna, en especial, en los casos de vulnerabilidad social.

    En definitiva, lo relevante no es tanto el superávit o déficit presupuestario, sino el grado de satisfacción de los ciudadanos con relación a los servicios que la Administración les presta.

    Por pedir, sería también necesario regular supuestos de responsabilidad patrimonial personal de nuestros responsables políticos en los casos de gestión irresponsable de los recursos públicos.

    Sin ejemplaridad pública, se pierde la confianza en el Estado. En definitiva, quien exige cumplir está obligado también a cumplir.

    La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?

    Claves para la prevención del blanqueo

    EN ESTE PAÍS

    CLAVES PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

    ALEJANDRO MOYA BLAY

    La importancia de recopilar información sobre los titulares reales de las personas jurídicas, la identificación de patrones fraudulentos en los entramados societarios y la necesaria colaboración entre entidades gubernamentales, instituciones financieras y el resto de actores del sector privado, fueron algunas de las principales conclusiones del Curso sobre investigación del blanqueo de capitales a través de estructuras jurídicas complejas organizado por el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Consejo General del Notariado en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.

    El foro reunió a numerosos operadores jurídicos y profesionales del sector financiero, y contó con la participación de expertos en la materia y representantes de los organismos de control, que abordaron, desde la perspectiva del Derecho, la contabilidad forense y el análisis financiero, los considerables desafíos que plantea la actividad fraudulenta para las autoridades encargadas del cumplimiento de la Ley.

    Manuel Tarrío, secretario del Consejo General del Notariado (CGN), dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la Universidad Complutense la invitación a participar en su ciclo de cursos de verano. En su intervención inaugural, Tarrío puso en valor el papel y la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su colaboración, desde hace más de 25 años, con las autoridades y administraciones públicas: “El Notariado español y su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo están reconocidos como fuente de referencia a escala internacional, como consecuencia de la acreditada efectividad de sus métodos. Actualmente avanzamos en la exploración y el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a las acciones preventivas en esta materia”.

    También, el secretario del CGN defendió la importancia de articular esta jornada en torno a la identificación del titular real, “el verdadero problema, tanto para los organismos competentes, como para los sujetos obligados, a cuya solución contribuimos desde el Notariado con la creación -en 2014- de la Base de Datos de Titularidad Real, sin duda una de las más importantes, si no la más importante, de las existentes en España”.

    Herramientas legislativas.

    En la primera ponencia de la sesión, Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Tesoro Público, detalló las herramientas legislativas existentes para la investigación de las estructuras jurídicas complejas e hizo un análisis de los riesgos que plantean, particularmente en el caso de los “trust” o fideicomiso anglosajón, figuras jurídicas que no pueden crearse, pero sí operar en nuestro país, y que permiten conferir el control y la administración de activos a una tercera persona sin ceder su titularidad.

    “Los sujetos obligados deben tener una serie de cautelas cuando operen con los trust. Hay países muy laxos en lo relativo a las estructuras jurídicas y eso puede tener un impacto en su operación en España. En la UE la normativa preventiva se basa en la identificación del titular real, la persona física que se encuentra al final de toda la cadena, de quien debemos tener una información adecuada, precisa y actualizada”, subrayó.

    Por su parte, María Belén Suárez Pantín, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, habló sobre la labor que realizan los fiscales para perseguir estos delitos de defraudación tributaria: “Complementamos el trabajo que realiza el Notariado, los Registros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Agencia Tributaria con los instrumentos que podemos aportar a través de un procedimiento judicial”.

    Cooperación internacional

    La fiscal denunció la falta de cooperación entre autoridades de distintas jurisdicciones, aquellos países reconocidos como paraísos fiscales, y puso el foco sobre las estructuras societarias utilizadas en estos entramados delictivos para ocultar bienes y activos, como las sociedades de responsabilidad limitada holandesa o ‘BV’. “Tenemos que pretender que los sistemas de intercambio de información entre países sean cada vez más agiles, que se restrinjan más las jurisdicciones opacas, y podamos ir cerrando el círculo a las conductas delictivas”, aseveró Suárez Pantín.

    Francisco Martín Casares, responsable de PBC-FT de Anticipa Real Estate (Blackstone Group), mostró varios casos prácticos de operaciones con activos inmobiliarios y puso de manifiesto las dificultades que surgen a la hora de identificar a los titulares reales en el proceso de diligencia debida -investigación previa a la firma de contratos-.

    El representante del grupo inmobiliario avaló el trabajo de los analistas de los sujetos obligados, especialmente en un sector como el suyo, “de pretendida incursión de financiación ilícita, tanto en la compraventa de activos, como en cancelaciones hipotecarias”. Sobre las operaciones con criptoactivos, Martín Casares abogó por requerir toda la documentación de las transacciones a los intervinientes.

    Finalmente, el representante del SEPBLAC llamó a seguir reforzando los mecanismos de control y las exigencias normativas, al hilo de la nueva legislación europea contra el blanqueo, que armoniza las normas en toda la UE y pretende acabar con las deficiencias que aprovechan los defraudadores. “Es complicado cumplir los estándares mínimos exigibles en materia de prevención del riesgo. Tenemos por delante dos retos de difícil consecución: por una parte, la identificación del titular real y, en última instancia, la recuperación de activos ilícitos: hoy solo se puede recuperar un 0,3%”, concluyó.

    Colaboración notarial

    El jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, Mariano García Fresno, intervino para ilustrar los tipos de estructuras jurídicas complejas más comunes, sus indicadores de alerta y los elementos que dificultan el conocimiento de los titulares reales, como la aparición de sociedades extranjeras en la cadena de propiedad, personas jurídicas de base asociativa (fundaciones, ONG, etc.), fondos de inversión, trust o instrumentos similares.

    “Hay operaciones que son legales, pero que no resultan lógicas desde el análisis y que requieren de una investigación. Para obtener la información de estos entramados jurídicos utilizamos los datos del Índice Único Notarial y de la Base de Datos de Titular Real, y la documentación que los notarios solicitan a las personas físicas que intervienen en los actos”, explicó García Fresno.

    De izda. a dcha.: Francisco Martín Casares, Mariano García Fresno, María Belén Suárez Pantín, Lourdes Jiménez Ramos y Francisco Córcoles.

    MANUEL TARRÍO (CGN):

    «DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS LOS NOTARIOS COLABORAMOS CON LAS AUTORIDADES»

    LOURDES JIMÉNEZ RAMOS (TESORO PÚBLICO):

    «LA NORMATIVA PREVENTIVA SE BASA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL»

    MARIANO GARCÍA FRESNO (OCP):

    «PARA OBTENER LA INFORMACIÓN UTILIZAMOS LOS DATOS DEL ÍNDICE ÚNICO NOTARIAL Y DE LA BASE DE DATOS DE TITULAR REAL”

    FRANCISCO CÓRCOLES (SEPBLAC):

    «ESTAMOS SUFRIENDO UN AUMENTO DE IDENTIDADES FALSAS»

    Identidades robadas

    El responsable de la Unidad de Análisis de Blanqueo de Capitales del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Francisco Córcoles, alertó sobre las prácticas de falsificación de la identidad de los titulares reales: “La titularidad real y la identidad definen ámbitos totalmente distintos. Estamos sufriendo un aumento de identidades falsas -robadas, prestadas o generadas mediante aplicaciones informáticas- que se usan en estos esquemas complejos de estructuras jurídicas de blanqueo”.

    Manuel Tarrío.
    PARA SABER MÁS

    El OCP del Notariado.

    El Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en esta materia. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

    La Base de Datos de Titular Real

    Desde mayo de 2014, y gracias a su función en el ámbito mercantil, el Notariado dispone de una Base de Datos de Titular Real, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas.

    Salvar al jubilado ‘boomer’

    ENTRE MAGNITUDES

    SALVAR AL JUBILADO ‘BOOMER’

    Asegurar el futuro de las pensiones. El objetivo parece claro, pero el camino para alcanzarlo es todo un desafío, digno del mismísimo Hércules. En los últimos años, la descompensación en España entre cotizantes y beneficiarios de una pensión no ha hecho más que incrementarse. Un complejo y común escenario en toda Europa lleno de incertidumbres, pero agravado en nuestro país por la inminente jubilación del 25% de la población, nacida entre 1958 y 1975 y conocida como baby boomers, lo que amenaza con hacer saltar por los aires las costuras de un sistema vigilado de cerca desde Bruselas.

    FERNANDO GEIJO
    Las jubilaciones boomer cuestan a las arcas públicas 590 millones de euros más al mes.

    Resolver el sudoku de las pensiones. El evidente descuadre entre ingresos y gastos ha aumentado de forma alarmante en España en las últimas décadas. Una delicada coyuntura derivada de la pertinaz caída del índice de natalidad, con la inmigración incapaz de compensar el envejecimiento poblacional, el alargamiento de la esperanza de vida, más de 84 años de media (la mayor de la Unión Europea), y el incremento en la cuantía de las prestaciones, cercana al 65% del salario mínimo interprofesional, sin olvidar su generosidad, la más elevada de la OCDE -junto a Grecia- dentro de este selecto club económico mundial.

    Fruto de este rompecabezas, el Gobierno se puso manos a la obra para realizar, con el beneplácito de Europa, una reforma del sistema en profundidad, más allá de la adopción de medidas de mero maquillaje. En definitiva, una hoja de ruta para convencer a Bruselas de que era posible garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las pensiones gracias al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales, léase gravar más a empresas y trabajadores, sin recortar la cuantía de las prestaciones.

     

    EL GOBIERNO PODRÁ EMPEZAR A UTILIZAR EN 2033 EL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR LAS PENSIONES

     

    Que vienen los boomers.

    Tanto avisar de la llegada del lobo y finalmente se encuentra a las puertas de su ansiado descanso laboral. Pero para calibrar su impacto en las cuentas de la Seguridad Social, conviene recordar que en 2023 se registraron casi 327.000 altas de pensionistas frente a 265.000 bajas, un diferencial por encima del 23%.

    Un vistazo más en detalle a los datos que maneja el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) advierte de que ese dato es el tercero más alto de la serie histórica, después de los de 2018 y 2022, con cifras muy similares, lo que entraña un retorno a la tendencia registrada antes de la pandemia sanitaria.

    Parafraseando la estrofa de la conocida canción de Amaral en Moriría por vos: soy el invierno contra tu primavera, lo cierto es que la explosión poblacional registrada tras la II Guerra Mundial en toda Europa se enfrenta ahora a su némesis generacional en una suerte de ‘invierno demográfico’.

    Para combatir este escenario y partiendo del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno de Aznar creó en el año 2000 la comúnmente llamada hucha de las pensiones. Un Fondo de Reserva que funciona a modo de fondo soberano de inversión de estabilización y reserva destinado a atender y compensar las desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.

    La idea que subyacía en su funcionamiento es que estuviese dotado con el exceso de fondos procedentes de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

     

    EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS EL NÚMERO DE PENSIONISTAS PODRÍA PASAR DE LOS 9,2 A LOS 16 MILLONES

     

    Y llegó el ‘destope’

    La reforma de las pensiones, aprobada en marzo de 2023 previo pacto con la Comisión Europea, por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supuso también la subida paulatina de la base máxima de cotización, que en 2024 alcanzará a los salarios por encima de los 56.600 euros brutos al año, gracias al aumento del 5% de la base máxima de cotización.

    Esta decisión, que afecta sobre todo a las grandes empresas y a los empleados de mediana edad con alta cualificación, supone que el límite superior de cálculo de la pensión crecerá 1,2 puntos adicionales a la variación media que registre el Índice de Precios al Consumo (IPC), que los expertos prevén que cierre este curso en la horquilla en torno al 3,6% y el 3,9%.

    La elevación de la base máxima, que arranca este año y proseguirá hasta mitad de siglo, y la cuota de solidaridad, establecida para los que excedan del límite al imponer tramos que varían entre el 0,92% y el 1,17% el próximo 2025, aumentando cada año hasta alcanzar en 2045 unos tipos mínimo y máximo del 5,5% y del 7%, respectivamente, impactará sobre todo en los trabajadores de mediana edad, de entre 44 y 63 años.

    Dentro del paquete de medidas propuesto en su día por el ministro Escrivá se incluyeron iniciativas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), gracias al cual la caja de las pensiones lleva acumulada una recaudación de más de 7.000 millones de euros a fecha de 31 de mayo, su nivel más alto desde 2018, de los que 1.373 millones de euros han sido ingresados en lo que va de año.

    Para tratar de embridar el desfase de la contabilidad de las pensiones, especialmente una vez acordada su revalorización anual ligada al IPC, el arsenal de medidas incluyó, además, la creación a partir de 2025 de una cuota de solidaridad por tramos para las rentas más altas, así como el impulso al retardo en la jubilación.

    El uso que se dará a esta ‘hucha’, que sólo podrá ser utilizada a partir de 2033, apunta a un trasvase de entre 120.000 y 130.000 millones de euros para nutrir al Fondo de Reserva de cara a afrontar el elevado gasto que se avecina a tenor del masivo retiro ‘boomer’. En el hipotético caso de que la Seguridad Social generase más superávit, también iría destinado a la caja común, aunque, de aquí a mitad de siglo, el Gobierno sólo podrá disponer de un máximo de hasta el 0,91% del PIB para afrontar la tensión en el sistema, cuyo pico se prevé alcanzar en 2040.

     

    DESDE OCTUBRE DE 2023 SE PRODUJERON 333.000 ALTAS DE JUBILACIÓN, EL DATO MÁS ELEVADO DESDE QUE HAY REGISTROS

     

    Coste creciente

    En España nacieron más de 650.000 personas en 1958, un hito demográfico que supuso el doble de lo registrado en 2022. En los últimos doce meses desde octubre de 2023 se produjeron 333.000 altas de jubilación, el dato más elevado de la serie desde que hay registros. Una realidad que, sin duda, impacta en las cuentas públicas, lo que podría derivar en la pérdida de hasta un 20% del PIB en las próximas tres décadas, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

    Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que entre 2023 y 2050 la población española en edad de trabajar se reducirá en más de 800.000 personas, al tiempo que la mayor de 65 años aumentará por encima de los 6 millones de habitantes. En paralelo, se espera que en las próximas décadas el número de pensionistas escale desde los 9,2 millones actuales hasta un total de 16 millones, pero con un grueso de cotizantes similar al presente.

    Asimismo, hay que constatar que las jubilaciones boomer ya cuestan a las arcas públicas 590 millones de euros más al mes, al abonar en mayo pasado alrededor de 12,7 millones de euros adicionales en pensiones contributivas, 757 millones de euros por encima de lo satisfecho en el mismo mes de 2023, un porcentaje del 6,3% superior. El tiempo dirá si las medidas adoptadas hasta ahora han sido suficientes.

    Y en Europa, ¿qué?

    En el Viejo Continente conviven varios modelos de pensiones:

    • Sistema bismarckiano antiguo, en alusión al ex canciller prusiano Otto von Bismarck, creador del primer sistema moderno de pensiones en 1881, utilizado en Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, República Checa y Eslovenia, está basado en el reparto de fondos procedentes de las tasas a empresas y trabajadores, en función del salario y de la cotización acumulada por el beneficiario, y fragmentado en diferentes regímenes y categorías.
    • Sistema de puntos vigente en Alemania. El monto de la pensión depende de los acumulados en función de 1 punto por año trabajado con un salario medio (0,5 en caso de ser inferior a este y 1,2 puntos si es superior al 120% de dicho salario, con un elevado tope establecido).
    • Los países nórdicos como Finlandia, Noruega y Suecia siguen el modelo conocido como sistema bismarckiano de segunda generación, evolucionado a partir del pilar beveridgiano (en honor de William Beveridge, padre británico del sistema de prestación social que establece la pensión básica universal financiada por reparto), al que suma un segundo pilar obligatorio, usualmente unificado y público, financiado por cotizaciones sociales de reparto y con prestaciones vinculadas a los ingresos.
    • Sistema multipilar, vigente en Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia y Polonia, tras la reforma de las pensiones realizada en la década de los 90. Preconiza el refuerzo del pilar beveridgiano con regímenes obligatorios de jubilación profesional o personal financiados por capitalización. Cabe mencionar que Hungría y Polonia renacionalizaron parte de su sistema de pensiones a finales de la década de 2010.
    El Gobierno de Aznar creó en el año 2000 la comúnmente llamada hucha de las pensiones.

    OJO AL DATO

    Informe de altas y bajas de pensiones contributivas. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

    Ver más

    Informe Pensions at a Glace 2023, OECD and G20 indicators. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Ver más

    Informe Enhancing productivity and growth in an ageing society: Key mechanisms and policy options, Christophe André, Peter Gal, Matthias Schief. Economics Department Working Papers No. 1807. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Ver más

    «¿Quo Vadis con las pensiones?», por José Ignacio Conde-Ruiz

    ENTRE MAGNITUDES

    JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ,
    catedrático de Economía de la Universidad Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada

    “Muy probablemente en 2025 se va a abrir una ventana de oportunidad para reformar las pensiones”

    ¿Quo Vadis con las pensiones?

    El proceso de envejecimiento en España se intensificará significativamente hasta 2050, cuando se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. España combina lo mejor y lo peor de todos los países. Lo mejor en el sentido de que tenemos una de las mayores expectativas de vida al nacer y a partir de los sesenta y cinco años y lo peor en el sentido de que tenemos una de las menores tasas de fecundidad del mundo.

    Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida seguirá aumentando, proyectándose que en 2050 alcance aproximadamente los ochenta y cuatro años para los hombres y ochenta y nueve años para las mujeres. Paralelamente, la tasa de fecundidad se mantendrá baja, con una proyección de alrededor de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. La entrada de inmigrantes será crucial para mitigar parcialmente los efectos del envejecimiento, con una proyección acumulada de aproximadamente diez millones de inmigrantes netos hasta 2050, aunque no lo suficiente para revertir la tendencia. Como resultado la tasa de dependencia de las personas mayores, que mide la proporción de personas de sesenta y cinco años o más en comparación con las personas en edad de trabajar, prácticamente se doblará, situándose en torno al 57% en 2050. Este aumento de la tasa de dependencia incrementará la presión sobre los sistemas de pensiones y servicios sociales, planteando desafíos significativos para la sostenibilidad económica y social del país.

    En este sentido, en el ámbito académico, existe un amplio consenso sobre la necesidad de adaptar nuestro sistema de pensiones a esta ‘nueva longevidad’. Cuando hablamos del aumento del gasto en pensiones en las próximas décadas, en mi opinión hay una parte de ese aumento que está perfectamente justificada. En concreto, si el número de jubilados se va a incrementar hasta superar los quince millones, parece lógico que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB también aumente. Pero, hay otra parte, que desde mi punto de vista no está justificada, y me refiero al aumento del gasto porque nos negamos a adaptar las pensiones al aumento de la esperanza de vida a partir de los sesenta y cinco años. Es decir, si tenemos un sistema de pensiones diseñado para una esperanza de vida determinada, parece lógico que, si esta aumenta significativamente, el sistema se reforme.

    La reforma de 2021, por un lado, garantizó la suficiencia de las pensiones al introducir por ley su automática actualización con el coste de la vida (o IPC), pero ha puesto en riesgo la sostenibilidad. La estrategia de no adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad y usar como única vía para la sostenibilidad la subida de cotizaciones me parece un error por dos motivos. En primer lugar, constituye un cheque en blanco para mantener la generosidad del sistema de pensiones a cualquier precio y ante cualquier aumento en la longevidad, y amenaza con dejarnos sin margen fiscal para muchos otros programas del Estado del bienestar, como la sanidad, la dependencia, que también favorecen a los mayores, pero también educación, vivienda, etc. En segundo lugar, olvida que un sistema de pensiones de reparto se mantiene en el tiempo por un pacto o contrato entre generaciones. Es decir, los que estamos pagando las pensiones de los actuales jubilados mediante nuestras cotizaciones, lo estamos haciendo porque confiamos en que las futuras generaciones de trabajadores hagan lo mismo por nosotros cuando nos jubilemos. Pero si aumenta la longevidad y nos oponemos a reformar el sistema de pensiones, estaremos imponiendo una excesiva carga fiscal a las futuras generaciones. Pero no solo aumenta la carga fiscal, sino que también hay un coste de oportunidad de ese aumento del gasto en pensiones que podría utilizarse para invertir en otras políticas, muchas de ellas más justas intergeneracionalmente, como por ejemplo en vivienda social en alquiler para jóvenes, en educación, en ayuda a la familia para mejorar la tasa de fecundidad o en la lucha contra la pobreza. Por todo ello se está debilitando la justicia intergeneracional.

    Muy probablemente en 2025 se va a abrir una ventana de oportunidad para reformar las pensiones. En ese año, se evalúa la última reforma. Todos los indicios apuntan que se va a activar la cláusula de salvaguardia que nos exigió imponer Bruselas como condición para poder seguir percibiendo los fondos europeos. La activación de esta cláusula nos obligará a tomar medidas para reducir el déficit. En principio estas medidas pueden ser de reducción del gasto o de aumento de cotizaciones. Pero si no hay consenso se deberá producir un aumento automático de cotizaciones con el consiguiente efecto sobre la justicia intergeneracional que hemos comentado antes. Ese será el momento idóneo para buscar un consenso entre los dos grandes partidos para adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad. Entre las medidas que se podrían consensuar se me ocurren tres. Por un lado, considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. Esta es la tradición española, que pasó de dos años a ocho años con el presidente González, de ocho a quince con el presidente Aznar, de quince a veinticinco con el presidente Zapatero y que en la última reforma se amplió de veinticinco a veintinueve, pero pudiendo descartar los dos años peores. En segundo lugar, tal como se comprometieron los interlocutores sociales en la reforma de 2011, introducir cambios automáticos en los parámetros del sistema a medida que aumenta la esperanza de vida a partir de los sesenta y siete años. En tercer lugar, permitir la plena compatibilización entre la percepción de una pensión y el trabajo remunerado, con un contrato especial para trabajadores jubilados que no tendría costes de despido. Se trataría de potenciar al máximo la jubilación parcial o flexible. Que no solo será buena para el sistema de pensiones sino también para el propio trabajador y su salud y atractivo para las empresas.

    Todas estas medidas ayudarían a contener el crecimiento del gasto en pensiones debido a aumentos en la longevidad, y permitirían liberar recursos fiscales para invertir en el bienestar de los jóvenes y recuperar la tan necesaria justicia intergeneracional.

    Determinación frente a la incertidumbre

    Pantallas en los colegios

    EN ESTE PAÍS

    PANTALLAS EN LOS COLEGIOS

    Un estudio publicado en enero de este año por la Universidad Noruega concluye que escribir a mano fortalece los procesos cognitivos.
    GABRIEL CRUZ

    Nos aseguraron que era lo “más” en educación, pero ahora parece que no tanto. Tras “vendernos” las bondades de los dispositivos electrónicos en clase, descubrimos sus daños colaterales. No pase página. Pinche intro. Perdón. Siga leyendo y se lo aclaramos.

    El aterrizaje de los dispositivos electrónicos en las aulas empezó en 2004 aproximadamente. Pocos años después, realizando un reportaje en un colegio, pasé por una clase en la que todos los alumnos tenían su tableta. La directora las enseñaba orgullosa. Semanas más tarde, me enteré por un estudiante que se las dejaban para que las viésemos los periodistas y al irnos las retiraban porque no tenían para todo el colegio. A mí no me engañaron, pero no por mi perspicacia, sino porque mi reportaje no versaba sobre la tecnología en las aulas. Con esto se hace una idea del “furor” que existía y existe en centros educativos por parecer avanzados, sobre todo ante los padres, y que consiste en “cuantas más pantallas mejor”.

    En anteriores reportajes ya advertimos que se sobrevaloraba el término nativo digital. Deslizar un dedo por una pantalla, como lo puede hacer un mono, no equivale a saber programar o mejorar en la adquisición de conocimientos. Sin embargo, hasta que no han venido los educadores del norte de Europa no lo hemos creído. El mensaje lo lanzó la ministra sueca de escuelas, Lotta Edholm, a finales de 2023. Tras comprobar el descenso en comprensión lectora de los alumnos suecos en los últimos exámenes PIRLS, paralizó la inclusión de pantallas y destinó 100 millones de euros para los próximos años para que los manuales en papel regresen a las aulas. No dijo que las pantallas fueran las culpables de esa bajada de nivel, pero sí que había que andarse con cuidado.

    Qué dicen los estudios

    Pese al revuelo que se montó por la decisión sueca en el sector educativo mundial, la revista Nature Human Behaviour publicó, también hace un año, una revisión de 2.451 artículos sobre el tema con pruebas de casi dos millones de estudiantes menores de 18 años. Aseguraba que había algunos beneficios con las pantallas y también riesgos, pero pequeños. Es decir: nada determinante. Esa misma tónica es la que también me encuentro en muchos centros universitarios especializados en España en didáctica e investigación educativa.

    Así pues, para este reportaje consultamos a uno de los que están “a pie de obra” y tienen a los alumnos frente a frente.

    Juan Azpilicueta es profesor de secundaria de matemáticas en un instituto público madrileño y entusiasta de la enseñanza en la que lleva 15 años. Lo primero que destaca es la presión de las empresas tecnológicas: “Hace pocos días reunieron al claustro de profesores con una vendedora de una multinacional de software. Tenía unos 22 años y nos decía como teníamos que dar clase a los que, como poco, la doblamos la edad. Básicamente, transmitía que no teníamos ni idea y que debíamos impartirla, como no, con sus pantallas y sus programas”. Esto nos recuerda a lo que señaló Jonathan Haid, reputado investigador en psicología social, en una entrevista en El País: “Ninguna tecnológica quiere perder a su objetivo más valioso: los preadolescentes”.

     

    EL ATERRIZAJE DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LAS AULAS EMPEZÓ EN 2004 APROXIMADAMENTE

     

    Presión de la industria

    Por eso se entiende la beligerancia de algunos pseudoexpertos en educación contra los periódicos que se hicieron eco del anuncio sueco. Aseguraban que la noticia era mentira justificándolo en que algunos medios confundieron al ministro de educación sueco, Mats Persson, con la ministra de escuelas, Lotta Edholm.

    El sector de Empresas de Tecnología Educativa mueve un mercado mundial de 252.030 millones de euros, que aumentará a 381.300 millones en 2026, según la consultora británica Global Data. Su interés por introducir las pantallas en la educación es innegable y, previsiblemente, empujará más fuerte por la irrupción de la inteligencia artificial. Aseguran que dejarán atrás “los tradicionales libros de texto por las aulas digitales y virtuales” dando por hecho que son mejores. Sin embargo, para la doctora en educación y psicología Catherine L’Ecuyer, “la industria tecnológica nunca ha cumplido con que debe probar primero que su método mejora el aprendizaje y después que los efectos colaterales no superarán las ventajas si las hubiera. Estamos experimentando con toda una generación”.

    ¿Se acuerda de esa amplísima campaña de publicidad del metaverso de hace dos años? Se decía, por ejemplo, que los alumnos ya no aprenderían astronomía como antes, mirando por un telescopio, sino visitando otros planetas con sus gafas de realidad virtual. Pero según el estudio El metaverso en la educación: retos y usos (Fad Juventud y BBVA – jun. 2023) el metaverso ha sido un fracaso porque no se utiliza. La solución, según el estudio, sería invertir más dinero en él.

    Escribir a mano

    Señala el profesor Azpilicueta que “la presión para digitalizar las aulas es muy intensa. Quieren uniformar mundialmente la enseñanza y hacerla dependiente de plataformas tecnológicas. Yo, `por ejemplo, soy defensor de la escritura a mano porque cada vez más a los alumnos les cuesta escribir, tienen una pésima caligrafía… ¡Si ya ni siquiera pintarrajean los cuadernos! Pues bien, pese a que me negué, me cambiarán la pizarra tradicional por la digital. Al menos pedí que estuvieran las dos: no me lo permiten. Entra la digital y se va el encerado. En la pizarra tradicional pintas o escribes lo que quieras, en la pantalla lo que te ofrece. Eres un sujeto pasivo”.

     

    EL USO DE LAS PANTALLAS EN LA EDUCACIÓN ES INNEGABLE Y EMPUJARÁ MÁS FUERTE POR LA IRRUPCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

     

    Le da la razón un estudio publicado en enero de este año por la Universidad Noruega que concluye que escribir a mano fortalece los procesos cognitivos. Azpilicueta sigue dando ejemplos: “Les pido a los alumnos que diseñen algo, por ejemplo: una lámpara. Absolutamente todos me piden consultar internet. ¡Se quedan bloqueados! Tienen inseguridad, y lo más devastador: falta de creatividad”. De nuevo acierta. El pasado abril un estudio del grupo de investigación Creatividad, Motivación y Autorregulación en el ámbito educativo de la Universidad Internacional de La Rioja constató un descenso de la creatividad según avanza la etapa de Educación Primaria. La directora del estudio, María José Cuetos, señaló que una de las posibles razones es el uso de las nuevas tecnologías. Será por estudios. Otro La falta de juego en la infancia, de la fundación Crecer, señalaba que el 80% de los niños son más creativos cuando no usan pantallas. Se tiende a pensar que la creatividad se refiere a expresión plástica, pero se extiende a todos los niveles, porque es crucial para resolver problemas. De hecho, el último informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts sostiene que las habilidades humanas esenciales para 2030 son el pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad.

    QUÉ LEER

    Más libros y menos pantallas. Cómo acabar con los cretinos digitales (Ed. Península). Michel Desmurget es uno de los neurocientíficos de referencia en los efectos perniciosos de las pantallas en el cerebro infantil. Su libro anterior fue La fábrica de cretinos digitales.

    Educar en la realidad (Ed. Plataforma Actual) Catherine L’Ecuyer. Su tesis es que si nuestros hijos aprenden en clave de realidad, ¿por qué hacerlo a través de las pantallas?

    El Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study en inglés) desató la polémica en Suecia. Evalúa la comprensión lectora de los alumnos en 4º de Primaria cada cinco años.

    Escribir a mano. Artículo publicado en la revista científica Frontiers in Psychology. Colocaron 256 sensores a 36 alumnos universitarios para detectar su actividad cerebral mientras escribían a mano.  

    En muchos centros educativos creen que, para parecer avanzados, cuantas más pantallas mejor.

    A QUIÉN SEGUIR

    WEB: intef.es
    Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Es la unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional para la integración de las tecnologías digitales y la formación del profesorado en las etapas educativas no universitarias.

    Francisco Mora Teruel
    @morateruel
    Profesor de Universidad Complutense en neurociencia, escribió el libro Un paseo didáctico por la neuroeducación.

    César Bona
    @cccesssarrr
    Maestro de escuela.

    CocinandoClases
    @cocinandoclases

    Noticias, reflexiones, experiencias, recursos TIC, herramientas 2.0.
    @educaciongob

    Enrique Sánchez es maestro, pedagogo y escritor. Director del centro del profesorado de Málaga.
    @quiquesr

    «Móviles en la escuela: debatamos desde la sensatez», por María Capellán

    EN ESTE PAÍS

    MARÍA CAPELLÁN,

    presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA)

    “Debemos aprovecharnos de sus utilidades y huir de los excesos, preparando y educando al alumnado para los riesgos inherentes a las tecnologías”

    Móviles en la escuela: debatamos desde la sensatez

    Parece mentira cómo cambia el mensaje de una película en función del momento en que esta se proyecte. Pues lo mismo ocurre con el uso de los dispositivos móviles en nuestra sociedad.

    Apenas hace cuatro años que el niño o niña que no tenía un móvil de última generación con conexión a internet, cámara de 500 megapíxeles, acceso al televisor y descargadas miles de aplicaciones, además de conexión a la impresora o una tablet u ordenador desde el que poder acceder a los contenidos que el profesorado le mandaba, parecía que se quedaba desconectado del sistema educativo. Fue así durante los 100 días que duró el confinamiento en nuestro país y el cierre de las aulas. La tecnología fue, además, la única forma en la que podían mantenerse conectados con el grupo de amigos con los que, hasta entonces, se reunían en extraescolares, parques o recreos en sus ratos de ocio.

    Cómo es posible que hoy en día el planteamiento nuevo sea que, aquello que en pandemia era tan maravilloso, hoy sea algo similar a un arma de destrucción masiva a través de la que nuestros hijos e hijas van a acabar no solo con su vida, sino también con la de todo el planeta.

    En la era en la que para comprar cualquier cosa no necesitas salir de casa, puedes ver las mejores series y películas a cualquier hora y en cualquier espacio, hablar y ver a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y encontrar cualquier información con solo dar una tecla, ¿pretendemos volver a la época de las cavernas, como cuando la comunicación era a través de señales de humo y con pinturas en las cuevas?

    Hagamos caso a los sabios como el señor Aristóteles, que dijo hace muchos años que en “en el término medio está la virtud”, o quizá deberíamos actuar como pondría en el prospecto de cualquier medicamento que encontramos en las farmacias de nuestro país: “El uso moderado y responsable del mismo no creará ni adicción ni efectos secundarios en nuestro organismo”.

    Por tanto, enseñemos a todo el mundo, y no solo a los más jóvenes, que los dispositivos tecnológicos están aquí para quedarse entre nosotros y que debemos aprovecharnos de sus utilidades y huir de los excesos, preparando y educando al alumnado para los riesgos inherentes a las tecnologías de la información y comunicación, tales como la dependencia, la desinformación y la falta de socialización que el uso de este tipo de dispositivos puede producir.

    ¿Quién es capaz de hacer que, después de ver las ventajas que tiene contar con cualquier información a un solo clic, tengamos que acudir a las bibliotecas y grandes enciclopedias para poder acceder al conocimiento y a la información que podemos manejar al instante? ¿Estamos los adultos dispuestos a renunciar a ello? Y entonces, ¿con qué superioridad moral vamos a prohibírselo a nuestros jóvenes?

    Desde CEAPA hemos abogado siempre por no criminalizar el uso de dispositivos tecnológicos y, en cambio, generar un debate desde la serenidad y la sensatez para valorar los efectos positivos que tiene la tecnología, siempre que hagamos buen uso de ella. Esperamos que se abra realmente un debate serio y calmado con toda la comunidad educativa, en el que, por supuesto, se cuente con la opinión de las familias, porque somos una parte importante para que nuestros hijos e hijas hagan un uso adecuado de los dispositivos tecnológicos.

    La otra parte fundamental es el profesorado. Es esencial brindar a los docentes la formación adecuada para que estén capacitados en el uso y enseñanza de estas herramientas tecnológicas, garantizando así una educación más sólida y preparada para los nuevos retos que la sociedad nos plantea.

    Además de la correcta formación del profesorado, nos preocupa cómo puede afectar a la equidad educativa el uso de dispositivos electrónicos en el aula. Como ya he comentado, estamos a favor de aprovechar los grandes beneficios de la tecnología para mejorar la educación. Pero eso no puede suponer que haya casos en los que determinado alumnado se quede atrás. Si es necesario un dispositivo digital para realizar tareas pedagógicas, debe ser el propio centro educativo el que lo aporte, no el alumnado, pues lo contrario genera desigualdad. No todos los alumnos y alumnas pueden tener acceso a un móvil, tablet o internet, así que el uso de la tecnología debería ser equitativo para todos.

    Desde las familias de la escuela pública seguiremos rechazando la prohibición como la mejor manera de afrontar el uso de los dispositivos digitales por parte de nuestros hijos e hijas. Eduquémoslos, tanto desde la escuela como desde la propia familia, para que aprendan a hacer un uso responsable y moderado de la tecnología. Cuando sean adultos nos lo agradecerán.

    Los notarios y la familia

    EN ESTE PAÍS

    LOS NOTARIOS Y LA FAMILIA

    Las capitulaciones matrimoniales son un pacto que se establece entre los cónyuges antes o durante el matrimonio, con el fin de ordenar el régimen económico matrimonial.
    Los notarios prestan numerosos servicios a las familias españolas. Podría decirse que las acompañan desde que dan sus primeros pasos. Por las casi 3.000 notarías españolas pasan a diario parejas que están pensando en unirse formalmente, otras que deciden casarse, también las que quieren cambiar su régimen económico matrimonial, divorciarse, o proteger económicamente a un hijo.
    REDACCIÓN

    Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, los notarios en España son competentes para celebrar matrimonios civiles y, desde el 30 de abril de 2021, también para tramitar el expediente matrimonial de los contrayentes.

     

    LOS NOTARIOS EN ESPAÑA SON COMPETENTES PARA CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES Y PARA TRAMITAR EL EXPEDIENTE MATRIMONIAL DE LOS CONTRAYENTES

     

    Según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en 2023 se registró un aumento del 16,3% en la celebración de matrimonios ante notario en comparación con el año anterior, con un total de 22.632 escrituras de celebración de matrimonio autorizadas en 2023 frente a las 19.466 del 2022. En cuanto a las actas de resolución de expediente matrimonial, en el año 2023 se formalizaron 19.681, mientras que en 2022 este número fue de 14.930, lo que evidencia que se está convirtiendo en una opción de interés para las parejas españolas.

    En el caso de los divorcios hay que tener cuenta que estos solo se pueden realizar ante notario al menos tres meses después de la celebración del matrimonio, siempre que sean de mutuo acuerdo y que no existan hijos menores de edad no emancipados o mayores de edad respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Así, en 2023 se realizaron 12.490 divorcios y separaciones ante notario, y 11.231 en 2022, lo que supone un aumento del 11,2% en comparación con el año anterior.

    ACTAS DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y DE ESCRITURAS DE MATRIMONIO ANTE NOTARIO EN 2023 RESPECTO A 2022

    Las capitulaciones matrimoniales son un pacto que se establece entre los cónyuges antes o durante el matrimonio, con el fin de ordenar el régimen económico matrimonial. En defecto de esta estipulación, se aplica a la pareja el régimen económico matrimonial supletorio conforme a la legislación de cada comunidad autónoma.

    Las capitulaciones matrimoniales son una práctica legal cada vez más relevante en España, tal y como reflejan los datos del Centro de Información Estadística del Notariado correspondientes a 2023. En ese año se llevaron a cabo un total de 65.246 capitulaciones matrimoniales en todo el país, de las cuales el 92,3% correspondieron a parejas que optaron por la separación de bienes, mientras que el 5,1% optó por el régimen de gananciales, y el 2,5% restante se distribuyó entre otros tipos de regímenes de comunidad.

    Asimismo, del total de capitulaciones matrimoniales realizadas en 2023, el 58,2% fueron prenupciales y el 41,7% fueron firmadas después del matrimonio.

    EVOLUCIÓN DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESPAÑA DE 2007 A 2023

    La evolución de las capitulaciones matrimoniales pactando el régimen de separación de bienes sigue una tendencia al alza similar a la del total de las capitulaciones matrimoniales. El año 2023 registró 60.239 operaciones de este tipo, representando así un incremento del 3,9% respecto a las 57.968 operaciones del año 2022.

    La liquidación de gananciales es el reparto del patrimonio que los cónyuges hayan adquirido durante el matrimonio o hasta el cambio de su régimen económico matrimonial cuando este tiene lugar antes del divorcio. Se produce después de la disolución de la sociedad de gananciales.
    En España, en 2023 se efectuaron 12.162 escrituras de liquidación de sociedad conyugal (inter vivos), que se refieren a la partición de bienes entre cónyuges vivos, y 13.781 aportaciones a la sociedad conyugal, que son bienes aportados por uno o ambos cónyuges al patrimonio común.

    Protección patrimonial

    Un patrimonio protegido es una institución prevista en la legislación civil, en virtud de la cual es posible crear un conjunto de bienes destinados a atender las necesidades vitales presentes y futuras de una persona que padezca una discapacidad. Cuando se crea el patrimonio protegido, se aportan al mismo una serie de bienes o derechos que, en ese momento, se consideran suficientes para atender las necesidades de su beneficiario.

    Si con posterioridad las personas que lo constituyen tienen la posibilidad de agregar bienes o recursos adicionales, con los que asegurar de forma más adecuada las necesidades del beneficiario, o de cubrir nuevas necesidades que puedan surgir, se puede realizar aportaciones al patrimonio protegido. Del mismo modo, si a posteriori se quieren cambiar reglas sobre la gestión o administración del patrimonio protegido podrán realizarse modificaciones al patrimonio protegido.

    De acuerdo con los datos de CIEN, en 2023 se constituyeron 428 patrimonios protegidos en España; 1.994 nuevas aportaciones de patrimonio y 25 modificaciones de este tipo de acto jurídico.

    La institución del patrimonio protegido ha ido adquiriendo mayor relevancia a lo largo del tiempo. De hecho, se observa un incremento del 108,8% en el número de constituciones de patrimonio protegido desde 2007 hasta la fecha. Por otro lado, las aportaciones a este tipo de patrimonio han experimentado un aumento del 922,6% en los últimos 17 años.

    El Notariado hoy

    Los notarios son funcionarios públicos que, por delegación del Estado, tienen atribuidas importantes funciones, como la de dar fe pública y controlar la legalidad.  Así, los documentos y acuerdos redactados y/o autorizados por un notario adquieren la entidad de documentos públicos, a los que la Ley reconoce veracidad, firmeza y fuerza probatoria. Los notarios proporcionan la seguridad jurídica preventiva que ampara la Constitución. El notario es garantía de autenticidad, legalidad y seguridad, tanto para los ciudadanos y empresas como para el Estado.

    Uniones de hecho

    Las uniones de hecho suponen una alternativa para aquellas parejas que desean establecer un compromiso sin necesidad de contraer matrimonio. Muchas parejas eligen formalizar su unión utilizando esta figura. Hacerlo ante notario supone recibir asesoramiento imparcial y gratuito y garantiza la validez del acuerdo en todo el Estado, puesto que actualmente no existe una normativa nacional que regule las parejas de hecho, y existen importantes diferencias entre las 13 comunidades donde sí tienen regulación específica. El notario, al redactar la escritura pública de convivencia, explica también a las parejas las posibilidades existentes para regular sus asuntos en materia económica y puede asesorarles sobre cuestiones relacionadas con su descendencia y su sucesión, entre otros temas. En 2023 los notarios autorizaron 36.307 acuerdos relativos a uniones de hecho frente a los 28.433 de 2022, lo que supone un incremento interanual del 27,7%.

    Reconocimiento de hijos

    El reconocimiento de hijos ante notario consiste en una declaración que hace una persona manifestando o confesando que es padre o madre de otra. Según datos del CIEN, en España se realizaron 347 reconocimientos de hijos ante notario en 2023, esto representa un aumento del 23,0% con respecto al 2022 donde se formalizaron 282 actos. Por CC.AA. el 25,1% de estos actos se llevaron a cabo en Madrid, el 17,9% en Cataluña y el 12,7% en Andalucía, mientras que Navarra fue la única comunidad donde no se tuvo constancia de este tipo de acto.

    La banca digital gana terreno

    ENTRE MAGNITUDES

    La banca digital gana terreno

    Los avances en digitalización han tenido una destacada influencia en la banca en España, no sólo a través del lanzamiento de nuevos canales y servicios sino también mediante la apuesta por la contratación de personal con perfiles especializados en el ámbito conocido como STEM (acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y en la optimización y adelgazamiento de su red comercial.
    FERNANDO GEIJO
    Más de 35 millones de personas utilizaba los servicios de banca electrónica a finales de 2020.

    Hubo un tiempo en que la conexión a internet valía su peso en oro. Eran momentos de incertidumbre y la digitalización extendía su mancha de influencia por ciudades y pueblos de todo el globo. Durante la pandemia el porcentaje de trabajadores con ordenador se multiplicó de forma exponencial. La generalización de este factor supuso no sólo la adopción de costumbres antes impensables, como el pago del pan o de un simple café con la tarjera bancaria, sino también unas ganancias en productividad que todavía perduran hasta nuestros días.

     

    DESDE LA PANDEMIA EL USO DE LA BANCA DIGITAL EN ESPAÑA HA AUMENTADO EN UN 30%, SEGÚN UN ESTUDIO DE KPMG

     

    Operaciones en línea

    El don de la ubicuidad laboral, facilitado por la eclosión de las conexiones gracias al despliegue masivo de las redes inalámbricas, fue un inesperado acicate a la hora de animar las raquíticas ratios de productividad en las sociedades industrializadas. De esta forma, el trabajo a distancia y las operaciones en línea se erigieron como auténticas válvulas de escape de cara a lidiar con la adaptación al inédito cierre forzoso de actividad decretado a causa del covid-19, como se indica en el reciente estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el título: How Pandemic Accelerated Digital transformation in Advanced Economies.

    No en vano, esta publicación señala que la revolución digital derivada de la pandemia contribuyó, de forma crucial, a lograr la eficiente protección del empleo durante la situación de excepción, al posibilitar una menor pérdida de productividad laboral, en términos de horas trabajadas, y fue especialmente relevante en los sectores más digitalizados, como el bancario.

    Internet permitió la organización y simplificación eficiente de muchas tareas cotidianas.

    En este sentido, una encuesta realizada en julio de 2023 por la consultora Metroscopia aseguraba que tres de cada cuatro españoles preferían relacionarse con su banco de forma digital, salvo para realizar operaciones complejas, como la tramitación de hipotecas. Asimismo, el sondeo avanzaba que la población bancaria digitalizada en España habría pasado en los dos últimos años del 67% al 74%, mientras que en el caso de los mayores de 65 años este porcentaje descendía hasta el 51%.

    Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reseñaba en un informe de 2021 que un 62% de la población española de entre 16 y 74 años (más de 35 millones de personas) utilizaba los servicios de banca electrónica a finales de 2020, y que desde 2011 el uso de internet en nuestro país había aumentado nada menos que en 35 puntos. No en vano, en 2003 menos del 10% de la población española la usaba, frente al 71% actual, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB).

     

    EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL FUE EN 2022 EL MÁS MADURO DIGITALMENTE DEL MUNDO, POR DELANTE DE SINGAPUR, NORUEGA Y CANADÁ

     

    Adiós sucursal, hola móvil

    Estos cambios en la forma en que los ciudadanos se relacionan con su banco afectan también a los canales de comunicación, primando lo digital frente a la opción presencial. Así, la propia Asociación Española de Banca indicaba recientemente que la cifra de clientes que acuden a la oficina bancaria para realizar trámites ha caído bruscamente en 2024 hasta un porcentaje del 8%.

    Por consiguiente, el cliente tipo de la banca en España ya no estaría, por decirlo de alguna manera, ‘sucursalizado’, como aclara un informe de Deloitte titulado: Digital Banking Maturity, en el que se analizó el nivel de madurez digital de la banca en 2022, incluyendo un universo total de 304 bancos de 41 países.

    En el mismo, se afirma que la banca española lideraba la digitalización en el mundo gracias a los esfuerzos realizados en la automatización de procesos y operaciones, lo que ha permitido la contratación digital de múltiples servicios financieros y de inversión.

    El Banco de España también publicaba un análisis en 2023 sobre Hábitos en el uso del efectivo en el que revelaba que las tarjetas se han consolidado como el segundo método de pago más utilizado, tras el cash, mientras que los teléfonos móviles se han colocado en el tercer lugar, al ser utilizados por un 10% de la población.

     

    LA CIFRA DE CLIENTES QUE ACUDEN A LA OFICINA BANCARIA PARA REALIZAR TRÁMITES HA CAÍDO BRUSCAMENTE EN 2024, HASTA UN PORCENTAJE DEL 8%

     

    Los avances en digitalización han supuesto también el cierre masivo de oficinas bancarias, al pasar de más de 27.000 en 2018 a las casi 18.000 de finales de 2023.

    Tendencia al alza

    El impacto y tendencias de la digitalización en los procesos bancarios fue analizado además en un informe de 2023 elaborado por KPMG por encargo del think tank de la Fundación de las Cajas de Ahorros. El estudio, bajo el título La digitalización como eje de transformación bancaria, revela que desde la pandemia el uso de la banca digital en España ha aumentado en un 30%. Este porcentaje implica que el 70% de la población era usuaria habitual del canal digital, por encima de la media europea del 60%.

    Asimismo, se espera que esta tendencia se consolide y siga al alza hasta alcanzar el 85% en 2027, tras añadir unos seis millones de clientes al canal digital, donde tres de cada cuatro contrataciones bancarias ya serán online gracias, entre otros factores, al imparable auge del comercio electrónico, la consolidación de alternativas como las Fin Tech, Big Tech y la competencia de los neobancos y, finalmente, a los cambios regulatorios previstos.

    Hacia un futuro bancario digital

    El sector bancario afronta una serie de cambios que se resumen en:

    • Las entidades financieras ya no hacen solamente banca.
    • La creciente demanda de servicios de asesoría.
    • La expansión en el sector de las aplicaciones móviles.
    • La prestación de servicios personalizados de valor añadido.
    • El potencial del comercio electrónico y la venta cruzada.

    Fuente: Digital Banking Maturity, Monitor Deloitte.

    Tres de cada cuatro españoles prefieren relacionarse con su banco de forma digital, salvo para realizar operaciones complejas.

    Panorama patrio

    • Los bancos españoles alcanzaron un 50% de media de contratación digital en 2022.
    • El efectivo sigue siendo el medio de pago dominante con el 65% de las operaciones.
    • La pandemia supuso la aparición de nuevos métodos de pago, como el Buy Now Pay Later (BNPL).
    • Bizum cuenta con más de 22 millones de usuarios en España y aglutina 762 millones de operaciones.
    • Los neobancos, 100% digitales, alcanzan el 30% de cuota de mercado.

    Fuente: La digitalización como eje de transformación bancaria, KPMG-FUNCAS.

    Las tarjetas se han consolidado como el segundo método de pago más utilizado, tras el cash.

    OJO AL DATO

    Informe Digitalización durante la crisis del Covid-19, implicaciones para la productividad y los mercados laborales en las economías avanzadas. Fondo Monetario Internacional (FMI), marzo de 2023.

    Ver más

    La digitalización como eje de transformación bancaria. Observatorio de la Digitalización Financiera, FUNCAS-KPMG, julio de 2023.

    Ver más

    Informe Digital Banking Maturity 2022, Monitor Deloitte, febrero de 2023.

    Ver más

    Informe ejecutivo Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo. Banco de España Eurosistema, 2023.

    Ver más