CONSUMO

presidente de FUCI
La educación financiera ha de pasar por inculcar actitudes críticas ante las decisiones económicas”
Finanzas para menores, derechos y obligaciones
En España el eje central de la protección de los menores de edad es la Ley Orgánica de Protección jurídica del menor, así como el Código Civil, en su artículo 154 y siguientes en el marco de la patria potestad y en los artículos 164 a 168, que vienen a proteger el patrimonio del menor no emancipado, bajo el principio de su interés superior. Cabe decir que los tutores legales deben administrar los bienes de los menores con la diligencia exigible y no pueden disponer libremente de determinados bienes del menor al margen de los requisitos que marca la ley.
Así, un menor de 14 años tiene muy limitada su capacidad de contratar. Cualquier cuenta corriente o de ahorro debe ser abierta obligatoriamente en su nombre por sus progenitores o representantes legales. A los mayores de 14 años se les permite mayor autonomía legalmente, como el uso de tarjetas de débito, el prepago o cuentas jóvenes, asociadas a cuentas digitales supervisadas, pero siempre bajo el consentimiento y firma de sus tutores legales, de ahí que sean estos responsables solidarios en caso de la indemnización y la reparación económica ante los posibles daños causados por sus tutelados de forma civil.
Cómo velar por los menores
Socialmente, la protección de los menores en materia financiera es un objetivo compartido entre las familias, la educación en la escuela y la Administración pública.
Los niños, las niñas y adolescentes son nativos digitales, por lo tanto, esa educación financiera, como no puede ser de otra manera, ha de tener en cuenta que casi todas las transacciones económicas pasan por las aplicaciones móviles, tarjetas, plataformas digitales y servicios de contratación inmediata.
Las primeras transacciones económicas se basan muchas veces, en mayor o menor medida, en la primera paga semanal, el primer teléfono móvil o la primera compra a través de internet, que generalmente es el primer contacto que los menores de edad tienen con el dinero, que luego tendrá un significado importante en las conductas cuando se llega a ser adultos. Sin embargo, estas primeras relaciones económicas se enfrentan a riesgos reales que necesitan de una tutela efectiva, para evitar que este sector vulnerable se vea inmerso en riesgos de endeudamiento, de fraudes y de falta de control financiero.
De ahí la necesidad de abordar la educación financiera protegiendo los derechos de los menores, las obligaciones de las entidades financieras, la responsabilidad familiar y, cómo no, de las Administraciones públicas.
El objetivo primordial es evitar que la condición de menor sea aprovechada para inducirlos a asumir riesgos que no están preparados para valorar y, por supuesto, formar e informar para que sean ellos capaces de tomar decisiones económicas responsables.
La educación financiera ha de pasar por inculcar actitudes críticas ante las decisiones económicas, valorar las consecuencias de los gastos y el endeudamiento, enseñarles que los recursos no son ilimitados.
Es indudable que la formación financiera del menor hay que adaptarla a las dos etapas del desarrollo infantil, a los menores de 14 años, que pueden tener cuentas corrientes o de ahorro, siempre abiertas por sus tutores legales, y a los mayores de 14 años que pueden manejar tarjetas de débito y/o prepago con autorización expresa de sus tutores. También pueden tener fondos de inversión y acciones que únicamente se autorizan bajo un perfil conservador y fines de ahorro a largo plazo para el menor. Y, por supuesto, nunca tarjetas de crédito o préstamos que están prohibidos hasta la mayoría de edad. Ante esta situación cada perfil merece un trato diferenciado a la hora de educar financieramente.
Tampoco podemos obviar que la educación financiera no se puede dejar solo en manos de la familia, pues quienes viven en entornos con menores recursos o conocimientos financieros pueden quedar en desventaja.
Actualmente el mercado ofrece gran variedad de productos financieros para jóvenes, como cuentas bancarias, de ahorro, tarjetas de débito o prepago y aplicaciones que puedan controlar los gastos. No hemos de olvidar que, aunque son productos dirigidos a menores, no están exentos de riesgos.
Precauciones que deben tomar los jóvenes
Debe prestarse especial atención a productos financieros como aplicaciones que incorporan mecanismos de recompensa, compras a un solo clic, publicidad personalizada o estímulos que fomentan el consumo impulsivo. La inevitable facilidad que los jóvenes tienen con las nuevas tecnologías, no deben confundirla con una decisión económica consciente.
La publicidad juega un papel importante a la hora de inducir a los jóvenes a contratar productos financieros, como los productos estructurados o las criptomonedas, las acciones, fondos de inversión, que pueden hacer creer al joven que son productos para ganar dinero, sin informarles de los riesgos que comportan, como la volatilidad, falta de liquidez o simplemente dificultades para comprender su funcionamiento. También las redes sociales pueden cumplir un papel fundamental en la desinformación.
La información en la familia pasa por explicar las decisiones de compra, comparar precios o la inducción al ahorro que pueden contribuir a la autonomía. Una de las costumbres más arraigadas en nuestro país es la llamada paga semanal, mayor o menor según los recursos familiares, que puede ayudar al menor a entender la relación que existe entre el gasto y sus propios recursos. En cuanto a los instrumentos financieros, tarjetas o cuentas bancarias, el papel de los padres o tutores legales es fundamental a la hora de explicar los riesgos de compartir contraseñas, facilitar códigos de verificación, delitos cibernéticos, y ofertas de origen dudoso, o utilizar redes inseguras o aceptar enlaces que por su condición de vulnerable pueden ser un objetivo.
Una educación financiera no solo debe centrarse en el dinero y su uso, sino ir más allá, incorporando valores como la responsabilidad, la solidaridad, el consumo sostenible y el respeto a las diferentes realidades económicas.
Las entidades financieras también juegan un papel importante. La transparencia y la responsabilidad, deben ser el eje de su relación financiera con el menor y con sus tutores legales. El artículo 18 del RD Legislativo 1/2007 de la ley de consumidores establece que los bienes y servicios puestos a disposición en el mercado deben asegurar, de forma cierta y objetiva, una información correcta sobre su uso, características y riesgo. También en su artículo 20 obliga al prestador de servicios a suministrar de forma veraz y suficiente las características esenciales del bien o servicio y precio, incluyendo impuestos, condiciones económicas y garantías. En los contratos a distancia o fuera del establecimiento comercial, se debe facilitar obligatoriamente la información previa sin coste adicional para el consumidor.
Formación y educación de los consumidores
La información contractual debe permitir conocer con claridad las comisiones, los límites de uso, las condiciones de cancelación, cómo se tratan los datos personales y las consecuencias de las operaciones realizadas, además de que en el entorno digital han de tener instrumentos suficientes para prevenir fraudes, mecanismos de seguridad adecuados y poner al servicio de los usuarios canales rápidos y adecuados para poder comunicar operaciones no autorizadas o resolver con agilidad las incidencias que surjan.
Las administraciones públicas también juegan su papel en la tutela financiera del menor, el cual tiene derecho a la información contractual, regulada en el título IV del Real Decreto 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios; según el art. 17 de la ley, las Administraciones públicas fomentarán la información, formación y educación de los consumidores y usuarios, prestando especial atención a los sectores con mayor proporción de personas consumidoras vulnerables. La publicidad y las comunicaciones comerciales también pueden incidir en las decisiones financieras del menor y han de formar parte de esa protección efectiva.
En definitiva, la educación financiera de los menores debe ir siempre acompañada de una protección específica de sus derechos como consumidores vulnerables. Según Plutarco, educar no consiste en imponer datos o memorizar información de forma pasiva, sino en despertar la curiosidad, el pensamiento crítico y la pasión por aprender.

