Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

El plan “Próxima Generación UE” para superar la crisis del Covid-19 nació a partir de un pacto intergeneracional: los jóvenes pagarán el enorme endeudamiento que financiará el estímulo, a cambio de tener mejores oportunidades, y una Europa más ‘verde’ y digital.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado julio, los líderes europeos llegaron a un acuerdo histórico, en el sentido pleno de la palabra. Por primera vez, la UE se endeudará en los mercados en una cantidad sin precedentes para financiar un paquete de recuperación de 750.000 millones de euros. Este estímulo masivo persigue superar no solo la mayor pandemia que ha sufrido Europa en un siglo, sino también la mayor crisis económica en las siete décadas de historia de la UE.

Los numerosos instrumentos y matices del paquete, las cientos de horas de negociación y miles de páginas que lo hacen realidad, envuelven el principio nuclear a partir del que surge: un pacto intergeneracional entre aquellos que toman las decisiones hoy, y las generaciones de mañana.

Europa va camino de dejar un planeta más contaminado y economías más endeudadas a los jóvenes. Por eso, quiere aprovechar el mazazo del Covid-19, para que el gasto sin precedentes que requerirá salir del agujero sea inversión productiva para transformar cómo vivimos y cómo producimos.

“Propongo un Pacto Generacional para el mañana”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el borrador del plan de recuperación en el Parlamento Europeo en mayo.

“Sí, los efectos de esta crisis significan que necesitamos realizar inversiones a una escala sin precedentes en la actualidad. Pero lo haremos de manera que la próxima generación de Europa coseche los beneficios mañana”, resaltó.

Explicó que se trata no solo de preservar los logros de la UE conseguidos durante siete décadas de integración europea, sino también para conseguir una Europa sostenible, impulsar la transición digital, la cohesión social y reforzar el peso de la UE en un mundo más competitivo e inestable.

Cómo logarlo. Y la herramienta para conseguirlo será el presupuesto comunitario ordinario, que durante los próximos siete años superará el billón de euros, y el fondo de recuperación frente a la pandemia, precisamente bautizado “Próxima Generación UE” (Next Generation EU). En total, más de 1,8 billones de euros, incluidos los 750.000 millones del fondo, un torrente de ayuda europea histórico para salir del agujero.

A España le corresponderán 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. El resto son préstamos en condiciones ventajosas, que el Gobierno ha señalado que no utilizará de momento.

No es la primera vez que la juventud está en el radar de las políticas comunitarias. Tras la pasada crisis, y el riesgo de una ‘generación perdida’ debido a las dificultades de los jóvenes para entrar en el mercado laboral, la Comisión lanzó en 2013 la llamada “Garantía juvenil”.

Se han beneficiado 24 millones de jóvenes de este instrumento. Sin embargo, ha tenido un impacto desigual, en parte debido a la rigidez del sistema y su ambición. El Tribunal de Cuentas de la UE ha cuestionado sus resultados, y en 2017 concluyó que no cumplió con las expectativas creadas. “Muchos jóvenes no han visto su impacto positivo sobre el terreno”, señaló por su parte Ludovic Voet, de la Confederación de Sindicatos Europeos, al medio Euractiv.

Como ya sucediera durante la pasada crisis, los jóvenes han sido de nuevo uno de los colectivos más expuestos al impacto de la recesión causada por el Covid-19. Por eso, junto al gran pacto intergeneracional que representa el fondo de recuperación a largo plazo, la Comisión también propuso el pasado julio una puesta a punto de la “Garantía Juvenil”.

La reforma ya estaba prevista cuando la Comisión von der Leyen tomó los mandos el pasado diciembre. Sin embargo, el impacto de la pandemia le dio nuevas dimensiones y una importancia adicional.

Así, el Ejecutivo comunitario propuso que al menos 22.000 millones de euros del presupuesto plurianual (2021-2027) se destinen al apoyo al empleo juvenil. Tal y como señaló entonces el comisario europeo a cargo de Empleo, Nicolas Schmit, “existe el riesgo de que los jóvenes sean víctimas de esta crisis, lo que podría llevar a una generación perdida o generación bloqueada”.

Schmit advirtió que los jóvenes en trabajos precarios, con contratos laborales limitados, y aquellos que aún no ingresaron en el mercado laboral, no están protegidos por los ERTEs y otros sistemas de corta duración establecidos por los Estados miembros para amortiguar las consecuencias del coronavirus.

Por eso, para la Comisión es importante enviar una «señal» a los jóvenes europeos, para mostrarles que «no se les olvida» en la salida de la crisis más profunda en la historia de la UE, explicó Schimt.

Parte de los 22.000 millones destinados a los jóvenes se canalizarán a través de la nueva Garantía Juvenil.

Compromiso. La Comisión mantiene el compromiso de recibir una oferta de empleo, educación, aprendizaje o formación en un plazo de cuatro meses para quienes se apunten a la “Garantía Juvenil”. La novedad es que será más inclusiva, para evitar cualquier forma de discriminación, con un alcance más amplio a los grupos más vulnerables. Además, se vinculará con las necesidades de las empresas, proporcionando las habilidades requeridas, en particular las de las transiciones verde y digital, y se ofrecerán cursos preparatorios y asesoramiento, orientación y tutoría personalizados, para así facilitar la transición al mercado laboral.

La actuación de la Comisión para apoyar a los jóvenes también incluyó una recomendación para los Estados miembros sobre educación y formación profesional, para que los sistemas nacionales sean más modernos, atractivos, flexibles y alineados con la economía digital y verde. Y propuso dar un nuevo impulso a la Alianza Europea para el Aprendizaje, que ha puesto a disposición más de 900.000 oportunidades. Esta alianza apoya a las pymes y agrupa a sindicatos y organizaciones de empleadores.

El director del centro de análisis Bruegel, Guntram Wolff, considera que los 22.000 millones de euros son “insuficientes para los tres millones de jóvenes desempleados de la UE”, una cifra que probablemente aumentará durante los próximos meses. Por eso pide que las capitales aporten más.

“Europa no puede permitirse volver a olvidar a sus jóvenes. Las instituciones deben contribuir al esfuerzo de evitar otra generación perdida, y los responsables políticos nacionales, en particular, tienen que poner su grano de arena”, escribió Wolff en una tribuna publicada en El País el 11 de noviembre.

Una vez más, el viejo dicho de que Europa avanza a golpe de crisis se ha vuelto a cumplir con la germinación del fondo de recuperación, primer paso hacia la unión fiscal europea. Pero está por ver cuál será el impacto real del gran esfuerzo movilizado por las instituciones comunitarias y por los Gobiernos, para apoyar a la juventud y para garantizarles un futuro más digital y sostenible.

En juego no está solo salir de esta crisis, sino hacerlo garantizando los niveles de bienestar y seguridad que esperan los ciudadanos europeos, en un mundo más duro e inestable.

Draghi: apoyar a los jóvenes es un «imperativo moral»

El pasado mes de agosto, Mario Draghi señaló, en su primer discurso tras dejar la presidencia del Banco Central Europeo, que los gobiernos europeos se enfrentan a «un imperativo moral» para invertir en la educación de los jóvenes. “La deuda creada por la pandemia no tiene precedentes y tendrá que ser reembolsada principalmente por los jóvenes de hoy”, comentó.

Por lo tanto, el italiano subrayó que “es nuestro deber equiparlos con los medios para pagar esa deuda, y hacerlo mientras vivimos en sociedades mejoradas”. Draghi, quien abandonó el BCE el pasado noviembre, dijo que “durante años, una forma de egoísmo colectivo ha llevado a los gobiernos a desviar la atención y los recursos hacia iniciativas que generen retornos políticos garantizados e inmediatos. Esto ya no es aceptable hoy“.

Draghi: Supporting young people is a “moral imperative” 

Mario Draghi said Last August in his first speech after leaving the presidency of the European Central Bank that European governments face «a moral imperative» to invest in the education for young people. «The debt created by the pandemic is unprecedented and will have to be repaid mainly by those who are young today,» he said.

Therefore, the Italian stressed that «It is therefore our duty to equip them with the means to service that debt, and to do so while living in improved societies.» Draghi, who left the ECB last November, said that “For years, a form of collective selfishness has led governments to divert attention and resources towards initiatives that generated guaranteed and immediate political returns. This is no longer acceptable today.

Los jóvenes, insatisfechos

A pesar del foco dado a las nuevas generaciones, el Foro Europeo de la Juventud no se mostró satisfecho con el gran acuerdo de la cumbre de julio.

“En un momento en que los jóvenes ya están soportando el peso de otra crisis más, este acuerdo presupuestario es una decepción. La mayoría de los programas sectoriales que se centran directamente en la juventud o que tienen el potencial de apoyar la transición hacia una Europa más justa, más social y ambientalmente sostenible, ahora no podrán cumplir sus ambiciosos objetivos”, señalaron en un comunicado.

El problema radica en que los líderes dieron un tijeretazo a la propuesta de la Comisión para numerosas partidas del presupuesto comunitario ordinario, como Erasmus, para hacer hueco al fondo de recuperación.

Además, el Foro añadió que, aunque “Próxima Generación UE” tiene previsto ofrecer oportunidades a los jóvenes en el mundo post-covid, no está claro qué recursos se destinarán del total de 750.000 millones. Principalmente porque el uso sobre el terreno de la ayuda europea dependerá de los planes de recuperación que preparen los Estados miembros, y que deberá aprobar la Comisión.

El Parlamento Europeo consiguió revertir parte de los recortes realizados por los líderes el pasado verano, y amarró 2.200 millones más para Erasmus durante las negociaciones con los Estados miembros, pasando a tener 23.400 millones para los próximos siete años.

Young people, dissatisfied

Despite the focus given to the new generations, the European Youth Forum was not happy with the deal achieved in the July summit.

“At a time when young people are  already bearing the burden of yet another crisis, this budget agreement comes as a disappointment. Most of the sectoral programmes with a direct focus on youth or with the potential to support the transition towards a fairer, more socially and environmentally sustainable Europe, will now not be able to meet their ambitious targets, the Forum said in a statement.

They criticised that EU leaders cut the Commission’s proposal for numerous programmes in the EU budget, such as Erasmus, to make room for the recovery fund.

In addition, the Forum added that although “Next Generation EU” plans to offer opportunities to young people in the post-covid world, it is not clear what resources will be allocated of the total of €750 billion, given that the implementation will depend on the national recovery plans drafted by the member states, and which must be approved by the Commission.

The European Parliament managed to reverse part of the cuts made by the leaders last summer, and added €2,2 billion more for Erasmus during negotiations with the member states, now totalling €22,4 billion for the next seven years.

in English

Helping young people to ensure the European recovery

“Next Generation EU” plan to overcome the covid-19 crisis was born from an intergenerational pact: young people will pay the huge debt that will finance the stimulus, in exchange for having better opportunities, and a more ‘green’ and digital Europe.

Last July, EU leaders reached a true historic agreement. For the first time, the EU will borrow an unprecedented amount from the markets to finance a € 750 billion recovery package. This massive stimulus seeks to overcome not only the biggest pandemic that Europe has suffered in a century, but also the most severe economic crisis in the EU’s seven-decade history.

The numerous instruments and nuances of the package, the hundreds of hours of negotiation and thousands of pages behind its implementation hide the core principle from which it came from: an intergenerational pact between today’s decision-makers , and the generations of tomorrow.

Europe is on its way to become more polluted and its economies more indebted for the young. For that reason, the Union wants to take advantage of the covid-19 crisis, to ensure that the unprecedented spending required to get out of the hole becomes a productive investment to transform how we live and how we produce.

«I propose a Generational Pact for tomorrow,» said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, when presenting the draft recovery plan in the European Parliament in May.

“Yes, the effects of this crisis mean that we need to make investments on an unprecedented scale today. But we will do it in a way that Europe’s next generation will reap the benefits tomorrow,” she stressed stressed.

She explained that it is not only about preserving the EU’s achievements conquered during seven decades of European integration, but also about progressing towards a sustainable Europe, promoting the digital transition, social cohesion and reinforcing EU’s weight in a more competitive unstable world.

How to do it. The instrument to achieve these lofty goals will be the EU budget, totalling more than one trillion euro over the next seven years, and the new recovery fund against the pandemic, named «Next Generation EU». In total, more than €1.8 trillion, including the fund’s €750 billion.

Spain will receive €140 billion from the recovery fund, of which €72 billion will be non-refundable grants. The rest are cheap loans that will remain untapped for the time being, the Government said.

It is not the first time that youth has been on the radar screen of the EU institutions. In the aftermath of the past crisis, and given the risk of a ‘lost generation’ due to the difficulties of young people to enter the labor market, the Commission launched in 2013 the“Youth Guarantee”.

Around 24 million young people have benefited from this instrument. However, it had an uneven impact, partly due to the rigidity of the mechanism and its bold ambition.

The EU Court of Auditors questioned its results, and in 2017 concluded that it did not meet the expectations created. «Many young people have not seen its positive impact on the ground,» Ludovic Voet, a representative of the European Trade Union Confederation, told Euractiv.

As it happened during the past crisis, young people have once again been one of the most affected groups by the impact of the recession caused by covid-19. For this reason, together with the intergenerational pact behind the long-term recovery fund, the Commission also proposed an overhaul of the “Youth Guarantee” in July.

The reform was already planned when the von der Leyen Commission took over last December. The impact of the pandemic however gave a new dimension and added fresh importance to its reform.

The EU Executive proposed that at least €22 billion of the EU’s multi-annual financial framework (2021-2027) be allocated to support youth employment. As EU commissioner in charge of Employment, Nicolas Schmit, pointed out in July, «there is a risk that young people will be victims of this crisis, which could lead to a lost generation’ or a ‘lockdown generation’».

Schmit warned that young people in precarious jobs, with limited employment contracts, and those who have not yet entered the labor market, are not protected by ERTEs and other short-term systems established by member states to cushion the consequences of the coronavirus.

For this reason, it is important for the Commission to send a «signal» to young Europeans, to show them that they are «not forgotten» in the exit from the deepest crisis in the EU history, he explained.

Part of the €22 billion earmarked for youth will be channeled through the new “Youth Guarantee».

In the revision, the Commission maintains the commitment to offer a job, education, apprenticeship or training proposal within four months for those who sign up for the “Youth Guarantee”.

The novelty is that it will be more inclusive, to avoid any form of discrimination, with a broader scope to ensure the participation of the most vulnerable groups. In addition, it will be linked to companies’ needs, providing the required skills, in particular those of the green and digital transitions, and preparatory courses and personalised advice, guidance and tutoring will be offered, to facilitate the transition to the labor market.

The Commission’s action to support young people also included a recommendation for member states on vocational education and training, to make national systems more modern, attractive, flexible and aligned with the digital and green economy. The institution also proposed to give new impetus to the European Alliance for Apprenticeships, which has made more than 900,000 opportunities available to date. This alliance supports SMEs and brings together unions and employers’ organizations.

The director of Bruegel, a think-tank, Guntram Wolff, said that the €22 billion are «insufficient for the three million unemployed young people in the EU», a figure that is likely to increase in the coming months. That is why he called on the capitals to contribute more.

“Europe cannot allow itself to forget its young people again. Institutions must contribute to the effort to avoid another ‘lost generation’, and national political leaders, in particular, have to do their bit,”Wolff wrote in an op-ed published in El País on November 11.

Once again, the old mantra of Europe moving forward thanks to a crisis period proved to be right with the creation of the recovery fund, a first step towards a European fiscal union.

But it remains to be seen what will be the real impact of the great effort made by EU institutions and governments to support youth and to secure a more digital and sustainable future.

At stake is not only getting out of this crisis, but doing so while ensuring the levels of well-being and security that European citizens expect, in a harsher and more unstable world.

Europa informa

Página web de la Comisión Europea con toda la información y las últimas noticias sobre el fondo de recuperación y el presupuesto plurianual comunitario (en inglés).

Tribuna del Foro Europeo de la Juventud sobre la mejora de la “Garantía Juvenil” (en inglés).

Nota informativa de los servicios del Parlamento Europeo sobre el fondo de recuperación (en inglés).

Europe informs

European Commission’s website with all the information and the latest news on the recovery fund and the EU multi-annual financial framework.

European Youth Forum’s op-ed on improving the “Youth Guarantee”.

European Parliament’s background document on the recovery fund.

«Repatriar talento», por Carmelo Encinas

ÁMBITO EUROPEO

Carmelo Encinas.

 

CARMELO ENCINAS, periodista

 

[email protected]

@CarmeloEnc

Repatriar talento

La opinión era unánime, nuestra joya de la Corona era la Sanidad pública. Teníamos asumido que en este país a la investigación apenas se le apoyaba y que tampoco éramos fuertes en educación, pero estábamos orgullosos de nuestro sistema de Salud hasta el punto de pensar que la de España era la mejor Sanidad del mundo. Ese mito nos lo ha tumbado de un golpe la pandemia poniendo en jaque la red hospitalaria hasta colapsarla. El esfuerzo realizado en las naves de IFEMA, donde se instalaron miles de camas en un tiempo récord para atender a los enfermos Covid, aunque constituyera una hazaña logística, vino a poner de manifiesto las debilidades estructurales que padecíamos para hacer frente al estrés sanitario en una situación excepcional.

Una circunstancia que provocó escenas terribles en los hospitales que solo vieron en su descarnada realidad quienes las vivieron personalmente. Situación límite que, en gran medida, fue paliada por el sobresfuerzo que realizaron los sanitarios cuya labor profesional, reconocida públicamente, se adentró en el terreno de la épica. Todas las tardes les aplaudimos durante semanas desde ventanas y balcones para agradecer públicamente un trabajo que salvaba vidas asumiendo grandes riesgos.

El posterior avance de la pandemia y la llegada de los rebrotes con su segunda ola ha proyectado una visión aún más preocupante de las debilidades de nuestro sistema público de Salud. La necesidad de cubrir las bajas en un sector sanitario que llega exhausto y, sobre todo, la aún más imperiosa de reforzar la atención primaria como primera fuerza de choque contra los focos de contagio están poniendo de manifiesto una falta de médicos y enfermeras de la que antes apenas se hablaba.

Los sindicatos de sanitarios aseguran que la Sanidad en España y especialmente la Sanidad pública padece un déficit de recursos humanos tan extremo que la mantiene inmersa en el caos. Estas organizaciones sindicales, que lógicamente defienden los intereses de la profesión pero que tienen una información precisa y de primera mano sobre lo que acontece en los hospitales y centros de Salud, atribuyen esta situación a los recortes que durante más de un lustro fueron mermando la capacidad y la calidad del sistema. Eran los años de la crisis, había que ahorrar y se hizo a bulto practicando reducciones de interinos, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR. Todo ello derivó en una precariedad que ya se apreciaba desde hace tiempo pero que se ha revelado alarmante ahora en los tiempos de pandemia.

Desde hacía varios años había ya problemas para cubrir plazas de anestesistas, de pediatras, de radiólogos y otras especialidades, déficit que las circunstancias actuales agravaron. Cuando los consejeros de Sanidad, por el avance de los contagios, se vieron en la tesitura de contratar más médicos y enfermeras para los centros de Atención Primaria se encontraron que no había. Tanto es así que fue planteada la necesidad de homologar los títulos de profesionales extra comunitarios para poder cubrir esas plantillas, algo que de facto venía ocurriendo en los últimos años y que los gerentes justificaban al no tener más remedio que hacerlo ante la falta de profesionales.

Tal carencia de especialistas resulta, como poco, paradójica en un país que tiene más de cuarenta facultades de medicina en funcionamiento y donde no faltan vocaciones ni estudiantes brillantes. Facultades en las que han cursado y cursan estudios decenas de miles de sanitarios muchos de los cuales se vieron abocados a buscarse la vida en el extranjero porque en España o no les daban trabajo o se lo ofrecían en unas condiciones de precariedad impropias de su nivel de formación. El resultado de todo ello fue un éxodo casi masivo de sanitarios a países extranjeros donde su cualificación era reconocida y retribuida adecuadamente. De esta forma, países como el Reino Unido acogían un caudaloso flujo de médicos y enfermeras españoles cubriendo satisfactoriamente esas necesidades que ahora aquí nos aprietan.

El problema originado por la marcha de profesionales sanitarios ha cobrado especial protagonismo a causa de la pandemia, pero no es el de la Sanidad el único sector donde la falta de oportunidades laborales provocó fugas masivas de talento. El mismo desatino condujo a informáticos, ingenieros, biólogos, matemáticos e investigadores altamente cualificados a dejar España y poner en valor sus conocimientos en otras latitudes, lo que constituye un pésimo negocio para el país que costeó su formación.

Todo ese talento expatriado se necesita ahora más que nunca para afrontar el gran reto que supone una pretendida recuperación económica fundamentada en la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. El Plan de Reconstrucción Europea dispone de cantidades ingentes de recursos para financiar inversiones en proyectos de vanguardia con los que se pretende crear cientos de miles de puestos de trabajo de alto nivel y estabilidad.

Es un desafío exigente para la Administración central, para los gobiernos autonómicos y también para los empresarios que, de forma coordinada, han de diseñar una estrategia de planificación adecuada de los proyectos capaces de captar y aprovechar esa inyección de liquidez que se oferta en unas condiciones de financiación inmejorables.

Habrá, sin duda, que potenciar la formación para alcanzar esos objetivos a medio y largo plazo, pero solo obtendremos resultados inmediatos si somos capaces de repatriar el talento fugado con ofertas seductoras. Hay un país por levantar y modernizar y el trabajo de los españoles es apreciado y valorado en todo el mundo. Ahora falta que se valore aquí.

Repatriating talent

Everyone concurred: the public health system was the jewel in our crown. We were accustomed to research attracting barely any support in this country and knew we weren’t strong on education, but we were proud of our health system to the point where we thought Spain had the best one in the world. That myth has been blown out of the water by the pandemic, leaving the hospital network teetering on the brink of collapse. The exertions made at the IFEMA trade fair grounds to set up thousands of Covid beds in record time may have been a logistical feat but only served to show the structural weaknesses we had to deal with when faced with health stress in an exceptional situation.

The pandemic triggered terrible scenes in hospitals only truly appreciated in their stark reality by the people who experienced them personally. This borderline situation was largely alleviated by the huge and publicly recognised effort of the health workers, whose professional labour was nothing short of epic. For weeks we applauded them every evening from windows and balconies in a public display of thanks for their life-saving work that entailed great risks.

The subsequent advance of the pandemic and the arrival of outbreaks in the second wave has been an even more worrying window onto the weaknesses in our public health system. The need to cover absences in a health sector that is already exhausted and, above all, the even more pressing requirement to shore up primary care as the first line of defence against pockets of contagion are revealing a lack of doctors and nurses that was previously scarcely talked about.

Health unions say that health in Spain and especially public health is suffering from a direct shortfall of human resources that keeps it in chaos. These groups, which logically defend the interests of the profession but also have accurate and first-hand information on what is happening in hospitals and health centres, attribute the situation to the cuts that had been impacting system capacity and quality for more than five years. These were the years of the financial downturn, when savings had to be made and so temporary contracts were slashed, involuntary retirements driven through and restrictions placed on the number of medical residents. All this developed into an instability that had been seen for some time but which has proven alarming in a pandemic.

For several years there had been difficulties filling places for anaesthetists, paediatricians, radiologists and other specialties, a shortfall the current circumstances only fuelled. When health departments were forced to cast around for more doctors and nurses for primary care centres due to the advance of infections, they found there were none. The situation was so desperate the authorities considered approving the qualifications of non-EU professionals to secure personnel. Indeed, this had been happening on a de facto basis for years, with managers saying they had no choice given the lack of staff.

This deficit of specialists is, at the very least, paradoxical in a country with more than forty medical faculties and no shortage of bright students or vocations. Faculties that tens of thousands of health workers studied at before being forced to make a life for themselves abroad since in Spain they either could not get a job or were offered one in conditions that fell far short of their level of education. The upshot of all this was a near-mass exodus of health workers to foreign countries where their qualifications were properly recognised and remunerated. Places like the United Kingdom witnessed a steady flow of Spanish doctors and nurses successfully covering the needs we now so urgently have here.

The problem caused by health professionals leaving has become particularly acute with the pandemic, but health is not the only sector where the dearth of employment opportunities has led to significant brain drains. The same job insecurity has seen highly qualified computer scientists, engineers, biologists, mathematicians and researchers leave Spain to supply their expertise to other countries – and this is a terrible business for a country that paid for their education.

All this expatriate talent is now needed more than ever to rise to the enormous challenge of an economic recovery driven by environmental sustainability and digitalisation. The European Recovery Plan can tap vast amounts of resources to fund investments in cutting-edge projects aimed at creating hundreds of thousands of high-level, stable jobs.

It is a demanding challenge for the central government, regional authorities and entrepreneurs, who must pull together to design an appropriate planning strategy to attract and leverage this injection of liquidity provided under excellent financing terms.

It will certainly be necessary to bolster education to deliver on medium- and long-term goals, but we will only get immediate results if we can draw the talent that left back home with attractive offerings. There is a country to be built up and modernised and the work of Spaniards is appreciated and valued the world over. Now it only remains to be valued here.

 

Entrevista a Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

ÁMBITO EUROPEO

Virginijus Sinkevičius,

comisario de la UE de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

«Dar prioridad al medio ambiente hará que las pandemias sean menos probables»

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) es el comisario de la UE más joven de la historia. Antiguo ministro de Economía e Innovación de Lituania, se convirtió en el responsable de Medio Ambiente de la UE. Su prioridad para la Europa post-Covid es que la biodiversidad y la «economía azul» sean parte integral del ‘Pacto Verde Europeo’ y la recuperación en su conjunto, según explica a Escritura Pública en una entrevista.

JORGE VALERO

@europressos

Prestamos mucha atención al clima y a reducir las emisiones, pero la protección de la biodiversidad parece ser una prioridad secundaria. ¿Por qué es eso?

El clima y las emisiones han entrado en el centro del debate político, después de muchos años de promoción y convencimiento. La biodiversidad sigue siendo una frontera nueva para muchos políticos. Sin embargo, la crisis mundial de la biodiversidad y la crisis climática son, en muchos sentidos, las dos caras de la misma moneda. Si dañamos un ecosistema, en realidad liberamos carbono en lugar de almacenarlo en la biomasa y los suelos. Lo contrario es igualmente cierto: cuando restauramos la naturaleza, bloqueamos el carbono y ayudamos a estabilizar nuestro clima. De hecho, más del 30 por ciento de nuestros objetivos de mitigación climática podrían cumplirse con soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar bosques, suelos y humedales, y creando espacios verdes en las ciudades.

La buena noticia es que la concienciación está aumentando, y la crisis del Covid-19 la ha acelerado. Ha mostrado cómo todos dependemos de la naturaleza y cuán devastadores pueden ser los impactos de la pérdida de biodiversidad.

La biodiversidad además está aumentando su importancia en la agenda política. La Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre atestigua la creciente concienciación entre los líderes mundiales de que es necesario actuar ahora. Por primera vez en la historia, se comprometieron conjuntamente a revertir la degradación del entorno, poniendo la naturaleza en primer término de los planes de recuperación, y trabajando para lograr un acuerdo ambicioso para la naturaleza y las personas.

La UE predicará con el ejemplo, ya que ser pioneros es esencial si queremos llegar a un ‘Marco Global de Biodiversidad’ posterior a 2020 ambicioso, significativo y de alto impacto en Kunming (China) el próximo año.

Algunas tendencias que vimos durante la pandemia, como las entregas a domicilio o la comida para llevar, pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Está preocupado por esto?

Estoy de acuerdo, se trata de tendencias preocupantes y un informe reciente de la Agencia Europea del Medio Ambiente las describió en detalle. La pandemia del Covid-19 ha provocado cambios significativos en la producción y consumo de plásticos y en los residuos plásticos. Además de un aumento repentino en la demanda mundial de equipos de protección personal, se impusieron medidas de bloqueo en la mayor parte de Europa, junto con estrictos requisitos de higiene. Muchos restaurantes pasaron a ofrecer servicios de comida para llevar y entrega con envases de plástico de un solo uso, y varios grandes minoristas de café dejaron de permitir que los clientes trajeran envases recargables.

A corto plazo, esto puede representar un desafío adicional para los esfuerzos de la UE para frenar la contaminación plástica y avanzar hacia un sistema más sostenible y circular. La Comisión está prestando un gran apoyo al sector de la gestión de residuos y, en particular, al sector del reciclaje, garantizando que tengan acceso a la financiación necesaria.

¿Considera que los esfuerzos realizados por el sector privado son suficientes para proteger el medio ambiente y los océanos?

Las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al cambio climático y la degradación ambiental, a medida que crece la concienciación de que la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y de los servicios que brinda. Durante el último año hemos visto un cambio importante en la agenda medioambiental, con el creciente interés de la comunidad empresarial.

En la última Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre, más de 600 empresas, que representan 4,1 billones de dólares de ingresos anuales, pidieron un plan colectivo por la naturaleza, instando a los gobiernos a adoptar políticas para revertir la pérdida del medio ambiente en esta década. Si queremos que las empresas amplíen sus acciones, necesitamos las políticas adecuadas y eso es lo que estamos haciendo con el Pacto Verde Europeo.

¿Cuál es su mayor prioridad legislativa para este mandato, considerando que gran parte de la atención se centrará en salir de la recesión?

Mi prioridad es asegurar que nuestro medio ambiente y “la economía azul” formen parte integral del Pacto Verde Europeo, que es el plan de Europa para hacer que la economía de la UE sea sostenible y hacer que esta transición sea justa e inclusiva para todos.

En cuanto a la biodiversidad, esto significa revertir la pérdida del entorno europeo para 2030 y liderar los esfuerzos mundiales para reducir los daños a nuestro medio ambiente. Esto también significa cumplir con la ambición de cero contaminación, teniendo en cuenta la calidad del aire y el agua, los productos químicos peligrosos, las emisiones y los pesticidas. Igualmente queremos desvincular el crecimiento del uso de recursos, avanzando en el plan de acción de la economía circular, especialmente en sectores intensivos en recursos y de alto impacto, como la construcción, el textil y la electrónica.

Los océanos son un desafío particular. Dependemos de ellos para la alimentación, el transporte, el aire que respiramos. Al mismo tiempo, también encaran una presión increíble, desde el agotamiento de las poblaciones de peces hasta el aumento de la contaminación. Para abordar estos problemas, estoy liderando los esfuerzos para conseguir océanos libres de plásticos y contaminación, mientras que al mismo tiempo quiero garantizar una pesca sostenible y una economía azul próspera para los mares y océanos de Europa.

Todo esto jugará un papel importante en el proceso de recuperación. Como sugiere la evidencia científica más reciente, dar prioridad a las políticas respetuosas con el medio ambiente también hará que crisis como la actual pandemia del Covid-19 sean menos probables, y nos hará más resistentes para enfrentar situaciones similares en el futuro.

¿Está haciendo la UE lo suficiente en materia de alimentación sostenible?

Va a ser extremadamente relevante, ya que avanzar hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible es una piedra angular del Pacto Verde Europeo. Por eso, la Comisión presentó las estrategias de Biodiversidad y ‘De la granja a la mesa’, cuyo objetivo es restablecer el equilibrio entre la naturaleza y los sistemas alimentarios, proteger la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE.

Para llegar hasta ahí, debemos involucrar a todos los elementos en la cadena alimentaria (agricultores, procesadores de alimentos, minoristas y consumidores), y hacerles comprender que la naturaleza y la agricultura van de la mano, y dependen en gran medida unos de otros. Sin suelos sanos y polinizadores, no hay agricultura.

La UE apoyará a los agricultores en esta transición a través de una amplia gama de instrumentos, con beneficios para ellos y sus comunidades, y también se esforzará por orientar a la industria alimentaria hacia prácticas que hagan que la elección saludable y sostenible sea fácil para los consumidores.

¿Teme que la grave crisis económica y sanitaria en España obstaculice sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y la biodiversidad?

España fue uno de los Estados miembros más ambiciosos en el Consejo de Medio Ambiente, apoyando firmemente la ambición de la estrategia de Biodiversidad de la UE y todos sus objetivos. Por eso, creo que nuestros homólogos españoles entienden muy bien que proteger y restaurar la naturaleza puede estimular la recuperación y crear empleo, ayudándonos a construir una sociedad más sana y resiliente. Ahora es el momento de invertir en la naturaleza en lugar de desinvertir.

España tiene excelentes condiciones para hacerlo. Es una referencia destacada dentro de la UE en términos de capital natural y posee una biodiversidad muy rica.

Sin embargo, al igual que en cualquier lugar de Europa, sus hábitats y especies están bajo una presión continua, con solo el 8,9% de los hábitats y solo el 18,9% de las especies en buenas condiciones. Esto se debe principalmente a las presiones de la agricultura, el desarrollo, la construcción, el transporte y la silvicultura. Por tanto, queda mucho por hacer y espero que España pueda garantizar la protección de su biodiversidad, de acuerdo con la legislación medioambiental europea.

Entiendo que el Plan de Recuperación Post-Covid, lanzado recientemente por el Gobierno español, tiene como meta lograr ambiciosos objetivos ambientales, climáticos y energéticos en un plazo de tres a cuatro años, financiado con hasta 140.000 millones de euros de subvenciones y préstamos de la UE, por lo que creo que se trata de un desarrollo muy positivo.

In English

Virginijus Sinkevičius,

commisioner for Environment, Oceans and Fisheries
“Prioritizing the environment will make pandemics less likely”

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) is the youngest ever EU commissioner. A former minister of Economy and Innovation in Lithuania, he became the EU’s environment chief. His priority for the. post-Covid Europe is that the environment and ‘blue economy’ become an integral part of the European Green Deal and the recovery as a whole, he tells ‘Escritura Pública’ in an interview.

-We pay a lot of attention to climate and curbing emissions, but the protection of biodiversity seems to be a secondary priority. Why is that?
Climate and emissions have entered the mainstream in politics, after many years of advocacy and convincing. Biodiversity is still a new frontier for many policymakers. But the global biodiversity crisis and climate crisis are in many ways the two sides of the same coin. If you damage an ecosystem, it actually releases carbon instead of storing it in biomass and soils. But the opposite is true as well when we restore nature, we lock away carbon and help stabilize our climate. In fact, over 30 percent of our climate mitigation targets could be met by nature-based solutions, such as restoring forests, soils and wetlands, and creating green spaces in cities.

The good news is that this understanding is increasing, and the Covid crisis accelerated it. It showed how we all depend on nature, and how devastating the impacts of biodiversity loss can be.

Biodiversity is also rising on the political agenda. The UN Biodiversity Summit in September testifies to the growing awareness among world leaders that action is needed now. For the first time ever, world leaders made a joint commitment to reverse nature loss, put nature first in recovery plans, and work towards an ambitious deal for nature and people.

The EU will lead by example as front runners are essential if we want to arrive at an ambitious, meaningful and high-impact post-2020 Global Biodiversity Framework in Kunming next year.

Some trends we saw during the pandemic (home deliveries, take-aways) can have a negative impact on the environment. Are you worried about that?
I agree, these are worrying trends, and a recent EEA report describes them in detail. The Covid-19 pandemic has caused significant changes in the production and consumption of plastics, and in plastic waste. In addition to a sudden surge in global demand for personal protective equipment, lockdown measures were imposed across most of Europe, coupled with stringent hygiene requirements. Many restaurants moved to offering take away and delivery services using single-use plastic containers, and several large coffee retailers stopped allowing customers to bring refillable containers. 

In the shorter term, this may bring an additional challenge to EU’s efforts to curb plastic pollution and move towards a more sustainable and circular plastics system. The Commission is providing a lot of support to the waste management sector and in particular the recycling sector, ensuring that they have access to the necessary funding.

Do you consider that the efforts made by the private sector are sufficient to protect the environment and oceans?
Businesses are increasingly becoming aware of the risks associated with climate change and environmental degradation as understanding is growing that half of global GDP depends on nature and the services it provides. Over the last year we have seen a major change on the nature agenda, with the growing interest of the business community.

At the last UN Biodiversity Summit in September, more than 600 companies, representing 4.1 trillion US dollars of annual revenue called for collective action for nature, urging governments to adopt policies to reverse nature loss in this decade. So if we want business to scale up action, we need the right policies in place and that’s what we’re doing with the European Green Deal.

What is your biggest legislative priority for this mandate, considering that most of the focus will be given to getting out of the recession?
My priority is to ensure that our environment and blue economy form an integral part of the European Green Deal, which is Europe’s plan to make the EU’s economy sustainable and make this transition just and inclusive for all.

On biodiversity, this means reversing the loss of nature in Europe by 2030 and leading global efforts to curtail biodiversity loss. This also means delivering on the zero-pollution ambition, looking at air and water quality, hazardous chemicals, emissions and pesticides. We also want to decouple growth from resource use, advancing on the circular economy action plan, especially in resource-intensive and high-impact sectors such as construction, textiles and electronics.

Oceans are a particular challenge. We rely on them for food, for transport, for the air we breathe. At the same time, they also face incredible pressures, from depleting fish stocks to increasing pollution. To address this, I am leading efforts towards plastic-free and pollution-free oceans, while at the same time ensuring sustainable fishing and a thriving blue economy for Europe’s seas and oceans.

All this will play a major role in the recovery process. As the latest scientific evidence suggests, prioritizing environmentally friendly policies will also make crises like the current Covid-19 pandemic less likely and will make us more resilient in dealing with similar situations in the future.

Is the EU doing enough on sustainable food?
It is going to be extremely relevant, as moving towards a healthier and sustainable EU food system is a cornerstone of the European Green Deal. This is why the Commission came forward with the Biodiversity and Farm to Fork strategies, which aim to restore the balance between nature and food systems, to protect our people’s health and wellbeing, and at the same time increase the EU’s competitiveness and resilience.
In order to get there, we need to get everybody in the food chain on board –farmers, food processors, retailers and consumers– and make them understand that nature and agriculture go hand in hand and depend heavily on one another. Without healthy soils and pollinators, there is no agriculture. 

The EU will support farmers in this transition through a wide range of instruments with benefits for them and their communities, as well as strive to steer the food industry towards practices that make the healthy, sustainable choice the easy one for consumers.

Do you fear that the severe economic and health crisis in Spain will hamper its efforts to protect the environment and biodiversity?
Spain was among the most ambitious Member State in the Environment Council, strongly supporting the ambition of the EU Biodiversity Strategy and all of its targets. So I think our Spanish counterparts understand very well that protecting and restoring nature can stimulate recovery and create jobs, helping us to build a healthier and more resilient society. That now is the time to invest in nature rather than divest.

Spain has excellent conditions to do that. It is an outstanding reference within the EU in terms of natural capital and holds a very rich biodiversity.

However, just like anywhere in Europe, its habitats and species are under continued pressure, with only 8,9% of the habitats and only 18,9 % of species in good condition. This is mostly due to pressures from agriculture, development, construction, transport and forestry. So a lot remains to be done and I’m hope that Spain will be able to ensure the protection of its biodiversity in line with European environmental legislation.

I understand that the recently launched Post-Covid Recovery Plan by the Spanish government aims to achieve ambitious environmental, climate and energy objectives within three to four years, financed by up to 140 billion euros of EU grants and loans, so I think this is very positive development.

La asignatura de la incertidumbre

ALDEA GLOBAL

La asignatura de la incertidumbre

Señala la Unesco que más de 1 500 millones de estudiantes en todo el mundo «están o han sido afectados por el cierre de escuelas y universidades debido a la pandemia de la Covid-19». Las consecuencias de esta situación, a la que nos impulsa la necesidad de defendernos del SARS-CoV-2, a corto, medio y largo plazo, tienen unas dimensiones sobre las que alertan varios organismos internacionales. Llegado el tiempo de ir al colegio, al instituto, a la universidad… la única asignatura común es la incertidumbre. Porque mientras el ritmo vital de la humanidad no se detiene, somos incapaces de poner freno a la crisis sanitaria, y consecuentemente social, que nos rodea.

MELCHOR DEL VALLE [email protected] @mechiva Facebook: Melchor del Valle

LOS AUTÉNTICOS problemas, y de esto alertan organismos como la Unesco, están en suprimir radicalmente las clases presenciales. Ello, aunque el alumno tenga la posibilidad de conectarse a su profesor y compañeros con un buen equipo y mejor línea de datos (internet, para entendernos). “El cierre de escuelas –dice esa organización de la ONU que vela por la Educación, la Ciencia y la Cultura– conlleva altos costes sociales y económicos para las personas en todas las comunidades. Sin embargo, su impacto es particularmente severo para los niños y niñas más vulnerables y marginados y sus familias. Las perturbaciones resultantes exacerban las disparidades ya existentes dentro del sistema educativo, pero también en otros aspectos de sus vidas”.

Trece desasosiegos. Tras el párrafo que reproducimos en la página anterior y que, por su contundencia, deja un rastro de angustia difícilmente definible, la Unesco relaciona trece aspectos que consideran responsables de los apuntados altos costes sociales y económicos. Van desde lo más lógico y reconocible, como la interrupción del aprendizaje o el incremento en la deficiencia de la nutrición (por la ausencia de comedores escolares), hasta lo más espinoso de resolver, el aislamiento social, o lo más deleznable, como la mayor exposición a la violencia y la explotación: “cuando las escuelas cierran, aumentan los matrimonios precoces, se recluta a más niños en las milicias, aumenta la explotación sexual de niñas y mujeres jóvenes, los embarazos de adolescentes se vuelven más comunes y el trabajo infantil aumenta”.

El número de niños en el mundo a los que afecta el cierre escolar o las limitaciones para que puedan asistir es complejo de definir. Los diferentes organismos que lo miden cuentan con sus propias observaciones, lógicamente, pero también con los datos que les facilitan los distintos Estados. Quizás por eso, diferencias como las que podemos poner aquí de manifiesto: para una misma fecha, el 8 de noviembre de 2020, el Banco Mundial calcula que había 693,9 millones de niños cuyos países han cerrado los colegios y otros 129,7 millones que pueden asistir, pero con limitaciones. Para la Unesco, los niños afectados eran 224 millones. Tengan en cuenta que ponemos las cifras en pasado y referenciadas a una fecha concreta, porque la actualización de estos datos es constante, aunque no al mismo ritmo. Los números, en cualquier caso, son bastante mejores que solo quince días antes. Sobre la cantidad de países que cierran total o parcialmente sus centros escolares también hay discrepancias, probablemente por lo que unos y otros consideran cierre total, cierre parcial, cierre con limitaciones o apertura sin condiciones (la única condición es cumplir determinadas normas de protección sanitaria). Por dar una idea, hablamos de entre 30 y 60 países con cierres totales (de nuevo referenciado a 8 de noviembre). España, según el Banco Mundial, está en “cierre con limitaciones” o, según la Unesco, en fully open (completamente abierto): este ejemplo puede dar una idea de la diferencia de criterios sobre la realidad que el lector tiene más cerca.

Entre dos miedos. Nos referimos al temor de que los estudiantes sean vía de expansión del virus y al de que se den todos o alguno de esos trece riesgos que citábamos antes. De ahí las reacciones de los distintos países, muy influenciadas también por sus cifras respecto al número de contagios. Este aspecto, sin duda, irá determinando cambios para compatibilizar seguridad con recomendaciones de Naciones Unidas, con lo que es muy probable que algunas cosas no sean hoy, justo cuando usted se para en estas líneas, como nosotros lo describimos una o dos semanas antes. Pero intentemos un panorama internacional.

En Europa, en general, la apuesta es por la apertura total, con normas similares en los Estados en cuanto a distancia de seguridad, ventilación, higiene de manos, limpieza de pies, toma de temperatura, etcétera. Hay alguna particularidad, como Países Bajos, que no ha hecho obligatoria la distancia mínima, aunque sí la ventilación. Es más irregular lo dispuesto para el uso de mascarillas. En Francia y España, entre otros, se ha hecho obligatorio su uso: para los mayores de 11 años los galos y para los mayores de 6, nosotros. En Países Bajos y Alemania no es obligatorio el uso de mascarillas, excepción hecha de algunos landers germanos y de Berlín, que administrativamente se asimila a un lander. Hay alguna curiosidad como en Italia, donde se propusieron garantizar, al menos, un metro de distancia entre los alumnos, para lo que se apresuraron a hacer un pedido de pupitres especiales; eso sí: donde no lleguen, mascarilla permanente.

Y el mundo. Sin ánimo de ser exhaustivos, que sería imposible, por otro lado, podemos empezar por el país que fue el principio de todo: China. Su “problema” son los 200 millones de personas que se incluyen en el sistema educativo, así que, como en el resto de las actividades del país asiático para controlar la pandemia, normas estrictas en los centros: aulas desinfectadas hasta la obsesión, mascarillas, códigos sanitarios para entrar en los campus, tomas de temperatura y pruebas de ácido nucleico (las denominadas pruebas NAT, que son el método preferido de diagnóstico porque pueden brindar evidencia confirmada de infección).

Estados Unidos no tiene un criterio uniforme. En general, se recomiendan las medidas ya citadas para Europa, pero mientras que en algunos sitios combinan clases presenciales y telemáticas, en otros, como Los Ángeles o Atlanta, solo se imparten las no presenciales. Está también el caso de Nueva York, donde podrán ser presenciales los estudios en los distritos con una incidencia inferior al 3%. En Uruguay, uno de los países con menor incidencia de la pandemia, las clases empezaron en junio con bastante normalidad (recordemos que están en el hemisferio Austral), pero con un estricto protocolo nacional sobre normas de seguridad, incluyendo el uso de mascarillas (“tapabocas”) e instrucciones específicas sobre cómo actuar si hay un caso confirmado o sospechoso de infección. Si nos damos una vuelta por otras zonas continentales, en Israel, el plan de vuelta a clases tiene dos elementos base: número máximo de 18 alumnos por aula y solo dos días de clases presenciales a la semana (el resto, online). Y en Corea del Sur, hay turnos rotatorios a lo largo de la semana para que solo una tercera parte de los estudiantes de cada clase –dos tercios si son de bachiller– pueda asistir en modo presencial mientras los demás están vía online.

Datos de contagio. Otra cuestión es si con las medidas de seguridad, aunque sean mínimas, las clases presenciales suponen un mayor riesgo de contagio. Según la experiencia de países como Dinamarca y Finlandia, ese riesgo es mínimo. Con datos de la pasada primavera en Dinamarca, en plena primera oleada de la pandemia, cinco semanas después de la reanudadas las clases “no se pueden ver efectos negativos de la reapertura de las escuelas”, según explicó a la agencia Reuters Peter Andersen, doctor en epidemiología y prevención de enfermedades infecciosas del Danish Serum Institute. Las medidas danesas se basaron en los denominados “grupos burbuja”, evitar coincidencias en horas de entrada y salida y áreas diferenciadas en los patios de recreo. Finlandia reportó una situación similar en cuanto a una bajísima incidencia de contagios en las escuelas y a partir de ellas, aunque referido a un periodo de dos semanas solamente, lo que es poco tiempo, pero coincide con lo que internacionalmente se considera lapso de seguridad para controlar la transmisión del virus.

Evidentemente, muchos de los temores ponen sobre el tapete algo más que las consecuencias derivadas de que un grupo de estudiantes estén juntos en un aula durante varias horas. El transporte hacia y desde los centros de estudio, los momentos de descanso (los “recreos”) o los comedores escolares son aspectos que se miran con algo más que recelo. Y ello, aunque ya se tengan modelos informáticos de la transmisión del virus por aerosoles, según los cuales es mucho mayor riesgo de que los contagios vayan del profesor a los alumnos y no a la inversa.

Por si las dudas

What have we learnt? Hechos salientes de una encuesta a los ministerios de educación sobre las respuestas nacionales a la COVID-19.
UNESCO, UNICEF y Banco Mundial (octubre de 2020)

The impact of the Covid-19 pandemic on education financing.
Grupo Banco Mundial (mayo de 2020).

Protocolos y medidas: actuación para el desarrollo de la actividad educativa en la naturaleza ante el covid-19.
Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza EdNa (mayo de 2020)

Marco para la reapertura de las escuelas.
UNICEF (abril 2020).

Un día a día distinto

VARIOS maestros y profesores de centros públicos y concertados de toda España nos han hecho llegar sus respuestas a una pregunta que formulamos vía online y con vocación de síntesis: “¿Puede decirnos en pocas palabras cuál es el cambio más significativo en su actividad diaria (solo uno, por favor) en el comienzo de este curso?”. Resumidas y ordenadas de mayor a menor coincidencia, he aquí los aspectos más citados:

  1. Tener que recordar permanentemente las medidas de seguridad en el aula/patio/comedor.
  2. Adquirir el hábito de dar clases online y alternarlas con la presenciales o dar clases mixtas.
  3. Adquirir/ampliar habilidades telemáticas.
  4. Inventar/crear apoyos didácticos (dos de los profesores han citado proyectos de “gamificación”) para mantener la atención de los alumnos, sobre todo en las clases mixtas (presenciales/telemáticas).
  5. Asegurarnos de que llegan bien los mensajes (tareas, instrucciones, horarios, cambios, calificaciones) por WhatsApp/Telegram/redes sociales.

Al aire libre

UNA carta publicada por Science en octubre de 2020 y firmada por Kimberly Prather, de la Universidad de California en San Diego, en nombre de un grupo de científicos, ponía de manifiesto una vez más que el contagio en lugares abiertos es mínimo. Esto ha dado alas a los que piensan que las aulas ideales en tiempos de pandemia son las que tienen por tejado el cielo y mejor si están rodeadas solo de árboles; algo que no es nuevo, porque ya en pandemias anteriores se había llevado a cabo. Y aunque la primera imagen que tenemos de aulas al aire libre es la de aldeas con pocos recursos, pero con buen clima, el frío y la lluvia, dicen, no tiene que ser obstáculo. Meses antes de la carta de Prather, se empezaron a producir movimientos en todo el mundo apostando por las aulas abiertas, que están recibiendo el aval de los epidemiólogos más reconocidos. En España contamos con la Asociacion EDNA de Educación en la Naturaleza, que ha diseñado sus Protocolos y medidas. Su idea es que los espacios existen y que solo hay que habilitarlos.

«La otra vuelta al cole», por Xavier Bertolín

ALDEA GLOBAL

La otra vuelta al cole

XAVIER BERTOLÍN,
Director Corporativo de Educación de la
Fundación “La Caixa”


@FundlaCaixa
Instagram: fundlacaixa

NUNCA antes la vuelta al cole había cobrado tanto significado. Ni había estado tan lejos de ser ese reencuentro con compañeros y amigos tras el verano. Con la llegada de la nueva normalidad, la mochila de alumnos, padres y profesores para el nuevo curso 2020-2021 ha estado cargada hasta arriba de incertidumbre.

La pandemia nos ha mostrado con toda su crudeza problemas sociales que ya conocíamos. Ha ahondado la brecha digital y nos ha vuelto a recordar que la inclusión y la conciliación familiar son fundamentales. En la escuela, además, hemos identificado problemas de infraestructuras, de capacitación docente en lo relativo al uso de herramientas digitales y de ausencia o presencia de la aplicación real de un plan digital de centro. Los esfuerzos de la comunidad educativa se han focalizado en intentar dar, a pesar de todo, la mejor respuesta posible a un reto sin precedentes: poder garantizar el derecho a una educación de calidad y en equidad a millones de escolares que estaban confinados en sus domicilios.

Hoy sabemos que la escuela no estaba preparada para la pandemia, que no estaba preparada para dar continuidad a la actividad educativa más allá de la actividad presencial. Ni, en definitiva, para verse forzada a llevar a cabo una transición tan repentina como acelerada a un modelo de aprendizaje a distancia y online. Con serias dificultades para acceder a la enseñanza en línea por parte de muchas familias, la complejidad de la inclusión y la atención a la diversidad en un contexto virtual, la escuela sólo digital no estaba al alcance de todos. Hemos puesto a prueba con mayúsculas nuestro sistema educativo. Y esa prueba está constatando que, pese a los esfuerzos de las administraciones por impulsar la digitalización de la enseñanza en los últimos años, no se estaba produciendo, realmente, una transformación digital en el sector educativo. A esto hay que añadir que estamos conociendo, de la mano de varios organismos especializados en la materia, los efectos negativos que esta crisis está teniendo en el aprendizaje de los alumnos y en el incremento de la tasa de abandono educativo. Las expectativas a corto plazo no son nada halagüeñas.

El reciente informe Efectos de la crisis del coronavirus en educación, publicado el pasado mes de marzo por la OEI, destaca que “el cierre de los centros escolares puede afectar al aprendizaje de los alumnos, especialmente de los más rezagados. Además, agravan esta situación factores como son la situación económica y laboral en los hogares, el acceso a internet o incluso el nivel de estrés de los padres, actores fundamentales en el acompañamiento de la educación en casa”. Y desde Unesco se advierte que hasta 24 millones de alumnos desde preescolar hasta ciclos superiores podrían abandonar los colegios en 2020 como consecuencia de los cierres de sus centros escolares. Una tendencia especialmente preocupante en nuestro país, si tenemos en cuenta que el que tiene mayor tasa de abandono estudiantil del continente europeo (17,3%) según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE de 2019.

Ahora bien, si en algo hay consenso en la comunidad educativa es que la asistencia presencial es necesaria. Por un lado, al evidenciarse las actuales carencias del sistema educativo respecto a la enseñanza online. Y por otro, todavía más preocupante, constatar que con el cierre de las escuelas se han acentuado significativamente las diferencias sociales. De hecho, la llamada brecha digital ha afectado desproporcionadamente a los niños de bajo nivel socioeconómico, con discapacidades y de otros grupos vulnerables.

Como confirmaba la ministra de Educación, Isabel Celaá, a comienzos de agosto “si algo hemos aprendido de la pandemia es que, además de que la escuela es insustituible, los resultados de la presencialidad también lo son”.

Pero la reapertura y el retorno de esa presencialidad necesaria deben hacerse en condiciones de seguridad y de manera compatible con la mejor respuesta general ante la Covid-19. En este sentido, un equipo de expertos de la Universidad de Harvard ha publicado recientemente un informe con diferentes indicaciones para que se reduzca el riesgo de contagio. Con este documento, titulado Escuelas saludables. Estrategias de reducción de riesgos para la reapertura de las escuelas, los investigadores aseguran que existen pruebas científicas que indican que los riesgos a los que se exponen los estudiantes y empleados se pueden reducir si las escuelas implementan estrictas medidas de control y reaccionan de manera dinámica ante los brotes que pudieran aparecer.

Así y todo, busquemos una respuesta sanitaria y educativa coherente, globalmente satisfactoria. Pasemos a la siguiente fase. No nos quedemos en una vuelta al cole con una presencialidad de saldo. Apuntemos hacia otra vuelta al cole, con las mejores condiciones de aprendizaje y enseñanza para todo el alumnado.

Partimos del hecho de que los docentes poseen diferentes niveles de competencia digital o tecnológica. Y de que esta desigualdad se traslada a los conocimientos o habilidades que adquirirán sus estudiantes. Es, por tanto, una tarea ineludible favorecer procesos formativos de capacitación que busquen la mejora de la competencia digital. Y sumarle la creación de espacios virtuales de intercambio de buenas prácticas en red, una red “entre-profes” que aprenden juntos y colaboran. A lo que hay que añadir el impulso de nuevos modelos de liderazgo en los equipos directivos de las escuelas que se comprometan, apuesten e inviertan en la formación permanente de su profesorado. Prerrequisitos indispensables para el aprendizaje del alumnado en un contexto de educación a distancia y online. Demos continuidad a la senda iniciada con lo mucho que hemos aprendido sobre educación en este tiempo de pandemia, e impulsemos la transformación educativa en la era digital.

No dejar ni una empresa atrás

ENTRE MAGNITUDES

No dejar ni una empresa atrás

A fin de evitar que colapsara el crédito a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, el Gobierno lanzó en su día un ambicioso plan de ayudas por un importe de 100.000 millones de euros para que bancos y compañías pudiesen disponer de financiación en forma de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, la llegada de la segunda ola del Covid-19 ha trastocado las optimistas previsiones de duración de la crisis y, por ende, ha alejado el escenario de recuperación de rebote rápido en forma de V, por lo que se antoja necesario adaptar las ayudas al nuevo horizonte de creciente incertidumbre. para tratar de salvar cientos de miles de puestos de trabajo. Ante este panorama, el Gobierno ha sido sensible al clamor empresarial y ha tomado la decisión de flexibilizar el plazo de devolución de estos préstamos.

FERNANDO GEIJO

[email protected]
@fergeijo
Facebook:  Fernando Geijo

LA CAÍDA EN picado de la facturación en numerosos sectores ha motivado que las empresas tengan que seguir haciendo frente a sus facturas y gastos con una caja, cada vez más mermada, que no acaba de recuperarse. Si a esto unimos que las entidades financieras retraen, como es habitual, su actividad crediticia en época de crisis y que la ansiada recuperación rápida con un rebote enérgico se ha esfumado hacia un escenario, en el mejor de los casos, más desigual con un esquema en V asimétrica, la situación de incertidumbre se antoja muy complicada en los próximos meses.

No sin el Estado. Empresarios y entidades bancarias vienen reclamando desde hace meses al Gobierno una inyección de liquidez al tejido productivo para evitar la quiebra de miles de pymes y trabajadores autónomos en el marco de la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia.

Al igual que sucedió en otros países de nuestro entorno, donde Alemania anunció en su día avales para créditos a las empresas por un monto de 500.000 millones de euros y Francia hizo lo propio por un importe de 300.000 millones, en España se anunció en marzo el lanzamiento de una línea de créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del aval del ICO por la ambiciosa cifra de 100.000 millones de euros.

La idea era que los bancos prestasen esos fondos a las empresas de todos los tamaños y sectores sin temor a engordar sus ya de por sí castigadas tasas de morosidad. Además, las autoridades preveían que, gracias a la colaboración privada, ese volumen de fondos aumentase hasta los 150.000 o 200.000 millones de euros.

La clave residía en que, con la garantía del Estado, las entidades financieras se protegían de eventuales impagos futuros de esos préstamos, destinados a afrontar la falta de liquidez y a apuntalar el circulante de un agonizante tejido empresarial en estado de hibernación forzosa.

Morir de éxito. La propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró en su momento que estos avales ya habían facilitado cerca de 750.000 operaciones, por un importe de alrededor de 70.000 millones de euros, lo que permitió dotar al tejido productivo con una financiación de más de 92.000 millones de euros, concentrado, en su gran mayoría, en autónomos y pymes.

Por consiguiente, el Gobierno se dispuso a ampliar las ayudas a tenor de la evolución de la crisis sanitaria y ante la gran acogida de esta iniciativa, agotada en los meses siguientes hasta conseguir alrededor de un total de 10.000 operaciones al día, tras completar los cinco tramos en que fue desglosada.

Para ello, anunció en julio el lanzamiento de una nueva línea de créditos avalados de nuevo por el ICO, esta vez por un importe de 50.000 millones de euros. El objetivo era apuntalar sobre todo la actividad de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores por cuenta propia, pero vinculando en este caso las ayudas a fomentar la actividad inversora. En especial, los dos ejes considerados de mayor valor añadido, como son la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

Los nuevos avales sumados a los lanzados en la primera fase de la pandemia conformaban una bazuca nada desdeñable de 150.000 millones de euros, lo que supone movilizar nada menos que el 12,5% del PIB español. Cantidad que podría incluso incrementarse hasta los 200.000 millones gracias a la colaboración público-privada.

Entre las condiciones de esa segunda línea, se mantenía el porcentaje de riesgo cubierto por el aval en el 70% cuando este iba destinado a grandes empresas y en el 80% cuando la financiación se destinaba a las exhaustas cuentas de pymes y de empresarios autónomos.

Sin embargo, esta vez se decidió ampliar el plazo de amortización del crédito de cinco a ocho años, dado que estos están dirigidos a fomentar la inversión y no la liquidez.

Adaptación imperiosa. La virulencia de los rebrotes del Covid-19 ha puesto de nuevo contra las cuerdas a una economía que ya funcionaba a medio gas con respiración asistida. Los cierres perimetrales y confinamientos, más o menos severos, se han convertido en la tónica habitual no sólo en España sino en toda Europa.

Ante esta situación, autoridades, patronales y entidades financieras se han puesto manos a la obra para tratar de reestructurar los créditos ICO. Su intención es flexibilizarlos mediante la extensión del plazo de amortización, más allá de los ocho años, dotarlos de un período de carencia mínima de dos años, desde los seis meses actuales, y per- puedan tener quitas o conversión de deuda en capital, entre otros aspectos.

En este contexto, el Gobierno recogió el guante al publicar en el BOE el 17 de noviembre el Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que, entre otros aspectos, incluye la ampliación de la devolución de los créditos ICO, hasta el 15 de mayo de 2021, el alargamiento del plazo de abono en tres años extra, hasta un máximo de ocho (cuando el plazo anterior lo fijaba en cinco) y el aumento de la carencia de pago de 12 a 24 meses.

Para acceder a esta flexibilización, es necesario no estar inscrito en el registro de morosos ni tener procedimientos concursales pendientes; no contar con impagos superiores a los 90 días en créditos ICO o en cualquier otro otorgado por esta entidad y que la Comisión Europea realice una autorización expresa de la ampliación en cuestión. Finalmente, los bancos dispondrán de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes de ampliación de plazos, sin poder obligar para acceder a ello a contratar otros productos o subir el interés sin que esté justificado por el coste.

En cualquier caso, estas medidas no son la panacea frente a la verdadera solución, que inexorablemente pasa por la reactivación plena de la economía, una vez se disponga de una vacuna para hacer frente al coronavirus.

Hasta entonces, cualquier solución adoptada, por muy loable que sea, siempre tendrá sus pros y también sus inevitables contras. En este caso, relacionados con la elevación del déficit público hasta alcanzar cotas nunca vistas, escalando sólo en 2020 en un 14,1% del PIB, según estimaciones del FMI, hasta situarse en el 123% en diciembre, cinco puntos por encima de la previsión del Gobierno.

Otra consecuencia negativa podría ser, además, utilizar los fondos ICO para dar oxígeno a empresas no viables, conocidas popularmente como zombies, drenando recursos para las que sí tienen futuro, una vez superados sus problemas puntuales de solvencia.

Asimismo, hay que añadir que en octubre la Autoridad Bancaria Europea (EBA) comunicó a las entidades financieras la finalización de la excepcionalidad de las medidas contables decretadas en marzo por la pandemia. En consecuencia, los bancos deberán volver a provisionar en sus cuentas de resultados los créditos impagados y elevar así su ratio de morosidad.

La situación anterior permitía establecer moratorias y carencias para alargar los pagos de los intereses o del principal sin que la EBA exigiera que se considerasen morosos.

Está previsto que estas moratorias comiencen a expirar en marzo de 2021 y las entidades financieras temen que no puedan ser renovadas en las mismas condiciones favorables que antaño, lo que podría ocasionar el temido cierre del grifo del crédito y la entrada en concurso de acreedores de miles de compañías, agravando el problema en una suerte de pernicioso efecto dominó.

Además, muchas empresas no solicitaron en su día créditos con aval del ICO, confiando en su propia capacidad de generación de recursos. Pero ante la gravedad de la segunda ola del virus ahora sí se lo estarían planteando como una necesidad imperiosa para sobrevivir. El problema es que en estos momentos los bancos son más reticentes a la concesión de créditos, dada la incertidumbre que rodea a la economía y a la nueva norma contable comunicada por la EBA, que no considera adecuado que se prolongue una medida tan excepcional, ya que teme que sirva para ocultar la morosidad.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que incluye la relación de medidas de ayuda a disposición de las empresas, incluyendo la financiación del ICO.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, dotada con hasta 100.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Inversión Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, dotada con hasta 40.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Arrendamiento Covid-19, Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, dotada con hasta 1.200 millones de euros.

Guía para la solicitud de líneas de avales y préstamos ICO, publicada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Extender plazos de amortización e incluir quitas de deuda, entre las medidas propuestas de flexibilización
Cuando menos, es más
LA respuesta fiscal a la pandemia en las cinco mayores economías europeas refleja que España ha sido el país que menos líneas de avales garantizados ha puesto a disposición de su tejido productivo, 200.000 millones de euros, frente a los 750.000 millones de euros destinados en Alemania, y los entre 400.000 y 300.000 millones de euros que aportaron en Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, tras analizar el grado de ejecución de estos, España lidera el ranking al lograr comprometer un 46% de las ayudas, frente a un 5% de Alemania, pasando por un 36% en Francia, un 18% en Reino Unido y un 17% en Italia. Entre los motivos apuntados desde el FMI, capacidades burocráticas y restricciones aparte, estaría la propia demanda realizada por las empresas.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
Espada de Damocles hostelera

CIENTOS de profesionales de la hostelería se manifestaron en septiembre pasado en Madrid para exigir medidas de apoyo bajo el lema #salvemoslahostelería, para lo que el sector, que emplea a 1,7 millones de personas y supone el 6,2% del PIB español, demanda:

  • La flexibilización de los créditos ICO.
  • La ampliación de los ERTEs.
  • Actuaciones efectivas de apoyo al empleo.
  • La aplicación de una rebaja temporal del IVA.
  • La aprobación de una renta variable para el alquiler de locales comerciales.

Fuentes: Confederación Empresarial de Hostelería de España y Asociación Empresarial de Marcas de Restauración.

«Oxígeno para pymes y autónomos», por Juan José Morodo

ENTRE MAGNITUDES


JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Oxígeno para pymes y autónomos

Cuando Sequoia Capital, uno de los fondos más reconocidos de Silicon Valley, hizo sonar la alarma en marzo con un comunicado en el que advertía a los emprendedores que venía financiando sobre la necesidad de reconsiderar la situación, estaba describiendo el futuro inmediato. El impacto del Covid-19 sobre la demanda planteaba una seria amenaza para compañías poco capitalizadas, como las startups tecnológicas, que suelen vivir de sucesivas rondas de financiación. No eran una excepción.

Muchas empresas de todos los sectores, sobre todo pymes, ya no volverán a abrir sus puertas tras la pandemia. Y otras muchas tampoco lo harán si no cuentan con herramientas de apoyo claras, ágiles y eficaces que pongan remedio a las enormes dificultades derivadas del inédito frenazo en el negocio, en gran parte debido a confinamientos decretados por las autoridades. El tsunami del Covid ha arrasado con todo, y en el caso del tejido empresarial y del empleo se ha manifestado con extrema dureza también a la espera de una vacuna efectiva.

El Gobierno estableció desde marzo de 2020 medidas para salvar la dovela central que sostiene la economía del país: las pymes y los autónomos. Los créditos con aval del ICO han servido para proporcionar la imprescindible liquidez con el objetivo de evitar las temidas tensiones de tesorería, solventar los gastos fijos, la asfixia en las nóminas o el pago a los proveedores en los primeros meses de la crisis sanitaria. Y, pese a los galimatías denunciados por algunas empresas y desencuentros iniciales entre el sector financiero y el Ministerio de Asuntos Económicos, la recuperación de una relación más fluida los ha llevado a cumplir, con diversas ampliaciones, su función de manera útil y en unos momentos en que la liquidez urgía hasta el límite de la supervivencia. Sin embargo, pasados nueve meses de pandemia, el escenario sigue siendo tenebroso y todo indica la urgencia de medidas a más largo plazo.

Son estos, los plazos de carencia y amortización, el principal problema. Porque aquellas medidas se pensaron para una relativamente pronta recuperación con la que la segunda oleada y su virulencia han dado al traste. Pero la ampliación de estos periodos o la búsqueda de fórmulas para que el ICO pueda reestructurar la deuda de los avales que ha concedido a los bancos para que facilitaran liquidez, así como la línea destinada a la inversión (esta con escasa demanda), sirven, pero no bastan. Como no bastará, por sí sola, la aplicación de los fondos provenientes del Plan de Recuperación para Europa, por muy ingentes que parezcan. Si las dificultades de liquidez derivan en problemas de solvencia y no se acometen reformas estructurales con urgencia, el viaje habrá sido en vano. Y una morosidad ingobernable puede asomar en cualquier momento.

Las restricciones derivadas de la segunda oleada de contagios tras el verano intensificaron los riesgos para la estabilidad financiera y lastran con una pesada losa la recuperación de la actividad. En el escenario actual, parece una lectura optimista incluso la del Banco de España, cuando aplaza al menos hasta fin de 2022 la vuelta a los niveles preCovid.

Ante situaciones excepcionales, urgen medidas excepcionales. Las reestructuraciones de financiación, las ayudas directas o incluso las quitas, significativamente en los sectores más perjudicados por el parón, serán fórmulas que bien diseñadas y aplicadas con eficacia y bajo los principios de viabilidad y buenas prácticas pueden resolver parte del problema. Pero urge también toda una batería de medidas dirigidas a facilitar la oferta y reactivar la demanda, como moratorias fiscales y de alquileres (incluidas rentas variables), bajadas de IVA y planes sectoriales pormenorizados.

El Gobierno ha reconocido que medidas que fueron efectivas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los créditos con aval del ICO, “son insuficientes” hoy, ante una falta de demanda que a octubre había hundido los ingresos del 74% de las pymes y con la mitad viendo en riesgo su supervivencia, según el Barómetro de Cepyme. El 64% de los empresarios consultados creen que las medidas del Gobierno han sido “malas o muy malas”. En este sentido, la prolongación de los ERTE debe ser más que una decisión coyuntural e intermitente, y estos requieren igualmente un rediseño que permita a pymes y autónomos planear a largo plazo.

Las empresas con la persiana bajada son un grave coste para toda la economía en términos de riqueza y de empleo. Es una negra espiral que se retroalimenta, como han expresado con preocupación los primeros espadas de los grandes. Un diagnóstico que empeora al comprobarse la incertidumbre de una recuperación incierta.

Frente a inútiles disputas sobre cuánto caerá el PIB este año o el próximo, lo relevante es conocer cuándo se va a recuperar el crecimiento. Porque el aumento de las restricciones por toda Europa, donde están los principales clientes de nuestras empresas y los primeros emisores de turistas hacia España, extiende más incógnitas en el horizonte.

Quienes abren la persiana cada mañana tienen que saber a tiempo con qué cuentan para sacar adelante su negocio, además de solidaridad. El escudo social más valioso para los ciudadanos es la defensa de las pymes y los autónomos, incardinados con la gran empresa como claves de la riqueza, la recaudación tributaria y el empleo, sin los cuales la economía se deshilacha y este último desaparece.

Fomentar capital oxígeno, respaldar a las startups, diseñar programas de venture capital, mimar a los business angels, incentivos extra para quienes tengan el coraje de invertir en producción… Es larga la lista de acciones para impulsar el tejido empresarial. De ellas dependerá el futuro del empleo y, a la larga, del país. 

La ocasión es crítica y ha propiciado que pequeños emprendedores y grandes corporaciones hayan aprendido en tiempo récord a colaborar frente a la crisis. Es también una ocasión histórica para que las pymes den el salto al siglo XXI. Las que adopten soluciones ágiles y creativas podrán sobrevivir. Las que no, pagarán una cara factura.

Kilos que lastran la infancia

CONSUMO

Kilos que lastran la infancia

La pandemia del coronavirus no está ayudando a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas españoles. El confinamiento, el sedentarismo, la mala alimentación y el estrés han hecho mella en la salud de los más pequeños. Los expertos advierten sobre la prevalencia de la obesidad y reclaman un mayor compromiso social en la lucha contra con las dietas hipercalóricas, el consumo de azúcares, la falta de actividad física y hasta la publicidad.

MARIÁN LEZAUN

[email protected]
@mlezaun

La tasa de obesidad infantil sigue creciendo y se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública. Una tendencia del primer mundo que muestra las grandes paradojas de la infancia: mientras miles de niños mueren de hambre cada día en los países más pobres, otros tantos pequeños luchan contra enfermedades propias de los adultos debido a una ingesta excesiva de comida. Según un estudio publicado recientemente por la Revista Española de Cardiología, el 34 por ciento de la población española entre 3 y 24 años tiene sobrepeso y obesidad. Además, entre los menores de 8 años, la cifra aumenta hasta el 40 por ciento. Se trata de un problema grave porque el sobrepeso tiene una incidencia negativa en la salud y en la calidad de vida de los niños y los jóvenes. Y es que los kilos de más solo contribuyen a desarrollar problemas músculo esqueléticos, cardiovasculares, diabetes e hipertensión e incluso ciertas enfermedades mentales como depresión, ansiedad, o trastornos del sueño y la alimentación.

Otro tipo de pandemia. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desde las consultas de los pediatras, la voz de alarma saltó ya hace tiempo, pero la situación no mejora. El consumo de alimentos ultraprocesados, de grasas, de azúcares y la falta de actividad física siguen en aumento. La falta de tiempo de los padres para cocinar y planificar mejor los menús diarios, la comodidad que brinda la comida rápida y ciertos hábitos poco saludables, como el abuso de las pantallas en el tiempo de ocio, están haciendo mella en la salud de los más pequeños. Además, hay que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad metabólica en la que intervienen la genética y las hormonas, por lo que, en ocasiones, una vez que se manifiesta es muy difícil de controlar. Para los expertos, el principal problema es que no hay un compromiso firme de todos los implicados para atajar de raíz esta otra pandemia que ha quedado en un segundo plano, dadas las circunstancias actuales, pero que es una gran amenaza para el futuro de nuestros niños. “El aumento de la obesidad infantil es un problema multifactorial. Hay un cambio social en la alimentación que produce un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables. Al mismo tiempo, hay una tendencia a la disminución de la actividad física ya que muchas actividades recreativas son sedentarias y, cada vez más, utilizamos distintos medios de transporte para desplazarnos”, advierte Mireia Montaña, investigadora del Grupo Game de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la misma universidad.

Las marcas utilizan multitud de recursos para captar la atención de los niños

El origen. El origen del problema es variado y, aunque la responsabilidad primera es de las familias, también existen otras causas de difícil control. Por un lado, están las marcas y anunciantes de productos considerados insanos que no tienen en cuenta la vulnerabilidad del público al que se dirigen; por otro están los hábitos sociales tan arraigados en nuestra cultura y, para terminar, las circunstancias económicas y sociales de cada familia. Por eso, toda intervención es bienvenida. “Poco a poco, los gobiernos están tomando decisiones en este sentido, aunque algunos países son más activos que otros”, explica Montaña. Esta experta, que ha estudiado cómo influye la publicidad en el consumo alimentario y la relación del consumo de alimentos de escaso valor nutricional con el estado de ánimo personal bajo (comer emocional o emotional eating, en inglés), lamenta que los anunciantes no estén más comprometidos. Este hábito alimenticio se refiere a aquellas personas que buscan compensar sus necesidades emocionales mediante la ingesta de productos, sobre todo ricos en energía, pero de escaso valor nutritivo. Según ha publicado Montaña, “también se ha demostrado que la publicidad de productos que se comen por placer, pero sin hambre -como el chocolate o las patatas fritas- pueden modificar el comportamiento y causar alteraciones alimentarias, como el trastorno por atracón”. Por eso, esta experta recomienda a los anunciantes que revisen los mensajes que promueven el lado más hedonista de la alimentación. Mientras, las marcas utilizan multitud de recursos para captar la atención de los más pequeños: mascotas, regalos, música, códigos de descuento, packaging atractivo y juegos digitales para atraer la atención de niños y jóvenes. Los niños son un público vulnerable y no es ético dirigirse a ellos con determinadas estrategias, pero se hace. “Hay estudios que afirman que los niños menores de 8 años no saben distinguir todavía un anuncio de una noticia informativa. Muchos tampoco son capaces de leer la información que sale sobreimpresionada sobre hábitos de alimentación saludable”, señala Montaña.

La solución. Pero, ¿hasta qué punto el niño tiene capacidad de decisión en la compra familiar? Según los expertos, son muchas las compras en las que los niños participan de manera activa. Hay que tener en cuenta que, muchas veces, los padres compran a los niños golosinas a modo de premio, o que les compensan comprando lo que quieren. Estas actitudes pueden convertirse en un problema cuando los niños tienen sobrepeso. “Si hacemos buena pedagogía social sobre la importancia de alimentarse de forma adecuada, llevar a los niños al supermercado podría ser una buena ocasión para que los padres y las madres puedan enseñar a los niños a comprar los productos adecuados, a leer las etiquetas nutricionales, etcétera”, recomienda Montaña.

Para Amelia Martí del Moral, catedrática de Fisiología en la Universidad de Navarra y coordinadora del Grupo de Obesidad Infantil de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), “el supermercado es la puesta en escena de lo que los niños han aprendido a través de la publicidad, la televisión y las redes sociales”. De las familias depende el uso que se haga de él.

Los expertos advierten, además, que la obesidad puede enmascarar otro tipo de problemas como son la baja autoestima o la falta de atención por parte de los adultos. “Hay que estar muy atento porque se pueden presentar trastornos del comportamiento alimentario y afecciones psiquiátricas, entre otras”, explica Amelia Martí del Moral, catedrática de Fisiología y coordinadora del Grupo de Obesidad Infantil de la SEEDO (Sociedad Española del Estudio de la Obesidad) en la Universidad de Navarra. Para esta experta, la señal de alerta debe saltar si se observan cambios ante cualquier evento relacionado con la comida (dieta poco saludable) o la falta de actividad física (sedentarismo).

La tasa de obesidad infantil sigue creciendo y se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública

Azúcar,  te dejo

El Gobierno contempla subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10 por ciento al 21 por ciento con la intención de reducir su consumo y luchar contra la obesidad infantil. Los zumos envasados, los refrescos, los batidos y las bebidas edulcoradas forman parte de la dieta de muchos niños pese a la información disponible sobre los perjuicios de consumir en exceso estos productos. Por eso, de manera paralela, el Ministerio de Consumo ha lanzado una campaña Azúcar, te dejo con el objetivo de promover una alimentación más saludable entre el conjunto de la población. El consumo de estos aditivos está por encima de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se limita a menos del 10 por ciento de la energía diaria consumida. Para algunos sectores se trata simplemente de una medida recaudatoria, aunque los expertos en nutrición la valoran de manera positiva. “En Cataluña, el aumento del impuesto sobre las bebidas azucaradas redujo su consumo en un 22 por ciento”, explica Mireia Montaña, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Para saber más

Código Paos: El código Paos es un compromiso de corregulación dirigido a las empresas del sector alimentario y bebidas con el objetivo evitar abusos sobre la publicidad dirigida a los más pequeños. De adhesión voluntaria, se puede consultar en la web del Ministerio de Consumo.

OMS: En la web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pueden consultar las recomendaciones para mejorar la alimentación de la infancia y sobre todo la salud de los más pequeños.

La Fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol ha elaborado un estudio sobre la obesidad infantil, que es uno de los grandes retos de la entidad. Para erradicarla, la fundación trabaja la educación, la prevención y la intervención.

Si no se anuncia, no se compra
La alimentación también se educa. Por eso, no se trata tanto de prohibir la publicidad de los alimentos insanos sino de transmitir a los niños las bondades de una alimentación adecuada y de un estilo de vida saludable. En líneas generales, tomar una chocolatina de vez en cuando o un dulce no convierten a nadie en obeso si su dieta es variada, rica y practica actividad física con asiduidad. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar el equilibrio y muchos niños terminan abusando de los alimentos insanos que ven en la publicidad. Existen trabajos en el Reino Unido que sugieren que las restricciones de publicidad televisiva de los alimentos y bebidas menos saludables en horario de tarde (entre las 17:00 h y las 21:00 h) podrían reducir la obesidad infantil en dos tercios, “Se calcula que si todos estos anuncios de alimentos insanos se retirasen de la franja infantil, los niños verían 1,5 anuncios menos, al tiempo que reducirían la ingesta calórica. Los datos concluyen que si esto ocurriese, habría 40.000 menores menos con sobrepeso solo en el Reino Unido”, explica Amelia Martí del Moral, catedrática de Fisiología de la Universidad de Navarra.

«Un grave problema de salud pública», por José Ramón Lozano Petit

CONSUMO

JOSÉ RAMÓN LOZANO PETIT

Secretario General de la Federación UNAE

@_UNAE_

Un grave problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva mucho tiempo advirtiendo que el sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, ya que constituyen un importante factor de riesgo para llegar a ser un adulto con obesidad y padecer diabetes, colesterol elevado, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas. Además, el exceso de peso repercute negativamente sobre el aparato locomotor, reduciendo la tolerancia al ejercicio físico y causando problemas respiratorios. Como dato significativo hay que recordar que cada año mueren casi tres  millones de personas en el mundo por obesidad. Pero el sobrepeso también suele afectar negativamente al desarrollo emocional y social de los niños y adolescentes, causando sentimientos de inferioridad, rechazo y baja autoestima, con tendencia al aislamiento y comportamientos depresivos e incluso puede provocar trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia.

Aunque pueden influir factores genéticos, el cambio de los hábitos de alimentación y la disminución de la actividad física son las causas principales de este problema. El aumento del consumo de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasos nutrientes, vitaminas y minerales, y la naturaleza sedentaria de muchas actividades de ocio influyen notablemente en el aumento del sobrepeso desde edades tempranas. Por todo ello, la detección precoz del sobrepeso y su prevención durante la infancia son fundamentales para contribuir al mantenimiento del peso correcto desde la niñez y durante la vida adulta.

Nuestro país no es ajeno a este problema, pues el sobrepeso y la obesidad han crecido de forma sostenida en las cuatro últimas décadas. Ya en 2003 uno de cada cuatro niños y niñas y dos de cada cuatro adultos españoles padecían exceso de  peso. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad impulsó en 2005 la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) para  sensibilizar y concienciar sobre el problema de la obesidad y fomentar la alimentación saludable y la práctica de actividad física.

En nuestro país el reciente Estudio Aladino 2019, sobre la alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España, elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), del Ministerio de Consumo, destaca que la prevalencia de sobrepeso y obesidad sigue siendo alta, ya que aproximadamente cuatro de cada diez escolares de 6 a 9 años presenta exceso de peso, concretamente el 23,3% sufre sobrepeso y el 17,3% obesidad. No obstante este porcentaje ha descendido ligeramente desde 2011 cuando se realizó el primer Informe Aladino, pero con tendencia a la estabilización.

El problema del sobrepeso en menores aumenta en familias con rentas bajas, que tienen un menor consumo diario de fruta y verduras y mayor ingesta de productos procesados. También influyen de forma negativa el sedentarismo y el escaso gasto energético. Además es preocupante que muchas veces los padres perciban erróneamente el exceso de peso de sus hijos como normal e incluso saludable.

Por eso el mejor tratamiento de la obesidad infantil es la prevención desde los primeros años de vida, estableciendo hábitos saludables mediante una alimentación equilibrada y el desarrollo de actividad física. Para ello los padres deben tener información adecuada sobre el valor nutricional y energético de los alimentos, para diseñar una dieta equilibrada que incluya todo tipo de alimentos. En una dieta adecuada para una persona sana la mitad de la ingesta debe ser de origen vegetal, y hasta un 90% de alimentos poco procesados, incluidos carne y pescado. Es conveniente aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, disminuir la ingesta total de grasas, sustituyendo las saturadas por las insaturadas, y reducir el consumo de azúcares. De hecho el azúcar está presente de forma natural en muchos productos, desde la fruta hasta los lácteos, pero también se encuentra en la mayoría de los alimentos procesados, desde el pan hasta los precocinados, de forma que muchas veces se consume una cantidad  excesiva sin ser conscientes de ello.

Por tanto, la prevención de la obesidad infantil exige una respuesta coordinada de todos los agentes implicados, no sólo la industria alimentaria y el sector publicitario, sino también las autoridades sanitarias, padres y educadores, entre otros, impulsando políticas para promover hábitos saludables tanto en el entorno familiar como escolar. Por estos motivos, el Ministerio de Consumo ha elaborado un plan integral para fomentar la alimentación saludable centrado en cuatro ámbitos: etiquetado, fiscalidad, publicidad y formación e información de los consumidores.

La primera medida es el desarrollo del sistema de etiquetado frontal Nutriscore, que probablemente entrará en vigor en nuestro país en 2021. En segundo lugar figura la propuesta de reforzar el Código PAOS, el sistema de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, que se inscribe en el marco de la Estrategia NAOS, y cuya reforma es una demanda tradicional de las asociaciones de consumidores y usuarios. Entre otras medidas, se elevará la edad de protección de este colectivo desde los 12 a los 15 años y prohibirá la publicidad de los productos alimentarios de baja calidad nutricional. Además, desde hace unos años se está desarrollando un plan de reformulación de algunos alimentos para recudir sus niveles de sal, grasa y azúcar. Otra medida que proponen los expertos es retirar los productos menos saludables de las máquinas dispensadoras, sobre todo en centros escolares y sanitarios.

La mascarilla: una gran aliada

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La mascarilla: una gran aliada

En apenas un año las mascarillas han dejado de ser un sistema de protección individual casi minoritario, reservado para determinadas actividades profesionales, a formar parte de nuestra vida cotidiana. Desde el pasado mes de mayo, la obligatoriedad de uso se ha ido imponiendo en todos los ámbitos de nuestra vida y, según reconocen los expertos, pasará mucho tiempo hasta que consigamos desprendernos de ella.

MARIÁN LEZAUN

[email protected]
@mlezaun

Mientras la vacuna para combatir la Covid-19 llega al mercado, la mascarilla será nuestra mejor aliada. Sin embargo, utilizarla de manera adecuada y saber cuál necesitamos en cada ocasión sigue planteando numerosas incógnitas. Para aprovechar mejor la protección que ofrece cada una y elegir la más segura conviene conocer la opinión de los expertos del sector.

“La mascarilla no protege completamente de la transmisión de la Covid-19 y debe usarse como medida adicional junto a la distancia social, la llamada etiqueta respiratoria (cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca), y el correcto lavado de manos”, explica contundente Irene Suárez Antuña, del Área de Información del Medicamento de la Dirección de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Dicho esto, por ahora, es una de las mejores barreras que tenemos para evitar el contagio. Si bien es cierto que, en un primer momento, las autoridades sanitarias desaconsejaron su uso generalizado, a favor de los guantes y el hidrogel, el tiempo ha demostrado que no hay que bajar la guardia y que cualquier protección es poca. De hecho, en algunas comunidades como el País Vasco o Andalucía, las mascarillas serán también obligatorias para practicar deporte en espacios urbanos y en los lugares de trabajo, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Se trata de normalizar su uso y de que, mientras dure la pandemia, exista una concienciación mayor sobre la necesidad de protección.

¿Cuál elegir? Pero para muchos consumidores, comprar una mascarilla puede ser una odisea si no cuentan con la información adecuada. Los expertos recomiendan, en primer lugar, analizar las necesidades que tiene cada uno, ver el entorno personal y profesional en el que se va a mover y, en función de ello, decidirse por el uso de una u otra mascarilla. En la farmacia y en el centro de salud te pueden aconsejar y siempre es mejor pedir ayuda profesional que dejarse llevar por el boca a boca. Si no hay una exposición directa al virus, la mascarilla higiénica sería suficiente. “No es necesario utilizar una mascarilla autofiltrante para realizar actividades cotidianas”, reconoce Luis Gil, secretario de Asepal, la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual. Aunque, también hay que tener en cuenta la situación personal de cada uno y su estado de salud.

En el punto de mira se encuentran las mascarillas de tela o las caseras, ya que, si bien se han convertido en un producto de moda, los expertos advierten de que no se ha evaluado correctamente su efectividad. Las mascarillas de tela funcionan como las higiénicas y, aunque utilicen tejidos que permitan la respiración y la filtración de partículas, su eficacia depende de cómo estén realizadas y si cumplen con la norma UNE 0065-2020, que es la que establece los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas reutilizables para niños y adultos. Por eso es mejor comprarlas siempre en un establecimiento de confianza y que cuente con las garantías necesarias.

Al final, se trata de hacer el mejor uso posible de ellas y evitar problemas añadidos que puedan darse. Porque, ¿pueden provocar algún problema respiratorio o infeccioso si se usan de manera continuada o de manera errónea? “Las mascarillas tienen una vida útil limitada. Si alargamos su uso por encima del tiempo recomendado, podría disminuir su capacidad de filtración y acumularse partículas, virus o bacterias sobre su superficie, lo que podría favorecer la aparición de infecciones del tracto respiratorio, o alteraciones de la piel como eritema, acné o sequedad”, señala Suárez. Para minimizar la aparición de problemas derivados del uso de la mascarilla, es imprescindible hacer un uso correcto de la misma y mantener una buena higiene. “En primer lugar, debemos tener las manos limpias siempre que manipulemos la mascarilla, tanto para ponerla como para quitarla, evitando tocar las mucosas y los ojos”, dice esta experta.

Tiempo de uso. Respecto al tiempo de uso, las recomendaciones generales son de cuatro horas para mascarillas higiénicas y quirúrgicas, y de ocho horas para mascarillas autofiltrantes. En el caso de que se humedezca o deteriore la mascarilla, debemos remplazarla automáticamente. Si retiramos la mascarilla temporalmente, por ejemplo para comer o beber, debemos guardarla en una bolsa limpia y no dejarla sobre superficies, con el objetivo de evitar la contaminación, así como la transferencia de posibles virus desde la mascarilla.

Y en el caso de los más pequeños, ¿deben usarla? En el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, que profundiza en las medidas instauradas por la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, se establece el uso obligatorio de mascarillas, preferentemente higiénicas o quirúrgicas, en aquellas personas mayores de seis años, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Su uso es recomendable en la población infantil de entre tres y cinco años. Mientras no se diga lo contrario, no se ha aconsejado el uso de mascarillas por niños menores de 3 años, ante el riesgo de ahogamiento, así como de mala utilización de la misma.

¿Y qué consecuencias tiene el no utilizar la mascarilla? Además de que el riesgo de contagio es mucho mayor, no ponerse la mascarilla tiene multa. En España, las sanciones van de los cien a los trescientos euros, aunque la cifra puede dispararse hasta los 30.000 euros si se es reincidente o si el demandado se niega a utilizarla. En el resto de los países europeos las multan son dispares: desde los 25 euros de Dublín y Luxemburgo, a los 400 euros de Roma hay grandes diferencias.

¿Hasta cuándo tendremos que usarla? Luis Gil cree que, tendremos mascarilla para rato. “Después de comprobar su efectividad, las mascarillas serán parte de nuestra vida cotidiana, como ocurre en los países asiáticos. Mucha gente recurrirá a su uso cuando ya no sea obligatorio como una medida para evitar propagar virus o protegerse en determinados espacios públicos”.

Así las cosas, más vale que nos vayamos acostumbrando a su uso y que estemos atentos a cualquier cambio que las autoridades vayan aportando para, entre todos, parar el contagio de la mejor manera posible: siendo responsables.

Por si las dudas

Ministerio de Consumo: En su página web, el Ministerio de Consumo dispone de una guía útil para saber qué mascarilla necesitamos comprar en cada caso.

Asepal: La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual informa en su página web de todas las novedades respecto al uso de las mascarillas.

El Instituto valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo: El organismo, dependiente de la Generalitat Valenciana, ha elaborado un informe en el que actualiza toda la información existente respecto a la oferta de mascarillas en el mercado y explica cuáles cumplen la normativa y cuáles no.

A vueltas con el precio

El Gobierno acaba de anunciar que dejará de aplicar un IVA del 21% sobre las mascarillas, cuyo gravamen pasará a ser del 4%. El precio de las mascarillas quirúrgicas desechables en España ha estado regulado durante varios meses: 0,96 euros. La decisión se tomó, según las autoridades, cuando el abastecimiento del conjunto de población no estaba garantizado y los precios se habían disparado sin control en muchos casos. Sin embargo, la situación ha cambiado y el Gobierno ha dado marcha atrás en esta decisión que suponía un agravio respecto al resto de los países europeos. En Portugal el IVA para estos productos es del 6%; en Francia el 5,5%; en Alemania el 5%, y en países como Italia, Bélgica o Países Bajos están exentas de impuestos. Si bien es cierto que la normativa europea establece el tipo máximo para estos productos, Bruselas ya ha anunciado que no impondrá ningún tipo de sanción a los países que bajen el IVA.

Una mascarilla para cada ocasión
Según la capacidad para proteger al usuario y a terceros, podemos diferenciar principalmente tres tipos de mascarillas.
  • Las mascarillas higiénicas: se ha recomendado su uso para reducir el riesgo de transmisión comunitaria durante la pandemia, ya que protegen más al resto de las personas que a uno mismo.
  • Las mascarillas quirúrgicas: están recomendadas para personas sintomáticas o asintomáticas positivas. Su objetivo es evitar que el personal sanitario o los pacientes infectados transmitan agentes infecciosos a los demás, ya que actúan de barrera.
  • Las mascarillas filtrantes: cuyo uso está recomendado para personas que se encuentren en contacto estrecho con personas infectadas y en grupos especialmente vulnerables. Estas mascarillas son Equipos de Protección Individual (EPI) y tiene como objetivo filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas y así minimizar un riesgo potencial para el usuario que la lleva puesta. Protege tanto al que la lleva como a terceros.
Además, existen otras mascarillas como las caseras o de tela, cuya eficacia para filtrar no ha sido evaluada de manera segura.