Las familias necesitan más justicia

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Las familias necesitan más justicia

Se atribuye al abogado y diplomático estadounidense Robert Anderson la aseveración de que “en todo matrimonio que ha durado más de una semana existen motivos para el divorcio. La clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio”. Lo cierto es que las cifras han de darle en España algo de razón ya que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019 casi 6 de cada 10 matrimonios acabaron en divorcio. 

CARLOS CAPA

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@capa_carlos

LA PANDEMIA de Covid‐19 y las medidas adoptadas para combatirla no han venido a mejorar mucho las cosas y, según expertos en Derecho de Familia, 2020 puede ser el primer año, a falta del recuento final, en que en España se hayan producido más separaciones que matrimonios.

Además de las inevitables consecuencias en el plano emocional, existen situaciones de carácter legal que deben ser resueltas en una crisis familiar.

Derecho de Familia. Así, el Derecho de Familia regula las relaciones personales y patrimoniales tanto de los miembros de una familia entre sí, como con respecto a terceros en procesos de separación, divorcio y nulidades matrimoniales, custodias y régimen de visitas, capitulaciones y contratos prematrimoniales, incapacitaciones y tutelas o filiaciones.

Las demandas de disolución matrimonial experimentaron un incremento interanual generalizado en el tercer trimestre de 2020 y supusieron un 16,6% más respecto al tercer trimestre de 2019. Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

También otros asuntos relacionados, como son las demandas de modificación de medidas y las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuales como litigiosas, tuvieron un importante incremento según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, las demandas de modificación de medidas consensuadas se incrementaron un 28,3 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas lo hicieron un 8,6 por ciento.

Por otro lado, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas tuvieron un incremento interanual del 56,8 por ciento, mientras que las no consensuadas se incrementaron un 21,3 por ciento.

El Real Decreto‐ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID‐19 en la Administración de Justicia, introdujo una regulación ‘ex Novo’ para un procedimiento especial y sumario respecto a la resolución de cuestiones relativas al Derecho de Familia directamente derivadas de la crisis sanitaria, que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Si bien no es posible determinar cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales, al no tener reflejo individualizado, sí se observa un incremento de los juicios verbales relativos al Derecho de familia, tanto en el segundo trimestre como en el tercero de 2020. Asimismo, las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

Para afrontar esta realidad, España solo dispone de 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas. Un reciente estudio de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) indica que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares. 

Más procesos, mismos medios. A pesar de esta carencia, durante 2019 solo se abrió un juzgado nuevo de Primera Instancia propio de Familia y tampoco se ha visto beneficiada esta especialidad por la creación extraordinaria de nuevos juzgados que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre en previsión de la sobrecarga de actividad jurisdiccional como efecto de la pandemia de Covid‐19 y las medidas adoptadas para su contención. De los 30 nuevos juzgados creados ninguno es de Familia. Por lo tanto, en 32 provincias españolas los ciudadanos que residen en ellas no tienen acceso a un tribunal especializado.

Los residentes en poblaciones como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres o Lugo, entre otras miles, quedan fuera de la especialización y deben conformarse con que sus asuntos sean resueltos por los llamados “juzgados mixtos”, aquellos que comparten jurisdicción civil de primera instancia y jurisdicción penal en materia de instrucción, y con frecuencia otras tareas encomendadas como el Registro Civil o la Violencia sobre la Mujer.

La escasez de medios y de recursos humanos en este estrato jurisdiccional provoca que las vistas sobre asuntos de familia lleguen a demorarse muchos meses, en ocasiones más de un año, con el consiguiente trastorno y notable perjuicio, si cabe más lacerante cuando existen decisiones a tomar sobre menores como la custodia, la pensión alimenticia o el régimen de visitas de los menores.

La falta de especialización provoca, además de una menor velocidad de tramitación, gran disparidad de criterios entre los diferentes juzgados, lo que en la práctica supone tener una Justicia de dos velocidades.

Los divorcios sin acuerdo en la pareja tardan en resolverse en España más de tres años y medio cuando se tramitan a través de juzgados de Primera Instancia y las audiencias provinciales no especializadas en asuntos de Derecho de Familia. En cambio, cuando estos mismos procesos contenciosos se despachan en órganos especializados, –con jueces, magistrados, fiscales y equipos técnicos correctamente formados en la materia– el tiempo se reduce a dos años de media contando ambas instancias, según se desprende del informe de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). 

En definitiva, nos encontramos ante una Justicia desigual, entrando en contradicción con el mandato constitucional.

La presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano considera que “esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filio parental”. Lozano ha pedido al Ministerio de Justicia para los asuntos de Familia el mismo tratamiento que reciben los de Mercantil o Violencia de Género, que son atendidos por jueces, fiscales y funcionarios especializados en la materia.

En esta dirección en septiembre de 2019 nacía la Plataforma Familia y Derecho, una asociación formada por jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, abogados, psicólogos, docentes y trabajadores sociales y cuya finalidad fundamental es conseguir la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad.

Alternativa notarial

EN JULIO de 2015 entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Una norma que amplió las competencias de los notarios para resolver determinados asuntos que hasta ese momento tenían que llevarse a los juzgados. Uno de los actos de jurisdicción voluntaria más demandados por los ciudadanos es la declaración de herederos abintestato (cuando no existe testamento) por parte de ascendientes, descendientes o cónyuges. Estos expedientes han superado los 500.000 en cinco años.

Esta ley también permite a las parejas separarse o divorciarse ante notario, siempre que estén de acuerdo y que no tengan hijos menores a su cargo o con la capacidad judicialmente modificada. También se puede, entre otras cosas, recurrir a la conciliación ante notario ante cualquier controversia mercantil, sucesoria o familiar.

La Asociación Española de Abogados de Familia indica que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares

Para saber más

Divorcio ante notario. “La pregunta de la semana”.

Informe del Observatorio de Derecho de Familia de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).

Web de la Plataforma Derecho y Familia. Asociación multiprofesional que promueve una jurisdicción especializada en Familia.

Estadística de nulidades, separaciones y divorcios elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. Se ofrecen resultados a nivel nacional, autonómico y provincial.

Solo disponemos de 124 juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia repartidos entre 56 partidos judiciales

«Divorcios de pandemia», por Pilar Cernuda

EN ESTE PAÍS

PILAR CERNUDA

periodista

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Divorcios de pandemia

TODOS CONOCEMOS parejas que han saltado por los aires tras los meses de confinamiento y las medidas que, posteriormente, han restringido la libertad de movimientos sin posibilidad de salir del barrio, la ciudad, la provincia o la región en la que residían. Y todos conocemos parejas que se han fortalecido tras los meses de confinamiento y las medidas que se pusieron en marcha para paliar los efectos de la pandemia.

Que se viviera una situación u otra ha dependido del carácter de los confinados y de la fortaleza de su relación; pero también, quizá sobre todo, del espacio en el que vivieron el encierro. No era igual para una familia de uno o dos hijos que disponían de amplio piso, incluso de chalet con jardín privado y ordenadores suficientes para no tener que compartirlos, que la situación de familias numerosas en apenas 80 metros cuadrados, uno o dos ordenadores, una persona enferma o discapacitada, un padre angustiado porque preveía la llegada del paro y además no cobraba el ERTE porque el gobierno se ha mostrado incapaz de atender cualquier tipo de solicitud o gestión de bajas, altas, ertes, subsidios y ayudas. Y encima los niños quejándose de aburrimiento, los mayores poniendo a prueba su paciencia y los adolescentes mascullando que estaban hartos de no poder encontrarse con amigos.

El covid 19 ha traído muertes, agonías inacabables, meses de lucha en una UCI, personal sanitario desbordado, soledades, incertidumbres y muchos problemas, infinitos problemas. Han sido muy afortunadas las familias que tras la pandemia se sienten más unidas que antes, con padres que han descubierto a sus hijos y viceversa, maridos que han comprendido, al fin, que una casa no funciona sola y han mirado a sus mujeres con admiración, y centenares de familias, por no decir millones, que también han hecho descubrimientos asombrosos, como que cocinar es muy entretenido y relajante, que tenían razón los que decían que la lectura es un placer, o que hay juegos de mesa apasionantes con los que las horas se pasan rápido.

El problema, serio problema, lo han vivido, y lo viven, aquellos a los que el confinamiento ha sacado a la luz sus diferencias irremediables. Que convivir tantos días sin posibilidad de salir de casa era un infierno, que se han dado cuenta de que ya no soportan los defectos del otro o de la otra y que incluso lo que les atraía se ha convertido en algo aborrecible. Muchas de esas parejas han tenido que aguantar la situación porque no disponían de los medios económicos necesarios para plantearse una separación; otras sin embargo, en cuanto han salido a la calle, han acudido a un abogado para poner en marcha la tramitación de un divorcio.

Algunos, ante las advertencias de los abogados respecto a la acumulación de casos que se amontonaban ante los juzgados de familia, que no daban abasto, han acudido a notarías para preguntar sobre la posibilidad de iniciar un paso intermedio, una separación notarial, e incluso, de divorciarse por esta vía.

Para muchos un divorcio es una liberación, pero generalmente es un drama incluso para quien lo haya solicitado por las razones que sean, desamor, nuevo amor, incompatibilidad de caracteres, violencia doméstica o pérdida de confianza. Si al drama se le añade que no hay manera de acelerar trámites, que no llega nunca la fecha de la vista, que los abogados se encuentran con un bloqueo de los juzgados, imposibilitados de ir más deprisa, ampliar personal y disponer de más medios, faltos de horas y con los nervios tan a flor de piel como los propios demandantes de que resuelvan sus problemas… esa espera, esa falta de avances, ese no saber cuándo resolverán los jueces, se convierte en una pesadilla.

Se comprende que en estos meses de desasosiego por tantas razones, que no se sabe además cuando se podrá superar, los juzgados de familia se hayan convertido en la diana de todos los venablos que lanzan las familias que no tienen más aspiración que solucionar de una vez por todas su situación familiar y que un juez intervenga con una decisión de obligado cumplimiento. Si hay hijos menores, que determine quién ejercerá la patria potestad o si será compartida, quién ocupará la vivienda familiar, régimen de visitas a los hijos, reparto de vacaciones, pensión alimenticia, qué gastos corresponde a cada cónyuge, quién se hace cargo de la hipoteca si la hubiera, e incluso tomar disposiciones sobre las visitas de los abuelos a los nietos; un asunto cada vez más habitual cuando se trata de los padres de un cónyuge fallecido.

La pandemia, además de una tragedia que parece no tener fin, es desesperante para quienes están pendientes de una resolución que lleve un poco de sosiego a la familia. No hay más que echar una mirada alrededor para darse cuenta de que para los ciudadanos que sufren la pandemia sin más cambio en su vida que un encierro, sufrir el toque de queda, no disfrutar de una reunión familiar o de amigos, y estar pegado durante horas a un ordenador, es un privilegio.

Fraude fiscal. Se estrecha el cerco

DEBATE PARLAMENTARIO

FRAUDE FISCAL

Se estrecha el cerco

La evasión de impuestos hace que el fisco deje de ingresar miles de millones de euros, que podrían destinarse a cubrir gastos en sanidad, educación y servicios sociales. La nueva Ley Contra el Fraude Fiscal, que ahora se debate en el Parlamento, incorpora el Derecho comunitario al ordenamiento español y refuerza las medidas contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

ELVIRA ARROYO

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LA COMISIÓN EUROPEA CALCULA que las arcas de la UE pierden alrededor de un millón de euros anuales debido a los comportamientos fraudulentos de empresas y ciudadanos. En España, el fraude fiscal supone unas pérdidas anuales de 91.600 millones de euros, según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Son cifras aproximadas porque la falta de trazabilidad de estas operaciones hace muy difícil medir su alcance real, pero el perjuicio que ocasionan al bienestar social es indudable.

La lucha contra la evasión de impuestos es un objetivo prioritario de los gobiernos europeos desde hace años pero, en las actuales circunstancias, es todavía más apremiante para poder cubrir las necesidades derivadas de la pandemia. “Hay que buscar formas de gravar a aquellos que no están pagando justamente su parte. Solo las empresas evitan pagar entre 50.000 y 190.000 millones de euros en impuestos cada año. Podemos salir de esta crisis de una manera justa y mantener la confianza de nuestros ciudadanos”, ha afirmado Paul Tang, presidente de la comisión de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo.


El gobierno cree que esta reforma podría tener un impacto de 828
millones de euros en las arcas públicas el próximo año


En España, el Congreso debate el nuevo proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que, además de recoger la directiva europea 2016/1164, contempla diversas acciones para reducir el fraude fiscal. El gobierno cree que esta reforma podría tener un impacto de 828 millones de euros en las arcas públicas el próximo año.

Entre otras novedades, se endurecen los requisitos para los pagos en efectivo, una de las prácticas defraudatorias más habituales. Concretamente, las transacciones en efectivo entre empresarios y profesionales no podrán superar los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales. Sin embargo, para minimizar los efectos colaterales en pequeñas economías domésticas se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares a empresarios y profesionales. También se reducen de 15.000 a 10.000 euros las operaciones en efectivo de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Se pondrá fin a las amnistías fiscales, al prohibir expresamente cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la deuda tributaria. El objetivo es impedir que haya beneficios tributarios injustificados para los que no cumplieron en su momento, con el consiguiente agravio comparativo para los españoles que atienden puntualmente sus obligaciones fiscales.


Las transacciones en efectivo entre empresarios y profesionales no
podrán superar los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales


Asimismo, habrá cambios en los requisitos para ser incluido en los listados de deudores que publica la Administración Tributaria. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, entrarán en la lista aquellos que tengan deudas y sanciones tributarias superiores a los 600.000 euros, cuando ahora el límite está en un millón de euros. La ley aclara que, para evitar entrar en estas listas, las deudas se deben satisfacer durante el periodo de ingreso voluntario, sin que este pueda alargarse por solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento presentadas en dicho plazo.

Además, por primera vez se hará público el nombre de los responsables solidarios, con el objetivo de que las implicaciones de aparecer en el listado alcancen en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.

Paraísos fiscales. Los paraísos fiscales pasarán a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente, y se ampliarán los lugares que tendrán esta consideración. Por ejemplo, formarán parte de la lista de paraísos los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real; países con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos; aquellos donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se tenía en cuenta la nula tributación); y los regímenes fiscales preferenciales que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.

Con esto se pretende que los paraísos fiscales dejen de ser el refugio de una gran parte del dinero que se evade de las arcas públicas. Solo la pérdida impositiva asociada al entramado de sociedades conocido como los “papeles de Panamá”, podría haberse destinado a dar apoyo a 1,5 millones de puestos de trabajo.

Pero no hay que irse fuera de la UE para localizar territorios que facilitan la evasión de impuestos. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo recordaba que siete países de la UE (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) tienen lagunas legislativas que facilitan la planificación fiscal agresiva. Entre otras acciones, se pedía la supresión de los programas que permiten obtener la nacionalidad o la residencia en un Estado miembro a cambio de una inversión, en especial los de Malta y Chipre, dadas las escasas exigencias a los solicitantes.

Por otro lado y como resultado de la transposición de la directiva europea, se incluyen medidas para garantizar el pago de los impuestos allí donde se generen los beneficios. La implantación del exit tax hará que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal a otro país, se grave en España el valor económico de cualquier plusvalía creada.


Se pone fin a las amnistías fiscales al prohibir cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que reduzca la deuda tributaria


Sistemas informáticos. Otro aspecto fundamental es acabar con los denominados software de doble uso, programas informáticos que permiten la manipulación de los datos contables. A partir de ahora, los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial deberán cumplir una serie de requisitos que garanticen la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Finalmente, para aumentar el control sobre las criptomonedas, será obligatorio informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Los españoles opinan
  • El 91,2% de los españoles piensan que en España existe mucho o bastante fraude fiscal.
  • El 59,6% de los españoles creen que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.
  • La falta de honradez y conciencia ciudadana es la principal razón que mueve a las personas a ocultar sus ingresos a Hacienda.
  • El principal efecto del fraude fiscal es que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales.

Fuente: CIS Estudio nº 3259. Opinión Pública y Política Fiscal (XXXVI) Septiembre-octubre 2019.

Regulación del juego

LA NUEVA NORMATIVA se propone acabar con el fraude en las actividades de juego, con especial atención a la manipulación de las apuestas deportivas. Con este fin, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá tener acceso a los datos de identidad tratados por las federaciones deportivas españolas.

Además, para acabar con el juego no autorizado, se podrá requerir a cualquier proveedor de juegos, servicios de pago, entidades de comunicación audiovisual, medios de comunicación, agencias de publicidad y redes publicitarias, entre otros, información relativa a las operaciones realizadas por los operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante.

Colaboración notarial

EN 2007 ENTRÓ en funcionamiento el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria.

El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles.

Nuevo valor de referencia para la adquisición de inmuebles

LA ELEVADA litigiosidad existente en la valoración de los bienes gravados con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha llevado a plantear una reforma que dé más seguridad jurídica a los contribuyentes y a las administraciones tributarias, basada en la doctrina del Tribunal Supremo.

En el caso de los bienes inmuebles, la base imponible de los tributos patrimoniales será el valor de referencia del Catastro. Este valor será fijado a partir de las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante un fedatario público.

El valor de referencia es distinto del valor catastral y, por tanto, esta norma no afectará a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (IRPF, IBI o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

MARIO GARCÉS
Diputado Grupo Parlamentario Popular
@MarioGarcesSan
“Una oportunidad perdida”
En múltiples ocasiones, para desgracia de los operadores jurídicos y de los ciudadanos, las normas no cubren las expectativas para las que han sido elaboradas. Este es un caso inequívoco. El texto adolece de una estructura lógica, en línea con la asistemática propuesta de un Gobierno que legisla a golpe de contingencia ideológica, tal como se ha comprobado también en la modificación de 13 figuras tributarias en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Más allá de la necesaria transposición de la directiva comunitaria, el resto de artículos adolecen de un fin unitario y responden más bien a la adaptación a cierta doctrina del Tribunal Supremo que a buscar respuestas cabales compatibles con el interés general y los derechos de los contribuyentes. En ese orden de cuestiones, llama especialmente la atención la regulación de los pactos sucesorios en el IRPF, que, en los términos redactados, podría constituir una violación de los principios que rigen nuestro sistema constitucional.

PATRICIA BLANQUER
Diputada Grupo Parlamentario Socialista
@Patri_Blanquer

“Pretende aumentar la transparencia fiscal e impedir el agravio que causan las prácticas abusivas”

El proyecto de ley persigue lograr una política tributaria más justa y eficaz con medidas como la prohibición de las amnistías fiscales y del denominado software de doble uso, la lucha del fraude en el juego, el mayor control sobre las criptomonedas, el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones y la transposición de normas comunitarias contra las prácticas de elusión fiscal, de planificación fiscal agresiva. Normas que pretenden aumentar la transparencia fiscal e impedir el agravio y la competencia desleal que las prácticas abusivas y fraudulentas causan a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Legislación imprescindible para generar un entorno estable y con condiciones equitativas a todas las empresas que generarán un incremento recaudatorio estimado de más de 800 millones de euros para el próximo año.

RODRIGO JIMÉNEZ REVUELTA
Diputado Grupo Parlamentario VOX
@rodrijr111
“Enmascara una subida de impuestos generalizada”
Un proyecto de ley oscuro, complejo y propio del régimen que hoy nos gobierna que enmascara una subida de impuestos generalizada sobre el Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones. Con la excusa de la transposición de la directiva, que sólo trata el Impuesto sobre Sociedades y que aprovechan para tocar todos los impuestos.

Con la excusa de alta litigiosidad por el concepto de valor real provocará un incremento de los costes para el contribuyente en el nuevo intento de cálculo de valor de los inmuebles.

Nuevas imposiciones fiscales a través de sanciones, penalización de la transmisión de negocios familiares, ataca las competencias de las comunidades autónomas y promueve inseguridad jurídica del contribuyente.

Limita la posibilidad de recursos y pretende la eliminación temporal del dinero en efectivo perjudicando a los colectivos más desfavorecidos, al pequeño comercio, a la mayoría de pensionistas y condiciona la libertad.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

Entrevista a Tomás de la Quadra-Salcedo, Premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio

EN CURSO LEGAL

Tomás de la Quadra-Salcedo,

Premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio

“Echo en falta el respeto en la vida política que tuvimos en otros tiempos”

El pasado 19 de noviembre Tomás de la Quadra‐Salcedo (Madrid, 1946) recibió de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, en su vigesimosexta edición. El Rey en sus palabras destacó su dedicación constante al servicio público y la labor encomiable de los juristas en nuestra sociedad para mantener el Estado de Derecho.

CARLOS CAPA

TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO es un destacado especialista en Derecho Administrativo, materia de la que es catedrático emérito en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue ministro de Administraciones Públicas entre 1982 y 1985 y de Justicia entre 1991 y 1993. Asimismo, presidió el Consejo de Estado entre 1985 y 1991.

–¿Qué supone para usted haber recibido el Premio Pelayo?

–Supone un honor y una satisfacción, además de un reto para estar a la altura de este galardón, que ya tiene veintiséis ediciones y que han recibido juristas muy ilustres antes que yo.

–En la ceremonia de entrega del Premio Pelayo desde Su Majestad el Rey al resto de los intervinientes resaltaron su condición de servidor público. ¿Qué valor social cree que tiene el servicio público hoy?

–Creo que hay que diferenciar lo que es la política, que no pasa por su mejor momento, del servicio público en sentido estricto. Creo que este último goza de gran reconocimiento social como se ha podido comprobar en esta última etapa con nuestros sanitarios o los enseñantes a los que la sociedad ha puesto en valor. Por otra parte, los recortes presupuestarios que se han sucedido  desde 2008 han mermado sin duda sus capacidades. La inversión pública ha disminuido en materias como la investigación o las infraestructuras y eso puede haber deteriorado el servicio público.

El funcionamiento de la Administración de Justicia también se ha visto afectado por no tener infraestructuras suficientemente dotadas. La pandemia nos ha puesto a prueba al tener que recurrir a mecanismos telemáticos de forma masiva e imprevista.

En lo que se refiere a la política, asistimos a un deterioro provocado por la crispación. Estamos en un momento poco edificante en el que el respeto se ha sustituido por la confrontación permanente.

–¿Estamos en riesgo de padecer una quiebra de confianza entre la sociedad y sus gobernantes?

–Es un tema complejo. A Trump le han votado 73 millones de personas con un discurso agresivo y populista. Vivimos en un momento de radicalidad, de intentar imponer el propio punto de vista y no de buscar el centro de gravedad de la sociedad. No sé si es el líder el que crea la división o la división la que crea al líder. Esto nos debe hacer ser cautos porque la democracia nunca está garantizada. Las constituciones actuales son normas de composición, lo que un presidente del Tribunal Constitucional italiano, Zagrebelsky, definía como “Derecho dúctil”. En su interior hay una aparente confrontación de derechos. Nos debatimos entre el Estado mínimo, con pocos impuestos, pero garante de los derechos clásicos y la necesidad de aplicar los derechos sociales, lo que requiere inversión. Siempre hay gente que pierde y gente que gana y hay un momento en que los peor parados pierden confianza en el sistema, y ahí está el caldo de cultivo del populismo, que luego se muestra incapaz de ofrecer soluciones armónicas y equilibradas.

–¿Ha sido la Justicia la ‘cenicienta’ de los servicios públicos? ¿Los gobiernos le dan poco valor?

–Sería necesario lograr un pacto sobre la Justicia, con la mirada a largo plazo, que la dote de los medios y los recursos necesarios más allá de lo inmediato. Hay más problemas que los meramente materiales, pero sí es necesario avanzar en la dotación de medios, especialmente personales, probablemente en un horizonte que llegue al menos a dos legislaturas.

Tengo dudas en el sistema de selección de los jueces. Quizás se valora mucho la memoria, pero no tanto la inteligencia. En mi opinión no hay carrera en la que haga menos falta la memoria que el Derecho. En un ordenamiento como el actual, con tantos multiniveles, desde el local al internacional, hay que estudiar la aplicación del Derecho desde múltiples perspectivas. En Derecho cada caso es único y eso exige una capacidad de análisis y comprensión que choca con lo memorístico. Por supuesto “cantar” los temas es un modelo que garantiza la objetividad y la imparcialidad en la selección, pero no sé si consigue seleccionar a los mejores. Habría que introducir una prueba de resolución razonada de un caso.

–¿Cuál debe ser nuestro modelo de Justicia con una perspectiva excesivamente corta?

–Se debería consensuar el modelo sin pensar quién se va a llevar los méritos de su implementación, con una aplicación que seguramente llevaría varias legislaturas. En este caso pasa como en la legislación electoral. Nadie quiere emprenderla cuando gobierna por si le perjudica en las siguientes elecciones. Hay una cierta falta de generosidad política.

–¿A quién protege más el Derecho Administrativo –en el que usted es un referente indiscutible– a la administración o al administrado?

–Un juez ordinario no es capaz de resolver muchas de las cuestiones que se originan en la actividad administrativa. La jurisdicción especializada resuelve con mayor eficiencia estos casos, equilibrando el interés colectivo con el particular.

–¿Qué rol juega en el sistema el Derecho Administrativo?

–El Derecho Administrativo es una parte del Derecho Público y siempre hay que remontarse a la Constitución y a la Unión Europea. No se puede prescindir de ese continuo. Quizás hay una separación artificial entre el Derecho Constitucional y el Administrativo. En la realidad no se puede entender uno sin otro. Quizás lo adecuado sería entenderlo todo como Derecho Público.

–¿Conserva la Administración demasiadas prerrogativas frente al ciudadano?

–La Administración no tiene prerrogativas en obsequio a ser poderosa. Es un punto de vista equivocado. Sus capacidades privilegiadas lo son porque está al servicio de lo público y en todo caso están controladas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

–¿El actual modelo autonómico responde a lo que fue la voluntad del constituyente?

–El Estado es hoy mucho mejor que el que hubiéramos tenido sin modelo autonómico. España era un estado macrocefálico y eso hacía perder calidad democrática. Si el Estado está solo en Madrid, eso, para muchos, está muy lejos. La democracia tiene muchos niveles y es necesario tener conciencia de que está cerca. Así, el sistema autonómico ha hecho que nadie en Europa haya considerado que Cataluña fuera una colonia sojuzgada y nadie va a aceptar que se rompa el marco constitucional. Los nacionalismos están en el origen de muchos de los problemas en el mundo. El sistema autonómico da legitimidad al Estado y ha sido beneficioso para la sociedad. Creo que el conflicto catalán pasará y, si no es así, conviviremos con él, pero cargados de razón.

–¿Cuál es su opinión acerca del papel que juega el notariado en la sociedad?

–Los notarios juegan un papel insustituible. Nuestro modelo de fe pública, sin perjuicio de mejoras, no tiene alternativa y es, además, exportable. El notariado es una figura indispensable para la sociedad.

Usted ha transitado por diversas funciones en el servicio público: la Universidad, el Gobierno, el Consejo de Estado… ¿En cuál se ha sentido mejor?

–Indudablemente formar parte del primer gobierno socialista en 1982 fue un momento increíble, alcanzar un objetivo por el que se había trabajado mucho. Era poder hacer lo que siempre habíamos deseado hacer en democracia. Tuve la suerte de haber ocupado carteras ministeriales en las que se podían hacer grandes cosas y, a pesar de tener mayoría absoluta, la mayoría de las leyes que promoví fueron pactadas.

En la etapa en que fui Ministro de Justicia, tuve la oportunidad de promover los pactos con todas las confesiones religiosas, coincidiendo con el quinto centenario de la expulsión de los judíos o la toma de Granada.

Mi etapa como presidente del Consejo de Estado me ofreció la oportunidad de participar en el servicio público de forma más sosegada y reflexiva.

Echo en falta el respeto, que hoy se ha perdido, en la política.

“Sería necesario lograr
un pacto sobre la justicia,
con la mirada a largo plazo,
que la dote de los medios y los recursos necesarios”

Huella digital:

Tomas de la Quadra-Salcedo dispone de una cuenta en la red social Linkedin que detalla su vida profesional. La Universidad Carlos III de Madrid, donde es catedrático emérito de Derecho Administrativo, mantiene un perfil en el que se contiene su currículo, datos de contacto y actividad académica. 

El portal Biografías y Vidas le dedica una entrada que puede consultarse aquí

En la Web “Todos tus libros” puede consultarse su extensa bibliografía.

“Las prerrogativas de la Administración existen por su valor para la defensa
del interés público”

I + D. Metas incumplidas en innovación

ÁMBITO EUROPEO

I+D. Metas incumplidas en innovación

A pesar de algunos casos de éxito, Europa continúa perdiendo terreno en la carrera mundial por la innovación, en parte por la incapacidad para cumplir con sus objetivos de inversión en I+D desde el año 2000.

JORGE VALERO

@europressos

La partida de investigación y el desarrollo, a la que se añadió la innovación (I+D+i) lleva años anclada como una prioridad en la agenda europea. El impacto del Covid‐19 sirvió para resaltar más aún la importancia de respaldar estos sectores. El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea tras el virus. Porque Europa aspira a transformar su economía como no lo ha hecho en décadas, haciéndola más digital para intentar recuperar algo del terreno perdido frente a EEUU y China, y, sobre todo, para eliminar totalmente las emisiones netas de CO2 para 2050.

Transformación ecológica. Sin embargo, a pesar de planes estratégicos y pomposas declaraciones, la UE lleva 20 años fracasando en su esfuerzo por alcanzar el 3% de su PIB dedicado al I+D, primero incluido en la Agenda de Lisboa, y luego en la Agenda 2020. Europa dedica un 2,19% de su PIB a esta tarea, según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea de 2018.

Los fondos destinados a este capítulo están lejos de sus competidores, sobre todo en el apartado privado, mientras que los pujantes rivales asiáticos, como Corea del Sur y China, eclipsan no solo a Europa sino también a EEUU. “Si esto continúa así, Europa corre el riesgo de ser superada de manera irreversible”, concluyó la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

En juego está no solo la consecución de una meta. Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos que se logren para conseguir la reducción neta de emisiones a cero, mientras nuestras economías, poblaciones y necesidades no paran de crecer.

“Dado el tamaño del desafío y su naturaleza costosa, con un billón de euros movilizados para el Pacto Verde durante la próxima década, esto exige invertir cantidades récord en I + D si Europa quiere convertirse en el primer continente climáticamente neutral del mundo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señala el mismo informe comunitario.

Sin embargo, la UE también está perdiendo terreno en este frente tan importante para su futuro. Según datos de la agencia Bloomberg, EEUU está en cabeza en inversión en I+D relacionado con el clima, acercándose a los 12.000 millones de euros en 2018. China ya ha superado a la UE tras cuadriplicar en los últimos años su inversión en este frente, y ya supera los 8.000 millones de euros, mientras que el bloque comunitario no llega a esa cifra. Por eso, la Comisión advierte a los Estados miembros que tienen que mejorar el rendimiento de su gasto en innovación en este campo para aumentar la competitividad de estas tecnologías requeridas para completar la transición sostenible.

Diferencias nacionales. Las diferencias entre los Estados miembros resultan notables. Con una población del 6% del planeta, el gasto en I+D de la UE ha ido reduciéndose en relación con la inversión del resto del mundo, y representa el 17% del total mundial (cifras de 2017, siempre según datos de la Comisión). Este esfuerzo está sobre todo concentrado en las manos de Alemania, Francia e Italia, que conjuntamente representan el 61% de este gasto.

Tan solo Alemania dedica a I+D el mismo volumen que 24 Estados miembros. Por otro lado, son muy pocos los que llegan a la meta común, como Suecia, que supera el objetivo europeo con un 3,3%. Rumanía se queda en el 0,5%, según el último registro de 2018.

En el caso de España, el volumen dedicado aquel año tan solo llegó al 1,24% del PIB. Nuestro país es además uno de los que se marcó una meta inferior al 3% del PIB, ya que este objetivo debe ser alcanzado conjuntamente por todos los 27. El Gobierno español fijó hace diez años la meta del 2%.

A principios de 2020, la UE estaba aún muy lejos de su meta del 3%. Para alcanzar este objetivo, la Comisión estima que necesitaría invertir unos 110.000 millones este año. No obstante, Europa no ha permanecido estática. El porcentaje tan solo llegaba al 1,81% en el año 2000. Sin embargo, el empuje ha resultado insuficiente no solo para conseguir las metas fijadas, sino sobre todo para no perder la carrera en un mundo cada vez más competitivo, en el que el progreso tecnológico marcará la diferencia en la era digital.

En Corea del Sur, una de las naciones tecnológicamente más avanzadas, el gasto en I+D llega al 4,53% de su PIB, seguida por Japón (3,26%) y EEUU (2,83%). China ya invierte más del doble de la cantidad que dedicaba a esta partida en el año 2000, y se encontraba en 2018 a la par del ratio de la UE.

Las grandes diferencias en el gasto entre los países, dentro y fuera de Europa, se explica sobre todo por sus especializaciones industriales, la calidad de su entorno investigador, o el acceso a mercados tecnológicos integrados.

Contribución del sector privado. Estas diferencias en la composición de las economías marcan las grandes diferencias en la inversión privada en I+D, donde Europa pierde terreno frente a sus principales rivales. El sector empresarial es el principal pilar, con un 66% del gasto en 2018. Pero a pesar de las cifras notables y del progreso de los últimos años, es significativamente inferior al gasto dedicado en China, EEUU, Japón o Corea del Sur, lamenta la Comisión Europea.

Menos de la mitad del sector industrial europeo está vinculado con áreas de elevada intensidad innovadora, como las tecnologías de la información o la salud. En torno a un 40% está relacionado con áreas de intensidad innovadora media, como los automóviles. Mientras, un 80% de la industria estadounidense y más de la mitad en el caso chino están vinculadas a estos sectores con un elevado I+D.

No obstante, el gasto privado también depende del ecosistema económico e innovador que existe en los países, señala la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

Las empresas invertirán en aquellos lugares donde existen políticas que incentiven el gasto, como desgravaciones fiscales o subvenciones, donde existan suficientes recursos humanos y una buena infraestructura investigadora. Es decir, “la inversión del sector privado en un país determinado depende en gran parte del retorno que puede esperar y, por lo tanto, de las condiciones marco que existen”, apunta la Comisión.

La brecha entre Europa y sus principales rivales también queda reflejada en el nivel empresarial.

Los 2.500 principales actores industriales de todo el mundo aumentaron su inversión en I+D en un 8,9% el año pasado, similar a 2018. Las empresas de la UE representan 14 de los 50 principales inversores corporativos en I+D. Y aunque las empresas de la UE aumentaron su gasto en esta partida (5,6%), su esfuerzo fue muy inferior al de sus homólogas chinas (21%) y estadounidenses (10,8%), según el marcador de inversión industrial en I+D 2020, publicado por la Comisión en diciembre.

“Se necesita más inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en particular en la carrera mundial por el liderazgo tecnológico y en las transiciones verde y digital. Si queremos que Europa impulse la transición a una economía climáticamente neutra, debemos redoblar nuestros esfuerzos”, señaló tras la publicación de este informe la comisaría de Innovación, Mariya Gabriel.

El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea

Ayudas públicas

EL PRINCIPAL instrumento que utilizan los poderes públicos para respaldar la innovación son los incentivos fiscales. Según datos de la Comisión, en 2017 representaron el 55% del apoyo público al sector privado. Esta herramienta es especialmente utilizada por Holanda, Bélgica, Irlanda e Italia.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario indica que estos incentivos tributarios no resultan tan útiles para canalizar la inversión hacia prioridades y proyectos como si lo consiguen las subvenciones, aunque su proceso burocrático pueda resultar un obstáculo. Por eso, Bruselas recomienda utilizar una combinación adecuada de políticas públicas (incentivos fiscales y subvenciones) para poder dirigir la inversión privada hacia la sostenibilidad y los cambios sistémicos que encaramos.

En el capítulo de las ayudas públicas, una de las principales herramientas es el programa Horizonte 2020 de la UE, reforzado en el próximo presupuesto plurianual comunitario (2021-2027) hasta casi los 100.000 millones de euros.

Copiando el modelo del programa Apolo con el que EEUU llegó a la luna, la Comisión espera mejorar así el rendimiento del dinero invertido. Pero, en nuestro caso, la gran misión no es la conquista del espacio, sino la sostenibilidad de la Tierra. Porque, como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “el Pacto Verde es nuestra llegada a la Luna”.

Europa opina

Informe de la Comisión Europea sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020 (inglés).

Marcador 2020 de la Inversión Industrial de la UE en I+D (inglés).

Fondos europeos en España

LA HUELLA DEL GASTO europeo queda clara en países como España. El 60% de la inversión extranjera en I+D que recibimos procede de la Comisión Europea, mientras que por ejemplo en el caso de Holanda no llega al 10%.

Este peso de la ayuda europea resultará aún más evidente en los presupuestos españoles para 2021. España será uno de los grandes beneficiarios del estímulo adicional procedente del fondo de recuperación europeo frente a la pandemia, con 140.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y créditos blandos.

Gracias en parte a esta ayuda, las cuentas para 2021 incluirán un aumento de cerca del 80% respecto a las cuentas anteriores en la partida destinada a I+D+i, alcanzando los 11.483 millones de euros (un 2,5% del volumen total). De esta cantidad, casi la mitad (4.752 millones de euros) procederá de la UE.

Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos

«Europa sienta las bases de nuestro futuro», por Francisco Fonseca

ÁMBITO EUROPEO

FRANCISCO FONSECA,

director de la Representación de la Comisión Europea en España

[email protected]

 

Europa sienta las bases de nuestro futuro

A estas alturas, a nadie le cabe la menor duda de que la pandemia del coronavirus es ya el acontecimiento histórico de las últimas décadas. Lo es, en primer lugar, por su dimensión sanitaria, por la tragedia de los miles de personas fallecidas y por el sufrimiento de todos los que han pasado la enfermedad o han tenido que adoptar severas medidas para preservar su salud y la de sus seres queridos. Y, en segundo lugar, por el impacto económico de las decisiones adoptadas para contener la expansión del virus.

Hemos puesto a prueba nuestros sistemas de salud, el estado de bienestar y la capacidad de nuestra economía y nuestro mercado de trabajo de afrontar un choque sin precedentes. España se encuentra entre los países más castigados por la crisis económica. La última previsión de la Comisión Europea ofrece una caída del PIB del 12,4 % para 2020. La tasa de paro se situaría ya en el 16,7%.

Ante este escenario, la Comisión Europea aprovechó de manera rápida y eficaz todas las oportunidades que nos brinda el presupuesto de la UE de manera urgente y flexible, apoyando el mantenimiento de los empleos y financiando los ERTEs a través de los más de 21.000 millones de euros para España del programa europeo SURE; apoyando la financiación de las PYMEs con 200.000 millones de euros o aprobando 240.000 millones más en líneas precautorias de crédito por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

La virulencia de la pandemia nos ha enseñado que la transformación de nuestra economía ha pasado de presentarse como una opción política, a convertirse en una exigencia para la consolidación de nuestro modo de vida europeo basado en la salud y la protección social. Y esto explica el gran salto adelante que hemos dado con el Marco Financiero Plurianual adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre último.

La transición verde, la digitalización y la economía al servicio de las personas serán los tres ejes directores de los presupuestos europeos para el período 2021‐2027, en los que se incluyen los 750.000 millones de euros del plan de recuperación, el NextGenerationEU, que no tiene precedentes en la UE, ni en importe, ni en rapidez y distribución para la inversión de los fondos. España va a ser uno de los máximos beneficiarios de este plan con más de 140.000 millones de euros, poniendo en valor el carácter redistributivo de los fondos europeos como catalizador de la recuperación económica, precisamente en aquellos países, regiones y sectores económicos que más están siendo golpeados por la crisis.

Como hemos insistido en los últimos meses, el presupuesto de la UE, junto con el NextGenerationEU, diseñado para impulsar de manera intensa la recuperación, serán el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,84 billones de euros para la reconstrucción de los sólidos cimientos de la Europa posterior a la COVID19.


“Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que,
sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá
más débil y protegerá peor a sus ciudadanos”


Más allá de la urgencia de la inversión en infraestructuras digitales o en proyectos de transformación verde, un capítulo emerge entre los más importantes del presupuesto de la UE: la inversión en investigación y desarrollo. La inversión en I+D es la plataforma sobre la que asentamos los pilares de nuestro crecimiento futuro. Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que, sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá más débil y protegerá peor a sus ciudadanos frente a los diferentes retos a los que se enfrenta.

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida” en expresión atribuida al Emperador Marco Aurelio.

Con solo un 7 % de la población mundial, Europa representa hoy un 20 % del total de inversión en I+D a escala global, es responsable de un tercio de las publicaciones científicas de alta calidad y ostenta el liderazgo mundial en sectores industriales como el farmacéutico, el químico o la ingeniería mecánica.

El programa de investigación señero del presupuesto europeo, el Horizonte 2020, ha sido hasta este año el mayor programa de investigación e innovación de la UE de todos los tiempos, con casi 80.000 millones de euros de financiación disponible en los últimos 7 años, sin contabilizar los fondos privados atraídos por la financiación pública.

Para su sucesor, el programa Horizonte Europa, la Comisión Europea ha propuesto aumentar su dotación hasta los 95.000 millones de euros a precios actuales, poniendo de manifiesto la voluntad decidida de la Unión Europea en este ámbito.

Estos fondos tienen el objetivo central de contribuir a apoyar la modernización de nuestras economías a través de la investigación e innovación; las transiciones climática y digital, a través de un gran apoyo a la investigación aplicada y a un partenariado público privado que juegue un gran efecto multiplicador; y, en fin, la preparación, recuperación y resiliencia de nuestras sociedades, a través del Fondo de Recuperación, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health.

En suma, estos Fondos se van a destinar específicamente a apoyar la recuperación y a permitir un mayor apoyo europeo a las actividades de investigación e innovación relacionadas en tres pilares fundamentales: la salud, incluida la lucha contra la COVID19; la acción por el clima, y la garantía que Europa tendrá su propia autonomía estratégica en la digitalización de nuestra economía y sociedad.

Todos estos recursos puestos a disposición de los investigadores son esenciales para que Europa no pierda su liderazgo en muchos sectores y sea, a su vez, punta de lanza en otros, a la vez que seamos capaces de proteger lo que nos caracteriza como sociedades europeas: la protección social y la calidad de nuestros sistemas de salud.

Europa se construye respondiendo con urgencia a los daños sanitarios, sociales y económicos que se producen, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo, pero también lo hace mirando hacia adelante, apuntalando los cimientos de nuestras sociedades futuras. Y esto solo puede hacerse teniendo como prioridad apoyar, junto con los países de la UE, la inversión en investigación y desarrollo.

Profesor Don Datos

ALDEA GLOBAL

Profesor Don Datos

Supongamos, estimados lectores, que están mirando una web para interesarse por algún producto o servicio, precios, comparativas con sus similares o especificaciones técnicas para averiguar qué es lo más conveniente. De ese sitio pasan a otro en busca de información de actualidad, por ejemplo, un medio de comunicación online; y, ¡oh sorpresa!, alternativas al producto o servicio sobre el que habían hecho antes la consulta orlan la nueva página, intentando llamar la atención de mil formas. Un complejo proceso de generación de datos, análisis, aplicación de algoritmos predictivos y hasta inteligencia artificial se ha puesto en marcha. Eso, exactamente eso, es lo que ya se ha empezado a utilizar en la enseñanza de todo el mundo.

MELCHOR DEL VALLE

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En el ejemplo que ponemos en la entradilla, sucedió, como saben o imaginan, que su primera búsqueda generó datos (a puñados), que en cuestión de nanosegundos han sido analizados, tras lo que uno o varios algoritmos han predicho qué otras cosas, amén de las buscadas, les pueden interesar o qué puede gustarles más según la tendencia de compra definida por las fórmulas matemáticas y los esquemas de inteligencia artificial. El proceso, que ya es habitual en nuestras vidas digitales, es aplicable a muchas otras cosas, como la salud, los deportes, la política o la lucha contra el crimen. Y, desde hace más de un lustro, al aprendizaje en la escuela, el instituto y la universidad. Y no: no estamos hablando solo de enseñanza no presencial o en línea, sino también de la que, hasta ahora, venimos definiendo como “convencional”.

Según varios indicios, el pionero en esto del uso de los datos en las aulas, Max Ventilla, desarrolló su carrera técnica en Google hasta que, en 2013, decidió que quería dedicarse a la enseñanza, pero aplicando todo lo que su mente tecnológica y digital contenía. Así, fundó en San Francisco (California, EE.UU.) el grupo de escuelas AltSchool, con intención de empezar… por el principio: la enseñanza primaria. Muy sintéticamente, el formato aprovecha los datos generados por cada alumno, desde que llega al centro hasta cuando hace algunas tareas en su casa, para que, una vez recopilados en un sistema inteligente y centralizado, los profesores puedan diseñar clases efectivas y más personalizadas, y los directores de los centros puedan mantener informados e implicados a los padres y tener motivados a los miembros del claustro. La “piedra filosofal” aquí está formada por los datos masivos (big data), la llamada “minería de datos” (data mining) y las analíticas de aprendizaje (learning analytics).

Enseñanzas superiores. Como es lógico, ya hay universidades que han avanzado mucho con el sistema. En medios educativos se habla de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), la Universidad de Nottingham Trent, en el Reino Unido, o la Universidad de Georgia (EE. UU.). Pero según un informe realizado por el Instituto KPMG, más del 40 % de las universidades ya utilizaban en el curso 2015‐2016 los datos en su actividad académica; en mayor o menor medida, por supuesto. En esa misma época, siete universidades chinas, entre las que se encuentra la Universidad Jiaotong de Pekín (una de las más reconocidas universidades en tecnologías de la información) iniciaban un programa de tratamiento de datos aplicados a la enseñanza. La conclusión es, por tanto, que hay una evidente tendencia a ir sirviéndonos de los datos en la actividad académica. Y para bien, aunque en algunos ambientes mentar el big data sea como citar al Averno en pleno.

Quienes no quieren ver la oportunidad que todo esto significa, se basan en tres temores: uno, que se pueda convertir en herramienta de discriminación. Esto sucedería, dicen, si los algoritmos predicen lo que podría pasar sin que realmente haya pasado, porque clasificar a los estudiantes así puede significar dejar de lado otros aspectos que se escapan a la compresión de las analíticas de aprendizaje. Dos, que un estudiante pueda ser valorado por su pasado, si los docentes se quedan en el simple análisis de datos, y no por lo que pueda llegar a ser. Y, tres, que se produzca una intromisión en la intimidad o invasión de la privacidad. Quizás explicando cómo se utilizan las distintas herramientas se podrá ver lo escasamente fundado de estos temores, salvo actuaciones personales ajenas a la deontología profesional, obviamente; pero como en todo.

La esencia del sistema. Una vez se da por bueno que el centro recoge datos de los estudiantes, desde aquellas cosas por las que muestra mayor interés hasta las que “se les atraviesan” en determinada materia, puede entrar en juego la predicción, que se basa en técnicas como la clasificación, la regresión o el conocimiento latente. Por poner un ejemplo, según los datos que van llegando de cada estudiante, el modelo predictivo puede indicar si va a aprobar o no la asignatura cuando aún se está a tiempo de poner remedio. En esto ayuda mucho otra de las metodologías posibles, que se define como “descubrimiento de la estructura”; permite una mayor precisión en el modelo predictivo analizando datos como, por ejemplo, el histórico de estudiantes aprobados.

La minería de datos, que podemos llamar aquí “minería de relaciones” –porque se encarga de encontrar relaciones, precisamente–, busca lo que pueda haber en común en un conjunto de datos, que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, usando técnicas como las reglas de asociación, la correlación, los patrones secuenciales o las causalidades. Con los tres grupos de técnicas, predicción, descubrimiento de estructura y minería de relaciones, se definen los modelos que puedan servir a los objetivos de la enseñanza y convertirlos en aplicaciones al servicio de los docentes, claro, pero sobre todo de los alumnos. Porque parece que hablamos de los data, así, en abstracto, pero cada cual genera los suyos, los que se corresponden con sus intereses, deseos, intenciones, aptitudes o actitudes.

Mejora y personalización. Hay cuatro importantes aspectos, por tanto, en los que el uso de los datos masivos en la enseñanza puede ayudar: precisar qué ocurre, diagnosticar por qué sucede, prever qué puede venir después de eso y aportar información sobre cómo se puede mejorar. Porque, partiendo de la base de que cada alumno aprende de forma distinta o no tiene las mismas necesidades académicas, los profesores pueden ir creando planes individualizados, personales o grupales, para adelantarse, y son ejemplos, al posible abandono de un estudiante, para adaptar los contenidos de una materia al grado de conocimientos e implicación del grupo o para conocer el rendimiento de los alumnos según el sistema de trabajo que se ha puesto a su disposición.

Todo esto, para que conste, no significa más trabajo para el profesor, sino menos, pero hecho de una manera radicalmente distinta. Y es de gran utilidad para los centros, porque les va a permitir utilizar estrategias de enseñanza y evaluación que les harán ganar reputación. También añade valor en el plano práctico, porque podrán mejorar la comunicación entre docentes, alumnos y familias, lo que indudablemente redundará en una más adecuada gestión de sus relaciones.

Revolución. Kenneth Cukier, uno de los autores de La revolución de los datos masivos, escrita al alimón con Viktor Mayer‐Schönberger, cuenta la anécdota de un profesor de Standford que trabajaba con los llamados MOOC (Massive Online Open Courses) o cursos masivos abiertos en línea. Observó que en las lecciones siete y ocho de matemáticas, todos los estudiantes volvían a la lección tres: “esa lección era una clase de repaso y mostraba que a medida que los estudiantes avanzaban más en el curso, estaban menos seguros de sus bases en matemáticas”. Esto, añade Cukier, permitió al profesor comprobar que, sistemáticamente, el grupo se estaba quedando atrás, porque se lo estaban diciendo los datos. Así que pudo sacar dos enseñanzas: que debía preparar a sus alumnos de otra manera desde el principio y que tenía que desarrollar de forma distinta la famosa lección tres para que no se olvidasen tan fácilmente las bases.

La conclusión de este autor, que es editor de datos de la revista The Economist, además de columnista de prestigio, es que “tenemos que proponer a nuestros hijos otro sistema educativo ya que el actual fue concebido en una época diferente, en la era industrial, mecanicista, basada en una línea de montaje. Ahora la enseñanza se puede adaptar como lo hacen las recomendaciones de Amazon y Google, que se ajustan exactamente a nuestros intereses”. Pero siguiendo un proceso más humanizado, podemos añadir, que el utilizado por el comercio electrónico para hacernos llegar sus recomendaciones. Porque mientras que para estas es perfectamente operativo el mecanismo de recoger, analizar, predecir y ofrecer, en la enseñanza es inevitable la figura de un profesor –humano, por supuesto– que medie en la toma de decisiones.

Por si las dudas

Big data en Educación. El futuro digital del aprendizaje, la política y la prácticaBen Williamson. Ediciones Morata (2019).

Big Data en los procesos educativos de la Sociedad de la Información y Conocimiento. Ana Sofía Barón-Gamietea y Daniel Trejo-Medina, Universidad Nacional Autónoma de México. DSA Soluciones (México, 2016). (mayo de 2020).

Big data: la revolución de los datos masivos. Kenneth Cukier y Viktor Mayer-Schönberger. Editorial Turne Noema (2013).

El formato aprovecha los datos generados por cada alumno, desde que llega al centro hasta cuando hace algunas tareas en su casa, para que los profesores puedan diseñar clases efectivas y más personalizadas

Pioneros y «start ups»

Max Ventilla dejó Google para fundar en 2013 las escuelas AltSchool, que se considera una experiencia pionera en el uso de datos aplicados a la enseñanza, primaria en este caso. En 2019, AltSchool dejó de llevar directamente las escuelas y ahora se identifica como Altitude Learning, una compañía de software aplicado a la enseñanza con datos.

El mexicano Miguel Molina creó Analytikus, proyecto por el que ganó el Global EdTech Awards Latinoamérica: un premio que reconoce a las start ups más innovadoras en la transformación de la educación con tecnología. Su idea se ha exportado ya a distintos países y la han comprado importantes compañías del ámbito educativo universitario, como Laureate International.

Todo esto no significa más trabajo para el profesor, sino menos, pero hecho de una manera radicalmente distinta

Bienvenida Ms. Von der Leyen

ENTRE MAGNITUDES

Bienvenida, Ms. Von der Leyen

La Unión estuvo, por fin, a la altura de las circunstancias de Europa. El programa de recuperación conocido como Next Generation EU (NGEU) es una potente bazuca dotada de un calibre financiero por un importe total de 750.000 millones de euros, repartidos entre los 390.000 millones para ayudas no reembolsables y los restantes 360.000 millones disponibles para préstamos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

FERNANDO GEIJO

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ESPAÑA, uno de los países más afectados por las consecuencias de la pandemia al gripar el turismo y la hostelería, dos de sus motores económicos, respiraba con cierto alivio. De hecho, tiene motivos suficientes para esa satisfacción al alzarse como segundo país más beneficiado en el reparto del Fondo de Recuperación. Una pedrea de 140.000 millones de euros, alrededor del 10 por ciento de PIB español de 2019, entre subvenciones (72.000 millones) y préstamos a devolver en condiciones favorables en las próximas décadas.

Tenemos un plan. El pasado mes de octubre, el Gobierno en pleno presentó a bombo y platillo ante cerca de 200 invitados, incluidos los embajadores de los países de la UE, medios de comunicación, altos directivos empresariales y miembros de la sociedad civil, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede. Una auténtica hoja de ruta para tratar de guiar el barco del país en las procelosas aguas de la mayor crisis económica y social sufrida desde la Guerra Civil.

Este plan nacional es una condición sine qua non que cada Estado miembro de la UE debe confeccionar previamente para acceder a los fondos europeos asignados. En el caso español se estructura en torno a diez políticas, denominadas oficialmente ‘tractoras’, que van desde la modernización y digitalización tanto de la Administración Pública como del tejido productivo, al impulso a las infraestructuras, la transición energética y los pactos por la educación y la ciencia, pasando por la reforma del Sistema Fiscal y de la Justicia, entre otros.

Un ambicioso proyecto de reformas que tiene su continuidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que el Gobierno adelantará de facto 27.000 millones de euros de los esperados fondos europeos, lo que va a permitir que se inicie la ejecución de diferentes medidas previstas en el Plan.

Pero el maná europeo, con el permiso in extremis de Polonia y Hungría, tiene, como era de esperar, condiciones que es necesario cumplir. Por consiguiente, no será una suerte de barra libre financiera para aliviar las maltrechas economías y las hastiadas sociedades que integran la Unión Europea.

No en vano, los respectivos planes nacionales presentados a la Comisión, que está previsto que se aprueben en abril de 2021, deben pasar por el ineludible tamiz burocrático en Bruselas a fin de comprobar que están alineados con el impulso para lograr una economía sostenible, ‘verde’ en el argot comunitario, y que contribuyen a la modernización de sus respectivos tejidos productivos nacionales mediante la apuesta por lo digital.

Asimismo, Bruselas quiere aprovechar esta inyección masiva de fondos para pedir a los socios que profundicen en las reformas solicitadas. En el caso de España, se trataría de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, reducir la tasa de temporalidad laboral y solventar la fragmentación de la regulación autonómica.

Cooperación público-privada. El otro factor histórico para poner en marcha una buena parte de las transformaciones previstas en el plan nacional es la colaboración entre el Estado y los sectores privados.

Así, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha solicitado recientemente que las empresas reciban casi dos tercios de las inversiones derivadas de los fondos comunitarios que llegarán a España a partir del año 2021, frente al tope actual del 50% como máximo.

La patronal considera que los empresarios deberían liderar los proyectos para así asegurar el supuesto efecto multiplicador. Para ello, no dudaba en recordar los cálculos del propio Banco de España que concluían que si se empleaban 10.000 millones de euros en inversiones productivas la riqueza nacional crecería en tres décimas, frente a la exigua décima si su destino era la financiación del gasto.

También sugería que se elevase la cuantía de fondos destinada a la reindustrialización de la economía, actualmente fijada en el 17% del total, dado el menor peso del sector industrial en España, que apenas supone el 16% del PIB, lejos del objetivo de la UE para 2020, fijado en el 20%, y de la media del resto de Estados miembros.

Para garantizar la agilidad y transparencia en la gestión de los fondos, el Gobierno pondrá en marcha una profunda reforma de la Administración general del Estado en tres ámbitos. Por un lado, fortaleciendo sus estructuras administrativas, por otro, acometiendo las pertinentes reformas legislativas y, por último, eliminando las trabas burocráticas que actúan como auténticos cuellos de botella.

Además, se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno y también se constituirá una Comisión Interministerial ad hoc liderada por el propio Pedro Sánchez.

Y para completar este cuadro organizativo, se facilitará la interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento y se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas.

Ojo al dato

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presidencia del Gobierno, Gobierno de España. Madrid, octubre de 2020.

Plan de Recuperación para Europa. Next Generation EU. Comisión Europea.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Comisión Europea.

Instrumento REACT-EU para la reconversión verde y digital de la economía. Comisión Europea.

Las claves de la transformación son la economía sostenible y la digitalización empresarial
Los ‘peros’ de Bruselas

Previamente al lanzamiento de una gran emisión de bonos comunitarios antes del verano para obtener los fondos comunitarios, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia tiene que obtener el visto bueno europeo, para lo que debe cumplir con una serie de exigencias, como son:

  • Potenciar la cohesión territorial, económica y social.
  • Atenuar el impacto de la crisis tanto en el ámbito financiero como en el plano humano.
  • Dejar una huella recurrente y constatable en la economía y sociedad del país.
  • Favorecer, de forma tangible y eficaz, los vectores relacionados con la creación de puestos de trabajo, el fomento del potencial crecimiento y la capacidad de adaptación de la economía y la sociedad a la actual crisis.
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Un plan para diez políticas
EL PLAN NACIONAL de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende hacer palanca en la economía y la sociedad españolas mediante su implementación a través de diez políticas tractoras:
  • La Agenda urbana y rural, a la que se dedicará el 16% de los recursos, con el objetivo de luchar contra la despoblación en el ámbito rural y el desarrollo de la agricultura.
  • Los planes de Conservación y Restauración de Ecosistemas y de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, a los que se destinará el 12% del presupuesto.
  • La Transformación energética, con el 9% de los fondos, de cara a posicionar a España como líder de la renovación energética.
  • El 5% de los recursos irá a parar a la reforma de la Administración Pública, mediante el impulso a la Modernización del Sistema de Justicia.
  • El 17% de los fondos se reserva para el apoyo a la digitalización de las empresas.
  • El Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud contarán, por su parte, con una partida específica del 17% del presupuesto.
  • La séptima política contará con el 18% de los recursos financieros con el objetivo de apuntalar el sistema educativo y el ecosistema del conocimiento.
  • La Nueva economía de los ciudadanos y las políticas activas de empleo ocupan la octava posición, lo que implica reservar el 6% de los recursos al refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia.
  • El 1,1% de los fondos servirá para sufragar el Desarrollo de la cultura y del deporte.
  • Finalmente, se abordará la Modernización del sistema fiscal con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo.
Fuente: Presidencia del Gobierno

«Ese claro objeto de deseo», por Juan José Morodo

ENTRE MAGNITUDES


JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Ese claro objeto de deseo

LA CUMBRE DE JEFES de Estado y de Gobierno de la UE dio vía libre el pasado 10 de diciembre al Marco Financiero Plurianual para 2021‐2027, dotado con 1,1 billones de euros. Lo hizo tras algunas concesiones no muy importantes a Polonia y Hungría, cuyos Gobiernos amenazaron con el veto, lo que rompería la necesaria unanimidad, muy conveniente también para el Plan de Recuperación Económica Next Generation EU, dotado con otros 750.000 millones, que también recibió luz verde ese día. En total, más de 1,8 billones de euros.

El Next Generation EU es el fondo que nutrirá económicamente al prolijo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno bajo el título de España Puede y que, según el Ejecutivo, “traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis del Covid, y para responder a los retos de la próxima década”. Son 58 páginas, incluidas fotografías, portadillas, tablas y adornos gráficos, que contienen un “proyecto de país” para evitar “una caída de la inversión privada que puede verse agravada si el margen fiscal más reducido en los próximos años conlleva menores niveles de inversión pública”. En menos palabras: para salir del pozo en el que la pandemia ha metido a la economía española.

La riada de fondos que llegará de Europa, condicionada al riguroso cumplimiento del Estado de derecho para evitar su empleo fraudulento, a pertinentes reformas estructurales y consolidación fiscal y a “recomendaciones específicas”, se ha convertido en el mayor objeto de deseo de la era moderna para multitud de sectores sociales, económicos y políticos. No es para menos. Del Next Generation está previsto que España (principal receptor junto a Italia) obtenga hasta 140.000 millones de euros (más de 23 billones de las antiguas pesetas), de los que 72.000 millones se desembolsarán como subvenciones y el resto, en préstamos a devolver.

Las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición para decidir cómo y, sobre todo, quiénes participarán en el reparto de esa ingente cantidad de dinero, incluso antes de su aprobación, son el reflejo de las desmedidas expectativas que levanta tal desembolso. Y ello, cuando lo deseable es que ese extraordinario paquete de ayudas se distribuya con criterios técnicos y nunca políticos, y se extienda con el objetivo de impulsar la economía productiva y el empleo, y no a la manera de aquel ineficaz Plan E, diseñado apresuradamente para afrontar la anterior crisis, derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global a partir de 2008. Entonces fueron unos 50.000 millones de fondos públicos ineficazmente invertidos, más preocupados por la cartelería propagandística que por el impulso real de la economía.

Sirvan como aviso las duras advertencias del Tribunal de Cuentas sobre aquella lluvia de dinero, cuando concluyó que se adjudicaron contratos “genéricos e imprecisos” y de forma directa y que “en la mayoría de los casos no se abordaron nuevos proyectos ni se crearon empleos ni mejoraron los municipios”. La conclusión del FMI sobre el conocido como Plan Zapatero fue tajante: no aumentó el potencial de crecimiento de España. Es decir, acabó en el desagüe.

¿Cómo evitar otro fiasco así? Pues convirtiéndolo en una nevada que llene los acuíferos de la economía e incremente su potencial, e impidiendo con las más altas dosis de transparencia que derive en un torrente que pase sobre la tierra árida sin empaparla. Para ello, la Administración debe alejarse de trasnochados apriorismos ideológicos y estar muy atenta a las propuestas empresariales, analizarlas con seriedad técnica y contrastar su potencialidad para fortalecer la economía. Porque la colaboración entre el sector privado y el público va a ser esencial y las empresas serán las ejecutoras finales de gran parte del plan.

Por cada euro público que llegue para combatir las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus las empresas podrán generar otros cuatro euros en inversión privada, según la CEOE. Para ello ha presentado al Gobierno un documento con 21 iniciativas estratégicas desplegadas en 114 ámbitos de inversión y más de 400 proyectos específicos “para la recuperación y transformación de la economía”, agrupadas en los cuatro ejes del plan España Puede (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial). Su objetivo es generar un alto impacto en el crecimiento y en el mantenimiento y creación de empleo de calidad, e incluye los destinos tractores a los que la patronal cree que deben dirigirse los fondos. A falta de saber las cantidades finales que recibirá el tejido productivo privado, la CEOE estima que rondará el 50% del total. En coherencia con su cometido, la patronal estima que su impacto en el sector privado “genera más crecimiento potencial que si se utiliza para fines públicos”. La estrategia sería que la puesta en marcha de reformas e inversiones aseguren el máximo éxito, basándose en dos fórmulas: agilizar la recuperación en las grandes empresas por su efecto tractor y dar permeabilidad a pymes y autónomos. Conviene recordar que España es el reino de las pymes: el 98% de las empresas tiene menos de 20 trabajadores.

En el actual escenario de preparación de la red para pescar las ayudas, y frente a los que las contemplan como un maná salvador, procede estimar la rebaja del Banco de España de su efecto sobre el PIB. El supervisor calcula además que el efecto multiplicador de la inversión y el consumo que alimenten será ligeramente inferior a la unidad en el trienio 2021‐2023.

Del diseño final del modelo dependerá el aprovechamiento de la lluvia de euros. Para que sea productiva habrá que estar también muy atentos a las goteras en las cañerías. Porque al calor de las inmoderadas expectativas de dinero público, la escasa información y la complejidad burocrática ya ha empezado a surgir como hongos una bandada de conseguidores, asesores, consultores y visitadores, más o menos próximos al poder y a los partidos que lo ostentan, entre los que hay decenas de exministros y ex altos cargos reconvertidos. Habrá que delimitar si todos son compañeros de viaje aconsejables en la mayor oportunidad de España para que el crecimiento posterior a la crisis transforme a mejor nuestra economía y haga más justa nuestra sociedad.

¿Qué clase de consumidor eres?

CONSUMO

¿Qué clase de consumidor eres?

Prudente, previsor, temeroso, organizado, reticente, desbordado, caprichoso… Cualquiera de estos adjetivos serviría para definir los diferentes estados por los que hemos pasado los ciudadanos durante la pandemia. Sin embargo, los expertos del sector los han resumido en un puñado de perfiles.

MARIÁN LEZAUN

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@mlezaun

LA CONSULTORA ESTRATÉGICA The Cocktail Analisys ha aglutinado todos esos comportamientos en cinco grandes grupos de consumidores: resistente, asustado, empoderado, expectante y shockeado.

Otras empresas, como Nielsen, los engloban en impactados, burbuja, vigilantes o sin cautela. La definición de cada uno de ellos se ajusta a sus preferencias de consumo, pero también a las emociones que rodean cada acto de compra y a la manera de tomar las decisiones en un momento como el que estamos viviendo.

Para los consumidores, que en un primer momento cortaron el grifo del gasto de manera radical (hasta un 40 por ciento según un informe del banco ING), la Covid 19 ha supuesto una auténtica revolución a la hora de buscar nuevos canales de venta. Y, sobre todo, ha acelerado un cambio ya latente hacia un modelo de compra cotidiana más responsable y sostenible. Por otro lado, a las empresas, golpeadas por esta crisis, el virus les ha obligado a reinventarse y a analizar sus futuras necesidades, a dirigir sus inversiones hacia nuevas plataformas.

El final del año 2020 ha sido diferente para todos. Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 20% de los españoles ha gastado menos estas navidades. Unas fiestas en las que no hemos podido reunirnos como nos gustaría, en las que hemos ahorrado en alimentación y en ocio, pero en las que hemos seguido haciendo regalos y cuidándonos de la mejor manera posible. Mientras llega la vacuna para todos, los expertos de márketing y tendencias de consumo analizan cómo han sido nuestros comportamientos a lo largo del año, pero también cómo lo serán en los próximos meses en los que la contención y la cautela se han instalado y han disparado el nivel de ahorro de los españoles. La consultora Nielsen señala cómo ha disminuido la confianza de los ciudadanos en la economía y en el empleo para poder consumir. Así, de los 90 puntos del comienzo del año, se pasó a los 60 del segundo trimestre y el dato sigue cayendo. Si después del confinamiento, los españoles nos concedimos algunos caprichos para compensar la situación anterior, el alargamiento de la crisis hace que un 37% de los encuestados por The Cocktail reconozca que seguirá disminuyendo su nivel de gasto. En donde no piensan recortar los compradores es en los productos de alimentación y bebida, ya que las celebraciones, el ocio y la moda se han reducido a la mínima expresión. A menos vida social, menos necesidad de ropa y complementos, que son los sectores más afectados de la crisis. Por eso muchas marcas están sacando nuevas líneas de ropa para llevar en casa, mucho más confortables, pero sin renunciar al diseño.

Cada cliente, un perfil. Atendiendo a la situación del mercado, el informe de The Cocktail señala cinco comportamientos diferentes y cómo las marcas actuarán para satisfacer sus necesidades. Para la firma, los consumidores llamados resistentes son los más afines a estrategias de precio y promoción, así como los más dispuestos a activar dinámicas de negociación o de abandono con sus proveedores de servicios. Los consumidores asustados, por su parte, están más cercanos a estrategias de compensación en el consumo, y estarán receptivos a mensajes que le otorguen seguridad y bienestar. Son esa clase de compradores que analizan todos los riesgos y que toman las decisiones en consecuencia. Los clientes empoderados, aquellos que se decantan por marcas premium y productos de gama alta, estarán orientados al ocio y disfrute, y más ajenos a la situación que estamos viviendo. Estos clientes son los menos jóvenes, profesionales con una carrera sólida que no han visto mermados sus ingresos ni su calidad de vida se ha visto perjudicada. Los clientes expectantes se muestran más receptivos a mensajes centrados en el aquí y ahora, que le permitan evitar centrar su pensamiento en un futuro amenazante. Y, por último, la consultora define a los consumidores shockeados, que son aquellos que se muestran más receptivos a mensajes que les hagan activarse, aceptar la situación y tomar impulso.

Por su parte, la consultora Nielsen clasifica también a los hogares españoles en función de su predisposición ante el gasto en este contexto de crisis sanitaria y económica: impactados, vigilantes, burbuja y sin cautela. El primer grupo representan al 37% de los hogares y se caracterizan por el impacto que la situación ha generado en su economía. Es decir, sus hábitos se han visto modificados y deben plantear diferentes estrategias para gestionar su nueva realidad doméstica. Por otro lado, hay un 31% de hogares que se muestran vigilantes, es decir, a pesar de no haber sufrido un gran impacto en sus ingresos, vigilan y se cuidan mucho de no gastar más que antes. En cambio, hay un 20% de hogares considerados burbuja, en los que la crisis no se ha notado en su situación financiera y no se plantean grandes cambios. Nielsen define también un cuarto tipo, los hogares sin cautela, que son aquellos que han recibido cierto impacto económico, pequeños cambios, pero no contemplan un mayor control del presupuesto familiar.

Así las cosas, con cientos de negocios pendientes de un hilo, la amenaza de nuevas restricciones y un nuevo año que se presenta incierto, los consumidores debemos planificar nuestras compras de una forma mucho más responsable.

Para los consumidores la Covid 19 ha supuesto una auténtica revolución a la hora de buscar nuevos canales de venta

Para saber más

Escritura PÚBLICA: En el número 125 de nuestra revista repasamos los hábitos del consumidor durante los primeros meses de la pandemia. En este reportaje analizamos qué es lo que compramos, cómo y el desarrollo alcanzado por el canal online.

KPMG: Consumidores y la nueva realidad es el título del informe elaborado por KPMG en el que se han analizado las tendencias de consumo que se han ido registrando durante estos meses. Se trata de varios estudios en los que se recogen aspectos como el ahorro, el uso del comercio online o la elección de los productos y servicios.

Puro Marketing: La publicación digital especializada en marketing, recoge en su web las conclusiones del informe El Consumidor Conectado 2020: Estudio Global de la consultora Selligent. En él se expone cómo serán los nuevos consumidores tras la pandemia, qué productos comprarán, dónde y qué valoran hoy los clientes de las marcas y vendedores.

A menos vida social, menos necesidad de ropa y complementos, que son los sectores más afectados de la crisis

Consumo más responsable

La crisis del coronavirus ha impulsado ciertos comportamientos más reflexivos, respetuosos con el entorno y más sostenibles. Una tendencia que está liderada, además, por las mujeres y los más jóvenes, que ya incorporan los valores éticos a sus compras. Mientras que más del 61% de las mujeres españolas reconoce su responsabilidad sobre el cambio climático, en los hombres no llega ni a la mitad. También son las mujeres las que dan mayor importancia a la responsabilidad social de la empresa en el momento de la compra: un 28% frente al 20% de los hombres. Para realizar una compra más responsable, el 49,2% de las mujeres compran en comercios locales y cercanos y adquieren productos de proximidad. En el caso de los hombres, el porcentaje apenas llega al 40%, según estudio publicado recientemente por la firma L’Oreal y la consultora Closingap.

Los ‘cocooners’ y los sénior

El término cocooner se acuñó en Estados Unidos, en la década de los noventa, para definir un estilo de vida caracterizado por hacer de nuestras casas un refugio en el que sentirse cómodo, seguro y feliz. Años después, se trasladó al sector del consumo para denominar al cliente digital que realiza la mayoría de sus actividades sin salir de casa. Es decir, para llamar a esos consumidores que trabajan, compran, se divierten y se relacionan desde su hogar. Para las empresas, este perfil representa todo un reto ya que estos clientes suelen ser los más exigentes, los que buscan la inmediatez y los que mejor conocen el canal digital. Por otro lado, las empresas deben de tener en cuenta a los nuevos consumidores senior que son los que se caracterizan por tener un poder adquisitivo más alto, mayor tiempo de ocio y los que valoran la mayor calidad de los productos, así como la personalización de los servicios.