Nadie beatificó tanto el papel de los bares en nuestras vidas como Gabinete Caligari. En uno de sus más exitosos temas, aquel grupo rockero de los 80 aseguraba que «no hay como el calor del amor en un bar». El amor, siempre motivo de inspiración para poetas y cancioneros, encontró en esta tonada que cantaba Jaime Urrutia guitarra en mano su mejor acomodo en la atmósfera de las tabernas de aquel Madrid de la movida que le puso música a la banda sonora de tres generaciones de españoles marchosos. Los bares en España no son un negocio más en la economía del país. El nuestro es el lugar con más tabernas por habitante de todo el planeta. Ningún lugar del mundo se acerca, ni de lejos, a la densidad tabernaria que aquí tenemos, hasta el extremo de que un solo distrito de la capital tiene más bares que toda Noruega y Finlandia juntos.

Cierto es que el concepto bar es demasiado genérico para hacer comparaciones porque los establecimientos que proliferan en España tienen características propias que les distinguen de los países de nuestro entorno. Aquí, los bares combinan con naturalidad la mesa y la barra, la tapa con vino o cerveza con el café con churros, el bollo o la tostada. Son locales de amplio espectro que se adaptan a cualquier tipo de consumo y clientela. En esa adaptabilidad y variedad de la oferta reside, en gran medida, el protagonismo que el bar tiene en la vida de los españoles, tanto como para ser usado como arma electoral como así aconteció durante la pandemia. Si eso ocurrió en una gran ciudad como Madrid, con miles de establecimientos para elegir, qué decir de aquellos pueblos en los que los bares son bastante más que un establecimiento donde tomarse una caña o un cortado.

En el ámbito rural, los bares cumplen una función pública indispensable al actuar como centro social de encuentro y convivencia entre la gente del municipio. Son espacios de relación entre generaciones que suplen de forma efectiva la carencia de otros servicios de ocio, cultura o restauración. Por las tabernas de pueblo pasan todos y pasa de todo. Allí se bebe, se come, se habla y se echa la partida. Es el lugar de reunión donde fluyen los problemas, las preocupaciones y las ilusiones de la gente; donde se comenta y se discute lo que allí pasa o deja de pasar. Se explica, en consecuencia, que de alguna forma la vitalidad de un municipio rural se mida por el número de bares que tiene abiertos y que el cierre de uno de estos locales sea percibido por los lugareños como una pésima noticia para el pueblo.

La importancia de los bares es aún mayor cuanto más pequeño es el municipio, hasta el punto de constituirse en pieza clave de su supervivencia. Pueblos donde hay un solo bar que, además de ser el único espacio público de relación social para sus vecinos, suele cumplir otras funciones como la venta de pan, de productos básicos o la recogida de paquetes. Esos locales se han convertido en el último bastión de resistencia de la España vaciada; un elemento clave en la desigual batalla contra lo despoblación. Así lo entendió con acierto la plataforma Teruel Existe que viene defendiendo los intereses de aquellos pueblos pequeños cuya viabilidad económica se tambalea. Esta formación sacó adelante en el Congreso esta primavera la tramitación de una proposición de ley que considera entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños comercios que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes. La idea es equiparar estos establecimientos con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, etcétera con el objeto de considerarles como entidades de economía social y que puedan así beneficiarse de los incentivos y ayudas que tienen reconocidos este tipo de organizaciones. La inclusión en ese grupo les proporcionaría facilidades como la simplificación en los trámites administrativos relacionados con su actividad y ventajas como bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si contratan personas desempleadas. Incentivos en definitiva para mantenerse abiertos y no sucumbir a la tentación de echar el cierre al ver comprometida su rentabilidad.

En España hay casi 150.000 personas que viven en municipios sin un bar, lo que les convierte en pueblos fantasma. Suelen ser poblaciones de menos de cien habitantes y en algunas de ellas sus regidores ofrecen locales gratis o a un precio simbólico con tal de que alguien abra un establecimiento donde puedan juntarse los vecinos de todas las edades para socializar y sentirse miembros de una misma comunidad. El bar en estos pueblos es tan esencial para su viabilidad como el transporte, la proximidad a un centro médico, a la escuela o el acceso a internet. Los bancos ya recibieron en su día la consiguiente llamada de atención ante el abandono al que sometían a los pueblos menores cuyos vecinos no podían sacar dinero ni cobrar sus nóminas o pensiones. La solución más práctica fue el envío de oficinas móviles. Con esa misma idea de movilidad, la propuesta del Parlamento incluyó el apoyo a los puestos de venta ambulante que atiendan con regularidad las necesidades de estos municipios pequeños.

Pueblos inclusivos en lo social y sostenibles en lo ecológico que constituyen por ello un bien escaso a proteger. Y sus bares, esos «lugares tan gratos para conversar», que cantaba Urrutia, se sitúan ahora en la primera línea de defensa.