La Directiva 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades fue adoptada en junio de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Esta norma fijaba en el pasado mes de agosto de 2021 la fecha para su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. Sin embargo, se ha previsto una prórroga de otros doce meses para la aplicación de esta importante modificación, aunque algunos países como Alemania, la República Checa, Bélgica o Italia han iniciado ya el proceso legislativo.
El objetivo de esta directiva es simplificar, en términos de coste y tiempo, el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal en otro Estado miembro, con el fin de fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente pymes, y favorecer el funcionamiento y modernización del mercado interior en un entorno de globalización y digitalización. La directiva menciona explícitamente a los notarios como parte del sistema de constitución de sociedades en línea.
El principio de neutralidad jurídica establecido por la directiva abre la posibilidad, ya desarrollada técnicamente por el Consejo General del Notariado, de constituir online sociedades limitadas en la sede electrónica notarial y mediante videoconferencia, con las mismas garantías y seguridad que en presencia física del notario.
Toda la información en el reportaje publicado en Escritura Pública.
tuvo lugar el segundo encuentro de Diálogos para la Seguridad de Escritura Pública bajo el título Capaces de decidir: reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad.
El 12 de mayo tuvo lugar el primer encuentro de Diálogos para la Seguridad de Escritura Pública que versó sobre la prevención de blanqueo de capitales y la importancia de la colaboración prestada por los notarios en la lucha contra esta lacra.
La transformación digital del país es una de las principales apuestas del Gobierno de España para relanzar el crecimiento económico, aumentar la productividad y reducir la brecha digital. En los próximos cinco años se pondrá en marcha la agenda España Digital 2025, que incluirá medidas para garantizar la conectividad del 100% de la población, acelerar la digitalización de las pymes y liderar el despliegue de la tecnología 5G, entre otros objetivos. En total, se movilizarán unos 140.000 millones de euros de inversión pública y privada.