«Alemania aprueba la constitución ‘online’ de sociedades en presencia de notario», por Jens Bormann

EL ESCAPARATE

JENS BORMANN

LL.M. (Harvard). Presidente del Consejo Federal del Notariado alemán (Bundesnotarkammer)
LL.M. (Harvard). President of the Federal Council of German Notaries (Bundesnotarkammer)

[email protected]

@Notarkammer

Alemania aprueba la constitución “online” de sociedades en presencia de notario

Con la adopción de la Directiva (UE) 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, el legislador europeo ha dado un paso importante para adaptar el derecho de sociedades europeo a la era digital. La idea central es introducir la constitución en línea de sociedades de capital en toda la Unión. Además, se regulan los procedimientos en línea para las solicitudes previas a la inscripción en el registro mercantil y la presentación de documentos de sociedades y sucursales.

La introducción de la constitución en línea en toda la Unión facilitará la creación de sociedades de capital tanto nacionales como transfronterizas. Al mismo tiempo, la Directiva demuestra un profundo respeto por los diferentes sistemas y tradiciones jurídicas de los Estados miembros en el mundo electrónico y les permite adaptar sus tradiciones jurídicas nacionales a los requisitos europeos, en particular, mediante la intervención obligatoria del notario, cuya importancia para garantizar la seguridad jurídica y evitar los abusos se reconoce también en la era digital.

Saludamos muy favorablemente este planteamiento. En efecto, en países como España y Alemania, la constitución de sociedades y las posteriores modificaciones estructurales están sujetas al control preventivo del notario. Hay varias razones para esto.

El control preventivo garantiza que las sociedades se constituyan y sigan existiendo de forma legalmente eficaz. Al mismo tiempo, la identificación fiable de los accionistas y administradores por parte del notario permite determinar con certeza quién está detrás de una sociedad y quién puede representarla. A continuación, se inscriben en el registro mercantil los datos relativos a la existencia de la sociedad, sus estatutos y las personas facultadas para representarla, así como la manera en que están autorizadas a hacerlo. Gracias al «control de entrada» por el notario, los actores de las transacciones legales pueden basarse en la información registral, dotada de fe pública. Esto crea un entorno seguro, sencillo y de confianza para las transacciones legales y contribuye a una fiscalidad eficaz y a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sin embargo, la intervención del notario va mucho más allá. La complejidad del derecho de sociedades requiere soluciones a medida que, en la mayoría de los casos, se consiguen a través de estatutos redactados individualmente. Cuestiones importantes como el nombre y el objeto de la sociedad o el régimen económico matrimonial de los accionistas deben aclararse caso por caso. Por este motivo, los Estados miembros también pueden exigir la intervención obligatoria de los notarios en este ámbito.

El proyecto de ley del Ministerio Federal alemán de Justicia, “DiRUG”, de 18 de diciembre de 2020, transpone la Directiva a la legislación alemana. Fue aprobado por el Gabinete Federal (Bundeskabinett) el 10 de febrero de 2021 y por el Parlamento federal (Bundestag) el 10 de junio sin cambios significativos. Como cuenta con el apoyo del Consejo federal (Bundesrat), se espera que se publique pronto en el Boletín Oficial Federal.

Con la ley DiRUG el legislador alemán ha decidido deliberadamente mantener los principios del proceso de otorgamiento de escrituras notariales en presencia física y trasladarlos de forma equivalente al mundo digital. Las piedras angulares de esta transferencia son la videoconferencia con el notario, la identificación digital segura y la firma electrónica cualificada.

En este contexto, solo se permite otorgar escrituras en línea a través del sistema de video comunicación operado por el Consejo Federal del Notariado alemán (Bundesnotarkammer), lo que garantiza los más altos estándares de seguridad, fiabilidad y disponibilidad de los datos y evita que el procedimiento de autenticación se realice a través de servidores extranjeros.

Además, la identificación fiable de los interesados conlleva dos fases: la identificación del fundador a través del sistema alemán de identificación electrónica (eID) y la lectura de la fotografía del documento identidad o pasaporte, que el notario compara con la apariencia del interesado. Este segundo paso es imprescindible para evitar casos de representación encubierta mediante el uso abusivo de un medio de identificación electrónico. El resultado será una escritura electrónica original, firmada por las partes y el notario con una firma electrónica cualificada y conservada en el Archivo Electrónico de Escrituras de la Bundesnotarkammer.

El procedimiento de constitución en línea sólo se utiliza para autenticar escrituras de constitución de una GmbH alemana y para las resoluciones adoptadas en el contexto de la constitución de sociedades, como las que versan sobre el nombramiento de los primeros administradores. Así pues, el legislador alemán se ha pronunciado apropiadamente en contra de una apertura general del procedimiento en línea a todos los procedimientos notariales, dado que los fines de la forma notarial no pueden garantizarse en la misma medida a través un procedimiento en línea. Así, en el derecho de familia y de sucesiones, la comparecencia personal ante el notario tiene por objeto proteger a los interesados de decisiones apresuradas y llamar su atención sobre la especial importancia de la transacción. De modo similar, en derecho inmobiliario no es raro que consumidores y empresarios se encuentren cara a cara y el notario tome precauciones especiales.

En definitiva, la DiRUG no hace de la digitalización un fin en sí misma, sino que permite simplificar y acelerar los procedimientos cuando ello es compatible con las estructuras y funciones vigentes de la autenticación notarial en el sistema de administración preventiva de justicia. Por lo tanto, el sentido de la proporción que han mostrado los legisladores europeos y nacionales debe ser saludado plenamente y sin reservas.

Germany approves the online incorporation of companies in the presence of a notary

Following the Directive (EU) 2019/1151 on the use of digital tools and processes in the field of company law, the European legislator has taken an important step to adapt European company law to the digital age. The main idea is to introduce the online incorporation of companies throughout the Union. In addition, online procedures are regulated for applications prior to registration in the commercial register and the presentation of company and branch documents.

The online incorporation throughout the Union will facilitate the creation of both national and cross-border companies. At the same time, the Directive shows a deep respect for the different legal systems and traditions of the Member States in the electronic world and enables them to adapt their national legal traditions to European requirements, in particular through the compulsory intervention of the notary, whose importance to guarantee legal certainty and prevent abuse is also recognized in the digital age.

We very much welcome this approach. Indeed, in countries such as Spain and Germany, the incorporation of companies and subsequent structural modifications are subject to preventive control by the notary. Several reasons explain this.

Preventive control guarantees that companies are established and keep on existing in a legally effective manner. At the same time, the reliable identification of shareholders and administrators by the notary allows to determine with certainty who is behind a company and who can represent it. In addition, data on the existence of the company, its statutes and the persons empowered to represent it, as well as the way in which they are authorized to do so, are entered in the commercial register. Thanks to the «entry control» by the notary, the actors of the legal transactions can be based on the registry information, endowed with public faith. This creates a safe, simple and trustworthy environment for legal transactions and contributes to effective taxation and the fight against money laundering.

However, the intervention of the notary goes much further. The complexity of company law requires tailored solutions which, in most cases, are achieved through individually drafted statutes. Important issues such as the name and purpose of the company or the shareholders’ matrimonial property regime must be clarified on a case-by-case basis. For this reason, Member States may also require the compulsory intervention of notaries in this area.

The draft law of the German Federal Ministry of Justice,“DiRUG”, as of 18 December 2020, transposes the Directive into the German law. It was approved by the Federal Cabinet (Bundeskabinett) on February 10, 2021 and by the Federal Parliament (Bundestag) on June 10 without significant changes. As it is supported by the Federal Council (Bundesrat), it is expected to be published soon in the Federal Official Gazette.

With the DiRUG law, the German legislator has deliberately decided to maintain the principles of the process of granting notarial deeds in physical presence and transfer them in an equivalent way to the digital world. The cornerstones of this transfer are the videoconference with the notary, the secure digital identification and the qualified electronic signature.

In this context, it is only allowed to grant deeds online through the video communication system operated by the Federal Council of German Notaries (Bundesnotarkammer), which guarantees the highest standards of security, reliability and data availability and prevents the authentication procedure is done through foreign servers.

Moreover, the reliable identification of the interested parties involves two phases: the identification of the founder through the German electronic identification system (eID) and the reading of the photograph of the identity document or passport, which the notary compares with the appearance of the interested party. This second step is essential to avoid cases of covert representation through the abusive use of an electronic means of identification. The result will be an original electronic deed, signed by the parties and the notary with a qualified electronic signature and kept in the Electronic Archive of Deeds of the Bundesnotarkammer.

The online incorporation procedure is only used for authenticating articles of incorporation of a German GmbH and for resolutions taken in the context of company formation, such as those concerning the appointment of the first directors. Thus, the German legislator has appropriately ruled against a general opening of the online procedure to all notarial procedures, since the purposes of the notarial form cannot be guaranteed to the same extent through an online procedure. For instance, in family and inheritance law, the personal appearance before the notary is intended to protect the interested parties from hasty decisions and to draw their attention to the special importance of the transaction. Similarly, in real estate law it is not uncommon for consumers and entrepreneurs to meet face to face and the notary to take special precautions.

In short, the DiRUG does not see digitization as an end in itself, but rather simplifies and accelerates procedures when compatible with the current structures and functions of notarial authentication in the preventive administration of justice system. Therefore, the sense of proportion shown by the European and national legislators must be fully and unreservedly welcomed.

Una reforma histórica

EL ESCAPARATE

Una reforma histórica

La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supondrá la mayor transformación del nuestro Derecho privado desde el inicio de la era democrática.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

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@JMCarrascosa

Esta reforma histórica se debe, fundamentalmente, al impulso del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); a la coordinación y la unidad de la discapacidad, y el esfuerzo invertido por amplios sectores sociales y jurídicos, como la Fundación Aequitas del Notariado español.

Básicamente, supone que España asuma el compromiso de dar cumplimiento a la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. El texto contempla con carácter general los principios de la Convención, colocando a España en un primer plano de la regulación europea.

Su entrada en vigor modificará leyes como las del Notariado, Hipotecaria, de Jurisdicción Voluntaria, de Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil, de Protección Patrimonial de Personas con Discapacidad; Código Civil y normativa tributaria.

Cambios del Código Civil. La reforma del Código Civil es la más extensa y de mayor calado. El elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación ni la modificación de una capacidad; la idea central es la del apoyo a la persona que lo precise.

En cuanto a las normas adaptadas, cabe citar las de Derecho Internacional Privado -como las que afectan a la nacionalidad-, y las que regulan los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con discapacidad, lo que puede afectar a la atribución de la vivienda familiar. También experimentan modificaciones preceptos sobre la sociedad de gananciales cuando uno de los cónyuges precise de medidas de apoyo.

Reglas del Derecho de sucesiones y contratos se verán afectadas, para que los actos jurídicos de trascendencia se adapten a la nueva perspectiva. La responsabilidad civil por hecho propio y ajeno se modifica al considerase a las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces. Esta reforma modifica los preceptos del Código Penal en materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal.

La adaptación se extiende al ámbito procesal, de modo que se sustituyen los procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos. La Ley de Enjuiciamiento Civil se revisa en algunas acciones como la determinación o impugnación de la filiación, separaciones y divorcios y divisiones de herencias.

Impacto de la ley. Representantes parlamentarios y del mundo asociativo, fiscales, magistrados y notarios analizan para Escritura Pública el impacto de la futura ley en el colectivo de personas con discapacidad.

Antonio López-Istúriz, Vicente Martínez-Pujalte, Emilio Olabarría, Francisco Vañó y Álvaro Cuesta, ocupan o han ocupado cargos políticos en diferentes grupos parlamentarios. En la actualidad, todos ellos son patronos de la Fundación Aequitas.

Para López-Istúriz, diputado popular en el Parlamento Europeo: «El objetivo principal del nuevo sistema es favorecer la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad y, como tal, potenciar el apoyo a la persona que lo precise. El proyecto de ley elimina el concepto de tutela y de patria potestad prorrogada en relación con la discapacidad, que se mantendrá exclusivamente en el ámbito de minoría de edad. La principal medida de apoyo será la curatela, definición que consagra una figura de naturaleza asistencial que solo invocará carácter representativo en casos excepcionales, designados por el juez. Asimismo, se introduce el concepto del defensor judicial y regula la prodigalidad al margen de la discapacidad, por tratarse de una institución ajena a ella».

Olabarría -diputado por el Partido Nacionalista Vasco en diversas legislaturas y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial- apunta que «la nueva ley protegerá las transacciones sobre bienes inmuebles y, por tanto, dará seguridad al mercado y al patrimonio de las personas. La eficacia de la publicidad que proporcionarán el registro de la propiedad y los notarios se traducirá también en la evitación de pleitos y conflictos y es por ello que los fedatarios públicos pueden ser una manifestación de la justicia preventiva cuyo acceso efectivo, en la terminología del artículo 13 de la Convención, debe ser proporcionado a las personas cuya discapacidad e igualdad de condiciones lo requiera».

El Registro Civil: pieza central

El Registro Civil se convierte en pieza central de la reforma, pues hace efectiva la preferencia que el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes. Este registro conciliará la naturaleza protegida del dato con su consulta por los funcionarios en el cumplimiento de las labores propias de su cargo.

Antonio López-Istúriz:
«El objetivo del nuevo sistema es favorecer la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual y potenciar su apoyo»

Vicente Martínez-Pujalte:
«Las personas con discapacidad dejan de ser sujetos pasivos para convertirse en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos»

Miguel Ángel Cabra de Luna:
«La nueva ley es un hito histórico del que todos deberíamos sentirnos orgullosos»

Ramón Corral:
«Los operadores jurídicos debemos interpretar las normas abandonando el prejuicio proteccionista»

Álvaro Cuesta:
«Esta reforma es una de las más importantes de nuestro Derecho desde que se aprobara la Constitución»

Luis Cayo Pérez:
“Es una iniciativa legislativa necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas”

Blanca Entrena:
«El nuevo modelo exigirá apoyos, actuaciones interdisciplinares y un cambio de mentalidad de los profesionales del Derecho que tengan que intervenir»

Ignacio Navas:
«Las personas con discapacidad se dotarán de un ‘traje a medida’ de sus necesidades»

Emilio Olabarría:
“Los fedatarios públicos pueden ser una manifestación de la justicia preventiva cuyo acceso efectivo debe ser proporcionado a estas personas»

Consuelo Madrigal:
«La ley mejorará la comprensión de la realidad y los aspectos valiosos de la discapacidad, contribuyendo a eliminar discriminaciones»

Juan Bolás:
«Esta norma devuelve a las personas con discapacidad su dignidad como individuos»

Juan Francisco Herrera:
«Será la persona, con los debidos apoyos, quien podrá hacer valer su voluntad, y no otras personas en su nombre»

Francisco Vañó:
«Fundaciones, federaciones, asociaciones y profesionales han tenido un papel relevante para que los políticos hayan hecho los deberes»

Gonzalo López-Ebri:
«Por fin el Derecho Civil será regulador de todas las personas; sin discriminación alguna por razón de la capacidad»

Rafael Leña:
«Se sustituye el desacreditado sistema de protección (todo para el discapacitado, pero sin él) por un sistema de ayuda»

Por su parte, Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, coincide en que la reforma «es una de las más importantes de nuestro Derecho desde que se aprobara la Constitución. Cobran especial relevancia conceptos como el de acompañamiento amistoso; la ayuda técnica en la comunicación de las declaraciones de voluntad; la ruptura de barreras arquitectónicas o procesales; el consejo o la toma de decisiones delegadas, y la importancia del principio del respeto a la voluntad del poderdante. Entre las medidas de apoyo emergen con nuevas regulaciones los poderes y mandatos preventivos, la autocuratela, el reforzamiento de la guarda de hecho, las disposiciones judiciales ad hoc, y los ajustes procesales para las personas con discapacidad, entre otras».

Una de las figuras políticas sobresalientes en la defensa jurídica de los más vulnerables es Francisco Vañó; el exdiputado popular y miembro de la Comisión de Discapacidad del Congreso pone en valor el papel de las asociaciones para esta renovación legislativa: «Entidades como el CERMI, fundaciones como Aequitas, el Foro Justicia y Discapacidad, federaciones y asociaciones, profesionales del mundo de la judicatura o la medicina, entre otros, han tenido un papel relevante para que por fin los políticos ‘hayan hecho los deberes’ plasmándolos en este proyecto de ley. Por fin se tiene en cuenta lo que dictaminaba la Convención cambiando sustitución por apoyos».

Cierra la participación del mundo político, el ex diputado popular Vicente Martínez-Pujalte, quien destaca que «las personas con discapacidad dejan de ser sujetos pasivos de una asistencia que se les presta desde fuera, para convertirse en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos, con los apoyos que requieran. Se trata de una reforma legislativa enormemente innovadora y ambiciosa, que supone una profunda transformación en el régimen tradicional de la capacidad jurídica que había imperado hasta ahora en nuestro Derecho».

Los fiscales Consuelo Madrigal y Gonzalo López-Ebri -fiscal del Tribunal Supremo y Teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana, respectivamente; además de patronos de Aequitas- también aportan sus puntos de vista sobre la reforma.

Madrigal, que fuera fiscal general del Estado, hace hincapié en que el proyecto supone «la consagración en leyes ordinarias de lo que ya reconocían la Convención de la ONU y la Constitución. Las leyes hacen pedagogía de sus propios fines y valores, así que se ampliará con esta una mejor comprensión de la realidad y los aspectos valiosos de la discapacidad, lo que contribuye a la eliminación de la discriminación y las barreras sociales». Por su parte, López Ebri pone en valor que «la reforma adecuará el denominado ‘Derecho de las Personas’ a las normas de la Convención. Por fin, el Derecho Civil será regulador de todas las personas, sin discriminación alguna, con total respeto al derecho a la igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica».

El papel del tercer sector. Para Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, “es una reforma histórica a la que el CERMI ha expresado su apoyo global, firme y decidido; una iniciativa legislativa, en nuestra opinión, necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas. Se trata de la mayor reforma del Derecho Civil de la Democracia y ésta, por causa o motivo de la discapacidad, de las personas con discapacidad”.

Miguel Ángel Cabra de Luna, director de relaciones sociales e internacionales de la Fundación ONCE y patrono de Aequitas desde sus inicios, señala que «el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad sin reservas es esencial y condición básica para el ejercicio de cualquier derecho. Desde el movimiento asociativo -en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad; y, sin duda, la Fundación Aequitas-, hemos tenido claro que la defensa de esta premisa era clave para un cambio de paradigma real y efectivo. Es un hito histórico del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. El trabajo del Notariado tanto a nivel español como internacional, será un elemento clave para apoyar y asesorar a las personas con discapacidad y sus familias».

Bajo la presidencia de Juan Bolás en el Consejo General del Notariado -en 1999-, se creó la Fundación Aequitas; su primera directora fue la notaria Blanca Entrena. Ambos siguen colaborando en su calidad de patronos.

Para Bolás, esta norma «supone devolver a las personas con discapacidad su dignidad como individuos, cuya capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación para ejercitarlos». Lo más importante de esta reforma para las personas que integran el colectivo de la discapacidad -según Entrena- será «que se sientan integrados en nuestra sociedad. Es verdad que esto exigirá más apoyos, equipos profesionales, actuaciones interdisciplinares, reestructurar la modificación de la capacidad desde un criterio de apoyo y no de sustitución, y un cambio de mentalidad de los profesionales del Derecho que tengan que intervenir».

En su momento, los notarios Rafael Leña y Ramón Corral fueron galardonados por el Foro Justicia y Discapacidad por su trayectoria personal en la defensa jurídica del colectivo. Hoy, ya jubilados, mantienen su compromiso con ‘la ONG del Notariado’.

El patrono Rafael Leña hace hincapié, como principal novedad de la Ley, en «la sustitución del desacreditado sistema de protección (todo para el discapacitado, pero sin él) por un sistema de ayuda». Por su parte, Corral -delegado de la Fundación en el Colegio Notarial de Madrid- reclama que «los operadores jurídicos (jueces, fiscales, notarios, abogados…) debemos interpretar las normas abandonando el prejuicio proteccionista y pensando en el ejercicio de derechos con arreglo a unos criterios de propias decisiones y preferencias. Debe desarrollarse con generosidad el sistema de apoyos voluntarios –algunos códigos latinoamericanos ya lo hacen- y es aquí donde puede ser más importante la labor de los notarios».

Otros dos notarios y patronos: Ignacio Navas, ex-presidente de FEDANE (Federación de Asociaciones de Notarios de España); y Juan Francisco Herrera, impulsor del INDISVA (Instituto Notarial Valenciano para la atención a las personas con discapacidad o riesgo de exclusión social) manifiestan sus reacciones a este ordenamiento.

Herrera sostiene que «será la persona, con los debidos apoyos, quien podrá hacer valer su voluntad, y no unas personas en su nombre, que -aún guiados por el cariño- a veces tienden a sobreprotegerlo». Por su parte, Navas enumera entre los aspectos más destacados, los siguientes: «la organización legislativa para dotar a las personas discapacitadas de un ‘traje a medida’ de sus necesidades, y la organización de la curatela y la decisión judicial acerca de las medidas de apoyo necesarias».

La función notarial

Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba -directora y director del área social y económica de Aequitas, respectivamente-, indican en la Guía de buenas prácticas sobre el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, editada por el Foro Justicia y Discapacidad, cómo repercutiría la reforma en la función notarial: «sitúa al Notariado como punto central en el desarrollo de la autonomía de la voluntad, autorregulación de intereses, salvaguardia, asistencia y apoyo de la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica».

Para saber más

Texto del proyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Editorial de ESCRITURA PÚBLICA. El derecho a decidir de las personas con discapacidad.

El CERMI celebra el “amplio respaldo parlamentario” a la gran reforma del Derecho Civil en materia de discapacidad.

Medidas voluntarias

Dentro de las medidas voluntarias de la nueva ley adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos. Asimismo, se refuerza la guarda de hecho, que se transforma en institución jurídica de apoyo. La curatela se regula detenidamente, al ser la principal medida de apoyo de origen judicial. Otra medida que se recoge es la figura del defensor judicial, especialmente prevista para situaciones de conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad.

Delegados autonómicos

Ramón Moscoso (Andalucía); Mª Ángeles Anciones (Castilla y León); Manuel Lora-Tamayo (Madrid); Víctor Vidal (Galicia); Ana María Mas (Valencia); Mª del Carmen Gracia (Aragón); Manuel Rueda (País Vasco); Mª Dolores Heredia (Murcia); Francisco de Asís Jiménez (Extremadura); Susana Garzón (La Rioja) y Vicente Toledano (Cantabria) son los notarios delegados de Aequitas en sus respectivos colegios autonómicos. Desde el día a día de sus notarías aportan una visión real y cercana de las necesidades jurídicas de los más vulnerables.

Moscoso destaca que «no podrá descartarse por principio la realización de cualquier acto jurídico por parte de la persona con discapacidad, como votar en elecciones, comprar o vender, ingresar o sacar dinero en el banco, etcétera, sin perjuicio de la necesidad de contar el apoyo que se precise». Mientras que Anciones indica que «permitirá organizar y administrar los bienes a través de la figura del patrimonio protegido».

Lora-Tamayo argumenta que «las personas con discapacidad podrán otorgar escrituras, desde una compraventa, la herencia de sus padres, e incluso su propio testamento, contando eso sí con los apoyos voluntarios, judiciales o legales, que sean necesarios». Vidal sostiene que aportará «el desarrollo de instituciones que fomentan la autorregulación personal, como los poderes preventivos».

Mas destaca que con la entrada en vigor de la ley «los trámites judiciales se aligerarán y simplificarán, revistiendo menos costes». Por su parte, Gracia adelanta que «va a suponer un reto para los notarios ya que, como el resto de operadores jurídicos, se ven abocados a una transformación de mentalidad».

«A la hora de acreditar en la vida jurídica la situación de discapacidad se incluye, por fin, el acta notarial basada en informes médicos», indica Manuel Rueda. «Las personas con discapacidad podrán actuar jurídicamente, lo que hace unos años era impensable», resume Garzón.

Según Heredia «se pone fin a la inseguridad que suponía para los distintos operadores jurídicos la convivencia de la Convención con un Derecho interno que apuntaba en dirección opuesta». Toledano expone cómo «se simplifica un tema que afectaba a la práctica diaria notarial: cuando una persona con discapacidad tenía que vender una propiedad implicaba en la mayoría de los casos una declaración judicial de incapacidad «. Por último, Jiménez, enuncia que «las medidas de autoprotección eliminarán trámites contenciosos».

«Otro Derecho es posible y plausible», por Luis Cayo Pérez

EL ESCAPARATE

LUIS CAYO PÉREZ

Presidente del CERMI

Otro Derecho es posible y plausible

www,cermi.es

@luiscayoperez

Las personas con discapacidad -esa parte de la diversidad humana y social, cuyo funcionamiento corporal, mental, cognitivo, conductual y comunicacional, se aparta del considerado canónico en una sociedad dada, y que por ese carácter diferencial es vista y tratada de modo desigual, operando su nota distintiva, como factor de castigo- no hemos tenido una relación pacífica con el Derecho. Antes bien, esta ha sido y sigue siendo, problemática. El Derecho, entendido como la proyección y expresión regulatorias de una comunidad política, respecto de las personas con discapacidad, ha sido casi siempre restrictivo. Desde el no reconocer, al impedir o el restringir, o al sustituir, esas han sido la tónica histórica.

Pero el Derecho puede y debe adquirir una nueva forma de relacionarse con la realidad de la discapacidad. Un modo apreciativo y respetuoso, que acompañe y promueva, que sirva de resorte para el acceso y el ejercicio pleno de todos los derechos, de alguien cuya posición en la sociedad ha sido la de apartamiento, segregación y exclusión, sistémica y estructural. Otro Derecho es posible -y plausible- para las personas con discapacidad. Y este cambio hondamente cualitativo, disruptivo en el sentido más sugeridor de la palabra, se está operando, lo estamos acariciando, en el Derecho positivo español, y en concreto en esa porción amplia del llamado Derecho privado o por mejor nombre, Derecho de las Personas.

Se trata de la reforma histórica que incorpora el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que agota sus últimos trámites parlamentarios en la Cámara Alta de nuestro Parlamento, para en apenas unas semanas estar ya aprobado y entrar en vigor.

Un Proyecto de Ley hacia el que el movimiento social español de la discapacidad, al que representa el CERMI, ha expresado su apoyo global, firme y decidido; una iniciativa legislativa, en nuestra opinión, necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas. Se trata de la mayor reforma del Derecho Civil de la Democracia y ésta, por causa o motivo de la discapacidad, de las personas con discapacidad.

Si hubiera que abogar por esta ambiciosa reforma legal, las razones en su favor nos saturarían. Pero enunciamos las de mayor peso:

La primera y principal es que la discapacidad no define ni agota a la persona; no puede por tanto ser un estado civil demediado, una ciudadanía jurídica de segunda, como venía ocurriendo hasta ahora. El sistema jurídico de sustitución, vigente, que protege paternalistamente a la persona con discapacidad, incapacitándola, desposeyéndola de su capacidad jurídica, y colocándola al albur de otras instancias decisorias, es netamente contrario al enfoque de derechos humanos.
Migrar de un sistema de sustitución, que anula o limita a la persona, a uno de provisión de apoyos a la toma de decisiones, cuando estos sean precisos, que la promueve y potencia, viene exigido imperativamente por los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos (artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -CDPD- de Naciones Unidas de 2006. Y España, como Estado parte, ha acumulado un notable retraso.
La plenitud de derechos por parte de las personas con discapacidad pasa ineludiblemente por el completo reconocimiento, sin mermas, de su capacidad jurídica.
Restricciones hirientes, felizmente superadas en los últimos años, como la del derecho de sufragio o la de la esterilización, por ejemplo, estaban conectadas con una incapacitación previa. Albergaba un efecto expansivo perverso.
El gobierno de sí mismas y por sí mismas también se predica de las personas con discapacidad.

Fuera de las razones de fondo, también la acompañan los motivos de forma. Este proyecto de ley es, además, ejemplo de buena gobernanza normativa. Su redacción fue encargada por el Gobierno al órgano más idóneo, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, Secciones de Derecho Civil y Procesal. Ha recibido el impulso político de tres titulares del Ministerio de Justicia y de sus equipos de signo político distinto; se sitúa pues más allá de visión partidista, tantas veces angosta. En su concienzuda elaboración fueron consultados, mediante un diálogo estrecho, todos los grupos de interés, cuyo parecer y sugerencias pudieron ser expuestos y considerados. Desde luego, el sector social de la discapacidad representado por el CERMI, se ha sentido parte activa y cooperativa de este proceso.

Sucesivamente, ha contado con el respaldo de los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado) y de los operadores jurídicos (profesiones legales colegiadas). Es notoria, y así lo reconocemos y agradecemos, la valiosa contribución del Notariado español a esta reforma, lo que avala su acierto general. El dictamen del Consejo de Estado fue particularmente favorable. También la academia y el mundo del análisis jurídico la han juzgado de modo positivo. El Comité de Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas, órgano encargado de la vigilancia de la CDPD por parte de los Estados, dirigió en mayo de 2019 a esta reforma palabras apreciativas y alentadoras. Todo apunta, también, a que gozará de consenso político extenso, que el Parlamento la aprobará con gran respaldo, lo que es casi anómalo en un momento de nuestra vida pública de disenso y fractura.

No restringir, sino apoyar. No excluir, sino acompañar cuando sea preciso, pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos, preferencias y decisiones; igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales.

Esta reforma legal -meditada, dialogada, madura y madurada, certera, co-creada-, con vocación de permanencia y utilidad social sostenidas, representa una mejora, un logro para el país. Con esta ley, se ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad la vida jurídica, la vida en comunidad se hace más respirable.

15 años de colaboración

EL ESCAPARATE

15 AÑOS DE COLABORACIÓN

El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Notariado celebra su 15 aniversario. Tres lustros después de su creación, este organismo cuenta con el reconocimiento de las principales autoridades nacionales e internacionales en materia de delitos económicos y ha consolidado su colaboración con diferentes instituciones -desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las comunidades autónomas- con la creación de nuevas herramientas de trabajo, como la Base de Datos de Titular Real y la de Personas con Responsabilidad Pública. La labor del OCP hubiera sido imposible sin el trabajo y colaboración de los 2.800 notarios españoles, que han dedicado buena parte de su tiempo e importantes recursos materiales y humanos a la tarea de identificar y comunicar operaciones susceptibles de ser sospechosas de lavado de activos.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

[email protected]

@JMCarrascosa

El Ministerio de Economía -dirigido por Pedro Solbes- indicó al Consejo General del Notariado en diciembre de 2004 que creara el OCP. El objetivo era intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos. Actualmente los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal, y se han convertido en aliados cada vez más imprescindibles del Estado para luchar contra estas lacras.

Pedro Galindo, director del OCP, apunta alguna de las magnitudes alcanzadas en estos quince años de historia: «Gracias al esfuerzo de los notarios se dispone por volumen e importancia de la segunda mayor base de datos de España -sólo por detrás de la Agencia Tributaria-, con información parametrizada de más de 135 millones de documentos públicos; de más de 41 millones de personas físicas y de más de 3,5 millones de personas jurídicas. De media, más del 80% de las comunicaciones que el OCP hace en nombre de los notarios, se acaban investigando por la policía judicial. Se ha contestado a requerimientos policiales, fiscales o judiciales -sólo en materia de prevención de blanqueo- en más de 237.000 ocasiones, de manera telemática y con medias de tiempo que no superan los tres minutos en la mayoría de los casos».

El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades policiales y judiciales. Asimismo, facilita enormemente la labor de los notarios, ya que es el propio órgano el que comunica las operaciones con indicios o sospechas.

Desde su creación, el OCP ha suscrito convenios de colaboración con diferentes organismos de la Administración pública, como el Tribunal de Cuentas; la Fiscalía General del Estado; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Comisión Nacional del Mercado de Valores; la Intervención General de la Administración del Estado; la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Tesorería General de la Seguridad Social; la Fiscalía Especial Antidroga o la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Índice Único Informatizado Notarial. Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base -creada por el Notariado en 2004- que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. Esta base contiene los principales datos de los documentos notariales, grabados de manera desagregada en cada notaría quincenalmente. El equipo del OCP también recibe alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente.

El sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanezca siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla.

Recientemente, el OCP ha incorporado la tecnología del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) para mejorar el análisis de las redes sociales de personas que puedan estar relacionadas con operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o fraude fiscal. Esta tecnología de análisis de redes sociales y ‘Big Data’ permite relacionar la información de la que ya se disponía y aportar nuevos enfoques, detectando relaciones que de otro modo pasarían desapercibidas. Un nuevo enfoque relacional que es de gran utilidad para desentrañar las complejas operaciones financieras puestas en marcha por las redes de blanqueo.

El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Sepblac y las autoridades policiales y judiciales

Colaboración institucional

La cooperación institucional es una de las herramientas más efectivas contra el blanqueo de capitales. Tal como prevé la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la información gestionada por el OCP se facilita a los organismos estatales que intervienen en la lucha contra estos delitos y, ante la transnacionalización de la delincuencia organizada, también a sus homólogos extranjeros, en virtud a los acuerdos de colaboración suscritos en esta materia.

Como máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, la relación con el Sepblac es especialmente intensa. Pero esta información también fluye hacia la Agencia Tributaria, las Haciendas Forales, las consejerías autonómicas de Hacienda, o la Intervención General de la Administración del Estado. Dentro de la lucha internacional, el OCP colabora con diferentes autoridades europeas como la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) o la Europol, además de con la Interpol.

En junio de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el CGN firmaron un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales. En virtud de este acuerdo, los cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen al OCP.

Formación. Otra de las labores destacadas que se realiza desde el OCP es la formación. Durante los últimos años, sus técnicos han desarrollado un curso de sensibilización en prevención del blanqueo de capitales. Este instrumento formativo contiene una serie de unidades en formato audiovisual que permiten abordar situaciones y casos concretos a los que los notarios pueden enfrentarse en el devenir profesional diario de sus oficinas. El curso se ha remitido a las principales autoridades financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, GAFI…), algunas de las cuales han enviado al OCP su agradecimiento y reconocimiento por dotarles de una herramienta útil y práctica.

Asimismo, el OCP ha organizado cursos presenciales, teóricos y prácticos, en los colegios notariales, dentro del plan de formación para notarios y empleados de notarías, así como para agentes consulares en su función notarial, que también incluye seminarios virtuales desde el portal de formación del CGN (actualmente hay seis cursos de este tipo), con ejemplos de operaciones de indicios de blanqueo. Esta formación se ha impartido a miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, pertenecientes a unidades implicadas en la lucha contra los delitos económicos.

La labor divulgadora en materia de prevención del blanqueo se ha extendido fuera de nuestras fronteras: miembros del OCP han participado, por ejemplo, en cursos organizados por el PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado en Europa y Latinoamérica) en Panamá; por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en Cartagena de Indias, o en una Jornada de la Sociedad del Notariado Cubano en La Habana. Representantes del OCP han presentado sus herramientas ante instituciones internacionales como el GAFI y Transparencia Internacional.

Las instituciones internacionales del Notariado han mostrado su interés por el OCP, como el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) o la Unión Internacional del Notariado. En el marco de su programa de formación Europa para los notarios–Notarios para Europa, el CNUE editó una publicación titulada Lucha contra el blanqueo de dinero: un combate internacional, un desafío europeo, que contó con la colaboración de representantes del OCP. Por otro lado, notarios españoles participaron como ponentes en un seminario en Lisboa sobre blanqueo de capitales, dentro de ese mismo programa. El presidente del CNUE en 2020, el griego Georgios Rouskas, señalaba en una entrevista a esta revista que «la experiencia del Notariado español en materia de lucha contra el blanqueo es un activo inestimable para el CNUE y nos ayuda en nuestros intercambios con el GAFI y las instituciones europeas».

Numerosas delegaciones internacionales, tanto notariales como institucionales, (procedentes de Indonesia, Italia, Bélgica, Argentina, Ucrania, China, Grecia, Serbia, Georgia, Montenegro, Hungría, Estonia, Rumanía…) se han personado en la sede del CGN para conocer de primera mano las herramientas desarrolladas por el OCP. En un artículo en esta misma revista, el director del OCP -Pedro Galindo- señalaba que «el sistema preventivo notarial español de blanqueo se toma como ejemplo en otros países, como Alemania, Japón, Colombia…». En este sentido, el gobierno peruano autorizó un decreto legislativo que daba luz verde al OCP del Notariado del país andino; el OCP y la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia también suscribían un convenio de cooperación para establecer canales para contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, y ya existen acuerdos similares con Brasil, Costa Rica o Puerto Rico.

Nuevas herramientas.
El Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).- En 2007 entró en funcionamiento el Órgano de Colaboración Tributaria para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura, el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles. En febrero de 2020 se firmó un nuevo convenio con la AEAT, para incrementar el intercambio de información desde el Índice Único a las Bases de Datos de la Administración Tributaria.

Base de Datos de Titular Real (BDTR).- Desde 2012, y gracias a su función en el ámbito mercantil, el Notariado dispone de la Base de Datos de Titular Real, única en el mundo, que permite a las autoridades públicas identificar a las personas físicas que están detrás de una sociedad, incluso en aquellos casos en las que se constituyen para ocultarse tras complejos entramados societarios. Esta base fue desarrollada por el OCP, previo dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos. En ella están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas; 126.000 sociedades anónimas, y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

El CGN y la Agencia Tributaria suscribieron en febrero de 2020 un convenio en virtud del cual la Agencia puede solicitar información contenida en la BDTR, información que se considera de gran utilidad para la lucha contra el fraude fiscal en relación con la creación de entramados societarios opacos con fines fraudulentos. Otra de sus fortalezas es que permite conocer la titularidad real de numerosas empresas extranjeras que operan en España, tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través de una sociedad española.

La BDTR muestra internacionalmente el compromiso de España en luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Fue esencial para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno español en la cumbre internacional de Londres de mayo de 2016.

Se han firmado 82 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales (desde bancos hasta inmobiliarias) que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real. Desde su creación, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales.

Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDPRP).- Gracias a la información contenida en el Índice Único y en la BDTR, el OCP también ha podido crear la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, en la que están identificadas: 23.178 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 21.101 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil) y 2.628 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública. Los notarios han puesto este archivo a disposición de las autoridades judiciales, de las fuerzas de seguridad del Estado y de otras instituciones responsables de la prevención y lucha contra la delincuencia económica.

En los últimos años, el Consejo General del Notariado ha suscrito convenios de colaboración con diversas entidades públicas -Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Agencia Valenciana Antifraude, Generalitat Valenciana, Oficina Antifrau de Cataluña,…- para permitir el acceso a las bases de datos notariales (BDTR y BDPRP), de personal autorizado de estas instituciones, de cara a prevenir e investigar delitos de corrupción y posibles irregularidades cometidas por personas o empresas relacionadas con el sector público.

OCP, OCT, BDTR y BDPRP son, quince años después, la punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra la lacra social de los delitos económicos. Su labor e información han permitido rastrear y llegar a otro tipo de delincuencia, como la trata de personas o el tráfico de órganos.

Reconocimiento de la Unión Europea

El OCP ha sido reconocido favorablemente por el Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera del Consejo de la Unión Europea. Los notarios han sido valorados por su colaboración con las autoridades en materia de prevención del blanqueo de capitales y por su permanente actualización y mejora de conocimientos, así como por la centralización de la información y los avances tecnológicos alcanzados, entre los que destaca el Índice Único Informatizado Notarial.

El OCP también ha sido puesto en valor por el Sepblac, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía. Asimismo, la Guardia Civil y la Policía han impuesto sendas condecoraciones a José Ángel Martínez Sanchiz, por la colaboración prestada por los notarios en la lucha contra los delitos económicos.

Un modelo a seguir

El éxito de la colaboración del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales ha sido puesto de manifiesto por diversos organismos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En su Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho de 2020 se señala como modelo a seguir el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España y, más concretamente, la Base de Datos de Titular Real (BDTR).

El GAFI considera que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real es gracias a la BDTR: «la información sobre la titularidad real de las sociedades españolas está a disposición de las autoridades competentes con facilidad y rapidez a través del Índice Único Informatizado del Notariado. Las medidas adoptadas por España para gestionar y permitir el acceso a la información constituyen un ejemplo de buenas prácticas para otros países”.

Para saber más

Artículo de Pedro Galindo, director del OCP: «¿El sistema notarial español de blanqueo es robusto?«

Guía del GAFI donde se pone como modelo el sistema notarial español de lucha contra el blanqueo de capitales

Folleto sobre la colaboración de los notarios en la lucha contra los delitos económicos

Sección «Casos de éxito» del Instituto de Ingeniería del Conocimiento

Revista del CNUE sobre blanqueo de capitales con tribunas de Pedro Galindo, director del OCP, y el notario Ignacio Gomá, presidente del grupo de trabajo antiblanqueo del Consejo de los Notariados de la Unión Europea

«El OCP del Notariado: información fiable en tiempo y forma», por Noé de la Rubia González

EL ESCAPARATE

NOÉ DE LA RUBIA GONZÁLEZ

inspector de Policía Nacional, Oficial de Enlace en Interpol

El OCP del Notariado: información fiable en tiempo y forma

Cuando me propusieron escribir un artículo sobre el Órgano Centralizado de Prevención del Notariado, acepté sin dudarlo. Principalmente porque en estos tiempos en los que reina el desánimo, es más necesario que nunca realzar todo aquello que nos convierte en un referente internacional pero también, porque se presentaba una ocasión inmejorable para mostrarles mi gratitud por el servicio que he recibido en mis investigaciones durante los últimos diez años al frente de un grupo de investigación de la Comisaría General de Policía Judicial. Aunque esto último pueda restar credibilidad a mi testimonio, sería injusto por mi parte negarles cualquiera de los elogios que a mi juicio merecen, como también lo sería reprimir mi entusiasmo en este ejercicio.

Como se podrá imaginar, la lucha contra el crimen organizado nunca ha sido tarea fácil. Los investigadores deben lidiar contra un sinfín de obstáculos desde el inicio de la investigación hasta su finalización. Y en muchas ocasiones, incluso después.

Cuando nos enfrentamos a grandes y sofisticadas organizaciones criminales, el éxito de la investigación depende en gran medida de la capacidad que tengan las FCS (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) de obtener información fiable en tiempo y forma. Si cualquiera de estas tres condiciones se incumple, el desarrollo de la investigación puede verse seriamente comprometido, pudiendo decidir postergar el uso de esa fuente de información o incluso, prescindir de ella si no resultara rentable según esos criterios.

En este sentido, la legislación al respecto no nos ayuda demasiado. Se limita fundamentalmente a requerir a los sujetos obligados una información determinada, sin concretar otras cuestiones, aparentemente baladíes, como el formato en el que ésta se facilita, pero que se convierten en esenciales cuando el número de entidades investigadas es considerable, como así ocurre en la mayoría de las ocasiones.

Soy plenamente consciente del extraordinario e imprevisto (en su día) esfuerzo realizado por todos ellos en los últimos años para mantenerse dentro de los estándares mínimos de cumplimiento. Incluso, puedo intuir acaloradas discusiones en los consejos de administración, entre aquellos que abogan por asumir con plena responsabilidad su cuota de participación en esta lucha contra el crimen organizado e ir más allá, y aquellos que anteponen otras prioridades. Lo que está fuera de toda duda, es que en unos ha prevalecido una posición y en otros, lamentablemente, la opuesta.

A este respecto, el compromiso asumido por el Consejo General del Notariado trasciende con creces el legalmente exigible. Desde sus orígenes, ha demostrado una absoluta determinación por combatir el blanqueo de capitales. Plenamente conscientes de la trascendente función que desempeñan y del enorme potencial que podían desarrollar en favor de esa lucha, apostaron firmemente y con muy buen criterio, en la asunción de un compromiso permanente que se ha traducido en la elaboración de múltiples instrucciones y circulares de obligado cumplimiento entre los profesionales del gremio, así como en la creación de bases de datos perfectamente adaptadas a las particulares necesidades de los poderes públicos, que les han mantenido siempre por delante de las constantes revisiones/actualizaciones legislativas en la materia.

“El compromiso del Notariado trasciende con creces
el legalmente exigible. Ha demostrado una absoluta determinación
por combatir el blanqueo de capitales.”

Sin entrar en el valor intrínseco de la información recopilada por el Cuerpo de Notarios en nuestro país (solo equiparable a otras igualmente valiosas como la bancaria o la tributaria), me gustaría poner el acento en otras cuestiones, que hacen que sea una de las primeras y más importantes consultas en todas nuestras investigaciones. Me estoy refiriendo a la de su buque insignia, el Índice Único Informatizado Notarial, definido muy modestamente por el propio Consejo como “una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país”. En realidad, se trata de una herramienta considerablemente más potente y muy bien valorada por los investigadores, por las razones siguientes:

Es accesible directamente y sin necesidad de autorización judicial por todos los usuarios previamente autorizados y registrados.
La respuesta es prácticamente inmediata y estrictamente confidencial.
La información facilitada es muy completa y está perfectamente clasificada en formato electrónico con opciones de búsquedas avanzadas.
Está disponible para los principales profesionales en la lucha contra el blanqueo tales como: el Sepblac; las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes, y otros sujetos obligados (entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, auditores o entidades de seguros), así como la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea.
Permite la opción de descarga, pero se mantiene colgada indefinidamente en el sistema por si fuera necesario.

No obstante, la labor del OCP y sus miembros va mucho más allá de la gestión de este valioso instrumento, por cuanto se ha erigido en un fiel garante del cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas a los notarios en el desarrollo de su función, además de un responsable e imparcial interlocutor que siempre ha permanecido atento y dispuesto a escuchar y resolver las necesidades operativas de las FCS. Solo desde esta cercanía y confianza mutua, se han podido diseñar soluciones eficaces.

Por último, desde mi privilegiada posición en la organización policial internacional por excelencia, observo con orgullo, cómo el modelo español es un auténtico referente a nivel mundial que muchos países han querido imitar pero que únicamente Perú se ha acercado a replicar. En este proceso por conseguirlo, están países como Costa Rica y Brasil, y más alejados Alemania e Italia, aunque todavía con resultados inferiores a los nuestros.

Pymes y autónomos – Su momento más incierto

EL ESCAPARATE

Pymes y autónomos

Su momento más incierto

Desde el pasado mes de marzo se han dado de baja en España cerca de 38.000 empresas y la Seguridad Social ha perdido más de 429.000 afiliados. La peor parte se la han llevado pymes y autónomos, a quienes la pandemia ha dejado en una situación crítica. Las ayudas recibidas les han dado un respiro, pero reivindican más apoyo para salir a flote.

ELVIRA ARROYO

[email protected]

LA CRISIS SANITARIA causada por la COVID‐19 no da tregua a empresarios y autónomos. Las perspectivas de mejora que se vislumbraban tras la vuelta a la normalidad después de la primera ola se han derrumbado con la llegada de la segunda, que ha obligado a imponer de nuevo restricciones a la actividad de muchos negocios para frenar la expansión del virus.

Ante esta realidad y con la amenaza de una tercera ola a partir de enero, las pymes miran al futuro con pesimismo. Según el tercer Barómetro de opinión #LaPymeHabla (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa‐CEPYME, octubre de 2020) más de la mitad de las empresas creen que su supervivencia está en riesgo y el 64% tienen expectativas negativas para los próximos 12 meses. Además, el 4,5% de los pequeños y medianos empresarios han tenido que echar el cierre definitivo, mientras que el 2,6% ha declarado concurso por insolvencia o prevé hacerlo. Solo han logrado reconvertir su negocio el 6,5% de las empresas.

Las perspectivas no parecen mejores para los más de 3 millones de autónomos dados de alta en España. Si bien las cifras de afiliación facilitadas por la Seguridad Social reflejan una tendencia creciente (noviembre se cerró con 3.267.873 afiliados en el Régimen de Autónomos, una cifra que, por segundo mes consecutivo, supera la de febrero de 2020, antes de la pandemia), el 84,8% de estos trabajadores verán reducida su facturación en 2020 y calculan unas pérdidas de 60.000 millones de euros. Así lo recoge la encuesta realizada a finales de noviembre por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), según la cual uno de cada diez autónomos, unos 300.000, creen que van a tener que cerrar su negocio próximamente.

Ayudas. Son circunstancias muy difíciles para un país en el que más del 99% del tejido empresarial lo componen pymes y autónomos. La recuperación económica depende en gran medida de ellos, lo que exige hacer todo lo posible para sostenerlos. Al comienzo de la crisis sanitaria, se activó una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que empresas y autónomos pudieran atender el pago de salarios, la gestión de facturas, el pago de alquileres y suministros, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, y otras necesidades de liquidez. El aval para pymes y autónomos ascendía como máximo al 80% de la operación. Posteriormente, el Gobierno anunció nuevos avales por importe de 40.000 millones de euros para financiar la inversión empresarial —en lugar del capital circulante— de cara a la fase de recuperación.

Como resultado de estas acciones, a mediados de noviembre de 2020 se habían realizado 876.000 operaciones, el 98% con pymes y autónomos, por un importe de 81.787 millones de euros. Casi un tercio de los créditos concedidos han sido para los sectores del turismo, ocio y cultura, bienes de consumo, industria textil y moda, y comercio al por menor.

También se han autorizado planes específicos para el turismo, la automoción y el transporte. Estos sectores, aparte de ser los más afectados por las restricciones a la movilidad interna y externa, representan más del 25% del PIB español, tienen más capacidad de generar actividad en el resto de ramas, una gran vocación exportadora y un elevado peso en términos de empleo. En concreto, se han establecido planes sectoriales por más de 11.500 millones de euros, instrumentados a través de garantías, créditos o ayudas.

Para saber más

Barómetro #LaPymeHabla. CEPYME Octubre de 2020. Análisis periódico del estado del sector a partir de encuestas realizadas a pequeñas y medianas empresas españolas.

Recursos para pymes y autónomos frente al COVID-19. Acelera pyme.Gobierno de España. Ventanilla única de acceso a las soluciones, servicios, ayudas y herramientas ofrecidas por entidades colaboradoras del sector público y privado.

“Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020). Banco de España. Comparativo sobre las ayudas puestas en marcha por distintos gobiernos en todos en ámbito empresarial y de los hogares.

Buscador de ayudas e incentivos para empresas. Portal pyme. Gobierno de España. Permite hacer búsquedas de todas las ayudas concedidas por comunidades autónomas, sectores de actividad y fecha de publicación.

Las previsiones actuales del gobierno de España son que en 2023 se recuperará la senda de crecimiento económico previo a la pandemia

Por otro lado, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han permitido cubrir en el periodo más duro de la pandemia a casi 3,4 millones de trabajadores y más de 500.000 empresas. A finales de noviembre, el 78% de los trabajadores habían salido del ERTE con una reincorporación prácticamente completa a su puesto de trabajo (superior al 94%). Aun así, noviembre se cerró con 746.900 personas en ERTE, de los que 420.604 pertenecen a sectores ultraprotegidos y empresas afectadas por las restricciones administrativas. En principio, las empresas que vean impedido o limitado el desarrollo de su actividad de trabajo como consecuencia de las limitaciones sanitarias podrán prorrogar sus ERTE hasta el 31 de enero de 2021.

Además, la aportación extraordinaria para autónomos ha cubierto en los últimos meses a 1,5 millones de afiliados, amortiguando la paralización de su actividad. A primeros de diciembre, más de 355.000 autónomos cobraron alguna de las prestaciones aprobadas para paliar su situación, como las concedidas a aquellos que se han visto obligados a suspender temporalmente su actividad por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia. Al igual que los ERTE, las ayudas para autónomos se han ampliado hasta el 31 de enero.

Insuficientes. La digitalización de la economía requiere la transformación de las empresas, especialmente las pymes, con inversión en nuevas tecnologías y la formación de su personal, para lograr aumentar su productividad y rentabilidad. Este es un desafío prioritario tanto para España como para Europa porque, según el DESI 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digital publicado por la Comisión Europea el pasado mes de junio), en 2019 sólo un 17% de las pymes europeas utilizaron servicios en la nube, un 12% analizaron los macrodatos y un 17,5% vendieron productos o servicios online.

De hecho, el 53% de las empresas que han optado por un ERTE piensan que no podrán mantener el empleo en los próximos seis meses y que su plantilla disminuirá en los próximos meses. Entre los autónomos, sólo el 15,5% confían en poder conservar la totalidad de su plantilla.

En cuanto a la financiación con aval del Estado, el 47% de las empresas la han solicitado o prevén hacerlo, pero un 25% se quejan de haberse encontrado con dificultades para conseguirla.

La coyuntura es tan preocupante que la pyme española pide con urgencia medidas complementarias para sobrevivir, entre las que destacan una reducción temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, la reducción temporal de impuestos y ayudas económicas directas a las pymes en los sectores más afectados.

El mapa empresarial español

Tipo de empresa	Empresas	% Variación anual empresas	Empleo	% Variación anual empleo
Pyme (0-249 asalariados)	2.870.096	0.22%	10.172.518	-3%
-Pyme sin asalariados	1.588.443	2.49%	1.588.443	2.49%
-Pyme con asalariados (1-249)	1.281.653	-2.47%	8.584.075	-3.95%
Grandes empresas (250 o más asalariados)	4.783	-1.46%	5.676.787	2.14%
TOTAL	2.874.879	0.21%	15.849.305	-1.22%

Fuente: Cifras Pyme. Octubre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Refuerzos. De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado mediante un real decreto ley (en vigor desde el 17 de noviembre de 2020) una serie de medidas adicionales para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos.

Entre otras novedades, se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2021 el plazo de concesión de las dos líneas de avales públicos de hasta 140.000 millones de euros gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las empresas y autónomos que cumplan los criterios establecidos (fundamentalmente no estar en mora ni incursas en un procedimiento concursal) podrán ampliar el plazo de vencimiento de los préstamos desde los cinco años actuales hasta un máximo de 8. Además, podrán gozar de 12 meses más de carencia en el pago del principal, siempre que la carencia total no supere los 24 meses. Las entidades financieras dispondrán de hasta 30 días para aprobar las solicitudes de ampliación de plazos que reciban.

El objetivo es que las empresas que lo necesiten dispongan de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus servidumbres financieras. Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (77.500 euros con un tipo del 2,5%), que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 euros a partir de entonces.

Incertidumbre. Las hipótesis del Banco Central Europeo sostienen que en 2021 se recuperará el crecimiento económico a escala mundial, con una previsión del 5% para la zona euro. Para España, las estimaciones del Gobierno hablan de un crecimiento superior al 7% en 2021, que podría superar el 9% gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el que nuestro país recibirá entre 2021 y 2023 unos 70.000 millones de euros de la UE. En 2021, se transferirán 27.000 millones, que supondrán un fuerte impulso de la inversión, especialmente en bienes de equipo.

España ha depositado grandes expectativas en este plan para salir de la actual crisis. Las previsiones actuales son que en 2023 se recupere la senda de crecimiento económico previo a la pandemia. Es más, se espera ese año que el PIB de la economía española se sitúe 6 puntos por encima del nivel que se hubiera alcanzado sin dicho plan.

Sin duda, es un escenario prometedor pero, hoy por hoy, la realidad de millones de empresarios y trabajadores es muy distinta. Aun cuando poco a poco se vaya volviendo a la normalidad, las áreas de actividad relacionadas con el turismo y el transporte tardarán en alcanzar los niveles previos a la pandemia. La brecha se irá cerrando a un ritmo desigual y de forma mucho más lenta para los negocios que sigan afectados de alguna manera por medidas de distanciamiento.

Además, en el horizonte cercano, los empresarios miran con temor a un futuro amenazado por la morosidad. En este sentido, CEPYME subraya que el periodo medio de pago supera los 87 días –la cifra más alta desde 2011– y el 50% de las empresas que sufren mora pueden acabar en situación de insolvencia o cierre.

A eso se suma el peligro que puede implicar el elevado endeudamiento en el que están incurriendo las empresas para evitar su desaparición. En opinión de la Central de Balances del Banco de España, hasta el 10% de las empresas pueden acabar siendo inviables. Este porcentaje se eleva hasta el 30% en la hostelería, uno de los sectores más afectados por las restricciones.

Diferentes políticas fiscales para hacer frente a la pandemia

PAÍS	Aplazamiento y suspensión de impuestos a empresas	Subvención de costes laborales y desempleo, y apoyo a empresas	Apoyo a empresas (avales, créditos, recapitalizaciones)
España	● Moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 € por figura impositiva. ● Ajuste del pago del impuesto de la renta para autónomos.	● Flexibilización de los ERTE, extensión de la prestación por desempleo a más colectivos, mayor protección de desempleados con trabajos estacionales.	● Avales y garantías públicas (ICO) de 100.000 millones € para préstamos de las empresas no financieras. Aprobada una línea adicional de 40.000 €. ● 2.000 millones € adicionales para exportadores. ● Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (10.000 millones €)
Alemania	● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas y medidas impositivas de apoyo a la inversión. ● Reducción del IVA a empresas de restauración durante 1 año a partir del 1 de julio de 2020.	● Relajación y flexibilización del Kurzarbeit (modelo alemán de reducción de jornada) y aumento de las prestaciones. ● Programas de subvenciones y pagos directos a microempresas y autónomos (extendido a todo tipo de empresas). ● Extensión desempleo por 3 meses (hasta 2 años para los mayores de 50 años). ● Tope del 40% a contribuciones a la Seguridad Social	● Programa de avales públicos del banco KfW (presupuestado en 820.000 millones €). ● Creación de un fondo de rescate para grandes empresas: 400.000 millones € en garantías; 100.000 millones € préstamo al KfW; 100.000 millones € para recapitalizaciones. ● Apoyos a sectores estratégicos (aeronáutico).
Francia	● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas. ● Se acelera la devolución de créditos fiscales.	● Refuerzo del sistema de desempleo parcial. ● Aplazamiento del pago de seguros sociales, alquileres y suministros. ● Creación del Fondo de Solidaridad para microempresas y autónomos.	● Programa de garantías públicas a empresas de cualquier tamaño a través de Bpifrance por 300.000 millones de euros. ● Apoyo a empresas estratégicas.

PAÍS

Aplazamiento y suspensión de impuestos a empresas

Subvención de costes laborales y desempleo, y apoyo a empresas

Apoyo a empresas (avales, créditos, recapitalizaciones)

España

● Moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 € por figura impositiva.
● Ajuste del pago del impuesto de la renta para autónomos.

● Flexibilización de los ERTE, extensión de la prestación por desempleo a más colectivos, mayor protección de desempleados con trabajos estacionales.

● Avales y garantías públicas (ICO) de 100.000 millones € para préstamos de las empresas no financieras. Aprobada una línea adicional de 40.000 €.
● 2.000 millones € adicionales para exportadores.
● Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (10.000 millones €)

Alemania

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas y medidas impositivas de apoyo a la inversión.
● Reducción del IVA a empresas de restauración durante 1 año a partir del 1 de julio de 2020.

● Relajación y flexibilización del Kurzarbeit (modelo alemán de reducción de jornada) y aumento de las prestaciones.
● Programas de subvenciones y pagos directos a microempresas y autónomos (extendido a todo tipo de empresas).
● Extensión desempleo por 3 meses (hasta 2 años para los mayores de 50 años).
● Tope del 40% a contribuciones a la Seguridad Social

● Programa de avales públicos del banco KfW (presupuestado en 820.000 millones €).
● Creación de un fondo de rescate para grandes empresas: 400.000 millones € en garantías; 100.000 millones € préstamo al KfW; 100.000 millones € para recapitalizaciones.
● Apoyos a sectores estratégicos (aeronáutico).

Francia

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas.
● Se acelera la devolución de créditos fiscales.

● Refuerzo del sistema de desempleo parcial.
● Aplazamiento del pago de seguros sociales, alquileres y suministros.
● Creación del Fondo de Solidaridad para microempresas y autónomos.

● Programa de garantías públicas a empresas de cualquier tamaño a través de Bpifrance por 300.000 millones de euros.
● Apoyo a empresas estratégicas.

Fuente: Banco de España. “Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020).

«Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo», por Gerardo Cuerva

EL ESCAPARATE

GERARDO CUERVA

presidente de CEPYME

@CepymeNews

Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo

LA CRISIS provocada por la COVID‐19 está impactando de forma muy acusada en nuestro tejido empresarial y la salida de esta coyuntura definirá el futuro de la economía española. Está en juego la competitividad de nuestras empresas. No sólo se debe trabajar en superar esta crisis, sino en cómo superarla.

El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis definirá nuestro país para las próximas décadas. España no se puede permitir que las empresas españolas salgan con una importante pérdida de competitividad respecto de las empresas de nuestros países vecinos.

En estos momentos de crisis e incertidumbre, debemos mirar, y yo diría “mimar”, a nuestras empresas. Tanto a las empresas que intentan resistir esta crisis y que ven que está en riesgo su viabilidad, como a las empresas que tienen un crecimiento consolidado, para que puedan mantenerlo y seguir creciendo en el futuro. Estas empresas son esenciales para la competitividad de nuestra economía y para el progreso económico y social de nuestro país.

Porque, hoy más que nunca, las empresas son la clave de la recuperación.

Por eso, en las actuales circunstancias el objetivo prioritario debe ser salvar el mayor número posible de empresas, reducir al mínimo la destrucción del tejido empresarial, que debe ser la base sobre la que se sustente la larga, difícil e incierta recuperación que los organismos internacionales auguran para nuestro país, el más golpeado por la pandemia en Europa.

Las empresas están resistiendo de una manera ejemplar, pero el daño es considerable y en muchos casos irreparable.

Desde mediados de marzo hasta finales de abril, en los primeros envites de la pandemia, se destruyeron 100.000 empresas, más que en el peor año de la crisis anterior (2009), que registró una caída de 93.000 y más de la mitad de las empresas perdidas en el período 2007‐2012 (177.000).

Según los datos del Barómetro de la Pyme que realizamos desde CEPYME, el 90% de las empresas han reducido sus ingresos y el 40% factura la mitad. Además, el 51% de las pymes ve en riesgo la supervivencia, porcentaje que se eleva hasta el 79% en el sector de la hostelería, uno de los más afectados por las restricciones a la actividad.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno, como los ERTE o los créditos ICO, que resultaron eficaces en la primera ola de la pandemia, son claramente insuficientes para afrontar esta situación que se prolonga en el tiempo y cuyos efectos sobre la situación económica se agravan a medida que se suceden las restricciones de la actividad para contener la pandemia.

Las empresas necesitan liquidez. No olvidemos que los avales del ICO son créditos que habrá que devolver y que las empresas se han endeudado en estos meses en más de 100.000 millones de euros. La crisis de liquidez puede llevar a una crisis de insolvencia, en la que muchas empresas se queden por el camino y el conjunto de nuestro tejido empresarial quede muy debilitado.

“El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis
definirá nuestro país para las próximas décadas”

Además, las empresas necesitan certidumbre. No podemos negociar la renovación de los ERTE cuando esté a punto de vencer su cumplimiento, mientras que el estado de alarma ya está previsto hasta el mes de mayo.

Se precisan ayudas directas para afrontar esta situación, similares a las que están adoptando otros países de nuestro entorno. Ayudas que permitan a nuestras empresas estar en las mismas condiciones competitivas que nuestras homólogas europeas, cuando esta crisis concluya y se inicie la ansiada recuperación.

Es urgente abordar medidas como el aplazamiento de los impuestos y otras obligaciones, facilitar la renegociación de los alquileres y la reestructuración de la deuda de las empresas. Y acometer planes de estímulo de la actividad económica.

España sólo ha dedicado un 12% de los recursos a apoyar al tejido empresarial, frente al 60% de Alemania, por ejemplo. Y, una vez más, es preciso insistir en que de esta crisis sólo saldremos con las empresas. Sin ellas, no hay progreso ni bienestar social ni sostenibilidad, ni empleo. Sin ellas, no hay futuro.

En estas condiciones, medidas como el incremento de los impuestos o la subida del Salario Mínimo Interprofesional van precisamente en la dirección contraria, incrementando los costes de las empresas, muchas de ellas al límite como consecuencia de la falta de actividad y la caída del consumo.

Sin duda, los fondos de recuperación comunitarios son el necesario maná para afrontar la reestructuración y la recuperación de nuestro tejido productivo. Pero para que sus efectos sean reales, es preciso ejecutarlos con eficacia, en proyectos de futuro, que aborden los retos que tiene nuestra economía y nuestras empresas y, sobre todo, que lleguen realmente a las pequeñas y medianas empresas, las que más están sufriendo en estos momentos y la base de nuestro tejido empresarial. No olvidemos que el 99’8% de las empresas españolas son pymes y, sin ellas, la recuperación no será posible.

SOS – Salvemos el turismo

EL ESCAPARATE

SOS: Salvemos el turismo

En 2019 el sector del turismo daba empleo a 330 millones de personas en todo el planeta y representaba el 10,3% del PIB mundial. Tras más de seis décadas de crecimiento continuado, en 2020 se ha visto duramente golpeado por la pandemia. España es uno de los países más afectados porque el turismo, que aportó en 2019 el 14% del PIB, es uno de sus principales motores económicos. Los países del G20 han lanzado un plan de recuperación urgente para salir de una crisis sin precedentes.

ELVIRA ARROYO

[email protected]

Uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo, 330 millones, corresponden al sector del turismo y viajes. Además, el 25% de los nuevos empleos creados en los últimos cinco años pertenecen a este sector, que se ha consolidado como uno de los grandes pilares del crecimiento económico mundial y nacional.

En los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) la actividad turística aporta directamente el 4,4% del PIB, el 6,9% del empleo y el 21,5% de las exportaciones de servicios. En España su peso es muy superior, ya que en 2019 contribuyó al 14,3% del PIB, daba empleo a más de 2,8 millones de personas (el 14,6% de la población activa) y el turismo internacional generó 77.800 millones de euros. En 2018, las exportaciones de viajes representaron el 52,3% del total español.

Aunque a largo plazo las perspectivas de este sector son prometedoras, ahora atraviesa uno de sus momentos más aciagos. La pandemia del COVID-19 ha reducido los viajes drásticamente y ha desencadenado en el turismo una crisis sin precedentes.

Efectos devastadores. España es uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de esta realidad, tanto en la llegada de turistas internacionales como en los desplazamientos internos.

En los ocho primeros meses de 2020, han visitado nuestro país 15,7 millones de extranjeros, un 73% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando llegaron 58,1 millones. Los principales países emisores han sido Francia (con cerca de 2,9 millones de turistas y un descenso del 64,7%); Reino Unido (con más de 2,6 millones y una bajada del 78,9%), y Alemania (con casi 2,1 millones de turistas, un 73% menos). Sus destinos preferidos han sido Cataluña, Canarias y Andalucía.

Igualmente, los desplazamientos dentro de España se redujeron un 82% en el segundo trimestre del año debido a las limitaciones de movilidad impuestas por el estado de alarma. Por meses, la caída fue de un 97,1% en abril, un 88,1% en mayo y un 61,8% en junio. El 90% de los viajes se hicieron en vehículo propio, frente al 74,9% del mismo trimestre de 2019.

En términos económicos, Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, destaca que en el verano de 2020 la actividad turística en España registró un desplome histórico de 39.903 millones de euros respecto a 2019, un 69,2% menos. Además, el empleo turístico sigue siendo el más dañado, con 595.000 puestos de trabajo afectados por la pandemia hasta septiembre. Esto se debe a la reducción de los afiliados (281.000 menos que en 2019) y al alto número de personas en ERTE (315.000 en septiembre de 2019).

A escala mundial, el Barómetro OMT del Turismo Mundial muestra un descenso del 70% en las llegadas internacionales durante los ocho primeros meses de 2020. Además, según las previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), a finales de 2020 se habrán visto afectados más de 197 millones de puestos de trabajo en el mundo y se perderán más de 4.600 millones de euros debido al colapso actual.

Para saber más

Portal oficial de Turismo de España. Propuestas de destinos, guías y recomendaciones para extranjeros y españoles que quieran descubrir España.

Rastreador de recuperación turística. Organización Mundial del Turismo. Herramienta que agrupa los indicadores clave del comportamiento del turismo por meses, regiones y subregiones, permitiendo una comparación en tiempo real de la recuperación del sector en distintos lugares del mundo. (en inglés).

Evolución y necesidades del sector turístico español ante el impacto del coronavirus.
Exceltur. Octubre de 2020. Valoración empresarial de la situación actual y perspectivas.

Mapa de las restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de España. Ministerio de Asuntos Exteriores. Gobierno de España.

Estrategia internacional. Esta situación ha llevado a los líderes mundiales a buscar soluciones globales para evitar consecuencias aún peores. Todos coinciden en que la supervivencia del sector depende de una adecuada coordinación entre los gobiernos para eliminar barreras y generar confianza en los viajeros. También insisten en que es apremiante reanudar la actividad turística porque hay millones de puestos de trabajo y empresas en juego.

El pasado 7 de octubre el WTTC presentó a los ministros de Turismo del G20 un plan de recuperación para salvar 100 millones de puestos de trabajo en el mundo. Este plan, elaborado a petición de Arabia Saudí -actualmente en la presidencia del G20-, incluye doce puntos para el sector privado y doce para el sector público, orientados a reactivar los viajes internacionales.

Entre las acciones contempladas para las empresas privadas, destaca la implantación de protocolos de seguridad y salud estandarizados en todas las industrias y países para hacer viajes seguros. También colaborarán con los gobiernos en la realización de las pruebas de COVID-19 antes de la salida; adoptarán tecnologías innovadoras que permitan gestionar mejor los flujos de visitantes y ofrecerán flexibilidad para hacer reservas o cambios, especialmente cuando estos se deban a causas relacionadas con la pandemia. Los patrones comerciales se adaptarán a la nueva situación mundial y se lanzarán productos más asequibles para estimular los viajes internacionales. Al mismo tiempo, los profesionales del turismo se beneficiarán de programas formativos que les doten de las habilidades digitales básicas para sus funciones.

Sin embargo, para alcanzar el objetivo de recuperar 100 millones de empleos, el sector privado necesita el apoyo del sector público. Por ello, el plan diseñado por el WTTC propone que los gobiernos adopten un criterio coordinado para reabrir las fronteras y que abran «corredores aéreos» entre países o ciudades con similares situaciones epidemiológicas, especialmente las siguientes: Londres, Nueva York, París, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Shanghai, Washington DC, Atlanta, Roma, Estambul, Madrid, Tokio, Seúl, Singapur y Moscú.

También se trabajará en la aplicación de un protocolo internacional de pruebas y un estándar de rastreo de contactos en colaboración con el sector privado. Otra petición recurrente es que las cuarentenas solo se impongan cuando haya pruebas positivas, lo que reduciría claramente su impacto negativo en el empleo y la economía. Asimismo, habrá que seguir invirtiendo recursos públicos y privados en planes de contingencia y prevención que fortalezcan la respuesta del sector ante crisis futuras.

Más acción. El Gobierno de España ha manifestado su total acuerdo con este tipo de iniciativas, pero el sector empresarial reclama concreción y una dotación presupuestaria para ayudas directas. Exceltur se queja de la escasa receptividad que ha tenido la presentación del Plan Renacer Turismo Español 2020-2023 ante la Comisión de Recuperación del Congreso. En la actual coyuntura consideran que es apremiante poner en marcha un gran plan de rescate para el sector.

Según los datos difundidos por la alianza de marketing turístico Travel Consul, si las agencias, turoperadores e intermediarios españoles no reciben apoyo o ayudas públicas, su supervivencia está en riesgo: el 40% reconoce que puede sostener su negocio hasta tres meses y un 38% podrá hacerlo seis meses.

Como medidas inmediatas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha anunciado que el Ejecutivo está analizando ampliar los periodos de carencia y de amortización de los créditos ICO para que los negocios sean viables cuando recuperen la normalidad. También ha confirmado que el presupuesto en el área de Turismo para el año 2021 asciende a 1.349,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.036 millones, el 331,29% respecto al presupuesto prorrogado de 2018. Este significativo aumento se debe a la dotación de 1.121,6 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

Además, como parte del Plan de Impulso al Turismo presentado en junio, en el primer trimestre de 2021 se iniciará un programa de formación para más de 70.000 trabajadores y trabajadoras del sector turístico, especialmente de la hostelería. Incluye acciones como la potenciación del proyecto “Digitalízate” y la creación de una Tarjeta de Competencias Profesionales en Hostelería, que recogerá la información relativa a la experiencia laboral y a la formación de su titular.

Corredores seguros. Desde el 9 de octubre, Canarias y Baleares disponen de un protocolo para establecer corredores turísticos con los países europeos. El objetivo es reactivar el turismo en los dos archipiélagos sin poner en riesgo la salud pública.

De acuerdo con este protocolo, todo viajero que llegue a Canarias o Baleares procedente de un territorio con una Incidencia Acumulada (IA) de 50 o menos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días no deberá someterse a ningún test a su llegada a los archipiélagos. Aquellos con origen en territorios con una IA mayor a 50 tendrán que presentar un test negativo realizado 48 horas antes del vuelo como máximo.

Del mismo modo, antes de abandonar las islas, todos los viajeros deberán hacerse un test de diagnóstico de infección activa 48 horas antes del vuelo. Estas pruebas se realizan en dependencias asignadas por las autoridades sanitarias, sin coste para el turista. Los que den positivo no podrán volar y tendrán que guardar cuarentena en el mismo destino. Los gobiernos de Canarias y Baleares también se harán cargo de la cobertura necesaria en caso de cuarentena y han habilitado una serie de alojamientos para este fin. También cubrirán la asistencia sanitaria u hospitalización.

Alemania y Reino Unido ya han eliminado las restricciones de viajes a Canarias, un destino elegido mayoritariamente por los turistas de estos dos países para pasar el invierno. Sin embargo, el último confinamiento anunciado por el Reino Unido y la amenaza de nuevas restricciones en otros países europeos hacen ver con pesimismo la posibilidad de salvar la temporada.

En plena transformación. La irrupción de la pandemia se ha producido además en un momento en el que el turismo se preparaba para acometer cambios que afianzaran su posición en la economía mundial tras más de 60 años de mejora continuada.

El informe Tendencias y políticas en el sector del turismo en 2020, publicado por la OCDE a principios de marzo, señala que, aunque las perspectivas a corto plazo son inciertas debido a la pandemia y a la inestabilidad económica, a largo plazo se espera que el turismo continúe su línea ascendente. Para ello, es necesario emprender un conjunto de reformas que deberán esperar a que pase la crisis sanitaria.

En el ámbito público, la OCDE recomienda seguir diseñando políticas con visión de futuro, que aseguren el crecimiento del sector y garanticen mayores beneficios para las poblaciones y empresas locales, algo que muchos gobiernos ya están fomentando. A la vez, el rápido desarrollo de la economía colaborativa, los sistemas de pago móvil, las aplicaciones de realidad virtual y aumentada, o la inteligencia artificial, afectarán a los productos y servicios turísticos, por lo que probablemente habrá que desarrollar normativas que protejan a los consumidores y ayuden a maximizar las oportunidades.

El sector debe avanzar también en su proceso de transformación digital. La digitalización ha cambiado el turismo, permitiendo a los consumidores contratar viajes con gran facilidad y dando a las empresas acceso inmediato a los mercados globales. La proporción de empresas turísticas que hacen ventas online en los 28 países de la OCDE es superior a la de otros sectores: el 77% tienen página web y el 70% utilizan las redes sociales. Sin embargo, las tecnologías que mejoran la productividad, como el análisis de datos, siguen teniendo poca aceptación en el turismo.

Las nuevas tecnologías se han implantado en gran medida en las grandes plataformas, pero muchas pequeñas y medianas empresas se han quedado al margen, algo que no se pueden permitir si quieren prosperar en el futuro. En el año 2040 la mayoría de los turistas serán los milenials y las generaciones siguientes, un nuevo tipo de clientes que solo están familiarizados con empresas nativas digitales, por lo que la oferta futura tendrá que adaptarse a sus necesidades.

Sostenibilidad. También es necesario integrar plenamente la sostenibilidad en las prácticas turísticas, con el fin de apoyar la transición hacia una economía verde, libre de carbono y resiliente frente al cambio climático. Esta es una meta prioritaria para el Gobierno de España, que tiene previsto aprobar en esta legislatura la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, una agenda en la que están participando el sector y las comunidades autónomas.

Aunque los datos previos a la pandemia dejaban ver un escenario de prosperidad para los próximos 10 años, el Gobierno ya había expresado su inquietud por reorientar el turismo español hacia la sostenibilidad, no como un valor añadido, sino como requisito para que siga siendo un motor económico y social durante muchos años más. Este crecimiento sostenible debe ir acompañado de la superación de inconvenientes como la pérdida de identidad de los destinos, la saturación de los espacios, la contaminación ambiental o la distribución desigual de los beneficios que acompaña al modelo turístico actual.

España parte de una situación muy ventajosa para acometer este tipo de retos, no solo porque es desde hace décadas un referente turístico mundial gracias a su climatología y a la calidad de sus playas. También es el segundo país del mundo en patrimonio histórico cultural declarado patrimonio de la humanidad; y es líder europeo en espacios naturales protegidos. Cuenta además con un turista internacional muy fiel, que repite sus vacaciones en más del 80% de los casos.

Aun así, para mantener su excelente posición, el turismo español debe hacer frente a algunas debilidades que pueden condicionar su crecimiento futuro, como la elevada dependencia del turismo de sol y playa, o la gran dependencia de determinados mercados, como se ha visto en los últimos meses, ya que el Reino Unido, Francia, y Alemania suponen más del 50% de los visitantes internacionales.

El deseado repunte. Por ahora, el sector intenta sobrevivir como puede a su peor época, sin saber cuándo llegará la recuperación. De momento, Exceltur anticipa una situación límite en España para el final de 2020, con caídas de ventas de las empresas turísticas de hasta un 77,6%, 16 puntos más de lo esperado a mediados de agosto. Esta asociación estima que, al cierre de 2020, el PIB turístico español tendrá un descenso de actividad de 106.159 millones de euros, un 69,6% menos que en 2019. De confirmarse estas previsiones, en 2020 España generaría 46.431 millones de euros de PIB turístico, lo que la situaría en niveles de 1995.

Por otro lado, las expectativas empresariales de recuperación de la actividad turística a niveles previos a la pandemia se han retrasado. Si en junio de 2020 un 51% de los empresarios pensaban que a mediados de 2021 se iniciaría el repunte, en octubre solo un 10% veía posible la recuperación en ese año.

El grupo de expertos de la OMT (Organización Mundial del Turismo) prevé un repunte del turismo internacional en el tercer trimestre de 2021, aunque un 20% de estos creen que habrá que esperar a 2022. Las restricciones para viajar se consideran la principal barrera para la recuperación del turismo internacional, junto con la lentitud con que se está conteniendo el virus y la baja confianza de los consumidores. La falta de una respuesta coordinada entre los países para garantizar protocolos armonizados y el deterioro del entorno económico son otros aspectos señalados por la OMT como importantes obstáculos para la vuelta a la normalidad.

Mientras, será imprescindible apoyar al sector con ayudas directas para superar este bache. La Comisión Europea calcula que será necesaria una inversión de 161.000 millones de euros para volver a los niveles anteriores de la crisis. Los Estados miembros tienen de plazo hasta abril de 2021 para presentar sus agendas nacionales de inversión y reforma en consonancia con los dos objetivos estratégicos: digitalización y sostenibilidad.

En cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan, la Unión Europea quiere volver a ser el principal destino turístico. De hecho, ya ha adelantado que una de sus prioridades es convocar una convención europea de turismo, con el fin de comenzar a construir la hoja de ruta hacia un ecosistema turístico europeo sostenible, innovador y resiliente, que se concretará en la “Agenda europea de turismo 2050”.

El 40% de las agencias, turoperadores e intermediarios españoles señalan que si no reciben ayudas solo pueden sostener su negocio hasta tres meses

Recuperar la confianza

La última encuesta mundial realizada por Travel Consul a más de 1.000 agentes y turoperadores sobre el impacto del COVID-19 en el turismo confirma que el aspecto más relevante para los viajeros a la hora de considerar un destino es que este disponga de certificados sanitarios y de seguridad. Esto es clave para el 70% los españoles y para el 74% de los encuestados, seguidos de la gestión gubernamental de la pandemia y el precio.

Asimismo, la recuperación de la confianza deberá ir acompañada de políticas de cancelación más flexibles.

De confirmarse las actuales previsiones, España cerraría 2020 con 46.431 millones de euros de PIB turístico, lo que la situaría en niveles de 1995

Destino a ninguna parte

La necesidad de reinventarse ha llevado a algunas aerolíneas a ofrecernos subir a un avión solo para disfrutar de unas horas de vuelo.

Los pasajeros ven el lugar de destino desde el aire, sacan fotografías, disfrutan de un servicio de comidas y bebidas a bordo y vuelta a casa. Una experiencia que muchos califican como única después de meses sin subir a un avión. Una de las compañías que prestan este servicio es la australiana Qantas Airways, que ofrece varios destinos dentro de Australia y a la Antártida.

También en Singapur se organizan cruceros a ninguna parte, con salida y regreso en el mismo puerto, sin hacer escalas. Los viajeros disfrutan del placer de estar en alta mar sin apenas distanciarse de su lugar de origen. Previamente, se les practica una prueba para comprobar que no tienen el COVID-19.

Los líderes mundiales reclaman una estrategia internacional coordinada con el sector privado para salir del colapso actual

Referente internacional

ESPAÑA aspira a ser uno de los países más ciberseguros del mundo, para lo cual deberá incrementar su resiliencia ante los incidentes cibernéticos e incrementar la formación de talento. De aquí a 2025 se propone contar con 20.000 especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA) y datos gracias a la actividad de entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Además, sobre la base del ecosistema empresarial creado en el entorno del INCIBE, se potenciará la participación de España en diferentes iniciativas internacionales, como la candidatura para albergar el futuro Centro Europeo de Ciberseguridad. En la misma línea, el Centro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en Quart de Poblet (Valencia), trabaja para ser reconocido como un referente mundial en ciberseguridad, entre otros aspectos.

Llegada de turistas internacionales* a España en 2020

	Enero-Agosto 2020	Variación anual
Total	15.692.636	-73%
Francia	2.875.192	-64,7%
Reino Unido	2.665.571	-78,9%
Alemania	2.078.327	-73%
Países nórdicos	1.046.796	-71,7%
Países Bajos	813.425	-69%
Italia	804.800	-74,7%
Bélgica	601.306	-66,7%
Portugal	585.326	-63,3%
Suiza	333.999	-72,7%
Irlanda	277.770	-82,1%
Resto de Europa	1.470.311	-72,6%
Estados Unidos	377.487	-83,3%
Resto de América	789.977	-68,2%
Resto del mundo	972.349	-73,9%

*No incluye viajeros en tránsito ni visitantes de un sólo día sin pernoctación.
Fuente: Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Agosto 2020

El turismo español en cifras

Contribución al PIB	14,3%
Puestos de trabajo	2.878 millones (14,6% del total)
Turistas internacionales recibidos	84 millones
Ingresos del turismo internacional	77.800 millones de euros

Fuente: Datos de 2019. Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)

Las empresas turísticas en España

Tamaño
Entre 1 y 2 trabajadores	78,7%
Entre 2 y 100 trabajadores	21%
Más de 100 trabajadores	0,3%

Principales subsectores

	Nº de empresas
Agencias de viaje	Más de 7.000
Alojamientos turísticos	Más de 16.000
Hostelería	Más de 300.000
Transporte de viajeros (terrestre)	60.574
Alquiler de vehículos	5.000

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

«Turismo somos todos», por Santiago Aguilar

EL ESCAPARATE

SANTIAGO AGUILAR

presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo

@saguilarmdea

Turismo somos todos

EL AÑ0 2020 nos ha sorprendido con una crisis cuyo origen y alcance me atrevería a decir que nadie era capaz de prever hace no más de un año. Somos víctimas de una pandemia que está provocando millones de infectados y cientos de miles de muertos en todo el mundo, y las cifras no paran de crecer. La mayoría de los países está tomando medidas de contención ante el avance del virus que, salvo en contadas excepciones, se están mostrando como poco eficientes o incluso muchas veces totalmente inútiles. El desconocimiento que tenemos sobre el virus que ha originado el Covid-19 es tan grande que muchas de esas medidas resultan divergentes de unos territorios a otros, en muchas ocasiones si dar tiempo a comprobar su eficacia antes de modificarlas o incluso abolirlas. Y esto a los ciudadanos nos resulta desconcertante, cuando no preocupante. Una de las medidas que sí se está tomando a nivel global en busca de frenar la expansión del virus es la restricción en la movilidad. En unos casos se trata confinamientos domiciliarios, en otros de cierres perimetrales, en algunos de restricciones en origen y destino, pero en cualquier caso todos parecen coincidir, lo que a mi juicio es bastante lógico, en que limitando los desplazamientos de la población es más que probable que dificultemos la expansión del virus. Todos somos conscientes de los efectos negativos que dicha prevención tiene sobre las relaciones sociales y económicas de ámbito mundial, y muy especialmente sobre el turismo, actividad para la que por definición es condición sine qua non el desplazamiento fuera del domicilio habitual, según recoge la propia Organización Mundial del Turismo, que lo define como “un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico”. Seguridad y renta. Además de la máxima facilidad para los desplazamientos, el turismo necesita también de la coexistencia de dos requisitos también fundamentales para que se produzca, como son la seguridad y la disponibilidad de renta. Por seguridad entiendo no sólo la seguridad física, saber que nada amenaza tu salud o tu integridad física de manera señalada, lo que en el caso de la pandemia que nos atenaza resulta evidente. Seguridad también es la falta de incertidumbre por el futuro, la confianza en las condiciones y en las medidas que se estén aplicando en el destino, o incluso en tu propio país, el hecho de saber no sólo a dónde vas, sino que a la vuelta vas a encontrar las cosas como las dejaste. Y mucho me temo que la actual deriva de medidas descoordinadas y en muchas ocasiones contradictorias que están llevando nuestras autoridades a todos los niveles no contribuye precisamente a esa necesaria seguridad.

«El turismo español es líder en innovación, formación, eficiencia, investigación y desarrollo. Exportamos know-how a todo el mundo»

Y en cuanto a la renta disponible, con un elevado porcentaje de población sometido a ERTE, cuando con la amenaza de un ERE o incluso ya en el desempleo, con infinidad de autónomos abocados al cese de actividad, o como poco a su drástica disminución, con cientos o miles de negocios abocados al cierre temporal o definitivo, no parece que nos encontramos en la mejor coyuntura posible para animarnos a disponer de nuestros ahorros para viajar. A nadie puede sorprender, pues, que la llegada de turistas extranjeros a España se haya desplomado este año, con descensos inimaginables hasta ahora. Hemos sufrido el que ha sido el peor primer semestre de la historia reciente, con descensos que en junio llegan a cifrarse en un 97% menos de llegadas. El verano ha sido catastrófico, con descensos en torno al 75% en julio y agosto y de nuevo de cerca del 90% en septiembre, con la llegada de la temida segunda oleada del coronavirus y el consiguiente endurecimiento de las medidas restrictivas. Es verdad que hemos experimentado un cierto alivio gracias al desarrollo de la demanda interna, pero ni de lejos ha sido suficiente para compensar las enormes pérdidas que deja la ausencia de turismo internacional. Se ha debatido mucho últimamente sobre la excesiva dependencia del turismo en España, así como sobre la eficiencia de nuestro sector y su aportación a nuestra economía global. En el mes de mayo nos topamos con unas a mi juicio desafortunadísimas declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificando el turismo como un sector estacional, precario y de escaso valor añadido. Todo el sector fue un clamor exigiendo una rectificación, pero no se obtuvo ni siquiera una matización sobre esas declaraciones. Más recientemente, el propio Vicepresidente Segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, ha argumentado que la fortaleza del turismo en España nos hace débiles ante crisis como la actual, calificando de excesiva la dependencia que nuestra economía tiene del mismo. Es cierto que otros sectores de la economía tienen mucho margen para crecer, y que sería deseable una mejor distribución de la aportación al PIB de actividades como la industria o la agricultura. Pero el crecimiento de estos sectores no se consigue de ninguna manera poniendo trabas al turismo, nuestra principal fuente de ingresos de divisas y la actividad que ha puesto a España en el mapa y ha contribuido de manera indiscutible a la salida de nuestro país del ostracismo al que estábamos sometidos hasta la década de los 60 del siglo XX. Y hacer declaraciones restando importancia a la innegable aportación de este sector al desarrollo socioeconómico de nuestro país es ponerle trabas. El turismo español es líder en innovación, formación, eficiencia, investigación y desarrollo. Exportamos knowhow a todo el mundo, y nuestras empresas están presentes en los cinco continentes. Nuestros profesionales son reconocidos por su alto nivel de formación y muchos estudiantes de otras nacionalidades vienen a formarse con nosotros. Y, sin embargo, dentro de nuestras fronteras el turismo parece ser considerado una actividad de segundo orden. Esto, por desgracia, no es nuevo. La reivindicación del reconocimiento de la formación y la profesión turística ha sido el principal caballo de batalla desde la fundación en 1967 de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, creada por un grupo de recién titulados, que apostó de manera clara por la calidad tanto del servicio como de los estudios, en aras a transformar el sector turístico español en el líder que es hoy, a pesar del escaso reconocimiento que se nos sigue dando dentro de nuestras fronteras. Como ejemplo, no es hasta los años 90 del siglo XX que los estudios de turismo llegan a la universidad. El turismo representa para España una importantísima fuente de ingresos que supone cerca del 15% del PIB nacional, y que sumando la aportación indirecta llega cerca del 30%. El turismo es una actividad totalmente transversal, que involucra a todos los estratos de la sociedad y de la economía. Es un motor fundamental para que la sociedad avance, para que las diferentes industrias que de una manera u otra están involucradas en el sector no se detengan, y para que el enorme potencial que tiene el turismo en generar empleo continúe. Y aún hay más, el turismo proporciona cultura y beneficios sociales a la comunidad; igualmente se consigue, en la mayoría de los casos, una mayor y mejor gestión del respeto medioambiental, y facilita a los pueblos el acceso a una distribución más equitativa de los ingresos, uniformando la distribución de los ingresos en la sociedad.

««Las instituciones, medios de comunicación, empresas y sociedad en general deben reconocer
el gran valor que el turismo supone para un país como España»

Podríamos enumerar aquí las muchas bondades del turismo, y la lista sería interminable, pero uno de los aspectos de los que menos se percata la sociedad, y que me gustaría destacar, es su ya mencionada transversalidad. El turismo, repito, está presente en todos los estratos de la sociedad y a todos los niveles. En definitiva, turismo somos todos. Turismo es el profesional que está detrás de la recepción de un establecimiento de alojamiento turístico o del mostrador de una agencia de viajes; turismo es el guía que muestra el patrimonio de su ciudad a los visitantes y consigue que además de disfrutar de su tiempo obtengan formación de la más alta calidad; turismo es la azafata que nos recibe y nos atiende en nuestro medio de transporte, procurando hacer nuestro desplazamiento lo más placentero posible; turismo es el director de hotel que dedica jornadas interminables a, con su equipo, tener su establecimiento en perfecto estado de mantenimiento y limpieza; turismo es el centro educativo y sus profesionales que se dedican a dar a los profesionales una formación específica para el sector; turismo también es el camarero que sirve el plato de la gastronomía local al turista, el propietario de ese restaurante, la tienda de recuerdos… Pero turismo es también el dueño de un pequeño comercio generalista o de una boutique internacional que ofrece sus productos al turista; turismo es también el taxista que da servicio al visitante; turismo es el agricultor, el ganadero o el pescador que ofrece sus productos a los establecimientos turísticos, y los transportistas que los llevan del punto de producción al de consumo; turismo son los cines y teatros que sirven de atractivo para que los turistas elijan un destino u otro, el fabricante de coches que vende la flota a las compañías de alquiler de vehículos… Y así podríamos enumerar una interminable lista de sectores de la sociedad que, de una manera u otra, están vinculados al turismo y que generan ingresos económicos y riqueza. Las instituciones, medios de comunicación, empresas y sociedad en general deben reconocer el gran valor que el turismo supone para un país como España por lo que es necesario que, en la situación actual, el Gobierno marque una hoja de ruta centrada en medidas concretas de protección y recuperación a la industria turística española. Nosotros desde AEPT seguiremos alzando nuestra voz, como venimos haciendo durante nuestros más de 50 años de historia. Y para conseguir que esta voz suene más alta y llegue a oídos de todos, estamos en proceso de crear el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo de la Comunidad de Madrid, como paso previo a la futura creación del Consejo General de Colegios de Profesionales del Turismo, en la confianza de que se convierta en la herramienta definitiva para la consolidación de la calidad y la fiabilidad de la actividad turística en España. Un Colegio, y futuro Consejo, que nos permitirán un mejor acceso a las universidades y la confección de planes de estudios, a las administraciones y la elaboración de estrategias de promoción y gestión de destinos, o la elaboración de un código deontológico que tutele las buenas prácticas dentro del sector turístico. Desde el convencimiento de que el buen funcionamiento del turismo en España sólo puede ser bueno para el país, estoy seguro de que será útil para todos.

España digital 2025: una transformación clave

EL ESCAPARATE

España digital 2025: una transformación clave

La transformación digital del país es una de las principales apuestas del Gobierno de España para relanzar el crecimiento económico, aumentar la productividad y reducir la brecha digital. En los próximos cinco años se pondrá en marcha la agenda España Digital 2025, que incluirá medidas para garantizar la conectividad del 100% de la población, acelerar la digitalización de las pymes y liderar el despliegue de la tecnología 5G, entre otros objetivos. En total, se movilizarán unos 140.000 millones de euros de inversión pública y privada.

ELVIRA ARROYO

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Durante las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando programas para el avance digital, siempre alineados con las agendas europeas. Como resultado de estas acciones, España está en una posición muy favorable para abordar la siguiente fase de su transformación digital porque cuenta con una de las mejores redes de infraestructuras digitales. Nuestro país está también relativamente bien situado en la digitalización de la Administración Pública.

Sin embargo, el progreso ha sido más limitado en la digitalización de la industria y las pymes, en la I+D+i y en la capacitación de la población. Además, hay zonas que carecen de una conectividad digital de calidad, tanto en el ámbito rural como en algunos ámbitos industriales, lo que genera desigualdades importantes.

La situación derivada del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve nuestras fortalezas y las carencias en ese aspecto. En los períodos con restricciones de la movilidad, se ha reafirmado la capacidad de las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de conectividad, con incrementos respecto a 2019 de hasta el 50% en voz fija, del 30% en voz móvil y de un 50% en tráfico de datos móviles. A la vez, se ha consolidado el uso de los servicios audiovisuales como fuente de ocio y entretenimiento; se ha incrementado significativamente el teletrabajo, y se ha impulsado la digitalización de la educación, con un cambio radical de métodos y contenidos. Por contra, la falta de conectividad y de equipos adecuados ha impedido a miles de alumnos y empresas avanzar en su día a día, por mencionar solo algunas carencias.

Desafío inmediato. Las actuales circunstancias han hecho retomar la necesidad de abordar con urgencia los retos digitales pendientes, con el fin de asegurar la accesibilidad de toda la sociedad a las oportunidades que proporciona la nueva economía digital.

Ese será el principal objetivo de España Digital 2025, una agenda que recoge cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos para impulsar la transformación digital del país en los próximos cinco años.

La puesta en marcha de este ambicioso plan requerirá una inversión total de unos 140.000 millones de euros. Entre 2020 y 2022 están previstas reformas estructurales a las que se destinarán 70.000 millones de euros, 20.000 de los cuales procederán de fondos públicos (15.000 millones corresponden a los instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation EU) y 50.000 serán aportados por el sector privado.

Fruto de este esfuerzo, en 2025 toda la población dispondrá de una conectividad digital adecuada, lo que cerraría la brecha existente entre las poblaciones rurales y urbanas. También se espera que España siga liderando el despliegue del 5G en Europa y que en el año 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para esta tecnología.

Otra prioridad será mejorar las competencias digitales de los trabajadores porque la revolución digital tendrá un enorme impacto en el mercado laboral, con el surgimiento de nuevas profesiones y la desaparición de otras muchas. La sociedad deberá estar preparada para no quedarse fuera de esta transición. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. La meta es que dentro de cinco años, el 80% de los españoles tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellos sean mujeres.

Al mismo tiempo, se seguirá avanzando en la digitalización de las Administraciones Públicas en ámbitos clave como el empleo, la justicia y las políticas sociales. Se prevé que en 2025 el 50% de los servicios públicos estén disponibles a través de app móvil, simplificando así la relación de la ciudadanía y las empresas con los organismos públicos.

Cambio empresarial. La digitalización de la economía requiere la transformación de las empresas, especialmente las pymes, con inversión en nuevas tecnologías y la formación de su personal, para lograr aumentar su productividad y rentabilidad. Este es un desafío prioritario tanto para España como para Europa porque, según el DESI 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digital publicado por la Comisión Europea el pasado mes de junio), en 2019 sólo un 17% de las pymes europeas utilizaron servicios en la nube, un 12% analizaron los macrodatos y un 17,5% vendieron productos o servicios online.

España, comparada con la media de la UE, presenta un nivel aceptable en equipamiento digital de las empresas, pero necesita potenciar el comercio electrónico, sobre todo en las micropymes de menos de 10 empleados, que representan el 93% del tejido empresarial. La meta de España Digital 2025 es que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.

Será necesario también transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. El objetivo es que el 25% de empresas españolas utilicen inteligencia artificial (IA) y big data dentro de cinco años. En nuestro caso, el hecho de contar con el español como uno de los idiomas más hablados del mundo es una buena oportunidad para el desarrollo de una IA con aplicaciones en todos los mercados hispanohablantes. Por otro lado, se calcula que el hecho de optimizar los datos ahorraría 90.000 millones de euros a la industria manufacturera mundial.

Radar COVID. Esta app gratuita se puede descargar en el teléfono móvil desde la App Store de Apple (usuarios de iPhone) o desde Google Play (usuarios de móvil con sistema Android). Además, tanto Apple como Google han integrado en sus sistemas operativos la posibilidad de recibir notificaciones de exposición al COVID-19 sin tener que descargar la app.

Informe España Digital 2025. Gobierno de España. Principales medidas y retos de este programa.

Estrategia Europea de Datos. Comisión Europea. Programa para convertir a la UE en líder de una sociedad impulsada por los datos. La creación de un mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente por la UE y entre sectores, en beneficio de las empresas, los investigadores y las administraciones públicas.

Sociedad Digital en España 2019. Fundación Telefónica. Informe que recoge los indicadores y las principales tendencias que conforman el grado de evolución de la transformación digital de nuestro país.

Todo lo anterior deberá ir acompañado de medidas que apoyen a los emprendedores, ayuden a consolidar las start-ups y atraigan a un número creciente de trabajadores extranjeros. En un contexto en el que el teletrabajo se impone cada vez más, España es un destino que ofrece calidad de vida a los ciudadanos de otros países, que podrán instalarse aquí y trabajar en remoto, sin importar dónde estén localizadas sus empresas. Al igual que el turismo extranjero es vital para nuestra economía, la llegada de profesionales extranjeros que elijan España como lugar de residencia sería otro espaldarazo decisivo.

Modelo productivo. Además, la agenda digital española prevé acelerar la digitalización del modelo productivo mediante el desarrollo de proyectos tractores de transformación digital en sectores estratégicos como el agroalimentario, la movilidad, la salud, el turismo, el comercio y la energía.

En el sector agroalimentario se impulsará la digitalización del sector primario, se reforzará la seguridad alimentaria y se adoptarán modelos más productivos. El análisis de datos relativos a las cosechas, las simientes y el uso de los fertilizantes pueden hacer que la agricultura sea más eficiente. Solo con estas prácticas, la Comisión Europea estima que los agricultores podrían ganar 225 euros más por hectárea.

En el campo de la salud se incrementará la calidad de la sanidad agilizando los sistemas de información y fomentando la interoperabilidad de los datos de forma segura.

La movilidad evolucionará hacia un modelo más sostenible, atendiendo a las nuevas necesidades de la sociedad y favoreciendo la colaboración multisectorial.

Otro sector en el que hay depositadas grandes expectativas es el audiovisual. Si ya en los últimos años se había convertido en una actividad estratégica y en un bien de consumo generalizado en el ocio, la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha reafirmado su protagonismo, al proporcionar a los ciudadanos numerosas alternativas de entretenimiento para aliviar el confinamiento.

España cree que ahora es un buen momento para afianzar su liderazgo como plataforma audiovisual europea, lo que generaría negocio y puestos de trabajo. Nuestro país ha empezado a dar pasos en esta dirección con proyectos como la Ciudad de la Tele situada en Tres Cantos (Madrid), donde Netflix ha instalado su central de producción europea. De hecho, esta plataforma de entretenimiento ha llegado a manifestar su deseo de que España sea el hub audiovisual de Europa. La meta marcada en la agenda digital del Gobierno es incrementar un 30% la producción audiovisual para el año 2025.

Cómo beneficia una sociedad digitalizada a los ciudadanos

Mejores diagnósticos y tratamientos médicos. Acceso a distancia y seguro a los expedientes sanitarios personales para una investigación, diagnosis y tratamiento más rápidos y focalizados.
Identidad digital de confianza. Más privacidad personal, menos fraude e interacciones más rápidas con organismos públicos y empresas.
Agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Alimentos de mejor calidad usando menos plaguicidas, fertilizantes, combustible y agua, gracias a la inteligencia artificial, los datos y el 5G.
Menor impacto climático y ahorro económico. Reducción de la factura energética gracias a los sistemas inteligentes de calefacción y aire acondicionado, y a las redes eléctricas inteligentes.
Equipos electrónicos de mayor duración. Dispositivos electrónicos más duraderos y que pueden actualizarse y reciclarse con facilidad.

Fuente: Configurar el Futuro Digital de Europa. Comisión Europea.

Diez metas digitales para España en el año 2025

Meta	Línea de base 2020	2025
1 Cobertura de población con más de 100 Mbps	89%	100%
2 Espectro preparado para 5G	30%	100%
3 Personas con competencias digitales básicas*	57%	80%
4 Aumento de especialistas en ciberseguridad, IA (inteligencia artificial) y Datos	-	20.000
5 Servicios públicos disponibles en app móvil	<10%	50%
6 Contribución comercio electrónico al volumen de negocio de las pymes	<10%	25%
7 Reducción de las emisiones CO₂ por digitalización	<10%	10%
8 Aumento de la producción audiovisual en España	-	20%
9 Empresas que usan IA y big data	<15%	25%
10 Carta nacional sobre derechos digitales	No	Sí

*La mitad de los porcentajes de población formada en competencias digitales básicas deberán ser mujeres.

Fuente: España Digital 2025. Gobierno de España.

Los décimos de la UE-28 en competitividad digital

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020, que mide la evolución digital de los 28 Estados de la Unión Europea, sitúa a España en la décima posición. Los mejor posicionados son Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos.
El DESI mide cinco indicadores del rendimiento digital de Europa: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. España es la segunda de la UE-28 en servicios públicos digitales y la quinta en conectividad. Únicamente está por debajo de la media europea en capital humano.

Transición ecológica. España espera que la digitalización reduzca un 10% las emisiones de CO2 en 2025. También Europa trabaja para que las tecnologías digitales ayuden a alcanzar la neutralidad climática en 2050, que es el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo.

Para lograrlo, hay que reducir la huella de carbono del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que representan entre el 5% y el 9% del consumo de electricidad y son responsables de más del 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea advierte que, si no se controla, la huella de las TIC podría llegar a alcanzar el 14% de las emisiones mundiales de aquí a 2040.

La buena noticia es que el uso adecuado de las tecnologías puede reducir hasta siete veces las emisiones del sector de las TIC y hasta un 15% las emisiones mundiales. La inteligencia artificial, la supercomputación y los datos agrupados permitirán mejorar los análisis y la toma de decisiones sobre la crisis climática y el medio ambiente.

La estrategia europea y española contempla además medidas que favorezcan la economía circular que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para extender su ciclo de vida. Por ejemplo, alargar un año la vida útil de todos los teléfonos inteligentes de la UE reduciría las emisiones de CO2 en 2,1 millones de toneladas al año de aquí a 2030, lo que equivale a retirar un millón de automóviles de las carreteras.

Para los consumidores, son bienvenidas las regulaciones que ayuden a reparar y a conservar más tiempo sus dispositivos. Una reciente encuesta del Eurobarómetro confirma que el 64% de los usuarios desean conservar sus dispositivos digitales entre 5 y 10 años.

Contra la pandemia. Aunque los expertos aseguran que estamos solo en los comienzos de la revolución digital, son muchos los cambios que las tecnologías digitales han hecho en nuestro estilo de vida. También estamos comprobando su utilidad en la lucha contra el COVID-19.

Una de las novedades surgidas durante la pandemia ha sido las aplicaciones móviles de seguimiento y advertencia de contactos contagiados. En nuestro país la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España ha diseñado Radar COVID, una app que avisa del posible contacto que se ha podido tener en los últimos 14 días con una persona infectada.

Radar COVID garantiza que ningún usuario puede ser identificado o localizado porque no hay datos registrados y todo el proceso se desarrolla en su teléfono sin salir hacia ningún servidor. La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante al menos 15 minutos y a menos de dos metros de distancia, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro.

Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse un test PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hayan estado en contacto con el paciente recibirán un aviso sobre el riesgo de posible contagio y les facilitarán instrucciones sobre cómo proceder.

Tanto el uso de esta herramienta como la comunicación de un posible contagio serán siempre voluntarios. En España, está aún en una fase incipiente y es pronto para valorar su eficacia, pero su éxito dependerá de que la descargue un gran volumen de población y de que el mayor número de personas con PCR positivos colaboren informando del resultado de su prueba.

Paralelamente, para aprovechar al máximo el potencial de este tipo de aplicaciones, la Comisión Europea está desarrollando un servicio de interoperabilidad, que vinculará las aplicaciones nacionales en toda la UE. Esto permitirá que aplicaciones como Radar COVID sigan funcionando en los países de la UE con total seguridad. Con los casos en aumento nuevamente, esta pasarela europea complementará otras medidas como el aumento de las pruebas y el rastreo manual de contactos.

Garantías. Sin duda, nos encontramos ante un escenario lleno de oportunidades pero también de incertidumbres. No sabemos cómo afectará la digitalización a las relaciones laborales o a nuestra privacidad, ni si nuestro marco ético y jurídico es suficiente o necesitará ajustes.

Casi con seguridad, habrá que redefinir algunos derechos y obligaciones. España Digital 2025 intentará anticiparse a esta realidad con la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, que formule con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo digital, y que garantice los recursos necesarios para que todas las personas puedan integrarse plenamente.

En todo caso, la digitalización no solo es un proceso imparable sino completamente necesario para aumentar la productividad y ayudar a la recuperación económica. Según un documento de trabajo publicado por la Comisión Europea en febrero de 2020, la implantación de tecnologías digitales podría incrementar el PIB un 1,1% hasta el año 2030 en los estados de la UE-28.

Referente internacional

España aspira a ser uno de los países más ciberseguros del mundo, para lo cual deberá incrementar su resiliencia ante los incidentes cibernéticos e incrementar la formación de talento. De aquí a 2025 se propone contar con 20.000 especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA) y datos gracias a la actividad de entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El estado de la transformación digital en España

Fortalezas	Debilidades
Infraestructuras de calidad ● Despliegue de fibra óptica ● Cobertura de banda ultrarrápida ● Disponibilidad 5G ● Centro de supercomputación de Barcelona ● Infraestructuras de transporte	Capital humano ● Competencias digitales básicas ● Especialistas TIC ● Internet en escuelas ● Poca capacidad para atraer talento ● Falta de uso por escaso interés o conocimiento
Servicios públicos digitales ● Datos abiertos ● Servicios sanitarios digitales ● Administración electrónica	Pymes ● Solo el 31% de las micropymes tienen web. El 25% no tienen internet
Grandes empresas digitalizadas	I+D ● Bajos niveles inversión ● Pocos investigadores en TIC ● Moderada innovación
Ciudades inteligentes ● De 165 ciudades en el ranking mundial, EEUU tiene 14 y España 12
Ciencia ● Alto número de titulados STEM* ● Potencia en producción científica
Ciberseguridad ● Servidores seguros ● 5º país de la UE y 7º del mundo

*STEM (por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics. En castellano, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Fuente: España Digital 2025. Gobierno de España.

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JENS BORMANN

Alemania aprueba la constitución “online” de sociedades en presencia de notario

Germany approves the online incorporation of companies in the presence of a notary

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Una reforma histórica

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

El Registro Civil: pieza central

La función notarial

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