Economista y auditor fiscal, es experto en análisis económico y en econometría; fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea.

Transformación digital y Función Pública. ¿Cómo se gestionan dos responsabilidades de tanta amplitud?

Aprovechando su complementariedad, porque es una combinación que tiene mucho sentido. No somos, por poco, el primer ministerio de Europa que conjuga estas dos responsabilidades (Noruega se nos adelantó por unos meses), pero estamos viendo cada vez más interés en otros países por esta fórmula. En un mundo cada vez más digital, existen enormes sinergias entre los dos ámbitos. La Administración tiene la obligación de impulsar y facilitar la adopción de las nuevas tecnologías además de promover el debate social en torno a su uso ético, y a la vez no puede dejar de aprovechar su enorme potencial para mejorar los servicios a los ciudadanos.

Los países más ricos y prósperos, los nórdicos, son también los que tienen administraciones públicas más desarrolladas, y nos muestran el camino que queremos recorrer: capitalizar las ganancias en productividad que propician las nuevas tecnologías en un marco de garantía y ampliación de los derechos sociales.

«ESTAMOS ADAPTANDO PROGRAMAS PÚBLICOS EXITOSOS COMO EL KIT DIGITAL DE FORMA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN FINANCIAR SOLUCIONES DE IA CON ESTAS AYUDAS»

¿La Administración y la empresa privada van a diferente ritmo en la transformación digital?

Hay distintas velocidades de transformación digital dentro de las propias empresas, entre diferentes sectores, y también por su tamaño. Las grandes compañías no están teniendo problema para estar a la vanguardia de ese proceso mientras que las pequeñas y medianas empresas lo tienen más difícil, y ahí tenemos que actuar desde la Administración para asegurarnos de que los beneficios de las nuevas tecnologías llegan a todo el tejido productivo. Por ejemplo, estamos adaptando programas públicos exitosos como el Kit Digital -que ha ayudado a digitalizarse a centenares de miles de pymes- hacia la Inteligencia Artificial, de forma que las empresas puedan financiar soluciones de IA con estas ayudas. También vamos a poner en marcha un programa de asesoramiento en digitalización porque hemos detectado que, en muchas ocasiones, las pymes y los autónomos quieren digitalizarse y adoptar nuevas tecnologías, pero necesitan saber cómo hacerlo y este nuevo programa les ayudará a saber cuáles son las soluciones que más pueden contribuir a su negocio.

En este sentido, la Administración tiene un papel clave en la transformación digital, porque no sólo se beneficia de sus avances, sino que debe impulsarla con su potencia normativa y económica: puede canalizar inversiones, apoyar al sector privado en la apuesta por tecnologías disruptivas, liderar proyectos piloto y generar marcos legislativos favorables para el desarrollo de iniciativas innovadoras, entre otras posibilidades. Hay un círculo virtuoso entre tecnología y Administración que tenemos que aprovechar al máximo.

La pandemia y los conflictos bélicos en Europa nos han hecho conscientes de la pérdida de soberanía europea en materia energética. ¿También en la tecnología?

Sin duda. Pensemos en los cortes en la cadena de suministros que se vivieron cuando los cierres de fábricas ocasionados por la pandemia, cuando la interrupción en la producción y en los transportes hizo que medio mundo se quedase sin coches nuevos y otros dispositivos fundamentales para nuestra vida cotidiana. Frente a debilidades como esta, Europa está reaccionando (con propuestas como las contenidas en el Libro Blanco sobre ¿Cómo dominar las necesidades de infraestructura digital de Europa?, de la Comisión Europea, o el reciente Informe Letta). En España lo estamos haciendo también: singularmente en materia de chips, que como vemos es una tecnología fundamental, estamos dedicando a través del PERTE Chip más de 12.000 millones: un 0,9% de nuestro PIB.

¿Debe Europa apretar el acelerador para no perder la carrera frente a las grandes multinacionales norteamericanas o chinas?

Lo está haciendo. Muchos países europeos, entre ellos España, estamos impulsando la atracción de plantas de semiconductores en nuestros países. A través del PERTE Chip ya hemos impulsado la llegada de grandes empresas como Cisco, Broadcom o IMEC y estamos en conversaciones para realizar nuevas operaciones.

«EL NOTARIADO ME HA MOSTRADO EL EXCELENTE TRABAJO QUE HACE PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN»

¿Cambiará la vida de los ciudadanos la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial tiene potencial para generar un gran cambio social y económico; por eso es tan importante que en Europa hayamos sentado las bases regulatorias, impulsadas por España durante la Presidencia Europea. No obstante, debemos ser conscientes de que la dimensión de la IA es claramente internacional y, por ello, creo que buena parte de la regulación la realizarán instancias supranacionales.

España también cuenta con una ventaja respecto a otros países de nuestro entorno y es que ya tenemos la AESIA (la Agencia Española de Supervisión de la IA), que será nuestro supervisor en la materia y, además, queremos que también impulse el debate social sobre esta tecnología con análisis y estudios.

¿Impulsará el Gobierno español sistemas de inteligencia artificial al margen de las iniciativas privadas?

Rotundamente sí, y aquí la iniciativa clave es ALIA, el modelo fundacional de lenguaje en castellano y lenguas cooficiales que anunció hace unas semanas el presidente del Gobierno y que estará listo a la vuelta del verano. El desarrollo de la IA se ha hecho hasta ahora alimentando motores y modelos sobre todo en inglés, y esto impide aprovechar al máximo las potencialidades de esta tecnología en otras lenguas. Así que, aprovechando la potencia del español -la segunda lengua más hablada del mundo- vamos a desarrollar un modelo transparente y en código abierto que va a permitir a los sectores productivos desarrollar productos, aplicaciones e iniciativas mucho mejores en castellano y lenguas cooficiales. Para ello contaremos con las instituciones con más reputación -las Reales Academias, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional…- con la ambición de crear un modelo de referencia, con los más altos estándares mundiales.

También queremos que el sector público sea promotor de la Inteligencia Artificial. Hay numerosos servicios públicos, como la sanidad, la justicia o la atención al ciudadano, en los que la Inteligencia Artificial puede propiciar importantes mejoras y, por ello, también queremos impulsar casos de uso en el sector público.

Las proyecciones estadísticas indican que en esta década se jubilarán más de la mitad de los funcionarios. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?

Con varias medidas que tienen un objetivo común: que la gestión del personal de las administraciones públicas se haga con visión de medio plazo, planeando las necesidades en función de los servicios públicos que hay que prestar y en el marco de programaciones presupuestarias plurianuales; y no como hasta ahora, con un modelo reactivo, que mira al pasado y en el que el empleo público es considerado como un coste a recortar en momentos de dificultades económicas, que es lo que sucedió en la pasada década, después de la crisis financiera, y lo que ha llevado a la situación que mencionaba ante las jubilaciones de los próximos años.

En este sentido, vamos a acabar con la tasa de reposición –que sólo sirve para replicar las plantillas que ya existen- y sustituirla por un sistema de gestión previsional de efectivos, en el que las organizaciones que constituyen el sector público tendrán más autonomía para definir sus plantillas en función de sus necesidades reales presentes y futuras. Estamos preparando planes para atraer talento junior y senior, incluyendo la cobertura de puestos de información y telecomunicaciones -tan necesarios ahora, y por los que la competencia con el sector privado es tan fuerte- utilizando como modelo el sistema MIR de los médicos, que tan buen resultado ha dado; y también vamos a agilizar los procesos de acceso al empleo público, para que no pasen años entre que se abre una vacante y se cubre la plaza: nos hemos comprometido a que la ejecución de las ofertas de empleo público no duren más de 12 meses.

«ELABORAREMOS UN ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO QUE CONCRETE SISTEMAS FORMALIZADOS DE SELECCIÓN DE CARÁCTER MERITOCRÁTICO»

¿Cree que la Administración debe incorporar algunos conceptos de la empresa privada en cuanto a la gestión de sus relaciones laborales?

No se trata tanto de comparar u homogeneizar situaciones que son diferentes entre sí (la provisión de servicios públicos conlleva unas exigencias de prestación, cobertura, imparcialidad y mérito que no tiene la empresa privada) como de localizar los puntos en los que las cosas no funcionan óptimamente y transformarlas. Y en el sector público hace falta, en mi opinión, plantear unas posibilidades de carrera profesional más atractivas para competir en la captación de talento con el sector privado. En este sentido, trazaremos itinerarios de carrera por áreas funcionales en los que el empleado público tenga además una evaluación de su desempeño, de forma que tenga un horizonte claro de desarrollo profesional, y posibilidades de mejora en su formación o recualificación (upskilling y reskilling) para diseñar su progreso a la medida de sus aspiraciones. Además, para profundizar en la excelencia en las responsabilidades más altas de la función pública, elaboraremos un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático y con retribuciones ligadas a los objetivos alcanzados.

También estamos trabajando con los sindicatos en ampliar el abanico de posibilidades de jubilación flexible para que los empleados públicos tengan mayor homogeneidad con los asalariados del sector privado.

Los notarios, que también son funcionarios públicos, han apostado firmemente por la digitalización. ¿Cómo valora este esfuerzo?

Muy positivamente. Hace unas semanas me reuní con los responsables del Notariado y me mostraron el excelente trabajo que están haciendo para impulsar la digitalización. Desde el sector público, nuestra obligación es propiciar que los ciudadanos puedan beneficiarse de todas las ventajas de una mayor digitalización, pero a la vez, que aquellos que tengan más dificultades para desenvolverse en un entorno digital, sean atendidos de la forma más adecuada a sus necesidades. En nuestro Ministerio también estamos trabajando en este ámbito para eliminar la obligatoriedad de cita previa que se impone en algunos servicios públicos.

La seguridad jurídica es un pilar imprescindible para el desarrollo económico. ¿España goza de buena salud económica?

Totalmente. En mi opinión, en el momento actual, hay que diferenciar bien entre la realidad de fondo de la buena marcha del país y los discursos artificiales que se expresan con titulares grandilocuentes que muchas veces no tienen ninguna conexión con lo que está pasando. Por ejemplo, es habitual leer noticias en las que se habla de crisis económica, incluso con expresiones como “cataclismo”, cuando la economía española está comportándose de forma excelente, como lo indican los análisis de las grandes organizaciones internacionales. Es importante ver cómo nos ven desde fuera, y lo cierto es que los datos de compra de deuda pública, de prima de riesgo o de inversiones extranjeras en nuestro país muestran que la confianza en España es máxima.