Entrevista a Araceli Mangas, XXVII Premio Pelayo

EN CURSO LEGAL

ARACELI MANGAS,

XXVII PREMIO PELAYO

“La UE debe promover una nueva generación de derechos fundamentales relacionados con la tecnología digital”

Araceli Mangas Martín recibió de manos del presidente del Senado, Ander Gil, el XXVII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio el pasado 25 de noviembre, sumándose así un elenco de galardonados que representan lo más significativo de la ciencia jurídica española.

CARLOS CAPA

¿Qué supone para usted este galardón?

Mayor compromiso y responsabilidad en mi trabajo. El Premio Pelayo, que patrocina la Mutua de Seguros Pelayo, es una distinción muy consolidada tras 27 años y la mayor que puede recibir un jurista de la sociedad. Lo han recibido los “Magni Hispani” contemporáneos como Sánchez Calero, Olivencia, Aurelio Menéndez, García de Enterría, Peces Barba, Landelino Lavilla, mi maestro Diez de Velasco, Miguel Herrero, María Emilia Casas, Encarnación Roca…

Ha dedicado su vida al estudio y la docencia. ¿Tenemos una buena educación superior en España?

No. La universidad está en declive permanente desde los años noventa y desde la implantación de Bolonia es una pendiente fuerte. Y si añadimos el haber eliminado todos los controles serios sobre el acceso y calidad del profesorado, los riesgos y daños serán insuperables todavía en una generación.

En su discurso de aceptación del Premio Pelayo dijo sentirse “fascinada” por la construcción europea. ¿Cree que los ciudadanos son conscientes de lo importante de la UE y del derecho comunitario en su vida cotidiana?

Expresé mi fascinación por la capacidad de reconciliar a pueblos como alemanes y franceses que vivieron la más execrable de las guerras. En España hoy se hace elogio del odio desde el poder y amenazan con perseguir a una parte de los perdonados; solo a una parte.

 


“En España no tenemos una buena educación superior. Está en declive desde los años 90”

 

Vuelvo a la intención de su pregunta. A su manera la ciudadanía sabe que España cambió profundamente a partir de los años noventa del pasado siglo. Antes iban a una capital europea (Paris, Berlín, Roma…), viajaban por esos países y podían constatar el atraso y la diferencia de calidad de vida entre ellos y nosotros. Hoy los españoles notan que España tiene ciudades e infraestructuras similares y que no hay abismos. Saben de la calidad de vida que les procuran las normas sobre consumo, medioambiente… y que les ha protegido frente a las cláusulas abusivas de los bancos, o los pagos de los cánones digitales…O cómo la UE ha protegido nuestro Estado de Derecho impidiendo al Gobierno de coalición imponer los nombramientos judiciales de un solo partido.

¿Goza de buena salud la UE después del Brexit y con el desafió a la prevalencia de las leyes europeas en países como Polonia?

Son situaciones distintas. Tras el Brexit subió espectacularmente el apoyo de la ciudadanía a la UE en los 27. En todas las elecciones al Parlamento Europeo desde 1979 fue disminuyendo la participación. De pronto en 2019 subió más de ocho puntos. La gente no entendía que los británicos rechazaran el sistema de integración que nos ha procurado el mayor período de paz, libertad y prosperidad de la historia de Europa. Y la gente tomó conciencia de la fuerza de estar unidos pues se logró un acuerdo muy favorable a la población y empresas de la UE. Al fin y al cabo, se marchó un socio que siempre tuvo una relación tormentosa y que siempre ponía frenos y vetos a una defensa común. El Brexit fue percibido como un triunfo del populismo y la desinformación.

Claro que preocupa Polonia, la rebeldía del gobierno y del parlamento, o la sumisión total de su Tribunal Constitucional al gobierno polaco; no por el problema de la primacía del Derecho de la UE, sino porque el desafío niega los valores comunes, lo razón de estar juntos. Rechazar los valores de la democracia y su columna vertebral, el Estado de Derecho, asentado en la independencia de los jueces, es amenazar la existencia de la Unión misma.

 


“El modelo europeo sigue sacando provecho de las grandes crisis. No sé si España podrá estar a la altura y aprovechar esta gran oportunidad”

 

¿Qué supondrán los Fondos NexGeneration para Europa?

La pandemia (como antes el Brexit) se erigió en otro motor para avanzar en la integración, al acordar un endeudamiento común y solidario mediante el Plan NextGeneration de la UE que fue imposible en tiempos tranquilos. Los grandes impulsos federadores a lo largo de la historia vinieron de grandes guerras o de grandes cataclismos. El modelo europeo sigue sacando provecho de las grandes crisis. La UE pretende movilizar a los Estados y estimular reformas profundas internas de modernización que permitan acelerar los grandes objetivos de las transiciones digital y verde. No sé si España podrá estar a la altura y aprovechar esta gran oportunidad semejante al milagro europeo de la postguerra en 1945.

 


“La sociedad española no ha perdido sus valores, pero los gobernantes de este siglo no están a la altura de sus responsabilidades”

 

La sociedad digital está creando un nuevo entorno en el que hay grades compañías que funcionan casi como estados virtuales, generando sus propias reglas. ¿Puede el derecho tradicional ser efectivo en este escenario?

Hasta ahora la UE ha desplegado una política de control de las conductas de las tecnológicas como los Estados individualmente nunca hubieran podido ejercer. Pero no nos podemos conformar solo con multar por su irresponsabilidad fiscal y sus excesos en materia de competencia leal. Es importante lo que hizo la UE al regular la protección de datos con el reglamento general, los servicios digitales, los mercados digitales, la “Década Digital”, la Estrategia de Ciberseguridad, etc. 

La UE debe promover también una nueva generación de derechos fundamentales relacionados con la consolidación y constante innovación de la tecnología digital en la medida en que nuestra privacidad y seguridad se pueden ver amenazados. La Unión tiene que encontrar una política proactiva que se adelante en la defensa frente al autoritarismo digital

¿Está en crisis el Derecho Internacional Humanitario?

No exactamente. Pero sí hay un conjunto de Estados con gobiernos democráticos, autocráticos y dictatoriales que son refractarios al Derecho Internacional en su conjunto y con distinta intensidad: desde Estados Unidos o Reino Unido, a Marruecos, Turquía, Rusia o dictatoriales como Bielorrusia, Venezuela o Cuba.

 


“El Notariado cumple una función esencial, imprescindible, en una sociedad democrática sujeta a reglas. Incuestionable al aunar legalidad y certeza”.

 

Es usted académica de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Ha perdido la sociedad o, al menos sus gobernantes, algunos de los valores que la han venido sustentando o simplemente los ha cambiado por otros más cercanos a los tiempos?

La sociedad española no los ha perdido: fue ejemplar en los confinamientos con el trabajo sacrificado de los trabajadores esenciales y sanitarios; ejemplar en la masiva vacunación; o líder mundial en la donación de trasplantes de órganos.  Los gobernantes desde este siglo y a velocidad de vértigo en los últimos siete años no están a la altura de sus responsabilidades ni sirven al interés general.

Las mujeres, según un informe del CSIC, son solo el 16% de los rectores, el 21% de los catedráticos y el 25% de los investigadores de mayor importancia. ¿Para cuándo la igualdad real en el ámbito universitario?

No puedo poner fecha. Pero progresa bastante, si bien con lentitud, se hace el camino para integrar a la mitad de los caminantes. Yo fui la segunda mujer en ingresar en 2014 en mi Real Academia (fundada en 1857); y desde 2020 han ingresado tres más y consecutivas…Una hazaña que no debiera serlo.

La seguridad jurídica es un principio básico en una democracia sólida. ¿Qué opina de la función que cumplen los notarios para darle cobertura mediante la fe pública?

Es una función esencial, imprescindible, en una sociedad democrática sujeta a reglas. Incuestionable al aunar legalidad y certeza.  

Huella digital:
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ejerció la misma actividad académica en la Universidad de Salamanca. Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) está en posesión entre otras distinciones de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.

Araceli Mangas mantiene un completo blog en el que escribe con frecuencia.

Gran parte de la muy extensa producción literaria y científica de la profesora Mangas puede consultarse aquí

El discurso de aceptación del XXVII Premio Pelayo puede descargarse en este enlace

«Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes», por Fernando Fernández Méndez de Andés

EN ESTE PAÍS

 
FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS

profesor IE university

 

Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes

Las relaciones entre economía y derecho siempre han sido complejas. Dos disciplinas que comparten objetivo: contribuir a una sociedad más libre, justa y próspera, pero que atienden a lógicas diferentes. “Pleitos tengas y los ganes” es mas que una vieja maldición, es la frase que resume la actitud de muchos economistas españoles frente a la situación de la justicia. Si al dicho anterior le añadimos la coletilla “que no vivirás para disfrutarlo”, ya tenemos un primer diagnóstico generalizado en la sociedad española. Para los economistas está fuera de duda que la lentitud e imprevisibilidad de la justicia española suponen un factor de pérdida de competitividad internacional, una de las causas estructurales de nuestra crónica incapacidad para crecer y crear empleo. Como han subrayado sistemáticamente todos los observadores internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la OCDE o la Comisión Europea. Por no mencionar el hoy polémico Doing Business Report del Banco Mundial. Sí, ya sé que un millón de moscas pueden equivocarse, pero la complacencia y el corporatismo no suelen ser buenas guías de actuación.

La ciencia económica hace ya muchos años que subraya la importancia de una adecuada definición y protección de los derechos de propiedad y de un correcto diseño institucional en el desarrollo económico y social. Últimamente es habitual referirse al libro de Acemoglu y Robinson[1] como seminal. Pero lo cierto es que es solo la última manifestación de una larga escuela de pensamiento, la Escuela de Columbia-Chicago, que se remonta a los años 30 y que vivió su Premio Nobel de la mano de Douglass North[2] ya en 1993. Una escuela que en España cuenta afortunadamente con una larga lista de excelentes seguidores y que ha inspirado muchos trabajos de instituciones tan prestigiosas como Fedea o la Fundación Ramón Areces.

No es pues de extrañar que haya un elevado consenso en nuestro país sobre la necesidad de prestar atención a las consecuencias económicas de la organización judicial y de la producción legislativa. Un consenso que ha cobrado actualidad en el Plan de Recuperación y Resiliencia Europea. Cualquier análisis independiente de su contenido deseable, lista entre las prioridades necesarias la reforma de la administración judicial. Inseguridad jurídica, marasmo legislativo, lentitud e imprevisibilidad son expresiones habituales. Que reflejan tres problemas diferentes: se legisla mucho y mal, se tarda mucho en administrar justicia y existe una elevada incertidumbre sobre el resultado.

En España se legisla mucho y mal[3]. Se hacen demasiadas leyes que luego no se aplican o no se pueden aplicar y el desarrollo del Estado autonómico ha multiplicado el problema. Las administraciones se contradicen o anulan deliberadamente entre sí. Esta inseguridad convierte al ciudadano en súbdito, en sujeto sufriente de la discrecionalidad de la autoridad del momento y lugar. Se erosionan la unidad de mercado y la libertad de movimiento de bienes y servicios, se interfiere en la creación y crecimiento empresarial, se dificulta la creación de puestos de trabajo. Se ahuyenta al inversor.

Hemos conseguido poner cifras a estas afirmaciones. “La regulación se relacionaría negativamente con el volumen total de empresas en España (un incremento de un 1% en el volumen de regulación se relaciona con un 0,05% de menos empresas)”[4]. Pero lo que es peor, afecta también al tamaño de las empresas, pues “el aprovechamiento de las asimetrías normativas que otorgarían incentivos para la especialización” explicaría la proliferación de pequeñas empresas en nuestro país. Frente al renacer del movimiento romántico de que lo pequeño es hermoso, lo cierto es que el raquitismo empresarial español es una de las causas de la escasa productividad, de la vulnerabilidad financiera y del atraso en la incorporación de las nuevas tecnologías del tejido productivo español. La pequeña empresa paga peor, exporta menos, innova mal y se digitaliza mas tarde. La mejor política de pymes es ayudarles a dejar de ser pymes y para ello una regulación única y una justicia rápida son condición necesaria.

En la misma línea, otro estudio del mismo autor concluye que “la ineficacia del sistema judicial, aproximada por su tasa de congestión, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial”[5]. La lentitud de la justicia española ahuyenta la inversión, y por lo tanto ralentiza el crecimiento. Sería deseable que en la medida en que esta lentitud responda a falta de medios materiales y humanos, pudiera ser corregida esta vez con fondos europeos. Por fin tenemos dinero para hacer lo que deberíamos haber hecho hace mucho. Pero si algo debiéramos haber aprendido de la escuela institucionalista del crecimiento, es que no es solo cuestión de dinero. Hace falta un adecuado marco institucional, una buena definición de derechos y obligaciones, un sistema de incentivos y obligaciones, que ponga el énfasis en la productividad, la simplificación de los procedimientos y la disminución de la aleatoriedad.

Permítanme un atrevimiento final, especialmente en esta Tribuna. Estamos todo el día hablando de la nueva normalidad, del cambio brutal que la sociedad va a experimentar de la mano de las nuevas tecnologías. La justicia no puede vivir al margen de la digitalización, de la inteligencia artificial o de los smart contracts. Ni los jueces ni los tribunales pueden ser sustituidos por robots o algoritmos matemáticos. Tampoco los abogados, los profesores o los banqueros centrales.

Pero la organización, responsabilidades y métodos de trabajo en todas estas profesiones ha cambiado profundamente estos últimos años. Aprovechemos la oportunidad para repensar nuestro sistema de administración de justicia, para hacerlo también mas eficiente en términos económicos, es decir mas rápido y más previsible.

[1] Daron Acemoglu and James Robinson, Why Nations Fail, Random House 2012.
[2] Autor de un libro fundamental, Structure and Change in Economic History, Norton, and Company,1982.
[3] Francisco Marcos, Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo, Revista de administración pública, Nº 179, 2009.
[4]  Juan Mora-Sanguinetti & Ricardo Pérez-Valls, ¿Cómo afecta la complejidad de la regulación a la demografía empresarial? Evidencia para España, Documento de Trabajo Nº2002, Banco de España, 2020
[5] Juan Mora-Sanguinetti, El impacto de la eficacia de la justicia en la inversión empresarial en España, Boletín Económico del Banco de España, Nº 3, 2021.

Entrevista a Lourdes Arastey, jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

EN CURSO LEGAL

Lourdes Arastey,

jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

“Al ser interpretado por el TJUE, el Derecho de la Unión se despliega de forma igual en todo el territorio”

María Lourdes Arastey Sahún tomó posesión de su cargo como jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de octubre, destino al que llega desde el Tribunal Supremo, donde ejerció como magistrada en la Sala de lo Social los últimos 12 años. De 2013 a 2021 desempeñó asimismo el cargo de jueza del Tribunal Administrativo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Entregada a la docencia, fue profesora asociada en la Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), ha presidido su sección española y su comité ejecutivo europeo.

CARLOS CAPA

Acaba de incorporarse a su puesto. ¿Qué supone este cambio para usted?

Podría decir que supone seguir ejerciendo la misma tarea que he venido desarrollando durante toda mi vida profesional. Sin embargo, en muchos sentidos comporta un enorme cambio.

No sólo por el marco normativo al que he pasado a servir, sino también por la enorme complejidad procedimental que lleva aparejada la función encomendada al Tribunal de Justicia. El fondo, la forma, el ámbito objetivo -funcional y territorial-, el multilingüismo –y la terminología específica del Derecho de la Unión-, las reglas procesales… Todo es distinto y, a la vez, sigue tratándose del desarrollo de la labor de un juez. Un reto que asumo con ilusión, pero con enorme responsabilidad.

¿Qué cree que aporta su condición de jueza de carrera -sus antecesores no lo eran- al TJUE?

El Tribunal de Justicia se nutre de juristas provenientes de diversas experiencias jurídicas, tanto profesionales como culturales. Y esa es su enorme riqueza y su potencial.

A mí, personalmente, el provenir de la práctica jurisdiccional me permite disfrutar de algunas perspectivas muy necesarias para afrontar la tarea –conozco el “oficio” de juzgar-. Pero pasar de la jurisdicción nacional a la de la Unión también me obliga a adaptarme a esas otras aproximaciones que puedan tener otros miembros del tribunal que son jueces y abogados generales con perfiles prácticos y académicos diversos y con cultura jurídica nacional variada. El tribunal actúa de forma colegiada y lo hace con profundo y continuado debate en todas las fases de cada uno de los asuntos que se le someten.

¿Cree usted que los ciudadanos alcanzan a comprender lo cerca que está de su vida cotidiana la justicia europea?

Me preocupa que muchos ciudadanos de la Unión no sean plenamente conscientes del privilegio que implica vivir en un entorno regido por el Estado de derecho. No es algo que se quede en una cuestión de principios generales, sino que afecta a prácticamente todos los aspectos de la vida diaria de las personas: sus compras, sus relaciones laborales, sus viajes, la calidad de los productos y del medioambiente, su acceso a la sanidad, a la justicia, a los servicios públicos e, incluso, la actuación de las instituciones nacionales… El Tribunal de Justicia, como intérprete del Derecho de la Unión, perfila día a día el alcance del conjunto de derechos que el ordenamiento confiere y que los Estados miembros deben garantizar. Hay que recordar que la Historia de Europa no ha tenido un periodo de paz de tanta duración como la que ha propiciado la integración europea a través de la suscripción de unos valores comunes, entre los que el Estado de derecho se alza como la herramienta que amalgama y garantiza los restantes: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Todos estos valores pueden verse amenazados en cualquier momento y, con ello, la realidad de cada uno del medio billón de ciudadanos de la Unión.

La Unión Europea vive tiempos convulsos: Brexit, crisis pandémica, desafío institucional de algunos miembros… ¿Qué papel debe jugar el TJUE para sostener los cimientos de la Unión?

La función del Tribunal está perfecta y claramente definida en los Tratados. Debe garantizar el respeto del Derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de éste. Esta función, sometida a la independencia e imparcialidad, le otorga la competencia exclusiva para conocer de los incumplimientos de los Estados Miembros, de la legalidad de los actos de las demás instituciones de la Unión –en los términos fijados en los Tratados-, de los defectos de actuación de éstas y, muy relevantemente, de llevar a cabo la interpretación del Derecho de la Unión que los jueces nacionales hayan de aplicar en los casos de los que conocen. Destaco este último papel porque implica un mecanismo de integración de enorme solidez: los jueces de la Unión no somos sólo quienes servimos en el TJUE, sino todos y cada uno de los jueces de todos y cada uno de los 27 Estados miembros, pues son ante ellos ante los que suscitan los conflictos y quienes deben aplicar el Derecho de la Unión, para lo cual cuentan con la herramienta de la petición prejudicial sobre las dudas interpretativas que ese ordenamiento plantee en relación con el caso concreto. De esta forma, al ser interpretado por el TJUE, el Derecho de la Unión se despliega de forma igual en todo el territorio.

Es cierto que una interpretación del Derecho de la Unión que impida a una legislación nacional tener un efecto distinto al buscado por aquélla puede generar reticencias en el ámbito interno, pero el principio de primacía del Derecho de la Unión y la obligación asumida por los Estados miembros al suscribir su adhesión delimitan la respuesta a las “zonas de fricción”.

¿Es el Derecho de la Unión una fuente efectiva para garantizar los derechos laborales de forma equilibrada en la UE?

En el ámbito social el desarrollo ha sido muy evidente, no en vano el Derecho de la Unión ha ido adquiriendo un marcado perfil social, claramente plasmado en los Tratados vigentes.

A título de ejemplo y centrándonos en la legislación y en la jurisprudencia españolas, comprobamos cómo han evolucionado los aspectos relacionados con la discriminación entre mujeres y hombres, con la asunción de conceptos como la discriminación indirecta, la transversalidad del principio, etc.-; cómo se ha incorporado el análisis de otros factores de discriminación, dando lugar al planteamiento de controversias sobre discapacidad, edad, etc.; cómo ha variado la aproximación a los derechos en materia de tiempo de trabajo; cómo surgió un bloque normativo y jurisdiccional muy amplio en relación con la protección de la salud e integridad física y psíquica de las personas trabajadoras. Y, ya que mencionaban la pandemia, conviene recordar que nuestra legislación en materia de extinciones colectivas de contratos de trabajo, la protección frente a la insolvencia empresarial o frente al cambio de empresario está necesaria y obligatoriamente marcada por las normas de la Unión al respecto.

¿Qué se puede hacer para promover mecanismos alternativos para la resolución de conflictos?

Es algo a lo que he sido invitada a responder muchas veces. Creo que hemos conseguido que el tema de la mediación esté en el discurso de todos. Pero, voy a ser un poco dura: en efecto, la realidad se muestra bastante más recalcitrante. Me pregunta por las posibles soluciones y, conociendo la situación de los juzgados y tribunales de nuestro país y las condiciones en las que trabajan, es evidente que la apuesta por la mediación, no es que sea imprescindible, es que requiere de una inversión material inmediata en el seno de esos órganos judiciales que están infradotados económicamente. Creo que las propuestas legislativas constantes vienen adoleciendo de una efectiva y coherente puesta en marcha. Es urgente una actuación que nos aleje del peligro de la falta de tutela judicial por obsolescencia y abandono de las infraestructuras de la Justicia.

La igualdad sigue siendo un reto no suficientemente cumplido. ¿Por qué no acaba de alcanzarse en plenitud?

Pues es evidente que es un tema cultural, con arraigo secular, que pasa por la educación. Las leyes no pueden ser ya más claras: los hombres y las mujeres son iguales y está prohibido todo trato desigual o discriminatorio. Es evidente que la sanción frente a la vulneración de este derecho fundamental sólo va a actuar cuando se haya podido denunciar y detectar tal lesión del derecho. Por consiguiente, es la sociedad en su conjunto la que debe ser consciente de la realidad de desigualdad que todavía permanece y la que ha de reaccionar “ex ante”.

¿Es el notariado, en su opinión, una herramienta valiosa para garantizar la imprescindible seguridad jurídica, sin la que los valores europeos estarían en peligro?

El principio de seguridad jurídica se halla ínsito en la noción de Estado de derecho. Exige la claridad, precisión y previsibilidad de las normas y, por ende, de los actos jurídicos de los que nazcan derechos y obligaciones. Tal aproximación es también la que sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (recientemente: sentencia de 29 de abril de 2021, Banco de Portugal y otros, C-504/19). De ahí que la garantía por la intervención notarial en la documentación de actos jurídicos constituya una pieza sustancial de la preservación del principio.

CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA
¿Cómo valora el papel del notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales?

La actuación del notariado es, sin duda alguna, esencial, puesto que ejercen una función pública que permite conocer operaciones -actos societarios o transacciones- en las que detectar la primera señal de alarma, por ejemplo, de la existencia de sociedades-pantalla o fundaciones…. La integración de toda la información de forma centralizada y la cooperación con las autoridades competentes en la investigación ha demostrado ser capital y ha supuesto un enorme avance en el terreno de la lucha contra este tipo de delitos, respecto de los que, en efecto, la Unión Europea ha prestado especial atención, en la medida en que el blanqueo afecta a sus intereses financieros, poniendo en marcha la Fiscalía Europea, que comenzó sus funciones el pasado 1 de junio de 2021.

“Me preocupa que muchos ciudadanos de la UE no sean plenamente conscientes del privilegio de vivir en un entorno regido por el Estado de derecho”

Huella digital:

Los principales datos biográficos de la jueza Arastey Sahún se encuentran en este enlace de la web oficial del TJUE 

También Wikipedia tiene una extensa entrada sobre ella en este acceso.

Entre las muchas entrevistas y noticias que ha generado en su vida profesional tomamos por su profundidad la que le dedica la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y que puede leerse aquí.

«La garantía por la intervención notarial en la documentación de actos jurídicos constituye una pieza sustancial de la preservación del principio»

Entrevista a Francesc Vega Sala, decano de los abogados especialistas en Derecho de Familia

EN CURSO LEGAL

Francesc Vega Sala,

decano de los abogados especialistas en Derecho de Familia

«El notario puede construir la estructura jurídica de la familia»

Francesc Vega Sala (Barcelona, 1929) es uno de los más veteranos abogados en ejercicio de España, amén de decano de los letrados especializados en Derecho de Familia. Y eso teniendo en cuenta que empezó a ejercer la abogacía a la tardía edad de 39 años. El pasado mes de abril recibió la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que concede el Ministerio de Justicia y que reconoce «los méritos contraídos en la aplicación y el estudio del Derecho en todas sus ramas».

CARLOS CAPA

Usted ha dedicado su vida al Derecho, pero empezó a ejercer la casi a los 40 años. ¿Qué le hizo cambiar la teoría por la práctica?

El vivir de espaldas al viento. Y entonces el viento manda. Yo estaba en la Facultad Internacional de Derecho Comparado, con sede en Estrasburgo, que era una institución que creó y dirigía Felipe de Sola Cañizares, que en 1936 ejercía de abogado en Barcelona y, al estallar la guerra civil, tuvo que refugiarse en Francia porque no se sentía parte de ningún bando. Yo era el “secretario para todo” de la Facultad Internacional.

Al morir De Sola en 1965 me encontré sin oficio ni beneficio. Producto de amistades y casualidades acabé montando un despacho en Barcelona junto a un Abogado Rotal. Él aportaba el título que le permitía actuar en todos los tribunales eclesiásticos, fueran o no fueran españoles, y yo el de licenciado en Derecho español que me permitía actuar en todos los tribunales civiles de España. Así es como empecé a hacer de abogado, con despacho conjunto con el fino jurista aragonés José Ezquerra Borao, al que le debo tanto como a De Sola Cañizares.

Y con el paso del tiempo…

El viento vuelve a soplar y empuja como quiere. Llega el divorcio a España, las: nulidades dejan de interesar y Ezquerra deja de ejercer. Yo me quedo solo y voy formando el despacho paso a paso y he tenido la suerte de tener siempre unas pasantes y unas colaboradoras magníficas, a las que también les debo mucho.

¿Cómo se ha adaptado el Derecho de Familia a los cambios sociales?

Usted pregunta “cómo se ha adaptado el Derecho de Familia”, pero: ¿se ha adaptado? Ahora se habla mucho de que se tiene que crear una jurisdicción de familia, pero me temo que se está confundiendo lo que es el Derecho de familia con las ciencias de la familia. En mi opinión los jueces y tribunales están para juzgar situaciones y tomar decisiones que, ajustadas a Derecho, hagan cumplir las leyes. Para otras cuestiones existen otros ámbitos que no creo que sean el de la Justicia.

Algunos profesionales dicen que se ven más “puñales” en un Juzgado de Familia que en uno penal. ¿Mito o realidad?

En mi experiencia la mayoría de las controversias familiares se resuelven de forma pacífica y civilizada. En algunos casos por acuerdo entre las partes y en otros de forma litigiosa en los tribunales. Efectivamente hay casos en los que lamentablemente se producen situaciones en las que el conflicto excede de los límites convencionales, pero no son con mucho las más frecuentes, aunque sin duda son más llamativas.

Uno de los principios del Estado de derecho es que la Justicia debe ser igual para todos. ¿Se da esta premisa en la jurisdicción de Familia?

La Justicia, teóricamente, es igual para todos. Otra cosa es en la práctica. En todo caso hay que procurar avanzar en que teoría y práctica sean una misma cosa. Para ello, y hablando de Derecho de Familia, creo que no es conveniente pretender hacer pasar como Derecho de Familia lo que pertenece a las Ciencias de la Familia. A cada uno hay que darle lo suyo. “Dad al Cesar lo que es del Cesar…”

Usted es un gran conocedor del Derecho Civil catalán. ¿Cuáles son sus diferencias principales con el Derecho Civil común?

Yo no soy un gran conocedor de nada, ni siquiera un conocedor. Soy simplemente un curioso. Y a este nivel le contesto su pregunta: ¿La mayor diferencia? El art. 149 de la Constitución.

Participó como asesor en la redacción de la primera Ley del Divorcio. Háblenos de este momento…

En realidad, nunca fui nombrado asesor de nada ni de nadie. Todo lo que hice fue por amistad, comentar con un compañero que era diputado y pertenecía a la Comisión de la Ley del Divorcio, las vicisitudes de su evolución y, claro está, alguna vez dejé caer en el texto mis pecadoras manos. Fue una colaboración muy interesante y que me fue muy bien pagada de una forma harto curiosa: todas las sesiones de la Comisión se grababan enteramente y cada diputado de la Comisión recibió una copia, que mi compañero me ofreció a mí. Hoy día es un documento de mucho interés histórico/jurídico. Actualmente estas cintas se conservan en la Biblioteca del Colegio de Abogados de Barcelona formando parte de la donación que hice de mi biblioteca jurídica.

¿La regulación actual del divorcio puede darse por definitiva? ¿Se puede mejorar en algo?

No me atrevería a dar por definitiva ninguna normativa vinculada al matrimonio. Basta recordar las variaciones que ha sufrido esta regulación desde la Real Cédula de 12 de julio de 1564 por la que se mandaba guardar y cumplir los cánones del Concilio de Trento como si fuesen leyes del Reino.

¿Se puede mejorar en algo la actual Ley del Divorcio? Esta cuestión que me plantea me lleva a que me autopregunte: “¿cuándo puede decirse que una Ley del divorcio ha mejorado?” Me parece que me daría por satisfecho y feliz si se cumpliera el art. 3.1 del Código Civil español que establece que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Muchas parejas creen que hacer capitulaciones matrimoniales es “mercantilizar” el amor que los lleva a formalizar su relación o que es “una cosa de ricos.” ¿Usted qué opina?

Me parece que es creencia generalizada que la estructura social y la estructura familiar existente en 1888, cuando se publicó el Código Civil, invitaba poco al pacto. Por el contrario, en Catalunya, su estructura social y su estructura familiar sin unos bienes gananciales y, por el contrario, con una dote cuya función debía asegurarse, invitaba más a la constancia documental. En el archivo de la Catedral de Vic, en el llamado “Curia fumada” hay una colección interesantísima de capítulos matrimoniales y no necesariamente de grandes fortunas. En todo caso, como en cualquier otro contrato, en el matrimonial, cuanto más y mejor se recojan los pactos entre las partes y se prevean o anticipen los problemas o circunstancias que puedan darse durante su duración, mejor.

¿Cómo valora la función que juega el Notariado en el ámbito del Derecho de Familia?

Sinceramente muy positiva. El notario puede construir la estructura jurídica de la familia. La complejidad de la vida moderna, la independencia de la persona y el uso correcto e inteligente de la autonomía de la voluntad aconsejan tener un notario de confianza. En Catalunya, lugar que conozco muy bien, el notario siempre ha sido muy valorado y utilizado.

¿Qué opina de la mayor presencia de la jurisdicción voluntaria en el ámbito matrimonial?

Creo que la regulación matrimonial se ha venido haciendo cada vez más compleja con el tiempo, sin aportar mejores soluciones a lo que deberíamos reducir a un contrato de ayuda mutua. Por ejemplo: ¿la figura de la pareja de hecho es necesaria? Creo que liberar al contrato matrimonial de lo innecesario haría todo más sencillo. Y desde luego la intervención de profesionales cualificados, sin judicializar cada acto, es una ventaja.

Y para finalizar. A sus joviales 92 años, ¿tiene previsto jubilarse?

Las profesiones liberales, a mi entender, no tienen jubilación. Si no estoy equivocado se “jubilan” exclusivamente los que tienen contrato laboral o son funcionarios públicos. Yo no tengo ninguna nómina, así que mal lo tengo.

«No es conveniente pretender hacer pasar como Derecho de Familia lo que pertenece a las Ciencias de la Familia»

Huella digital:

Francisco Vega es expresidente de la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) y de la SCAF (Societat Catalana d’Advocats de Familia).

Aunque no dispone de redes sociales al uso, su más de medio siglo de ejercicio de la abogacía ha dejado una notable huella. Así podemos ver un resumen biográfico en Wikipedia.

El recopilatorio Testimonios para la Historia le dedica una entrada accesible aquí.

Una selección de la bibliografía de Francisco Vega está disponible en la web de Iberlibro.

“La intervención de profesionales cualificados, sin judicializar cada acto, es una ventaja”

Entrevista a Gabriela Bravo Sanestanislao, consejera de la Generalitat Valenciana

EN CURSO LEGAL

Gabriela Bravo Sanestanislao,

consejera de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana

«Hemos impulsado proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana»

Gabriela Bravo es consejera de Justicia desde junio de 2015. Fiscal de carrera fue, entre 2008 y 2013, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2005 ingresó en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde ejerció la presidencia desde 2007 hasta septiembre de 2008. Desde hace más de seis años forma parte del equipo de Gobierno que encabeza el president Ximo Puig en la Comunidad Valenciana al frente de una de las consejerías clave, máxime en los últimos años marcados por la pandemia.

CARLOS CAPA

-Lleva dos legislaturas consecutivas al frente de la Conselleria. ¿Cómo ha evolucionado en estos seis años la Justicia en la Comunidad Valenciana?
Desde la conselleria que dirijo hemos impulsado a lo largo de estos seis años proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana. Situamos a la justicia en el centro de nuestra agenda política, y ello ha tenido reflejo presupuestario que se ha visto incrementado en más de un 58%. Esto ha servido para, entre otras medidas, incrementar la planta judicial de los 398 órganos que había en 2015 a los 420 con los que acabaremos 2021 y pretendemos llegar a los 440 cuando acabe esta legislatura. También hemos multiplicado por nueve los funcionarios de refuerzo en nuestros juzgados. Además, tenemos en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales para construir, rehabilitar o reformar el 75% del parque inmobiliario judicial valenciano con una inversión de más de 200 millones de euros.

En todo caso, si he de destacar algún proyecto en concreto, creo que merece especial atención la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, un servicio público gestionado directamente por la Generalitat que se ha desplegado en la práctica totalidad de los partidos judiciales valencianos con más de 170 profesionales que ofrecen una atención integral a las víctimas en alguno de sus 33 centros y que desde 2018 ha asistido a más de 70.000 personas. También hemos dinamizado el turno de oficio para convertirlo en un auténtico servicio público con mayor apoyo presupuestario y que llegue a todos los rincones del territorio.

-Aunque la esperada justicia digital está avanzando, probablemente por los imperativos de la pandemia, aún no alcanza la eficiencia de otros servicios públicos. ¿Cuándo tendremos una Justicia propia del siglo XXI?
Antes de la pandemia diseñamos el plan de digitalización y modernización de la Administración de Justicia más ambicioso desde que la Generalitat asumió las competencias en la materia en los años 80 y que está en ejecución ahora mismo con una inversión que supera los 30 millones de euros. Entre ellos destaca la implantación del Expediente Digital y la instalación de la nueva plataforma audiovisual (llamada AUREA) que ya está en marcha y que ha supuesto la digitalización en las 490 salas de vistas valencianas y ello ha propiciado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año (casi 10.000), con el correspondiente ahorro de costes y tiempo.

-Desde todos los ámbitos de la Justicia se traslada la preocupación de que, una vez liberados los diques establecidos a la normativa extraordinaria provocada por el Covid-19, llegue lo que se ha denominado la “pandemia litigiosa. ¿Tiene la Comunidad Valenciana algún plan para esta situación?

El pasado 4 de enero entraron en funcionamiento los tres juzgados Covid, uno por cada capital de provincia (dos de lo Mercantil para Valencia y Alicante, y uno de lo Social para Castellón), para aliviar la carga de trabajo judicial provocada por la suspensión de los plazos procesales por la declaración del estado de alarma. En todo caso, la justicia ha de ser también motor de reactivación económica y no un obstáculo; por esa razón son tan importantes los planes de choque en este momento, en el que hay que apoyar a las jurisdicciones más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia y que son la civil, la mercantil y la social.

-Siempre ha sido una figura de referencia en la lucha contra la violencia de género –lo que usted ha denominado “terrorismo machista”-.
Defino la violencia de género como “terrorismo machista” porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo desde finales de los 70 y, además, en la mitad de tiempo. En la Conselleria de Justícia tenemos un programa que se articula en tres ejes: más recursos para ayudar a las víctimas; más y mejor coordinación de los servicios públicos, y más formación para los profesionales que, desde todos los ámbitos implicados, atienden a las mujeres que sufren maltrato. Los resultados de esta apuesta están siendo esperanzadores. Por ejemplo, en la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se ha atendido a casi 70.000 personas desde su puesta en marcha hace tres años y, entre ellas, casi el 70% eran mujeres víctimas de violencia de género o doméstica. Y hemos ido aún más allá porque la valenciana es la primera –y hasta ahora, la única− comunidad autónoma que ha creado un espacio específico para ellas. Me refiero a la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género –que está en la Ciudad de la Justicia de Valencia– en la que mujeres policías con formación especializada, junto a psicólogas y trabajadoras sociales, atienden y acompañan a la víctima desde el primer momento. Desde que se puso en marcha hace dos años, se ha atendido y protegido a 1.132 mujeres que ya están levantando esa losa de silencio. Y este mismo año abriremos otras dos oficinas en Castellón y Alicante. A ello hay que unir nuestra lucha contra otras formas de violencia de género como es la prostitución, para cuya erradicación hemos constituido el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, para plantear medidas para la reforma de nuestro ordenamiento jurídico y que el consumo de sexo pagado sea considerado un delito.

-En su experiencia diversa en el mundo de la Justicia ha tenido relación frecuente con el Notariado. ¿Qué valor aportan los notarios a la Administración de Justicia?
El Notariado despliega una función legitimadora que se transmite a los actos y documentos que refrenda con su acción y que les otorga la presunción de veracidad, integridad y legalidad. Esta función siempre ha sido necesaria en el mundo jurídico, prácticamente desde la propia génesis del Derecho Romano, y es especialmente importante en estos tiempos en los que la pandemia ha puesto a prueba las costuras de todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, gracias a que tenemos unas estructuras jurídicas y administrativas sólidas, de las que el Notariado forma parte esencial, podemos trabajar para paliar sus estragos. En este sentido, el papel de los notarios y notarias ha sido muy importante para garantizar un bien tan preciado en estos tiempos de incertidumbre como es la seguridad jurídica.

-¿Se valora suficientemente la importancia de la seguridad jurídica?
Se debe hacer porque la seguridad jurídica es lo que distingue y define a una democracia avanzada de algo que no lo es. Tener claros los derechos y las obligaciones, tener la certeza de un escenario jurídico previsible, es, para cualquiera, una garantía de oportunidades. Además, sin esa misma seguridad jurídica, no será posible llevar a término el proceso de recuperación que hay que acometer cuando, esperemos que más pronto que tarde, superemos la emergencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana hemos conseguido alcanzar un acuerdo con todos los agentes sociales y un Pacto para la Reconstrucción Social, Política y Sanitaria en el que se han implicado todas las fuerzas políticas porque esta crisis nos afecta a todos y nadie puede quedarse al margen para no dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que sólo podremos superarla juntos. Y juntos significa con el resto de España y también con la ayuda de Europa.

-Por último, le ruego una confesión personal. ¿Echa de menos las responsabilidades en las instituciones nacionales?
Procuro vivir cada momento con el máximo entusiasmo y aportar lo mejor de mí misma sin perder tiempo ni energía mirando hacia atrás. La etapa de Madrid en el CGPJ fue muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y personal. Luego, en 2015, el president Ximo Puig me ofreció formar parte del primer Consell del Botànic y me pareció que aquella oferta era una oportunidad para poner en marcha un proyecto que situara a la Comunitat Valenciana como un referente de una justicia eficaz y eficiente; moderna en sus modos y en sus medios; que dignificara el turno de oficio como servicio público con retribuciones adecuadas para que el acceso a la Justicia se realizara en condiciones de igualdad y que los recursos económicos no fueran un factor discriminatorio y, en definitiva, que priorizara la protección y asistencia a las víctimas, en especial a las de violencia de género. Todos estos proyectos están en marcha en mayor o menor medida y, por ello, me siento muy honrada y satisfecha de formar parte de este gobierno autonómico.

La Comunitat Valenciana es la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año”

Huella digital:

Gabriela Bravo no mantiene un perfil público en las principales redes sociales, pero sí la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que ella encabeza y donde a través de la cuenta @GVAJusticia se informa puntualmente de su actividad oficial. La biografía de Gabriela Bravo está disponible en la página de transparencia de la Generalitat Valenciana.

“Defino la violencia de género como ‘terrorismo machista’ porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo”

Entrevista a Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

EN CURSO LEGAL

Beatriz Artolazabal,

consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

«En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi»

En 2020 Beatriz Artolazabal (Vitoria, 1970) se hizo cargo de la macroconsejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, tras cuatro años al frente de Empleo y Políticas Sociales. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV-EHU, especialidad en Economía Internacional y Desarrollo, trabajó durante años como administradora en varias empresas hasta que en 2000 llegó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la coalición PNV-EA. En 2008 fue nombrada Directora de Economía y Finanzas del Hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz. Cinco años después, se convirtió en Directora de Economía y Finanzas del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. En 2016, el lehendakari Iñigo Urkullu la llamó para formar parte del Gobierno Vasco.

ALEX OVIEDO

–Tras casi un año al frente del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ¿qué valoración hace de su labor y del trabajo que desarrolló en Empleo y Políticas Sociales?
–Nuestra labor sigue siendo la misma: atender a personas, familias y colectivos vulnerables. Desde 2016 nos volcamos en ese trabajo que resulta apasionante, y así seguimos. La valoración no la debo hacer yo.

–¿Cuál es el reto de cara a los próximos cuatro años en los tres frentes en los que se divide la consejería?
–Son varios retos, pero el principal es seguir apostando por políticas que no dejen a nadie atrás, que cohesionen mejor nuestro país, incidiendo en materia de igualdad y no discriminación.

–De los tres flancos en los que se divide su departamento, ¿considera que hay alguno en el que debe mostrar una especial atención?
–Aunque no están incluidos en el enunciado de “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales” también nos incumbe todo lo relacionado con el impulso de los derechos humanos, la atención a víctimas del terrorismo, que es un eje central de nuestra política, la búsqueda de una memoria histórica inclusiva y el apoyo a la diversidad como elemento definitorio de nuestra sociedad vasca en este siglo XXI.

Todas y cada una de las áreas de nuestro departamento son importantísimas. En el fondo, el trabajo es transversal y complementario, siempre aplicando una perspectiva de género. Por ejemplo, la Administración de Justicia trabaja en la atención a las víctimas, especialmente a las de género; en la aplicación de la Justicia Restaurativa, o en la atención mediante el Plan de Justicia Juvenil a la infancia más vulnerable. Todas estas acciones son una forma más de desarrollar políticas sociales. Entendemos la Justicia como una parte indisoluble de las políticas sociales.

–Uno de los asuntos candentes de estos últimos meses es la transferencia de prisiones, para octubre de 2021, si no me equivoco. Dicha transferencia ha sido una reclamación constante por parte del Gobierno Vasco. ¿Qué supone que se gestione prisiones desde Euskadi?
–Supone, primero, cumplir la Ley, el Estatuto de Autonomía vasco. Nosotros aspiramos a desarrollar un modelo penitenciario propio para Euskadi en el que el fin último sea la resocialización de los presos y presas. En marzo hemos presentado el V Plan de Justicia Juvenil y los números nos avalan. La educación y la resocialización de los y las menores es la mejor herramienta para prevenir y evitar reincidencias. Esto se puede aplicar perfectamente a las personas adultas que delinquen, sin caer en buenismos.

–¿Cuál es la cuantificación económica de la misma? Prisiones supone un paso más en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero tiene un componente político que no se le escapará como consejera. ¿Qué les diría a partidos como Bildu o PP, que miran con lupa este traspaso?
–Todas las personas que están en nuestras cárceles serán tratadas en las mismas condiciones, con los derechos y obligaciones estipulados en el modelo penitenciario para propiciar su resocialización desde una exigente justicia restaurativa. Si el terrorismo de ETA pudo ser la razón para políticas excepcionales, la desaparición de ETA debe traer la normalización de las políticas penitenciarias dirigidas hacia los presos de ETA. Como no podía ser de otra manera, vamos a cumplir la legislación vigente también en todo lo relacionado con la administración de las prisiones de Euskadi.

–El pasado año habló de la Igualdad como un “eje fundamental de acción” del Ejecutivo vasco y de un incremento del 30% en el presupuesto destinado a la violencia machista y atención a las víctimas. La pandemia ha agravado esta situación. ¿Cómo van a evitar que esta crisis frene el camino hacia la igualdad?
–El abordaje debe ser multidisciplinar y afecta a múltiples departamentos. Por eso nuestro trabajo es transversal. Por primera vez se coloca la igualdad en el centro de la acción de un departamento que integra equipos con competencias y trayectoria en derechos humanos, justicia, conciliación corresponsable, cuidados, diversidad, políticas sociales y lucha contra la violencia contra las mujeres.

–¿En qué situación se encuentra la aprobación de la ley de prevención y lucha contra la violencia machista?
–Está en el Parlamento Vasco, siguiendo su tramitación. Nuestra ley ha sido y es una ley pionera, referente, y que nos permite hablar de un antes y un después en nuestras políticas de igualdad. Ahora queremos renovar esta norma para que sea más innovadora y ambiciosa. Sobre la base de lo ya construido, esta propuesta es transformadora y sensible a las nuevas demandas, desafíos y necesidades.

–¿Son las ayudas de emergencia social suficientes para paliar las necesidades de los colectivos más vulnerables? ¿Han ampliado estas ayudas visto el panorama de una pandemia que va a mantenerse durante algunos meses más?
–Tenemos la convicción de que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, reforzado con las medidas adoptadas contra la pandemia, ha sido un muro de contención contra la pobreza y el incremento de las desigualdades. En 2020, solo con las AES, llegamos a más de 63.000 hogares. Este año hay una ampliación de 15 millones para esta partida.

–En el Notariado cada vez es más habitual la presencia de mujeres notarios, que suponen en la actualidad un 35% del conjunto del Notariado español, un 35% en Euskadi. Como Consejera de Igualdad, ¿cuál es su posición a este respecto? ¿Es partidaria de las cuotas?
–Las cuotas son un instrumento para romper el techo de cristal que tanto limita en muchos casos las carreras profesionales de las mujeres. Precisamente, porque queremos que las personas sean valoradas exclusivamente por su capacitación, necesitamos en este momento de políticas que compensen prácticas y estructuras basadas en la idea de un reparto tradicional y discriminatorio de papeles en la sociedad entre mujeres y hombres. Los expedientes académicos avalan la tesis de que las mujeres tienen la capacidad necesaria para muchos puestos a los que, sin embargo, hoy en día todavía no acceden.

–Euskadi ha registrado la mayor caída de población en lo que va de siglo. ¿Qué reflexión le suponen estos datos? ¿Cómo van a afrontar el reto demográfico de contar, además, con una población cada vez más envejecida y unos jóvenes con dificultades para la emancipación?
–El problema no es que envejezcamos. Lo preocupante es la falta de oportunidades para que nuestra juventud desarrolle una vida plena, como desean ellos y ellas. Para este Gobierno, la juventud es su mejor capital social; por ello, nos hemos comprometido a impulsar una política común que facilite el desarrollo de su propio proyecto de vida y, si así lo desea, de familia. Estamos desarrollando una Estrategia vasca de Juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación, que es una apuesta clave para este Gobierno.

–Hablemos de Justicia, en cuya cartera sustituye a la socialista María Jesús San José. Ya hemos hablado de la gestión de las instituciones penitenciarias, pero no de su apuesta por la modernización. ¿Cómo prevé modernizar y digitalizar una Justicia a la que se tacha de caduca y lenta? ¿Cuánto supondrá esta modernización y cómo quieren llevarla a cabo? ¿En qué plazos?
–Las administraciones estamos trabajando conjuntamente en un proceso reformador que va a contribuir a la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la Justicia. La pandemia ha estimulado la premura de la transformación digital, pero esta no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento que facilite un acceso más universal a la tutela judicial efectiva. En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi. Además, estamos trabajando en la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal homologado para otros territorios, que permitirá la interconexión entre sistemas y la consolidación del expediente judicial electrónico, previsiblemente en unos 18 meses. Igualmente se está trabajando en la extensión de puestos de trabajo deslocalizados que permitan trabajar en remoto o proyectos de textualización de las vistas orales mediante inteligencia artificial.

–¿Son suficientes en Euskadi los recursos destinados a la Administración de Justicia? Se prevé que en los próximos meses la Administración de Justicia se vea saturada por una avalancha de procedimientos concursales, administrativos y civiles provocados por la pandemia. ¿Van a promover o extender los mecanismos de jurisdicción voluntaria? ¿Han previsto de alguna manera este previsible incremento del trabajo de la Justicia?
La pandemia supuso en un primer momento la paralización y el retraso de actuaciones, pero no nos encontramos a falta de recursos, como tampoco los datos sobre volumen de causas es superior a los del entorno. Para asegurar la eficiencia procesal, además de agilizar los procedimientos, las reformas en curso proporcionan instrumentos de resolución de diferencias, mediante la mediación y otros medios de resolución de conflictos, cuyo empleo podrá ser un requisito de procedibilidad previo a la demanda. Lo cual entronca con el papel de las conciliaciones notariales. En este sentido se está trabajando en Euskadi en un plan para el impulso de estos medios adecuados de resolución de conflictos, que pueden además contribuir a aligerar la alta litigiosidad. Los mecanismos de jurisdicción voluntaria, que se encomiendan entre otros funcionarios públicos a los notarios y notarias, cumplen un papel relevante a la hora de plantear diferentes entradas al sistema de Justicia que pueden contribuir a descongestionar la propia jurisdicción contenciosa.

–Finalmente se nombró a Iñaki Subijana Zunzunegui, presidente del TSJPV, en sustitución del jubilado Juan Luis Ibarra. El puesto estuvo en interinidad durante muchos meses, debido a la falta de acuerdo de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que, por otra parte, sigue sin llegar. ¿Qué opinión le merece esta sensación de que la política repercute en la Justicia?
–En primer lugar, quiero hacer pública mi felicitación al nuevo presidente y desearle la mejor suerte en su cometido. Ha sido ciertamente anómalo el retraso y la interinidad. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de limitar la capacidad del consejo saliente, disminuye la credibilidad social en las instituciones, lo que es siempre malo. Aunque, sinceramente, no creo que la independencia de los jueces y magistrados vascos en el ejercicio de su actividad jurisdiccional se vea perturbada por estas cuestiones.

–Hay casi 3.000 notarios repartidos por las ciudades y pueblos del Estado español. En Euskadi, 130 notarios conforman el Colegio Notarial. ¿Qué impresión tiene del trabajo notarial? ¿Es el notario un colaborador eficiente de la Justicia?
–Por supuesto que lo es. Los notarios tienen una función social esencial a la hora de proporcionar fe pública a los negocios y situaciones jurídicas. Y en tal sentido facilitan elementos de juicio o probatorios que pueden ser decisivos para la resolución del pleito. Conexa a la función legitimadora del documento intervenido notarialmente está el control de legalidad que efectúan, que actúa como un elemento de seguridad jurídica preventiva y, en tal modo, ya en la ley de jurisdicción voluntaria se les confiere el conocimiento, junto con otros operadores jurídicos, de algunos actos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional que antes se encomendaban a los jueces. Además, en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se contempla la conciliación notarial como uno de los medios alternativos de resolución de conflictos que puede limitar la gran litigiosidad actual.

“Trabajamos para mejorar la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la justicia”

Huella digital:

EL actual cargo de Beatriz Artolazabal ha hecho crecer su huella digital, con entrevistas y declaraciones en numerosos medios de comunicación, que pueden leerse en intenet. Si les interesa un perfil más institucional, dispone de uno en el Portal de Transparencia del Gobierno, así como en la página web del Gobierno vasco.

“Estamos desarrollando una estrategia vasca de juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación”

Entrevista a María Luisa Segoviano, primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo

EN CURSO LEGAL

MARÍA LUISA SEGOVIANO

Primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo

«Hay que adaptar la legislación laboral a la realidad social»

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo historia el 30 de septiembre de 2020 eligiendo a la primera mujer, en sus más de 200 años de vida, para presidir una de las cinco salas, la de lo Social. La elegida fue la magistrada María Luisa Segoviano, que ya venía ocupando en funciones el cargo en sustitución de Jesús Gullón. Vallisoletana de nacimiento, con formación jurídica (y de orgullo pucelano indisimulado) pasó su infancia en el entonces Marruecos español. Sus primeros destinos fueron en el País Vasco – y no era plaza fácil en la época- y Cataluña. 

CARLOS CAPA

Apasionada del Derecho, oficio de larga impronta familiar desde el bisabuelo notario al padre juez, echa de menos los años en los que podía compatibilizar la jurisdicción con la enseñanza del Derecho Procesal que con tanto tino ejerció.

Moderna sin aspavientos y rigurosa sin soberbia, es un referente imprescindible del Derecho del Trabajo y de la capacidad de alcanzar metas sin techos que lo impidan.

¿Qué supone ser la primera mujer que ocupa la presidencia de una Sala del Tribunal Supremo?

Para mí no es una función desconocida, ya que la ejercí en funciones durante unos meses al jubilarse el anterior presidente, Jesús Gullón. Esto me ayudó a adquirir una experiencia, que se suma a haber presidido la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos y Valladolid. Cuento con el apoyo y la colaboración de todos los que prestan aquí sus servicios: magistrados, letrados, gabinete técnico, personal administrativo… Es fácil ocupar la presidencia con tanto respaldo y, por supuesto, un orgullo.

¿Cuándo llegará la igualdad real entre hombres y mujeres?

Dicen los expertos que tardará todavía cien años, pero yo soy más optimista. Acabo de terminar la memoria de actividad de la Sala Cuarta y he constatado que se han dictado muchas sentencias relativas a cuestiones de igualdad de género y no discriminación. Creo que se van dando pasos en la conciencia social, en adquirir una mayor igualdad efectiva y eso se traslada a los convenios colectivos, a la regulación de las condiciones de trabajo y la sensibilidad social.

¿Alcanzar la igualdad es una cuestión principalmente de educación?

Sin duda, la educación es crucial y lo que se aprende en la infancia es determinante para una evolución igualitaria. A partir de ahí, es la sociedad la que tiene que asumir la lucha contra la desigualdad, que no solo se produce en el ámbito laboral. Las grandes compañías, los bancos o las aseguradoras, por ejemplo, tienen muy pocas mujeres en puestos directivos, a pesar de que la Ley de Igualdad de 2007 les fijaba objetivos de paridad en los Consejos de Administración que deberían haberse cumplido en 2015. Solo un 8% de las cotizadas la tienen hoy.

La mayoría de las profesiones jurídicas tienen hoy una composición mayoritariamente femenina.

Es cierto que entre los operadores jurídicos hay más mujeres que hombres, pero no se da la misma situación en los puestos de mayor responsabilidad, incluida la magistratura.

Parece inconcebible que todavía tengamos que informar sobre agresiones a mujeres. ¿Aborda la sociedad la violencia de género de forma adecuada?

Es cierto que se hacen muchos esfuerzos desde el ámbito legislativo y educativo, pero es indudable que algo falla. La igualdad quizás no está interiorizada, así como la necesidad del respeto entre las personas. En muchas ocasiones la violencia surge de la incapacidad de asumir la ruptura de una relación sentimental por parte del varón. Es una realidad injustificada e inasumible para la sociedad.

¿Es necesaria una jurisdicción especializada en Familia?

Ya existen juzgados especializados, si bien es cierto que no llegan a todos los lugares. Qué duda cabe de que cuando un órgano se especializa permite que resuelva sus asuntos con más eficacia.

¿Cuál cree que es la situación de la conciliación en España?

Tenemos potentes herramientas para implementarla, pero parece que no son suficientes para resolver todos los problemas. La realidad es que las circunstancias de las pequeñas empresas no es como la de las grandes compañías. No podemos ofrecer las mismas soluciones para todas.

¿La pandemia cambiará el modelo de relaciones laborales?

Sí, algunas cosas son evidentes como el éxito del teletrabajo. Las empresas se organizan mejor, pueden implementar la conciliación y además ahorrar costes. También es cierto que hay actividades que solo admiten la presencialidad.

Por otra parte, la falta de relación social en el ámbito laboral tampoco es buena. No se resuelven problemas o se llega a acuerdos de la misma manera de forma telemática que personal. Quizás una fórmula mixta sea lo mejor.

¿El teletrabajo no hace más vulnerables a los trabajadores?

En materias como la protección de riesgos laborales o el control horario, desde luego es más complicado en formatos de teletrabajo. Aun así, tenemos herramientas como el derecho a la desconexión digital, que debe ejercitarse y exigirse ya que está reconocido y regulado. Es cierto que su cumplimiento no es perfecto; me interesan modelos como los de algunas empresas alemanas que desconectan a sus trabajadores de sus servidores cuando han cumplido su jornada.

¿Ya estudian en el Tribunal Supremo alguna cuestión relacionada con esto?

Aún no tenemos ningún caso que resolver sobre esta nueva realidad.

El autoempleo o trabajo autónomo cada vez es más relevante en el tejido laboral español. ¿Se está desdibujando el modelo de relaciones labores por uno mucho más flexible?

El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y la realidad laboral también. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 está obsoleto. El marco normativo laboral debe adaptarse a una realidad que no estaba contemplada hace 40 años. Le pongo el ejemplo de los llamados riders, que reclaman, al menos en parte, un tipo de relación laboral que no está contemplada en la legislación actual.

¿Está supliendo la actividad jurisdiccional social los huecos que la legislación no contempla?

El Derecho social siempre ha sido muy vivo. En un año hemos tenido 2 reales decretos y 16 reales decretos leyes en materia laboral. Los ERTE se desarrollaron de forma casi simultánea a la declaración del primer estado de alarma.

¿Qué influencia tiene el Derecho comunitario en la jurisdicción social?

Tremenda. Es una guía imprescindible en nuestra jurisprudencia. Cuestiones relacionadas con asuntos como trienios, o el cómputo para la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Es muy importante y en materias muy diversas.

Hay una denuncia por la lentitud de la justicia social que en este momento supone señalamientos a dos años vista en algunos juzgados. ¿Qué se puede hacer?

La jurisdicción social es especialmente sensible a las crisis económicas. Sufrió un grave daño en la del año 2008 y cuando nos estábamos recuperando ha llegado la pandemia.

Hoy es imposible dar una respuesta razonable al volumen litigioso. En la Sala Cuarta tenemos más de 7.000 recursos y tiene vacantes por cubrir. Es muy difícil, lamentablemente.

¿Tendremos una avalancha litigiosa cuando decaigan los muros de contención extraordinarios levantados por la pandemia?

Tememos que haya un incremento exponencial del número de asuntos. Se han arbitrado medidas procesales extraordinarias… pero no puedo asegurar que sean suficientes para tramitar con la rapidez necesaria.

¿Está satisfecha de haber dedicado su vida al Derecho?

Para mí hay dos profesiones absolutamente satisfactorias y he podido dedicarme a ambas. Ser magistrada y poder resolver el puzle de las controversias, intentando alcanzar la solución más justa, es una de ellas. Motivar las sentencias te obliga a reflexionar y eso te llena. Cuando consigues establecer criterios interpretativos que hacen las normas más claras sientes una gran satisfacción.

Por otra parte, he dedicado mucho tiempo de mi vida a la docencia como profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid, lo que ha sido también una actividad muy gratificante. Transmitir el conocimiento es muy valioso.

¿Cómo valora la función de los notarios?

Tengo un enorme respeto al Notariado. La figura de mi bisabuelo notario, Astaburuaga, ha sido siempre un referente en mi familia de juristas. La función del notario es trascendental por su función pacificadora. La escritura pública construye los cimientos para evitar un conflicto. La seguridad jurídica que aportan los notarios es imprescindible

“En el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital debe ejercitarse y exigirse, ya que está reconocido y regulado”

Huella digital:

María Luisa Segoviano no mantiene perfiles en las redes sociales, pero es abundante su información en internet. Así, tiene una entrada biográfica en Wikipedia que recoge su perfil profesional y otra en la web de la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort, de la que es vicepresidenta.

Es presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Valladolid, que mantiene el perfil en Twitter @RealAcademiaVa. Prolífica autora, en este enlace puede accederse a la mayoría de sus obras.

“La seguridad jurídica que aportan los notarios al tráfico jurídico es imprescindible”

Entrevista a Tomás de la Quadra-Salcedo, Premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio

EN CURSO LEGAL

Tomás de la Quadra-Salcedo,

Premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio

“Echo en falta el respeto en la vida política que tuvimos en otros tiempos”

El pasado 19 de noviembre Tomás de la Quadra‐Salcedo (Madrid, 1946) recibió de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, en su vigesimosexta edición. El Rey en sus palabras destacó su dedicación constante al servicio público y la labor encomiable de los juristas en nuestra sociedad para mantener el Estado de Derecho.

CARLOS CAPA

TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO es un destacado especialista en Derecho Administrativo, materia de la que es catedrático emérito en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue ministro de Administraciones Públicas entre 1982 y 1985 y de Justicia entre 1991 y 1993. Asimismo, presidió el Consejo de Estado entre 1985 y 1991.

–¿Qué supone para usted haber recibido el Premio Pelayo?

–Supone un honor y una satisfacción, además de un reto para estar a la altura de este galardón, que ya tiene veintiséis ediciones y que han recibido juristas muy ilustres antes que yo.

–En la ceremonia de entrega del Premio Pelayo desde Su Majestad el Rey al resto de los intervinientes resaltaron su condición de servidor público. ¿Qué valor social cree que tiene el servicio público hoy?

–Creo que hay que diferenciar lo que es la política, que no pasa por su mejor momento, del servicio público en sentido estricto. Creo que este último goza de gran reconocimiento social como se ha podido comprobar en esta última etapa con nuestros sanitarios o los enseñantes a los que la sociedad ha puesto en valor. Por otra parte, los recortes presupuestarios que se han sucedido  desde 2008 han mermado sin duda sus capacidades. La inversión pública ha disminuido en materias como la investigación o las infraestructuras y eso puede haber deteriorado el servicio público.

El funcionamiento de la Administración de Justicia también se ha visto afectado por no tener infraestructuras suficientemente dotadas. La pandemia nos ha puesto a prueba al tener que recurrir a mecanismos telemáticos de forma masiva e imprevista.

En lo que se refiere a la política, asistimos a un deterioro provocado por la crispación. Estamos en un momento poco edificante en el que el respeto se ha sustituido por la confrontación permanente.

–¿Estamos en riesgo de padecer una quiebra de confianza entre la sociedad y sus gobernantes?

–Es un tema complejo. A Trump le han votado 73 millones de personas con un discurso agresivo y populista. Vivimos en un momento de radicalidad, de intentar imponer el propio punto de vista y no de buscar el centro de gravedad de la sociedad. No sé si es el líder el que crea la división o la división la que crea al líder. Esto nos debe hacer ser cautos porque la democracia nunca está garantizada. Las constituciones actuales son normas de composición, lo que un presidente del Tribunal Constitucional italiano, Zagrebelsky, definía como “Derecho dúctil”. En su interior hay una aparente confrontación de derechos. Nos debatimos entre el Estado mínimo, con pocos impuestos, pero garante de los derechos clásicos y la necesidad de aplicar los derechos sociales, lo que requiere inversión. Siempre hay gente que pierde y gente que gana y hay un momento en que los peor parados pierden confianza en el sistema, y ahí está el caldo de cultivo del populismo, que luego se muestra incapaz de ofrecer soluciones armónicas y equilibradas.

–¿Ha sido la Justicia la ‘cenicienta’ de los servicios públicos? ¿Los gobiernos le dan poco valor?

–Sería necesario lograr un pacto sobre la Justicia, con la mirada a largo plazo, que la dote de los medios y los recursos necesarios más allá de lo inmediato. Hay más problemas que los meramente materiales, pero sí es necesario avanzar en la dotación de medios, especialmente personales, probablemente en un horizonte que llegue al menos a dos legislaturas.

Tengo dudas en el sistema de selección de los jueces. Quizás se valora mucho la memoria, pero no tanto la inteligencia. En mi opinión no hay carrera en la que haga menos falta la memoria que el Derecho. En un ordenamiento como el actual, con tantos multiniveles, desde el local al internacional, hay que estudiar la aplicación del Derecho desde múltiples perspectivas. En Derecho cada caso es único y eso exige una capacidad de análisis y comprensión que choca con lo memorístico. Por supuesto “cantar” los temas es un modelo que garantiza la objetividad y la imparcialidad en la selección, pero no sé si consigue seleccionar a los mejores. Habría que introducir una prueba de resolución razonada de un caso.

–¿Cuál debe ser nuestro modelo de Justicia con una perspectiva excesivamente corta?

–Se debería consensuar el modelo sin pensar quién se va a llevar los méritos de su implementación, con una aplicación que seguramente llevaría varias legislaturas. En este caso pasa como en la legislación electoral. Nadie quiere emprenderla cuando gobierna por si le perjudica en las siguientes elecciones. Hay una cierta falta de generosidad política.

–¿A quién protege más el Derecho Administrativo –en el que usted es un referente indiscutible– a la administración o al administrado?

–Un juez ordinario no es capaz de resolver muchas de las cuestiones que se originan en la actividad administrativa. La jurisdicción especializada resuelve con mayor eficiencia estos casos, equilibrando el interés colectivo con el particular.

–¿Qué rol juega en el sistema el Derecho Administrativo?

–El Derecho Administrativo es una parte del Derecho Público y siempre hay que remontarse a la Constitución y a la Unión Europea. No se puede prescindir de ese continuo. Quizás hay una separación artificial entre el Derecho Constitucional y el Administrativo. En la realidad no se puede entender uno sin otro. Quizás lo adecuado sería entenderlo todo como Derecho Público.

–¿Conserva la Administración demasiadas prerrogativas frente al ciudadano?

–La Administración no tiene prerrogativas en obsequio a ser poderosa. Es un punto de vista equivocado. Sus capacidades privilegiadas lo son porque está al servicio de lo público y en todo caso están controladas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

–¿El actual modelo autonómico responde a lo que fue la voluntad del constituyente?

–El Estado es hoy mucho mejor que el que hubiéramos tenido sin modelo autonómico. España era un estado macrocefálico y eso hacía perder calidad democrática. Si el Estado está solo en Madrid, eso, para muchos, está muy lejos. La democracia tiene muchos niveles y es necesario tener conciencia de que está cerca. Así, el sistema autonómico ha hecho que nadie en Europa haya considerado que Cataluña fuera una colonia sojuzgada y nadie va a aceptar que se rompa el marco constitucional. Los nacionalismos están en el origen de muchos de los problemas en el mundo. El sistema autonómico da legitimidad al Estado y ha sido beneficioso para la sociedad. Creo que el conflicto catalán pasará y, si no es así, conviviremos con él, pero cargados de razón.

–¿Cuál es su opinión acerca del papel que juega el notariado en la sociedad?

–Los notarios juegan un papel insustituible. Nuestro modelo de fe pública, sin perjuicio de mejoras, no tiene alternativa y es, además, exportable. El notariado es una figura indispensable para la sociedad.

Usted ha transitado por diversas funciones en el servicio público: la Universidad, el Gobierno, el Consejo de Estado… ¿En cuál se ha sentido mejor?

–Indudablemente formar parte del primer gobierno socialista en 1982 fue un momento increíble, alcanzar un objetivo por el que se había trabajado mucho. Era poder hacer lo que siempre habíamos deseado hacer en democracia. Tuve la suerte de haber ocupado carteras ministeriales en las que se podían hacer grandes cosas y, a pesar de tener mayoría absoluta, la mayoría de las leyes que promoví fueron pactadas.

En la etapa en que fui Ministro de Justicia, tuve la oportunidad de promover los pactos con todas las confesiones religiosas, coincidiendo con el quinto centenario de la expulsión de los judíos o la toma de Granada.

Mi etapa como presidente del Consejo de Estado me ofreció la oportunidad de participar en el servicio público de forma más sosegada y reflexiva.

Echo en falta el respeto, que hoy se ha perdido, en la política.

“Sería necesario lograr
un pacto sobre la justicia,
con la mirada a largo plazo,
que la dote de los medios y los recursos necesarios”

Huella digital:

Tomas de la Quadra-Salcedo dispone de una cuenta en la red social Linkedin que detalla su vida profesional. La Universidad Carlos III de Madrid, donde es catedrático emérito de Derecho Administrativo, mantiene un perfil en el que se contiene su currículo, datos de contacto y actividad académica. 

El portal Biografías y Vidas le dedica una entrada que puede consultarse aquí

En la Web “Todos tus libros” puede consultarse su extensa bibliografía.

“Las prerrogativas de la Administración existen por su valor para la defensa
del interés público”