EN PLENO DEBATE
AGRICULTORES Y UE, OBLIGADOS A ENTENDERSE
MARTA RUIZ-CASTILLO
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Los agricultores de Francia, Alemania o España, entre otros, sacaron los tractores a la calle para reivindicar sus derechos frente a una nueva Política Agraria Común 2023-2027 y el Pacto Verde de la UE que, en vez de ayudarles, suponen demasiadas trabas burocráticas y medioambientales para mantener sus explotaciones. También demandan unos acuerdos comerciales más justos y equitativos con Mercosur y Ucrania.
LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN SUPONE MÁS DE UN TERCIO DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA UE
Creada en 1962, la Política Agraria Común (PAC) supone algo más de un tercio del presupuesto global de la UE, con 386.700 millones de euros para el periodo 2023-2027. Su finalidad es «apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles», así como garantizar a los agricultores de la UE «un nivel de vida razonable» y mantener «viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y los sectores asociados». A estos objetivos iniciales se añaden en la PAC reformada un marco estratégico centrado en fomentar una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente y mejorar la competitividad y la eficiencia de los agricultores europeos en un mercado agrícola globalizado. La PAC 2023-2027 pretende dar respuesta a las nuevas situaciones económicas y demandas de los ciudadanos, y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde. Una política modernizada, que hace especial hincapié en los resultados y el rendimiento.
Menos burocracia
Los agricultores critican las excesivas exigencias de la «condicionalidad reforzada» establecida en la nueva norma, que se traduce en una mayor supervisión de los indicadores mediante informes anuales de rendimiento y una revisión semestral de los planes estratégicos para evaluar los avances de los países en el cumplimiento de los objetivos de la PAC. En respuesta a estas demandas, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea valoró reducir la carga administrativa tanto para los agricultores como para las administraciones nacionales. «El conjunto de normas básicas denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que todos los agricultores deben cumplir para recibir su ayuda de la PAC, ha demostrado ser difícil de aplicar en determinadas circunstancias», reconoció previamente el Consejo Europeo. Por eso, en la reunión de los ministros del día 26 de febrero, se aceptó la eliminación de los controles de la condicionalidad reforzada por la alta carga burocrática que implica para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie. Esta medida tiene un gran impacto en el caso de España, ya que beneficia a 345.000 agricultores: el 55% del total de los perceptores de ayudas de la PAC, según informó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Transición medioambiental
En el plan estratégico de la PAC 2023-2027, cada país de la UE está obligado a mostrar objetivos más ambiciosos en materia de medio ambiente y acción por el clima en comparación con el período anterior, para cumplir con el Pacto Verde.
LA UE ACEPTA RETIRAR LA OBLIGACIÓN DE DEDICAR EL CUATRO POR CIENTO DE LAS TIERRAS A LA BIODIVERSIDAD Y AL BARBECHO
Una de las acciones acordadas por el consejo de ministros se refiere a cambios en la norma BCAM 1, que impone el requisito de mantener estables las superficies de pastos permanentes en comparación con el año de referencia 2018.
El Consejo acogió con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea (CE) de modificar la BCAM 1 «para garantizar que se tengan en cuenta los cambios estructurales causados por la reducción del ganado y que los agricultores sin ganado no estén obligados a reconvertir tierras cultivables en pastos o pradera».
Además, los ministros aceptaron retirar la obligación de dedicar en esta campaña de 2024 al menos el 4% de las tierras cultivables a la biodiversidad y al barbecho, con la posibilidad de recibir ayuda a través de regímenes ecológicos para llegar al 7% como pedían los agricultores.
En respuesta a sus demandas, la CE trasladó al Consejo de Ministros flexibilizar «la BCAM 6 relativa a la cobertura mínima vegetal para evitar suelos desnudos en los períodos más sensibles; la número siete sobre rotación de cultivos y la octava, que obligaba a destinar un porcentaje mínimo de la superficie agrícola, el 4%, a superficies no productivas».
OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA
THE CONVERSATION: El texto aborda los retos medioambientales, sociales y comerciales del sector agrario europeo en medio del descontento del sector agrario.
EURONEWS: El reportaje analiza la importancia que tiene el sector agrícola en la UE y la necesidad de mejorar situaciones como el envejecimiento o reforzar el comercio con terceros países.
ETHIC: Ángel Luis González Esteban explica las paradojas del sector agrario europeo.
Mercosur y Ucrania
Los sindicatos agrarios franceses han sido los más beligerantes, pero no los únicos, con la negociación para el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) porque creen que supondrá una mayor competencia y una situación de desventaja frente a productos de países terceros menos regulados y con menos controles sanitarios que los europeos. Varios gobiernos, como el francés y el español, propusieron la necesidad de aparcar estas negociaciones.
Otra de las reivindicaciones de los agricultores tiene que ver con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania, acordado tras la guerra en este país a consecuencia de la invasión rusa en 2022. Ante las crecientes protestas del sector, que se considera en desventaja frente a los productos ucranianos, la Comisión Europea mantuvo su decisión de prorrogar el libre comercio hasta junio de 2025 pero con algunos requisitos nuevos, como garantizar que el destino de los productos agrícolas ucranianos esté fijado antes de que entren a la UE, y cumplir con la reciprocidad en los estándares de producción agrícola “para asegurar el comercio justo», como piden los agricultores.
Cadena alimentaria
En sus protestas, muchos agricultores apuntan a las grandes superficies como causantes de su precariedad económica y reclaman unos precios justos por su trabajo y sus productos. En España, la Ley de Cadena Alimentaria de diciembre de 2021 tiene como objetivo lograr un equilibro más justo entre los agricultores, la industria y la distribución, con medidas destinadas a evitar la venta a pérdidas y garantizar la transparencia en los contratos. En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó de «muy importante» que la Comisión anunciase su intención de introducir legislación a este respecto dirigida a mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria para protegerlos contra las prácticas comerciales desleales, mediante un control más homogéneo de las normas vigentes sobre los productos agrícolas importados o los costes de producción. «La ley de la cadena española ha sido un salto formidable. Ahora necesitamos otro a nivel europeo”, enfatizó el ministro español.
«El resultado de nuestra reunión muestra que estamos escuchando a los agricultores y los escuchamos alto y claro. Las prioridades para las medidas de simplificación que acordamos reducirán la carga administrativa de los agricultores y les darán la flexibilidad que necesitan. También miramos hacia el futuro para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos, garantizando al mismo tiempo que respetamos nuestros compromisos de sostenibilidad ambiental», declaró, por su parte, David Clarinval, viceprimer ministro belga y ministro de Trabajadores Autónomos, Pymes y Agricultura, Reforma Institucional y Renovación Democrática, tras el Consejo de Ministros de la UE.
