15 años como aliados esenciales contra la delincuencia financiera

EDITORIAL

15 años como

aliados esenciales

contra la delincuencia financiera

El sistema notarial de colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los notarios, que se desarrolla mediante su Órgano Centralizado de Prevención (OCP), ha cumplido 15 años.

Tras esta década y media podemos asegurar que los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra esta lacra delictiva.

Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021, el OCP ha comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el SEPBLAC, 7.313 operaciones sospechosas. El 80% de ellas han conducido a prevenir o descubrir delitos.

A través de esas comunicaciones se ha alertado de delitos tales como tráfico de drogas, tráfico de personas, financiación del terrorismo, corrupción pública, y delito fiscal o estafas, por citar alguno de ellos.

Pieza clave

Las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo han sido la compraventa de inmuebles, la compraventa de acciones y participaciones, el nombramiento de cargos que sirvan como testaferros, la constitución de sociedades, y determinados actos societarios, como ampliaciones de capital y poderes.

La colaboración del OCP ha sido tan estrecha en este período que se han contestado 237.390 requerimientos de información de las autoridades competentes, policiales o judiciales, de modo telemático y en plazos mínimos de tiempo.

El mismo SEPBLAC desde 2008 considera que los notarios son pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esa colaboración no solo se ha fraguado con el SEPBLAC, sino también con otras autoridades competentes en esta materia mediante convenios de colaboración como los alcanzados con Fiscalías Antidroga, Anticorrupción y de Delitos Financieros, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Organismo de Recuperación y Gestión de Activos o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por citar solo una serie de ejemplos, o con instituciones internacionales como INTERPOL, EUROPOL o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Por ello, hoy día, no existe investigación patrimonial vinculada a estos delitos en la que de una u otra forma no colabore el Órgano Centralizado de Prevención de los notarios, demostrando que el Notariado es un aliado esencial en la lucha contra el blanqueo y otros graves delitos.

Fuentes de información

El OCP se creó mediante una Orden de Economía y Hacienda de septiembre de 2005 y comenzó su andadura el 1 de enero de 2006, para canalizar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Está integrado por expertos en esta materia y se nutre de dos fuentes principales: las sospechas que le comunican los propios notarios y la búsqueda de información en el Índice Único Notarial.

Este índice es una base de datos (la segunda del país) donde se almacenan desde el 1 de enero de 2004 los datos estructurados de más de 135 millones de documentos, referidos a más de 41 millones de personas físicas y a más de 3,5 millones de personas jurídicas (desde una sociedad a una fundación, pasando por un partido político, sindicato, etc,); de ahí que cobre máximo sentido el carácter de aliado esencial de los notarios en este ámbito, ya que se dispone de esa información gracias a ellos.

Sobre esta enorme base de datos se ha abordado el trabajo con herramientas del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) de análisis de redes sociales y ‘Big Data’.

El sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla. Esta labor se realiza siempre con respeto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad.

Que los notarios hayan desarrollado esa gran base de datos ha permitido confeccionar dos herramientas esenciales: la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas Políticamente Expuestas (BDPPE).

La BDTR se creó en 2012 y en ella consta la titularidad real, esto es, la identificación de las personas que toman verdaderamente las decisiones en una empresa, fundación o asociación, sea del tipo que sea. Esa información no se basa en meras manifestaciones recogidas en documentos privados, sino que procede de documentos públicos, por lo que permite a policías, jueces o fiscales, conocer indubitadamente quién es o era el titular real de una sociedad en una fecha determinada.

En esta base hay datos acreditados de 2.094.000 sociedades limitadas; 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

Acuerdos de colaboración

Y no solo sirven al OCP o a las autoridades: hasta la fecha se han suscrito 82 convenios para que otros sujetos obligados puedan cumplir sus deberes de identificación del titular real mediante esta base de datos. Por último, desde su creación jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) nos han solicitado más de 3.500.000 informaciones sobre titulares reales.

La otra Base de Datos es la de Personas Políticamente Expuestas, creada en 2018. Es la única base de datos donde constan identificados con nombre, apellidos y DNI, 23.178 personas con responsabilidad pública por elección o por designación y 21.101 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil). Esta información se utiliza diariamente por jueces, fiscales y policía.

Todo este caudal de información no sería posible sin la estrecha colaboración de los notarios, lo que acredita su carácter de elemento central en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De ahí que el sistema preventivo notarial sea valorado de manera muy positiva por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que esté siendo utilizado como modelo por otros países de la Unión Europea y de fuera de ésta.

De hecho, el Consejo de la Unión Europea ha elogiado el modelo de prevención del blanqueo de capitales del Notariado español, señalándolo como un ejemplo a imitar, mientras que el GAFI considera que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real, es gracias a la Base de Datos de Titularidad Real de los notarios.

Escritura Pública inaugura ‘Diálogos para la Seguridad’

El 12 de mayo tuvo lugar el primer encuentro de Diálogos para la Seguridad de Escritura Pública que versó sobre la prevención de blanqueo de capitales y la importancia de la colaboración prestada por los notarios en la lucha contra esta lacra.

El coloquio moderado por el periodista, José Ramón Patterson, contó con la intervención del director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, Pedro Galindo; y del inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en Interpol, Noé De la Rubia.

Durante el encuentro se abordaron temas como las criptomonedas y la importancia de evitar el blanqueo y la financiación del terrorismo con estas divisas; la diferencia entre paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación; o las complejidad de la estructura de las organizaciones criminales.

Cabe destacar la declaración de Noé De la Rubia en referencia al aumento del número de fraudes online “basados en las ‘cuentas mula’, que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países”.

En este sentido, el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, Pedro Galindo, aseguró que “los criminales son muy profesionales. Tienen gente que está muy al día al frente de sus áreas jurídicas y económicas». “Las legislaciones deben armonizarse para que el blanqueo de capitales deje de ser atractivo, como ocurre en algunos paraísos fiscales», explicó. Visualiza el encuentro al completo.

Diálogos para la seguridad

Estos diálogos son moderados por el periodista (corresponsal comunitario de TVE durante muchos años) José Ramón Patterson. Con esta iniciativa, desde la revista Escritura Pública y el Notariado, se pretende profundizar en temas de actualidad que generan debate social, haciendo hincapié en la importancia de su seguridad jurídica. Las sesiones son online y permiten la intervención de los asistentes inscritos vía chat.

«El OCP del Notariado: información fiable en tiempo y forma», por Noé de la Rubia González

EL ESCAPARATE

 
NOÉ DE LA RUBIA GONZÁLEZ

inspector de Policía Nacional, Oficial de Enlace en Interpol


El OCP del Notariado: información fiable en tiempo y forma

Cuando me propusieron escribir un artículo sobre el Órgano Centralizado de Prevención del Notariado, acepté sin dudarlo. Principalmente porque en estos tiempos en los que reina el desánimo, es más necesario que nunca realzar todo aquello que nos convierte en un referente internacional pero también, porque se presentaba una ocasión inmejorable para mostrarles mi gratitud por el servicio que he recibido en mis investigaciones durante los últimos diez años al frente de un grupo de investigación de la Comisaría General de Policía Judicial. Aunque esto último pueda restar credibilidad a mi testimonio, sería injusto por mi parte negarles cualquiera de los elogios que a mi juicio merecen, como también lo sería reprimir mi entusiasmo en este ejercicio.

Como se podrá imaginar, la lucha contra el crimen organizado nunca ha sido tarea fácil. Los investigadores deben lidiar contra un sinfín de obstáculos desde el inicio de la investigación hasta su finalización. Y en muchas ocasiones, incluso después.

Cuando nos enfrentamos a grandes y sofisticadas organizaciones criminales, el éxito de la investigación depende en gran medida de la capacidad que tengan las FCS (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) de obtener información fiable en tiempo y forma. Si cualquiera de estas tres condiciones se incumple, el desarrollo de la investigación puede verse seriamente comprometido, pudiendo decidir postergar el uso de esa fuente de información o incluso, prescindir de ella si no resultara rentable según esos criterios.

En este sentido, la legislación al respecto no nos ayuda demasiado. Se limita fundamentalmente a requerir a los sujetos obligados una información determinada, sin concretar otras cuestiones, aparentemente baladíes, como el formato en el que ésta se facilita, pero que se convierten en esenciales cuando el número de entidades investigadas es considerable, como así ocurre en la mayoría de las ocasiones.

Soy plenamente consciente del extraordinario e imprevisto (en su día) esfuerzo realizado por todos ellos en los últimos años para mantenerse dentro de los estándares mínimos de cumplimiento. Incluso, puedo intuir acaloradas discusiones en los consejos de administración, entre aquellos que abogan por asumir con plena responsabilidad su cuota de participación en esta lucha contra el crimen organizado e ir más allá, y aquellos que anteponen otras prioridades. Lo que está fuera de toda duda, es que en unos ha prevalecido una posición y en otros, lamentablemente, la opuesta.

A este respecto, el compromiso asumido por el Consejo General del Notariado trasciende con creces el legalmente exigible. Desde sus orígenes, ha demostrado una absoluta determinación por combatir el blanqueo de capitales. Plenamente conscientes de la trascendente función que desempeñan y del enorme potencial que podían desarrollar en favor de esa lucha, apostaron firmemente y con muy buen criterio, en la asunción de un compromiso permanente que se ha traducido en la elaboración de múltiples instrucciones y circulares de obligado cumplimiento entre los profesionales del gremio, así como en la creación de bases de datos perfectamente adaptadas a las particulares necesidades de los poderes públicos, que les han mantenido siempre por delante de las constantes revisiones/actualizaciones legislativas en la materia.

“El compromiso del Notariado trasciende con creces
el legalmente exigible. Ha demostrado una absoluta determinación
por combatir el blanqueo de capitales.”

Sin entrar en el valor intrínseco de la información recopilada por el Cuerpo de Notarios en nuestro país (solo equiparable a otras igualmente valiosas como la bancaria o la tributaria), me gustaría poner el acento en otras cuestiones, que hacen que sea una de las primeras y más importantes consultas en todas nuestras investigaciones. Me estoy refiriendo a la de su buque insignia, el Índice Único Informatizado Notarial, definido muy modestamente por el propio Consejo como “una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país”. En realidad, se trata de una herramienta considerablemente más potente y muy bien valorada por los investigadores, por las razones siguientes:

  • Es accesible directamente y sin necesidad de autorización judicial por todos los usuarios previamente autorizados y registrados.
  • La respuesta es prácticamente inmediata y estrictamente confidencial.
  • La información facilitada es muy completa y está perfectamente clasificada en formato electrónico con opciones de búsquedas avanzadas.
  • Está disponible para los principales profesionales en la lucha contra el blanqueo tales como: el Sepblac; las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes, y otros sujetos obligados (entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, auditores o entidades de seguros), así como la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea.
  • Permite la opción de descarga, pero se mantiene colgada indefinidamente en el sistema por si fuera necesario.

No obstante, la labor del OCP y sus miembros va mucho más allá de la gestión de este valioso instrumento, por cuanto se ha erigido en un fiel garante del cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas a los notarios en el desarrollo de su función, además de un responsable e imparcial interlocutor que siempre ha permanecido atento y dispuesto a escuchar y resolver las necesidades operativas de las FCS. Solo desde esta cercanía y confianza mutua, se han podido diseñar soluciones eficaces.

Por último, desde mi privilegiada posición en la organización policial internacional por excelencia, observo con orgullo, cómo el modelo español es un auténtico referente a nivel mundial que muchos países han querido imitar pero que únicamente Perú se ha acercado a replicar. En este proceso por conseguirlo, están países como Costa Rica y Brasil, y más alejados Alemania e Italia, aunque todavía con resultados inferiores a los nuestros.