La historia de Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, ha sido un mix de polémica y escándalo desde el momento en que anunció su candidatura en 2015. Su presidencia, que se extendió desde enero de 2017 hasta enero de 2021, fue testigo de una serie de hechos que dejaron una profunda huella en la historia política de la gran nación estadounidense. Desde sus incursiones en los negocios hasta su propia carrera política, Trump ha desafiado todos los parámetros de una carrera sin límites ni frenos. Ascendió a la presidencia con discursos incendiarios y un estilo agresivo, polarizando los vectores del país durante su mandato. Este llegó a un punto crítico el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios atacaron violentamente el Congreso.

Actualmente, lejos del Despacho Oval, Trump afronta una enrevesada tela de araña judicial que tiene estupefacta a la nación. Las acusaciones que enfrenta van desde sus sospechosas finanzas hasta los casos relacionados con el asedio al Congreso y las tentativas de anulación de las votaciones presidenciales. El ex presidente y actual candidato de nuevo a la presidencia se defiende calificando como “caza de brujas” sus acusaciones, propulsadas por razones políticas. Permítaseme adentrarnos en los intrincados detalles de los juicios que son, hoy por hoy, su legado postpresidencial.

Caso Stormy Daniels y sus oscuras finanzas

El caso Stormy Daniels representa un capítulo singular dentro de la historia judicial de Donald Trump. Este proceso, que se programó para el 25 de marzo de 2024 en Nueva York, contempla los acontecimientos que sucedieron durante la contienda electoral de 2016. La denuncia se basa en la entrega de 130 mil dólares que el asesor legal de Trump, Michael Cohen, le pagó a la actriz de cine porno Stormy Daniels, con el objetivo de conseguir un convenio atinente a una supuesta relación sexual con el presidente. La inversión de dinero, bien camuflada, ha sido el origen de que Trump sea acusado por falsificación contable.

Este caso, relacionado con problemas personales del rubio expresidente, puede tener consecuencias jurídicas importantes y afectar la posición electoral de Trump. En el campo financiero, la investigación se ha ampliado para incluir las declaraciones de impuestos y las prácticas comerciales de Trump. Los fiscales de Nueva York investigaron si el expresidente cometió evasión fiscal y si subestimó o amplió el valor de sus activos por motivos financieros. La investigación, que va más allá del caso Stormy Daniels, revela la complejidad de las finanzas del presidente Trump y a su través un minucioso análisis de su presidencia. Acaba de producirse la sentencia en la que Trump y sus allegados han sido condenados a pagar un total de 364 millones de dólares, que en realidad se elevan a 450 millones, sumando los intereses.

Papeles de Mar-a-Lago y tenencia ilícita de material clasificado

Este proceso, previsto para el 20 de mayo de 2024, se centra en la residencia privada Mar-a-Lago del presidente Trump en Florida, y plantea serias dudas sobre la seguridad y el manejo de información clasificada relacionada con la presidencia. En agosto de 2022, el FBI registró Mar-a-Lago y descubrió 48 cajas de materiales que contenían aproximadamente 100 documentos de carácter restringido. Alrededor de 30 de estos documentos estaban relacionados con planes de contingencia ultrasecretos para posibles ataques a países extranjeros, incluido Irán.

Los fiscales, encabezados por el fiscal especial Jack Smith, alegan que el presidente Trump cometió 40 delitos relacionados con la posesión ilegal de documentos clasificados, algunos de los cuales fueron encontrados amontonados en el baño. Los cargos incluyen también violar la Ley de Espionaje y el intento de eliminar imágenes de las cámaras de vigilancia de Mar-a-Lago, después de una orden judicial para divulgar los materiales. Más allá de las complejidades legales, este caso plantea dudas sobre la responsabilidad de un presidente en ejercicio y el manejo adecuado de la información clasificada después de dejar el cargo.

Intentos de anular las elecciones de 2020 y sus implicaciones

El tercer acto del escenario legal de Donald Trump se centra en el intento de anular las elecciones de 2020, y el episodio supone uno de los capítulos más graves y complejos de la historia judicial del expresidente estadounidense. La demanda cubre eventos desde la derrota electoral de Trump en noviembre de 2020 hasta el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y contiene una serie de acusaciones graves.

El fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de cuatro cargos clave: manipulación de testigos, obstrucción de la justicia, conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y conspiración para violar los derechos civiles. Estas acusaciones, que involucran a seis asociados de Trump mencionados indirectamente, demuestran la gravedad de una conducta destinada a socavar la democracia y el Estado de derecho.

La acusación formal alega que el presidente Trump difundió a sabiendas afirmaciones falsas sobre los resultados electorales para crear una atmósfera de desconfianza e ira en todo el país y socavar la confianza pública en la administración electoral. Los fiscales argumentan que las acciones del ex presidente fueron más que una declaración política; un intento calculado de cambiar la percepción del público sobre la legitimidad de las elecciones.

La comparecencia de Trump ante un tribunal federal en Washington fue un acontecimiento histórico, ya que marcó la primera vez que un expresidente declaró voluntaria y judicialmente su inocencia. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio, pero el caso podría marcar un punto de inflexión en la narrativa pospresidencial de Trump y sus percepciones sobre la integridad de las instituciones democráticas. Más allá de las complejidades legales, este caso plantea preguntas sobre las responsabilidades de un presidente en ejercicio y el manejo adecuado de la información clasificada después de dejar el cargo.

Intento de alterar el resultado electoral en Georgia

El cuarto y último capítulo de la serie de demandas contra Donald Trump se centra en los intentos de cambiar los resultados electorales de Georgia. A diferencia de demandas anteriores, esta acusación es federal y se centra en eventos específicos que ocurrieron en Georgia durante los tumultuosos días posteriores a las elecciones de 2020. Fani Willis, la fiscal a cargo de la investigación, acusó a Trump y otros de presionar a los funcionarios electorales de Georgia para que alteraran el escrutinio, dando a Biden la victoria por menos de 12.000 votos. Además, los fiscales están investigando la interferencia con los sistemas informáticos de las máquinas de votación electrónica en los condados locales y los intentos de explotar a los votantes fraudulentos en beneficio del presidente.

Una parte clave del caso es el intento del presidente Trump de presionar al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que encontrara la fórmula de que Trump superara el resultado de su rival. Aunque el presidente Trump afirma que simplemente estaba expresando su descontento, la evidencia presentada plantea serias dudas sobre la integridad del proceso electoral y la interferencia externa en la democracia de la nación. Al centrarse en acciones específicas este caso resalta la importancia de la jurisdicción estatal para proteger la integridad electoral. El desarrollo de este caso podría tener un impacto duradero tanto a nivel estatal como en la percepción del público sobre la justicia del proceso electoral.

Trump frente a los vetos de los Estados: Casos Maine y Colorado

La disputa legal del expresidente Donald Trump ha empeorado cuando Estados clave decidieron prohibirle participar en las primarias presidenciales. Este desafío es evidente en dos Estados importantes: Maine y Colorado. Los dos han adoptado posiciones diferentes, lo que pone de relieve la complejidad de la interpretación constitucional estadounidense.

• Maine: El estado de Maine, liderado por la secretaria de Estado Shena Bellows, ha prohibido al presidente Trump participar en sus elecciones primarias en virtud de la Decimocuarta Enmienda, que prevé la descalificación de quienes participan en las elecciones habiendo sido culpables de actos de rebelión.

La decisión de Maine se basó en el papel del presidente Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, calificada como insurrección, pues la Constitución no tolera los ataques a los cimientos del gobierno. La medida plantea serias dudas sobre la interpretación de la inmunidad presidencial y su aplicación a los acontecimientos ocurridos después de dejar el cargo.

• Colorado: También la Corte Suprema de Colorado falló a favor de no permitir que el presidente Trump participara en las primarias. La negativa se basa en la interpretación de que su participación en los intentos de anular los resultados electorales constituye una conducta no protegida por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión.

El Tribunal Supremo federal de Estados Unidos acaba de revocar por unanimidad la decisión anterior de Colorado (19 de diciembre) de expulsar a Trump de las primarias republicanas del Estado después de determinar que la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos lo descalificaba para volver a ocupar un cargo público. Esto da luz verde a la candidatura de Trump, y elimina las dudas que pudiera haber sobre su candidatura republicana, que con la sentencia del TS queda totalmente expedita.

Si Biden persiste en su candidatura y no es sustituido por otro candidato, pienso que la elección presidencial será para Donald Trump.