Juristas, colectivos de atención y personas con discapacidad se dieron cita los días 18 y 19 de junio en el Parlamento de Galicia en las jornadas Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en las que debatieron sobre las bondades y carencias de la Ley 8/2021, que en este 2026 cumple cinco años en vigor.

Las jornadas, organizadas por el legislativo autonómico, la Fundación Aequitas y el Colegio Notarial de Galicia, fueron inauguradas por el titular de la Cámara gallega, Miguel Ángel Santalices; el decano del colegio notarial gallego, José María Graíño; el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Jorge Prades; el magistrado delegado de Discapacidad del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Germán Serrano; y la fiscal superior de la Fiscalía Superior de Galicia, Carmen Eiró.

Graíño destacó que la Ley 8/2021 es un punto de inflexión, por cuanto facilita que las personas con discapacidad, mediante los apoyos necesarios, ejerzan su capacidad jurídica en igualdad y alcancen así su plena integración social. Un “cambio de paradigma” que supera el enfoque médico y la incapacitación tradicionales, y avanza hacia un modelo social basado en la autonomía de la voluntad y en la toma de decisiones.

A este respecto, afirmó que la creación, en 2024, del Foro de Discapacidad de Galicia, que reúne a representantes jurídicos, administrativos y del tercer sector, pretende una visión “colaborativa y multidisciplinar” que permita articular en toda la comunidad “una red de apoyos a las personas que los precisen”.

En este mismo sentido, Jorge Prades afirmó que «la ley es un reto para la profesión notarial», que considera «imprescindible aplicar esta reforma en defensa de la dignidad de las personas».

Ingresos involuntarios y guarda de hecho

En la conferencia inaugural, Gonzalo A. López Ebri, patrono de la Fundación Aequitas y coordinador de los foros autonómicos de discapacidad, denunció la histórica desprotección jurídica que sufren las personas en lo relativo a los ingresos involuntarios psiquiátricos y señaló el “desamparo patrimonial en el ingreso residencial”.

En la primera jornada participaron también representantes de entidades como Feafes, Aspace y Sálvora y personas con discapacidad acogidas a medidas voluntarias de apoyo que expusieron su experiencia personal, bajo la moderación de la notaria subdelegada de Aequitas en Galicia, Lucía Cagigas.

La segunda mesa estuvo dedicada a la guarda de hecho y los retos actuales de esta figura jurídica, con: María José Segarra, patrona de Aequitas y fiscal de sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores; Germán Serrano, magistrado delegado de Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en Galicia; y la notaria Inmaculada Espiñeira.

Segarra se refirió a la falta de concienciación por parte de administraciones públicas y empresas y a su exceso de exigencias o formalidades innecesarias; Espiñeira incidió en la posibilidad de acreditar la guarda de hecho mediante un acta de notoriedad, y agradeció la flexibilidad y creatividad mostrada por los jueces en la interpretación de la Ley 8/2021 en sus resoluciones al respecto.

Efectos colaterales negativos

En la segunda jornada, los representantes de Fademga Plena Inclusión Galicia, Miguel López, y la asociación Líber, Luis Gonzaga, analizaron los efectos colaterales negativos de la Ley 8/2021. En este panel, el notario José Luis Espinosa señaló que una reforma de este alcance “debería haber comportado una adaptación legislativa más amplia”.

Los ponentes pusieron de manifiesto que, aunque la ley demanda que los apoyos a la discapacidad sean de calidad, no establece ayudas económicas para financiar esos servicios profesionales, lo que traslada una carga, a menudo insostenible, a las familias.

La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, intervino en el último panel para apuntar los desajustes entre la legalidad y la realidad: “A ningún jurista le puede caber en la cabeza que una administración prive a alguien de un derecho adquirido”. Al debate se sumaron el magistrado del Tribunal Supremo, José Luis Seoane, y el fiscal delegado de Protección de Personas Mayores y con Discapacidad, Santiago Miguel, bajo la moderación del director adjunto de Aequitas, Francisco González.

Función notarial y seguridad jurídica

En la mesa, la directora de Aequitas subrayó que el Notariado asume un rol fundamental para otorgar forma jurídica a la voluntad de la persona, garantizando que el ejercicio de sus derechos sea seguro sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Los ponentes debatieron sobre aspectos controvertidos, como la necesidad de evitar que los mecanismos de apoyo a las personas que los requieran puedan, en la práctica, acabar limitando la libertad del individuo en lugar de promoverla.

En el acto de clausura, el presidente del Parlamento reafirmó el compromiso de la institución con los derechos de las personas con discapacidad. “Como institución que representa la voluntad democrática del pueblo gallego, tenemos la responsabilidad de promover un marco normativo que favorezca la igualdad de oportunidades, pero también tenemos el deber de escuchar», resaltó Miguel Ángel Santalices.