LA CUMBRE DE JEFES de Estado y de Gobierno de la UE dio vía libre el pasado 10 de diciembre al Marco Financiero Plurianual para 2021‐2027, dotado con 1,1 billones de euros. Lo hizo tras algunas concesiones no muy importantes a Polonia y Hungría, cuyos Gobiernos amenazaron con el veto, lo que rompería la necesaria unanimidad, muy conveniente también para el Plan de Recuperación Económica Next Generation EU, dotado con otros 750.000 millones, que también recibió luz verde ese día. En total, más de 1,8 billones de euros.

El Next Generation EU es el fondo que nutrirá económicamente al prolijo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno bajo el título de España Puede y que, según el Ejecutivo, “traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis del Covid, y para responder a los retos de la próxima década”. Son 58 páginas, incluidas fotografías, portadillas, tablas y adornos gráficos, que contienen un “proyecto de país” para evitar “una caída de la inversión privada que puede verse agravada si el margen fiscal más reducido en los próximos años conlleva menores niveles de inversión pública”. En menos palabras: para salir del pozo en el que la pandemia ha metido a la economía española.

La riada de fondos que llegará de Europa, condicionada al riguroso cumplimiento del Estado de derecho para evitar su empleo fraudulento, a pertinentes reformas estructurales y consolidación fiscal y a “recomendaciones específicas”, se ha convertido en el mayor objeto de deseo de la era moderna para multitud de sectores sociales, económicos y políticos. No es para menos. Del Next Generation está previsto que España (principal receptor junto a Italia) obtenga hasta 140.000 millones de euros (más de 23 billones de las antiguas pesetas), de los que 72.000 millones se desembolsarán como subvenciones y el resto, en préstamos a devolver.

Las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición para decidir cómo y, sobre todo, quiénes participarán en el reparto de esa ingente cantidad de dinero, incluso antes de su aprobación, son el reflejo de las desmedidas expectativas que levanta tal desembolso. Y ello, cuando lo deseable es que ese extraordinario paquete de ayudas se distribuya con criterios técnicos y nunca políticos, y se extienda con el objetivo de impulsar la economía productiva y el empleo, y no a la manera de aquel ineficaz Plan E, diseñado apresuradamente para afrontar la anterior crisis, derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global a partir de 2008. Entonces fueron unos 50.000 millones de fondos públicos ineficazmente invertidos, más preocupados por la cartelería propagandística que por el impulso real de la economía.

Sirvan como aviso las duras advertencias del Tribunal de Cuentas sobre aquella lluvia de dinero, cuando concluyó que se adjudicaron contratos “genéricos e imprecisos” y de forma directa y que “en la mayoría de los casos no se abordaron nuevos proyectos ni se crearon empleos ni mejoraron los municipios”. La conclusión del FMI sobre el conocido como Plan Zapatero fue tajante: no aumentó el potencial de crecimiento de España. Es decir, acabó en el desagüe.

¿Cómo evitar otro fiasco así? Pues convirtiéndolo en una nevada que llene los acuíferos de la economía e incremente su potencial, e impidiendo con las más altas dosis de transparencia que derive en un torrente que pase sobre la tierra árida sin empaparla. Para ello, la Administración debe alejarse de trasnochados apriorismos ideológicos y estar muy atenta a las propuestas empresariales, analizarlas con seriedad técnica y contrastar su potencialidad para fortalecer la economía. Porque la colaboración entre el sector privado y el público va a ser esencial y las empresas serán las ejecutoras finales de gran parte del plan.

Por cada euro público que llegue para combatir las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus las empresas podrán generar otros cuatro euros en inversión privada, según la CEOE. Para ello ha presentado al Gobierno un documento con 21 iniciativas estratégicas desplegadas en 114 ámbitos de inversión y más de 400 proyectos específicos “para la recuperación y transformación de la economía”, agrupadas en los cuatro ejes del plan España Puede (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial). Su objetivo es generar un alto impacto en el crecimiento y en el mantenimiento y creación de empleo de calidad, e incluye los destinos tractores a los que la patronal cree que deben dirigirse los fondos. A falta de saber las cantidades finales que recibirá el tejido productivo privado, la CEOE estima que rondará el 50% del total. En coherencia con su cometido, la patronal estima que su impacto en el sector privado “genera más crecimiento potencial que si se utiliza para fines públicos”. La estrategia sería que la puesta en marcha de reformas e inversiones aseguren el máximo éxito, basándose en dos fórmulas: agilizar la recuperación en las grandes empresas por su efecto tractor y dar permeabilidad a pymes y autónomos. Conviene recordar que España es el reino de las pymes: el 98% de las empresas tiene menos de 20 trabajadores.

En el actual escenario de preparación de la red para pescar las ayudas, y frente a los que las contemplan como un maná salvador, procede estimar la rebaja del Banco de España de su efecto sobre el PIB. El supervisor calcula además que el efecto multiplicador de la inversión y el consumo que alimenten será ligeramente inferior a la unidad en el trienio 2021‐2023.

Del diseño final del modelo dependerá el aprovechamiento de la lluvia de euros. Para que sea productiva habrá que estar también muy atentos a las goteras en las cañerías. Porque al calor de las inmoderadas expectativas de dinero público, la escasa información y la complejidad burocrática ya ha empezado a surgir como hongos una bandada de conseguidores, asesores, consultores y visitadores, más o menos próximos al poder y a los partidos que lo ostentan, entre los que hay decenas de exministros y ex altos cargos reconvertidos. Habrá que delimitar si todos son compañeros de viaje aconsejables en la mayor oportunidad de España para que el crecimiento posterior a la crisis transforme a mejor nuestra economía y haga más justa nuestra sociedad.