Convenio con la Agencia Valenciana Antifraude

NOTICIAS DEL NOTARIADO

LUCHA CONTRA LOS DELITOS ECONÓMICOS / DIVULGACIÓN

Convenio con la Agencia Valenciana Antifraude

J.A. Martínez Sanchiz firma telemáticamente el acuerdo.

A primeros de octubre, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF); y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) suscribieron telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia, también estuvo presente en el acto de firma de este acuerdo.

Con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción, el convenio permite a AVAF acceder a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública del CGN. El acceso telemático a estos archivos se realizará con los máximos estándares de seguridad y según la normativa de Protección de Datos. La información notarial permitirá dotar de mayor eficacia a los sistemas de comprobación y actuaciones inspectoras de la AVAF.

La AVAF, entidad autonómica independiente, tiene como objetivo prevenir y erradicar el fraude de las instituciones públicas valencianas impulsando la integridad y la ética y fomentando una cultura de buenas prácticas y de rechazo a la corrupción. Entre las funciones concretas de la Agencia destacan: investigar casos de uso irregular de fondos públicos; alertar de conductas del personal público que comporten el abuso de información en beneficio privado; investigar e incoar procedimientos constitutivos de infracción o prevenir conflictos de intereses.

Este convenio se complementa territorialmente con otro similar suscrito por el CGN con la Generalitat Valenciana el pasado mayo, que dotaba a la Inspección General de Servicios de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública de acceso a las bases notariales para la investigación de irregularidades cometidas por personas o empresas relacionadas con el sector público.

Convenio con la Oficina Antifrau de Catalunya

A mediados de noviembre, Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifrau de Catalunya y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) suscribían un convenio de colaboración, en virtud del cual la oficina antifraude catalana podrá consultar las bases de datos notariales para prevenir casos de corrupción en Cataluña. Joan Carles Ollé, decano del Colegio Notarial de Cataluña estuvo presente en el acto telemático de la rúbrica.

Tras la entrada en vigor del acuerdo, la oficina antifraude accederá a las Bases de Datos de Titularidades Reales (BDTR) y de Personas con Responsabilidad Pública, familiares o allegados de aquellas (BPRP) con el fin de prevenir e investigar posibles delitos. Las consultas a los archivos notariales quedan limitadas a la investigación y examen de conductas presuntamente fraudulentas. El acceso se realizará bajo las condiciones de seguridad exigidas para un nivel alto de confidencialidad según la normativa española de protección de datos personales.

El convenio dotará a la Oficina Antifrau de Catalunya de una mejor información a la hora de investigar casos concretos de destino ilegal de fondos públicos, aprovechamientos irregulares derivados de conductas que impliquen conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones confidenciales propias de cargos institucionales.

Asimismo, esta colaboración permitirá recomendar medidas contra la corrupción y otras prácticas fraudulentas que atenten contra la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Antifrau incorporará así la información notarial a sus diversas acciones de intervención, como las visitas de inspección, las entrevistas personales o el acceso a las informaciones bancarias.

La Oficina Antifrau de Catalunya es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia creada por el Parlamento de Cataluña mediante la Ley 14/2008. Su regulación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003; este tratado internacional obligaba a los Estados partes a garantizar la existencia de un órgano encargado de prevenir la corrupción.

Los jóvenes también acuden al notario

Aunque en menor número que otros segmentos de edad, los jóvenes españoles también acuden al notario. Entre 2019 y el primer semestre de 2020 lo hicieron más de 300.000 de entre 18 a 30 años. Un 76% de ellos tenía entre 26 y 30 años, y un 24% entre 18 y 25 años. Del conjunto de actos en los que los jóvenes acuden a la notaría, los relacionados con la compraventa de inmuebles y préstamos hipotecarios son los más frecuentes. De hecho, más de 4 de cada 10 jóvenes va al notario por este motivo.

Tras los temas relacionados con la compraventa le siguen los empresariales, en concreto la constitución de sociedades y la realización de nombramientos del órgano de administración.

A diferencia de lo que pueda parecer, pueden darse muchas situaciones por las que los jóvenes necesiten otorgar un poder notarial para que un representante atienda sus asuntos personales; entre otras, si se marchan durante una temporada al extranjero.

Los jóvenes también van al notario para otorgar escrituras públicas de herencias y donaciones.

Casarse o divorciarse ante notario, formalizar una unión como pareja de hecho o finalizarla, y cambiar de régimen económico haciendo capitulaciones matrimoniales son las cuestiones de pareja para las que los jóvenes también van al notario. El más requerido es el relativo a las parejas de hecho.

La Base de Datos de Titularidad Real: pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales

EDITORIAL

La Base de Datos de Titularidad Real: pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales

LOS DELINCUENTES emplean una serie de técnicas y mecanismos para ocultar la propiedad y el control de sus activos obtenidos ilícitamente.

Así, los planes concebidos para ocultar la propiedad efectiva suelen utilizar una estrategia de «esconderse a la vista», aprovechando las infraestructuras comerciales y de comercio mundiales para parecer legítimas.

La globalización del comercio y las comunicaciones no han hecho sino aumentar esta amenaza, y los países se enfrentan ahora al reto de hacer cumplir las leyes nacionales en un entorno comercial sin fronteras, ya que la necesidad de disponer de información exacta, adecuada y actualizada sobre el titular real es un factor clave para localizar a estos delincuentes.

Información adecuada y precisa
Por este motivo, la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo. Los Estados deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.

En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el titular real y el control por las instituciones financieras y las APNFD en el marco de la debida diligencia del cliente.

Cumplimiento y efectividad
Para su cuarta ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI adoptó dos enfoques complementarios: por una parte, para evaluar el cumplimiento técnico de las Recomendaciones y por otra, para determinar la existencia y las formas como se evidencia la efectividad del sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La evaluación que realiza sobre el cumplimiento técnico de cada recomendación aborda los requisitos específicos de las mismas, principalmente en lo que respecta al marco jurídico e institucional relevante del país, y los poderes y procedimientos de las autoridades competentes. Estos representan los pilares fundamentales de un sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para cada recomendación, hay cuatro niveles posibles de cumplimiento: cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.

La evaluación de la efectividad difiere del análisis sobre el cumplimiento técnico, pues consiste en comprobar la idoneidad de la implementación de las recomendaciones, e identificar si se están logrando, o en qué medida, los resultados definidos, que son fundamentales para un sólido sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por lo tanto, el enfoque de la evaluación de la efectividad analiza la medida en que el marco legal e institucional produce los resultados previstos.

Con el fin de dar el equilibrio adecuado entre una comprensión general de la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de un país y una apreciación detallada del funcionamiento de sus componentes, el GAFI evalúa la eficacia principalmente sobre la base de once resultados inmediatos.

El resultado inmediato que evalúa la efectividad de la Recomendación 24 es el número 5, donde se valora si se impide que las personas y los arreglos jurídicos se utilicen indebidamente para el blanqueo de dinero o para la financiación del terrorismo, y si las autoridades competentes disponen de información sobre su titularidad real sin impedimentos.

Para cada resultado inmediato hay cuatro posibles calificaciones de la eficacia, basadas en la medida en que se abordan las cuestiones y características fundamentales: alto nivel de eficacia; Nivel sustancial de eficacia; Nivel moderado de eficacia; y Bajo nivel de eficacia.

Así, conforme los resultados de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que realiza GAFI, de los 102 países que han sido evaluados hasta el 7 de octubre de 2020, España es uno de los 49 países que ha obtenido, respecto del cumplimiento técnico, la calificación de “Mayoritariamente cumplida” en esta recomendación, existiendo sólo un país que ha obtenido la calificación de “Cumplida”.

Colaboración notarial
Las razones que han justificado dicha calificación, según se indica en el Informe de Evaluación Mutua de España, realizado en 2014, se deben a que España se basa principalmente en el Índice Único Notarial para la obtención de información sobre la titularidad real de las personas jurídicas, que incluye información obtenida y recogida por notarios al constituir entidades o realizar otros actos determinados o transacciones de personas y entidades, e información sobre la transferencia de acciones de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Esto se complementa mediante el uso de otra información (sobre la propiedad de la cuenta), e información en poder de otras autoridades como registro de empresas, autoridades fiscales o bursátiles.

El informe señala que hay varias deficiencias en relación con la falta de controles efectivos sobre las transferencias de acciones de las sociedades anónimas, que no cotizan en bolsa.

Sin embargo, el resultado es aún mejor respecto de la evaluación de la efectividad, en el cual, a la fecha antes citada, no hay ningún país que haya obtenido la calificación de Alto nivel de eficacia, siendo España uno de los pocos países (10, en concreto) que ha obtenido la calificación de “Nivel sustancial de eficacia”.

Entre las razones que justifican la calificación, se indica que las autoridades competentes tienen acceso adecuado a la información sobre la titularidad real a través de la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), y a la información contenida en los archivos de clientes de las entidades financieras y de los sujetos obligados no financieros (con una orden judicial).

Desde abril de 2014 tienen acceso a la información, actualizada cada 15 días e incluida en la base de datos de titularidad real establecida por el Consejo General del Notariado, el Sepblac, los fiscales, jueces y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes.

En la práctica, las autoridades utilizan con frecuencia la información contenida en la base de datos del Índice Único Informatizado y en la Base de Datos de Titularidad Real en el transcurso de las investigaciones de BC/FT, y expresaron su satisfacción por la calidad, exhaustividad y facilidad de acceso a la base de datos.

En junio de 2019, el GAFI realizó la visita de seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones en España. Como resultado de la misma, respecto del tema que nos ocupa, se menciona que los nuevos procedimientos emitidos por el OCP exigen que los notarios no sólo se basen en la BDTR (Base de Datos de Titularidad Real), sino que soliciten documentos adicionales, como una declaración jurada y otros documentos expedidos por los registros de empresas o que demuestren de alguna otra forma la propiedad efectiva, debido a que estas medidas tienen un impacto en la capacidad de los sujetos obligados para aplicar con eficacia las medidas de debida diligencia con respecto a la exactitud de la BDTR.

Asimismo, como medida de refuerzo en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia por parte de los sujetos obligados, se menciona el nuevo Registro de Titularidad Real creado en el Registro Mercantil, que establece la obligación de que todas las empresas declaren quién es su titular real al depositar sus cuentas en el registro mercantil, la cual debe ser actualizada por las empresas, al menos anualmente. Sin embargo, esta nueva medida no ha incrementado la óptima calificación obtenida en 2014.

Elecciones en los colegios notariales

EL pasado 15 de noviembre los notarios eligieron a los miembros de las juntas directivas de sus colegios notariales para los próximos cuatro años.

Los colegios desempeñan una labor fundamental, ya que les representan, contribuyen a su formación, velan por la deontología profesional y controlan el cumplimiento de sus deberes. Desde aquí nuestra felicitación a todos ellos y nuestros mejores deseos para su mandato.

Más información en el cuadernillo central de este número.

SOS – Salvemos el turismo

EL ESCAPARATE

SOS: Salvemos el turismo

En 2019 el sector del turismo daba empleo a 330 millones de personas en todo el planeta y representaba el 10,3% del PIB mundial. Tras más de seis décadas de crecimiento continuado, en 2020 se ha visto duramente golpeado por la pandemia. España es uno de los países más afectados porque el turismo, que aportó en 2019 el 14% del PIB, es uno de sus principales motores económicos. Los países del G20 han lanzado un plan de recuperación urgente para salir de una crisis sin precedentes.

ELVIRA ARROYO

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Uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo, 330 millones, corresponden al sector del turismo y viajes. Además, el 25% de los nuevos empleos creados en los últimos cinco años pertenecen a este sector, que se ha consolidado como uno de los grandes pilares del crecimiento económico mundial y nacional.

En los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) la actividad turística aporta directamente el 4,4% del PIB, el 6,9% del empleo y el 21,5% de las exportaciones de servicios. En España su peso es muy superior, ya que en 2019 contribuyó al 14,3% del PIB, daba empleo a más de 2,8 millones de personas (el 14,6% de la población activa) y el turismo internacional generó 77.800 millones de euros. En 2018, las exportaciones de viajes representaron el 52,3% del total español.

Aunque a largo plazo las perspectivas de este sector son prometedoras, ahora atraviesa uno de sus momentos más aciagos. La pandemia del COVID-19 ha reducido los viajes drásticamente y ha desencadenado en el turismo una crisis sin precedentes.

Efectos devastadores. España es uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de esta realidad, tanto en la llegada de turistas internacionales como en los desplazamientos internos.

En los ocho primeros meses de 2020, han visitado nuestro país 15,7 millones de extranjeros, un 73% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando llegaron 58,1 millones. Los principales países emisores han sido Francia (con cerca de 2,9 millones de turistas y un descenso del 64,7%); Reino Unido (con más de 2,6 millones y una bajada del 78,9%), y Alemania (con casi 2,1 millones de turistas, un 73% menos). Sus destinos preferidos han sido Cataluña, Canarias y Andalucía.

Igualmente, los desplazamientos dentro de España se redujeron un 82% en el segundo trimestre del año debido a las limitaciones de movilidad impuestas por el estado de alarma. Por meses, la caída fue de un 97,1% en abril, un 88,1% en mayo y un 61,8% en junio. El 90% de los viajes se hicieron en vehículo propio, frente al 74,9% del mismo trimestre de 2019.

En términos económicos, Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, destaca que en el verano de 2020 la actividad turística en España registró un desplome histórico de 39.903 millones de euros respecto a 2019, un 69,2% menos. Además, el empleo turístico sigue siendo el más dañado, con 595.000 puestos de trabajo afectados por la pandemia hasta septiembre. Esto se debe a la reducción de los afiliados (281.000 menos que en 2019) y al alto número de personas en ERTE (315.000 en septiembre de 2019).

A escala mundial, el Barómetro OMT del Turismo Mundial muestra un descenso del 70% en las llegadas internacionales durante los ocho primeros meses de 2020. Además, según las previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), a finales de 2020 se habrán visto afectados más de 197 millones de puestos de trabajo en el mundo y se perderán más de 4.600 millones de euros debido al colapso actual.

Para saber más

Portal oficial de Turismo de España. Propuestas de destinos, guías y recomendaciones para extranjeros y españoles que quieran descubrir España.

Rastreador de recuperación turística. Organización Mundial del Turismo. Herramienta que agrupa los indicadores clave del comportamiento del turismo por meses, regiones y subregiones, permitiendo una comparación en tiempo real de la recuperación del sector en distintos lugares del mundo. (en inglés).

Evolución y necesidades del sector turístico español ante el impacto del coronavirus. 
Exceltur. Octubre de 2020. Valoración empresarial de la situación actual y perspectivas.  

Mapa de las restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de España. Ministerio de Asuntos Exteriores. Gobierno de España.

Estrategia internacional. Esta situación ha llevado a los líderes mundiales a buscar soluciones globales para evitar consecuencias aún peores. Todos coinciden en que la supervivencia del sector depende de una adecuada coordinación entre los gobiernos para eliminar barreras y generar confianza en los viajeros. También insisten en que es apremiante reanudar la actividad turística porque hay millones de puestos de trabajo y empresas en juego.

El pasado 7 de octubre el WTTC presentó a los ministros de Turismo del G20 un plan de recuperación para salvar 100 millones de puestos de trabajo en el mundo. Este plan, elaborado a petición de Arabia Saudí -actualmente en la presidencia del G20-, incluye doce puntos para el sector privado y doce para el sector público, orientados a reactivar los viajes internacionales.

Entre las acciones contempladas para las empresas privadas, destaca la implantación de protocolos de seguridad y salud estandarizados en todas las industrias y países para hacer viajes seguros. También colaborarán con los gobiernos en la realización de las pruebas de COVID-19 antes de la salida; adoptarán tecnologías innovadoras que permitan gestionar mejor los flujos de visitantes y ofrecerán flexibilidad para hacer reservas o cambios, especialmente cuando estos se deban a causas relacionadas con la pandemia. Los patrones comerciales se adaptarán a la nueva situación mundial y se lanzarán productos más asequibles para estimular los viajes internacionales. Al mismo tiempo, los profesionales del turismo se beneficiarán de programas formativos que les doten de las habilidades digitales básicas para sus funciones.

Sin embargo, para alcanzar el objetivo de recuperar 100 millones de empleos, el sector privado necesita el apoyo del sector público. Por ello, el plan diseñado por el WTTC propone que los gobiernos adopten un criterio coordinado para reabrir las fronteras y que abran «corredores aéreos» entre países o ciudades con similares situaciones epidemiológicas, especialmente las siguientes: Londres, Nueva York, París, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Shanghai, Washington DC, Atlanta, Roma, Estambul, Madrid, Tokio, Seúl, Singapur y Moscú.

También se trabajará en la aplicación de un protocolo internacional de pruebas y un estándar de rastreo de contactos en colaboración con el sector privado. Otra petición recurrente es que las cuarentenas solo se impongan cuando haya pruebas positivas, lo que reduciría claramente su impacto negativo en el empleo y la economía. Asimismo, habrá que seguir invirtiendo recursos públicos y privados en planes de contingencia y prevención que fortalezcan la respuesta del sector ante crisis futuras.

Más acción. El Gobierno de España ha manifestado su total acuerdo con este tipo de iniciativas, pero el sector empresarial reclama concreción y una dotación presupuestaria para ayudas directas. Exceltur se queja de la escasa receptividad que ha tenido la presentación del Plan Renacer Turismo Español 2020-2023 ante la Comisión de Recuperación del Congreso. En la actual coyuntura consideran que es apremiante poner en marcha un gran plan de rescate para el sector.

Según los datos difundidos por la alianza de marketing turístico Travel Consul, si las agencias, turoperadores e intermediarios españoles no reciben apoyo o ayudas públicas, su supervivencia está en riesgo: el 40% reconoce que puede sostener su negocio hasta tres meses y un 38% podrá hacerlo seis meses.

Como medidas inmediatas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha anunciado que el Ejecutivo está analizando ampliar los periodos de carencia y de amortización de los créditos ICO para que los negocios sean viables cuando recuperen la normalidad. También ha confirmado que el presupuesto en el área de Turismo para el año 2021 asciende a 1.349,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.036 millones, el 331,29% respecto al presupuesto prorrogado de 2018. Este significativo aumento se debe a la dotación de 1.121,6 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

Además, como parte del Plan de Impulso al Turismo presentado en junio, en el primer trimestre de 2021 se iniciará un programa de formación para más de 70.000 trabajadores y trabajadoras del sector turístico, especialmente de la hostelería. Incluye acciones como la potenciación del proyecto “Digitalízate” y la creación de una Tarjeta de Competencias Profesionales en Hostelería, que recogerá la información relativa a la experiencia laboral y a la formación de su titular.

Corredores seguros. Desde el 9 de octubre, Canarias y Baleares disponen de un protocolo para establecer corredores turísticos con los países europeos. El objetivo es reactivar el turismo en los dos archipiélagos sin poner en riesgo la salud pública.

De acuerdo con este protocolo, todo viajero que llegue a Canarias o Baleares procedente de un territorio con una Incidencia Acumulada (IA) de 50 o menos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días no deberá someterse a ningún test a su llegada a los archipiélagos. Aquellos con origen en territorios con una IA mayor a 50 tendrán que presentar un test negativo realizado 48 horas antes del vuelo como máximo.

Del mismo modo, antes de abandonar las islas, todos los viajeros deberán hacerse un test de diagnóstico de infección activa 48 horas antes del vuelo. Estas pruebas se realizan en dependencias asignadas por las autoridades sanitarias, sin coste para el turista. Los que den positivo no podrán volar y tendrán que guardar cuarentena en el mismo destino. Los gobiernos de Canarias y Baleares también se harán cargo de la cobertura necesaria en caso de cuarentena y han habilitado una serie de alojamientos para este fin. También cubrirán la asistencia sanitaria u hospitalización.

Alemania y Reino Unido ya han eliminado las restricciones de viajes a Canarias, un destino elegido mayoritariamente por los turistas de estos dos países para pasar el invierno. Sin embargo, el último confinamiento anunciado por el Reino Unido y la amenaza de nuevas restricciones en otros países europeos hacen ver con pesimismo la posibilidad de salvar la temporada.

En plena transformación. La irrupción de la pandemia se ha producido además en un momento en el que el turismo se preparaba para acometer cambios que afianzaran su posición en la economía mundial tras más de 60 años de mejora continuada.

El informe Tendencias y políticas en el sector del turismo en 2020, publicado por la OCDE a principios de marzo, señala que, aunque las perspectivas a corto plazo son inciertas debido a la pandemia y a la inestabilidad económica, a largo plazo se espera que el turismo continúe su línea ascendente. Para ello, es necesario emprender un conjunto de reformas que deberán esperar a que pase la crisis sanitaria.

En el ámbito público, la OCDE recomienda seguir diseñando políticas con visión de futuro, que aseguren el crecimiento del sector y garanticen mayores beneficios para las poblaciones y empresas locales, algo que muchos gobiernos ya están fomentando. A la vez, el rápido desarrollo de la economía colaborativa, los sistemas de pago móvil, las aplicaciones de realidad virtual y aumentada, o la inteligencia artificial, afectarán a los productos y servicios turísticos, por lo que probablemente habrá que desarrollar normativas que protejan a los consumidores y ayuden a maximizar las oportunidades.

El sector debe avanzar también en su proceso de transformación digital. La digitalización ha cambiado el turismo, permitiendo a los consumidores contratar viajes con gran facilidad y dando a las empresas acceso inmediato a los mercados globales. La proporción de empresas turísticas que hacen ventas online en los 28 países de la OCDE es superior a la de otros sectores: el 77% tienen página web y el 70% utilizan las redes sociales. Sin embargo, las tecnologías que mejoran la productividad, como el análisis de datos, siguen teniendo poca aceptación en el turismo.

Las nuevas tecnologías se han implantado en gran medida en las grandes plataformas, pero muchas pequeñas y medianas empresas se han quedado al margen, algo que no se pueden permitir si quieren prosperar en el futuro. En el año 2040 la mayoría de los turistas serán los milenials y las generaciones siguientes, un nuevo tipo de clientes que solo están familiarizados con empresas nativas digitales, por lo que la oferta futura tendrá que adaptarse a sus necesidades.

Sostenibilidad. También es necesario integrar plenamente la sostenibilidad en las prácticas turísticas, con el fin de apoyar la transición hacia una economía verde, libre de carbono y resiliente frente al cambio climático. Esta es una meta prioritaria para el Gobierno de España, que tiene previsto aprobar en esta legislatura la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, una agenda en la que están participando el sector y las comunidades autónomas.

Aunque los datos previos a la pandemia dejaban ver un escenario de prosperidad para los próximos 10 años, el Gobierno ya había expresado su inquietud por reorientar el turismo español hacia la sostenibilidad, no como un valor añadido, sino como requisito para que siga siendo un motor económico y social durante muchos años más. Este crecimiento sostenible debe ir acompañado de la superación de inconvenientes como la pérdida de identidad de los destinos, la saturación de los espacios, la contaminación ambiental o la distribución desigual de los beneficios que acompaña al modelo turístico actual.

España parte de una situación muy ventajosa para acometer este tipo de retos, no solo porque es desde hace décadas un referente turístico mundial gracias a su climatología y a la calidad de sus playas. También es el segundo país del mundo en patrimonio histórico cultural declarado patrimonio de la humanidad; y es líder europeo en espacios naturales protegidos. Cuenta además con un turista internacional muy fiel, que repite sus vacaciones en más del 80% de los casos.

Aun así, para mantener su excelente posición, el turismo español debe hacer frente a algunas debilidades que pueden condicionar su crecimiento futuro, como la elevada dependencia del turismo de sol y playa, o la gran dependencia de determinados mercados, como se ha visto en los últimos meses, ya que el Reino Unido, Francia, y Alemania suponen más del 50% de los visitantes internacionales. 

El deseado repunte. Por ahora, el sector intenta sobrevivir como puede a su peor época, sin saber cuándo llegará la recuperación. De momento, Exceltur anticipa una situación límite en España para el final de 2020, con caídas de ventas de las empresas turísticas de hasta un 77,6%, 16 puntos más de lo esperado a mediados de agosto. Esta asociación estima que, al cierre de 2020, el PIB turístico español tendrá un descenso de actividad de 106.159 millones de euros, un 69,6% menos que en 2019. De confirmarse estas previsiones, en 2020 España generaría 46.431 millones de euros de PIB turístico, lo que la situaría en niveles de 1995.

Por otro lado, las expectativas empresariales de recuperación de la actividad turística a niveles previos a la pandemia se han retrasado. Si en junio de 2020 un 51% de los empresarios pensaban que a mediados de 2021 se iniciaría el repunte, en octubre solo un 10% veía posible la recuperación en ese año.

El grupo de expertos de la OMT (Organización Mundial del Turismo) prevé un repunte del turismo internacional en el tercer trimestre de 2021, aunque un 20% de estos creen que habrá que esperar a 2022. Las restricciones para viajar se consideran la principal barrera para la recuperación del turismo internacional, junto con la lentitud con que se está conteniendo el virus y la baja confianza de los consumidores. La falta de una respuesta coordinada entre los países para garantizar protocolos armonizados y el deterioro del entorno económico son otros aspectos señalados por la OMT como importantes obstáculos para la vuelta a la normalidad.

Mientras, será imprescindible apoyar al sector con ayudas directas para superar este bache. La Comisión Europea calcula que será necesaria una inversión de 161.000 millones de euros para volver a los niveles anteriores de la crisis. Los Estados miembros tienen de plazo hasta abril de 2021 para presentar sus agendas nacionales de inversión y reforma en consonancia con los dos objetivos estratégicos: digitalización y sostenibilidad.

En cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan, la Unión Europea quiere volver a ser el principal destino turístico. De hecho, ya ha adelantado que una de sus prioridades es convocar una convención europea de turismo, con el fin de comenzar a construir la hoja de ruta hacia un ecosistema turístico europeo sostenible, innovador y resiliente, que se concretará en la “Agenda europea de turismo 2050”.

El 40% de las agencias, turoperadores e intermediarios españoles señalan que si no reciben ayudas solo pueden sostener su negocio hasta tres meses

Recuperar la confianza

La última encuesta mundial realizada por Travel Consul a más de 1.000 agentes y turoperadores sobre el impacto del COVID-19 en el turismo confirma que el aspecto más relevante para los viajeros a la hora de considerar un destino es que este disponga de certificados sanitarios y de seguridad. Esto es clave para el 70% los españoles y para el 74% de los encuestados, seguidos de la gestión gubernamental de la pandemia y el precio.

Asimismo, la recuperación de la confianza deberá ir acompañada de políticas de cancelación más flexibles.

De confirmarse las actuales previsiones, España cerraría 2020 con 46.431 millones de euros de PIB turístico, lo que la situaría en niveles de 1995

Destino a ninguna parte

La necesidad de reinventarse ha llevado a algunas aerolíneas a ofrecernos subir a un avión solo para disfrutar de unas horas de vuelo.

Los pasajeros ven el lugar de destino desde el aire, sacan fotografías, disfrutan de un servicio de comidas y bebidas a bordo y vuelta a casa. Una experiencia que muchos califican como única después de meses sin subir a un avión. Una de las compañías que prestan este servicio es la australiana Qantas Airways, que ofrece varios destinos dentro de Australia y a la Antártida.

También en Singapur se organizan cruceros a ninguna parte, con salida y regreso en el mismo puerto, sin hacer escalas. Los viajeros disfrutan del placer de estar en alta mar sin apenas distanciarse de su lugar de origen. Previamente, se les practica una prueba para comprobar que no tienen el COVID-19.

Los líderes mundiales reclaman una estrategia internacional coordinada con el sector privado para salir del colapso actual

Referente internacional

ESPAÑA aspira a ser uno de los países más ciberseguros del mundo, para lo cual deberá incrementar su resiliencia ante los incidentes cibernéticos e incrementar la formación de talento. De aquí a 2025 se propone contar con 20.000 especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA) y datos gracias a la actividad de entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Además, sobre la base del ecosistema empresarial creado en el entorno del INCIBE, se potenciará la participación de España en diferentes iniciativas internacionales, como la candidatura para albergar el futuro Centro Europeo de Ciberseguridad. En la misma línea, el Centro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en Quart de Poblet (Valencia), trabaja para ser reconocido como un referente mundial en ciberseguridad, entre otros aspectos.

Llegada de turistas internacionales* a España en 2020


Enero-Agosto 2020

Variación anual

Total

15.692.636

-73%

Francia

2.875.192

-64,7%

Reino Unido

2.665.571

-78,9%

Alemania

2.078.327

-73%

Países nórdicos

1.046.796

-71,7%

Países Bajos

813.425

-69%

Italia

804.800

-74,7%

Bélgica

601.306

-66,7%

Portugal

585.326

-63,3%

Suiza

333.999

-72,7%

Irlanda

277.770

-82,1%

Resto de Europa

1.470.311

-72,6%

Estados Unidos

377.487

-83,3%

Resto de América

789.977

-68,2%

Resto del mundo

972.349

-73,9%

*No incluye viajeros en tránsito ni visitantes de un sólo día sin pernoctación.
Fuente: Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Agosto 2020

El turismo español en cifras

Contribución al PIB

14,3%

Puestos de trabajo

2.878 millones (14,6% del total)

Turistas internacionales recibidos

84 millones

Ingresos del turismo internacional

77.800 millones de euros

Fuente: Datos de 2019. Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)

Las empresas turísticas en España

Tamaño


Entre 1 y 2 trabajadores

78,7%

Entre 2 y 100 trabajadores

21%

Más de 100 trabajadores

0,3%

Principales subsectores


Nº de empresas

Agencias de viaje

Más de 7.000

Alojamientos turísticos

Más de 16.000

Hostelería

Más de 300.000

Transporte de viajeros (terrestre)

60.574

Alquiler de vehículos

5.000

Fuente: Ministerio de Industria,  Comercio y Turismo.

«Turismo somos todos», por Santiago Aguilar

EL ESCAPARATE

SANTIAGO AGUILAR

presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo

@saguilarmdea

 

Turismo somos todos

EL AÑ0 2020 nos ha sorprendido con una crisis cuyo origen y alcance me atrevería a decir que nadie era capaz de prever hace no más de un año. Somos víctimas de una pandemia que está provocando millones de infectados y cientos de miles de muertos en todo el mundo, y las cifras no paran de crecer. La mayoría de los países está tomando medidas de contención ante el avance del virus que, salvo en contadas excepciones, se están mostrando como poco eficientes o incluso muchas veces totalmente inútiles. El desconocimiento que tenemos sobre el virus que ha originado el Covid-19 es tan grande que muchas de esas medidas resultan divergentes de unos territorios a otros, en muchas ocasiones si dar tiempo a comprobar su eficacia antes de modificarlas o incluso abolirlas. Y esto a los ciudadanos nos resulta desconcertante, cuando no preocupante. Una de las medidas que sí se está tomando a nivel global en busca de frenar la expansión del virus es la restricción en la movilidad. En unos casos se trata confinamientos domiciliarios, en otros de cierres perimetrales, en algunos de restricciones en origen y destino, pero en cualquier caso todos parecen coincidir, lo que a mi juicio es bastante lógico, en que limitando los desplazamientos de la población es más que probable que dificultemos la expansión del virus. Todos somos conscientes de los efectos negativos que dicha prevención tiene sobre las relaciones sociales y económicas de ámbito mundial, y muy especialmente sobre el turismo, actividad para la que por definición es condición sine qua non el desplazamiento fuera del domicilio habitual, según recoge la propia Organización Mundial del Turismo, que lo define como “un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico”. Seguridad y renta. Además de la máxima facilidad para los desplazamientos, el turismo necesita también de la coexistencia de dos requisitos también fundamentales para que se produzca, como son la seguridad y la disponibilidad de renta. Por seguridad entiendo no sólo la seguridad física, saber que nada amenaza tu salud o tu integridad física de manera señalada, lo que en el caso de la pandemia que nos atenaza resulta evidente. Seguridad también es la falta de incertidumbre por el futuro, la confianza en las condiciones y en las medidas que se estén aplicando en el destino, o incluso en tu propio país, el hecho de saber no sólo a dónde vas, sino que a la vuelta vas a encontrar las cosas como las dejaste. Y mucho me temo que la actual deriva de medidas descoordinadas y en muchas ocasiones contradictorias que están llevando nuestras autoridades a todos los niveles no contribuye precisamente a esa necesaria seguridad.
«El turismo español es líder en innovación, formación, eficiencia, investigación y desarrollo. Exportamos know-how a todo el mundo»

Y en cuanto a la renta disponible, con un elevado porcentaje de población sometido a ERTE, cuando con la amenaza de un ERE o incluso ya en el desempleo, con infinidad de autónomos abocados al cese de actividad, o como poco a su drástica disminución, con cientos o miles de negocios abocados al cierre temporal o definitivo, no parece que nos encontramos en la mejor coyuntura posible para animarnos a disponer de nuestros ahorros para viajar. A nadie puede sorprender, pues, que la llegada de turistas extranjeros a España se haya desplomado este año, con descensos inimaginables hasta ahora. Hemos sufrido el que ha sido el peor primer semestre de la historia reciente, con descensos que en junio llegan a cifrarse en un 97% menos de llegadas. El verano ha sido catastrófico, con descensos en torno al 75% en julio y agosto y de nuevo de cerca del 90% en septiembre, con la llegada de la temida segunda oleada del coronavirus y el consiguiente endurecimiento de las medidas restrictivas. Es verdad que hemos experimentado un cierto alivio gracias al desarrollo de la demanda interna, pero ni de lejos ha sido suficiente para compensar las enormes pérdidas que deja la ausencia de turismo internacional. Se ha debatido mucho últimamente sobre la excesiva dependencia del turismo en España, así como sobre la eficiencia de nuestro sector y su aportación a nuestra economía global. En el mes de mayo nos topamos con unas a mi juicio desafortunadísimas declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificando el turismo como un sector estacional, precario y de escaso valor añadido. Todo el sector fue un clamor exigiendo una rectificación, pero no se obtuvo ni siquiera una matización sobre esas declaraciones. Más recientemente, el propio Vicepresidente Segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, ha argumentado que la fortaleza del turismo en España nos hace débiles ante crisis como la actual, calificando de excesiva la dependencia que nuestra economía tiene del mismo. Es cierto que otros sectores de la economía tienen mucho margen para crecer, y que sería deseable una mejor distribución de la aportación al PIB de actividades como la industria o la agricultura. Pero el crecimiento de estos sectores no se consigue de ninguna manera poniendo trabas al turismo, nuestra principal fuente de ingresos de divisas y la actividad que ha puesto a España en el mapa y ha contribuido de manera indiscutible a la salida de nuestro país del ostracismo al que estábamos sometidos hasta la década de los 60 del siglo XX. Y hacer declaraciones restando importancia a la innegable aportación de este sector al desarrollo socioeconómico de nuestro país es ponerle trabas. El turismo español es líder en innovación, formación, eficiencia, investigación y desarrollo. Exportamos knowhow a todo el mundo, y nuestras empresas están presentes en los cinco continentes. Nuestros profesionales son reconocidos por su alto nivel de formación y muchos estudiantes de otras nacionalidades vienen a formarse con nosotros. Y, sin embargo, dentro de nuestras fronteras el turismo parece ser considerado una actividad de segundo orden. Esto, por desgracia, no es nuevo. La reivindicación del reconocimiento de la formación y la profesión turística ha sido el principal caballo de batalla desde la fundación en 1967 de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, creada por un grupo de recién titulados, que apostó de manera clara por la calidad tanto del servicio como de los estudios, en aras a transformar el sector turístico español en el líder que es hoy, a pesar del escaso reconocimiento que se nos sigue dando dentro de nuestras fronteras. Como ejemplo, no es hasta los años 90 del siglo XX que los estudios de turismo llegan a la universidad. El turismo representa para España una importantísima fuente de ingresos que supone cerca del 15% del PIB nacional, y que sumando la aportación indirecta llega cerca del 30%. El turismo es una actividad totalmente transversal, que involucra a todos los estratos de la sociedad y de la economía. Es un motor fundamental para que la sociedad avance, para que las diferentes industrias que de una manera u otra están involucradas en el sector no se detengan, y para que el enorme potencial que tiene el turismo en generar empleo continúe. Y aún hay más, el turismo proporciona cultura y beneficios sociales a la comunidad; igualmente se consigue, en la mayoría de los casos, una mayor y mejor gestión del respeto medioambiental, y facilita a los pueblos el acceso a una distribución más equitativa de los ingresos, uniformando la distribución de los ingresos en la sociedad.
««Las instituciones, medios de comunicación, empresas y sociedad en general deben reconocer
el gran valor que el turismo supone para un país como España»

Podríamos enumerar aquí las muchas bondades del turismo, y la lista sería interminable, pero uno de los aspectos de los que menos se percata la sociedad, y que me gustaría destacar, es su ya mencionada transversalidad. El turismo, repito, está presente en todos los estratos de la sociedad y a todos los niveles. En definitiva, turismo somos todos. Turismo es el profesional que está detrás de la recepción de un establecimiento de alojamiento turístico o del mostrador de una agencia de viajes; turismo es el guía que muestra el patrimonio de su ciudad a los visitantes y consigue que además de disfrutar de su tiempo obtengan formación de la más alta calidad; turismo es la azafata que nos recibe y nos atiende en nuestro medio de transporte, procurando hacer nuestro desplazamiento lo más placentero posible; turismo es el director de hotel que dedica jornadas interminables a, con su equipo, tener su establecimiento en perfecto estado de mantenimiento y limpieza; turismo es el centro educativo y sus profesionales que se dedican a dar a los profesionales una formación específica para el sector; turismo también es el camarero que sirve el plato de la gastronomía local al turista, el propietario de ese restaurante, la tienda de recuerdos… Pero turismo es también el dueño de un pequeño comercio generalista o de una boutique internacional que ofrece sus productos al turista; turismo es también el taxista que da servicio al visitante; turismo es el agricultor, el ganadero o el pescador que ofrece sus productos a los establecimientos turísticos, y los transportistas que los llevan del punto de producción al de consumo; turismo son los cines y teatros que sirven de atractivo para que los turistas elijan un destino u otro, el fabricante de coches que vende la flota a las compañías de alquiler de vehículos… Y así podríamos enumerar una interminable lista de sectores de la sociedad que, de una manera u otra, están vinculados al turismo y que generan ingresos económicos y riqueza. Las instituciones, medios de comunicación, empresas y sociedad en general deben reconocer el gran valor que el turismo supone para un país como España por lo que es necesario que, en la situación actual, el Gobierno marque una hoja de ruta centrada en medidas concretas de protección y recuperación a la industria turística española. Nosotros desde AEPT seguiremos alzando nuestra voz, como venimos haciendo durante nuestros más de 50 años de historia. Y para conseguir que esta voz suene más alta y llegue a oídos de todos, estamos en proceso de crear el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo de la Comunidad de Madrid, como paso previo a la futura creación del Consejo General de Colegios de Profesionales del Turismo, en la confianza de que se convierta en la herramienta definitiva para la consolidación de la calidad y la fiabilidad de la actividad turística en España. Un Colegio, y futuro Consejo, que nos permitirán un mejor acceso a las universidades y la confección de planes de estudios, a las administraciones y la elaboración de estrategias de promoción y gestión de destinos, o la elaboración de un código deontológico que tutele las buenas prácticas dentro del sector turístico. Desde el convencimiento de que el buen funcionamiento del turismo en España sólo puede ser bueno para el país, estoy seguro de que será útil para todos.

Entrevista a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados

CON SELLO PERSONAL

Meritxell Batet,

presidenta del Congreso de los Diputados

«Mi principal objetivo desde que se declaró la pandemia ha sido evitar que pudiera afectar a la representatividad de la Cámara»

Ante una de las legislaturas más complicadas de nuestra democracia, preguntamos a la actual presidenta del Congreso de los Diputados sobre esta circunstancia y sobre alguna de las facetas más relevantes de su labor.
ALFREDO GARCÍA REYES
[email protected] • @Alfredo García Reyes • Linkedin: alfredogreyes

–Diputada en siete legislaturas, ministra de Política Territorial y Función Pública y ahora presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Ha roto su techo de cristal?

–Tras 40 años de avance del principio de igualdad en España, tras muchos años de políticas para la igualdad efectiva y de mejora de los servicios públicos, gracias al esfuerzo de muchas mujeres pioneras, y tras la aprobación de reformas normativas valientes y efectivas, los techos de cristal van disminuyendo en ámbitos cada vez más amplios de la proyección profesional. En la política, las mujeres de mi generación hemos tenido más fácil el desarrollo de nuestras carreras; nuestra conquista ha sido la normalidad y, en especial, la posibilidad de formar familias sin renunciar a nuestra proyección.

La igualdad entre mujeres y hombres es hoy una lucha que se plantea con especial crudeza cuando se vincula a otras discriminaciones, como las derivadas de la pobreza, la inmigración o la exclusión social. Quedan muchos techos, de cristal y de acero, que romper mediante normas y políticas ambiciosas. Y es también una exigencia en ámbitos mucho más sutiles y relevantes, en los que a veces temo que estemos retrocediendo, como la educación y las aspiraciones de nuestros jóvenes, mujeres y hombres.

–Es conocido su activismo en pro de la igualdad entre géneros. Sin embargo, en la cámara que usted preside hay una amplia mayoría masculina, con casi 200 diputados.

–En la legislatura actual, las mujeres somos 154 de los 350 diputados, un 44%. Es el segundo número más alto tras las 166 de la corta legislatura pasada, manteniendo un porcentaje por encima del 40% gracias a la aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

La igualdad en el Congreso pone de manifiesto la efectividad de normas antidiscriminatorias, así como la posibilidad de avanzar en igualdad efectiva en un contexto marcado por lo público y con servicios públicos desarrollados y buenos salarios. En ese marco, las barreras son fundamentalmente mentales y educativas y se van superando en el acceso a los cargos directivos de la Cámara y los grupos y, sobre todo, en la posibilidad de conciliar la carrera política con la vida personal y familiar.

Como en el caso de carreras profesionales similares en el ámbito de la Administración o la Justicia, las mejoras deben concentrarse en el acceso a las condiciones necesarias de educación y formación y en el mantenimiento e impulso de los servicios públicos que hacen posible la conciliación.

Con ese objetivo, en el ámbito de las Cortes Generales hemos aprobado el primer Plan de Igualdad, con medidas dirigidas a avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades y a eliminar la discriminación. Pero no debemos olvidar que muchas mujeres se enfrentan cada a día a entornos laborales en los que las discriminaciones por razón de sexo son habituales. Es imprescindible que los poderes públicos sigan tomando decisiones y dictando leyes para que la sociedad avance en la igualdad de mujeres y hombres.

–¿Por qué una licenciada en Derecho y profesora de Derecho Constitucional decidió meterse en política?

–Fui representante estudiantil, miembro del claustro en mi universidad y constituí una asociación en defensa de los derechos de los estudiantes. Mi dedicación a la política, más que el resultado de una decisión, ha sido la evolución natural de una vocación muy temprana por el ejercicio de la representación en la búsqueda del interés general.

Por otro lado, el interés por el Derecho lleva casi naturalmente al debate político sobre el contenido y configuración de las normas. Y la cercanía del Derecho Constitucional al sistema político es obvia. Para mí, la Constitución es también un instrumento fundamental de transformación social que fija valores y objetivos que necesitan de desarrollo y concreción mediante la política.

–¿Cómo afronta su responsabilidad ante uno de los periodos más complejos del parlamentarismo español, teniendo en cuenta la fragmentación resultante de las últimas elecciones generales?
–Lo que define al Parlamento es el pluralismo. La expresión de ese pluralismo es esencial para poder integrar posiciones, para expresar alternativas y críticas y para conseguir que la gran mayoría de los ciudadanos vean reflejadas sus inquietudes y sus ideas en el debate público. En el Parlamento deben oírse todas las voces presentes en la sociedad, aunque nos incomoden, y quizás especialmente cuando nos incomodan. Garantizar ese pluralismo es mi función fundamental. Y la segunda, que esa expresión sea compatible con el respeto a los demás diputados y a toda la ciudadanía, algo que siempre es posible –aún en el caso de las más duras críticas–, pero que no siempre sucede.

Son los grupos y los diputados quienes deciden el contenido y el tono de sus intervenciones y quienes asumen su responsabilidad. La Presidencia puede poco más que, como decía Azaña, sonrojarse en lugar del diputado y en defensa del propio Parlamento, poner de manifiesto la necesidad de mantener el respeto y contribuir a recuperar ámbitos de acuerdo y de consenso entre los grupos.

–Respecto a la situación actual provocada por la pandemia, ¿cómo está afectando esto a la representatividad y funciones de los diputados?
–Mi principal objetivo desde que se declaró la pandemia ha sido evitar que la situación pudiera afectar a la representatividad de la Cámara y alterar sustancialmente el cumplimiento de sus funciones. Creo que lo hemos conseguido: el Congreso se ha reunido para ejercer sus funciones legislativas y de control parlamentario durante toda la crisis. Ha debatido y votado todas las normas de rango legal que se han aprobado y las prórrogas de las declaraciones de alarma; las comparecencias han sido constantes, mayores en número que en situación ordinaria, como también lo ha sido la tramitación de preguntas e interpelaciones al Gobierno, y actualmente se desarrollan sin excepción todas las funciones de las Cortes, tanto en Pleno como en Comisión.

El acuerdo sobre reducción de asistencia a los Plenos entre los grupos parlamentarios ha hecho posible el mantenimiento de las sesiones y, con ellas, de las funciones parlamentarias. Se ha generalizado la votación telemática en el Pleno, lo que mantiene totalmente la representatividad de la Cámara.

Pero el trabajo parlamentario necesita el máximo posible de contacto y diálogo, dentro y fuera de las sesiones, y el trato personal entre los miembros de la Cámara facilita el desarrollo de la actividad parlamentaria y un mejor resultado de la misma, por lo que espero recuperar la plena asistencia de diputados y diputadas en cuanto sea posible.

-¿Qué se puede hacer para acercar esa actividad parlamentaria a los ciudadanos? Muchas veces solo trascienden un momento de tensión o una anécdota…
–Fundamentalmente hacerla bien, útil y efectiva para cumplir sus funciones, que son la exposición de alternativas y la discusión de acuerdos, tanto a nivel legislativo como de control del Gobierno. Aunque algunos medios pueden destacar los momentos de tensión y desacuerdo, los ciudadanos pueden seguir la actividad parlamentaria y obtener una imagen real de la misma: toda la actividad de Pleno y Comisión es pública y está disponible en la página web del Congreso. Los medios, más allá del titular, informan de los debates y los resultados del trabajo parlamentario, que arroja siempre espacios de enfrentamiento, pero también espacios de acuerdo.

Creo que la gran mayoría de las cuestiones relevantes en nuestra sociedad encuentran expresión y debate en el Congreso, y para ello trabajan también todos los grupos parlamentarios.

–No obstante, también ha descendido la actividad legislativa. ¿Tiene prevista la Mesa de la Cámara la adopción de alguna medida para recuperar esta labor?
–Los años 80 y 90 fueron años de gran actividad legislativa, pues había que construir un sistema democrático y adoptar numerosas reformas. Hoy ese trabajo fundamental está hecho. Contamos con una base normativa estable, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones y actualizaciones, lo que debería llevar a una reducción natural del número de normas tramitadas y a concentrarse en ámbitos nuevos o que exigen reformas importantes.

Es cierto que, más allá de la actual crisis sanitaria, en los últimos diez años se ha producido una creciente sustitución de la ley por el decreto-ley. Es también cierto que esa deriva podría afectar a estándares de pluralismo y calidad legislativa y creo que sería bueno revisar esa tendencia. Pero soy consciente de que para ello debemos esforzarnos también en conseguir un procedimiento legislativo que permita afrontar cambios legislativos de una forma más ágil.

–En diciembre de 2018 celebramos el 40 aniversario de la Carta Magna… Desde su conocimiento del Derecho Constitucional, ¿goza nuestra Constitución de buena salud?
–La salud de la Constitución es la de todos. Hemos gozado de buena salud en la España democrática gracias a la buena salud de nuestra Constitución y su efectividad en estos más de 40 años.

Mantener esa buena salud es una tarea fundamental para todos; la salud de las constituciones se mide en su capacidad de integración, en que la gran mayoría de los ciudadanos vea reflejada en ella sus valores, sus prioridades y sus inquietudes, y globalmente se reconozca en sus normas y objetivos.

Que la Constitución no haya necesitado de reformas relevantes es mérito de quienes la redactaron. Para estar a su altura a nosotros nos toca detectar las fisuras que se generen sobre sus consensos fundamentales o las demandas de alcanzar nuevos acuerdos propios de nuestro tiempo, cuando estas existen. Ciertamente, me preocupa que en nuestro país, como en muchos otros de nuestro entorno, cada vez parezca reducirse la amplitud e intensidad de esos consensos sociales y políticos, hasta el punto de producirse intentos de patrimonialización partidista de la Constitución.

Pero no cabe duda de que ya en su redacción actual encontramos esa eficacia integradora capaz de incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías, a un sistema de derechos y libertades y, en definitiva, a un proyecto de convivencia.

–Nuestra Constitución reconoce como uno de los valores superiores la seguridad jurídica. Los notarios tienen atribuida la función de evitar, con carácter preventivo, que tal valor se vea conculcado. Usted, que es jurista, ¿cómo valora su función?
–La seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico privado, ha sido una característica de nuestro ordenamiento que los notarios en especial, han hecho efectiva. Mantener esa seguridad resulta más difícil cuando las normas son menos estables y pretenden también introducir nuevos valores y consideraciones en las relaciones entre particulares. Esa nueva generación de normas nos plantea un reto tanto al legislador como a quien debe aplicarlas, y en especial al notario en su función de garantía: todos debemos esforzarnos para adaptarnos a esa nueva realidad, pues combinar la fuerza transformadora del Derecho y la seguridad jurídica exige un compromiso personal y responsable de cada uno: del legislador, para conseguir normas claras a la vez que matizadas; y de los operadores jurídicos, para tomar en consideración, en su aplicación, las variables que prevé la propia Ley. Los notarios acreditan cada día su capacidad para ello. Los legisladores debemos ser también capaces de hacerlo.

«La seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico privado, ha sido una característica de nuestro ordenamiento que los notarios en especial han hecho efectiva»
Huella digital

LA presidenta del Congreso de los Diputados de España, Meritxell Batet, tiene sus propios perfiles oficiales en las redes sociales Facebook (facebook.com/BatetMeritxell) y Twitter (@meritxell_batet), donde publica temas relacionados tanto con su propia agenda como con la actividad parlamentaria. Sobre la programación y actividad de esa Cámara se puede seguir la cuenta oficial en Twitter (@Congreso_Es) y consultar su página web.

«Creo que la gran mayoría de las cuestiones relevantes en nuestra sociedad
encuentran expresión y debate en el Congreso»

Lo que leerá aquí no saldrá en televisión (se lo dice un conspiranoico)

LA @

Lo que leerá aquí no saldrá en televisión (se lo dice un conspiranoico)

SI YA HA EMPEZADO a leer es que ha caído en la trampa. En este caso, es la del “principio de escasez”. Una de tantas que lanzan los conspiranoicos a través de las redes sociales para captar su atención y tratar de influirle. Hay muchas más. Se las contaremos para que no le pille desprevenido. Sobre todo ahora en tiempos de pandemia, el terreno más fértil para manipular a las personas.

GABRIEL CRUZ

@Gabrielcruztv
[email protected]

Charlar con el psicólogo Ramón Nogueras es lo menos parecido a hacerlo con un sesudo investigador que se pierde en discursos enrevesados. Habla directo y con él no hay confusión en el mensaje. Si no me creen, aquí tienen el título de su último libro: Por qué creemos en mierdas. (Cómo nos engañamos a nosotros mismos) (Ed. Kailas). Viene desde Barcelona a Madrid para dar una charla divulgativa. Momento en el que nos atiende en una cafetería de la capital para explicarnos cómo es posible que creamos en… eso mismo.

Todo empieza porque los humanos tenemos una gran capacidad para ver patrones. Es lo que nos ha hecho evolucionar. Por ejemplo, nuestros antepasados descubrieron que tirar una semilla al suelo iba unido a que después creciese una planta que comería, y así nació la agricultura. Pero, como señala Nogueras, “esa gran capacidad para relacionar a veces no la frenamos y unimos cosas que no lo están. Por ejemplo, una vez que había sequía sacaron un santo en procesión y llovió. Con lo que entendieron que sacar a un santo traería lluvia”. El problema es que una vez convencidos de que la relación existe tenemos una tendencia muy fuerte a proteger esa creencia. “Reconocer que esa regla es falsa es muy aversivo para nosotros, nos hace sentir que podemos haber estado equivocados en muchos temas”. A nadie le gusta sentirse así. La mayoría lo asume, pero una pequeña parte no y ahí se convierte en un conspiranoico.

Es el caso del movimiento antivacunas, que surgió en 1998 cuando el científico Andrew Wakefield sugirió en la revista científica The Lancet que podría haber una relación entre vacunación y autismo. Estudios posteriores lo descartaron; incluso dos coautores del artículo se retractaron. Daba igual; la gente que lo creyó ya no dejó de hacerlo. Como ven, los conspiranoicos son inflexibles mientras la ciencia es flexible. Va cambiando conforme se saben más cosas. De hecho, cuanto más tiempo creen en una teoría sin respaldo científico, más inflexibles son porque más daño les hace reconocer su equivocación pues todo ese tiempo que han invertido no ha servido para nada. A esto le suman otros mecanismos de refuerzo, por ejemplo, el sesgo de confirmación. “Es la tendencia que tenemos de prestar una atención exagerada a cualquier información que confirme nuestra creencia y desechar la que la contradice. Incluso ésta se verá como refuerzo. Por ejemplo, en los antivacunas, acusar a los que difieren de ellos de que están a sueldo de las farmacéuticas”, apunta Nogueras.

Pero hay más mecanismos para fortalecer nuestra falsa creencia. Por ejemplo, “el principio de escasez” con el que intenté atraparle en esta lectura (“Lo que leerá aquí no saldrá en televisión”). “Si es una información que no sabe mucha gente, seguramente es muy valiosa y por tanto tiene que ser cierta”, señala Nogueras. Traducido al movimiento antivacunas sería algo así como “este estudio demuestra que tenemos razón y no lo verás en la tele, porque lo quieren silenciar”. Otro puntal es el “principio de autoridad”. Como señala el psicólogo: “tengo más posibilidades de acertar con la verdad si hago caso a esta persona. Lo que sucede es que algunos eligen como autoridad en el coronavirus a cantantes como Miguel Bosé”. El caso es que la creencia en bulos afecta a personas con gran nivel intelectual. De hecho, algún premio Nobel ha caído en ellos. Kary Mullis, lo ganó en 1993 por su trabajo sobre la reacción en cadena de la polimerasa (la PCR). La misma que permite descubrir si en su cuerpo tiene el SARS-CoV-2. Pues bien, el bioquímico, fallecido en 2019, discutía el cambio climático, defendía la astrología y el consumo de LSD.

El acelerador de las redes sociales. Las teorías conspiranoicas han existido toda la vida. El problema, ahora, es su rápida propagación, mayor que la de una noticia verdadera. Así lo contrastó una investigación en Twitter del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) de 2018. Concretamente, las noticias falsas llegan un 70% más lejos y más rápido que las ciertas porque las falsas parecen más novedosas y la gente es más propensa a compartir información nueva. Además, triunfan porque apelan a sentimientos primarios como el temor, la indignación y la sorpresa.

 

El problema ahora es grave. Si alguien antes creía en los ovnis no perjudicaba a nadie, pero si no cree que la pandemia existe u opina que es malo vacunarse, nos afecta a todos porque propaga la enfermedad. Como nos señala el neurovirólogo Juan Antonio López: “la Organización Mundial de la Salud declaró a los antivacunas como uno de los 10 factores más peligrosos para la salud. Su efecto es tal que resulta inconcebible que por ellos en California haya menos vacunados de sarampión que en Sudán del Sur”.

Y en Twitter, ¿qué opinan?

Las redes sociales son el mejor medio para extender bulos que afectan a nuestra salud. Sin embargo, en ese territorio existen algunas referencias para frenarlas como @lagamez (Luis Alfonso Gámez periodista y creador de la web magonia) @cescept (Promoción del pensamiento racional y crítico) @apetp (Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas). @escepticos (Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico). @maldita_ciencia (divulgación científica).

Cuanto más tiempo creen en una teoría sin respaldo científico, más inflexibles son porque más daño les hace reconocer su equivocación

¿Estudias o teletrabajas?

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¿Estudias o teletrabajas?

LA PREGUNTA más socorrida para iniciar una conversación cambiará. La pandemia y el respaldo jurídico que ha dado el Real Decreto-ley 28/2020 al modelo de trabajo a distancia lo transformará en la forma en la que cada vez nos ganaremos más la vida. 

GABRIEL CRUZ

@Gabrielcruztv
[email protected]

Cuántas veces lo habremos escuchado, hasta en el hilo musical del supermercado, entre las ofertas del día, nos recordaban: “todo pasará”. Pues no, no todo. Volveremos a saludarnos con la mano, los dos besos tardarán un poco más… pero entre lo que se quedará estará el teletrabajo o se le puede decir ¿trabajo a distancia?

Éxodo pandémico. Antes del Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia, lo que teníamos era la Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta fue modificada por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que daba en cinco puntos unas líneas generales sobre el trabajo a distancia. Ahora, con el éxodo pandémico de la oficina al salón, parece que era necesario regular con más prolijidad esta modalidad y de ahí salió el Real Decreto 28/2020 “de trabajo a distancia” que consta de 22 artículos. ¿Merecía la pena hacerlo? Pues parece que no mucho si escuchamos a expertos en derecho laboral como Jordi García Viña, director en el área de Laboral de KPMG Abogados, que nos apunta que “todo lo que sea ordenar las relaciones laborales es positivo. sin embargo, España legisla pensando en la pequeña parte que comete fraude y no piensa en la mayoría que no lo comete. Antes de este Real Decreto-Ley, en el trabajo a distancia funcionaban perfectamente los acuerdos entre empresa y empleado. De hecho, había un centenar de convenios colectivos que lo contemplaban. Sin embargo, con la nueva ley crecerá la burocracia y eso puede ponerle trabas al teletrabajo”. En eso coincide Martin Godino, abogado director de Sagardoy. En un reciente congreso laboral organizado por Lefebvre aseguraba que “muchas empresas van a huir del trabajo a distancia por el volumen de costes y burocracia”. En definitiva, se disminuye la flexibilidad que hasta ahora existía entre la empresa y el trabajador. De hecho, el Ministerio de Trabajo y Economía Social reconoce en la memoria de impacto de la ley en más de 790 millones de euros al año el coste que tendrán que afrontar las empresas en cargas administrativas a partir de la nueva regulación (desde entregas de contratos hasta envío de copias a la administración). Todo ello sólo en burocracia, sin entrar en costes materiales a los que el empresario deberá hacer frente porque es él quien los pagará para que el empleado los use en casa. No le hemos empezado a hablar de la ley y ya empezamos a ver nubarrones. Veamos si podemos despejar algunos.

¿Trabajo a distancia o teletrabajo? Las primeras dudas aparecen con la confusión entre trabajo a distancia y teletrabajo. ¿Es lo mismo? Algunos los usan como sinónimos y otros consideran que son distintos. Sería desperdiciar líneas explayarnos en eso: como si son galgos o podencos. Lo más acertado sería decir que el trabajo a distancia es el que se realiza fuera de los establecimientos de la empresa (casa u otro lugar) y el teletrabajo es una especialidad de la anterior, pero en el que se usa exclusivamente o de forma prevalente las nuevas tecnologías. Por ejemplo, una costurera sería el primer caso, pero no el segundo. Ahora bien, como aclara Jordi García Viña: “el hecho de que hagas tu labor fuera del centro de trabajo no significa que sea trabajo a distancia. Por ejemplo, un comercial que realiza visitas”. En eso coincide Ángel Ureña Martín, abogado laboralista y creador de la web tuasesorlaboral.net que nos comenta que cuando el trabajador “se desplaza fuera de la sede empresarial, como un comercial, sería trabajo fuera de la oficina pero no tiene por qué ser trabajo a distancia o teletrabajo”. Ahora bien, apunta Jordi: “si ese trabajador realiza visitas tres días a la semana y al menos un día y medio está informando desde su casa a sus jefes elaborando informes, llamadas, etc., entonces ese día y medios se considera que entran dentro del teletrabajo”.

Pero, cuidado, porque si es menos de día y medio dentro de una semana clásica de lunes a viernes se considerará flexibilidad laboral y no teletrabajo. La ley lo dice claro: para que esta normativa se aplique hace falta que las horas trabajadas en remoto sean por lo menos el 30% de la jornada semanal (de lunes a viernes) teniendo como referencia un periodo de tres meses. Es decir, el equivalente a un día y medio a la semana.

Ángel Ureña añade más distinciones: “El teletrabajo es ocasional y se desarrolla fuera de la sede de la empresa, pero estando el trabajador conectado a través de sistemas tecnológicos. Mientras, el trabajo a distancia, se realiza de manera continua y no ocasional fuera de la sede empresarial. Además, aquí la función del trabajador se evalúa, por lo general, en base a los objetivos cumplidos. Mientras que en el teletrabajo es por las horas dedicadas, ya que se encuentra bajo la vigilancia del empresario”.

Si creía que estar en su casa era liberarse del jefe, se equivoca. Puede tenerlo más tiempo detrás de su hombro que cuando estaba en la oficina. Existen software de vigilancia empresarial en los que, además del registro de la jornada, queda reflejado qué webs visita durante la jornada de trabajo, cuánto tiempo le dedica a un documento o qué interacciones tiene con otros grupos. Puede, eso sí, negarse a que le instalen software de la empresa si utiliza su propio ordenador, pero si pertenece a su empleador tiene que aceptarlo.

De hecho, el Real Decreto-Ley 28/2020 lo dice muy claramente en su artículo 22: “La empresa podrá adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en todo caso la consideración debida a la dignidad del trabajador”. Es decir, si es de los que les gusta calentar la silla y lleva el “presentismo” en las venas, mejor opte por seguir en la oficina. Nadie le puede obligar a teletrabajar porque es voluntario. A no ser que le obligue el Gobierno.

Voluntario por ambas partes. Es decir, con que el trabajador o la empresa no lo quieran no se llevaría a cabo. Entonces surge la siguiente paradoja: la norma de teletrabajo se impulsó por la pandemia. De hecho, la fórmula real decreto-ley es la que se prevé para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, como señala Jordi García, en caso de que nos obliguen a confinarnos “tanto la empresa como el trabajador no han aceptado voluntariamente esa situación, les ha obligado la autoridad. Es decir, el fundamento de la ley (que ambas partes quieran) no se cumple, con lo cual no debería aplicarse la norma”. Hasta el gobierno ha tenido que admitir que, efectivamente, en caso de confinamiento no se aplicaría.
Si desgranamos la normativa podemos destacar estos otros aspectos:

-La decisión de teletrabajar debe ser un acuerdo firmado y se incorpora al contrato. No sirven acuerdos verbales. Precisamente esta era la elasticidad que había anteriormente. Si entonces al empleado y a la empresa le venía bien el teletrabajo, se ponía en marcha; por ejemplo, en los meses de verano se hacía sin más. Sin embargo, ahora conlleva una burocracia.

-Las empresas pagan todo el material: ordenadores, internet, consumibles, gas o electricidad. Aquí puede ser una pesadilla cómo calcular el incremento de gasto por ejemplo en calefacción o limpieza. Por eso, algunas empresas dan un complemento fijo al salario de la misma forma que hay un complemento de transporte. Las empresas se encuentran ante un cara o cruz en el que aún la moneda está girando en el aire. Tienen que asumir el coste de los equipos que se llevan a casa los empleados, pero a su vez tienen los equipos en su sede física, además de alquiler de la oficina. Por eso algunas empresas prefieren la vuelta de sus empleados a las centrales: se quitan de problemas.

-Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los que estén en la sede de la empresa: mismo sueldo, formación, promoción, etc. 

-El teletrabajador tiene derecho a la desconexión digital ya que su disponibilidad sólo es en los tiempos de horario de jornada.

– La más importante: la decisión de trabajar a distancia será “reversible” en cualquier momento tanto para la empresa como para el trabajador. Pruebe a ver qué tal y si no, ya sabe, podrá volver a su querida oficina.

Pros y contras del teletrabajo

Entre los problemas que sufre el teletrabajador se encuentran el aislamiento, la desvinculación con la empresa (que a su vez genera inseguridad) y el trabajo autogestionado sin posibilidad de hacerlo en equipo. 

En el caso de la empresa, los problemas son las inversiones en tecnología y la formación a los empleados, los costes burocráticos, la vulnerabilidad en la transmisión de la información entre empresa y empleado y la pérdida de sentimiento de unión de los empleados. Además, es más difícil trabajar en equipo y surgen los problemas de comunicación con el empleado (llamarle y comunica, etc.).

Entre las ventajas: mejora del medioambiente pues se evitan traslados a la oficina, ahorro en comidas fuera de casa, mejora la conciliación laboral. Beneficios para la empresa: puede contratar a los mejores profesionales allá donde estén sin el condicionamiento de la distancia, ahorro en instalaciones, fomento del trabajo en lo importante: consecución de objetivos, no pasar horas en la oficina.

Para saber más

Muchos de los estudios sobre teletrabajo que nos hemos encontrado no están actualizados con la nueva normativa. Entre los que sí lo están encontramos la “Guía Sindical Sobre Teletrabajo” del sindicato USO y otro de la consultora KPMG.

¿Qué sucede con los funcionarios?

Para empezar, el Gobierno central publicó su Real Decreto-ley 29/2020 de 29 de septiembre de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas. Se aplica a 2,5 millones de trabajadores públicos. Esa es la base y partir de aquí las comunidades tienen 6 meses para adaptarlo a su personal propio. Pero algunas se han adelantado, como el decreto 79/2020 del 16 de septiembre de la Comunidad de Madrid.

«Teletrabajo, una nueva -y peor- vida», por Pilar Cernuda

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PILAR CERNUDA, periodista


[email protected]

Teletrabajo, una nueva -y peor- vida

Zoom, Hangout, Skype … no hay día en el que no incorporemos una nueva palabra a nuestro vocabulario, pero desde hace tiempo la mayoría de ellas son tecnicismos, relacionadas con el proceloso mundo de internet y sus innumerables aplicaciones.

Internet. El mejor instrumento de comunicación desde que se inventó el teléfono, aunque eso no significa que su utilización haya significado siempre una mejor calidad de conocimiento ni tampoco que las relaciones sean tan enriquecedoras, tan cercanas, tan cálidas, como las que se mantienen cara a cara o a través de conversaciones telefónicas. Las redes sociales, paradigma del mundo asombroso e infinito que se abre a través de internet, pocas veces cumplen el objetivo que debía ser prioritario: participación, comunicación, conocimiento, y en excesivas ocasiones han sido utilizado por desaprensivos, delincuentes informáticos y personajes de la peor calaña para lanzar noticias falsas, destrozar biografías o colocar en las alturas a personajes que no lo merecían; han cambiado gobiernos, promovido partidos extremistas y captado ingenuos con engaños para introducirlos en peligrosos mundos, entre ellos el del terrorismo islamista.

Internet sin embargo ha sido providencial ante una pandemia que asola el mundo; se puede llevar por delante millones de muertes y ha provocado una crisis económica que puede dejar atrás la del 29. Solo en España se calcula que en los próximos meses se triplicará el número de parados, y eso tirando por lo bajo. Si no son más es gracias al teletrabajo. El bendito teletrabajo que se puede realizar gracias a sistemas como los ya mencionados y muchos otros que hoy manejan con total normalidad un porcentaje inimaginable de la población mundial. Teletrabajo que tiene su prolongación en el mundo educativo, con la enseñanza online en colegios y universidades. Una forma también de teletrabajo, pues tanto profesores como alumnos se empeñan en aprender, divulgar y comprobar si funcionan o no las fórmulas que ha sido necesario inventar con urgencia para sustituir las clases presenciales.

El teletrabajo se ha convertido en manual de supervivencia ante un virus letal que nos encierra, cercena los contactos con familiares y amigos, e impide recorrer paisajes más allá del tantas veces recorrido, tantas veces repetido. El teletrabajo permite mantener una mesa y una silla en la que desarrollar lo que uno puede aportar al negocio o empresa al que se dedica profesionalmente, y tangencialmente ha obligado a cambiar hábitos y sumar nuevos conocimientos. Tecnológicos casi siempre –lo que hemos aprendido sobre metodologías que nos parecían inalcanzables por su complejidad…- pero también nos ha enseñado a vivir de otra manera. Con una disciplina en casa que nunca habíamos tenido, con el cumplimiento de un horario estricto. Hemos creado en casa un rincón solo nuestro, con un ordenador que no siempre ha sido fácil conseguir, menos aun cuando son varios en familia, todos ocupados en horario escolar o laboral. No son baratos y no siempre las empresas facilitan el material.

Una ley redactada con urgencia ha llevado al BOE el mes de octubre las normas para teletrabajar, pero en la mayoría de los casos somos nosotros mismos, y nuestros jefes, los que marcamos las propias reglas. Ha habido abusos, con horarios que se prolongaban mucho más allá del que se cumplía en una oficina, pero pocos se atreven a quejarse; es un lujo contar con un trabajo en estos tiempos aciagos.

El teletrabajo ha traído costumbres e incluso manías que no formaban parte de nuestra rutina. Además de la disciplina llevada a rajatabla, se ha acabado estar en casa descuidadamente y sin arreglar; ante los compañeros que nos observan y hablan a través de la webcam aparecen casi siempre librerías, lo que demuestra que se ha intentado colocar el ordenador de manera que salga algo parecido a un despacho, una mesa bien ordenada, un mueble bonito, un cuadro que demuestre nuestro gusto. El teletrabajo es un poco como recibir en casa, y la casa la queremos presentable, acogedora, bien.

La mejor cara de esa fórmula de trabajo es que mantenemos el empleo, nos salvamos de la angustia del paro que en estos tiempos de pandemia nos parece irreversible; es difícil afrontarlo con esperanza. La cara más amarga es que perdemos algo tan sano, sobre todo para los españoles, para los latinos, como es vernos las caras de frente, no a través de una pantalla. El teletrabajo desmonta una forma de vivir, de tratar a familiares y amigos, de compartir unas copas al llegar la hora de la salida. Impide conocernos mejor, intercambiar confidencias, ampliar el círculo, coger una mano al amigo o amiga, abrazar, consolar con un gesto de cariño.

Sobrevivimos al destrozo de la pandemia, sí … pero no vivimos la vida que queremos vivir, que merecemos vivir.

El derecho a decidir de las personas con discapacidad

EN ESTE PAÍS

El derecho a decidir de las personas con discapacidad

La agencia de noticias Servimedia organizó a finales de octubre un diálogo en el que se abordaba El Derecho de las personas con Discapacidad a tomar sus propias decisiones: reformas legales. El encuentro, que contó con numeroso público conectado a través de la plataforma Microsoft Teams, fue retransmitido en directo por el canal de televisión de esta agencia de noticias.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

[email protected].org

@JMCarrascosa

José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, moderó el debate, que contó con los siguientes ponentes: Maria Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rosa Rubio, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad en Canarias; Florentino González, miembro de la Junta Directiva de Down España; y Federico Cabello de Alba, notario y director de asuntos sociales de la Fundación Aequitas.

En el encuentro se abordaron las reformas legales más recientes relacionadas con la discapacidad, haciendo hincapié en el Proyecto de Ley que reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este texto pretende adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en 2006); concretamente su artículo 12, que proclama que los miembros de este colectivo tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás e insta a los gobiernos a que adopten las medidas necesarias en este sentido.

Avance importantísimo. Para Federico Cabello de Alba, «el proyecto de ley supone un avance importantísimo frente a la situación anterior; han tenido que superarse muchas resistencias hasta que ha visto la luz. El cambio principal para el colectivo de personas con discapacidad radica en que pasan de ser objetos de derecho a sujetos de derecho. Asimismo, se reconoce la dignidad de estas personas; además de generar una enorme economía procesal. Lo prioritario de esta reforma es el respeto absoluto por la autonomía de la voluntad».

Sobre el papel de las instituciones tutelares en el nuevo proyecto, el director de asuntos sociales de la Fundación Aequitas apuntó que «seguirán acompañando en las decisiones, ya que asumen el desarrollo de los apoyos y la asistencia, aunque tendrán distinta intensidad». En cuando a la trascendencia práctica, el notario señaló que será «muy importante. Hasta ahora eran personas que querían, por ejemplo, constituir una sociedad y se les negaba la legitimación». Por último, señaló la necesidad de «hacer pedagogía y cambiar las actitudes de la sociedad, de los juristas y de las propias familias. Se deben evitar inercias jurídicas».

Maria Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil, aportó su experiencia como uno de los expertos que han trabajado en el desarrollo del proyecto de ley. «La Comisión General de Codificación inicia este trabajo en 2015. Se ha escuchado a la sociedad civil, a asociaciones y personas implicadas; se han realizado entrevistas a numerosos representantes de la discapacidad en trámite de audiencia pública. Tal y como ordenaba la Convención, esta ley será la primera en la que participen de manera directa sus protagonistas. Ahora le toca el turno a los parlamentarios que pueden perfeccionarla. Lo que hay que hacer con este proyecto cuando se convierta en Ley es mucha pedagogía: su letra, si se aplica con los parámetros de ahora, no cambia nada. Cuando los ‘aplicadores’ del Derecho comprendan las claves del nuevo sistema, se ‘convertirán’ sin lugar a dudas».

La jurista abundó en la importancia de esta nueva normativa. «Incorporará al Derecho español el desarrollo legislativo del artículo 12 de la Convención de la ONU, que es el corazón de este tratado internacional. España prontamente se apresuró en firmar y adherirse a la Convención, pero bastantes años después, ese artículo no se ha adaptado a nuestro ordenamiento. La importancia del proyecto es inmensa; las personas con discapacidad tendrán plena capacidad jurídica en cuanto a titularidad de derechos y de legitimación para ejercitarlos».

«Ahora mismo hay situaciones previas de incapacitación que llegan a prohibir casarse o incluso celebrar determinados contratos, -indicó la civilista-. Cuando entre en vigor la nueva ley se aplicarán medidas transitorias para eliminarlas. Ha habido quejas de asociaciones de jueces mostrándose contrarios a esta situación, afirmando que las sentencias de limitación de la capacidad de obrar eran imposibles de adaptar porque colapsarían los juzgados. Pero no pueden coexistir dos sistemas paralelos: los conformes y los contrarios a la Convención de la ONU. Las sentencias deberán adaptarse en un plazo breve y se deben reivindicar medios humanos para hacerlo».

Derecho a equivocarse. La fiscal Rosa Rubio coincidía en señalar la trascendencia del proyecto: «Va a suponer un antes y un después. Abandonaremos el concepto médico de discapacidad para entrar en el social. Cualquier persona, con independencia de su discapacidad, podrá y deberá ejercer sus derechos. Esta legislación elimina las barreras e impide -con apoyo del Estado- los obstáculos de la sociedad. No se hablará de incapacitación ni privación de derechos. No se necesita presupuesto económico para su aplicación, sino un cambio radical de pensar en los juristas, un cambio de mentalidad que va a llevar un tiempo».

Rubio reivindicó el «derecho de las personas con discapacidad a equivocarse. Debemos dejar que nuestro ser querido se equivoque con todas las consecuencias. El interés debe ser el respeto a su voluntad, no la protección».

Por último, Florentino González, de Down España, señaló que «el papel de las asociaciones va a seguir siendo fundamental en el nuevo Derecho de la Discapacidad». El representante de la ONG señaló que «pasamos ahora del modelo asistencial al de Derechos Humanos bajo la clave de bóveda del artículo 12. El proyecto de ley en general es un avance importantísimo, ya que España va con doce años de retraso. Estamos en condiciones de poder hacer una reforma que sea una referencia para muchos otros países; que cumpla plenamente las orientaciones y recomendaciones de la Convención y que marque un hito en defensa de los derechos y la protección jurídica de las personas con discapacidades».

Comparecencia en la Comisión de Justicia

La misma semana que tuvo lugar el foro de Servimedia TV; la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, comparecía en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el fin de informar sobre el proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Civil y Procesal para el Apoyo de las Personas con Discapacidad.

La notaria valoró muy positivamente el texto del proyecto «dado que asume con carácter general los principios de la Convención. Aunque hay determinadas disfunciones, aspectos perfectibles o mejoras técnicas que pudieran ser introducidas en el trámite parlamentario para conseguir la plena adaptación a los principios de la Convención”, defendió.

Críticas al libro único del registro de la propiedad

Los participantes abundaron en un tema que ha generado controversia: la creación de un libro único informatizado en el Registro de la Propiedad que dará publicidad a las resoluciones judiciales que establezcan medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Para Florentino González, miembro de la junta directiva de Down España, la medida es “un auténtico despropósito. Ese libro podría provocar una estigmatización de las personas con una discapacidad. Desnaturaliza el papel del Registro Civil y privatiza el mismo, e incumple la Convención al publicar la discapacidad», aseguró.

Nueva fiscal especializada en Discapacidad

A finales de octubre, el pleno del Consejo Fiscal nombraba una nueva fiscal de Sala en el Tribunal Supremo, que ejercerá las labores de coordinación de los servicios especializados en la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. María José Segarra, fiscal general del Estado, con más de treinta años de experiencia, desempeñará esta tarea.

Durante el encuentro en Servimedia TV, la fiscal Rosa Rubio -Fiscal delegada de la especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad en Canarias- manifestó que «este nombramiento es una noticia extraordinaria que reforzará la labor de los fiscales dedicados a esta especialidad. El hecho de que esta plaza sea cubierta por quien fuera fiscal general del Estado le confiere fuerza suficiente. Segarra ha demostrado sensibilidad suficiente y desempeñará una labor excelente», aseguró.