El Colegio Notarial de Valencia organizó en noviembre una jornada sobre La Digitalización en el Derecho de Sociedades con la participación de abogados, notarios y catedráticos de Derecho Mercantil. El notario y profesor titular de Derecho Mercantil, Ubaldo Nieto, fue el encargado de moderar la sesión de debate.

La primera mesa redonda contó con la intervención del catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València (UV), José Miguel Embid, que centró su exposición en la digitalización del Derecho de Sociedades; y del profesor titular de Derecho Mercantil de la UV, Luis Hernando Cebriá, que analizó las comunicaciones telemáticas de la sociedad con socios y administradores. Por su parte, Ubaldo Nieto explicó el papel del notario en la constitución telemática de sociedades con una demostración práctica por medio del Portal Notarial del Ciudadano.

UBALDO NIETO EXPLICÓ EL PAPEL DEL NOTARIO EN LA CONSTITUCIÓN TELEMÁTICA

En la segunda mesa de debate participaron el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, Andrés Recalde, que expuso las características de la asistencia telemática a las juntas y las particularidades de las juntas generales totalmente telemáticas; y el notario Segismundo Álvarez, encargado de cerrar la jornada, que habló sobre el desarrollo del contenido del acta notarial de las juntas generales telemáticas.

El notario Victorio Magariños, vocal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y presidente de la Academia Sevillana del Notariado presentó en A Coruña su libro Libertad para ordenar la sucesión. Libertad para testar.

Magariños consideró obsoleta e inadecuada para la realidad de hoy la legislación sucesoria en España, y abogó por actualizarla para dar libertad total a los padres para desheredar a los hijos. “La muerte no puede suponer una limitación en la libertad de decisión de una persona sobre su patrimonio. No puede limitar la facultad de disposición esencial que rige, en cualquier otro caso, en el Derecho de Propiedad”, subrayó.

Magariños presentó el pasado 20 de octubre en la sede de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación (RAGJYL), en A Coruña su libro Libertad para ordenar la sucesión. Libertad para testar, en un acto en el que fue presentado por el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño; el presidente de la institución anfitriona, José Luis Seoane; y su vicepresidente, Francisco Ordóñez.

El experto, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, y fundador y presidente de la Academia Sevillana del Notariado, sostuvo que “la legítima se impone sin fundamento razonable; y da igual que varíe según las comunidades autónomas o que se reduzca”.

“La cuota legítima –añadió- siempre será ciega, al margen de merecimientos y de necesidad de protección y, normalmente desproporcionada, pues depende de la cuantía del patrimonio del causante”. Los padres están obligados a educar y alimentar a sus hijos hasta que estos adquieran su independencia. “Cumplido esto, ninguna norma justa puede exigir más”, señaló Magariños.

En su opinión, un sistema justo debería garantizar la libertad de desheredar, ya que actualmente “solo se puede hacer expresando en el testamento la causa y ésta tiene que ser una de las expresadas en el Código Civil”, de modo que frecuentemente se acaba en pleito “y tiene que ser el heredero beneficiario el que pruebe esos hechos”.

Por último, el jurista afirmó que “en una sociedad avanzada, el Estado debe incentivar la productividad y el impulso creativo que genera riqueza, en lugar de apagarla con impuestos destructivos como Sucesiones y Patrimonio”, que abogó por eliminar.

La sede del Colegio Notarial de Aragón acogió, en noviembre, la celebración de la conferencia Las bodas de Fígaro (entre el teatro, la ópera y el Derecho). Ana Clara Belío, miembro de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, analizó en su ponencia las relaciones de la ópera de Mozart con el ámbito jurídico. En el acto tomaron parte Adolfo Calatayud, exdecano del colegio y José Luis Merino, presidente de la Academia.

En diciembre, la sede del Colegio Notarial de Cantabria acogió una charla informativa sobre cuestiones prácticas de la aplicación de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, dirigida a todos los notarios colegiados. Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias; Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas; y Gonzalo López-Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, fueron los ponentes. Está previsto que este coloquio se imparta a lo largo del próximo año en todos los colegios notariales autonómicos de cara a solucionar las cuestiones prácticas derivadas de la puesta en marcha de dicha normativa.

El 22 de septiembre el Colegio Notarial de Madrid participó, con un estand propio, en el Día de las Profesiones 2022, que se celebró en la Plaza de Colón. Como en ocasiones anteriores, su objetivo fue dar a conocer a todos los ciudadanos el trabajo diario que realizan los profesionales colegiados y los beneficios que su trabajo reporta a la sociedad.

A lo largo de la jornada, diversos notarios madrileños como Concepción Barrio, vicedecana del colegio, y Pedro Armas, Carmen Boulet y Teresa Losada, contestaron las preguntas de los asistentes sobre aspectos prácticos de la función, el trabajo diario o el acceso a la profesión.

También se celebraron tres charlas informativas sobre temas notariales de interés para los ciudadanos como ¿Quieres ser emprendedor? Te contamos todo lo que tienes que saber para abrir tu propia empresa o Adquirir una vivienda. El notario te asesora con tu hipoteca y, por último, Conservación del patrimonio en la vejez (hipoteca inversa, usufructo, renta vitalicia, poderes preventivos y autocuratela).

En julio se celebró una jornada en la sede coruñesa del Colegio Notarial de Galicia cuyo contenido principal fue el valor de referencia catastral y sus posibilidades de recurso.

La charla estuvo presidida por el decano, José María Graíño, acompañado por la vicedecana, María José Gil, y contó con las intervenciones del gerente regional de Catastro de Galicia, Benito Bericochea y de la gerente regional adjunta, Victoria Fernández. En las ponencias se analizó principalmente el método de obtención del valor de referencia y la forma de impugnarlo.

Los ponentes recordaron que sólo tienen valor de referencia determinados inmuebles urbanos de carácter residencial, así como las plazas de aparcamiento e inmuebles rústicos sin construcción.

Sin embargo, no cuentan con este dato los inmuebles de carácter comercial, como pueden ser locales de negocio, oficinas o naves industriales, entre otros. Tampoco los inmuebles que mezclan uso, como por ejemplo, un local de dos plantas, la primera de uso comercial y la segunda utilizada como vivienda. Las fincas que tengan una parte urbana y otra rústica tampoco tienen valor de referencia.

Asimismo, los conferenciantes indicaron que el valor de referencia está todavía pendiente de un completo desarrollo reglamentario.

LOS CONFERENCIANTES INDICARON QUE EL VALOR DE REFERENCIA ESTÁ TODAVÍA PENDIENTE DE UN COMPLETO DESARROLLO REGLAMENTARIO

Obligación de liquidar. Por lo que se refiere a la posibilidad de recurrir este indicador, los expertos subrayaron que la Dirección General de Tributos incide siempre en la obligación de liquidar por dicho valor y posteriormente recurrir. Y ello pese a reconocer su ilegalidad cuando afecte a determinadas operaciones, como es el caso de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), cuyo precio está limitado. La Administración tributaria tiene un plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento. En caso de que se exceda de dicho período, la solicitud podrá entenderse desestimada, y el contribuyente tendrá la posibilidad de esperar a que se resuelva el recurso o acudir directamente a la vía económico-administrativa.

La normativa también prevé recurrir las liquidaciones recibidas por parte de la Administración Tributaria, si bien reiteraron que Hacienda se está pronunciando en el sentido de que el contribuyente debe acogerse al valor de referencia en sus autoliquidaciones.

En general, se puede recurrir en cualquier situación en la que el contribuyente considere que el valor de referencia es incorrecto, aunque los ponentes insistieron en que no se puede discutir el valor de mercado, sino los elementos necesarios para su cálculo.

En cuanto a las compraventas de VPO, los ponentes señalaron que este es un claro caso en el que el valor de referencia es incorrecto, por lo que el recurso habría de ser estimado por la propia administración tributaria, que deberá solicitar informe vinculante del Catastro.