EN ESTE PAÍS
Joaquín Merchán Bermejo (Salamanca) lleva más de dos décadas en la primera línea de la representación de los graduados sociales. Presidió el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Salamanca entre 2003 y 2015, fue vicepresidente segundo del Consejo General entre 2014 y 2018 y, después, vicepresidente primero. En septiembre de 2023, tras la dimisión de Ricardo Gabaldón, asumió la presidencia en funciones; en febrero de 2024 fue elegido presidente y en mayo tomó posesión ante la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Le ha tocado pilotar el centenario de una profesión que nació en 1925 con las Escuelas de lo Social y que hoy suma más de 17.000 profesionales en activo y que le acaba de renovar en el cargo.
-Los graduados sociales acaban de celebrar su centenario. ¿Qué queda de aquellas Escuelas de lo Social de 1925?
– Queda lo más importante: la vocación de servicio y el compromiso con la justicia social. Las Escuelas de lo Social nacieron para dar respuesta a la necesidad de contar con profesionales capaces de comprender y ordenar las relaciones laborales. Cien años después, ese espíritu sigue vigente, aunque la profesión se ha transformado profundamente. Hoy somos profesionales universitarios especializados en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos, y asesoramos tanto a empresas como a trabajadores. La pandemia o la dana han demostrado que somos imprescindibles para el funcionamiento del sistema. El centenario no debe ser una mirada nostálgica, sino un impulso hacia el futuro.
-Asumió la presidencia en un momento delicado, tras la dimisión de su predecesor. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
– Asumí la presidencia con la responsabilidad de preservar la estabilidad institucional y fortalecer la unidad del colectivo. En momentos así, lo fundamental es demostrar que las instituciones están por encima de las circunstancias personales. Hemos reforzado nuestra presencia institucional, la comunicación con los colegios territoriales y la formación continua. La audiencia con Su Majestad el Rey y los dos congresos internacionales del centenario han sido hitos muy significativos. Y hemos abierto interlocución estable con los ministerios: con la ministra Elma Saiz conseguimos un Grupo Técnico de Trabajo Permanente; y la vicepresidenta Yolanda Díaz se comprometió a contar formalmente con el Consejo en la redacción del nuevo Estatuto de las Personas Trabajadoras, y con el ministro Félix Bolaños mantenemos un diálogo fluido sobre el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
“LA PANDEMIA O LA DANA HAN DEMOSTRADO QUE SOMOS IMPRESCINDIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA”
-Las reformas laborales y los cambios de criterio se suceden a gran velocidad. ¿Tienen hoy empresas y trabajadores la seguridad jurídica que necesitan?
– Sinceramente, todavía no. Vivimos en un marco de inseguridad jurídica que dura ya demasiado tiempo. El autónomo y el empresario, y recordemos que el 95% son pymes, necesitan saber qué va a pasar con el IVA franquiciado o con su cuota de autónomos. Y las personas trabajadoras necesitan saber cuál va a ser su salario mínimo a partir del 1 de enero. La seguridad jurídica es saber qué reglas del juego tenemos cuando empieza el partido, y el partido empieza el 1 de enero de 2027. Otros años el salario mínimo se podría haber aprobado antes de enero y no fue así: el empresario y el trabajador conocían sus costes y lo que iban a ganar en febrero o en marzo. Lo he reclamado reiteradamente. Este año parece que se va a aprobar antes, pero porque hay unas elecciones de por medio. Celebro que se apruebe, pero lamento profundamente que el salario mínimo entre en el juego electoral. Esta forma de legislar debe terminar.
No cuestionamos que haya que actualizar las normas; el problema surge cuando se cambian sin planificación, con plazos muy ajustados y sin instrucciones claras para quienes tenemos que aplicarlas. La seguridad jurídica no consiste en dejar de reformar, sino en hacerlo bien.
“LA SEGURIDAD JURÍDICA ES SABER QUÉ REGLAS DEL JUEGO TENEMOS CUANDO EMPIEZA EL PARTIDO”
-Ese salario mínimo llegará, además, sin acuerdo con los empresarios. ¿Qué le ha pasado al diálogo social?
– Que se ha diluido. Esa es la palabra. Las relaciones laborales siempre han funcionado sobre un trípode de sindicatos, empresarios y Gobierno, y cuando una de las patas no está, el trípode no se sujeta. Creo que este es ya el tercer salario mínimo sin acuerdo entre las tres partes, y es una malísima noticia para las relaciones laborales y para la economía, porque si algo mueve la economía es el trabajo. Las normas que nacen sin acuerdo nacen cojas.
España ha progresado siempre a través de grandes acuerdos, desde los Pactos de la Moncloa, gobernara quien gobernara. Del progreso nadie puede hacer bandera. Y los graduados sociales hemos sido verdaderos arquitectos de esa paz social.
“LAS RELACIONES LABORALES FUNCIONAN SOBRE UN TRÍPODE. CUANDO UNA DE LAS PATAS NO ESTÁ, EL TRÍPODE NO SE SUJETA”
-Usted se ha ofrecido como mediador.
– Me he brindado, dentro de mi pequeña persona, a mediar entre empresarios, sindicatos y Gobierno como alguien ajeno al mundo político, porque este presidente no hace política: hace relaciones laborales de forma técnica. Se lo he dicho a la ministra varias veces. Estoy seguro de que, sentados en una mesa, los pondría de acuerdo, no por mí, sino porque conozco la materia y las fortalezas y debilidades de ambas partes. Muchas veces lo que falta es un agente externo.
-El registro horario es el ejemplo más reciente de ese desencuentro.
– Lo que no es normal es querer imponer por reglamento medidas que se tienen que acordar. No se puede legislar igual para una empresa de 2.000 trabajadores que para una de 1.000, y el 95% de las empresas tiene menos de diez. Claro que está bien tener un control horario, y los propios empresarios lo piden, pero adecuado a cada tipo de empresa. La pregunta es cómo se lleva a cabo. Sin el acuerdo de los empresarios, ese reglamento no va a salir. Y al próximo Gobierno, sea el que sea, le pido también que el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social vuelvan a ser uno. Separarlos ha sido un error. Son vasos comunicantes que gestionan un transatlántico de casi 30 millones de solicitudes, y ese transatlántico lo conocemos al dedillo los graduados sociales, porque somos quienes lo pilotamos.
-Notarios y graduados sociales comparten clientes: autónomos, pymes y empresas familiares. ¿Dónde ve más espacio de colaboración?
– Es un espacio muy amplio, porque trabajamos con las mismas personas y empresas desde perspectivas complementarias. Pensemos en una empresa familiar que afronta un relevo generacional. El notario formaliza los actos necesarios para ordenar la sucesión, transmitir participaciones o constituir una sociedad. El graduado social analiza las consecuencias laborales y de Seguridad Social: la continuidad de los contratos, las obligaciones con la plantilla o las cotizaciones. Lo mismo ocurre con el autónomo que se acerca a la jubilación o con una transmisión de negocio. Una planificación coordinada evita que una decisión correcta desde una perspectiva genere problemas desde otra.
“CON LOS NOTARIOS NO SE TRATA DE INVADIR COMPETENCIAS, SINO DE COMPLEMENTARLAS”
-¿Qué aporta el control notarial preventivo al ámbito sociolaboral?
– Seguridad jurídica, legalidad y garantías en la formalización de los actos y negocios que le corresponden. Contribuye a prevenir conflictos. Nosotros aportamos el conocimiento del impacto laboral y de prestaciones de esas decisiones. No se trata de invadir competencias, sino de complementarlas. Si ambos profesionales intervenimos desde las primeras fases de una operación, el ciudadano recibe un servicio más completo y más seguro.
-El 30 de enero de 2025 firmaron un convenio con el Consejo General del Notariado para conectar su plataforma con la Sede Electrónica Notarial. ¿Ha agilizado los servicios?
– Sí. Nació con una finalidad concreta: el intercambio electrónico seguro de documentación entre graduados sociales y notarios, para evitar gestiones innecesarias y ahorrar tiempo a ciudadanos y empresas. Ha permitido avanzar en la remisión telemática de los documentos necesarios para preparar escrituras públicas. Ahora trabajamos en una interconexión más completa, con sistemas seguros de identificación y firma electrónica. La prioridad es que el ciudadano no tenga que actuar de mensajero entre profesionales ni aportar una y otra vez documentación que puede circular de forma segura entre instituciones autorizadas.
-Ustedes ejercen la representación técnica en la jurisdicción social. ¿Cómo valora el funcionamiento de los juzgados de lo social?
– Resuelven cuestiones que afectan directamente a la vida de las personas: despidos, salarios, prestaciones, incapacidades. Por eso los retrasos son especialmente preocupantes. Cuando alguien espera meses o años una respuesta sobre su empleo o sus ingresos, la demora agrava una situación ya complicada. No basta con pedir rapidez a los jueces; hace falta una respuesta estructural, con más medios, mejor organización y una dotación acorde a la carga de trabajo. También hay que reforzar la conciliación y la mediación: resolver un problema antes de que llegue al juzgado es, muchas veces, la mejor forma de hacer justicia. La justicia, además de independiente y de calidad, tiene que llegar a tiempo.
-La ampliación de sus competencias procesales es una reivindicación histórica. ¿Cree que el próximo Gobierno la atenderá?
– Hace años conseguimos la representación técnica, después el recurso de suplicación ante los tribunales superiores de justicia, y desde hace tiempo pedimos el ansiado recurso de casación. Con este Gobierno nos hemos quedado a las puertas: han pitado el final del partido. Pero estoy seguro de que el próximo Gobierno, del color que sea, se lo reconocerá a los graduados sociales. Y estamos muy atentos a la futura ley de asistencia jurídica gratuita, porque queremos estar en ella en la jurisdicción social, que es nuestro ámbito. Lo vamos a conseguir, porque es una cuestión de ley y una cuestión natural. Me he reunido con los principales grupos parlamentarios para explicarlo.
“ESTOY SEGURO DE QUE EL PRÓXIMO GOBIERNO, DEL COLOR QUE SEA, NOS DARÁ EL RECURSO DE CASACIÓN”
-La inteligencia artificial ya entra en nóminas, contratos y gestión de recursos humanos. ¿Amenaza u oportunidad?
– Una oportunidad extraordinaria, si se usa con responsabilidad. La profesión ya demostró su capacidad de adaptación con la informatización de la Seguridad Social y el Sistema RED. La automatización agiliza tareas repetitivas y libera tiempo para el asesoramiento de valor. Pero la tecnología es un medio, no un sustituto del conocimiento jurídico ni de la responsabilidad profesional. El límite está en el criterio, la supervisión y la ética: una herramienta puede dar una respuesta convincente y, sin embargo, interpretar mal una norma o usar información desactualizada. Y en el ámbito laboral manejamos datos especialmente sensibles. La inteligencia artificial no eliminará al graduado social; exigirá más especialización.
-¿Qué le diría a un joven que estudia Relaciones Laborales y duda si colegiarse?
– Que tiene ante sí una profesión apasionante, con enorme utilidad social y mucho futuro. El graduado social no es solo quien prepara nóminas o tramita contratos: asesora, previene conflictos y acompaña a empresas y trabajadores en momentos decisivos. Que se forme, que se especialice y que no tenga miedo a los cambios. Dentro de diez años imagino una profesión más digital, más especializada y con más peso en la mediación. Cambiarán las herramientas, pero hay algo que no debe cambiar: nuestro compromiso con la justicia social. A los jóvenes les digo que se acerquen a esta profesión, que la conozcan y que se enamoren de ella.
Huella Digital
Joaquín Merchán tiene un perfil en LinkedIn y en X (antiguo Twitter), @joaquinmerchan, donde expresa opiniones profesionales y corporativas.
El Consejo General de Graduados Sociales dispone de una página web donde informa de sus actividades y las de su presidente.
