Todo indica que el denominado escudo anti-OPAS no será algo pasajero. Este mecanismo de supervisión de las inversiones extranjeras en empresas españolas pertenecientes a sectores considerados como sensibles se instituyó tras la pandemia de 2020.

El mencionado dispositivo, en principio extraordinario, aunque habitual en el mundo y sobre todo entre otros países de la Unión Europa (UE), nació de forma puntual como un blindaje protector con fecha de caducidad, operativo sólo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el tiempo parece haber demostrado su utilidad y, a finales del año pasado, el Consejo de Ministros lo prorrogó por dos ejercicios más, hasta 2026.

EL ESCUDO ANTI-OPAS ES UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EMPRESAS ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A SECTORES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES

Control amplio y compartido

La Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde se dirimen las operaciones que requieren supervisión en el marco de lo contemplado en el Real Decreto-ley 34/2020 que lo regula, es un órgano interministerial colegiado en el que, además del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, participan otros departamentos relevantes como es el caso de Defensa e incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Una palanca defensiva que acumula un amplio historial de activaciones cifrado en un total de 338 operaciones desde su puesta de largo y que, sólo en 2024, batió todos los récords al analizar nada menos que 147 operaciones de compra, un 50% más que en el ejercicio anterior. El balance final del año fue positivo al registrar un saldo de 96 aprobaciones, 42 casos archivados, 8 aprobaciones condicionadas y un único veto: el obtenido por el grupo semipúblico húngaro Ganz-Mavag por el fabricante de trenes Talgo, alegando cuestiones de seguridad nacional.

El pasado ejercicio, el foco estuvo puesto especialmente en sectores como telecomunicaciones y transporte aéreo, con dos operaciones de alto perfil: la participación de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, recientemente firmada por la aerolínea y a la espera aún de obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias y de competencia. Ambas fueron autorizadas, con distintos matices, tras un largo proceso de negociación con el Ejecutivo. El mensaje fue claro: España no renuncia a recibir inversión directa desde el exterior, pero con condiciones.

Otros casos relevantes fueron la exitosa OPA presentada por el fondo galo Antin sobre Opdenergy; la autorización de la lanzada por la italiana Esseco sobre el grupo químico Ercros (a la que desistió después por las condiciones solicitadas por la CNMC); el intento de adquisición del 29,9% de Prisa por Vivendi (que finalmente se tuvo que conformar con un porcentaje menor), y las frustradas compras tanto de la farmacéutica Grifols por el fondo canadiense Brookfield o de Naturgy por la emiratí Taqa, respectivamente. Mención especial merecen la entrada indirecta de BlackRock en Naturgy o la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona.

Sectores bajo la lupa

Entre los activos objeto de supervisión no sólo se contemplan aquellos más obvios, como los integrados en el sector de la defensa (incluyendo la tecnología de uso dual), la energía, las infraestructuras críticas o las telecomunicaciones, por citar algunos, sino que amplía su espectro de actuación hacia otros que van desde la banca hasta la sanidad, sin olvidar los medios de comunicación ni las empresas alimentarias, entre otros.

Por tanto, cualquier inversor de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) que pretenda comprar una empresa integrada en alguno de esos rubros debe pedir permiso previo al Gobierno. En el caso de compañías registradas en cualquier otro Estado comunitario, siempre que no sean filiales de empresas extracomunitarias, sólo necesitarían autorización previa en los casos en que adquieran un porcentaje superior al 10% de una cotizada española o que pretendan invertir más de 500 millones de euros en un grupo no listado en el parqué.

España ha sido históricamente uno de los destinos preferidos para el capital internacional en Europa. En 2023, por ejemplo, recibió más de 23.000 millones de euros en inversión extranjera directa (IED) neta, una vez descontadas las desinversiones, mientras que en 2024 estas descendieron hasta los 16.762 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

En este sentido, los analistas señalan que el endurecimiento de los controles podría desviar proyectos hacia países vecinos. No en vano, el inversor internacional siempre busca seguridad jurídica y, si percibiese trabas excesivas, podría decantarse por otras opciones. Pese a ello, la inversión bruta en nuestro país se mantiene estable: 30.960 millones de euros en 2023 frente a 30.818 millones el pasado año, lo que demostraría que la certidumbre regulatoria también es un atractivo.

LA JUNTA DE INVERSIONES EXTERIORES (JINVEX) ES DONDE SE DIRIMEN LAS OPERACIONES QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN

Delicada proporción

El efecto disuasorio que conlleva este tipo de blindaje entre los inversores internacionales puede suponer que, en múltiples ocasiones, estos se lo piensen dos veces antes de lanzar una oferta.

Prueba de este temor es que, de las 147 operaciones que llegaron a la JINVEX en 2024, nada menos que casi un tercio de las mismas, un total de 42, fueron archivadas al comprobarse que no afectaban a activos estratégicos y, por consiguiente, no necesitaban de autorización. Es decir, los inversores prefirieron curarse en salud y presentar, de todos modos, la solicitud de autorización a pesar de que se trataba de adquisiciones poco sensibles.

En plena era de la digitalización y la transición energética, el número de operaciones sujetas al escudo anti-OPAS probablemente seguirá en aumento. Además, la Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones para prevenir riesgos geopolíticos. Una tarea compleja en un mundo donde el capital no entiende de fronteras.

La pregunta que queda en el aire es si nuestro país logrará mantener la proporción adecuada entre un razonable blindaje estratégico interno y el necesario atractivo inversor exterior. Un equilibrio del que, en buena medida, depende nuestra posición en el exigente y competitivo escaparate financiero europeo.

Así lo expresaron los profesionales que participaron en el panel de debate dedicado a analizar el desequilibrio entre oferta y demanda en el curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, organizado por Fundación Notariado el pasado mes de julio en San Sebastián.

“El problema no es solo de oferta. Falta suelo desarrollado, hay escasez de mano de obra especializada y los instrumentos financieros tradicionales no se adaptan a los nuevos modelos constructivos», expuso el arquitecto Enrique Vinagrero en su intervención. Para el director adjunto de ST Consultores Inmobiliarios, el sector adolece de amplias demoras para la consecución de suelo finalista, la “materia prima de la industria de la construcción”. “Con la legislación que tenemos se nos van entre 5 y 10 años en conseguir ese suelo desarrollado con el que trabajar”, denunció.

“En España, el plazo medio para disponer de suelo ya urbanizado y listo para construir es de 16 años”, apuntaba en este sentido Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. “Llevamos algunos años con desregulaciones que permiten agilizar los procesos administrativos. La aparición de la declaración responsable en sustitución de la licencia o la eliminación de la obligatoriedad de arrancar una promoción con una licencia de obra, permitiendo que se haga con un expediente administrativo, han sido requerimientos también del sector promotor para tratar de recortar esos tiempos”.

Colaboración, legislación e inversión
Valentina Montero, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco y moderadora de la mesa, también abogó por agilizar la generación de suelo finalista, así como por activar la colaboración público-privada, armonizar la actuación entre Administraciones y mejorar la financiación: “Solo mediante un Pacto de Estado por la Vivienda, con vocación de permanencia y seguridad jurídica, podremos garantizar el ejercicio real del derecho a la vivienda, proteger a todas las partes implicadas y avanzar hacia un modelo que refuerce el bienestar social”, señaló.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Ramón Fernández Torres, animó a repensar cómo queremos que sean las ciudades: “Venimos siendo tributarios de un modelo urbanístico que tiene más de 80 años y estamos en un atolladero. Debemos plantearnos que ese modelo se ha agotado e instaurar uno nuevo”. Y pidió a los organismos públicos “cumplir y hacer cumplir la legislación, en su espíritu y finalidad. Muchas veces la Administración no está dispuesta a atenerse a las leyes urbanísticas que ella misma ha aprobado, no respeta su propio planteamiento y deja a los promotores en callejones sin salida. Si se aplicaran las leyes en vigor, ya avanzaríamos mucho”.

De igual manera, Vilajoana, pidió una mayor flexibilidad en los modelos de cooperación para que nuestro urbanismo se adapte con mayor rapidez a las nuevas necesidades sociales: “La solución pasa por dejar trabajar a los profesionales del sector. Nosotros pensamos en el medio y largo plazo, mientras que los que regentan las Administraciones Públicas piensan tan solo a corto plazo. La vivienda tiene que ser una infraestructura social, como la sanidad o la educación, pero para eso hay que invertir. La realidad es que en sanidad se invierte aproximadamente el 20% del PIB, en educación el 12% y en vivienda no llegamos al 1,5%”.

Exigencias y mano de obra
Los principales actores del mercado inmobiliario también se topan con las altas exigencias y estándares de calidad impuestos por las normativas comunitarias: “Durante muchos años, cuando desarrollabas un proyecto, valorabas un coste de producción de unos 600 euros el metro cuadrado. En el último trimestre hemos alcanzado los 1.300 euros de coste promedio. La regulación, los estándares técnicos y de calidad que nos están imponiendo, junto a otras muchas cosas hace que la vivienda cueste lo que cuesta”, apuntó Vinagrero. En su opinión, a futuro, “no va a bajar el precio de la vivienda, pero no porque alguien se esté enriqueciendo, sino porque cada vez el nivel de exigencia es más alto. La calidad de la vivienda asequible está prácticamente en la misma línea que la vivienda libre. La pregunta es: ¿podemos permitirnos como sociedad estos altos estándares de calidad?”.

La falta de mano de obra es otro de los principales problemas del sector y las proyecciones no son alentadoras: “En los próximos 15 años el 40% de la mano de obra va a tener edad de jubilación. Ahora tenemos carencia, pero en el futuro va a ser todavía peor”, subrayó Xavier Vilajoana. Como solución a este problema plantearon dos vías de actuación. En primera instancia, fomentar la incorporación de los jóvenes al sector y “mejorar la formación dual en nuestro país”, añadía Vilajoana.

La industrialización del sector
Como segundo punto, incidieron en acelerar el proceso de fabricación de las viviendas y avanzar en la industrialización de la construcción. “Estamos ahora mismo en una fase muy incipiente de industrialización del sector, precisamente para cubrir la falta de capacidad que tiene. Es necesario que suframos ese proceso de transformación, igual que lo han sufrido otras industrias”, expuso Vinagrero.

Desde la Administración Pública se trabaja en esta línea a través del PERTE de Industrialización de la Vivienda, un plan dotado con 1.300 millones de euros de inversión, como señaló la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Llanos Castellanos, en la inauguración del curso. En relación a este plan estratégico del Gobierno, Vilajoana apuntó que “el objetivo del PERTE es que la construcción industrializada suponga el 10% de la producción en los próximos 5-10 años. No se puede plantear como la solución a todo cuando sólo abarcará un porcentaje de lo que vamos a construir, va a ser una solución complementaria”.

Finalmente, desde el punto de vista del Derecho, Fernández Torres matizó que este tipo de ‘viviendas industriales’ no tiene un régimen jurídico diferenciado y privilegiado, de manera que el acceso, instalación y uso sea más fácil que en los demás casos. “Mientras no se establezca un régimen que facilite la implantación de este tipo de viviendas, el ciudadano preferirá seguir el régimen tradicional”, planteó el catedrático.

El caos generado por el autodenominado ‘día de la liberación’ parece haber llegado para quedarse. Al menos en términos de intercambios económicos y mientras dure el mandato del 47º presidente de los Estados Unidos. De hecho, las promesas que lanzó en ese sentido durante su campaña electoral se están cumpliendo al pie de la letra. Con ello, el mandatario republicano ha desatado un auténtico tsunami de inseguridad entre gobiernos y gestores empresariales de medio mundo. El resultado está siendo nada menos que la reconfiguración de las normas comerciales, aún por reescribirse, con tres grandes protagonistas: unos Estados Unidos que tratan de salir de su aparente ocaso, una China en ascenso imparable y una Unión Europea inmersa en su dinámica interna.

Un entorno con inciertas consecuencias que está impactando entre todas las compañías, pero, especialmente, entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un colectivo que es el auténtico motor económico de España, dado que supone nada menos que el 99,8% del total de nuestro tejido productivo, con alrededor de tres millones de empresas, de las que 1,1 millones serían micropymes (con menos de 10 empleados y una facturación por debajo de los dos millones de euros anuales).

EL GOBIERNO HA PUESTO EN MARCHA UN PAQUETE DE AYUDAS A LAS EMPRESAS POR IMPORTE DE 14.100 MILLONES DE EUROS

Línea proteccionista. El retorno de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. ha reactivado su agenda proteccionista con un anuncio que inquietó a empresas exportadoras de todo el mundo: imponer aranceles generales de entre el 10% y el 20% a los productos importados.

Aunque estas medidas no están plenamente en vigor, por las idas y venidas de la Casa Blanca y las restricciones impuestas por sus propios tribunales de justicia, la posibilidad de su aplicación efectiva como arma negociadora para obtener ventajas competitivas en posteriores acuerdos comerciales ha encendido las alarmas entre las compañías españolas, sobre todo aquellas con fuerte presencia en el mercado estadounidense. La memoria reciente de la guerra comercial durante su anterior mandato, entre 2017 y 2021, no deja lugar a dudas sobre ese posible impacto.

Tenemos un plan. Frente a la amenaza comercial procedente de Washington, el Gobierno español ha puesto en marcha una batería de medidas destinadas a proteger al tejido empresarial nacional. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentó recientemente el nuevo Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad, una iniciativa incluida en el paquete económico de 14.100 millones de euros aprobado por el Ejecutivo.

El documento se dirige especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las más vulnerables ante escenarios de tensión comercial internacional. Entre sus acciones más destacadas figuran programas como el ICEX 500, centrado en las 500 compañías responsables del 77% de las exportaciones a EE.UU., y el ICEX-Invest in Spain, orientado a facilitar la conexión entre pymes y un destacado número de inversores internacionales, 100 en concreto, con el objetivo de reforzar sus cadenas de valor.

En paralelo, se implementarán tres líneas de apoyo sectorial: un programa de innovación abierta para 200 empresas medianas; asesoramiento en intangibles y estrategia para 700 pymes, y una plataforma de mentorías y financiación para apoyar el crecimiento de 200 startups. Para agilizar la atención empresarial, el ICEX ofrecerá también respuestas a consultas en menos de 24 horas e impartirá jornadas informativas semanales.

Una de las novedades clave de esta ofensiva al apoyo empresarial es la creación de un portal digital basado en la inteligencia artificial, destinado a reducir la burocracia, una de las principales demandas empresariales, y a facilitar el acceso a las ayudas. Asimismo, se establecerá un observatorio conjunto con las comunidades autónomas de cara a realizar un seguimiento mensual del impacto arancelario y a ajustar las medidas conforme evolucione la situación internacional.

Asimismo, el Ejecutivo activará una nueva línea de avales a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor inicial de 1.000 millones de euros, ampliables hasta 5.000 millones de euros, para proporcionar liquidez a las empresas afectadas por los aranceles. Aunque no se contemplan, por ahora, la concesión de ayudas directas, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de reforzar su apoyo si se intensifica la escalada comercial. Máxime a tenor de las renovadas amenazas expresadas por Trump a resultas de la negativa del Gobierno español para, en el marco de la OTAN, dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa para 2035.

EL ICO ABRIRÁ A LAS EMPRESAS UNA LÍNEA DE AVALES POR 1.000 MILLONES, AMPLIABLES HASTA 5.000 MILLONES DE EUROS

La tormenta arancelaria. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha sido una de las primeras voces en pronunciarse sobre la situación generada por los anuncios de Trump. En un comunicado emitido tras la reunión de su Comité Ejecutivo, la patronal calificó de devastador el posible impacto de los nuevos aranceles para las pymes españolas, puesto que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra comercial anterior y la crisis inflacionaria posterior.

Según CEPYME, muchas pequeñas empresas lograron diversificar sus actividades hacia el exterior tras la última crisis financiera, pero carecen ahora de la capacidad financiera y operativa para absorber un nuevo golpe de este calibre. La patronal considera que las medidas anunciadas por el Gobierno, aunque bien orientadas, resultan insuficientes y estarían demasiado condicionadas, especialmente en lo referente a los avales o programas como los ERTE, cuya tramitación burocrática podría desincentivar su uso en un entorno tan incierto.

Desde la organización empresarial se pide una reorientación de las ayudas hacia instrumentos ágiles y adaptativos, que permitan redirigir ventas y adaptar producciones. Entre sus propuestas figura el refuerzo de la cobertura crediticia pública, gestionada a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), y una revisión de la presión fiscal y regulatoria que, según la patronal, ha seguido en aumento y limita la maniobrabilidad de muchas pymes. Y todo ello sin olvidar las consecuencias del efecto dominó que se puede producir en una economía global hiperconectada, vía reexportación de piezas de un país a otro.

Por la seguridad jurídica. Los delicados engranajes que mueven las entrelazadas ruedas de las cadenas internacionales de suministro conforman un tablero comercial donde el objetivo de las empresas ya no es la búsqueda de la eficiencia, produciendo donde sea más barato, sino la obtención de seguridad jurídica.

El nuevo mandato de Donald Trump representa una amenaza real para la internacionalización de las empresas españolas, pero también una oportunidad para consolidar estrategias de resiliencia. La respuesta del Gobierno muestra voluntad de actuar con rapidez y coordinación. Las patronales, por su parte, solicitan ambición y ajustes realistas.

 Independientemente de los acuerdos comerciales que se puedan alcanzar, lo cierto es que el daño ya parece estar hecho y la disposición de un nuevo orden mundial parece estar en marcha de forma inexorable. La sensación de certidumbre en que estaba instalada la economía mundial en las últimas décadas ha saltado por los aires y ha hecho abrir los ojos a muchos gestores empresariales.

El comercio internacional se mueve hoy en un terreno incierto y volátil. Las compañías que mejor se adapten, diversifiquen y apuesten por la innovación podrán no solo sobrevivir sino salir fortalecidas. Mientras tanto, el tejido empresarial español espera con cautela la concreción de las medidas desde Washington. El tiempo apremia y las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo de la economía exterior española en los años venideros.