ESPACIO AEQUITAS
Dos años de la ley que reconoce el derecho a decidir de las personas con discapacidad
A finales de enero tuvo lugar en la sede del Parlamento Vasco la jornada Dos años de vigencia de la Ley 8/2021: contextualización jurídica y social. El Foro Aequitas de Discapacidad de Euskadi y Eusko Legebiltzarra organizaron este encuentro, donde se analizó la aplicación práctica de la nueva normativa sobre discapacidad.
JOSÉ M. CARRASCOSA
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El acto inaugural contó con las intervenciones de Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Diego Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco; Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV); María del Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, y Aitor Bedialauneta, presidente de la Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad, (EDEKA).
Granados agradeció, en nombre del Notariado, la participación en estas jornadas de la profesión a la que representa y aseguró que «el notario es receptor de la voluntad de los ciudadanos; recibe en primera persona sus angustias y anhelos. Está abierto e inmerso en la sociedad y en contacto directo con las personas con discapacidad y sus familias. Este principio de reconocimiento de la voluntad de una persona para autodeterminarse, que realiza el notario, es lo que busca la ley: la plena igualdad del colectivo». Para el decano vasco, «la Ley 8/2021 no se trata sólo de un texto legal; debe ser la voz de todos».
Guarda de hecho y medidas de apoyo
La primera mesa redonda titulada Experiencias personales: ¿qué supone la reforma para nosotras y nosotros, estuvo moderada por María José Cano, vicepresidenta de EDEKA. Y en ella contaron su experiencia Ernesto Rivera, Lorena García de Vicuña y Jesús Isaac Ruiz.
DIEGO GRANADOS: «LA LEY 8/2021 BUSCA LA PLENA IGUALDAD DEL COLECTIVO»
El ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad: medidas de apoyo voluntarias y judiciales fue el segundo panel de debate, moderado por Diego Granados y que contó con la participación de Iñaki Subijana, presidente del TSJPV; Rafael Armesto, abogado, red de juristas de Plena Inclusión; y Aida Lozano, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad y mayores de Álava.
La última mesa de la primera jornada –La guarda de hecho: compatibilidad con las medidas voluntarias o judiciales– fue moderada por el patrono de Aequitas y exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana Gonzalo A. López Ebri y la directora de la Fundación Aequitas Almudena Castro-Girona; Belén González, magistrada de la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Álava y Torcuato Recover, abogado y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión, participaron como ponentes.
Para Ebri, la idea esencial de la nueva normativa sobre discapacidad es «el cuidado y las medidas de apoyo. En una sociedad como la actual deben darse todas las medidas para que no se excluya a nadie».
«La piedra angular de esta gran reforma consiste en que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos en condiciones de igualdad. Antes sólo existía el procedimiento de incapacitación, que atentaba a la dignidad del ser humano; hoy los mecanismos del ordenamiento jurídico son muy diferentes. Ahora existe una pluralidad de herramientas para afrontar la diversidad de la discapacidad; tenemos que trabajar mucho más para construir soluciones que no son iguales para todos y superar todas las barreras», manifestó Castro-Girona.
La ley en la práctica
La primera mesa redonda del segundo día tuvo como epígrafe Aspectos prácticos de la Ley 8/2021 desde la perspectiva de las entidades de apoyo. Este panel contó con José Ángel Gutiérrez, director de Fundación Ondoan; Izaskun Astegieta, directora de Usoa Fundazioa; Mikel Barrón, director de Fundación Futubide; Óscar Carcedo, director de Gertuan Fundazioa; Susana Montesino, directora de medidas de apoyo de Fundación Hurkoa; Elena Vélez de Mendizábal, responsable del Área Jurídica de la Fundación Beroa. Moderaron: Oier Zuberogoitia, director del Instituto Tutelar de Bizkaia y Álvaro Martín-Moreno, director de la Fundación Kyrios de Apoyo Personal.
El Derecho Civil Vasco: su implicación y respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. El Plan de Acceso a la Justicia del Gobierno Vasco, fue el tema elegido para la última mesa. En ella participaron Andrés Urrutia, notario y presidente de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA); Eugenio Artetxe, director de Justicia del Gobierno Vasco; María Aragón, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa; y Manuel Rueda, director del Área Jurídica de la Fundación Aequitas, que fue el moderador.
Urrutia realizó un repaso histórico por la legislación vasca sobre la materia «inspirada por el respeto y la consideración de la persona», resaltando que «los notarios en nuestros despachos nos encontramos con el desconocimiento de la Ley 8/2021 por parte de la sociedad; a muchas familias aún no les ha llegado su mensaje».
Clausura
En la clausura tomaron parte Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco, Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Emilio Olabarría, patrono de la Fundación Aequitas.
Como colofón, Olabarría señaló que la aplicación de «una ley revolucionaria como la Ley 8/2021 no iba a ser un camino fácil. En esta jornada hemos comprobado que son muchos los problemas que se plantean -como los retrasos producidos por las sentencias de incapacitación-, no en vano se trata de una renovación profunda».
Foro Aequitas de Discapacidad de Euskadi
El pasado año tuvo lugar la constitución de esta plataforma; una iniciativa nacida como un lugar de encuentro donde tengan cabida diferentes profesionales y entidades -Notariado, Judicatura, Fiscalía, Abogacía, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno vasco y otras Administraciones, universidades o el propio movimiento asociativo- para estudiar y analizar la situación actual de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores vulnerables, así como para avanzar en su protección mediante la colaboración de todas las partes.