En la crisis financiera de 2008, las respuestas de los dirigentes europeos fueron tardías e insuficientes. Llegaron en forma de rescates financieros, carentes de estímulos sociales y ceñidos por el corsé de una austeridad excesiva. “Rescatáis bancos, no personas” se convirtió pronto en el lema de los descontentos. No hubo solidaridad de facto en las primeras decisiones, solo miedo al contagio. Tuvimos que esperar hasta julio de 2012, cuando el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció el llamado discurso Lo que sea necesario (Whatever it takes), hoy ampliamente considerado como el punto de inflexión en la crisis de la deuda soberana europea.

En 2016, Europa permaneció en silencio durante la campaña del Brexit que promulgaba el voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El miedo a que la activación de las instituciones europeas en el debate fuera percibido como injerencia continental en un asunto doméstico dejó el campo abierto a un enorme ejercicio de desinformación del lado brexiteer, con el resultado que todos conocemos y abriendo una grave crisis política. No hubo una respuesta inicial de rescate a los ciudadanos británicos, solo miedo al contagio.

Apenas unos meses antes, más de un millón de personas cruzaron a Europa huyendo de la guerra en Siria. Su repentina afluencia provocó otra crisis más en el continente, mientras Europa luchaba por responder a la situación. Miles murieron intentando llegar a las costas y, aunque algunos países les permitían su entrada, otros levantaban vallas y cerraban sus fronteras. Tampoco hubo entonces una respuesta concertada, se actuó desde el miedo al efecto llamada.

De esta triple crisis financiera, política y humanitaria de la legislatura pasada aprendimos una valiosa lección: Europa no se construye desde el miedo.

Y así lo hemos demostrado -por fin- en esta legislatura europea (2019-24), con las respuestas contundentes que hemos sabido dar a la pandemia del Covid y a la guerra rusa contra Ucrania. En ambas la UE ha demostrado una solidaridad interna, una unidad externa y una capacidad rápida de respuesta que ni Putin ni el resto del mundo -quizás ni nosotros mismos- hubiéramos podido prever.

Fíjense en los tabúes que hemos sabido romper en un tiempo récord: en respuesta al covid, en menos de tres meses logramos lanzar un endeudamiento conjunto de toda la UE para financiar con 750.000 millones de euros la recuperación tras el confinamiento. En menos de 12 meses, comenzamos a distribuir nuevas vacunas a todos los ciudadanos de la Unión.

Cuando comenzó la guerra en Ucrania, tardamos 24 horas en lanzar un primer paquete de sanciones contra Rusia; 48 horas para aprobar el envío armamento bélico para la defensa de Ucrania, y menos de 10 meses para lanzar el plan RePower EU, contra la dependencia energética de Rusia.

Pero para recuperar el alma social y solidaria de la Unión Europea hoy nos falta todavía hacerle frente al elefante en la habitación: la política migratoria y de asilo.

El pasado abril los eurodiputados lograron por fin aprobar su posición negociadora para abordar con el Consejo las medidas que regirán el control en las fronteras exteriores, la migración y el asilo. Partiendo de la única premisa posible -lo más urgente es evitar más muertes en el Mediterráneo- los eurodiputados exigen un sistema de reparto de migrantes más equitativo y solidario entre los países de la UE, que no redunde únicamente en los Estados con fronteras exteriores de la Unión.

El reto es formidable: abordar la recepción de ciudadanos de terceros países que se han jugado la vida para alcanzar nuestra frontera. Hacerlo, insisten los eurodiputados en sus enmiendas, de manera que se respeten sus derechos fundamentales (examinando caso por caso su derecho a asilo) y de acuerdo a leyes internacionales como el convenio de Ginebra. Asegurar y acelerar su retorno a los países de origen cuando no se cumplen los requisitos de entrada. Y llevarlo todo a cabo con un sistema más ágil y armonizado.

La solidaridad comunitaria no debe ser solo hacia los que llegan de fuera, insisten los eurodiputados, sino entre los propios países de la UE, repartiendo con un sistema obligatorio de cuotas -en base al PIB y población de cada Estado- el número mínimo de personas que deben acoger. Y aquí radica la principal novedad: para flexibilizar las opciones nacionales y asegurar un sistema con el que todos los gobiernos quieran comprometerse -lo contrario sería volver al papel mojado de antes-, una parte limitada de esa cuota nacional de refugiados podrá evitarse a cambio de una contribución financiera por parte del Estado que así lo solicite.

También se podrá contribuir en especie en determinados casos, con material o recursos que ayuden al país europeo con fronteras exteriores a gestionar esas llegadas. Además, en el caso de situaciones de crisis, ante las posibles llegadas repentinas y masivas, la Comisión Europea podrá intervenir ordenando reubicaciones obligatorias, exigen los eurodiputados.

El precio de la contribución financiera -el Consejo propone 20.000 euros por cada persona que deje de acogerse- y el porcentaje de cuota nacional que podría intercambiarse por dotaciones financieras o en especie son los elementos clave que deberán ahora resolverse con una difícil negociación entre ambas instituciones. La presidencia española del Consejo que ahora comenzamos (de julio a diciembre de este año) podría jugar un papel clave. Después entraremos en el tiempo de descuento de esta legislatura: el último pleno del actual Parlamento Europeo con el que contamos para aprobar el texto final tendrá lugar el 22-25 de abril de 2024.

Fiar la consecución de este acuerdo a la legislatura siguiente supondría actuar desde el repliegue nacional y la parálisis en un tema -el de la acogida humanitaria- que definirá los valores esenciales con los que identifiquemos a la UE en las próximas elecciones.