¿Qué proyectos afronta en su mandato?

Todas nuestras líneas de trabajo están orientadas a transformar la Administración de Justicia en un servicio público moderno, que cuide de sus profesionales y tenga a la ciudadanía en el centro. Es un proyecto ilusionante, con un marcado impulso reformista para traer la justicia al siglo XXI, que se centra en tres grandes líneas de actuación.

En primer lugar, vamos a culminar el Proyecto Justicia 2030, iniciado en la anterior legislatura, con el que impulsamos la necesaria transformación de la justicia en esta década. Un importante hito fue la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que incorpora tanto la Ley de Eficiencia Digital como gran parte del contenido de la Ley de Eficiencia Procesal, y se ha continuado la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa, ahora bajo la denominación de Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En segundo lugar, como el ministro Bolaños ha anunciado ya, vamos a ampliar y mejorar el acceso a la Justicia mediante la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita adaptada a las necesidades actuales y la reanudación de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Derecho a la Defensa. Quiero hacer énfasis en que todo ello se enmarca en un modelo de Justicia pensada para las personas en sus concretas circunstancias vitales, especialmente para aquellas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

En tercer lugar, vamos a dar un impulso a la democratización en el acceso a las profesiones jurídicas, reforzando y ampliando el programa de becas para oposiciones a las carreras judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia y abogacía del Estado. Una iniciativa de la que este Gobierno está especialmente satisfecho, porque pretendemos que el acceso a las profesiones de la justicia no esté condicionado por la renta o el origen social. Es un sistema que debe permitir el acceso de todos.

Todas estas iniciativas, como ha reiterado el ministro Bolaños, han de partir de grandes consensos en la sociedad y el sector jurídico. Y en ello trabajamos sin descanso.

«NUESTRO TRABAJO ESTÁ ORIENTADO A TRANSFORMAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN UN SERVICIO PÚBLICO MODERNO, QUE CUIDE DE SUS PROFESIONALES Y TENGA A LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO»

Durante su etapa como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio implementó medidas en pro de la digitalización de Justicia. ¿Queda mucho por hacer?

Hay que dejar claro que España ya es hoy referente internacional en digitalización, especialmente en el ámbito de la Justicia, donde trabajamos para conseguir un servicio público mucho más cercano a la ciudadanía y acorde a las necesidades de la sociedad digital. Dicho esto, es verdad que todavía queda trabajo para conseguir una administración de justicia todo lo ágil y rápida, igualitaria, accesible y digital que necesitamos y merecemos. Estamos en ello, avanzando hacia hitos como la interoperabilidad completa con todo el ecosistema de la Administración de Justicia. Además, estamos impulsando los procesos de robotización e incorporando tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en todos los procesos en los que es viable como ayuda y apoyo al personal tramitador, con el fin de agilizar los procedimientos y dedicar su talento a tareas de mayor valor añadido.

Proyectos como Carpeta Justicia, los Medios Adecuados de Solución de Controversias y las Oficinas de Justicia en el Municipio, ya en pleno desarrollo, contribuirán decisivamente a la eficiencia del sistema judicial y favorecerán la cohesión social y territorial, al facilitar recursos a la ciudadanía con independencia de su origen, residencia o circunstancias. Con los avances en digitalización estamos fortaleciendo derechos y contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital.

«ESTAMOS IMPULSANDO LOS PROCESOS DE ROBOTIZACIÓN E INCORPORANDO TECNOLOGÍAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TODOS LOS PROCESOS EN LOS QUE ES VIABLE»

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, entró en vigor para el ámbito notarial el pasado 9 de noviembre. ¿Cree que es un modelo aplicable a otros ámbitos de la Justicia?

La implicación de su Consejo, de las y los notarios, de las personas que trabajan en las notarías y su colaboración con el Ministerio en la elaboración de la ley ha sido decisiva para que haya podido implantarse con éxito. Más allá del diseño notarial, y de sus particularidades, que convierten a esta ley en un traje a medida, la clave de este modelo es la implicación y la lealtad en la colaboración, el diálogo y la cooperación institucional. Eso, que es aplicable a todos los ámbitos de la Justicia, es nuestra seña de identidad. El propio ministro ha insistido desde que tomó posesión de la cartera de Justicia en que el diálogo es el método de trabajo a seguir. No concebimos la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma, también para los servidores públicos.

De su Secretaría depende la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación previstas para este centro directivo?

Al igual que en el conjunto de la administración de Justicia, nuestro objetivo es aprovechar la imparable transformación digital que estamos impulsando para dar un giro de 180º en la manera en la que los ciudadanos y las empresas van a relacionarse con este servicio público. En la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es, tal vez, donde más se estén haciendo notar los beneficios de los mecanismos de robotización de procesos automatizables, idóneos para tramitación de expedientes de contenido repetitivo. El mejor ejemplo son los trámites para la obtención de nacionalidad, cuya robotización ha supuesto un ahorro de más de 300.000 horas de trabajo que se destinan a labores de mayor valor añadido. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque esta dirección general es un centro directivo de capital importancia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y, en especial, para la ciudadanía. Estamos preparando la documentación que servirá, en 2025, para la redacción de las normas reglamentarias que exigen las numerosas reformas legales de modernización que se han aprobado en los últimos tiempos, especialmente en materia de digitalización de actuaciones notariales y registrales.

Una de las áreas en la que más intensamente ha trabajado el Notariado es en todo lo relativo a las personas con discapacidad. ¿Qué iniciativas abordará el ministerio en este ámbito?

El ministerio está utilizando todos los medios a su alcance para poder ofrecer una justicia de calidad a las personas con menos recursos o en situaciones vulnerables. Es uno de los puntales de nuestra actuación, tal y como explicamos en Palencia el 29 de febrero, en el marco de la última Conferencia Sectorial.

Vamos a hacer hincapié en el diseño de proyectos que rompan las brechas de acceso a la Justicia a las que, tristemente, aun han de enfrentarse los colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el de las personas con discapacidad. Porque no podemos actuar ajenos a la presencia en nuestra sociedad de límites a la igualdad material efectiva, que es uno de nuestros derechos fundamentales y, a su vez, principio fundamental de nuestra Carta Magna y criterio de actuación de los poderes públicos.

Por ello, desde el ministerio venimos implementando medidas legislativas y soluciones tecnológicas que permitan reducir o eliminar las dificultades presentes en nuestra sociedad que, o bien impiden o bien limitan, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.

«EL MINISTERIO ESTÁ UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA PODER OFRECER UNA JUSTICIA DE CALIDAD A LAS PERSONAS CON MENOS RECURSOS O EN SITUACIONES VULNERABLES»

Además de por su cargo, como experto en Derecho Penal, ¿conoce la actuación del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales?

Efectivamente, la Secretaría de Estado conoce y valora el magnífico y constante trabajo del Notariado en este ámbito, en ocasiones por delante de las normas europeas.

En el ámbito internacional no europeo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca y alaba la actuación extraordinaria del Notariado, así como en el ámbito de seguimiento de las sanciones aprobadas por las organizaciones internacionales.

La creación en el año 2005 en el Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) sirvió para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia, y ha fortalecido la colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades policiales, judiciales y fiscales.

Con estos antecedentes, no me cabe la menor duda de que el colectivo notarial seguirá adaptándose y colaborando como hasta ahora.

Recientemente participó en La Haya en la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania. ¿Qué postura mantiene España?

En la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania reiteré el firme compromiso del Gobierno de España para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en la agresión rusa contra Ucrania. Puse de manifiesto la solidaridad de España con los ciudadanos y autoridades ucranianos, que están sufriendo las consecuencias de la guerra, y la necesidad de que prevalezca la ley frente a crímenes internacionales.

Quiero recordar que España ha aprobado la puesta en marcha del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania, en las instalaciones de Eurojust, en La Haya. También contribuimos a los esfuerzos de la Corte Penal Internacional, ayudando de forma creciente a su financiación; y apoyamos la creación de un tribunal que tenga jurisdicción para enjuiciar los crímenes de guerra en Ucrania.

Ha trabajado en la reforma del acceso a las carrera fiscal y judicial. ¿Considera que el actual sistema de oposiciones es el adecuado?

Partiendo de la base de que el sistema actual de oposiciones a los cuerpos jurídicos de la Administración puede considerarse un método de selección eficaz, posiblemente podrían abordarse algunas reformas en el campo de la formación y evaluación continua de cada cuerpo jurídico, en aras de fortalecer la calidad del servicio público

También quiero hacer un apunte desde la perspectiva de género que nos debe invitar a la reflexión. Las últimas promociones demuestran que las mujeres superan en amplio número a los hombres, sin que dicha proporción se mantenga, lamentablemente, cuando se utilizan otros métodos para conformar órganos de dirección dentro de esos mismos cuerpos.

En cualquier caso, el sistema debe estar dotado de un sólido sistema de becas para garantizar la igualdad en el acceso, ámbito en el que podemos estar orgullosos del trabajo que venimos haciendo y que, tal y como ha anunciado el ministro Bolaños, vamos a potenciar.