Mejorar la vida de las personas: dependencia y derecho a decidir con apoyos

La reforma de la Ley de Dependencia representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de atención más personalizado, flexible y comunitario. La posibilidad de combinar prestaciones, ampliar la asistencia personal o favorecer la permanencia en el hogar puede mejorar significativamente la vida de las personas con discapacidad.

Ahora bien, todas estas medidas deben ir acorde con la exigencia de que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y a contar con los apoyos necesarios para hacerlo. Decidir es un derecho de todas las personas.

En este sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce, en su artículo 12, el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. En España, la Ley 8/2021 supuso un cambio fundamental al sustituir el modelo de incapacitación judicial por otro basado en los apoyos, el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de cada persona.

Este cambio requiere transformar prácticas y actitudes profundamente arraigadas. Prestar apoyo no significa decidir por alguien, sino facilitar información comprensible, presentar alternativas, acompañar los procesos de decisión y respetar las elecciones personales. Todas las personas necesitamos apoyos para decidir en determinados momentos. Si bien algunas requieren acompañamientos más intensos, continuados o especializados, pero esa necesidad nunca debe justificar la sustitución de su voluntad.

Vivir en casa no significa necesariamente poder decidir

La apuesta por los cuidados en el hogar y los servicios comunitarios constituye un avance hacia la vida independiente. No obstante, permanecer en una vivienda no garantiza, por sí solo, la autonomía. Una persona puede vivir en su casa sin participar en las decisiones sobre sus horarios, relaciones personales, recursos económicos o actividades cotidianas. También puede recibir numerosos servicios sin haberlos elegido.

El artículo 19 de la Convención reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad. Esto implica poder elegir dónde y con quién vivir, qué apoyos recibir y cómo organizar el propio proyecto vital. Por tanto, la personalización no debe limitarse a adaptar los servicios a las necesidades identificadas por profesionales. Debe partir de las decisiones, aspiraciones y preferencias de la persona.

Las entidades de apoyo: acompañar decisiones y construir autonomía

Hay que seguir trabajando para que el derecho a decidir con apoyos sea una realidad cotidiana. En esta línea, la Asociación Liber y su red de entidades de apoyo acompañan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o con problemas de salud mental en decisiones personales, jurídicas y patrimoniales para que puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica en la toma de decisiones.

Elegir dónde vivir, gestionar recursos económicos, mantener relaciones personales, solicitar servicios o planificar el futuro son decisiones que requieren, en ocasiones, apoyos especializados. Esta labor exige tiempo, continuidad, conocimiento de cada persona y relaciones de confianza. También requiere herramientas de comunicación accesibles, profesionales preparados y preparadas y salvaguardas que eviten abusos, conflictos de intereses o influencias indebidas.

En el caso de Liber, a través de nuestro Modelo de Apoyos, promovemos una intervención centrada en la persona, orientada a fortalecer su autonomía y respetar sus decisiones. Además, impulsamos la participación directa de las personas apoyadas en espacios de formación e incidencia. Su experiencia resulta imprescindible para identificar las barreras que todavía dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos.

Los conciertos sociales: garantizar la continuidad de los apoyos

Para que este modelo funcione, el reconocimiento legal de los derechos debe acompañarse de una financiación pública suficiente, estable y adaptada a la naturaleza de los servicios. Actualmente, una de las principales dificultades del sector es la dependencia de subvenciones anuales y finalistas y convocatorias que generan incertidumbre sobre la continuidad de los recursos.

Sin embargo, los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica no pueden depender de ciclos presupuestarios breves. Las personas necesitan acompañamiento continuado, especialmente cuando existen grandes necesidades de apoyo o situaciones personales complejas. En este sentido, los conciertos sociales constituyen una herramienta fundamental para garantizar esa estabilidad. Su desarrollo por las comunidades autónomas, dentro de sus respectivos marcos normativos, permitiría establecer relaciones de colaboración duraderas entre las administraciones públicas y las entidades especializadas, vinculando la financiación a la prestación de servicios de interés social y al cumplimiento de criterios de calidad.

Es necesario avanzar hacia sistemas de concertación social que reconozcan las particularidades de los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica, aseguren su sostenibilidad y eviten desigualdades territoriales. No se trata de financiar organizaciones, sino de garantizar derechos: que una persona no pierda sus apoyos por la finalización de una subvención o por residir en una comunidad autónoma con menos recursos.

Una transformación que debe llegar a la vida cotidiana

La reforma de la Ley de la Dependencia también exige una mayor coordinación entre servicios sociales, sanitarios, recursos comunitarios y entidades de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Es importante distinguir los cuidados para realizar actividades cotidianas de los apoyos para tomar decisiones. Son intervenciones complementarias, pero diferentes, y ambas deben respetar la voluntad de la persona.

El verdadero reto consiste en transformar los avances normativos en servicios accesibles, coordinados y sostenibles. Para lograrlo, necesitamos profesionales formados y formadas, recursos suficientes, financiación estable y mecanismos que permitan evaluar si las personas están ejerciendo realmente su derecho a decidir.

Desde Liber defendemos que la transformación del sistema de cuidados debe avanzar junto al modelo de apoyos de la Ley 8/2021, incorporando fórmulas estables de colaboración pública, especialmente mediante conciertos sociales. Porque el objetivo no es únicamente que las personas con discapacidad reciban mejores cuidados, sino que puedan decidir cómo quieren vivir y construir sus propios proyectos de vida.