El anuncio realizado en febrero por Ferrovial, empresa de infraestructuras y servicios española, de trasladar su sede social a Países Bajos, y acordada por mayoría en la Junta General de accionistas celebrada en abril, ha vuelto a poner de manifiesto la anómala situación que supone para la UE carecer de una política fiscal armonizada en vez de 27 modelos distintos.

Las instituciones europeas llevan años debatiendo cómo acordar una política fiscal de convergencia para que las ventajas impositivas en algunos Estados miembros no sean un reclamo para empresas de otros países socios con mayor presión fiscal. El principal avance, hasta ahora, ha sido la aprobación por el Consejo Europeo de la propuesta realizada por la OCDE en su informe presentado en julio de 2022 de establecer una «reforma histórica» del sistema fiscal internacional, que asegurará que las multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15%. Ferrovial mantiene que su decisión no tiene que ver con pagar menos impuestos, sino con su deseo de salir a Bolsa en el mercado de Wall Street, algo que, asegura, no puede hacer desde España. Las voces más críticas, entre las que se encuentra el Gobierno, acusan al presidente de Ferrovial, Rafael de Pino, de «irse» para no pagar el impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Ejecutivo. La decisión, en todo caso, plantea de nuevo la pregunta de si Países Bajos es un «paraíso fiscal» dentro de la UE o no, y la importancia de acabar con 27 políticas fiscales diferentes y las deslocalizaciones.

¿Más cerca de la convergencia fiscal?

En diciembre de 2022, el Consejo Europeo aprobó por unanimidad «la propuesta de Directiva de la Comisión por la que se garantiza un tipo impositivo efectivo mínimo para los grandes grupos multinacionales», recogido en el citado informe de la OCDE, que cuenta con el acuerdo de 137 países. Los 27 tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para transponer la nueva normativa que abarca un conjunto común de normas sobre la forma de calcular el tipo impositivo mínimo efectivo del 15%. Unas normas que afectarán a las multinacionales y a los grupos nacionales de gran tamaño presentes en la UE con unos ingresos financieros superiores a 750 millones de euros al año.

LAS INSTITUCIONES EUROPEAS LLEVAN AÑOS DEBATIENDO CÓMO ACORDAR UNA POLÍTICA FISCAL DE CONVERGENCIA

Se aplicará, según explica la Comisión Europea, «a cualquier gran grupo, tanto nacional como internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE». Además, en el caso de que el tipo efectivo mínimo «no sea aplicado por el país en el que esté establecida una filial, se contempla que el Estado miembro de la sociedad matriz pueda aplicar un impuesto complementario».

Cada Estado miembro de la UE tiene su propio régimen fiscal tanto para los ciudadanos como para las empresas. Acabar con esta situación que, según los dirigentes europeos, «es uno de los retos prioritarios que la UE debe resolver a corto plazo», genera situaciones indeseadas y de desigualdad entre los países miembros, además de fraude fiscal.

Una prioridad para los 27.

La política fiscal se ha vinculado siempre a la soberanía de los Estados miembros, pero la lucha contra el fraude fiscal es compartida por los países europeos y la UE, de ahí que la convergencia de la política fiscal se haya convertido en una «prioridad». Desde 2020, el Parlamento Europeo cuenta con una subcomisión permanente de asuntos fiscales, establecida para «apoyar a la comisión de asuntos económicos y monetarios en fiscalidad y luchar contra el fraude, la elusión y la evasión fiscales». Además, se encarga de la transparencia financiera en la fiscalidad. Ha habido, incluso, una comisión de investigación que identificó «fallos en las disposiciones fiscales». En relación con el impuesto de sociedades y la evasión fiscal existen propuestas parlamentarias como «la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)» que, entre sus objetivos, tiene el hacer frente a obstáculos y distorsiones graves del mercado como consecuencia de la existencia de 27 sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades para «evitar los riesgos de doble imposición y la planificación fiscal agresiva»; o abordar la situación de las tasas impositivas de las «empresas con presencia digital significativa» para permitir a los Estados miembros que graven las ganancias obtenidas en su territorio, incluso si una empresa no está físicamente presente allí.

Mercado Único de Capitales.

La UE lleva años dando pasos hacia la creación de un Mercado Único de Capitales (UMC) que no acaba de llegar. En noviembre de 2021 la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas que cumplía con los compromisos clave de su Plan de Acción para la Unión de Mercados de Capitales de 2020. En él, incluía ayudar a conectar las empresas de la UE con los inversores, mejorar el acceso de las empresas a la financiación, ampliar las oportunidades de inversión para los inversores minoristas, e integrar mejor los mercados de capitales. La Comisión Europea se propuso impulsar durante 2022 la Unión del Mercado de Capitales. «La UMC se propone lograr el flujo del ahorro y la inversión en todos los Estados miembros, beneficiando a los ciudadanos, los inversores y las empresas, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que estén establecidos». La Comisión admitía entonces que se trataba de una «tarea compleja» que requería «avanzar en todos los ámbitos en los que todavía existen obstáculos a la libre circulación de capitales».

El 7 de diciembre de 2022 la Comisión presentó nuevas medidas para avanzar hacia la UMC que incluían, entre otras, hacer «aún más fácil la cotización de las empresas en las bolsas de valores y les damos más opciones de financiación», explicó Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas. «Las nuevas normas garantizarán unas condiciones de competencia equitativas, así como el apoyo a los inversores, la promoción de la libre circulación de capitales y el refuerzo del mercado mediante el establecimiento de salvaguardias y normas comunes adaptadas a la era digital», indicó, por su parte, el Comisario Didier Reynders.

EL PRINCIPAL AVANCE HA SIDO LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO EUROPEO DE LA PROPUESTA DE LA OCDE DE QUE LAS MULTINACIONALES ESTÉN SUJETAS A UN TIPO IMPOSITIVO MÍNIMO DEL 15%

Para Mairead McGuinness, comisaria responsable de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, lo aprobado por la CE supone dar «tres grandes pasos» hacia la UMC. En materia de compensación, «estamos desarrollando la capacidad de las infraestructuras del mercado en la UE, y al mismo tiempo manteniendo abiertos nuestros mercados». La propuesta apoyará los mercados de capitales de la UE, ofrecerá a las empresas más opciones de compensación y mantendrá la estabilidad financiera. En cuanto a la admisión a cotización, «estamos facilitando a las empresas el acceso a más tipos de financiación, reduciendo los costes y la burocracia para las empresas que desean cotizar en los mercados bursátiles de la UE». Y respecto a la insolvencia, las medidas buscan eliminar uno de los mayores obstáculos entre los mercados nacionales «ofreciendo a los inversores más seguridad en cuanto a la duración de los procedimientos de insolvencia y el importe que podrían recuperar, y hará que sea más probable que inviertan en empresas de otro Estado miembro».