¿Qué ha supuesto la llegada de esta norma para el sector?

Aun cuando la suscripción de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad por parte de España, en el lejano año 2007, vinculaba a todos los operadores jurídicos y obligaba a adaptar los instrumentos jurídicos y judiciales a las exigencias de la Convención, lo cierto es que era preciso un cambio absoluto de mentalidad, al que la normativa del año 2021 vino a dar el impulso definitivo instando la implicación de toda la sociedad. La nueva ley dispone los instrumentos y el impulso a ese cambio de paradigma: pasando del criterio de decisión en virtud del interés de la persona interpretado por su representante, al pleno respeto de las decisiones de la persona con discapacidad, dotada de todos los apoyos que precise. Cuando ello no sea posible, las decisiones deberán adoptarse buscando lo que pudiera haber sido su voluntad, deseos y preferencias atendiendo, para llegar a esa conclusión, a su trayectoria vital, sus creencias, valores y hechos que hubiera tenido en cuenta la persona. Ese cambio de mentalidad debe contribuir a romper inercias y sesgos y para ello los operadores jurídicos estamos plenamente implicados en la formación de nuestras plantillas, pero precisamos que se produzcan otros cambios para que la sociedad sea cada vez más inclusiva.

Uno de los puntos a los que tuvo que hacer frente en un primer momento fue la situación de desamparo de los ancianos durante el Covid. ¿Qué papel juega el Ministerio Fiscal en la protección de los mayores?

Disponemos de una amplia fórmula de intervención previa a cualquier procedimiento judicial, supervisando cualquier situación de vulnerabilidad e instando su resolución por las Administraciones con competencias en la materia, analizando situaciones de posible necesidad de adoptar medidas de apoyo a la capacidad jurídica de la persona o de índole asistencial a través de nuestras diligencias preprocesales. El año pasado se dictó por la Fiscalía General del Estado la instrucción 1/2022 sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad, con la clara pretensión de caminar hacia un sistema de cuidados respetuoso con la dignidad, encomendando a los fiscales intensificar la inspección de los centros con esta finalidad. También tenemos puesta la atención en desarrollar las actuaciones que prevengan situaciones de abuso económico o de cualquier índole sobre las personas mayores, vivan o no en contextos residenciales. Diversos convenios con instituciones públicas, privadas y ONG son herramientas de detección de estos casos.

Gonzalo López Ebri -teniente fiscal de Valencia y patrono de Aequitas, como usted- fue galardonado recientemente con el premio del Foro Justicia y Discapacidad por, entre otras actuaciones, su «desempeño en el control de residencias y pisos tutelados de mayores». Con una población cada vez más envejecida, ¿son adecuados los recursos para los cuidados en esa etapa de la vida?

Nos compete a todos abordar una reflexión sobre nuestro modelo residencial. Es evidente el envejecimiento demográfico de nuestro país, así como que se están produciendo cambios en el perfil de las personas que viven en entornos residenciales. Cualquier debate ha de partir de una mayor concienciación social sobre la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos y preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social, que incluye personas mayores autónomas, en situación de dependencia, y con discapacidad. Cada individuo tiene su particular contexto (social, económico, cultural) que lo hace único. Por ello, debe diseñarse una diversidad de recursos que pueda adaptarse a las distintas realidades y necesidades personales que, además, son dinámicas. Esto pasa, por supuesto, por potenciar, en los casos en que sea posible, la atención integrada sanitaria y social en el propio domicilio, pero también por multiplicar y diversificar los modelos residenciales. De esta forma, se podrán cubrir las distintas necesidades con que se van encontrando las personas en la fase final de su vida. Y desde luego se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integradas. La atención prestada en las residencias debe incrementar su componente sanitaria, vinculándose mejor los recursos residenciales con la atención primaria y comunitaria de salud e invirtiendo en el soporte sanitario a las residencias, con personas formadas en geriatría en los puestos de decisión.

“LA LEY 8/2021 DISPONE UN CAMBIO DE PARADIGMA: PASANDO DEL CRITERIO INTERPRETADO POR EL REPRESENTANTE AL RESPETO DE LAS DECISIONES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD”

Recientemente se ha puesto en marcha, desde el Foro Justicia y Discapacidad, un seminario conjunto dirigido a jueces, notarios y fiscales. ¿Cree que la colaboración entre operadores jurídicos es la adecuada?

Ese seminario se ha organizado y codirigido desde el convencimiento de las tres instituciones (Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Notariado y Fiscalía General del Estado) de la importancia de este trabajo conjunto, consecuencia del reto que suponen los cambios que nos exige el nuevo modelo diseñado por la Ley 8/21, que trasciende de los procesos civiles e implica a más operadores. También se corresponde esa iniciativa con la dinámica de trabajo colegiado que he podido comprobar a mi incorporación al Foro Justicia y Discapacidad, un foro plural institucional y civil-asociativo, rodeado de expertos en torno a la destrucción de las barreras que hacen difícil la igualdad e integración de las personas con discapacidad. No hay otro camino para la eficacia en las metas propuestas que la alianza de cuantos podemos aportar algo a su consecución.

Los notarios están contribuyendo a la configuración del sistema de apoyos para las que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. ¿En qué medida?

En la medida en que el sistema de apoyos a la capacidad jurídica de la persona pasa por la prioridad del diseño que realice la propia persona (artículos 249 o 255 Código Civil), hasta el punto de no perder vigencia las previsiones voluntarias por el hecho de haberse acordado medidas judiciales o voluntarias de apoyo (artículo 258 Código Civil). Parece evidente que el notario tiene un importante papel que jugar ofreciendo la información adecuada a cada situación personal y de manera adaptada a su comprensión, para que la persona pueda desplegar o prever el sistema de apoyos, garantías y salvaguardas que le parezca más oportuno. No puedo sino señalar lo adecuado que fue el dictado de las circulares informativas de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, que interpretan esta trascedente función de garantía en el ámbito notarial, subrayando la responsabilidad del notario en hacer accesibles aquellos actos jurídicos que precisan su intervención. La garantía de la accesibilidad de todas las personas abre enormes posibilidades para organizar nuestra vida tanto en el presente como de cara al futuro, si queremos diseñar cómo deseamos ser atendidos y apoyados en nuestra capacidad jurídica para cuando no podamos realizar algunas cosas por nosotros mismos.

Durante el mandato de su predecesora, Consuelo Madrigal, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Notariado suscribieron un convenio de colaboración. ¿Puede comentarnos las próximas líneas de actuación al respecto?

El convenio del año 2016 estuvo orientado a facilitar el intercambio de información ágil entre ambos colectivos para facilitar la protección jurídica de colectivos vulnerables como los menores y personas con discapacidad. Los frutos de la colaboración entre fiscales y notarios han ido mucho más allá, generando un foro de debate continuo, dinámico y ágil en la solución de problemas, teniendo siempre por norte la Convención. La publicación de la Ley 8/21, en la que el impulso de ambos colectivos ha sido evidente, ha potenciado este panorama de colaboración. La potenciación de la autonomía de la persona con discapacidad o la desjudicialización efectiva, que lleva consigo la prioridad de las medidas de apoyo voluntarias, o la estabilidad otorgada a las guardas de hecho, nos debe llevar a incrementar nuestra eficacia en la detección de los casos de desprotección, abuso o influencia indebida, o cualquier circunstancia que pueda provocar situaciones de desigualdad de las personas por razón de su discapacidad. De ahí la necesidad de profundizar en la intercomunicación de ambas instituciones.

“A LA HORA DE PREVER EL SISTEMA DE APOYOS ANTE LA DISCAPACIDAD, EL NOTARIO TIENE UN IMPORTANTE PAPEL QUE JUGAR OFRECIENDO LA INFORMACIÓN ADECUADA A CADA SITUACIÓN PERSONAL”

La insuficiencia de las medidas de apoyo existentes debe llevar al notario a comunicar dicha situación al fiscal, conforme a la Ley de Jurisdicción Voluntaria en una dinámica que se ha incorporado a la Ley del Notariado y que debe naturalizarse como una salvaguarda social de ese reconocimiento de la autonomía de todas las personas. La cualidad del notario, prestando su apoyo a la toma de decisiones de la persona con discapacidad, puede solventar cualquier riesgo de desequilibrio en el acto jurídico concreto que autorice, pero simultáneamente esa intervención puede ser compatible con una comunicación al fiscal, por si fuera necesario estudiar una medida de apoyo o una salvaguarda judicial que proyecte hacia otros espacios esa cobertura de protección a la autonomía de la persona concernida. Se hace evidente una reelaboración del convenio que recoja las mejores prácticas y potencie un intercambio de información más seguro.