El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró a finales de enero ante el Parlamento Europeo que, “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de titularidad real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI (Grupo de Acción Financiera)”.

Para el titular de Economía esta base es “una de las fortalezas del sistema español de lucha contra el blanqueo de capitales, porque facilita los datos necesarios para las diferentes partes interesadas. Esto era esencial antes de la recomendación de la Comisión Europea y es algo que ya está en marcha”.

De hecho, la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta base.

La Base de Titular Real del Notariado es una pieza esencial del Registro Central de Titularidades Reales, creado por Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, que completa la trasposición de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

La Base de Datos de Titularidad Real

La Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos; incluso tras una maraña de sociedades fantasmas y testaferros. El Consejo General del Notariado creó esta base en marzo de 2012, tras el dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos.

EL MINISTRO DE ECONOMÍA SEÑALÓ ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO LA IMPORTANCIA DE LA BASE DE DATOS DE TITULAR REAL, CREADA POR EL NOTARIADO

En esta base están identificados de manera acreditada, desde 2004, los titulares reales de 2.748.000 entidades mercantiles, 163.914 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos y 50.672 entidades extranjeras.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) aseguró ya en 2014, tras evaluar a España en materia de prevención del blanqueo de capitales, que si nuestro país puede saber quiénes son los titulares reales de las sociedades mercantiles españolas es gracias a la información contenida en la Base de Datos de Titular Real, desarrollada por el Notariado.

Actualmente tienen acceso a la información de la BDTR el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac); las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales; los notarios, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y otros sujetos obligados previstos en la Ley 10/2010.

Colaboración notarial

Las declaraciones del ministro de Economía, Comercio y Empresa vienen a reconocer una labor que se inició en 2005.

El Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP), para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

El OCP permite fortalecer la colaboración del Notariado con el Sepblac y con las autoridades policiales y judiciales, y facilita enormemente la labor del notario.

Así, es el propio órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas.

Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. También han de informar al Sepblac sobre cualquier operación que resulte sospechosa.

Desde 2005 el OCP ha respondido a miles de peticiones remitidas por órganos judiciales, administrativos o policiales.

Este índice se ha convertido en la segunda mayor base de datos de España -sólo por detrás de la Agencia Tributaria-, con información parametrizada de más de 151 millones de documentos públicos, de más de 41 millones de personas físicas y de más de 3,8 millones de personas jurídicas.

De media, más del 80% de las comunicaciones que el OCP hace en nombre de los notarios se acaban investigando por la policía judicial. Se ha contestado a requerimientos policiales, fiscales o judiciales -sólo en materia de prevención de blanqueo- en más de 299.000 ocasiones, de manera telemática y con medias de tiempo que no superan los tres minutos en la mayoría de los casos.

Una labor responsable

La labor de los técnicos del OCP y OCT se realiza con exquisito cumplimiento de la normativa de protección de datos, garantizando el derecho de los ciudadanos a la privacidad y confidencialidad de su información. Proceder que también rige cuando sus técnicos responden a los miles de peticiones de información que desde órganos judiciales, administrativos o policiales se realizan en sus funciones de lucha contra estos delitos, ya que la colaboración entre las distintas instituciones siempre es bidireccional.

El sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla, siempre en el contexto de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude fiscal.

Reconocimiento internacional

El sistema de prevención del blanqueo puesto en marcha por el Notariado se integra plenamente dentro de su actividad de control de la legalidad y la regularidad formal y material de los actos y negocios autorizados, como funcionarios públicos.

El máximo aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el uso centralizado de la información, junto con la especialización de la función de análisis, constituyen los ejes del sistema.

El estudio sobre aplicación de la normativa de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo fuera del sector financiero, encargado por la Comisión Europea a la firma Deloitte, dedica un apartado especial a describir la experiencia española con el OCP.

Como se comenta al principio de este texto, el Grupo de Acción Financiera conoció este esquema en el marco de la evaluación de España en 2014 y lo valoró de forma muy positiva. Sirvan como ejemplo estas tres citas relativas a aspectos del OCP:

“Entre los sujetos obligados no financieros, el fortalecimiento de las medidas preventivas es más significativo en el sector del notariado. El notariado ha logrado avances considerables como consecuencia de la creación del OCP (Órgano Centralizado de Prevención), que ha aumentado la concienciación y la capacidad en todo el sector. Asimismo, el desarrollo de complejos indicadores de riesgo y el aumento de las comunicaciones por indicio a través del OCP han favorecido un buen conocimiento de los riesgos de BC/FT y un buen grado de cumplimiento en el sector”.

“Fuera del sector financiero, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha introducido indicadores de riesgo y herramientas analíticas que se centran en los riesgos que entrañan las actividades que se reflejan en los actos notariales, y también está intentando, mediante el desarrollo de sus bases de datos, abordar los riesgos específicos existentes en torno al abuso de personas jurídicas”.

“El notariado cuenta con un órgano centralizado de prevención (el OCP), que ha desarrollado una lista exhaustiva de indicadores de riesgo que utilizan todos los notarios. El OCP también tiene la función de examinar actividades o patrones de actividad potencialmente sospechosos llevados a cabo a través de los notarios. Dada su función, sobre todo en relación con las personas jurídicas y las operaciones inmobiliarias, los notarios desempeñan una importante función de control en España”.

EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO PUESTO EN MARCHA POR LOS NOTARIOS SE INTEGRA PLENAMENTE DENTRO DE SU ACTIVIDAD DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

Posteriormente, en junio de 2019, Grupo de Acción Financiera hizo pública en junio de 2019 su Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho.

Un modelo a seguir

En ella propuso a los gobiernos una serie de medidas destinadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la protección de la integridad del sistema financiero internacional. Entre estas medidas señaló como modelo a seguir el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España y, más concretamente, su Base de Datos de Titular Real.

El Grupo de Acción Financiera considera la aplicación de esta guía- según puede leerse en sus páginas “esencial para la implementación efectiva de los estándares del GAFI por parte de países y profesionales legales”.

La guía dice textualmente que “el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España representa un avance considerable para las Autoridades Públicas, que gracias a su implementación ahora tienen acceso a una nueva fuente de información valiosa, los índices notariales (una base de datos única con información sobre todos los instrumentos públicos realizados ante notario en el país). Esta información es procesada de manera integrada y automatizada para detectar posibles operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo”.

Sobre la Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada en 2012 y regulada por el Real Decreto 304/2014, el GAFI señala que “todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueden consultar la BDTR para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Esto permite que la Unidad de Inteligencia Financiera y las agencias de cumplimiento de la ley obtengan, además de la titularidad real, información sobre los propietarios con un porcentaje inferior al 25% (régimen corporativo completo) en las compañías privadas de responsabilidad limitada españolas, en una fecha determinada”.

En suma, las ventajas que el modelo descrito reporta lo convierten en un mecanismo útil y valioso para la lucha contra lacras tan graves como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Un mecanismo que existe gracias a la colaboración desinteresada de los casi 3.000 notarios españoles.