En la crónica de tribunales de cualquier medio nacional o internacional todos los días alguien es imputado o condenado por blanqueo de capitales. Esas noticias se acompañan casi siempre de gráficos que muestran cómo se ha intentado disimular el origen ilícito de los bienes utilizando sociedades nacionales u off shore, criptoactivos, dinero en efectivo, licencias de VTC, etc. Pocas veces aparece algún artículo que aborda el complejo problema de la financiación del terrorismo y aún menos de las consecuencias de la exportación de material de doble uso a países sancionados. También la guerra en Ucrania nos ha recordado que existen personas físicas y jurídicas con sanciones financieras internacionales cuyos activos deben ser inmovilizados o ‘congelados’.

Casi todas las actividades descritas tienen patrones similares. Siempre existe una organización criminal que genera activos en la que no solo se integra quien materialmente comete el delito precedente, sea tráfico de drogas, de personas, armas o cualesquiera otras actividades ilegales, sino que también encontramos en organizaciones criminales estructuras jurídicas y económicas diseñadas a través de las que se blanquean ingentes sumas de dinero. No solo lava dinero quien comete el delito precedente o subyacente, sino quien desde un despacho colabora en que ese dinero vuelva a la actividad económica disimulando su oscuro origen. Si de financiación del terrorismo se trata, la actividad es parcialmente distinta ya que, a diferencia del blanqueo de capitales, donde se lava lo que es sucio en origen, en financiación se oscurece lo que suele tener un origen legal, por ejemplo, una donación a una fundación de ayuda a viudas de guerra en Oriente Medio.

En estas actividades ilícitas siempre hay un elemento común: la utilización de múltiples sociedades o personas jurídicas no societarias, nacionales o extranjeras, para dificultar el rastro hasta el origen y, de ese modo, alejar al delincuente del beneficio económico obtenido.

La presencia de múltiples sociedades ha planteado el arduo problema de conocer quién es el beneficiario último -titular real- de esos vehículos societarios o personas jurídicas no societarias, lo que es enormemente complejo, máxime en un delito de componente transnacional, al emplear sociedades de diversas jurisdicciones.

Además, tal conocimiento es difícil no solo por la disparidad de regímenes legales en materia de prevención de blanqueo, sino por la laxitud regulatoria en la creación de esos vehículos societarios. No es infrecuente leer en periódicos e incluso en artículos especializados que se deben eliminar o simplificar las barreras de entrada en la creación de esas sociedades. Restricciones que se identifican con la presencia de funcionarios públicos que intervienen, precisamente, en el momento más importante: cuando la sociedad se crea, y es preciso conocer la identidad de los socios, administradores y controlar el objeto social.

En 2019, en el ámbito de la Unión Europea, se aprobó una Directiva que dejaba a decisión de los Estados miembros la posibilidad de que en la denominada constitución en línea o sin presencialidad, se mantuvieran instrumentos que permitieran conocer de manera indubitada quién era el titular real al tiempo de la constitución de una sociedad. España optó por mantener en dicho momento al notario como elemento central. Tal elección no fue casual.

En España, desde el año 2012, existe una Base de Datos de Titularidad Real extraída de la información obrante en las escrituras públicas de constitución, transmisión de capital, sea a título oneroso o gratuito, reducción o ampliación de capital y disolución y extinción, que permite indubitadamente conocer quién es el titular real. Ese dato es auténtico, en el sentido de que proviene de un concreto documento público y preconstituye prueba ya que, quien no esté de acuerdo, ha de demostrar lo contrario. Ese sistema denominado de titularidad real acreditativa está basado en la intervención de un funcionario público, el notario, y en un documento público, por lo que la calidad del dato está verificada en origen.

Frente a tal sistema, están los meramente declarativos, esto es, aquellos basados en la declaración, muchas veces online, y siempre sin control alguno, que hace el administrador o el secretario del consejo de administración a un registro, sea mercantil, o específico de titularidad real. Este tipo de registros carecen de la calidad de la Base de Datos de Titularidad Real, pues no hay nadie que en un registro mercantil verifique si la manifestación es correcta. Desgraciadamente, este sistema se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico exigiendo que se declarara la titularidad real cuando se depositan cuentas, lo que tiene escaso valor, pues al registrador le es imposible verificar la veracidad de tal declaración.

El reciente paquete legislativo anti blanqueo aprobado este año en la Unión Europea se asienta en un esquema mixto. Ordena a las personas jurídicas, sean sociedades o de otro tipo, que mantengan actualizada la información de titularidad real y que, en su caso, actualicen los Registros Centrales de Titularidad Real. Tal esquema, basado en la honestidad de los integrantes de la persona jurídica, es un sistema mínimo de eficacia muy limitada, pues recuerda lo que sucede con el libro registro de socios, esto es, que muchas veces no existe y, si se lleva, se actualiza cuando, por ejemplo, Hacienda pide información.

Por ello, a nivel internacional el sistema de información de titularidad real del Notariado español es un faro y guía que seguir, pues no existe una manifestación, ni se hace horas antes de que sea preciso declarar quién sea titular real. Lejos de ello, se basa en la información de documentos públicos que permiten en todo momento seguir quién era el titular real de una participación y a quién se la vendió, como si de un inmueble se tratara, lo que es imposible en sistemas declarativos como, desgraciadamente, se efectúa en España ante el Registro Mercantil.

Desde esta perspectiva, resulta sorprendente la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 10 de octubre de 2024, ya que confunde los efectos de una manifestación al tiempo del depósito de cuentas acerca de quién sea el titular real, con la información veraz derivada del tracto sucesivo obrante en documentos públicos notariales. Olvida el TS que una manifestación efectuada en un depósito de cuentas en modo alguno es verificable por el registrador mercantil, al contrario de lo que, por ejemplo, sucede con una escritura pública de compraventa de participaciones, pues quien vende, dona o hereda ha de acreditar que quien transmite o a quien sucede era propietario.

España volverá a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2027. Esperemos que para esa fecha los efectos derivados de la inclusión de una mera manifestación al tiempo de depositar cuentas se hayan subsanado, pues en otro caso España, que era un ejemplo a seguir, puede convertirse en el paradigma de un problema, al coexistir información sobre una misma sociedad proveniente de diversas fuentes, información que, sin embargo, es evidente que no tiene idéntica calidad, pues una manifestación en documento mercantil -depósito de cuentas- no tiene el carácter auténtico de la que se deriva de un conjunto de documentos públicos notariales.

“Esta vez será diferente” es una de las frases que más debate genera entre los economistas. Y en mi caso, a medida que voy acumulando experiencia profesional, voy cambiando de opinión. Hace unos años la consideraba falsa. Tal vez porque pensaba que la economía tenía un componente de ciencia que permitía modelizar su comportamiento a partir de lo que había sucedido en otras fases expansivas o de crisis. Puede que fuera por el sesgo que traía de la universidad en la que había estudiado modelos, muy elegantes y certeros, a la hora de explicar el pasado. Pero en los últimos años mi fe en ellos se ha ido desvaneciendo a medida que se han acumulado acontecimientos inesperados, novedosos y de alto impacto, así como importantes cambios en la estructura de la economía mundial.

Tras esta confesión sobre mi transformación, reconozco que ahora soy de la escuela “estavezserádiferente”. Y por muchos motivos. Por un lado, porque nunca antes habíamos tenido una intensidad tecnológica como la actual. Por el otro, porque nunca antes se había acumulado un volumen tan elevado de deuda pública en un contexto de longevidad y envejecimiento poblacional como el actual. Y, aunque hay muchos más factores, déjenme que me adentre en el tema de este artículo: porque nunca antes habíamos tenido la emergencia de una segunda potencia del tamaño de la que ahora ocupa esa posición: China. Sí, es verdad que esta economía ya ha sido líder en diferentes fases de la historia (lea el libro de Ray Dalio, Nuevo orden mundial), pero el reto que tenemos en el presente como economistas es analizar si es posible que desbanque a EE. UU. de la primera posición y cómo va a conseguirlo.

Y es aquí donde empieza otro debate. Tras una primera fase de fuerte expansión, iniciada con el cambio político introducido por Deng Xiaoping en los setenta y acelerada con la incorporación de China en la Organización Mundial del Comercio (2001), que permitió el fuerte crecimiento del PIB vía inversión empresarial y exportaciones, ese modelo parece agotado. Debe ser la demanda interna (el consumo de las familias chinas) la que tome el relevo al consumo de las familias del resto de mundo a la hora de comprar productos made in China. Y eso no está pasando, ni tiene visos de suceder en el corto plazo. Las autoridades del país lo saben y han optado por activar otra palanca del crecimiento: la alta tecnología (‘Tecno-socialismo’, como lo denomina el profesor Claudio Feijoó). Si uno de los errores del siglo XIX, que derivó en el ‘siglo de la humillación’, fue el rechazo a la innovación tecnológica del momento (el tren), ahora ha preferido situarse a la cabeza, superando incluso a EE. UU. en ámbitos como internet de las cosas, cloud computing, computación cuántica, ciberseguridad o inteligencia artificial (ver al respecto el Informe Draghi publicado a principio de septiembre). Esta parece una apuesta ganadora, salvo por el reconocimiento de que sufren un cierto cuello de botella en una pieza básica: diseño y producción de chips. Es por ello por lo que muchos expertos en geoestrategia apuntan al deseo de China de recuperar Taiwán (recomiendo La guerra de los chips, de Chris Miller).

El otro eje de crecimiento y ventaja competitiva futura tiene que ver con las energías renovables. En esto, a diferencia de la alta tecnología, Europa comparte liderazgo tecnológico, en cierto modo porque, como China, sufrimos la ausencia de combustibles fósiles en nuestro subsuelo. Pero China, a diferencia de Europa, cuenta con las materias primas necesarias para la generación de energía renovable, bien de forma directa (en minas en su territorio), bien de forma indirecta (por el posicionamiento en África, en una suerte de neocoloniaslimo que, al menos de momento, este continente parece aceptar).

Con estos mimbres, además de una elevada población (1.300 millones de personas), podría pensarse que nada va a impedir que el PIB de China supere al de EE. UU., incluso antes de la fecha marcada. Esta es 2049, es decir, en el centenario de la actual República Popular China.

Pero el camino cuenta con sus particulares obstáculos. Uno es la denominada “trampa de la renta media”, según la cual, muchas economías son incapaces de superar en su proceso de desarrollo la cota de los 15.000 USD de PIB per cápita. Como hemos comentado, las autoridades chinas parece que apuestan por las nuevas tecnologías para conseguir la velocidad de escape necesaria.

Otro de los retos es digerir una elevada deuda asociada a la fuerte expansión de la inversión residencial. China sufre una burbuja inmobiliaria que necesitará varios años para purgarse, así como medidas contundentes (y dinero) por parte de las autoridades.

En tercer lugar, se debe advertir del ‘invierno demográfico’ en el que está entrando. La política de hijo único, vigente entre 1982 y 2015, está provocando una caída de la población que, combinado con la longevidad, implica una clara pérdida de capacidad de crecimiento futuro. Es verdad que esta característica es común al resto de países del mundo (con la excepción de África) pero condiciona mucho la capacidad de crecimiento diferencial del PIB que necesita China para cumplir su objetivo.

En cuarto lugar, los sociólogos tampoco se ponen de acuerdo en la sostenibilidad del actual régimen político. ¿Presionará el ciudadano para conseguir una democracia o preferirá mantener la actual autocracia si considera que, ante sus características diferenciales, es más eficaz para conseguir el objetivo de crecimiento del PIB?

Tras un largo periodo de tiempo de continuo saneamiento financiero, los municipios españoles han empezado a invertir su positiva tendencia.

El motivo no es otro que la aparición de nuevo de situaciones de déficit e irremediablemente de aumento del importe de la deuda pública.

Personalmente, nunca he entendido que los presupuestos públicos arrojen déficit, esto es, que el importe de los gastos pueda superar al de los ingresos.

Cuando esto sucede, el “agujero” que en las cuentas públicas se produce se traduce en endeudamiento, es decir, en deuda pública, o, para entendernos, en dinero prestado que hay que devolver.

Por su parte, esa deuda solo es posible sanearla con futuros superávits, esto es, y salvo milagros, con mayores impuestos.

Claro que la “bola” siempre se puede hacer más grande. Pero ello limitará el margen de maniobra de la Administración de que se trate.

La deuda pública es, por tanto, el importe que una Administración Pública ha tenido que solicitar a un tercero para poder pagar todos sus gastos.

¿Quiénes son estos terceros? Pues no hay otros que los bancos, y/o los inversores privados (empresas o familias).

El problema es que la deuda conlleva el pago de intereses que, inevitablemente exige mayores ingresos, normalmente, mayores tributos (o mayor deuda).

Es posible, eso sí, que en circunstancias extraordinarias, como el Covid, la Administración tenga inevitablemente que asumir pagos imprevistos, por ejemplo, el de ayudas directas, que impacten negativamente en las cuentas públicas. Pero se trata de circunstancias extraordinarias o, mejor, difícilmente previsibles.

Es posible, también, que determinadas inversiones públicas se tengan que financiar con deuda, por ejemplo, la inversión en las instalaciones necesarias para celebrar un determinado acontecimiento extraordinario, como la Expo, o las Olimpiadas.

Pero en tales casos, es necesario el correspondiente plan de inversiones, y su viabilidad financiera.

Fuera de tales casos, el objetivo de cualquier Administración Pública es el equilibrio presupuestario.

Aunque parezca una obviedad, esto es lo que el art. 135.1 de la Constitución señala: todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Por si hubiera alguna duda, el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), señala que se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural.

En definitiva, salvo en los casos de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, o de acuerdo con normativa europea, ninguna Administración Pública puede incurrir en déficit estructural (art. 11 LOEPSF).

Desgraciadamente, tengo la impresión de que la mayoría de nuestros responsables políticos ignoran la claridad y rigidez de tales normas.

Pero sigamos. Una Administración diligente ha de procurar además tener siempre el “colchón” suficiente para afrontar los avatares de años con viento desfavorable.

El objetivo, en definitiva, no es ni gastar más, ni endeudarse más, sino gestionar de forma eficiente.

Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada.

Conviene recordar, también, que la naturaleza pública de un determinado servicio, por ejemplo, el transporte municipal, no obliga a que su gestión sea pública. Esta se puede encomendar a un tercero. Lo importante, pues, no es su gestión, sino la regulación y control de los estándares de calidad del servicio. Se trata, por tanto, de un equilibrio entre eficiencia económica y calidad del servicio.

No en vano, el art. 7.2 de la LOEPSF establece que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Insisto de nuevo en que el objetivo de cualquier Administración no es gastar, sino prestar servicios públicos de calidad.

Si la eficiencia en el gasto es importante, también lo es la eficacia, esto es, si las políticas de gasto que se han aprobado están dando los resultados esperados. De ahí la importancia de valorar su eficacia adoptando, en su caso, las medidas correctoras que sean necesarias. Valoración que necesariamente ha de ser pública, esto es, accesible a los ciudadanos.

Sea como fuere, la queja mayoritaria del ciudadano no es por los impuestos en sí mismos, sino por su falta de correlación con la percepción de servicios de calidad, y por la enorme burocratización de nuestras vidas.

Sería, pues, necesario que el debate público no se centrara en la mera presión fiscal, sino en la existencia de dicha correlación. En el grado de eficiencia, eficacia, y calidad de los servicios.

En este contexto, sería deseable consensuar una lista cerrada de servicios básicos obligatorios; lista que exige recordar que la Administración no ha de cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos, sino aquellas que sean imprescindibles para garantizar una vida digna, en especial, en los casos de vulnerabilidad social.

En definitiva, lo relevante no es tanto el superávit o déficit presupuestario, sino el grado de satisfacción de los ciudadanos con relación a los servicios que la Administración les presta.

Por pedir, sería también necesario regular supuestos de responsabilidad patrimonial personal de nuestros responsables políticos en los casos de gestión irresponsable de los recursos públicos.

Sin ejemplaridad pública, se pierde la confianza en el Estado. En definitiva, quien exige cumplir está obligado también a cumplir.

El proceso de envejecimiento en España se intensificará significativamente hasta 2050, cuando se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. España combina lo mejor y lo peor de todos los países. Lo mejor en el sentido de que tenemos una de las mayores expectativas de vida al nacer y a partir de los sesenta y cinco años y lo peor en el sentido de que tenemos una de las menores tasas de fecundidad del mundo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida seguirá aumentando, proyectándose que en 2050 alcance aproximadamente los ochenta y cuatro años para los hombres y ochenta y nueve años para las mujeres. Paralelamente, la tasa de fecundidad se mantendrá baja, con una proyección de alrededor de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. La entrada de inmigrantes será crucial para mitigar parcialmente los efectos del envejecimiento, con una proyección acumulada de aproximadamente diez millones de inmigrantes netos hasta 2050, aunque no lo suficiente para revertir la tendencia. Como resultado la tasa de dependencia de las personas mayores, que mide la proporción de personas de sesenta y cinco años o más en comparación con las personas en edad de trabajar, prácticamente se doblará, situándose en torno al 57% en 2050. Este aumento de la tasa de dependencia incrementará la presión sobre los sistemas de pensiones y servicios sociales, planteando desafíos significativos para la sostenibilidad económica y social del país.

En este sentido, en el ámbito académico, existe un amplio consenso sobre la necesidad de adaptar nuestro sistema de pensiones a esta ‘nueva longevidad’. Cuando hablamos del aumento del gasto en pensiones en las próximas décadas, en mi opinión hay una parte de ese aumento que está perfectamente justificada. En concreto, si el número de jubilados se va a incrementar hasta superar los quince millones, parece lógico que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB también aumente. Pero, hay otra parte, que desde mi punto de vista no está justificada, y me refiero al aumento del gasto porque nos negamos a adaptar las pensiones al aumento de la esperanza de vida a partir de los sesenta y cinco años. Es decir, si tenemos un sistema de pensiones diseñado para una esperanza de vida determinada, parece lógico que, si esta aumenta significativamente, el sistema se reforme.

La reforma de 2021, por un lado, garantizó la suficiencia de las pensiones al introducir por ley su automática actualización con el coste de la vida (o IPC), pero ha puesto en riesgo la sostenibilidad. La estrategia de no adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad y usar como única vía para la sostenibilidad la subida de cotizaciones me parece un error por dos motivos. En primer lugar, constituye un cheque en blanco para mantener la generosidad del sistema de pensiones a cualquier precio y ante cualquier aumento en la longevidad, y amenaza con dejarnos sin margen fiscal para muchos otros programas del Estado del bienestar, como la sanidad, la dependencia, que también favorecen a los mayores, pero también educación, vivienda, etc. En segundo lugar, olvida que un sistema de pensiones de reparto se mantiene en el tiempo por un pacto o contrato entre generaciones. Es decir, los que estamos pagando las pensiones de los actuales jubilados mediante nuestras cotizaciones, lo estamos haciendo porque confiamos en que las futuras generaciones de trabajadores hagan lo mismo por nosotros cuando nos jubilemos. Pero si aumenta la longevidad y nos oponemos a reformar el sistema de pensiones, estaremos imponiendo una excesiva carga fiscal a las futuras generaciones. Pero no solo aumenta la carga fiscal, sino que también hay un coste de oportunidad de ese aumento del gasto en pensiones que podría utilizarse para invertir en otras políticas, muchas de ellas más justas intergeneracionalmente, como por ejemplo en vivienda social en alquiler para jóvenes, en educación, en ayuda a la familia para mejorar la tasa de fecundidad o en la lucha contra la pobreza. Por todo ello se está debilitando la justicia intergeneracional.

Muy probablemente en 2025 se va a abrir una ventana de oportunidad para reformar las pensiones. En ese año, se evalúa la última reforma. Todos los indicios apuntan que se va a activar la cláusula de salvaguardia que nos exigió imponer Bruselas como condición para poder seguir percibiendo los fondos europeos. La activación de esta cláusula nos obligará a tomar medidas para reducir el déficit. En principio estas medidas pueden ser de reducción del gasto o de aumento de cotizaciones. Pero si no hay consenso se deberá producir un aumento automático de cotizaciones con el consiguiente efecto sobre la justicia intergeneracional que hemos comentado antes. Ese será el momento idóneo para buscar un consenso entre los dos grandes partidos para adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad. Entre las medidas que se podrían consensuar se me ocurren tres. Por un lado, considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. Esta es la tradición española, que pasó de dos años a ocho años con el presidente González, de ocho a quince con el presidente Aznar, de quince a veinticinco con el presidente Zapatero y que en la última reforma se amplió de veinticinco a veintinueve, pero pudiendo descartar los dos años peores. En segundo lugar, tal como se comprometieron los interlocutores sociales en la reforma de 2011, introducir cambios automáticos en los parámetros del sistema a medida que aumenta la esperanza de vida a partir de los sesenta y siete años. En tercer lugar, permitir la plena compatibilización entre la percepción de una pensión y el trabajo remunerado, con un contrato especial para trabajadores jubilados que no tendría costes de despido. Se trataría de potenciar al máximo la jubilación parcial o flexible. Que no solo será buena para el sistema de pensiones sino también para el propio trabajador y su salud y atractivo para las empresas.

Todas estas medidas ayudarían a contener el crecimiento del gasto en pensiones debido a aumentos en la longevidad, y permitirían liberar recursos fiscales para invertir en el bienestar de los jóvenes y recuperar la tan necesaria justicia intergeneracional.

Los bancos de la AEB contrataron a más de 12.600 personas durante 2023, 1.800 para su actividad en España. Esta mejora en el empleo entre nuestras entidades es posible por la recuperación de la rentabilidad, que permite adaptar las capacidades a la demanda de los clientes, que cada vez más piden una atención a través de canales remotos.

Esto explica que busquen a la hora de ampliar su plantilla el talento relacionado con el mundo de la tecnología, los datos y la sostenibilidad. Entre otros, perfiles Stem en áreas de Riesgos, Tecnología, Canales Digitales y Gestión del Dato, y perfiles de clara orientación comercial. Además de analistas financieros (cuantitativos y regulatorios), especialistas en datos, digitalización y tecnología (arquitectura y seguridad). Pero, por encima de todo, la mayoría de los bancos buscan incorporar perfiles con habilidades relacionales y de servicio al cliente.

El FMI concluye en un reciente informe How Pandemic Accelerated Digital Transformation in Advanced Economies que la digitalización fue clave durante la pandemia para proteger la productividad. Y de hecho lo será en el futuro para seguir creciendo de forma sólida. La digitalización, como cualquier otra innovación pasada, nos ha ayudado a avanzar, a superar problemas y a mejorar nuestra calidad de vida.

Así la transformación digital que experimenta la sociedad es un proceso inexorable, cambiando la forma en que nos relacionamos y accedemos a servicios privados y públicos. En el caso de los bancos, los clientes buscan en su oferta lo mismo que tienen en su día a día: rapidez, transparencia, competencia y seguridad. Y las 24 horas al día, los siete días de la semana, desde cualquier lugar. Todo esto lo obtienen a través de canales digitales, ampliando de esta forma la oferta de productos y servicios presenciales.

Según los resultados de una reciente encuesta de Sigma Dos, un 88% de los españoles utiliza los canales digitales de su banco al menos una vez a la semana. Desde la consulta de saldos, compras online o la operativa a través de bizum, son un buen reflejo del cambio de preferencias del cliente al relacionarse con su entidad. Y con confianza: un 84% se siente seguro al operar en banca digital.

Otras encuestas validan estos resultados y los generalizan por edades. Según Metroscopia, un 69% de los mayores de 65 años afirma no haber visitado una oficina en el último mes frente al 48% en 2021. Y de acuerdo con Inmark, más del 90% de los mayores trasladan un “muy alto grado de satisfacción” con la banca móvil y la banca por internet.

De esta forma los bancos se adaptan a las preferencias de sus clientes e incluso se anticipan a los cambios que se puedan producir. La capacidad innovadora del sector bancario está en su ADN, actuando en la mayoría de los casos como catalizadores de la innovación para otros sectores de la economía. Campeones en la digitalización de los servicios financieros a nivel europeo según Deloitte, los bancos españoles lo demuestran por ejemplo al liderar la oferta en los pagos inmediatos. No solo constituyen ya la mitad de las transferencias procesadas frente al 15% en Europa, sino que también permiten desarrollar innovadoras soluciones de pago a través de móvil y otros dispositivos. Es el caso de bizum.

El éxito de bizum lo es también de todos, puesto que demuestra cómo el aprendizaje y la experiencia son fundamentales para sacar lo mejor de la innovación. Para aprovechar todo su potencial hace falta un esfuerzo de adaptación de cada individuo, diferente en cada caso, lo que hace fundamental fomentar la capacitación digital de la ciudadanía y mejorar la conectividad. Esta transformación digital en que vivimos inmersos, al igual que la transición ecológica, son las dos grandes apuestas de futuro de Europa, a las que se destina una parte importante de sus fondos europeos.

La capacidad de adaptación y la digitalización de los bancos puede ser un buen referente para las autoridades europeas. En un contexto internacional tan complejo como el actual, es fundamental que Europa fije una estrategia donde la inversión en capital humano, innovación y tecnología y la descarbonización, refuercen la competitividad y mejoren la productividad llevando a un mayor y mejor crecimiento económico.

El sector bancario es clave dentro de esta estrategia europea. Y para que cumpla de forma eficiente su labor las autoridades deben asegurar que los bancos sean competitivos, beneficiando a las empresas y ciudadanos, con una regulación y supervisión adecuada a su capacidad de proporcionar la financiación que se precisa. Es importante que la regulación del sector sea más simple y consistente con el objetivo perseguido, que no es otro que reducir los riesgos potenciales sin limitar la capacidad de dar financiación. Es relevante que se alcance el mercado único, dentro de él la unión bancaria, desarrollando con ello un mercado de capitales común.

También evitar medidas nacionales que conlleven distorsiones en la competencia a nivel europeo, amenacen la necesaria fortaleza del sector y al final supongan restricciones a su capacidad de financiación.

El servicio al cliente es una prioridad para los bancos en los procesos de digitalización que debe ser compatible con la eficiencia operativa. Tras los procesos de ajuste de la red comercial llevados a cabo en la última década, en un contexto de baja rentabilidad ante la excepcionalidad de tipos de interés negativos, los bancos están preparados y dispuestos para seguir acompañando a sus clientes y propiciar con su actividad la prosperidad económica.