Notarías en el mundo rural: Un balón de seguridad jurídica, desarrollo y apoyo social, por Carmen Boulet Alonso

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

FUNDACIÓN NOTARIADO

CARMEN BOULET ALONSO,

notaria y miembro de la Comisión Notariado, Mujer y Sociedad, de la Fundación Notariado.

En un momento en que el medio rural recupera protagonismo en la agenda social y política, el notario reafirma su rol como colaborador activo en el progreso de estas tierras y de su gente"

Notarías en el mundo rural: Un balón de seguridad jurídica, desarrollo y apoyo social

En España tenemos más de 660 notarías en pueblos de menos de 15.000 habitantes. De estas, más de la mitad, 366, tiene al frente una notaria.

 Estas notarías tienen, además de las características comunes a todas las notarías, algunas que las diferencian. Mucha gente puede pensar que somos solo una oficina donde se firman documentos, pero somos mucho más que eso; somos un espacio de confianza, cercanía y asesoramiento que contribuye de forma decisiva al bienestar personal, familiar y empresarial de las personas, de las familias, de las empresas, de la comunidad… Lejos de la imagen fría que a veces se asocia a la función notarial, la labor del notario, especialmente en el mundo rural, tiene un componente social profundo y dinámico, adaptado a las necesidades particulares de su entorno.

Integrad@s en la comunidad

Los pueblos pequeños tienen características que los diferencian claramente de los entornos urbanos: relaciones personales más frecuentes y estrechas, economías basadas en la agricultura, ganadería y pequeñas empresas, y, en muchos casos, una población envejecida. Los notarios no solo conocemos la Ley, también comprendemos las realidades locales: la importancia de una finca familiar, las particularidades de las explotaciones agrarias, la transmisión de negocios, o los retos de fijar población y dinamizar la economía local.

Nuestra presencia fortalece la seguridad jurídica preventiva, aspecto fundamental para evitar conflictos y litigios futuros mediante la adecuada planificación y formalización de actos y contratos. En entornos donde los recursos jurídicos y judiciales quizá son más limitados, la prevención se convierte, aun mas, en un instrumento de paz social y de reducción de incertidumbres.

Son varios los ámbitos en que desarrollamos nuestra actuación. Podemos destacar los siguientes:

Con las personas y familias

Todos los notarios asistimos a las personas en los momentos más relevantes de su vida. En el mundo rural, estos servicios adquieren una dimensión humana singular. Desde la actuación con mayores, personas con discapacidad o en situaciones de soledad no deseada, el notario proporciona información clara y adaptada. También orienta sobre mecanismos como tutelas, curatelas o poderes preventivos, especialmente relevantes en poblaciones con una alta proporción de mayores.

 Testamentos y planificación sucesoria. En un entorno donde el patrimonio familiar está a menudo ligado a tierras y bienes productivos, planificar adecuadamente la sucesión es clave para evitar conflictos entre herederos. El notario asesora sobre testamentos, pactos sucesorios, instituciones de heredero y legítimas, siempre buscando equilibrar la voluntad del testador y la protección de los derechos de los beneficiarios.

 Protocolización de acuerdos familiares. Las familias rurales, al igual que cualquier familia, pueden enfrentarse a situaciones complejas: separación de bienes, renuncias a herencias, donaciones entre parientes o acuerdos sobre el uso de bienes comunes. Formalizar estos acuerdos ante notario garantiza claridad y fuerza jurídica, reduciendo la posibilidad de malentendidos en el futuro.

Con el tejido empresarial rural

El mundo rural se caracteriza por un tejido productivo fundamentalmente compuesto por autónomos, cooperativas, pymes agrarias, pequeños negocios locales y proyectos emprendedores. El notario ofrece asesoramiento y formalización en todos estos ámbitos:

Constitución y transformación de empresas. La creación de cooperativas agrarias, sociedades limitadas o comunidades de bienes pasa por decisiones cruciales: estatutos, aportaciones, distribución de beneficios, representación legal, etc. El notario no solo da fe pública de los acuerdos, sino que orienta para que la sociedad se configure de forma adecuada y adaptada a cada necesidad y a cada persona desde el inicio.

Contratos y actos mercantiles varios. En la actividad rural hay múltiples contratos que requieren seguridad jurídica: arrendamientos de tierras, compraventa de maquinarias, contratos de suministro, franquicias o acuerdos de colaboración. La formalización ante notario dota a estas transacciones de claridad, trazabilidad y protección frente a conflictos.

Garantías y financiación. Cuando una explotación necesita financiación, los notarios intervenimos en la formalización de garantías reales como hipotecas o prendas sin desplazamiento de la posesión, así como en las pólizas de contratos bancarios varios. Además, podemos informar sobre las implicaciones de cada tipo y sus efectos sobre el patrimonio del productor o empresario.

Ayuda a la mujer en el mundo rural

Uno de los aspectos más sensibles y socialmente relevantes de la actividad notarial en el medio rural es el apoyo a la mujer, especialmente en contextos donde la igualdad de oportunidades aún enfrenta barreras estructurales.

Especialmente en la ayuda a la mujer rural, los notarios desempeñamos un papel de guía y apoyo, promoviendo la igualdad de oportunidades, la titularidad de derechos y la participación plena en la vida económica y social de su comunidad.

Puedo señalar algunos de las funciones más importantes que podemos desempeñar como son:

Asesoramiento jurídico y empoderamiento. Muchas mujeres rurales desempeñan un papel clave en sus explotaciones y familias, aunque no siempre figuren como titulares oficiales. Podemos asesorar sobre cómo formalizar derechos sobre tierras, negocios o viviendas, asegurando que las mujeres accedan a los mismos derechos patrimoniales que sus parejas o familiares varones.

 Protección frente a la violencia de género. En situaciones de maltrato, el notario ofrece información sobre medidas legales de protección, mecanismos de separación de bienes o administración de recursos de forma segura y planificada. También puede dirigir a la interesada a los recursos públicos existentes, garantizando un enfoque integral.

Fomento del emprendimiento femenino. Cada vez son más las mujeres rurales que emprenden proyectos empresariales propios, desde turismo rural hasta productos artesanales o iniciativas agroecológicas. El notario actúa como interlocutor jurídico que facilita la constitución de proyectos, la elección de la forma societaria adecuada, la redacción de estatutos y la formalización de acuerdos entre socias.

En un momento en que el medio rural recupera protagonismo en la agenda social y política, el notario reafirma su rol como colaborador activo en el progreso de estas tierras y de su gente.

Nuestra presencia en el medio rural no es un lujo burocrático, sino un pilar esencial del desarrollo sostenible, la justicia preventiva y la cohesión social. Aporta seguridad jurídica, asesoramiento integral y proximidad humana, adaptándose a las necesidades personales, familiares y empresariales de quienes viven y trabajan en el entorno rural.

“Retos de la empresa familiar para garantizar su continuidad”, por Juan Francisco Corona

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ENTRE MAGNITUDES

JUAN FRANCISCO CORONA ,

Catedrático de Economía Aplicada. Rector Honorario de la Universidad CEU Abat Oliba. Exdirector general del Instituto de la Empresa Familiar (IEF)

Sin empresas familiares que se transmitan a través de las generaciones no es posible garantizar el crecimiento de la economía a largo plazo"

Retos de la empresa familiar para garantizar su continuidad

Una empresa familiar se enfrenta a dos tipos de retos para garantizar su continuidad: los propios de cualquier empresa que opere en el mercado y los específicos de su carácter familiar, aunque todo ello aparece oportunamente compensado porque en caso de una buena gestión la empresa familiar no sólo se beneficia de la misma sino también de los factores positivos adicionales que le reporta su carácter de familiar.

En este sentido, puede desaparecer por los mismos motivos que cualquier otra empresa: tamaño insuficiente, tecnología inadecuada, planificación errónea, carencias de capital financiero, falta de adaptación en el mercado, y en general, cualquier otra deficiencia de gestión.

Política económica

Sin embargo, y desde el punto de vista de la supervivencia, la experiencia disponible demuestra que la desaparición de empresas familiares suele estar relacionada más directamente con una serie de factores diferentes a los que acabamos de exponer: los que se derivan directamente de su carácter familiar y los que son consecuencia directa de la política económica.

En el ámbito de las empresas familiares, podemos referirnos a problemas de tipo financiero como, por ejemplo, la incapacidad de incorporar capital para crecer, internacionalizarse o mejorar tecnológicamente sin diluir la participación de la familia en la propiedad, o la incapacidad para congeniar adecuadamente la necesidad de liquidez de la familia y la necesidad de capitalización de la empresa.

En una línea muy parecida podríamos considerar las dificultades para atraer, motivar y retener a ejecutivos profesionales no familiares, que permitan introducir las mejoras necesarias en orden a modernizar la empresa y adaptarla a unos mercados cuya velocidad de cambio cada vez es más explosiva.

Problemas familiares

Pero por encima de todo se encuentran los problemas estrictamente familiares, entre los que destacan la resistencia por parte de las generaciones en el poder para renunciar en el momento oportuno, las rivalidades entre miembros de la generación al mando que dificultan la consecución de acuerdos sobre la elección del sucesor o sucesores, o la incapacidad de distinguir adecuadamente entre los distintos roles de familiar, propietario y gestor de la empresa que en muchas ocasiones desempeñan varias personas pertenecientes a la familia.

En la práctica el problema número uno consiste en garantizar la continuidad de la empresa familiar a través de un proceso eficiente de sucesión generacional. Obviamente, cada empresa y cada familia son un mundo aparte, y por lo tanto no se puede generalizar, pero la experiencia demuestra que existen unas prácticas recomendadas que resultan extremadamente útiles para proteger el futuro de la empresa: la decisión de aceptar el relevo generacional en el momento oportuno, y la planificación estratégica con mucha antelación del proceso en sí. En este sentido, la existencia de períodos de bastón de mando compartido en los cuales la vieja y la nueva generación gobiernan conjuntamente, junto con la protocolización de órganos de gobierno y accionistas junto con el rol de la familia en la empresa, son instrumentos que adecuadamente canalizados ayudan enormemente a incrementar la trayectoria vital de las empresas familiares.

Obstáculos

Desde el punto de vista de la política económica, una observación detallada de la demografía empresarial nos permite apreciar que las cifras muy significativas de creación de empresas conviven con una elevada tasa de mortalidad de las mismas. Esta última se concentra en las empresas de más reciente creación, lo que sugiere que más allá de las clásicas barreras de entrada, existen importantes obstáculos a la consolidación empresarial. Por dicho motivo, el riesgo de desaparición de una empresa disminuye en la medida en que aumenta su antigüedad, lo que aconseja que la política económica priorice aquellas medidas que contribuyan a superar el periodo crítico de los primeros años de existencia de la empresa.

Para ello es preciso formular políticas que impulsen el nacimiento y consolidación de empresas (reducir regulaciones, eliminar barreras fiscales, facilitar el acceso a la financiación, incentivar I+D+i, etc.). Pero al mismo tiempo hay que tener presente que las características propias de las empresas familiares suponen una ayuda muy importante para superar los años críticos de supervivencia, por lo que es necesario diseñar un marco económico y legal orientado a favorecer la cultura de la empresa familiar, a facilitar su creación y a ayudar a su supervivencia.

Ante la evidencia, sobradamente probada, de la existencia de una correlación positiva entre aumento del número de empresas y crecimiento económico, es evidente que el futuro de la economía española descansa, en buena medida, en manos de las empresas familiares.

Sin empresas familiares que nazcan, crezcan y se transmitan a través de las generaciones no es posible garantizar la estabilidad y crecimiento de la economía a largo plazo. Todas las medidas que se adopten para favorecer la creación, consolidación y continuidad de las empresas familiares, configurarán una política económica acertada y efectiva en pro de un incremento del bienestar social.

Retos o daños colaterales de la Ley 8/2021 , por Emilio Olabarría Muñoz

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ESPACIO ÆQUITAS

EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ,

licenciado en Derecho, exdiputado y patrono de la Fundación Aequitas

Nos encontramos con una preocupante falta de coherencia entre los requerimientos de la Ley 8/2021 y numerosos sectores del derecho público"

Retos o daños colaterales de la Ley 8/2021

Como cuestión preliminar podemos comentar que la Ley 8/2021, de 2 de junio, tiene en relación al ordenamiento de la discapacidad una naturaleza semejante al Título Preliminar del Código Civil caracterizada por su aplicabilidad a la totalidad del ordenamiento jurídico.

La Ley 8/2021 no solo absorbe la ontología de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, sino también lo relativo a la discapacidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad de 1993; el Convenio 159 de la OIT; el artículo 15 de la Carta Social Europea; la Directiva 2000/78 CE para la Igualdad de Trato al Empleo de la Discapacidad, etc.

Disfunciones

Nos encontramos, sin embargo, con una preocupante falta de coherencia entre los requerimientos de la Ley 8/2021 y numerosos sectores del derecho público, particularmente del derecho tributario, del derecho laboral y de la Seguridad Social.

La primera disfunción hace referencia al incumplimiento de la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, sala primera, de 18 de enero de 2024, que prohíbe despedir a un trabajador con discapacidad sobrevenida sin intentar adaptar su puesto. El fallo se emite por entender el Tribunal de Justicia que se incumple el artículo 5 de la Directiva 2000/78 CE. La directiva y la sentencia obligarían, y no se ha hecho, a reformar el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social y otros.

La siguiente disfunción es la actual regulación de la Disposición adicional vigesimoquinta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. De esta disposición adicional se deriva la ilegal obligación de vincular la acción protectora del sistema de pensiones a una curatela representativa para todos los actos de la vida del incapacitado. Es doble la disfunción derivada de este precepto: se obliga a optar por una figura, la curatela representativa, de carácter residual en la Ley 8/2021 que opta por la desjudicialización de las medidas de apoyo, y, además, exigiendo que dicha curatela sea para todos los actos de la vida (de facto se recupera la tutela) se está innovando peligrosamente, puesto que el auto que declare la curatela tiene que identificar qué actos concretos legitiman la actuación del curador.

Acceso al empleo público

En relación al acceso al empleo público de las personas con discapacidad y superado por la Convención de Nueva York el modelo histórico-médico del rehabilitador de las personas con discapacidad, se focaliza con particular atención al acceso al empleo público.

El acceso al empleo público de las personas con discapacidad está caracterizado por dificultades añadidas en cumplimientos legales. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece una reserva del 7% de las Ofertas Públicas de Empleo de grado igual o superior al 33% para su cobertura por personas con discapacidad. Se exige que estas personas superen las pruebas selectivas (se ofertan procedimientos de lectura fácil y adaptaciones de las pruebas selectivas que por estar mal confeccionadas resultan más gravosas que las pruebas ordinarias). El 2% de las plazas ofertadas se limita a personas con discapacidad intelectual, exigiéndose ajustes razonables tanto en las pruebas selectivas como en las plazas asignadas a las personas con discapacidad intelectual que superen dichas pruebas. Y no solo lo anteriormente indicado. Pese a que se configura un sistema de prioridad en la selección de la plaza para que las personas con discapacidad intelectual puedan tomar posesión de la misma, evitando que la falta de autonomía personal u otras características de su discapacidad (plazas geográficamente lejanas, plazas que obligan a vivir en solitario a personas sin autonomía personal) les impidan tomar posesión de la plaza, se hace lo contrario y este tipo de plazas habitualmente quedan vacantes por el desistimiento del incapacitado.

Plazas para personas con discapacidad

Las circunstancias anteriores empeoran porque las resoluciones que aprueban las bases de las Ofertas Públicas de Empleo establecen una perversión de tracto sucesivo consistente en lo siguiente: si las plazas de las personas con discapacidad intelectual no se cubren, estas acrecen el cupo de otras discapacidades; si tampoco así se cubren estos cupos, se acrece el cupo ordinario o general.

Se incumple sistemáticamente el artículo 2 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad cuya letra M establece la obligación de aplicar ajustes razonables a las personas con discapacidad, siendo estos: las modificaciones y adaptaciones necesarias adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal de las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en una caso particular de manera eficaz y práctica la accesibilidad y la participación (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).

Observamos que en el ámbito del empleo se mantienen actividades discriminatorias contrarias a la vida independiente, la normalización, la accesibilidad universal, el diseño para todos, el diálogo civil y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

“La Ley 8/2021 y el ingreso involuntario psiquiátrico: una reforma aún pendiente”, por Mª José Cano y Mikel Merino

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ESPACIO ÆQUITAS

MIKEL MERINO,

representante del Comité en Primera Persona de Salud Mental Euskadi y agente de Apoyo Mutuo en Agifes

Sin empresas familiares que se transmitan a través de las generaciones no es posible garantizar el El Tribunal Constitucional ha reiterado que el ingreso involuntario constituye una auténtica privación de libertad y que, como tal, exige garantías reforzadas"

La Ley 8/2021 y el ingreso involuntario psiquiátrico: una reforma aún pendiente

Los días 22 y 23 de enero tuvimos la oportunidad de participar en la jornada sobre Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, organizadas por el Foro Aequitas de la Discapacidad de Euskadi y por el Parlamento Vasco. En dicha jornada hemos reflexionado sobre el ingreso involuntario psiquiátrico.

Cinco años después

Tras la aprobación de la Ley 8/2021 uno de sus retos clave sigue sin resolverse: la regulación del ingreso involuntario psiquiátrico. Desde las entidades sociales que trabajamos en el ámbito de la salud mental y acompañamos a personas y familias en su vida cotidiana, esta reforma supuso un importante avance. La ley marcó el abandono definitivo del modelo de incapacitación y sustitución de la voluntad, reconociendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y alineando el ordenamiento jurídico español con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Este cambio de paradigma ha sido, sin duda, un paso decisivo hacia un enfoque más respetuoso con la autonomía y los derechos. Sin embargo, el ingreso involuntario psiquiátrico continúa regulándose y aplicándose desde lógicas previas a la reforma, lo que genera una importante incoherencia normativa y práctica.

El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permanece igual tras la Ley 8/2021. Resulta significativo, además, que mantenga el término “internamiento”, un concepto históricamente vinculado a la reclusión y al control, más cercano a ámbitos custodiales o incluso penales que a una intervención sanitaria basada en cuidados y apoyos. El lenguaje no es neutro: influye en la mirada profesional, en la práctica asistencial y en las garantías. Nombrar “internamiento” en vez de “ingreso sanitario” contribuye a sostener modelos que la reforma precisamente pretendía superar.

Aunque jurídicamente se concibe como una medida excepcional y temporal, en la práctica el ingreso involuntario acaba funcionando con demasiada frecuencia como la respuesta principal ante situaciones de crisis. Y no siempre porque la situación clínica lo haga inevitable, sino porque el sistema carece de alternativas reales que permitan intervenir antes y de forma menos restrictiva.

Experiencias personales

Las consecuencias de esta situación son muy visibles en la vida de las personas. Quienes han vivido un ingreso involuntario nos trasladan de forma reiterada sentimientos de pérdida de control, miedo e indefensión. Una de las quejas más frecuentes es la falta de información clara y accesible: no saber cuánto va a durar el ingreso, qué tratamientos se van a aplicar, qué derechos les asisten. A ello se suma el temor a medidas coercitivas como contenciones físicas o farmacológicas o incrementos rápidos de medicación, que se viven como experiencias traumáticas y dejan una huella en la relación con el sistema de salud mental.

En estos procesos pueden verse comprometidos derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física, el consentimiento informado, la intimidad o el derecho a recibir información comprensible. Cuando una medida afecta de manera tan intensa a la autonomía, las garantías no pueden ser solo formales: deben ser reales, accesibles y efectivas.

Las familias

El ingreso involuntario suele llegar tras un largo proceso de desgaste. En muchos casos son los parientes quienes sostienen la situación, con apoyos insuficientes, hasta que la crisis se vuelve insostenible. Es entonces cuando las familias se ven obligadas a tomar decisiones en contextos de enorme tensión emocional, activando el circuito del ingreso a través de urgencias. Esta realidad pone de manifiesto una carencia estructural: la falta de dispositivos de atención domiciliaria, equipos de crisis comunitarios, casas de crisis o respiro, recursos residenciales flexibles y apoyos continuados que permitan intervenir antes y de otra manera. La crisis no aparece de repente: es el sistema el que llega tarde.

Y en este punto es esencial recordar que la atención a las personas en estos momentos es, ante todo, una medida sanitaria. Esto implica que debe orientarse al cuidado, la prevención y al acompañamiento clínico y psicosocial, siempre desde un enfoque de derechos. Una intervención sanitaria respetuosa con la autonomía exige actuar de manera proactiva y preventiva, ofreciendo apoyos reales en el ámbito sanitario y de la comunidad y evitando que la respuesta llegue únicamente cuando la situación ya está desbordada. Mientras la intervención siga siendo mayoritariamente reactiva, el ingreso involuntario continuará convirtiéndose en la única salida ante la falta de alternativas.

Punto de vista jurídico

El Tribunal Constitucional ha reiterado que el ingreso involuntario constituye una auténtica privación de libertad y que, como tal, exige garantías reforzadas. Más recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulneración del derecho a la libertad personal en un caso de internamiento involuntario, subrayando que la ausencia de una defensa jurídica efectiva vacía de contenido el control judicial. Desde la experiencia asociativa constatamos que estas garantías no siempre se materializan en la práctica cotidiana.

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de abordar una reforma pendiente. Revisar el régimen del ingreso involuntario es imprescindible para hacerlo coherente con la Ley 8/2021 y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), pero esta reforma no puede ser solo normativa: debe ir acompañada de una apuesta decidida por los recursos sanitarios y comunitarios, la prevención, los apoyos al consentimiento, la planificación anticipada de decisiones en salud mental y los planes de prevención de recaídas. La introducción del artículo 13 bis en el proyecto de Leygeneral de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como la incorporación de una disposición adicional octava que establece un plazo de un año para modificar el 763 conforme a la CDPD puede suponer un avance relevante, pero insuficiente si no se traduce en cambios reales y dotación de recursos.

Regresos Inesperados, por Gonzalo Gómez Bengoechea

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

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GONZALO GÓMEZ BENGOECHEA,

profesor del Departamento de Economía de la Universidad Pontificia Comillas.

El acuerdo de la UE con el Mercosur debe ser explicado como una actualización de un modelo de éxito, no como un refrito de ideas viejas y en desuso"

Regresos Inesperados

En su canción Regresos inesperados, el grupo Señor Mostaza repasa los casos de deportistas y artistas que estiraron sus carreras artificialmente con retiradas y retornos constantes; el paso del tiempo erosiona la pasión y debilita la conexión con el público. El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur parece sufrir un problema análogo. Tras más de 25 años de negociaciones, su firma en enero de 2026 parece llegar tarde, en un mundo muy distinto al del año 2000, y con los consensos sociales, económicos y políticos en torno al libre comercio en duda.

Es legítimo preguntarse si, en la actual coyuntura, un acuerdo de libre comercio de esta magnitud tiene sentido y si sus efectos serán los previstos inicialmente. Para ello, es necesario observar las tres dimensiones del pacto: económica, política y estratégica.

La motivación económica

Fue la que dio origen a las negociaciones en el año 99. En el ocaso del llamado Consenso de Washington, se buscaba dar un impulso al comercio interregional y favorecer el crecimiento económico compartido. Casi 30 años después, y tras muchos idas y venidas, la mayoría de las estimaciones prevén un impacto moderado. El comercio agrícola cubierto por el acuerdo es pequeño y las cuotas para productos sensibles, como la carne de vacuno, siguen siendo limitadas.

Los productores se beneficiarán de la apertura mutua de los mercados industriales y de servicios, que afectará a cerca del 90 % de los bienes y que beneficiará a sectores europeos como el automovilístico, el químico o la maquinaria. Al mismo tiempo, la UE se está moviendo para proteger a las empresas agrarias con subvenciones y garantías abundantes para reducir el riesgo de competencia desleal.

Para los consumidores los productos importados serán más baratos y variados. Cualquier importación tendrá que cumplir íntegramente la normativa de la UE en materia de seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y trazabilidad. También se prevén inspecciones, auditorías y suspensiones temporales del acuerdo en aquellos productos que pudieran suponer un riesgo para la calidad o la estabilidad del mercado agrario europeo.

Punto de vista político

La firma del acuerdo envía un mensaje claro del compromiso de la UE con uno de sus principios fundacionales irrenunciables: el comercio como espacio para el crecimiento compartido, el conocimiento mutuo y el intercambio mutuamente beneficioso. El pacto subraya la voluntad europea de mantener abiertas las relaciones comerciales en un contexto global cada vez más dominado por el proteccionismo y la rivalidad entre potencias.

Pero lo más importante del acuerdo es su dimensión geopolítica. En un mundo en el que los Estados Unidos (EE.UU.) son crecientemente proteccionistas y China gana presencia económica y militar en América Latina y África, la UE tiene que buscar su propio espacio. El pacto debe contribuir a la diversificación de socios comerciales y a asegurar el acceso a materias primas críticas. No firmar el acuerdo habría empujado a los países latinoamericanos más cerca de Pekín y reducido el espacio de crecimiento futuro de la Unión. Si el “vínculo transatlántico” con EE.UU. se debilita, Europa tiene el deber -económico, histórico, social- de seguir explorándolo hacia el suroeste.

Como en la novela de McCarthy, el mundo que se dibuja frente a nosotros “no es país para viejos”. La agenda de la UE corre el riesgo de quedarse desactualizada y obsoleta frente al individualismo americano y la visión expansionista China. Europa necesita recuperar su lugar en el mundo con un enfoque económico ambicioso coherente con su contexto, pero basado en las creencias y valores que le son propios: libertad económica, acuerdos comerciales, cooperación… Sin caer en una visión excesivamente naif en la que la productividad y los efectos negativos derivados de las políticas aprobadas queden comprometidos o no adecuadamente atendidos. No hay margen para la inacción dado el creciente peso de los populismos antieuropeos en nuestras democracias.

Nuestros objetivos

Si hace 25 años las negociaciones entre la UE y Mercosur arrancaron con un objetivo marcadamente comercial y económico, en 2026 el acuerdo final debe entenderse desde la óptica de las ganancias políticas y estratégicas. La globalización liderada por Estados Unidos está herida de muerte, pero Asia sigue integrándose y cooperando para afianzarse como el motor del crecimiento mundial. Europa tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la globalización no está muerta en occidente, y que puede seguir compitiendo en aquellas áreas en las que históricamente ha sido un referente global.

Los regresos artísticos o deportivos buscan repetir un éxito o recuperar una sensación perdida con fórmulas caducas. Para su ratificación definitiva en Europa, el acuerdo de la UE con el Mercosur debe ser difundido y explicado como una actualización y una modernización de un modelo de éxito, no como un refrito de ideas viejas y en desuso. Si no se entiende así, la renovada apuesta europea por el libre comercio será percibida como un retorno sin renovación, condenado al fracaso antes siquiera de ser definitivamente ratificado.

Entrevista a Francisco David Hurtado, subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid

EN ESTE PAÍS

FRANCISCO DAVID HURTADO,

subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid

“El sistema de oposiciones es riguroso, objetivo y exigente, lo que garantiza la calidad de los elegidos”

Francisco David Hurtado es subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid. Precisamente en esta sede, cerca de mil licenciados en Derecho iniciaron en septiembre los diferentes ejercicios que integran los exámenes para el título de notario. En esta entrevista, el preparador nos explica los pormenores de esta prueba.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué le movió a convertirse en preparador de opositores?

En un primer momento, me animó a iniciarme en la preparación de los ejercicios orales, un compañero, Jorge Sáez-Santurtún, y en la del dictamen me dio la alternativa, casi por accidente, Pablo de la Esperanza, que había sido mi preparador. Y lo hice en cumplimiento de una obligación natural: devolver -aunque fuera parcialmente- la labor altruista desplegada por mis preparadores y compartir con los opositores los conocimientos y la experiencia adquirida en el proceso de preparación, para ayudarles a superar con éxito el reto que supone la oposición.

Con el tiempo he comprobado que, en la preparación, también hay un componente egoísta, porque para el preparador el contacto con los opositores supone un enriquecimiento humano impagable; una toma de tierra que permite desconectar de la vorágine del día a día del despacho de la notaría y, por otro lado, porque fuerza a mantenerse en permanente estado de alarma ante las novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales.

 ¿Cuál es el primer consejo que daría a un joven licenciado en Derecho que quiere presentarse a la oposición?

Siento ser poco original en la respuesta. Los mejores consejos al opositor que comienza los dio hace setenta años el maestro González Palomino con gran agudeza y siguen completamente vigentes. Quizá en una fase previa recomendaría a los recién licenciados que acudan a alguna de las numerosas academias que existen en la geografía nacional para que les ayuden a comprender la exigencia de la oposición y enfocar su estudio. Y trasladarles la información, sin duda, relevante a la hora de tomar la decisión de opositar, que en los próximos años se convocarán un considerable y extraordinario número de plazas para cubrir la próxima jubilación de un gran número de notarios.

 


“AL MARGEN DEL APOYO TÉCNICO, Y TAMBIÉN
EMOCIONAL, QUE BRINDA EL PREPARADOR, EL PAPEL DE LA FAMILIA ES FUNDAMENTAL PARA AYUDAR AL OPOSITOR A MANEJAR EL ESTRÉS Y LA PRESIÓN DEL ESTUDIO”


 

Desde que usted ingresara en el Notariado en 2002 a la actualidad, ¿detecta cambios en la forma de preparar la oposición?

Sí, he notado cambios significativos tanto en la forma de estudiar como en la propia interacción del preparador/opositor. En primer lugar, el temario de estudio, que era artesanal y casi manuscrito, se ha sustituido por un repositorio de temas en soporte informático que facilitan la labor del opositor, su personalización y actualización. Antes, el acceso a las novedades legislativas se hacía por unas fotocopias de los textos legales que se facilitaban al opositor mensualmente; ahora a un golpe de clic, los opositores tienen acceso inmediato a una gran cantidad de materiales (legislación, jurisprudencia, temario de diversas fuentes) y herramientas online, como blogs jurídicos algunos de los cuales están directamente dirigidos al opositor, que suponen una ayuda inestimable a la hora de preparar los exámenes.

Por otro lado, de manera creciente (la pandemia, como en tantas cosas, supuso un punto de inflexión) la interacción preparador-opositor en la exposición de los temas se desarrolla por videoconferencia superando, en algunos casos, las dificultades y la pérdida de tiempo en desplazamientos que esta labor requería, aunque ambos procedimientos (videoconferencia y exposición personal) deben combinarse y en ningún caso abandonar totalmente la inmediatez física.

 


“EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE CONVOCARÁN
UN CONSIDERABLE Y EXTRAORDINARIO NÚMERO
DE PLAZAS PARA CUBRIR LA PRÓXIMA JUBILACIÓN DE NUMEROSOS NOTARIOS”


 

En los últimos exámenes, los resultados se publican ‘al minuto’ en la web y redes sociales. ¿Han cambiado las nuevas tecnologías la manera de afrontar este examen?

Absolutamente. Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que los opositores se enfrentan al examen. Pero no tanto por la publicación al minuto de los resultados en la web y redes sociales, como por la posibilidad que tiene el tribunal de modular y ajustar el ritmo de las convocatorias, para que el opositor conozca con una antelación suficiente el día de su examen, evitando así lo que se conocía popularmente como “hacer pasillo”, es decir, la espera durante días en la puerta del tribunal aguardando su turno, que añadía un sufrimiento innecesario al opositor en el ya de por sí difícil trance de enfrentarse al ejercicio oral.

¿Considera que el sistema de oposiciones actual es idóneo o lo modificaría?

Creo que el sistema de oposiciones es riguroso, objetivo y exigente, lo que garantiza la calidad de los elegidos a la medida que requiere la prestación del servicio público notarial.

Sin embargo, puede ser mejorado en algunos aspectos nucleares. Estadísticamente, en la serie histórica de las últimas oposiciones que se vienen celebrando, el tiempo medio de preparación es de entre siete años y nueve años y durante el mismo el opositor ha tenido, no obstante, dos ventanas de oportunidad real de aprobar. Ante ello, uno de los remedios más eficaces es la convocatoria anual de las oposiciones a notarías, propuesta que se ha trasladado a la Administración y que no requeriría ningún cambio reglamentario. También se ha abogado por la unificación de los dos ejercicios orales, solución que, sin duda presenta ventajas, aunque quizá no goza de mucho predicamento entre los propios opositores, según he podido testar. Lo que sin duda es necesario es un aggiornamento del programa de la oposición, prescindiendo de contenidos periclitados que se arrastran por reminiscencias históricas y profundizando en materias más relacionadas con la práctica notarial actual, tales como nuevas tecnologías y blanqueo de capitales, y la asunción de nuevas funciones, como las de jurisdicción voluntaria y mediación y conciliación. El objetivo de la reforma debe ser, manteniendo las características ya apuntadas del sistema de selección, que conduzca a la excelencia de los opositores aprobados; agilizarlo y acomodarlo a la nueva realidad social para atraer a los estudiantes más brillantes y prometedores.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha las becas Seré, para ayudar a opositores de distintos cuerpos (Judicatura, Fiscalía, Abogacía del Estado, Letrados de la Administración de Justicia…) ¿cree que sería oportuno extender este tipo de ayuda a los opositores a notario?

A día de hoy, la práctica totalidad de las academias de preparación de notarías que dependen de los colegios notariales, o no cobran nada por sus servicios o cobran una cuota meramente simbólica. En esa línea, desde este septiembre, la Academia Matritense ha dejado de cobrar la cuota a los opositores, que se destinaba al mantenimiento de las necesidades ordinarias de academia, coste que se ha asumido íntegramente y con generosidad por el Colegio Notarial de Madrid. Ello, no obsta a que, en aras de dar eficaz cumplimiento al principio de igualdad de oportunidades, se habilite una política de beca completa, que permita a los opositores que reúnan las cualidades para ello dedicar íntegramente su tiempo a la preparación de la oposición, que debería residenciarse en el Consejo General del Notariado para evitar desigualdades por territorios.

 


“ES NECESARIO UN ‘AGGIORNAMENTO’ DEL PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN, PRESCINDIENDO DE CONTENIDOS PERICLITADOS QUE SE ARRASTRAN POR REMINISCENCIAS HISTÓRICAS”


 

Una vez superada la oposición, los nuevos notarios reciben una formación práctica para poder iniciar su labor. ¿Cuáles son las principales barreras con las que se pueden encontrar en los primeros días de su función?

El Notariado no cuenta con una escuela de práctica notarial para los opositores aprobados a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, para jueces y fiscales. Ello provoca que, a pesar de los esfuerzos del CGN y de los Colegios por organizar jornadas de carácter práctico, los nuevos notarios desconozcan muchos de aspectos relacionados con la faceta “empresarial” del notario en cuanto a que debe organizar los recursos materiales y humanos del despacho notarial, con cuestiones como las tecnológicas, las fiscales, o las laborales, todas de creciente complejidad y que son casi totalmente ajenas al programa de la oposición.

Los notarios en ejercicio pueden optar a presentarse a las denominadas ‘oposiciones restringidas’ para mejorar escalafón. ¿Cómo es esa prueba, menos conocido que la oposición libre?

Las oposiciones restringidas son un mecanismo de promoción interna del Notariado que, para el opositor supone profundizar en el estudio del Derecho Privado, con el premio de una mejora en el escalafón para los concursos de traslado. Repite el esquema de la oposición libre, pero se invierte el orden de los exámenes. El primero, es un dictamen práctico, y el ejercicio oral, sobre un programa específico para cada oposición, es posterior. No obstante, el sistema actual presenta síntomas de agotamiento por diversas circunstancias. Cada vez son menos los opositores firmantes, e incluso algunos de los premiados han dejado de utilizar el premio obtenido, que caduca, tras una sacrificada labor de meses de estudio y preparación. Por tanto, hay que repensar la oposición, que forma parte del acervo de la corporación notarial y que ha contribuido, indudablemente, al prestigio científico de la misma, tanto en lo que se refiere al sistema mismo de la oposición como del premio.

 


“LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LAS ACADEMIAS QUE DEPENDEN DE LOS COLEGIOS NOTARIALES, O NO COBRAN NADA POR SUS SERVICIOS O COBRAN UNA CUOTA MERAMENTE SIMBÓLICA”


 

Dictamen, ejercicio oral y escrito, redacción de una escritura pública, distintas ramas del Derecho (hipotecario, procesal…). Desde su experiencia, ¿cuál es la parte más compleja de superar para los opositores?

Depende del opositor. Los ejercicios orales comportan un ingente esfuerzo memorístico y el dictamen o caso práctico supone demostrar que, además de aprenderse los temas, se han asimilado y se sabe aplicar el Derecho Positivo a un problema concreto cuya resolución es menos importante que el razonamiento jurídico coherente y de altura. Pero, en mi experiencia, el mal llamado caso práctico (porque paradójicamente exige un vastísimo conocimiento teórico) es el más complejo para la generalidad de opositores.

Como decía mi querido maestro Alfonso Ventoso, si hay 348 (los que hay actualmente) temas en el programa del ejercicio oral, nunca te puede tocar el tema 349, pero, en el dictamen los problemas a los que se enfrenta el opositor siempre en un aspecto u otro, son novedosos o inesperados. El ejercicio oral requiere un gran esfuerzo memorístico, pero es más previsible. El dictamen demuestra que el opositor es un jurista práctico que es la esencia de nuestra función.

Además de los conocimientos jurídicos mercantiles y civiles, la preparación de una oposición de este tipo requiere de un equilibrio físico y mental adecuado. ¿De qué manera pueden los futuros notarios afrontar en óptimas condiciones un esfuerzo que requiere una dedicación media de ocho horas diarias de estudio, durante doce meses seguidos?

Sí, de ocho a diez horas diarias, doce meses seguidos y entre siete y nueve años. La tarea es titánica. La oposición es, por tanto, una carrera de largo aliento, una maratón y el opositor debe, en la medida de lo posible, integrar la oposición en su vida, con un horario de estudio razonable, constante y sin alardes innecesarios. Debe tomar descansos regulares, hacer ejercicio físico y mantener las aficiones compatibles con el estudio para descansar la mente. Al margen del apoyo técnico, y también emocional, que brinda el preparador, el papel de la familia es fundamental para ayudar al opositor a manejar el estrés y la presión del estudio. En ocasiones, se hace preciso un apoyo más específico y la Academia de Madrid, y me consta que otras, ha activado un programa de entrenamiento mental para opositores a notarias, que volverá a realizarse, financiado y promovido desde la Fundación Notariado.

Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

EN ESTE PAÍS

Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

De izda. a dcha.: Luis Enrique Mayorga, Francisco José Gan, Concepción Pilar Barrio, Juan Carlos Valderrama, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, y José Carmelo Llopis.

REDACCIÓN
El pasado 27 de octubre el Colegio Notarial de Valencia y el Consejo General del Notariado presentaron el Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes. Lo hicieron en la semana en la que se cumplía el primer aniversario por la Dana, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024.

Ante las recientes catástrofes naturales sufridas en España, como la Dana, o la erupción del volcán de la isla de La Palma, el Notariado español pudo ayudar de una manera ágil y útil a la población afectada. De estas actuaciones surge la idea de elaborar un Plan Notarial Nacional de Emergencias como instrumento esencial para coordinar a los notarios de toda España, al Consejo General del Notariado, a los Colegios Notariales y al Centro Tecnológico del Notariado, y poder ayudar de forma ágil a la sociedad en momentos críticos. Así lo explicaron en la inauguración la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo y el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis.

 


JUAN CARLOS VALDERRAMA: “DESTACARÍA LA PUESTA MARCHA EN CUESTIÓN DE HORAS DE UN SERVICIO NOTARIAL GRATUITO DE ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS”


 

Tal y como indicó Concepción Pilar Barrio Del Olmo, “al igual que la sociedad civil, el Notariado reaccionó de manera unitaria ante la catástrofe de la Dana, ayudando a los damnificados, como lo hizo tras la erupción del volcán de La Palma. Muchas veces esa ayuda consistió en escuchar a los vecinos afectados con empatía en las notarías, que pudieron mantenerse abiertas, lo que sirvió como medio para iniciar la reconstrucción material”. “La junta directiva del Colegio Notarial de Valencia tomó decisiones de urgencia en auxilio de los damnificados para garantizar el asesoramiento notarial gratuito, la búsqueda y expedición de copias de las escrituras desaparecidas y la autorización de actas notariales para probar los daños “, añadió la presidenta del CGN.

Atención personal y online

Concepción Pilar Barrio Del Olmo resaltó el papel de las nuevas tecnologías, que jugaron un papel muy importante en la ayuda prestada, ya que “el hecho de disponer de un protocolo electrónico permitió en la Dana evitar que desaparecieran muchos documentos públicos notariales; y de igual manera, la plataforma telemática creada por el Notariado rápidamente tras la tragedia, sirvió para que personas y empresas pudieran remitir de manera online las fotografías de los daños sufridos en inmuebles y vehículos y solicitar, sin necesidad de desplazarse, las actas notariales necesarias”.

 


CONCEPCIÓN PILAR BARRIO: “DISPONER DE UN PROTOCOLO ELECTRÓNICO PERMITIÓ EN LA DANA EVITAR QUE DESAPARECIERAN MUCHOS DOCUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES”


 

Por su parte, en la inauguración, el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, recordó la tragedia que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, de la que “aprendimos todos una valiosa lección que es la de estar siempre listos, respondiendo con mayor celeridad y con más eficiencia cuando la sociedad más lo necesita ante momentos difíciles”. Para el decano del Colegio Notarial de Valencia, un año después de la actuación notarial que se hizo en la Dana, “debemos extraer lecciones comunes que poder compartir con todos por medio de un plan de actuación que permita lo más rápidamente posible poder ayudar a los ciudadanos, en coordinación con las administraciones nacionales y autonómicas y con las entidades locales que sobre el terreno son las que saben lo que se necesita en cada emergencia”. 

 


JOSÉ CARMELO LLOPIS: “DEBEMOS ESTAR SIEMPRE LISTOS, RESPONDIENDO CON MAYOR CELERIDAD Y CON MÁS EFICIENCIA CUANDO LA SOCIEDAD MÁS LO NECESITA ANTE MOMENTOS DIFÍCILES”


 

El inicio de la jornada contó también con la participación del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ensalzó el trabajo del Notariado frente a la Dana, subrayando “la puesta marcha en cuestión de horas de un servicio notarial gratuito de atención a los damnificados, habilitando además una plataforma telemática para documentar los daños en viviendas, negocios y vehículos, que gracias a esa labor muchas familias pudieron acreditar sus propiedades, recibir ayudas y, en definitiva, comenzar a reconstruir sus vidas con seguridad jurídica, que no es un concepto abstracto, sino una forma concreta de protección social”.

 


LUIS ENRIQUE MAYORGA: “DESDE QUE SE ROMPE LA PRIMERA PRESA, O SE INUNDA LA PRIMERA NAVE, LOS NOTARIOS TENEMOS QUE ESTAR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS”


 

La jornada sirvió para constituir formalmente la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado. Su presidente y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Enrique Mayorga, presentó el Plan Notarial de Emergencias, creado para que “ante situaciones de emergencia difíciles, de temor e incertidumbre, desde el Notariado poder paliar, en la medida de lo posible, los perjuicios jurídicos de los efectos en una situación de emergencia”. Para Mayorga, este plan servirá para que las pautas de conducta de los notarios de toda España sean extraordinarias ante catástrofes “con el objetivo de dar seguridad jurídica, preservar la verdad y la justicia y proteger al ciudadano cuando más lo necesita”. Para el presidente de la Comisión Notarial de Emergencias, “desde que se rompe la primera presa, o se inunda la primera nave, los notarios tenemos que estar al servicio de los ciudadanos”.

 


JOSÉ SORIANO: “DESDE EL DEPARTAMENTO DE TURNO DE OFICIO SE CREÓ UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA”


 

Testimonios notariales

La ayuda prestada a los afectados por la Dana por el Colegio Notarial de Valencia y el Centro Tecnológico del Notariado se analizó en una mesa redonda con la participación, entre otros, del director de Desarrollo del Centro Tecnológico del Notariado, Marcos Varela, que explicó la puesta en marcha de la plataforma telemática del Notariado, que facilitó en pocos días la tramitación de las actas solicitadas por los afectados por la Dana, que les permitieron acreditar los daños de sus inmuebles, empresas y vehículos.

 


MIRYAM LACALLE: “COMO VECINA PARA MÍ LA DANA NO ES PASADO, SIGUE SIENDO PRESENTE, TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER”


 

Destaca la intervención de la notaria de Requena y censora 3ª de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia, Miryam Lacalle, que explicó su experiencia en la Dana desde una triple vertiente: como vecina afectada, como notaria de un pueblo afectado por la catástrofe y como miembro de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia. “Como vecina para mí la Dana no es pasado, sigue siendo presente, todavía queda mucho por hacer, y recuerdo los primeros días con mucha angustia, ya que, ante la falta de cobertura, comunicaciones, comida y agua, o electricidad, debía no solo ayudar en las necesidades vitales que fueron las primeras, sino también como notaria, escuchando en primera línea sus demandas y traducirlas a términos jurídicos para tenderles una mano”, aseguró.

 


BEGOÑA MOLLÁ: “HICIMOS UNA RED DE SOLIDARIDAD PARA CUBRIR A COMPAÑEROS PROCURADORES QUE LO HABÍAN PERDIDO TODO PARA QUE SUS CLIENTES NO TUVIERAN NINGÚN PROBLEMA”


 

El notario jubilado del Servicio de Atención a los Afectados por la Dana, Salvador Alborch, narró lo duros, pero a la vez gratificantes, que fueron los primeros días de la atención del servicio notarial que iba más allá del mero asesoramiento, con los vecinos afectados por la catástrofe pidiendo ayuda para acreditar los daños en sus propiedades o solicitando copias de escrituras perdidas por la inundación. Como ejemplo, trasladó a los asistentes un caso que le impactó por la tragedia vivida por una mujer que había perdido a su padre de 80 años, que vivía solo, y no pudo acceder a una primera planta y falleció sin testamento. Esta mujer acudió al Colegio Notarial de Valencia para saber las ayudas a las que tenía derecho y los pasos a seguir para obtener la declaración de herederos. Tras explicarle y guiarle en el proceso “ella me pidió si podía darme un beso como muestra de agradecimiento, lo que me resultó muy emotivo en el momento de la situación de dolor en la que dicha persona se hallaba”.

 


SEBASTIÁN CUCALA: “TUVIMOS COMPAÑEROS QUE PERDIERON SUS DESPACHOS Y VIVIENDAS PORQUE TENÍAN QUE SEGUIR ATENDIENDO A SUS CLIENTES”


 

Colaboración profesional

Otros colectivos profesionales también participaron en la jornada, donde relataron la ayuda prestada durante la catástrofe y los meses posteriores a la Dana, tanto a los vecinos y empresas afectadas, como a sus colegiados. Los participantes fueron el decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano; la decana del Colegio de Procuradores Valencia, Begoña Mollá; y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala. 

 


SALVADOR ALBORCH NARRÓ LO DUROS, PERO A LA VEZ GRATIFICANTES, QUE FUERON LOS PRIMEROS DÍAS DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL


 

José Soriano explicó que, en el momento de la catástrofe de la Dana, “desde el departamento de turno de oficio se creó un servicio de orientación jurídica. Se habilitó, gracias a Telefónica, un servicio que podía atender 500 llamadas en una misma línea, que se desviaban a 500 letrados para la atención de los afectados”. Por su parte, Begoña Mollá señaló que “los abogados y los procuradores no queríamos bajo ningún concepto paralizar la justicia porque queríamos continuar defendiendo al ciudadano y a las empresas. Entonces hicimos una red de solidaridad para cubrir a compañeros procuradores que lo habían perdido todo para que sus clientes no tuvieran ningún problema. Si de algo nos ha servido la Dana es para darnos cuenta de que debemos tener protocolos de actuación, en casos de emergencia, para todos los operadores jurídicos”. Finalmente, Sebastián Cucala comentó que, como en el resto de colectivos “tuvimos compañeros que perdieron sus despachos y viviendas porque tenían que seguir atendiendo a sus clientes y poderles dotar en el menor tiempo posible la restitución de los servicios básicos en esos edificios”.

De izda. a dcha.: Concepción Pilar Barrio, Francisco José Gan, José Carmelo Llopis y Luis Enrique Mayorga.
Francisco José Gan.
Confianza y seguridad jurídica

El acto de presentación del Plan Notarial de Emergencias, celebrado en el Colegio Notarial de Valencia, contó con la conferencia de clausura impartida por el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan, que trasladó a los asistentes que el plan del Notariado “asegura la prestación del servicio notarial en circunstancias extremas, garantiza la viabilidad de las notarías y la atención a los ciudadanos”.  Para cerrar su intervención Gan trasladó el siguiente mensaje: “Cuando pienso en la labor de los notarios pienso en la confianza y en la seguridad jurídica, que permiten proteger a las personas con su esfuerzo y trabajo para que no se pierdan ante una catástrofe”.

Vocación de servicio público

Si algo caracteriza al Notariado es la vocación de servicio público y la de ayuda a los ciudadanos y las empresas. “Desgraciadamente en los últimos años hemos sufrido algunas catástrofes naturales como la del volcán de La Palma o la de la Dana, en Valencia, en las que el Notariado estuvo muy activamente implicado en ayudar a los ciudadanos y a las empresas, dependiendo de la situación en la que se desarrolló cada una de las emergencias”, señala el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis en este video resumen del acto.

Francisco Cantos.
Los “tiempos” de las catástrofes
La intervención del notario Francisco Cantos sirvió para acercar a los presentes, como exdecano del Colegio Notarial de Valencia, las acciones del Notariado llevadas a cabo durante la tragedia del volcán de La Palma, en el incendio del edificio de Campanar y tras los efectos de la Dana. “Las catástrofes tienen un antes que se mueve en el plano de la previsión, un durante de supervivencia y un después que es donde el Notariado debe actuar para ayudar a los ciudadanos”, enfatizó un discurso donde también habló como notario archivero del distrito de Valencia del esfuerzo que en la actualidad se sigue realizando para la reconstrucción de los tomos notariales afectados por las inundaciones.
De izda. a dcha.: Salvador Alborch, Francisco Cantos, Marcos Varela y Miryam Lacalle.
De izda. a dcha.: Begoña Mollá, José Carmelo Llopis, José Soriano, Sebastián Cucala y Francisco José Gan.

Escudo anti-OPAS extranjeras

ENTRE MAGNITUDES
La Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones.

Escudo anti-OPAS extranjeras

La llegada del COVID-19 no sólo supuso una crisis sanitaria sin precedentes, sino también el hundimiento de la economía mundial. Para proteger al debilitado tejido productivo, en España se decidió poner en marcha en 2020 un mecanismo específico para controlar la compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros. Una normativa excepcional que, lejos de desaparecer, se está consolidando como uno de los pilares de la política económica. El desafío consiste ahora en mantener un adecuado control sin perder el atractivo inversor foráneo.

FERNANDO GEIJO

Todo indica que el denominado escudo anti-OPAS no será algo pasajero. Este mecanismo de supervisión de las inversiones extranjeras en empresas españolas pertenecientes a sectores considerados como sensibles se instituyó tras la pandemia de 2020.

El mencionado dispositivo, en principio extraordinario, aunque habitual en el mundo y sobre todo entre otros países de la Unión Europa (UE), nació de forma puntual como un blindaje protector con fecha de caducidad, operativo sólo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el tiempo parece haber demostrado su utilidad y, a finales del año pasado, el Consejo de Ministros lo prorrogó por dos ejercicios más, hasta 2026.

 


EL ESCUDO ANTI-OPAS ES UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EMPRESAS ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A SECTORES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES


 

Control amplio y compartido

La Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde se dirimen las operaciones que requieren supervisión en el marco de lo contemplado en el Real Decreto-ley 34/2020 que lo regula, es un órgano interministerial colegiado en el que, además del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, participan otros departamentos relevantes como es el caso de Defensa e incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Una palanca defensiva que acumula un amplio historial de activaciones cifrado en un total de 338 operaciones desde su puesta de largo y que, sólo en 2024, batió todos los récords al analizar nada menos que 147 operaciones de compra, un 50% más que en el ejercicio anterior. El balance final del año fue positivo al registrar un saldo de 96 aprobaciones, 42 casos archivados, 8 aprobaciones condicionadas y un único veto: el obtenido por el grupo semipúblico húngaro Ganz-Mavag por el fabricante de trenes Talgo, alegando cuestiones de seguridad nacional.

El pasado ejercicio, el foco estuvo puesto especialmente en sectores como telecomunicaciones y transporte aéreo, con dos operaciones de alto perfil: la participación de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, recientemente firmada por la aerolínea y a la espera aún de obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias y de competencia. Ambas fueron autorizadas, con distintos matices, tras un largo proceso de negociación con el Ejecutivo. El mensaje fue claro: España no renuncia a recibir inversión directa desde el exterior, pero con condiciones.

Otros casos relevantes fueron la exitosa OPA presentada por el fondo galo Antin sobre Opdenergy; la autorización de la lanzada por la italiana Esseco sobre el grupo químico Ercros (a la que desistió después por las condiciones solicitadas por la CNMC); el intento de adquisición del 29,9% de Prisa por Vivendi (que finalmente se tuvo que conformar con un porcentaje menor), y las frustradas compras tanto de la farmacéutica Grifols por el fondo canadiense Brookfield o de Naturgy por la emiratí Taqa, respectivamente. Mención especial merecen la entrada indirecta de BlackRock en Naturgy o la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona.

Sectores bajo la lupa

Entre los activos objeto de supervisión no sólo se contemplan aquellos más obvios, como los integrados en el sector de la defensa (incluyendo la tecnología de uso dual), la energía, las infraestructuras críticas o las telecomunicaciones, por citar algunos, sino que amplía su espectro de actuación hacia otros que van desde la banca hasta la sanidad, sin olvidar los medios de comunicación ni las empresas alimentarias, entre otros.

Por tanto, cualquier inversor de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) que pretenda comprar una empresa integrada en alguno de esos rubros debe pedir permiso previo al Gobierno. En el caso de compañías registradas en cualquier otro Estado comunitario, siempre que no sean filiales de empresas extracomunitarias, sólo necesitarían autorización previa en los casos en que adquieran un porcentaje superior al 10% de una cotizada española o que pretendan invertir más de 500 millones de euros en un grupo no listado en el parqué.

España ha sido históricamente uno de los destinos preferidos para el capital internacional en Europa. En 2023, por ejemplo, recibió más de 23.000 millones de euros en inversión extranjera directa (IED) neta, una vez descontadas las desinversiones, mientras que en 2024 estas descendieron hasta los 16.762 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

En este sentido, los analistas señalan que el endurecimiento de los controles podría desviar proyectos hacia países vecinos. No en vano, el inversor internacional siempre busca seguridad jurídica y, si percibiese trabas excesivas, podría decantarse por otras opciones. Pese a ello, la inversión bruta en nuestro país se mantiene estable: 30.960 millones de euros en 2023 frente a 30.818 millones el pasado año, lo que demostraría que la certidumbre regulatoria también es un atractivo.

 


LA JUNTA DE INVERSIONES EXTERIORES (JINVEX) ES DONDE SE DIRIMEN LAS OPERACIONES QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN


 

Delicada proporción

El efecto disuasorio que conlleva este tipo de blindaje entre los inversores internacionales puede suponer que, en múltiples ocasiones, estos se lo piensen dos veces antes de lanzar una oferta.

Prueba de este temor es que, de las 147 operaciones que llegaron a la JINVEX en 2024, nada menos que casi un tercio de las mismas, un total de 42, fueron archivadas al comprobarse que no afectaban a activos estratégicos y, por consiguiente, no necesitaban de autorización. Es decir, los inversores prefirieron curarse en salud y presentar, de todos modos, la solicitud de autorización a pesar de que se trataba de adquisiciones poco sensibles.

En plena era de la digitalización y la transición energética, el número de operaciones sujetas al escudo anti-OPAS probablemente seguirá en aumento. Además, la Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones para prevenir riesgos geopolíticos. Una tarea compleja en un mundo donde el capital no entiende de fronteras.

La pregunta que queda en el aire es si nuestro país logrará mantener la proporción adecuada entre un razonable blindaje estratégico interno y el necesario atractivo inversor exterior. Un equilibrio del que, en buena medida, depende nuestra posición en el exigente y competitivo escaparate financiero europeo.

Paso a paso

Las gestiones en el procedimiento para obtener autorización de compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros implican:

  1. Verificar si la operación está sujeta a control.
  2. Reunir información y documentos.
  3. Registrarse en el portal de la JINVEX.
  4. Presentar solicitud y obtener número de expediente.
  5. Atender requerimientos de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
  6. Esperar la decisión del Consejo de Ministros que, normalmente: autoriza con o sin condiciones o deniega la operación.
  7. Recibir por vía electrónica la notificación de la JINVEX.
  8. Ejecutar la inversión. Si se realiza sin la autorización (cuando fuese obligatoria) se considera infracción grave, con posibles sanciones económicas y nulidad del acto.

El plazo legal máximo de todo el proceso abarca 6 meses, aunque en la práctica y salvo casos complejos, muchas operaciones se resuelven entre 2 y 4 meses, con una media de 72 días. Como recomendación, muchas empresas presentan una prenotificación voluntaria para que el Ministerio confirme si es necesario pedir autorización formal.

Auge regulatorio
  • 2020-2021: fase inicial con un número limitado de casos vinculados a sectores críticos durante la pandemia.
  • 2022: el aumento de tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania ampliaron el alcance del control, con más de 70 operaciones revisadas.
  • 2023: consolidación del mecanismo, con un repunte de intervenciones en el sector energético, coincidiendo con la crisis de precios del gas y la electricidad.
  • 2024: récord absoluto, con 94 operaciones bajo lupa, muchas relacionadas con la transición digital y la movilidad aérea.
Energía, telecomunicaciones y defensa concentran la mayoría de las 338 operaciones revisadas por la JINVEX desde 2020.
Ojo al dato

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Boletín Oficial del Estado (BOE), 19 de noviembre de 2020.

Boletín de Flujos de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en España, 2024. Secretaría de Estado de Comercio. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión.

El discreto encanto de la acción de oro”, por Carlos Sánchez

ENTRE MAGNITUDES
CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de El Confidencial

“Nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos”

El discreto encanto de la acción de oro

Manda la geopolítica, y es, en este contexto, en el que hay que situar un fenómeno impensable no hace demasiado tiempo. Los gobiernos, también el español, se han dotado de nuevos instrumentos jurídicos para evitar la entrada de capital extranjero en empresas consideradas estratégicas por razones de interés general.

No es, desde luego, un fenómeno nuevo. Margaret Thatcher utilizó en los años 80 un instrumento similar —en aquellos años se llamaba acción de oro— para evitar la entrada de capital foráneo en las empresas privatizadas. Otros gobiernos siguieron la estela de la premier británico, y fue entonces cuando la propia Unión Europea tuvo que poner un cierto orden para permitir los derechos de veto siempre que fueran coherentes con el interés general.

Algo, sin embargo, ha cambiado en los últimos años. En particular, desde la pandemia, que rescató viejos hábitos. La nueva tendencia se ha acelerado, hasta el punto de que nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos. En 2010, apenas seis países habían aprobado alguna legislación.

Incluso Irlanda, un territorio poco hostil a la inversión extranjera, ya que ha encontrado su razón de ser en el capital foráneo y el comercio internacional, cuenta desde primeros de este año con un instrumento de control.

En el caso español, estará vigente, en principio, y tras una prórroga de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es mantener la protección de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, la salud y el orden público.

¿Qué es lo que ha cambiado para explicar este giro de guion impensable hasta hace poco? Obviamente, las incertidumbres geopolíticas y la consolidación de un nuevo orden internacional en el que ya no prima la eficiencia, sino la seguridad. Si hasta el primer mandato de Trump seguía avanzando la globalización, hoy los Estados tienden a protegerse de la amenaza exterior, aunque sea económicamente menos eficiente. Algo que explica que las medidas de control ya no se apliquen sólo a sectores considerados estratégicos, sino que el abanico se ha ampliado a actividades como la industria farmacéutica, el automóvil, los semiconductores y en general la industria electrónica o los metales o minerales críticos.

Como no podía ser de otra manera, y ante el aumento de las incertidumbres, el resultado es que la inversión extranjera directa mundial cayó un 11% en 2024, lo que significa que es el segundo año consecutivo de descensos, algo que confirma, en palabras de la UNCTAD, la profundización de la desaceleración de los flujos de capital productivo.

Incluso la UE ha tenido que ceder. Aunque la libertad de movimientos de capitales sigue siendo un pilar básico de su funcionamiento, el Reglamento Europeo de Control de Inversiones de 2019 amparó las políticas restrictivas que los gobiernos han desplegado. Hay un problema, y no es pequeño. La UE, y sobre todo los gobiernos, saben que están obligados a garantizar un equilibrio entre el control de las inversiones y la entrada de capital de terceros países. De lo contrario, Europa corre el riesgo de perder atractivo como destino de las inversiones extranjeras. Es decir, puede provocar un frenazo en los flujos de inversión exterior. Ese es el margen estrecho en el que se mueven las legislaciones. Sí, pero no; no, pero sí.

No es poca cosa lo que se juega España, que en 2024 fue el decimotercer país en el mundo en captación de inversión extranjera. Y si se analizan los proyectos greenfield, es decir aquellos que suponen una inversión desde cero, completamente nueva, sería el quinto país del planeta.

La legislación, conscientemente, hace descansar en un organismo técnico, la Junta de Inversiones Exteriores, la concesión de las autorizaciones, y hay que decir que hasta el momento los vetos han sido mínimos. De las 136 solicitudes presentadas el año pasado, 42 fueron archivadas por no afectar a un sector crítico, mientras que el 85% de las 94 restantes (el 90%) fueron autorizadas sin condiciones al no haberse encontrado riesgo significativos. En ocho casos se concedió la autorización con la aplicación de alguna restricción y sólo en un caso se denegó la solicitud de autorización debido a la existencia de riesgos no resolubles.

¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que el principio de libertad de movimiento de capitales ha sido matizado, aunque todavía de forma muy modesta. O corregido, como se prefiera, por un bien que hoy, no antes, se considera superior: la seguridad. O expresado de otra manera: manda la geopolítica, que no es otra cosa que una corrección de la globalización en favor de nuevos bloques.

¿Cuál es el problema? Las incertidumbres que genera la aplicación de las distintas regulaciones que, necesariamente, incorporan un cierto subjetivismo político en su aplicación práctica.  Conceptos como ‘razón de Estado’ siempre son vaporosos y en ocasiones, incluso, escapan del control jurisdiccional. Incluso la valoración sobre el impacto de la inversión extranjera en determinados sectores o empresas se mueve en el terreno del “riesgo potencial”, como proclama el real decreto aprobado en 2023.

A ello hay que añadir que la propia legislación europea da un margen —en ocasiones elevado— a los gobiernos para actuar. Es decir, tanto los requisitos como los umbrales para presentar una notificación de inversión dependen en última instancia de cada Estado. Y aquí, una vez más, hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas entre los Estados y la propia Comisión Europea.

Los datos notariales: base para el análisis de la vivienda

EN ESTE PAÍS

Martínez Lacambra presentó el informe La vivienda en España 2007‐2024.

LOS DATOS NOTARIALES: BASE PARA EL ANÁLISIS DE LA VIVIENDA

ALEJANDRO MOYA BLAY

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos españoles: en tan solo tres años ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. Un problema de gran calado social que el Notariado ha analizado en profundidad mediante el informe La vivienda en España 2007-2024. Una aproximación desde el Índice Único Notarial, que examina la evolución del sector inmobiliario prestando especial atención a los precios, el mercado hipotecario, el esfuerzo económico de las familias, el acceso de los jóvenes y el papel de los compradores extranjeros.

EVOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ESPAÑA (1991–2023)

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO-MITMA Y MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA, WWW.EPDATA.ES

En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, celebrado por Fundación Notariado el pasado mes de julio, el director general del Centro Tecnológico del Notariado (CTNotariado), Alberto Martínez Lacambra, realizó la presentación este informe, que emplea los datos extraídos de las escrituras públicas para evaluar la situación actual y plantear algunas reflexiones que permitan adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, corregir los desequilibrios del mercado y relajar las tensiones en los territorios más afectados.

 


SEGÚN LOS DATOS DEL ÍNDICE ÚNICO NOTARIAL EL PRECIO POR METRO CUADRADO PASÓ DE 2.077 EUROS EN 2007 A 1.992 EUROS EN 2024: UN 4% MENOS


 

Tomando como referencia los datos de viviendas plurifamiliares, Lacambra apuntó que “según los datos notariales el precio por metro cuadrado pasó de 2.077 euros en 2007 a 1.992 euros en 2024: un 4% menos”. Y precisó que “de 2007 a 2013 vivimos un periodo de fuerte recesión, con una caída del 37% en los precios. Desde 2014 hasta la actualidad los precios han aumentado un 61%, superando por primera vez en 2025 -en términos nominales- el precio por metro cuadrado del año 2007”.

¿Una nueva burbuja inmobiliaria?
Aún con estas cifras, algunas voces apuntan a los primeros síntomas de una nueva burbuja inmobiliaria. Al respecto, Lacambra señaló que “las burbujas se caracterizan porque el sistema crediticio desborda” -en palabras de Kindleberger-. Un buen termómetro para identificar qué situación enfrentamos es, por tanto, observar el nivel de deuda de las familias: “Según los datos que tenemos de las hipotecas, en el año 2010 la deuda de las familias equivalía a un 85% del PIB. Hoy equivale a un 43%, una reducción importantísima”, apuntó.

No dejan de ser buenas noticias: mirando al mercado hipotecario, es pronto para hablar de una nueva burbuja inmobiliaria, aunque debemos observar de cerca la evolución del sector: “En 2025 ya estamos detectando un incremento del 10 % en el precio de la vivienda, mientras que el PIB a precio de mercado está aumentando un 5%. Por tanto: cuidado”, matizó el ponente. “La mala noticia -añadió- es que hay personas que no tienen vivienda, lo cual es un verdadero problema”.

En este contexto, los síntomas apuntan a una fuerte presión de la demanda que “no responde a un posicionamiento especulativo como en el boom inmobiliario, sino a la necesidad de acceso a la vivienda. El problema radica en una oferta insuficiente que genera un déficit de unas 200.000 viviendas anuales”.

 


ENTRE 1990 Y 2000, EN ESPAÑA SE CONSTRUYERON 75.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS AL AÑO. EN LA ACTUALIDAD APENAS SE LLEGA A LAS 12.000


 

Recuperar las cotas de construcción
Según Lacambra resulta urgente estimular la oferta de vivienda privada y de vivienda pública, también en régimen de alquiler, y recuperar las cotas de años atrás: “A finales de los 90, en España se terminaban 300.000 viviendas anuales. En 2006 fueron 658.000 viviendas y la crisis nos llevó a cotas de 44.000. Hoy, estamos cerca de las 80 o 90 mil viviendas terminadas al año”, subrayó. Cifras insuficientes para cubrir la alta demanda.

Lo mismo sucede con la vivienda protegida: “En los años 90 y primera década del 2000, en España se construyeron 1,5 millones de viviendas protegidas, a razón de 75.000 viviendas al año”, explicó Lacambra. En la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas anuales: “Recuperar el impulso de la vivienda protegida permitiría ofrecer un canal más asequible de incorporación al mercado. Por ello, es necesario movilizar tanto suelo público como privado”.

En esta línea, Lacambra planteó la posibilidad de revisar las cargas fiscales y aliviar el IVA soportado por los promotores en la construcción, con el objetivo de facilitar la viabilidad financiera de las operaciones. “Hay que activar decididamente el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público y, para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad”, defendió.

 


LOS JÓVENES HAN QUEDADO PRÁCTICAMENTE
EXCLUIDOS DEL MERCADO: SOLO UNO DE CADA DIEZ COMPRADORES TIENE HOY MENOS DE 30 AÑOS, FRENTE A UNO DE CADA CUATRO EN 2007


 

FUENTE: INE Y AUTOR DEL ESTUDIO

Un balón de oxígeno para los jóvenes
En su opinión, la vivienda protegida, como palanca social, puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes, que han quedado prácticamente excluidos del mercado: “Solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años, frente a uno de cada cuatro en 2007. No se debe solo al cambio demográfico, sino a la dificultad para disponer del ahorro suficiente para hacer efectiva la entrada”, explicó.

Para facilitar su acceso a la vivienda, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda han activado líneas de avales para menores de 35 años y familias con menores. “Estas medidas de financiación, con las que se puede llegar a cubrir el 100% del valor de la vivienda, me parecen absolutamente razonables y necesarias”, valoró Lacambra. “A lo mejor también hay que plantear medidas de carácter fiscal para dar facilidades a los jóvenes, como fraccionar el pago del ITP y que pudiera realizarse en un periodo de 15 años. Además, en zonas muy tensionadas también habría que plantear bonificaciones del IRPF para aliviar las dificultades de acceso”, puntualizó.

El transporte público: una vía de solución
Y es que el optimismo ‘va por barrios’. La situación empeora -o mejora- en función de la provincia, la ciudad o incluso el distrito en el que pretendamos adquirir una vivienda. “Si tomamos como ejemplo la ciudad de Barcelona, en 2024, el precio del metro cuadrado alcanzaba los 4.142 euros. En cambio, a 30 km de la ciudad -por ejemplo, en Mataró-, bajaba prácticamente un 50% el valor de la vivienda. Y a 60 km se reducía dos tercios”, expuso el representante del Notariado.

Ergo, ‘habemus’ una alternativa. “La solución pasa por el transporte público”, afirmó Alberto Martínez Lacambra. “Invirtamos en transporte público, mejoremos la conectividad en las áreas metropolitanas, garanticemos que el desplazamiento no supere los 45 minutos y, automáticamente, vamos a disponer de suelo mucho más barato”, añadió, e hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas agilicen las licencias y avancen en el planeamiento urbanístico.

Zonas tensionadas y presión extranjera
No obstante, hay zonas muy tensionadas donde factores adicionales como el alquiler vacacional y el peso de los compradores extranjeros hacen aún más compleja la ecuación. “El aumento de los compradores extranjeros es una de las transformaciones más notables que está viviendo el mercado en España. En 2007 representaban un 7,5% del total; en 2024, un 20,9%. Hoy, en territorios como Alicante, Baleares o Málaga superan el 40%”, detalló el ponente.

En estas zonas, la creciente incursión en el mercado de extranjeros no residentes ha añadido presión al sector. “A diferencia de los residentes, estos compradores tienden a destinar el inmueble al uso vacacional, la inversión o la revalorización a medio plazo”, concretó. Un fenómeno que se manifiesta de forma especialmente crítica en las islas y el arco mediterráneo: “En estas zonas hay que hacer algo en términos tributarios, como establecer un gravamen adicional o introducir tramos específicos en el IRPF para compradores no residentes”, concluyó.

Datos precisos y fiables: el Índice Único Notarial

“Sin datos fiables, actuales y detallados las soluciones a los retos que afronta el mercado de la vivienda pueden ser ineficaces. Hoy, en España, no existe una fuente de datos más precisa para analizar el mercado inmobiliario que el Índice Único Informatizado Notarial”, aseguró el director general del Centro Tecnológico del Notariado en su intervención.

Con más de 25.000 millones de datos procedentes de las escrituras públicas, este índice es “una herramienta esencial para formular propuestas realistas orientadas al desarrollo de políticas públicas; una base de datos única por su granularidad, alcance y actualización”, aseveró, que permite desagregar los datos por provincias, municipios o nacionalidades, aportando una visión extremadamente precisa del mercado.

Seguridad jurídica para el mercado del alquiler

En relación al mercado del alquiler, Martínez Lacambra abogó por la intervención de los notarios en los contratos de arrendamiento: “Tendría mucha utilidad, primero, para el dato, ya que sabríamos qué está ocurriendo en España. Ahora mismo no sabemos dónde hay datos fiables del alquiler. Y en segundo lugar permitiría acabar con la figura del ‘inquiokupa’”.

El director general del CTNotariado sostuvo que la formalización en escritura pública de estos contratos “aumentaría la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos y permitiría llevar a cabo un mayor control de legalidad”.