Desarrollo sostenible de La Palma

EN EL ESCAPARATE

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PALMA

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

El Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane, acogió en septiembre las jornadas Ideas para el desarrollo sostenible de La Palma (La oportunidad después del volcán). Este foro –organizado por el Colegio Notarial de Canarias, el Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Notariado– se celebró coincidiendo con el primer aniversario de la erupción del volcán.

 

En el encuentro participaron profesionales de la Justicia, la Economía, la Arquitectura y del Catastro, junto con autoridades nacionales, autonómicas y locales (incluidos los alcaldes de las zonas afectadas), quienes aportaron su visión del suceso, la situación vivida y las soluciones abordadas hasta el momento. Sobre todo, pusieron sobre la mesa proyectos e ideas para impulsar el desarrollo sostenible de la isla.

Las jornadas fueron inauguradas por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN; Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; Carlos Cabrera, vicepresidente del Cabildo Insular; Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma; y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.

Izquierdo señaló que «en el mayor desastre civil producido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el compromiso del Notariado ha sido espectacular. Se ha volcado con La Palma, como demuestra la organización de este foro, o realizando informes -como el desarrollado por Alfonso Cavallé sobre el usufructo-, que han aportado solución a una zona gris en lo jurídico”.

Cabrera agradeció la labor notarial a la hora «de armar expedientes y escuchar reivindicaciones en una casuística muy variada para informar a los ciudadanos y acceder a las ayudas. Desde el Cabildo queremos agradecer esa colaboración de los notarios con administraciones y ciudadanos para echar una mano».

Por su parte, Pestana agradeció «a los notarios y a su personal realizar altruistamente miles de expedientes, contribuyendo a resolver muchos de los trámites que han permitido acreditar la propiedad de los inmuebles y acceder así a las ayudas. Aún quedan asuntos complejos por resolver, como los adelantos de herencias mediante donaciones o los usufructos, casuísticas difíciles en las que se está trabajando para su resolución»

 


LAS MÁS DE MIL ACTAS DE NOTORIEDAD ELABORADAS POR LOS NOTARIOS VOLUNTARIOS EN LA PALMA ESTÁN PERMITIENDO A LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEMOSTRAR SU TITULARIDAD


 

Martínez Sanchiz puso de manifiesto que «han sido muchos los compañeros que han tratado de recuperar, desde el punto de vista documental, la situación producida por el volcán. Hay dos circunstancias fundamentales a las que nos enfrentamos: la ayuda a las víctimas y el futuro que debemos fraguar. Sobre este segundo aspecto, el Colegio Notarial de Canarias, la Fundación Notariado y el CGN hemos convocado estas jornadas con el propósito de aportar ideas para el desarrollo sostenible de La Palma. Espero que este foro permita alumbrar nuevas vías que transitar».

«Cuando se produce una desgracia de este calibre, surge lo mejor de las personas, que se mueven hacia la solidaridad -señaló el presidente de los notarios españoles-. Tenemos una oportunidad única de prestar apoyo todos juntos a los que han sufrido esta lamentable situación».

Martínez Sanchiz recordó cómo se puso en marcha el proceso de colaboración notarial: «Rápidamente, el Ministerio de Justicia se puso en marcha para introducir tres notarías en los municipios afectados en colaboración con ayuntamientos y personal que ha prestado sus servicios. Más de cincuenta notarios de toda España pusieron su dosis de solidaridad con el objetivo de reconstruir los títulos de propiedad. Un año después, con los expedientes prácticamente cerrados, no queríamos dejar de transmitir el apoyo del CGN y de todos los decanos de España y expresar nuestro apoyo simbólico a La Palma, por lo que vamos a realizar un Pleno de la institución por primera vez en la isla. Los notarios no solo queremos reconocer los títulos de propiedad; también queremos reconstruir las vidas de los damnificados; con sostenibilidad económica y jurídica. Los notarios tenemos una obligación y una posibilidad de ayudar, por lo que quiero manifestar nuestro compromiso de seguir prestando servicio a los palmeros».

Por su parte, el decano anfitrión, Alfonso Cavallé, expresó el objetivo de este encuentro: «La necesidad de nuestro trabajo está a punto de finalizar, pero queríamos agradecer a las personas de La Palma habernos permitido compartir esta experiencia tan positiva que hemos realizado con dedicación. No nos parecía suficiente poner el punto y final; queríamos compartir ideas y ver posibilidades para que los palmeros puedan afrontar un futuro esperanzador».

 


TRAS LA ERUPCIÓN SE ABRIERON TRES NOTARÍAS PROVISIONALES EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS: LOS LLANOS DE ARIDANE, EL PASO Y TAZACORTE


 

La visión de los profesionales

Moderada por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, la primera mesa redonda contó con las intervenciones de José Antonio Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias; Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de La Palma; Beate Dorotea Ricken, decana del Colegio de Arquitectos y Carlos Celestino Lalanda, delegado territorial en la provincia de Tenerife del Colegio de Registradores de España.

Rodríguez constató que «la realidad jurídica es tremendamente compleja. El abanico de problemas ha desbordado la realidad fáctica del Valle de Aridane. Se plantean numerosas circunstancias que quedan al margen del Decreto Ley 1/2002 (por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma)».

El decano de los abogados palmeros propuso «buscar soluciones extraordinarias en el mundo del derecho. Los canales magmáticos han sepultado suelos rústicos en los que se edificaban núcleos familiares en la misma finca o viviendas sin declaración de obra nueva, por poner ejemplos. La realidad es que, pasado un año, no se han buscado soluciones a esas situaciones, por lo que comienza una etapa en la que se pasa a la intervención judicial y a la denegación de solicitudes de ayuda. Ahora estamos pasando a judicializar la vía civil, con reclamaciones al consorcio de compensación de seguros».

Ricken sostuvo que «la visión y expectativas de políticos, profesionales y afectados son muy diferentes. Debemos reparar las consecuencias del volcán a nivel habitacional, teniendo en cuenta nuevos factores, como el cambio climático o la dependencia de combustibles fósiles. La reconstrucción debe pasar por la sostenibilidad; evitar la especulación inmobiliaria; impulsar la creación de viviendas sociales y asequibles; usar energías renovables, como gas e hidrógeno; evitar las barreras arquitectónicas; promover la conciliación, con el teletrabajo y la proximidad; fomentar el turismo a pequeña escala…. En resumen, empoderando a la gente en lugar de tutelarla».

Riera apuntó que «el futuro de los damnificados depende de una solución integral que genere optimismo en la reconstrucción. En el ámbito habitacional, partiendo de los instrumentos legales, habrá que introducir las necesarias modificaciones para -de manera coordinada, con garantía y seguridad jurídica- utilizar mecanismos expropiatorios sobre el suelo yermo de lava. Esta medida garantizará que, si no se puede llevar a cabo la vida diaria como se hacía antes, se genere una fuente turística y medioambiental. Será necesario actuar sobre el suelo no afectado por el volcán para reordenar su uso y ofrecérselo a los damnificados, creando infraestructuras y núcleos de población».

 


REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DESTACARON EL PAPEL DEL NOTARIADO EN LA PALMA


 

Lalanda señaló las dificultades a la hora de coordinar la información registral y catastral tras la erupción, «ya que la situación de hecho distaba de la de derecho». También puso en valor «la labor de los notarios para que los afectados pudieran acreditar que eran dueños de una casa, inmueble o plantación y, una vez identificados, poder recibir una indemnización». Como solución a la recuperación económica propuso «la reparcelación y adjudicación de fincas de reemplazo, ya que muchos terrenos van a quedar yermos durante mucho tiempo; o los beneficios fiscales, que permitan atraer inversión para la isla».
Por último, Cantos señaló que «hay que contar con los damnificados a la hora de reconstruir. En el centro de la recuperación deben estar las personas».

Ayuntamientos

Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane; Omar Hernández, concejal de turismo de Tazacorte y Sergio Javier Rodríguez, alcalde de El Paso participaron en el segundo panel de debate.

García Leal, en primer lugar, agradeció la organización del evento y señaló que, en el último año, «la actividad del Notariado se ha acercado a su función social de asesoramiento cercano a los ciudadanos». A continuación, se mostró crítica con las medidas puestas en marcha: «Los tiempos de la Administración no se acompasan con los tiempos de los ciudadanos. Es fundamental que los ciudadanos sepan qué va a pasar. Debe hacerse un esfuerzo para que las ayudas lleguen a todo lo que está sepultado, porque ayudará a la reconstrucción de los proyectos personales de vida». Por último, demandó «una legislación específica sobre las consecuencias de la erupción del volcán».

El edil de Tazacorte agradeció el compromiso de los notarios con sus vecinos: «Resolvieron con éxito expedientes sobre viviendas afectadas. Sin embargo, deberían llegar respuestas y ayudas en cuanto a demanda habitacional por parte de las entidades públicas. Aún hay personas alojadas en caravanas y en viviendas de familiares. Debería existir una legislación específica más ágil».

Hernández destacó la apuesta de su municipio por el sector turístico: «Podemos sacar rédito dotando a las empresas de recursos. En este sentido, hemos creado partidas presupuestarias para adquirir terrenos que nos permitan desarrollar proyectos sostenibles, como un centro vulcanológico o científico».

Sector jurídico

La última mesa de esta primera jornada fue dirigida por el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. Intervinieron Miguel Ángel Pulido, de la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias; Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo; Eduardo Risueño, abogado y profesor de Derecho Administrativo; Juan José Santana, secretario general de la Delegación de Gobierno en Canarias y Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.

Pulido hizo hincapié en la «necesaria reconversión de la agroindustria palmera y la reconstrucción de todas las infraestructuras básicas, como la carretera de la costa y todo lo relacionado con el ciclo del agua. Asimismo, debemos buscar inversiones que generen empleos para que los jóvenes no se vayan de la isla».

Villar resaltó que «la Ley Nacional de Protección Civil no está pensada para una situación como la de la Palma, en la que todo desaparece por completo y el nuevo territorio que surge es hostil a la recuperación».

En otro orden de cosas, Risueño puso de manifiesto que «no tenemos una normativa de concentración parcelaria. Hay cinco millones de metros cuadrados de suelo agrario que debemos tratar de recuperar, basándonos en principios de compensación».

Santana demandó la creación de «un órgano que se dedique a la fase de reconstrucción, en el que estén implicadas todas las Administraciones. No debe haber intervenciones sucesivas y complementarias. Con una normativa expresa para los supuestos del desastre se podría ir más rápido que con la regulación normativa actual.»

Cavallé coincidió en señalar que «afrontamos un reto multidisciplinar, que sobrepasa con mucho la competencia de tres ayuntamientos y un cabildo. Precisamos un tratamiento conjunto basado en la solidaridad institucional».

 


LOS EXPERTOS CONCLUYERON QUE LA RECONSTRUCCIÓN DEBE PASAR POR LA SOSTENIBILIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES,EVITANDO ERRORES COMETIDOS ANTERIORMENTE


 

«Lo que ha ocurrido es excepcional. Las últimas catástrofes similares fueron las de Lanzarote y Garachico, que ocurrieron hace doscientos años, por lo que el legislador no ha tenido en cuenta este tipo de situaciones en las que desaparece el terreno. La solución del problema es de tipo legislativo», concluyó el decano de los notarios canarios.

Marín coincidió en señalar que «falta decisión, por lo que una previsión legislativa es necesaria».

Por último, Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, realizó una exposición sobre el estado actual y el futuro de la isla.

Sector turístico

Enrique Luis Larroque del Castillo, director del Hotel Hacienda de Abajo, exponía el punto de vista del sector turístico palmero: «Los turistas no caen del cielo. Hay que atraerlos, pero no hay plazas hoteleras en este momento. De las 17.000 existentes, 5.000 están inmovilizadas por alojar a los damnificados por el volcán. El turismo puede proporcionar los ingresos que necesita desesperadamente la isla. La agricultura, el principal motor insular se ha quebrado, las plataneras se han sepultado bajo la lava y la ceniza».

Catastro y Consorcio

En una mesa moderada por la periodista Magaly Cáceres, presentadora y reportera de la Televisión Canaria, participaron Alejandro Izusquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y Fernando Aragón, director general del Catastro.

Fernando Aragón hizo un recorrido por la actividad realizada por su institución desde la erupción: «Los datos del Catastro han sido la única información completa y fehaciente de las propiedades para dotar a los propietarios de certidumbre y certificación. La información catastral ha permitido evaluar daños, establecer zonas de riesgo, reconstruir infraestructuras, poner en marcha un plan de prevención de catástrofes naturales (volcanes, incendios o inundaciones)».

Por su parte, Alejandro Izusquiza manifestó que el Consorcio de Compensación de Seguros «ha atendido 10.000 solicitudes de indemnización. Se han abonado 218 millones de euros, gestionando y pagando el 91% de los expedientes e importes. Muchas pólizas quedaron sepultadas bajo la lava; ha sido una experiencia única para la entidad: la primera siniestralidad volcánica».

 


DURANTE LAS JORNADAS, LOS NOTARIOS VOLUNTARIOS Y EL CATASTRO RECIBIERON UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR SU LABOR


 

Gobierno de Canarias

A continuación, tuvo lugar una conferencia impartida por José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

Entre las medidas puestas en marcha por el ejecutivo autonómico, Valbuena apuntó «la preparación de decretos para regular los planeamientos urbanísticos municipales y el desarrollo de un consorcio que permita acortar los plazos de reconstrucción, priorizando a los afectados cuya primera vivienda fue sepultada. Un año después, seguimos con el proceso de duelo y nos surgen nuevas hipótesis e incertidumbres».

Conclusión

En la última mesa redonda participaron Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado; Manuel Fernández, ex vicepresidente del Parlamento de Canarias y Antonio Castro, ex presidente del Parlamento de Canarias.

«Es imposible prever una catástrofe, pero es evidente que hay que tener una planificación urbanística adecuada en una isla donde puede haber erupciones», señaló Hernández.

Manuel Fernández resaltó los «daños morales de la erupción. Se han destruido recuerdos, historia y verdad de miles de personas. Hay que poner los máximos esfuerzos para dotarles de recursos materiales, porque nunca se podrán recuperar esos daños morales».

Por último, Antonio Castro agradeció «el comportamiento de los notarios en esta situación, con una actitud muy necesaria y aprovechable». Asimismo, quiso «felicitar a las instituciones por su actuación el momento de la emergencia».

Reconocimiento al Catastro
Fernando Aragón, director general del Catastro, recibía de manos de Alfonso Cavallé, decano anfitrión, la medalla de honor (en su modalidad de encomienda) del Colegio Notarial de Canarias, en reconocimiento a la institución que dirige en la identificación y georreferenciación los terrenos afectados por la lava.
Fernando Aragón, director general del Catastro, con su condecoración.
Sesión plenaria del Consejo General del Notariado
Por primera vez en la historia del Consejo General del Notariado, la isla de La Palma acogió una sesión plenaria de la institución. Los decanos de los 17 Colegios Notariales Españoles y demás miembros del Consejo mantuvieron este encuentro de trabajo en la sede de la Casa Salazar en Santa Cruz, capital de la isla.
Los miembros del Consejo General del Notariado en la sesión plenaria en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma.
Primera mesa. De izquierda a derecha: Carlos Celestino Lalanda, José Antonio Riera, Francisco Cantos, Beate Dorotea Ricken y Juan Antonio Rodríguez.
Segunda mesa. De izquierda a derecha: David Ruiz, Luis Ortega, Noelia García y Omar Hernández.
Tercera mesa. De izquierda a derecha: Juan José Santana, Miguel Ángel Pulido, José Alberto Marín, Francisco Villar, Eduardo Risueño y Alfonso Cavallé.
Cuarta mesa. De izquierda a derecha: Magaly Cáceres y Enrique Luis Larroque.
Quinta mesa. De izquierda a derecha: Alejandro Izusquiza, Magaly Cáceres y Fernando Aragón.
Sexta mesa. De izquierda a derecha: Eligio Hernández, Luis Ortega, Antonio Castro y Manuel Fernández.
José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de La Palma.
Notarios voluntarios
En la clausura de las jornadas, los alcaldes de los Llanos de Aridane y Tazacorte hicieron entrega de un diploma de reconocimiento a los notarios voluntarios que acudieron a esas localidades -junto con la de El Paso- tras la erupción del volcán. Las más de 1.000 actas de notoriedad que los notarios han realizado gratuitamente a lo largo de este año están permitiendo a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían. (Lamentablemente, no todos los notarios que han prestado servicio en la isla pudieron acudir a este acto, aunque se les hizo llegar el agradecimiento y reconocimiento de los palmeros).
Los notarios voluntarios posan con los alcaldes de los Llanos de Aridane y de Tazacorte.
Inauguración. De izquierda a derecha: Carlos Cabrera, Anselmo Pestana, José Ángel Martínez Sanchiz, Héctor izquierdo y Alfonso Cavallé.

HÉCTOR IZQUIERDO,

COMISIONADO ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ISLA DE LA PALMA

"La naturaleza humana en los momentos complejos es cuando saca lo mejor de sí"

El 19 de septiembre de 2021 entraba en erupción el volcán en Cumbre Vieja. Un año después, ¿qué balance realiza de la situación? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Administración a la hora de alcanzar la plena recuperación económica de los damnificados?

Los retos son curar la herida producida y crear un entorno competitivo que suponga un punto de inflexión en el Valle. De nada sirve tener cubierto un alto porcentaje de las pérdidas producidas si nos queda un erial donde vivir. Necesitamos unas infraestructuras que conecten los núcleos urbanos, construir unos nuevos pueblos que sean referentes en habitabilidad y sostenibilidad, una agricultura lo más eficiente posible, energía sostenible gracias a la geotermia, atractivos turísticos que generen una diferenciación competitiva, recuperar la pérdida de camas turísticas, así como del tejido productivo afectado… son muchos frentes interconectados que nos deben generar un crecimiento para la isla.

Ha participado en unas jornadas en Los Llanos de Aridane organizadas por el Notariado. ¿Cómo valora la actividad de estos profesionales en materia de asesoramiento e información?

Excelente. La labor de los notarios y los registradores durante todo el proceso post eruptivo ha sido solidaria y comprometida con los palmeros. Se han trasladado a la isla desde distintos puntos de España, han realizado actuaciones de modo gratuito que, si las hubieran cobrado con los aranceles oficiales, hubieran ascendido a 1,1 millón de euros.

Desde su experiencia personal, como palmero de nacimiento, ¿cómo ha vivido la situación de sus convecinos? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de esta situación?

Lo peor: la situación de impotencia ante la naturaleza viendo que era ella quien marcaba los tiempos. Como la velocidad y el posterior enfriamiento de las coladas, así como la emanación de gases eran factores sobre los que no sólo no se podía influir sino ni siquiera era posible estimar cuándo terminarían. Lo mejor: la solidaridad del pueblo palmero. Recuerdo ver en el polideportivo de Los Llanos los asientos con zapatos para niños ordenados por talla, modelo y género que los vecinos habían donado para que pudieran ser recogidos por los afectados. La naturaleza humana en los momentos complejos es cuando saca lo mejor de sí y se muestra como realmente es.

Aunque se ha producido una inyección económica de fondos de distinta procedencia para la recuperación, aún hay personas viviendo en hoteles. ¿Cuáles son las principales medidas a corto plazo previstas de cara a impulsar la economía, el empleo, la vivienda, agricultura, turismo…?

En el corto plazo, lo primero son los afectados, dar soluciones habitacionales (viviendas, alquileres, hoteles), así como trabajo (planes de empleo, ERTE, subsidios, compensaciones de rentas) que garanticen un hogar digno y una corriente de ingresos a los afectados. Sin olvidar establecer unas bases para que la economía se desarrolle de una manera sostenible en el largo plazo.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría lanzar a los habitantes de La Palma en el primer aniversario de un acontecimiento que les cambió la vida?

Esperanza. No es el primer volcán que vemos los palmeros; de hecho, es el tercero que ven mis padres. Es una tragedia que se nos ha llevado casas, terrenos, cultivos, entornos, recuerdos, esfuerzos de décadas, aspectos irremplazables… No obstante, saldremos de ella más fortalecidos. Hay medios, recursos y, sobre todo, el cariño que todos los palmeros tenemos a nuestra tierra.

“Notarios por y para La Palma”, por Alfonso Cavallé

EN EL ESCAPARATE

ALFONSO CAVALLÉ CRUZ,
decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias

"Hasta el momento, medio centenar de notarios de toda España han dejado sus despachos y acudido a La Palma a prestar sus servicios de forma altruista"

Notarios por y para La Palma

El 19 de septiembre de 2021 comenzó la última erupción en la isla de La Palma, y concluyó 85 días después, el 13 de diciembre. El volcán reventó en la parte alta del Valle de Aridane, en un paraje conocido por Cabeza de Vaca, y, dada su ubicación, era previsible que la lava, en su camino al mar, discurriera por zonas pobladas y de gran valor agrícola, por lo que se pronosticaban importantes daños materiales. A fin de justificar los daños sufridos, una primera dificultad que se evidenció era que muchos de los inmuebles de la zona carecían de escrituras públicas actualizadas y de inscripción en el Registro de la Propiedad, por lo que sería muy complicado para los afectados probar su titularidad para acceder a las posibles ayudas, indemnizaciones o justiprecios.

El Notariado, consciente de la extensión y gravedad del problema, del ingente trabajo a afrontar y de su dificultad, vio la urgencia de poner en el plazo más breve posible a disposición de todos los afectados la documentación adecuada que les permitiese justificar ante las administraciones públicas sus derechos y la situación económica y jurídica de sus inmuebles. Para superar este reto era necesario crear varias notarías especiales durante el tiempo necesario e instaurar un sistema ágil para habilitar a los notarios que las sirviesen. La demarcación de las notarías se rige por los artículos 73 y siguientes del Reglamento Notarial y por el Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, y las habilitaciones de los notarios por los arts. 116 a 124 del citado reglamento. Pero estos preceptos no prevén escenarios de grave urgencia y transitoriedad, como el que exigía esta catástrofe, lo que apremiaba la creación de una norma especial ad hoc. La propuesta para solventar esta necesidad fue dada por el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de las Islas Canarias y la rápida respuesta normativa cristalizó en el Real Decreto Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptaron medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Su artículo 49 previó la creación de notarías especiales y temporales y el mecanismo para la habilitación de los notarios, a fin de prestar su servicio en esas notarías para atender a los afectados por la erupción del volcán. Estas actuaciones notariales serían gratuitas. En aplicación de este artículo se pudieron demarcar, con carácter temporal, tres nuevas notarías especiales en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, que fueron los términos directamente afectados por la lava. Para cubrir las tres plazas se invitó a todos los Notarios de España para que participasen como voluntarios por periodos breves, la mayoría de una o dos semanas. Los tres primeros voluntarios fueron José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Francisco Cantos Viñals, decano del de Valencia, y quien escribe, decano del Colegio Notarial de las islas Canarias. Hasta el momento, medio centenar de notarios de toda España han dejado sus despachos y acudido a La Palma a prestar sus servicios de forma altruista en estas notarías.

El 7 de octubre de 2021, día siguiente de la publicación en el BOE del RDL 20/2021, la Ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino, Pilar Llop Cuenca, presidió la reunión del Pleno del Consejo General del Notariado convocada en Tenerife, uno de cuyos puntos del orden del día fue concretar las medidas previstas en el RDL para ofrecer el mejor servicio notarial a los afectados por la crisis volcánica. Los servicios que se prestarían en estas notarías serían gratuitos. El Consejo General del Notariado instaló en cada una de las tres notarías los equipos, programas informáticos, de impresión, reproducción y telefónicos necesarios. El material de papelería, incluidas las carpetas, para las tres notarías, la encuadernación, la cartelería y vestimenta especial fue proveído por el Colegio Notarial de Valencia, que también contribuyó en la ordenación de la notaría de El Paso y en la selección y propuesta de voluntarios para su habilitación. Por su parte el Colegio de Cataluña hizo lo propio, y se encargó de la organización de la notaría de Tazacorte y el de Canarias de la de los Llanos de Aridane. El Consejo General del Notariado ha costeado los viajes y estancia en la isla de los notarios y oficiales. También se ha contado con la inestimable colaboración de los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

El día 2 de noviembre se abrieron al público las tres notarías, que todavía permanecen abiertas. Durante estos meses se han atendido miles de consultas y se han autorizado más de mil actas de notoriedad. Además del evidente beneficio jurídico y económico, el servicio prestado en estas notarías tuvo para los afectados un efecto tranquilizador y esperanzador, generador de confianza. La experiencia ha resultado muy positiva por lo que tanto los afectados como las autoridades de la isla nos han hecho llegar su reconocimiento y agradecimiento. Los notarios provenientes de toda España que de forma solidaria y altruista han dejado sus despachos para prestar sus servicios en las notarías especiales, han sido más de cincuenta a los que quiero, en nombre del Colegio Notarial de las Islas Canarias, al que han pertenecido institucionalmente mientras prestaban sus servicios en La Palma, mostrar nuestra admiración, reconocimiento y agradecimiento por su entrega generosa y por el buen trabajo realizado.

Persona, empresa y Tecnología

EN EL ESCAPARATE

PERSONA, EMPRESA Y TECNOLOGÍA

A mediados de julio tuvo lugar el seminario Persona, Empresa y Tecnología en el donostiarra Palacio de Miramar. Este foro, organizado por el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco, se enmarcó dentro del programa de cursos de verano la Universidad del País Vasco (UPV).
JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA,
Inauguración. De izquierda a derecha: el subdelegado del Gobierno de Guipúzcoa, Guillermo Echenique; la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente; el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal; el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz; y la directora de los cursos de verano de la UPV, Itziar Alcorta.

Dirigido por el notario Segismundo Álvarez, el curso contó con las intervenciones de notarios españoles y extranjeros, altos cargos de las Administraciones españolas, directivos de asociaciones empresariales, representantes del tercer sector, magistrados y fiscales.

Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia; Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, intervinieron en la inauguración. Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y Diego Granados, decano del Colegio Notarial vasco, también asistieron al acto.

Martínez Sanchiz -tras dar la bienvenida a ponentes y asistentes- señaló que este curso, el segundo que se celebra en la UPV, se centra «en una materia tan importante para los notarios como la persona, la empresa y la tecnología».

El secretario de Estado apuntó que «en un mundo marcado por la incertidumbre, la función del Notariado es un pilar esencial para el tráfico jurídico. La nueva Ley 8/2021 sobre discapacidad dota al colectivo de una plena autonomía jurídica. En este nuevo modelo, los notarios son claves y pueden aportar un magnífico servicio a la sociedad a la hora de autorizar documentos y otorgamientos que configuren una adecuada protección jurídica de las personas con discapacidad».

Rodríguez puso en valor el carácter pionero del Notariado español en materia tecnológica, «con proyectos como IBERA, IBERFIDES o EUDOC, para el intercambio de documentos públicos, ejemplos de que los notarios se adaptan a los cambios tecnológicos para un uso más eficaz de sus funciones haciendo más sencilla la vida a los ciudadanos. Proyectos como el de las leyes de eficiencia digital, concursal o ‘crea y crece’ utilizan las aplicaciones tecnológicas sin merma de la seguridad jurídica notarial».

 


CATASTRO Y NOTARIADO PONDRÁN EN MARCHA UN PROYECTO PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS ALTERACIONES FÍSICAS CATASTRALES


 

Artolazabal coincidió en señalar que «las últimas reformas han reforzado la competencia y función notarial en materias como la jurisdicción voluntaria o la resolución de conflictos, reduciendo la carga de los juzgados. Podemos considerar al Notariado como órgano colaborador de una buena administración de Justicia, como garantes del control previo de legalidad. Estas competencias requieren una especial sensibilidad en el trato con personas mayores y con discapacidad, unas funciones que ya llevan años desempeñando los notarios».

En materia de discapacidad, la nueva Ley 8/2021 modifica «la función singular del Notariado -apuntó Artolazabal-, al adoptar una estrategia de intervención que permita configurar los apoyos adecuados. Para afrontar este cambio de mentalidad entre notarios y persona, me consta la labor de su Fundación Aequitas».

Derecho a decidir

Bajo el título Amparo socio-legal ante el envejecimiento y la discapacidad tuvo lugar la primera mesa redonda. Moderada por el notario Ignacio Gomá, contó con las intervenciones de Nuria Moreno-Manzanaro, jefe de área del CES (Consejo Económico y Social); y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

Moreno-Manzanaro realizó un análisis detallado de la longevidad en nuestro país. «Con 84 años de esperanza de vida media al nacer, España se sitúa, incluso después de los estragos del Covid, entre los países con esperanza de vida más elevada del mundo. La llegada de los baby boomers (en España, los nacidos entre 1957 y 1975), a las edades de jubilación está haciendo que el futuro de las pensiones y la preocupación por la sostenibilidad del sistema acapare el protagonismo en el debate público sobre las consecuencias del envejecimiento. En 2022, aproximadamente 1,3 millones de personas reciben alguna prestación del sistema de atención a la dependencia: la mitad son mayores de 80 años. Del total de beneficiarias, un 30% son personas con gran dependencia».

Tras señalar la implicación de los notarios con el movimiento de la discapacidad, «el Notariado es una profesión amiga», Pérez Bueno hizo hincapié en algunos datos sobre discapacidad: «La cuestión del envejecimiento es crucial, de primera importancia, para nuestro movimiento social, no en vano el 60% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años, más de 2 millones, según las estadísticas oficiales del INE. De estas cifras se deduce que, en España, 1,5 millones de personas con discapacidad afrontarán el envejecimiento en los próximos años».

Aplicación práctica de la ley 8/21 fue otro de los temas de uno de los paneles de debate. Con Segismundo Álvarez Royo-Villanova como moderador, participaron en el coloquio Carmen Velasco, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, y Catalina Pedrero, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad en Euskadi.

 


66.000 EMPRESAS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA RECIBIRÁN LAS AYUDAS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL


 

Velasco señaló que «la función notarial no ha variado con la nueva normativa, pero se regula lo que se estaba haciendo hasta ahora. El Notariado nunca ha trabajado solo ni lo va a hacer, necesitamos la colaboración de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos para ir recorriendo el camino en la aplicación de esta ley. Asesoramiento, dación de fe en el ámbito extrajudicial, fuerza probatoria de la escritura pública, profesionalidad y formación son rasgos esenciales de nuestro trabajo que nos permitirán recobrar el lugar que siempre hemos tenido y seguir aportando seguridad jurídica».

«El papel del Ministerio Fiscal es básico en la protección de las personas más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad- apuntó Pedrero-. La trascendencia de la Ley 8/2021 es enorme por la transformación que ha supuesto oponiéndose al conservadurismo del mundo de la justicia; aún hay una resistencia grande a la hora de aplicarse». Sobre el papel de los notarios, la fiscal señaló que «pasan a desempeñar una tarea enorme en este nuevo marco». Asimismo, expresó su «agradecimiento a la Fundación Aequitas por la difusión de la Convención de la ONU que posteriormente ha sido reconocida en el articulado de nuestro ordenamiento».

Proyectos tecnológicos

Dirigida por Álvaro Lucini, delegado del Consejo General del Notariado (CGN) para la UE, se celebró una mesa redonda sobre EUDOC, IBERDOC e IBERFIDES, tres proyectos tecnológicos desarrollados por el Notariado español para la circulación telemática de escrituras públicas entre distintos países. Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos); Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado para América del CGN; y Gonzalo Cano, notario, miembro del grupo de trabajo de nuevas tecnologías del Consejo de los Notariados de la Unión Europea, tomaron parte en el coloquio.

Cano realizó un caso práctico de intercambio de documentos con la plataforma EUDOC, «que permite el envío de copias electrónicas firmadas entre notarios de los países de la UE. La herramienta ha sido desarrollada por la Agencia Notarial de Certificación (Ancert) e impulsada por los Notariados alemán y español».

Sobre EUDOC, Bormann destacó que «garantiza que los notarios se mantengan al día con la digitalización, sin comprometer la calidad de los servicios notariales. Con EUDOC, los Notariados español y alemán asumen un papel pionero en el ámbito de las TIC».

Gil Botero apuntó que «el sector iberoamericano de la Justicia está realizando un esfuerzo permanente en el ámbito de la digitalización. La seguridad jurídica es fundamental para consolidar la gobernanza de nuestros Estados y su cohesión social. En colaboración con el Notariado español hemos puesto en marcha plataformas como [email protected], que permite la cooperación jurídica entre 22 países beneficiando para servir a 600 millones de habitantes».

Para Alfonso Cavallé, «el idioma, el derecho común, y el arraigo de una institución como el Notariado ha permitido implementar esos proyectos de nuevas tecnologías entre España e Iberoamérica. El desplazamiento de personas en diferentes países es cada vez más común y los notarios debemos facilitarles su situación, permitiéndoles realizar negocios jurídicos transnacionales».

Kit digital

La primera mesa redonda de la segunda jornada se centró en El Kit Digital, un proyecto de RED.es que cuenta con el apoyo del Notariado. Moderada por Segismundo Alvarez, contó como ponentes con Alberto Martínez Lacambra, director general de RED.es y Antonio Magraner, vicepresidente de CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios).

Alberto Martínez Lacambra destacó que “el Programa Kit Digital tiene como objetivo digitalizar a empresas de menos de 50 empleados para mejorar la productividad de esta parte de nuestro tejido empresarial, que supone el 51% del empleo del país. La primera convocatoria de ayudas de Kit Digital, que se lanzó el pasado 15 de marzo, está dirigida a pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 trabajadores y ya ha recibido más de 66.000 solicitudes. Además, en los próximos días se alcanzará la cifra de 20.000 ayudas concedidas, lo que significa que alrededor del 30% de pymes solicitantes ya cuentan con la ayuda”.

 


LOS PONENTES DESTACARON LA LABOR DE LA FUNDACIÓN AEQUITAS EN LA NORMATIVA SOBRE DISCAPACIDAD


 

Martínez Lacambra añadió que la primera convocatoria “ha ido muy bien y confiamos en que la segunda, dirigida a microempresas y a autónomos de entre 3 y menos de 10 empleados tenga tan buena acogida”. El director general de RED.es ha resaltado también la agilidad en la tramitación y concesión de las ayudas gracias “a un sistema muy innovador y robotizado, en el que colabora el Notariado entre otros organismos, que permite que se pueda solicitar la ayuda sin aportar apenas documentación”.

Por su parte, Magraner puso en valor la importancia del ‘kit digital’ para los jóvenes empresarios: «Sin este proyecto se habría producido una brecha digital, lo que hubiera supuesto un grave problema empresarial. La gran mayoría de empresas no llega al 10% de su digitalización, muchas no tienen página web ni pueden vender online. Hay que ayudar a las micropymes a que puedan darse a conocer, porque la digitalización es un elemento democrático para nuestro tejido productivo; permite a los emprendedores internacionalizarse y competir con grandes empresas en igualdad de condiciones».

Catastro

Intercambio de información entre el Notariado y el Catastro: la colaboración al servicio de la ciudadanía fue el tema del segundo panel de debate. Moderado por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, estuvo integrado por Fernando de Aragón, director general del Catastro; Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al ciudadano; y Mikel Mendizábal, jefe de Servicio de Gestión de Tributos Locales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Puebla destacó la «intensa colaboración entre notarios y Catastro. Las alteraciones jurídicas del dominio de los inmuebles cuentan con flujos de intercambio de información muy depurados con resultados excelentes. En 2011 se incorporaron los intercambios de alteraciones físicas (segregaciones, divisiones, reparcelaciones,..). En 2015, al configurarse la cartografía catastral como base de representaciones gráficas en el Registro de la Propiedad, se hacía necesario avanzar en el intercambio de información gráfica entre Catastro y notarios; en ese sentido, en 2021 se publicó una resolución cuyo fruto fue la puesta en marcha de una experiencia piloto en el Colegio Notarial de Valencia, que ha dado excelentes resultados y que se pretende ampliar a nivel nacional».

 


LA INFORMACIÓN CATASTRAL RECOGIDA EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS NOTARIALES ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA EN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS, COMO EL BLANQUEO DE CAPITALES


 

Aragón coincidió en alabar la prolongada «colaboración entre Notariado y Catastro, que contribuye a mejorar los servicios públicos administrativos de calidad para la sociedad. Los notarios comunican el 54% de las certificaciones que se realizan en la sede del Catastro. Durante la pandemia se realizaron cuatro millones y se prevé que en 2022 lleguemos a los ocho millones. Estas comunicaciones nos permiten tener los datos al día de cualquier alteración jurídica (cambios de titularidad, compraventas,..). Estos años de colaboración se han visto refrendados con una resolución común de las direcciones generales de Seguridad Jurídica y Fe Pública con la del Catastro, que permitirá al ciudadano obtener toda la información georreferenciada del inmueble de manera inmediata en la notaría en una transmisión de propiedad». El director general del Catastro resaltó que la incorporación de los valores de referencia en la escritura pública «contribuye a la prevención del blanqueo».

Mendizábal destacó que «la colaboración con los notarios permite utilizar los valores de las escrituras públicas en el recorrido de nuestra información. El sistema de valores de referencia puesto en marcha por el Catastro y los notarios es un logro para la administración tributaria que evita conflictividad y aporta transparencia y veracidad».

Manuel González Meneses dictó la última ponencia del curso: Los servicios de confianza en el medio electrónico y la captura del legislador tecnológico. Para el notario, » el legislador ha querido ir por delante, estableciendo un régimen de efectos jurídicos y de presunciones legales que favoreciese el uso de esta tecnología antes de su adopción de forma generalizada en el mercado. Con ello nos encontramos, una vez más, con que una institución nacida en el ámbito empresarial pretende desplazar los criterios del Derecho Civil, es decir, del derecho que protege los intereses del ciudadano medio».

Primera mesa redonda. De izquierda a derecha: Luis Cayo Pérez, Ignacio Gomá y Nuria Moreno-Manzanaro.
Placas conmemorativas
Beatriz Artolazabal, Tontxu Rodríguez y Sofía Puente, recibieron durante el seminario unas placas conmemorativas del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco.
Beatriz Artolazabal, Tontxu Rodríguez y Sofía Puente, recibiendo las placas.
Retos del Notariado
Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, señaló que “la futura ley de eficiencia digital pretende conseguir un servicio público de Justicia centrado en las personas. En esta norma, los notarios jugarán un papel importante al incorporar servicios digitales que les permitan adaptarse a futuros retos; aunque nada puede suplir lo que aporta el notario en materias como el control de legalidad, la mediación o el consentimiento informado», indicó el representante de Justicia.

Tecnología al servicio de los ciudadanos

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, defendió que «la digitalización debe ser amable con las personas. Decimos sí a las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia y del Notariado, pero al servicio de los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de las personas vulnerables. Para evitar brechas digitales con personas mayores o con discapacidad, la tecnología debe humanizarse. Los avances tecnológicos no suplen la seguridad jurídica preventiva y el control de legalidad notarial».
Segunda mesa redonda. De izquierda a derecha: Segismundo Álvarez, Catalina Pedrero y Carmen Velasco.
Tercera mesa redonda. De izquierda a derecha: Gonzalo Cano, Alfonso Cavallé, Jens Bormann, Enrique Gil y Álvaro Lucini.
Cuarta mesa redonda. De izquierda a derecha: Alberto Martínez, Segismundo Álvarez y Antonio Magraner.
Quinta mesa redonda. De izquierda a derecha: Mikel Mendizábal, Fernando de Aragón, Francisco Cantos y Jesús Puebla.

Un extraordinario panel de ponentes

El acto de clausura estuvo presidido por Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado. El secretario de Estado destacó el papel pionero del Notariado español en su apuesta por la innovación tecnológica, con hitos como la constitución de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert), la implantación de la firma electrónica reconocida (FEREN) y de la Red Privada Notarial (RENO), así como el impulso a proyectos como Red [email protected], Iberfides o EUDoc, con el objetivo de fomentar la circulación de documentos judiciales, fiscales y policiales en países iberoamericanos y europeos. Martínez Sanchiz resaltó el extraordinario panel de ponentes “que nos ha permitido reflexionar sobre distintos aspectos. En primer lugar, sobre personas y envejecimiento, con intervenciones de una altura importante, realizadas desde el punto de vista económico y de la experiencia de las organizaciones sociales. Del mismo modo, tuvimos la posibilidad de compartir la experiencia del Ministerio Fiscal sobre la reforma de la discapacidad y la colaboración y el apoyo institucional que desplegamos los notarios con la Fiscalía. A continuación, se abordaron los proyectos que se están desarrollando en materia de circulación digital de documentos, como la red IBERA –ya operativa con COMJIB- y otros puestos en marcha tanto en Europa como Iberoamérica. La segunda jornada resultó muy interesante, tanto en lo que atañe al ‘Kit digital’ –que constituye un verdadero ejemplo de aplicación inteligente de la tecnología y que está adquiriendo un gran grado de ejemplaridad a nivel europeo-, como en lo relativo a nuestra colaboración con la Administración del Estado, puesta de manifiesto con los logros de la resolución conjunta que se ha ido implementando desde la sede del Catastro, que redundará en breve en un beneficio para todos los españoles: operaciones que podían tardar meses reducen sus tiempos de manera exponencial. Por último, concluimos con una conferencia sobre firma electrónica, muy diáfana y profunda, que apunta algunos aspectos que debemos ayudar a resolver para que los usuarios de los servicios digitales tengan los mismos derechos que los de los tradicionales”.

“Notarios por y para La Palma”, por Alfonso Cavallé

LA @

SEGISMUNDO ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA,

notario. Director del curso del Notariado en la Universidad del País Vasco

 

"La investigación y la colaboración ilumina facetas menos visibles para que la función notarial contribuya mejor al interés general "

Nuevas perspectivas, con la persona en el centro

La realidad es siempre compleja. Lo que desde determinado ángulo y distancia aparece como un simple cuadrado puede ser en realidad un poliedro con decenas de facetas. Por eso, para pensar sobre el presente y futuro de nuestra profesión es necesario buscar nuevas perspectivas. Para ello sirve el estudio académico profundo pero también escuchar a personas con otros puntos de vista. Eso hemos hecho durante dos días de julio en San Sebastián: hablar con juristas de otros ámbitos y notarios de otros países, pero también con sociólogos, economistas, empresarios y asociaciones de la sociedad civil. La investigación y la colaboración ilumina facetas menos visibles para que la función notarial contribuya mejor al interés general.

El envejecimiento, por ejemplo, se suele contemplar como problema social y sobre todo económico, un alargamiento de la vejez y de todo lo que –negativamente- se asocia a ella: no productividad, dependencia, soledad, costes… Pero como nos mostró la estadística, ha de verse más bien como un alargamiento de la vida y de cada una de sus etapas. Se prolonga la formación, y todas las fases se retrasan: el primer trabajo, la formación de pareja, el primer hijo, la muerte de los padres, los nietos… No es tanto una vejez más larga sino más tardía, lo que plantea alargar la fase de trabajo, -probablemente con esquemas de dedicación y remuneración distintos- y trabajar por la inclusión y autonomía de los mayores.

Esto último conecta con la nueva concepción de la discapacidad, que requiere también cambiar el enfoque. Ya no hay personas incapaces, que solo podían actuar a través de un representante designado por el juez: ahora todas tienen capacidad, aunque algunas pueden necesitar apoyos para ejercerla. De esta forma, el foco pasa de la capacidad al consentimiento y de la actuación del juez a la de quienes interactúan con la persona con discapacidad, y muy especialmente del notario. Más que un cambio radical, esto supone fijarnos en un aspecto ya conocido de la actuación del notario, que nunca ha sido un simple controlador de la capacidad, sino un conformador del consentimiento, como revelaba ya la exigencia de un asesoramiento adaptado a cada persona. El éxito de la nueva ley dependerá en buena parte de cómo el notario adapte su actuación a cada persona y a cada documento, con los apoyos familiares, profesionales o técnicos necesarios. También está llamado a facilitar el funcionamiento de la guarda de hecho, una de las instituciones esenciales de la nueva ley y a colaborar con el Ministerio Fiscal cuando detecte situaciones de desprotección o riesgo.

Los avances tecnológicos también permiten abrir perspectivas, partiendo de dos premisas: primero, que la digitalización no es un fin en sí misma sino un instrumento al servicio de las personas; segundo, que replicar y mecanizar lo analógico a veces no será posible y en otras no será útil, pues los nuevos medios permitirán soluciones distintas. Un ejemplo de esto último es utilizar en beneficio de los ciudadanos los datos que obtienen los notarios al ejercer su función. Vimos cómo la transmisión de los cambios de titularidad al catastro fue una primera forma de ahorrar trámites, pero el avance tecnológico permite ahora que la propia escritura incluya las modificaciones de fincas y que se trasladen al catastro. De manera aún más creativa, esos datos sirven ahora para simplificar la solicitud de subvenciones para la transformación digital a través del llamado Kit Digital.

La tecnología permite establecer canales de comunicaciones seguros entre notarios para la remisión de documentos o coordinación de notarios de distintos países. Pero puede incluso replantear algo tan característico de la función notarial como la necesidad de presencia física y de firma ante notario de la escritura. La esencia de la función del notario no radica en el papel sino en su interacción con las partes, indagando su voluntad y explicando las consecuencias del acto para garantizar el ajuste del contrato a la ley y la prestación de un verdadero consentimiento informado. Y la tecnología actual -criptografía, videoconferencia, redes seguras- puede permitir realizar todas esas actividades a través de una conferencia en un entorno seguro con una eficacia y seguridad equivalentes.

Sin embargo, no todo lo analógico pasa sin esfuerzo y sin perder su esencia a lo digital. En algunos casos es fácil percibirlo: igual que un zoom no puede sustituir una reunión de amigos, la consulta y otorgamiento de un testamento no debe hacerse por videoconferencia. Otras diferencias son menos evidentes porque requieren un conocimiento profundo de la tecnología. En este sentido, la ponencia final reveló cómo el legislador se ha olvidado de las importantes diferencias entre la firma manuscrita y la firma electrónica y de la problemática que ésta genera en manos de particulares, sobre los recaen todos los riesgos de su uso.

Con este final volvíamos al principio de las jornadas: a la persona, a su dignidad, seguridad y autonomía, que es el centro y el objetivo de la función notarial pero también de todo el sistema jurídico.

El desafío de vivir 100 años

EN EL ESCAPARATE

El desafío de vivir 100 años

Más de 70 expertos del ámbito sanitario, político, económico, universitario, sociológico y jurídico se reunieron en Málaga los días 19 y 20 de mayo para debatir sobre el envejecimiento de la población y sus retos. Fue en el XII Congreso Notarial Español, una cita organizada por el Consejo General del Notariado que congregó a más de 400 asistentes de todos los ámbitos de la sociedad civil.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA,
malaga4

Bajo el lema El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, el encuentro contó con una extensa agenda de mesas de diálogo que se estructuró en torno a tres temáticas: La dignidad vs. la protección de la vulnerabilidad; La vida centenaria y su previsión individual; y La vida centenaria y su previsión social y política.

 

Compromiso público

El acto inaugural tuvo lugar en el auditorio Edgar Neville y contó con las intervenciones de Pilar Llop, ministra de Justicia; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; José Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN); María Teresa Barea, decana del Colegio Notarial de Andalucía; Rodrigo Tena, coordinador general del Congreso; y Antonio Ojeda, expresidente del CGN y primer presidente del Parlamento de Andalucía

Acto inaugural. De izquierda a derecha: J. F. Salado, Antonio Ojeda, M. T. Barea, J. A. Martínez Sanchiz, Pilar Llop, Francisco de La Torre, Tontxu Rodríguez, Sofía Puente, F. J. Salas y Rodrigo Tena.

PILAR LLOP,
ministra de Justicia

«El Notariado vertebra nuestro territorio. ¿Quién no quiere tener un notario cerca que realice esa función de asesoramiento en el proceso de envejecimiento? »

FRANCISCO DE LA TORRE,
alcalde de Málaga

«España es uno de los países con mayor esperanza de vida; debemos ser capaces de ofrecer actividades y vocaciones a las personas mayores»

JOSÉ FRANCISCO SALADO,
presidente de la Diputación de Málaga

«Los notarios desempeñan diversas funciones como termómetro de la sociedad, garantes de la legalidad y última línea de defensa de los mayores»

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,
presidente del Consejo General del Notariado

«La función de los notarios es preservar la fragilidad de la vida humana. No puede haber una necesidad más notarial»

MARÍA TERESA BAREA,
decana del Colegio Notarial de Andalucía

«Una de las funciones y compromisos de los notarios es estar al lado de los mayores; escucharles y ofrecerles soluciones, certeza y seguridad»

RODRIGO TENA,
coordinador general del Congreso

«La experiencia de la pandemia hacía todavía más urgente y necesario reflexionar sobre el envejecimiento y aprovechar cuanto antes sus lecciones»

Según Pilar Llop: «Los poderes públicos tenemos que comprometernos con el envejecimiento. Es nuestro deber de justicia social levantar todas las barreras para las personas mayores. Esta cuestión trasciende cualquier tipo de ideología y afecta a todas las Administraciones».

La titular de Justicia señaló que «como sociedad, debemos proponer el empoderamiento de las personas mayores, fomentando su inclusión y reduciendo todas las posibles vulnerabilidades y desigualdades. Y es que el envejecimiento es uno de los logros de nuestra sociedad, un éxito en la mejora de las condiciones de vida y en los avances de la medicina».

Llop destacó la oportunidad de esta cita y el interés y preocupación de los notarios con las personas mayores: «Quiero agradecer el compromiso del Notariado y su Fundación Aequitas por proponer un congreso sobre las personas mayores. Es un planteamiento enriquecedor que contribuirá a repensar el Estado de Derecho. Gracias por dar voz a las personas mayores, escucharles desde vuestras oficinas, grandes y pequeñas, y hacer respetar su libre voluntad. El Notariado vertebra nuestro territorio. ¿Quién no quiere tener un notario cerca que realice esa función de asesoramiento en el proceso de envejecimiento? La Justicia debe velar porque toda la ciudadanía tenga una tutela judicial efectiva; desde el ministerio queremos que la Justicia sea un motor de cohesión social y que cualquier persona pueda acceder a nuestros recursos. Para ello, hemos creado un grupo de trabajo en el que hemos incluido a diferentes operadores, como los notarios».

Por su parte, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado apuntó que «los notarios nos damos cuenta de la necesidad que existe de aliviar las preocupaciones que genera el envejecimiento y de realizar una acción conjunta por parte de la sociedad.

Martínez Sanchiz agradeció la presencia de numerosos representantes del Notariado internacional y de otros colectivos (Abogacía, Procura, Economistas, …). El presidente del CGN destacó que «la función de los notarios es preservar la fragilidad de la vida humana. A la vejez va asociada la debilidad. Es un momento que se vive en soledad, como ocurre en muchos pueblos pequeños. Implica cierta angustia por la cercanía de la muerte. Precisa del cariño de todos; el amor y la fraternidad social pueden convertirla en una forma de inmortalidad. Los notarios estamos de cara a esas personas; los mayores y también los jóvenes, preocupados por el futuro de sus padres. Los notarios nos damos cuenta de la necesidad que existe de aliviar esas preocupaciones y de realizar una acción conjunta por parte de la sociedad. No puede haber una necesidad más notarial».

 


EL CONGRESO SE ESTRUCTURÓ EN TRES TEMAS: ‘DIGNIDAD VS. PROTECCIÓN DE LA VULNERABILIDAD’; ‘VIDA CENTENARIA Y PREVISIÓN INDIVIDUAL’; Y ‘VIDA CENTENARIA Y PREVISIÓN SOCIAL Y POLÍTICA’


 

Ofrecer seguridad

La decana del Colegio Notarial de Andalucía aseguró que «una de las funciones y compromisos de los notarios es estar al lado de los mayores; escucharles y ofrecerles soluciones, certeza y seguridad».

Barea recordó sus inicios en la profesión: «Empecé en un pueblo pequeño, con una población con muchas personas mayores. Allí cobró sentido lo que para mí debe ser un notario: un jurista al servicio de la persona. La seguridad jurídica preventiva y el control de la legalidad no se pueden entender sin esa empatía y creatividad para dar solución jurídica a los problemas que los ciudadanos nos plantean. ¡Qué regalo y qué responsabilidad es esa confianza que depositan los ciudadanos en los notarios! Seguiremos estando al lado de los mayores; escuchándoles y ofreciéndoles soluciones, certeza y seguridad. Esa es nuestra función y nuestro compromiso».

Rodrigo Tena apuntó que «la experiencia de la pandemia hacía todavía más urgente y necesario reflexionar sobre el envejecimiento y aprovechar cuanto antes sus lecciones. La ONU proclamó el periodo comprendido entre 2021 y 2030 como Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable, exhortando expresamente a los Estados Miembros para prevenir, vigilar y abordar los efectos desproporcionados de la pandemia de Covid 19 en las personas de edad, velando para que las decisiones que les afecten respeten su dignidad y promuevan sus derechos humanos».

Por su parte, Antonio Ojeda destacó el papel del notario en la salvaguarda jurídica de las personas mayores: «A la hora de proteger los derechos e independencia del anciano, el notario está llamado a intervenir de manera fundamental. En su quehacer cotidiano se convierte en pilar esencial de la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas. Esta centenaria profesión, por la dación de fe intrínseca a su función, exige la presencia activa, la llamada inmediación, que no es una formalidad más: es la inserción del notario en ese torrente de la vida jurídica donde él advera, es decir, da noticia de la verdad. Ser notario es profesar esa pasión por la verdad”.

Mesa inaugural del congreso: Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento. Moderada por Patricia Rosety, contó con las intervenciones de Ángel Rodríguez Castedo, Luis Cayo Pérez, Rafael de Lorenzo e Inmaculada Ruiz.
Pepa Fernández junto a María Teresa Barea, durante la emisión.
Ganan los mayores de Soria

La Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria y su asociación de mayores San Miguel de Langa de Duero (pueblo soriano de menos de 700 habitantes), con su proyecto Langa Dinámica, fue la ganadora de la primera edición de los Premios Cerca de los que están cerca, promovidos por la Fundación Notariado y la Fundación Aequitas. Langa Dinámica, premiado con 6.000€, es un proyecto integral y transversal e intergeneracional que busca luchar contra la
soledad no deseada. Un proyecto dinámico, que trasciende a los mayores como grupo único, pero que no hace nada sin los mayores.

RNE en el Congreso

EL POPULAR programa Las mañanas de Radio Nacional de España-De Pe a Pa fue emitido desde las instalaciones del Hotel NH de Málaga, coincidiendo con la celebración del congreso. El magazine –que fue seguido por numerosos espectadores en directo– estuvo dirigido por la periodista Pepa Fernández, que entrevistó a varios notarios, como Plácido Barrios –comisario de la exposición sobre documentos notariales–; la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona; María Teresa Barea, decana anfitriona; Isabel Louro, ex decana de Galicia; y Rodrigo Tena, coordinador del congreso.

Diálogo en Servimedia

Unas semanas antes del congreso, la agencia de noticias Servimedia celebró el diálogo El envejecimiento de la sociedad, principal desafío del siglo, donde se analizaron algunos temas de la cita de Málaga. El coloquio -moderado por el director general de la agencia, José Manuel González Huesa- contó con la participación de Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas; Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas; y María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago.

Rodríguez Castedo expuso algunos datos significativos del envejecimiento de la sociedad española: «A día de hoy, el 20% de la sociedad tiene más de 65 años; a principios de la década siguiente, seremos el 25%; y en 2050, las proyecciones hablan de un 32%: uno de cada tres ciudadanos. Una situación agravada por la escasa natalidad».

La catedrática García Rubio realizó un repaso por algunos de los principales problemas a los que se enfrentan los mayores: «Se ha dicho que somos una sociedad gerontofóbica. No creo que sea así, pero sí que es cierto que hemos ignorado a los mayores. Los pensionistas padecen una situación de vulnerabilidad económica; sobre todo las mujeres, cuyos subsidios por viudedad son injustos e insolidarios y no responden a la realidad. La vulnerabilidad tecnológica en bancos y servicios de salud se ha agravado también a causa del Covid. Otro problema es el de la vivienda, hay que buscar otras alternativas para poder vivir en el propio entorno sin tener que depender de los hijos.»

Sobre el congreso, la directora de la Fundación Aequitas apuntó que «haberlo abordado desde una perspectiva interna hubiera sido un error, por eso hemos querido que fuera abierto a la sociedad. Se tiene que abordar el envejecimiento desde la pluralidad».

«El trabajo de los notarios consiste en convertir -mediante mecanismos jurídicos de nuestro ordenamiento- la autonomía de la voluntad y la libertad individual en una realidad y no una mera constatación programática. Desde las notarías intentamos evitar la discriminación a las personas mayores; siempre desde el equilibrio entre el excesivo proteccionismo y la autonomía plena de la voluntad y la seguridad. El notario es el garante de que esas personas ejerciten su derecho en el momento de la verdad, escuchando sus preocupaciones y conformando sus deseos. Incluso durante la pandemia no hemos dejado de mantener una relación directa con los ciudadanos», arguyó Castro-Girona. 

Ver retransmisión en el Canal Youtube de Servimedia TV

De la Torre señaló la utilidad del congreso: «España es uno de los países con mayor esperanza de vida; debemos ser capaces de ofrecer actividades y vocaciones a las personas mayores, que en otras etapas no han podido desarrollar. Espero que este foro suponga un hito y estudiaremos sus reflexiones para aplicarlas al ámbito local».

Por su parte, Salado aseguró que los notarios «desempeñan un importante papel en la sociedad porque su trabajo está íntimamente ligado al de las personas. Además, realizan otras funciones como: termómetro de la sociedad, garantes de la legalidad y última línea de defensa de los mayores».
Previamente, en la conferencia inaugural, titulada Dignidad. La ley del más débil, Javier Gomá -filósofo y director de la Fundación Juan March- apuntó que «el concepto más revolucionario del siglo XX ha sido la dignidad. Ha aparecido en los principales tratados internacionales los debates éticos, y en su dimensión aplicable en la clínica, el debate sobre la vida, la manipulación genética, la clonación y los derechos humanos. También en la vejez, que es el ensayo de una ciudadanía emancipada de ser productiva y que concede una sabiduría exclusiva».


EN WWW.CONGRESONOTARIAL.COM SE PUEDE ENCONTRAR INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL ENCUENTRO: VÍDEOS, FOTOS, NOTAS DE PRENSA, ENTREVISTAS, ARTÍCULOS DE OPINIÓN…


Un reto global

A continuación tuvo lugar el primer panel de debate del congreso: Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento. En esa mesa redonda se abordaron los recientes cambios sociales y legislativos que obligan a un acelerado proceso de adaptación para atender a las nuevas necesidades.

Moderada por Patricia Rosety, periodista y presidenta de ACIJUR (Asociación de Comunicadores de Información Jurídica), contó con las intervenciones de Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI; Rafael de Lorenzo, secretario general de ONCE; e Inmaculada Ruiz Martín, presidenta de UDP (Unión Democrática de Pensionistas).

Ruiz se mostró crítica con «la falta de respeto a los mayores de nuestra sociedad. La vulnerabilidad y la falta de accesibilidad -por ejemplo, tecnológica- nos llevan a ese ‘edadismo’, que hace que se nos trate como a niños. Desde UDP demandamos un mayor empoderamiento en materia de dignidad, conocimiento, protección de la salud y derecho a una vivienda digna».

«Los mayores son respetables como el que más, pero no son respetados. Se les cosifica, se les pone en situaciones de periferia y marginalidad», arguyó Pérez Bueno, quien indicó que «discapacidad y edad avanzada van de la mano: casi tres millones de personas con discapacidad son mayores».

De Lorenzo demandó «una Ley estatal integral de las personas mayores, y una convención internacional en este ámbito, en simetría con lo que ha hecho la discapacidad. En el Derecho apenas hay normas que mencionan la protección de los mayores, sólo la Ley de la Dependencia»».

La sostenibilidad de las pensiones fue el principal punto que abordó Castedo: «Distribuimos mal los ingresos; sólo un 12% del PIB se dedica al sistema de pensiones, menos que en Europa, a pesar de que España es la cuarta economía de la zona euro». Otro dato de relevancia que puso de manifiesto fue el paro, que repercute en la jubilación: «sólo trabajan 59 de cada 100 personas; mientras que en los países nórdicos se llega al 84. Un buen empleo genera buenas pensiones».


La información sobre las mesas de debate posteriores se encuentra en la sección ‘El Notariado Informa’ (en cuadernillo central de este mismo número de Escritura Pública).


Solidaridad

La clausura del congreso estuvo presidida por María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. El acto también contó con las intervenciones de Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social; Cristina Armella, presidenta de la Unión Internacional del Notariado (UINL); José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN); María Teresa Barea, decana del Colegio Notarial de Andalucía y Rodrigo Tena, coordinador general del Congreso.

«Tenemos que construir un modelo robusto de pensiones, basado en un empleo de calidad que pueda aportar los recursos necesarios para que los mayores puedan vivir de forma digna; para que la vejez no sea un modelo de pobreza, sino de solidaridad institucional», apuntó Montero.

La titular de Hacienda y Función Pública felicitó a los organizadores «por la temática escogida y su interesante formato, abierto a la participación social y con expertos que han tenido la oportunidad de compartir ideas sobre uno de los principales retos de las sociedades avanzadas. Una organización, como el Notariado, que plantea abrirse a la sociedad, demuestra una clara vocación de interés por la ciudadanía. Es una clara señal de la vitalidad de este colectivo y su capacidad de adaptación».


LOS PONENTES DEMANDARON UNA LEY ESTATAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL EN ESTE ÁMBITO, SIMILARES A LAS EXISTENTES SOBRE DISCAPACIDAD


«El envejecimiento está a punto de convertirse en uno de los principales retos de nuestra sociedad -señaló Montero-. En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años; y otro millón más que supera los 85. Somos uno de los países más longevos del planeta, junto a Corea y Japón. Son magnitudes que ponen de manifiesto que las personas mayores ya no son un colectivo, sino un segmento diverso de población, con circunstancias muy diferentes. Cualquier propuesta para afrontar este desafío necesita una visión plural, como la de este congreso».

La ministra puso de manifiesto las diferentes circunstancias por las que atraviesa el fenómeno del envejecimiento en la actualidad: «La ciencia nos puede conducir a un escenario donde las personas centenarias dejarán de ser una excepción. El avance del estado del bienestar, la sanidad universal o el blindaje de las pensiones han sido determinantes para que nuestro país ocupe -a pesar de la pandemia- una de las posiciones más altas en el ranking de longevidad».

Entre las medidas puestas en marcha desde el Ejecutivo destacó que «se ha aprobado una ley garantista que permitirá tener acceso, con la asistencia debida, al testamento vital o la muerte digna. Otro aspecto que quiero poner de manifiesto es la estrategia de vacunación a las personas mayores, con un cien por cien de los mayores de ochenta años que han recibido la pauta completa».

Asimismo, señaló que “las Administraciones Públicas no pueden quedarse atrás en materia de accesibilidad. Hay un camino que recorrer en la sensibilidad de los trámites administrativos por lo que vamos a aprovechar los recursos del plan de recuperación para una Administración más accesible. Asimismo, queremos invertir en la estrategia de los cuidados de larga duración. La institucionalización de los mayores no es la adecuada, a veces, como hemos visto en la pandemia. Existe un compromiso del gobierno para que las personas puedan permanecer en sus hogares con calidad de vida».

Gina Magnolia Riaño relató la problemática situación de los mayores en Sudamérica, que tratan paliar desde su institución: «Intentamos garantizar la atención a la dependencia en la Región más desigual del planeta y la más afectada por la pandemia. En nuestro continente, sólo cuatro de cada diez personas está afiliada a un sistema de seguridad social. El 60% de los trabajadores se encuentra en la ‘informalidad’ y no cotiza, por lo que los sistemas de pensiones que garanticen una renta universal, son escasos».

Cristina Armella destacó que «los Estados deben garantizar el acceso a la justicia preventiva a los mayores. En este ámbito trabajamos los 91 Notariados. Nuestra vocación nos impulsa a dar un trato personalizado y a constituir un apoyo a las personas con discapacidad o con avanzada edad. Nuestro código expresa la imparcialidad que debemos mostrar ante las partes, evitando las asimetrías informativas, dedicando especial atención al más necesitado, como pueden ser las personas de avanzada edad». Para la notaria argentina: «El Notariado español es un ejemplo en el mundo y un referente en la región iberoamericana».

Por su parte, J. A. Martínez Sanchiz señaló que «con este congreso hemos querido transmitir nuestra entrega para abordar los problemas de las personas mayores y poder encontrarles solución; pero debe enfocarse dentro de una acción colectiva de toda la sociedad civil. Esta cita ha abierto un diálogo y el principio de un camino».

«En una de las ponencias se habló de la dura soledad que padecen nuestros ancianos; y no sólo en pequeños pueblos, también en las ciudades. Con este congreso hemos querido acompañarles, hacerles sentir que siguen siendo necesarios, les debemos gratitud y respeto», expuso el presidente del Notariado.

María Teresa Barea reconoció el trabajo de todos los ponentes que han aportado «ideas útiles para hacer frente a los desafíos del envejecimiento. El fruto de este congreso va más allá de una serie de propuestas certeras; es un acercamiento al fenómeno poliédrico del envejecimiento, que exige una visión interdisciplinar y un enfoque moral». También puso en valor la función notarial en defensa de la protección jurídica de los mayores: «Los notarios estamos llamados a jugar un papel importante en este reto. Esta función de catalizador de soluciones no nos es desconocida: al trabajar tan pegados a la sociedad, podemos realizar un diagnóstico de las necesidades de estas personas y su solución práctica.

Rodrigo Tena aseguró que «el congreso es el principio de un trabajo que debe continuar en el tiempo. Intentaremos aplicar sus reflexiones a nuestra vida, difundirlas a la sociedad y trasladarlas a las autoridades». Así, los debates y reflexiones de este congreso se recogerán en un libro blanco que será hecho público.

CRISTINA ARMELLA,
presidenta de la UINL

«Los Estados deben garantizar el acceso a la justicia preventiva a los mayores. En este ámbito trabajamos los 91 Notariados»

JAVIER GOMÁ,
filósofo y director de la Fundación Juan March

«La vejez es el ensayo de una ciudadanía emancipada de ser productiva y que concede una sabiduría exclusiva»

GINA MAGNOLIA RIAÑO,
secretaria general de la OISS

«En nuestro continente, sólo cuatro de cada diez personas está afiliada a un sistema de seguridad social»

MARÍA JESÚS MONTERO,
ministra de Hacienda y Función Pública

«Tenemos que construir un modelo robusto de pensiones, basado en un empleo de calidad que pueda aportar los recursos necesarios»

ANTONIO OJEDA,
primer presidente del Parlamento de Andalucía

«A la hora de proteger los derechos e independencia del anciano, el notario está llamado a intervenir de manera fundamental»

PARA SABER MÁS

En la página web del Congreso y en el Canal de Youtube del Consejo General del Notariado están disponibles los diferentes vídeos realizados antes y durante el congreso. Además de una pieza de presentación y de cada uno de los tres temas de estudio, se grabaron resúmenes de las diferentes sesiones de trabajo.

Retos de una sociedad envejecida

EN EL ESCAPARATE

RETOS DE UNA SOCIEDAD ENVEJECIDA

La nueva realidad social implica el cambio del modelo de familia como entorno de cuidados para las personas mayores.

La ciudad de Málaga acoge el 19 y 20 de mayo el XII Congreso Notarial Español. El lema de esta cita –cuya celebración tuvo que ser pospuesta por la pandemia– es El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo.
JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA,

Está prevista la asistencia de más de cuatrocientas personas a este foro, abierto no sólo a notarios y profesionales jurídicos, sino a representantes, profesionales e instituciones de todos los ámbitos de la sociedad civil. Un amplio y multidisciplinar programa de ponentes participará en mesas redondas y debates con el objetivo de aportar reflexiones sobre un fenómeno que afecta a diferentes ámbitos de nuestra vida.

Inauguración

Está previsto que diversas personalidades participen en el acto inaugural del congreso, a quienes acompañarán el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el coordinador del Congreso, Rodrigo Tena. Antonio Ojeda, primer presidente del Parlamento de Andalucía y ex presidente del Consejo General del Notariado, será el maestro de ceremonias de la inauguración.

Previamente, Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March, pronunciará la conferencia inaugural del Congreso, bajo el título Dignidad vs Vulnerabilidad, en el Auditorio Egdar Neville.

El programa se estructura en tres bloques: La dignidad vs. protección de la vulnerabilidad; La vida centenaria y su previsión individual y La vida centenaria y su previsión social y política. Cada uno de los temas -de contenido social, económico y jurídico- se debatirá en diferentes mesas redondas de carácter transversal, que tendrán lugar en el Hotel NH Málaga.

 


Está prevista la asistencia de más de cuatrocientos representantes de toda la sociedad civil


 

Para el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz” aun siendo muchos los foros dedicados a estudiar el envejecimiento desde diferentes perspectivas, en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas. Hay que incardinar la reflexión sanitaria, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de las de más edad, que son las que han sufrido el impacto de la crisis con mayor violencia”.

Para el coordinador del congreso, Rodrigo Tena, “los notarios estamos en una posición idónea para impulsar un esfuerzo conjunto dedicado a estudiar el fenómeno del envejecimiento, tan necesitado de una aproximación jurídica que ayude a integrar todas las perspectivas. El notario es garante de la autonomía y libertad civil de las personas en los aspectos personales y patrimoniales más determinantes de su vida privada. Pero, además, es un testigo idóneo de la intrahistoria del devenir social y el primero en detectar las nuevas necesidades y situaciones de vulnerabilidad”.

A continuación, se recogen los puntos de vista de algunos de los miembros del Comité Científico del Congreso: representantes del movimiento asociativo, economistas, médicos y juristas.

Dignidad vs. protección de la vulnerabilidad.

Seis paneles de debate integran este apartado que aborda las amenazas físicas, psíquicas y patrimoniales de la última fase de la vida: Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento; El régimen de apoyos a la luz de la Ley 8/2021; Valoración de la capacidad; Voluntades anticipadas y consentimiento informado; La guarda de hecho tras la Ley 8/2021 y Los internamientos involuntarios.

Para Carmen Sánchez Castellano, facultativo especialista de geriatría en el Hospital Ramón y Cajal, «las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación conforman en nuestro país un grupo nada homogéneo, pero que, a grandes rasgos, ha vivido unos cambios tecnológicos enormes en una sociedad que ha alcanzado una de las esperanzas de vida más largas del mundo. Creo que se encuentran preparados para afrontar un envejecimiento con muchas más oportunidades de ocio y formación de las que tuvieron sus abuelos. Y, por otro lado, deben ser capaces de vivir esta etapa, minimizando las consecuencias propias de enfermedades que prevalecen con la edad, como son las neurodegenerativas o el cáncer. Estar activos desde el punto de vista físico y mental y promover actividades sociales (también las de compromiso, como el voluntariado) puede ayudar a que las personas se desarrollen plenamente en esta etapa de su vida. La sociedad en su conjunto y las instituciones en particular deben fomentar y dar el debido reconocimiento a estas actividades, para evitar la exclusión social de las personas mayores en nuestro país».


Las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación han vivido unos cambios tecnológicos enormes


Miguel Ángel Cabra de Luna, director del área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE y patrono de la Fundación Aequitas, considera «muy acertado el enfoque que se le ha dado al congreso, ya que abarca prácticamente todos los temas de fondo y de actualidad del colectivo. Además, los notarios son esenciales en esta estrategia de empoderamiento y de promoción de la autonomía de la voluntad. Este foro permitirá poner en su sitio la realidad de los mayores en España; el Notariado puede contribuir a esta tarea, desarrollando asesoramiento, apoyos y garantías jurídicas en favor de este grupo tan importante de la población española: un 20% de la misma. Los mayores somos prácticamente 10 millones de personas, constituimos el núcleo de la «Silver Economy», gestionamos el 40% de la riqueza del país y manejamos anualmente en las entidades financieras 400.000 millones de euros, de los que 170.000 corresponden a las pensiones».

El representante del tercer sector enumeró alguno de los temas que preocupan al colectivo de mayores, entre ellos, la sanidad: “El impacto del COVID ha sido tan fuerte que se ha desequilibrado la atención sanitaria primaria y especializada; espero que se puedan recuperar los niveles previos e incluso mejorar los mismos, teniendo en cuenta una mayor interrelación con los servicios sociales. Los cuidados y la dependencia son otro frente que se debe mejorar. En cuanto a las pensiones, deben de mejorarse las más inferiores, pero sin perder el principio de contributividad, dentro del marco del Pacto de Toledo».

Desde una perspectiva más jurídica, Ascensión Leciñena -profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia- indica que «es necesario abordar en este congreso la incidencia de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; así como el alcance de esta nueva juridicidad en el sector poblacional de las personas de edad avanzada. Este colectivo es vulnerable, no sólo por la propia fragilidad de los sujetos que lo integran y cuyo deterioro progresivo provoca una disminución de las reservas de capacidad intrínseca, sino también por las circunstancias del entorno que los acoge y que contribuye a incrementar el riesgo de sufrir un daño respecto del cual carecen de medios para afrontarlo.

«Desde el punto de vista del Derecho Civil, admitida la aplicación de la Ley 8/2021 a las personas de edad avanzada, una interpretación atinada de sus mandatos normativos pasa por valorar la concreta situación de este colectivo, lo que arrojará luz sobre el impacto que pueden tener puntos clave de la reforma como son el principio de autonomía decisoria y el juego de la hegemonía de la voluntad en la toma de decisiones que le incumben», profundiza Leciñena.

Luciana Miguel Alhambra, médico forense y especialista en geriatría, aporta su punto de vista desde la experiencia como profesional de la salud: «En medicina, las decisiones que requieren la resolución de conflictos éticos están siempre presentes. Cuando el paciente es, además, una persona de edad avanzada, se añade la dificultad de la toma de decisiones al final de la vida, donde los principios de la bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) pueden ser especialmente difíciles de equilibrar. El abordaje compartido y multidisciplinar de las distintas situaciones que pueden afectar al anciano es un instrumento fundamental para abrir líneas de debate que permitan encontrar el mejor equilibrio posible entre dichos principios. A mí, como geriatra, me preocupa mucho el anciano con déficit cognitivo, cuyo problema de salud requiere para ser resuelto una reflexión sobre los límites de nuestra actuación y la posible limitación de sus derechos. Es el caso, por ejemplo, del uso de contenciones mecánicas en el anciano agitado. Sin duda, hay indicaciones médicas para usarlas, pero la privación de derechos en el contexto de un posible vicio del consentimiento debe obligarnos con especial esmero al diálogo interprofesional en la búsqueda de soluciones. Y ello es lo que sin duda va a permitir este congreso notarial».

Alhambra considera que el congreso permitirá entender de forma integral «la realidad de la población anciana; las dificultades que les afectan a título personal; el impacto familiar, social, económico, demográfico, … del envejecimiento progresivo de la población y la participación de la sociedad civil en la identificación de problemas o dificultades presentes y futuras. El análisis de estos temas resultará fundamental, tanto para ser certeros en el diagnóstico como para diseñar soluciones realistas y eficaces».

Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, apunta alguna de las líneas maestras previstas para su debate en el congreso: «Debemos abordar la importancia y trascendencia jurídica de la voluntad; la necesaria desinstitucionalización de los mayores y el desarrollo de los apoyos precisos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Las propuestas que puede aportar este foro para la mejora de este colectivo deben ayudar a entender el cambio de paradigma que supone la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; principalmente, las que incidan sobre los apoyos extrajudiciales y las salvaguardas necesarias para que todas las personas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás».

Para el representante del ministerio fiscal, las administraciones públicas deben «poner en valor la relevante aportación a la sociedad de los mayores y desarrollar recursos de proximidad que eviten internamientos no voluntarios. Asimismo, ha de potenciarse la figura del apoyo para la capacidad jurídica a los efectos de garantizar no solo la protección, sino también el ejercicio de sus derechos, incluso cuando residan en centros. Todas estas cuestiones deben ser abordadas con perspectiva de género y sin perder de vista el cambio de modelo de familia como entorno de cuidados para las personas mayores, lo que debe comportar una implicación estatal en la provisión de apoyos que subvengan a esa nueva realidad social».


10 millones de mayores españoles constituyen el núcleo de la «silver economy», gestionan el 40% de la riqueza y manejan anualmente 400.000 millones de euros


Vida centenaria y previsión individual

La planificación financiera de una vida centenaria; Abuelos y nietos: derechos, legítimas y alimentos; La hipoteca inversa y otras soluciones inmobiliarias; Poderes preventivos y regulación de la propia discapacidad y La planificación vital de una vida centenaria, serán las mesas redondas de este bloque centrado en analizar los instrumentos personales y patrimoniales que el Derecho ofrece a las personas mayores.

La toma de decisiones en pacientes de edad avanzada y con déficit
cognitivo es difícil de equilibrar desde los principios de la bioética.

Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano y técnico comercial y economista del Estado, llama la atención sobre el hecho de que «en los próximos años se jubilarán muchos ciudadanos nacidos durante el baby boom, lo que pondrá a prueba el sistema de pensiones. La elevación de la esperanza de vida no sólo obliga a una revisión del sistema de pensiones, sino también del papel en la sociedad de unas personas mayores que aún pueden aportar mucho, no sólo en lo laboral, sino en otros muchos ámbitos. Por otro lado, si hay un gasto insustituible para una sociedad envejecida es el sanitario, y es preciso prepararse para un escenario en el que la salud preventiva, la medicina personalizada o los gastos de dependencia pasarán a tener un peso considerable en el sistema».

Sobre el congreso, Feás destaca que «tiene la ventaja de plantearse de forma multidisciplinar, algo lógico puesto que el envejecimiento de la población sólo puede contemplarse como un desafío que afecta a todos los ámbitos de la sociedad; lógicamente, al tratarse de un congreso notarial, los aspectos jurídicos tendrán prioridad. El esfuerzo por visibilizar las necesidades y la problemática específica de las personas mayores no puede realizarse sólo desde los poderes públicos. Por ello, iniciativas como dedicar este foro al envejecimiento de la población es una forma magnífica de llamar la atención de la sociedad y del legislador a este importante desafío, favoreciendo el debate sereno y propuestas de interés».

José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de fundamentos de análisis económico en la Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, parte de un dato incontestable: «En 2050 prácticamente todos los españoles (más del 95%) alcanzarán los 65 años y una vez superados sobrevivirán otros 25 años». A partir de ahí, el economista considera que, en España, el modelo de pensiones actual «es un sistema de reparto contributivo y tiene unas tasas de sustitución (o el porcentaje que representa la pensión sobre el último salario) de las más elevadas de los países industrializados. La última reforma ha garantizado por ley el poder adquisitivo de las pensiones; aunque se debería avanzar en la sostenibilidad de las prestaciones. Y, para ello, la edad efectiva de jubilación, de una forma u otra, debería estar relacionada con la esperanza de vida en cada momento; de tal forma que aumentará gradualmente a medida que aumente la longevidad».

La vida centenaria y su previsión social y política

La última sección del congreso afronta cómo mantener el Estado del Bienestar desde las instituciones públicas y los medios colectivos. Los ponentes pondrán en común sus puntos de vista sobre los siguientes ámbitos: ¿Es sostenible una economía de servicios en una sociedad envejecida?»; La financiación pública de las pensiones y de la sanidad en una sociedad envejecida; Conflicto intergeneracional y toma de decisiones políticas; ¿Necesitamos más niños?: Natalidad e inmigración; La tecnología como potenciadora de capacidades y Atención de la dependencia.

El acto de clausura estará presidido por la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.

Medio siglo de congresos notariales en España

XI. 150 Aniversario de la Ley del Notariado.
Diversas sedes. 2012.

X. Función notarial. Permanencia y Evolución.
Tenerife. 2008.

IX. Patrimonio familiar, profesional y empresarial.
Barcelona. 2005.

VIII. Suelo y vivienda en el siglo XXI. Madrid. 2003.

VII. La Justicia preventiva en el espacio jurídico
europeo. Desafíos del Notariado. Zaragoza. 2001.

VI. La función notarial en una economía de
mercado. Madrid. 1997.

V. Propiedad horizontal, función notarial y
deontología. Granada. 1993.

IV. Notariado español: presente y futuro. Madrid.
1997.

III. El Notariado español y la CEE. Maspalomas
(Gran Canaria). 1986.

II. Cooperativas. Sevilla. 1980.

I. Sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada. Valencia. 1978.

Una mayor visibilidad

MIGUEL Ángel Cabra de Luna –director del
Área de Alianzas, Relaciones Sociales e
Internacionales de Fundación ONCE y patrono de
la Fundación Æquitas– considera que la visibilidad
de las personas mayores «se conseguirá
potenciando su movimiento asociativo, como
puede ser la Plataforma de Mayores y
Pensionistas, que aglutina a más de 15.000
asociaciones y representa a cerca de seis millones
de personas físicas».

La brecha digital

CARMEN Sánchez Castellano, geriatra del
madrileño Hospital Ramón y Cajal, recuerda
cómo «recientemente hemos asistido al nacimiento
de una campaña denominada Soy mayor, no idiota
que se ha visibilizado mucho en los medios de
comunicación. No es habitual que veamos
movimientos de este tipo, en este caso para hacer
patente la brecha digital a la que se enfrentan los
mayores. Son ellos los que han reclamado más
facilidad para poder seguir manejándose bien con
sus finanzas. Han interpelado a la banca, pero
también se hace extensivo a la relación con las
administraciones o con la sanidad: cita previa online
para hacerse el DNI, SMS para confirmar la consulta
médica… La demanda tiene que ser doble: más
formación para todos los que estén incorporando a
sus hábitos las nuevas tecnologías y proporción de
los apoyos necesarios para quien los necesite».

Retrasar la jubilación

SERÍA necesario –propone el economista
Conde-Ruiz– introducir una reforma para
conseguir retrasar el paso del empleo a la jubilación,
con las siguientes tres características: primero, el
proceso no sería homogéneo para todos los
trabajadores, pues debería tener en cuenta cómo de
dura o exigente físicamente es la profesión y la salud
laboral. Los trabajadores con peor salud o que
realicen trabajos físicamente más duros deberán
poder jubilarse antes que el resto sin penalización.
Segundo, deberá ser flexible, en el sentido de que los
trabajadores no pasen de trabajar a jubilarse en una
sola noche, sino que debería haber una reducción
gradual de la jornada laboral hasta la jubilación total.
Y, tercero, una vez alcanzada la edad de jubilación, se
debería permitir la plena compatibilidad entre la
percepción de la pensión y el salario».

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,

presidente del Consejo General del Notariado

«Aún siendo muchos los foros dedicados a estudiar el envejecimiento desde diferentes perspectivas, en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas».

«El envejecimiento de la sociedad como desafío», por Rodrigo Tena

EN EL ESCAPARATE

RODRIGO TENA ARREGUI,

Notario. Coordinador general del XII Congreso Notarial Español

 

"Todo avance social conlleva sus correspondientes desafíos, y los derivados del envejecimiento constituyen los que toca gestionar a nuestra generación"

De manera semejante a lo que ocurre en la naturaleza, en la que cabe distinguir los fenómenos imprevisibles y esporádicos, como una erupción o un maremoto, de aquellos soterrados y persistentes, como el movimiento de placas o el cambio climático, también cuando hablamos de acontecimientos sociales podemos diferenciar unos de otros. Los hay súbitos, como una pandemia, una guerra o una crisis migratoria, que exigen respuestas inmediatas y necesariamente improvisadas, y por eso algunas veces inadecuadas. Pero existen otros de importancia no inferior cuya evolución conocemos desde hace tiempo que, no solo permiten, sino que exigen una reflexión sosegada y a la vez inaplazable, al menos si queremos afrontarlos sin improvisaciones que en esta sede no estarían ya justificadas.

Algo así ocurre con el fenómeno del envejecimiento de las sociedades desarrolladas, entre ellas la nuestra. Sabemos que en el año 2050 uno de cada cuatro europeos será mayor de 65 años. Pues bien, si deseamos estar en disposición de mantener nuestro Estado del Bienestar -nuestra sanidad pública y nuestro régimen de pensiones- sin incurrir en desequilibrios fiscales insostenibles o en injusticias intergeneracionales; si aspiramos a un sistema de acogimiento residencial digno y ajustado a la creciente demanda; si pretendemos impedir situaciones de vulnerabilidad en la contratación sin menoscabar simultáneamente la autonomía de los mayores; si queremos respetar su libertad de adoptar decisiones informadas en todos los sectores, desde el sanitario al financiero; en definitiva, si pretendemos armonizar de la manera más justa posible los importantes conflictos de valores e intereses que el envejecimiento está ya planteando, entonces estamos obligados a reflexionar sin perder un momento sobre todos estos temas y sobre sus implicaciones y derivadas para otros muchos íntimamente conectados.

Efectivamente, en el ámbito social resulta muy difícil proponer soluciones para un problema concreto sin tener en cuenta los medios para implementarlas y sus efectos generales en relación con otros muchos asuntos. Más aún, y como ocurre en este caso, cuando el fenómeno a estudiar presenta ramificaciones que afectan a la economía, a la medicina, a la sociología, a la psicología y, por supuesto, al derecho. No podemos olvidar que el ordenamiento jurídico no es solo la herramienta por excelencia del Estado para diseñar las políticas que considera más convenientes, sino el reflejo del consenso social resultante a la hora de decidir entre distintos valores y conflictos. Todo ello aboga decididamente en favor de un tratamiento del fenómeno desde un punto de vista interdisciplinar que combine las distintas perspectivas. Así, a título de mero ejemplo y en conexión con la reciente Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad, resulta indudable que la valoración de la capacidad para contratar en el ámbito patrimonial o para adoptar determinadas decisiones de tipo personal, como ingresar en un establecimiento residencial, exige tener en cuenta distintos puntos de vista: el correspondiente a la aptitud psicológica y a su evolución médica, sin duda, pero también el respeto a su dignidad y autonomía personal a la hora de adoptar sus propias decisiones, a la complejidad jurídica de las mismas, y a las condiciones sociales subyacentes que hacen viable esa autonomía.

Por todos esos motivos, el Consejo General del Notariado decidió convocar un congreso nacional abierto a toda la sociedad con la finalidad de estudiar este tema del envejecimiento de una manera global, en torno a tres grandes ejes: la difícil coordinación entre la protección de la vulnerabilidad y el respeto a la autonomía personal; la previsión individual de una vida centenaria, tanto desde el punto de vista personal como económico; y su previsión social y política con la finalidad de hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar. Al fin y al cabo, los notarios llevamos tiempo siendo testigos privilegiados de esta evolución. Del incremento de las situaciones de vulnerabilidad y de ausencia de previsión, y de la necesidad de diseñar instrumentos jurídicos y destinar recursos sociales adecuados para salir al paso de las mismas. No pretendemos ser protagonistas de nada, sino únicamente fomentar un foro de debate que nos permita aprender y compartir experiencias con otros muchos profesionales preocupados por los múltiples retos que este fenómeno plantea.

Es obvio que toda esa problemática no puede hacernos olvidar que el envejecimiento de la población es, en el fondo, una bendición. Se trata de una conquista indudable de la civilización, de la ciencia moderna en todas sus especialidades, pero especialmente de la medicina. Poder disfrutar de tantos años de vida personal y profesional, en compañía de la familia y de los amigos, de una manera activa y satisfactoria, constituye todo un hito en la historia de la Humanidad. Pero también hay que tener presente que esa longevidad a veces no va acompañada de la correspondiente calidad de vida física y psíquica; que la imposibilidad de generar nuevos ingresos económicos constituye en esa franja de edad la regla y no la excepción; que la soledad, esa gran lacra social, se ceba especialmente en los mayores, precisamente cuando son más vulnerables; que la falta de apoyo social a las familias tiende a suplirse atribuyendo a los mayores una carga desproporcionada, etc. En definitiva, debemos ser muy conscientes que todo avance social conlleva sus correspondientes desafíos, y los derivados del envejecimiento constituyen, sin duda alguna, los que toca gestionar a nuestra generación.

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial, por Alberto Martínez Lacambra

EN EL ESCAPARATE

Alberto Martinez Lacambra

Alberto Martínez Lacambra,

Director General de Red.es

 

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial

En pocos días se cumplirán dos años desde que empezamos a sentir los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19. Algunos sostienen que esta situación ha sido un cisne negro para la economía, ya que se ha producido un fuerte shock y era muy difícil predecir que ocurriera. Otros, apelando a sofisticaciones conceptuales, sostienen que sería un rinoceronte gris pues lo ocurrido era un hecho previsible, advertido por científicos y virólogos en los últimos años. Orillando los debates sobre nomenclaturas zoológicas, es innegable que este coronavirus emergió en nuestras vidas y nos arrolló, tanto en nuestros sistemas sanitarios, como en nuestra economía y en nuestra forma de vida, como si de un megalodón se tratara.

La gestión de la pandemia ha resultado de una complejidad mayúscula, tanto en lo personal, como en lo social y económico. La única posibilidad que teníamos de evitar el colapso es que hubiera una decidida intervención del Sector Público, como a la que hemos asistido en nuestro país y en Europa.

España, en el 2020, registró una recesión sin precedentes. La economía se contrajo un 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y fue la intervención del Sector Público la que evitó que esta debacle llegara a niveles de contracción del 25%. Cifras desconocidas por todos nosotros y solo comparables al impacto económico que sufrió nuestro país en el periodo 1936-39.

Un “Plan Marshall”

Europa reacciona a esta situación con la formulación de un Plan de Recuperación, un “Plan Marshall” del siglo XXI, cuyo objetivo fue contener la sangría económica provocada por la pandemia y sentar las bases para que, en un futuro, nuestra economía sea más sostenible, productiva e integradora. Este Plan de choque aprobado por Europa, asciende a 750.000 millones, lo que supone un 5,5% del PIB de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea.

El importe de los fondos asignados a España asciende a 140.000 millones euros, lo que supone prácticamente un 12% de nuestro PIB. Este es un dato destacable, ya que, mientras que el promedio del plan de recuperación europeo se sitúa en el 5,5% del PIB, a nuestro país le ha correspondido un porcentaje que dobla la media europea.

Es cierto que España fue uno de los países más golpeado por la pandemia. Pero es un privilegio formar parte de la UE, ya que esta vez se ha realizado un ejercicio ejemplar de solidaridad territorial entre los distintos países, lo que es un importante paso en la consolidación del proyecto europeo.

De los 140.000 millones €, los primeros 70.000 millones € corresponden a subvenciones, con el consiguiente impacto que generará en nuestra economía en términos de generación de empleo, reducción déficit público, efecto positivo en la deuda pública y en el PIB.

Cuatro pilares configuran este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de sentar las bases para una economía más sostenible, productiva e inclusiva: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial.

De esta cifra el 29% se destinará a transformación digital, es decir 20.000 millones. Este importe corresponderá a proyectos con nombre y apellido digital, no obstante, en buena parte de los 30 componentes que conforman el PRTR la digitalización está presente y es un común denominador de las actuaciones. Es difícil imaginar proyectos de movilidad y de sostenibilidad al margen del vector de la digitalización.

El Covid nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse y que no se configura como un tema potestativo, por lo menos, en el ámbito empresarial. De ahí que contar con estos importes para acompañar la transformación digital es una oportunidad histórica para que sociedad, economía, empresas, y administraciones públicas den un salto sin precedentes. Ese camino debe garantizar no dejar a nadie atrás de manera que la digitalización no se convierta en una nueva selva para la sociedad, ciudadanos y empresas.

Con este objetivo, el pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la orden de bases que regula las ayudas del Programa Kit Digital, cuya finalidad es la digitalización de empresas pequeñas, microempresas y autónomos, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de PYME’s 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU.

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. Tiene un carácter absolutamente transversal, pues su voluntad es llegar a todos los sectores de nuestra economía.

El sentido de orientarse a ese segmento empresarial tiene que ver con los niveles de productividad de nuestras empresas. Así, las empresas medianas y grandes en nuestro país presentan unos niveles de productividad muy aceptables cuando las comparamos con las de otros países de la UE. Donde tenemos espacio de mejora es justamente en ese segmento de empresas de menos de 50 empleados, que además no podemos perder de vista que generan el 51% del empleo.

El programa será gestionado por Red.es y prevé unas ayudas a la digitalización atendiendo al número de empleados con los que cuente. Así se establecen tres segmentos:

  • Empresas de 10 a menos de 50 empleados, las ayudas se fijan en 12.000 €
  • Empresas de 3 a menos de 10 empleados, las ayudas se fijan en 6.000 €
  • Personas en situación de autoempleo y hasta dos empleados, las ayudas se fijan en 2.000 €

El detalle de las ayudas y el funcionamiento del programa puede consultarse en el portal www.acelerapyme.es . La subvención deberá solicitarse en este portal en el momento en el que se publiquen las convocatorias para cada uno de los segmentos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a otorgarle a la empresa el bono digital, que corresponde al otorgamiento de la subvención.

Este bono digital deberá materializarlo en el portal acelerapyme, con algunos de los digitalizadores adheridos y en algunas de las categorías previstas, que son: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business inteligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

El programa Kit Digital además de permitir un proceso de adopción digital de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, brinda una oportunidad para las pymes del sector TIC, ya que podrán solicitar la adhesión como agente digitalizador en el portal www.acelerapyme.es, lo que permitirá consolidar ese sector tecnológico.

Aligerar la carga administrativa

A nadie se le escapa que repartir 3.000 millones en microsubvenciones de entre 2.000 y 12.000 €, se antoja tarea muy complicada, ya que, las pequeñas empresas y autónomos no están pendientes del BOE y, a menudo, tienen la impresión de que solicitar subvenciones puede suponer un “vía crucis” administrativo.

Con el objeto de aligerar esa carga administrativa se ha trabajado en la robotización de las bases de datos de las que se dispone en la propia Administración General del Estado, de manera que, si el solicitante autoriza a realizar esas consultas, no precisará aportar la documentación que en otras ocasiones es requerida.

Al respecto quiero destacar el acuerdo adoptado entre el Consejo General del Notariado y Red.es, por el que desde el Notariado se facilitará toda la gestión de los poderes por parte de las empresas. La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites para el otorgamiento de las subvenciones. Se trata de poner la tecnología al servicio de la gestión de la “res pública”.

La orden de bases regula la figura del representante voluntario, de manera que cualquier tercero, debidamente autorizado, pueda solicitar la ayuda por cuenta de la pyme. Especial importancia tomarán asociaciones empresariales y de autónomos, de manera que puedan acompañar a sus asociados en la solicitud de las ayudas.

También es importante señalar que desde Red.es se está desplegando, de forma directa y a través de las Cámaras de comercio, una red de Oficinas Acelera Pyme (OAP), para facilitar y acompañar a las empresas en el proceso de digitalización. A final de este ejercicio dispondremos de 150 oficinas, 50 de ellas en ámbitos rurales.


La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites

El reto es conseguir que un programa de microsubvenciones de esta dimensión tenga un nivel de capilaridad suficiente, para que llegue a todos los rincones de este país. Probablemente este será el proyecto de colaboración publico privada más ambicioso en España y en Europa.

Este reto y oportunidad es una responsabilidad de todos, sector público, sector privado, y sociedad en general. Necesitamos que ese empresario, autónomo, que está luchando para mantener su actividad, se pueda beneficiar de estos fondos que precisamente están concebidos para financiar esas necesidades que emergen con los procesos de transformación digital.

Para competir y sobrevivir en este mundo globalizado, la digitalización es un elemento esencial que permite ambicionar mercados que en otras épocas no estaban al alcance; ordenar y hacer eficientes los procesos productivos, de manera que la empresa vaya mejorando cada día sus niveles de competitividad.

Desde Red.es estamos viviendo este reto de forma muy optimista, ya que hace unas semanas iniciamos una gira para explicar el Programa Kit Digital por los distintos territorios, y la expectativa y el interés que está generando entre el empresariado es sorprendente. Los asistentes a las reuniones son conscientes de la oportunidad histórica, algunos están iniciando el camino de la digitalización, otros han dado pasos importantes en estos últimos tiempos, pero todos coinciden en que debemos aprovechar como país esta oportunidad.

La ocasión histórica que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la urgencia de la necesidad de digitalizar nuestras pequeñas empresas para conseguir un tejido empresarial más robusto, hace que abordar el reto de la digitalización de nuestro tejido empresarial no admita demora.

El kit digital para pymes y autónomos

EN EL ESCAPARATE

EL ‘KIT’ DIGITAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

«Acelera pyme», iniciativa desarrollada por la entidad Red.es, cuenta con una red de oficinas físicas, desplegadas por toda España para atender la demanda.

Los fondos del Next Generation EU pretenden, entre otras cuestiones, impulsar la modernización del sector empresarial. En España hemos puesto en marcha el programa «Kit Digital»: una iniciativa del Gobierno dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que de la mano de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aspira en los próximos tres años a promover la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas, microempresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

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Renovarse o morir. La célebre expresión atribuida a Miguel de Unamuno en alusión a su particular receta para alcanzar el anhelado progreso económico en su época, viene de nuevo a colación para expresar la necesidad de modernizar el tejido empresarial español. Especialmente en lo relativo a la digitalización de pymes y autónomos. Una constelación de microempresas que, con cifras prepandemia de 2019, suponía nada menos que el 99,8% de las empresas y ocho millones de empleos, a los que hay que añadir un total de 3,2 millones de trabajadores autónomos.

Unas cifras que, sin duda, despejan cualquier atisbo de vacilación en relación con la indiscutible relevancia de este universo empresarial patrio. Lo que evidencia que, a pesar de su reducido tamaño individual, deben ser tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier política orientada a la mejora del posicionamiento competitivo de nuestro país en el actual entorno económico global.

Tanto es así que el Gobierno español ha puesto en marcha el programa ‘Kit Digital’. Una iniciativa, presentada en noviembre pasado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que aspira en los próximos tres años – bajo la dirección de Red.es- a fomentar la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

 


ESTA INICIATIVA ESTÁ DOTADA DE UN PRESUPUESTO DE 3.067 MILLONES DE EUROS EN EL PERÍODO 2021-2023, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

 

Los posibles beneficiarios pueden contar si lo desean con el asesoramiento de los denominados «agentes facilitadores».

 

Modernización empresarial

La promoción de la modernización del tejido empresarial es uno de los mantras tatuado a fuego en la mente de los gestores de nuestra economía. Y es, precisamente, en este campo de cultivo en el que se ha sembrado, y esperemos que germine con éxito, una iniciativa que promete transformar el panorama económico español durante los próximos años.

Un cambio radical que reduzca, de una vez por todas, la pertinaz diferencia en materia de competitividad que nos separa de nuestros pares entre los denominados países de nuestro entorno.

Precisamente para paliar esta evidente carencia es para lo que este programa pretende canalizar el proceso de transformación tecnológica y prestar soluciones que permitan avanzar en el grado de madurez digital de las pymes y profesionales por cuenta propia.

Para lograrlo, esta iniciativa está dotada de un presupuesto de 3.067 millones de euros en el período 2021-2023, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del correspondiente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Toda una arquitectura administrativa que conforma un armazón de certidumbre en el que, precisamente, cabe destacar la estrecha colaboración requerida por las autoridades tanto de la Cámara de España como del Consejo General del Notariado (CGN).

Un proyecto seguro

Fruto de lo anterior y de cara a consolidar esa necesaria certeza, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, y el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, rubricaron a finales del pasado mes de enero un convenio para el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir.

El convenio establece que el CGN podrá suministrar a Red.es información del Índice Único Informatizado, una base de datos que recoge el conjunto de actos celebrados en todas las notarías españolas. Este índice es una herramienta fundamental para la prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.

Además, el acuerdo establece las condiciones y procedimientos telemáticos a través de los que el Consejo General del Notariado, en su condición de entidad colaboradora, proporcionará a Red.es información relativa a la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores.

También podrá facilitarse información de los ficheros derivados del índice: la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política, que junto los sistemas de detección de fraude del OCP servirán a Red.es para el control de los agentes digitalizadores y de los beneficiarios de las subvenciones.

Pasos previos

La primera convocatoria del programa se pondrá en marcha en el mes de marzo. Dispone de una dotación presupuestaria de 500 millones de euros y su objetivo es repartirlos entre pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. La idea es que puedan optar a un bono digital por un montante de 12.000 euros, siempre que cumplan los requisitos de acceso.

Previamente, los interesados tendrán que registrarse en la página oficial www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico de madurez digital además de comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria. Este test es una herramienta que permite conocer mediante un sencillo cuestionario, el nivel de madurez digital de la empresa e identifica en qué ámbitos enfocar el proceso de transformación digital de su negocio. Su resultado no es vinculante, es decir, de él no depende la concesión del bono digital ni la cuantía del mismo, y sirve para obtener una foto inicial que permita conocer la evolución al final de la implantación del servicio.

Una vez realizado este autodiagnóstico, la empresa o autónomo tiene que solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es. Puede hacerlo por sí mismo o bien a través de un representante voluntario. El programa Kit Digital ha sido diseñado con el fin de facilitar al máximo el proceso de solicitud y concesión de ayudas, siempre cumpliendo todas las garantías, por ejemplo, reduciendo los trámites, robotizando el proceso para minimizar el número de documentos que hay que presentar o creando la figura del representante voluntario. Este representante puede ser una persona física, jurídica, una asociación o incluso el propio agente digitalizador que, en nombre del interesado o beneficiario, solicita y tramita la ayuda.

 


LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA YA ESTÁ EN MARCHA. DISPONE DE UNA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE 500 MILLONES DE EUROS

 

Las ayudas se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, por lo que se conceden según se van aprobando. Cuando la empresa o autónomo recibe el bono digital, que no es más que un derecho para contratar soluciones de digitalización por un importe 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 50 empleados; 6.000 euros, para aquellas de entre 9 y 3 empleados; y 2.000 euros, para las de menos de 3 y ningún empleado, tiene que elegir el agente digitalizador que le prestará el servicio. Y suscribir con ellos un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.

Los interesados en solicitar las ayudas pueden también obtener asesoramiento en la amplia red de Oficinas Acelera pyme repartidas por toda España. Esta red forma parte del programa Acelera pyme, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes y desarrollada por Red.es y que cuenta con una red de 90 oficinas físicas, que prevén aumentar hasta las 150 en los próximos dos años.

 

El ABC de las ayudas

Entre las condiciones a cumplir por parte de las empresas y autónomos interesados en acceder al programa ‘Kit Digital’, según se recogen en la Orden de bases ETD/1498/2021 publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre, se encuentran, además del hecho de haber cumplimentado el test de nivel de madurez digital comentado más arriba, los siguientes requisitos: no tener la consideración de empresa en crisis; tener la consideración de pequeña empresa o microempresa; estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; no estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones; y no superar el límite de ayudas conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la orden de bases.

La formalización del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización supondrá la cesión, por parte del beneficiario, del derecho de cobro (el denominado bono digital) del importe de la subvención concedida en favor del agente digitalizador adherido, lo que quiere decir que el beneficiario nunca recibe el importe, sino que el pago de las ayudas se realizará a los agentes digitalizadores una vez justificada y comprobada cada fase de ejecución del servicio (se establece, para cada categoría de solución de digitalización, unos porcentajes diferentes para cada una de las dos fases en las que se fracciona el pago).

 


EL BONO DIGITAL ES CANJEABLE POR LAS SOLUCIONES DIGITALES IDÓNEAS A CADA SITUACIÓN, ELEGIDAS DEL CATÁLOGO DISPONIBLE

 

Oportunidades a la vista

Entre las ventajas de implementar la digitalización en las pymes y negocios de los trabajadores por cuenta propia, sin importar su tamaño y volumen de facturación, se encuentran la mejora de la experiencia de compra por parte de los clientes, de la eficiencia y productividad, vía reducción de costes y tiempos, así como una óptima adaptación a los cambios del mercado, sin olvidar la retención y atracción del talento joven.

Tras superar con éxito, desde hace décadas, el estereotipo de otra famosa expresión de Unamuno, en este caso lapidaria, concretada en la alusión al marginal papel histórico desempeñado por la ciencia en España y resumida en el ¡que inventen ellos!, el tren de la modernidad no puede pasar de nuevo de largo. Se antoja, por consiguiente, de vital importancia para el futuro del país que esta vez se aprovechen las ayudas para modernizar el entramado empresarial que conforma la auténtica base de la economía española. Un ecosistema imprescindible para dejar atrás cualquier tópico y cliché relacionado con la asunción de la tecnología como un instrumento imprescindible para el progreso de una sociedad.

Bruselas al rescate
El Next Generation EU es el instrumento inversor de la Unión Europa creado para ayudar a superar las consecuencias de la COVID-19. Es más que un plan de recuperación. Es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esa Europa en la que queremos vivir. Una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Dotado con un total de 750.000 millones de euros: es histórico. Este programa de recuperación supone la asignación a España, entre 2021 y 2026, de 140.000 millones de euros, alrededor 72.000 de ellos a fondo perdido, y se centra en restañar las heridas económicas y sociales provocadas por la pandemia mediante el impulso a largo plazo de objetivos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Habemus plan

Como requisito previo para acceder a las ayudas previstas en el Next Generation EU los diferentes países miembros tuvieron que presentar en su día sus respectivos planes nacionales de desarrollo y gestión de las mismas. En el caso de España, esta función recayó en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conocido también como ‘España Puede’.

Este documento guía contó con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el trabajo de consultoras de prestigio internacional, las llamadas ‘Big Four’: PwC, KPMG, Deloitte y E&Y, con el objetivo de impulsar a corto plazo la recuperación económica y de apoyar un futuro proceso transformador para apuntalar el potencial crecimiento y la productividad de la economía española.

En resumen, el PRTR cuenta con cuatro objetivos prioritarios, marcados inicialmente desde Bruselas, que están relacionados entre sí y que pretenden, a la postre, lograr una España más igualitaria, cohesionada, digital y verde. Para ello, se propuso aterrizar las inversiones previstas mediante la priorización de los fondos en diez políticas palanca:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
III. Transición energética justa e inclusiva.
IV. Administración para el siglo XXI.
V. Modernización y digitalización del
ecosistema empresarial.
VI. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
VII. Educación y conocimiento, formación
continua y desarrollo de capacidades.
VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
IX. Impulso de la industria, la cultura y el deporte.
X. Modernización del sistema fiscal.

Este decálogo representa la hoja de ruta para acometer las necesarias reformas e impulsar la modernización del país en sectores clave de la economía como el turismo, la automoción, el agroalimentario, el comercio o la
sanidad, entre otros.

Colaboración notarial

El director de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alberto Martínez Lacambra y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, firmaron en febrero un convenio para regular las condiciones de la colaboración en el programa “Kit Digital”, cuyo objetivo es promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, así como contribuir a modernizar el tejido productivo español.

Con la firma de este convenio, el Consejo General del Notariado colabora en agilizar los trámites de las solicitudes de ayudas del programa “Kit Digital”, proporcionando a Red.es información que le facilite el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir. En concreto, sobre la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores, y para la lucha contra el fraude y la protección de los intereses de la Hacienda Pública estatal y los intereses financieros de la Unión Europea.

Durante el encuentro, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, aseguró que “la agilidad de la tramitación y concesión de las ayudas es uno de los objetivos que persigue el programa, para ello se ha trabajado con gran empeño en simplificar la documentación, motivo este que nos lleva hoy a firmar este acuerdo como ejemplo de colaboración público-privada y transformación digital de las administraciones públicas”.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martinez Sanchiz, manifestó su “total colaboración en un tema de innegable interés para España, relacionado con los fondos europeos y, en concreto, con los de Next Generation, que permitirán ayudar a la digitalización de las pequeñas empresas de nuestro país con programas tan comprometidos como el del Kit Digital».

Según el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado, Pedro Galindo, “esta colaboración tiene como objetivo evitar el fraude de los intereses de la Unión Europea, para lo cual pondremos a disposición de Red.es la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política”.

Ojo al dato

Programa “Kit Digital” para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y profesionales autónomos. Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre de 2021, Boletín Oficial del Estado (BOE).

Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Programa ‘Kit Digital’, impulsado por el Gobierno de España dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que se enmarca dentro del programa Acelera pyme, iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Kit Digital. Guía rápida para Pymes.

Vivienda, divino tesoro

EN EL ESCAPARATE

VIVIENDA, DIVINO TESORO

Sólo un 15% de los jóvenes españoles tiene casa en propiedad o hipoteca.
El 53% vive aún con sus padres

Ni compra ni alquiler. El acceso a la vivienda en España está prácticamente vetado para los menores de 30 años. Un verdadero rompecabezas derivado de un cóctel que incluye ingredientes como la incertidumbre económica, la precariedad laboral, con su consiguiente dificultad para el ahorro, unido a los elevados precios que registra el mercado inmobiliario.  

 
FERNANDO GEIJO

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Además, hay que tener en cuenta otras variables que son consecuencia directa de esta inevitable demora en la emancipación de los jóvenes del hogar y, por ende, en la creación de sus propias familias, como es la pertinaz baja tasa de natalidad de la que adolece el país. El resultado de esta tendencia a la postergación de las decisiones vitales termina, a la postre, por afectarnos a todos como sociedad vía mantenimiento del estado de bienestar. Una pescadilla que se muerde la cola y a cuyas causas originales trataron de poner coto las autoridades, primero con el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, y, ya en la presente legislatura, con la futura norma estatal por el derecho a la vivienda, cuyo anteproyecto de ley acaba de ver la luz tras salvar las tensiones de los socios del Gobierno de coalición y que encara su próxima tramitación parlamentaria.


En España, además de los altos precios de los alquileres, hay que sumar a la ecuación el elevado paro juvenil

 

Misión casi imposible

El acceso de los jóvenes a la vivienda en España es una auténtica quimera. Una suerte de utópica ensoñación en la que el anhelo de adquirir una vivienda hace tiempo que se convirtió en una carrera de obstáculos, insalvable para muchos de ellos.

No en vano, la gran mayoría de los españoles menores de 30 años no puede ni siquiera plantearse alquilar casa, al menos en las grandes urbes, por mor de los altos precios del mercado inmobiliario. Una problemática que el Foro Fundación Notariado abordó en su primer debate celebrado el pasado 12 de noviembre, bajo el ilustrativo título de ‘Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad?’, y en el que los expertos demandaros la necesidad de apostar por la “simplificación legislativa”, así como por la adopción de políticas “reales” de cara a afrontar esta problemática.

Y es que la realidad sobre este asunto no deja lugar a las dudas. Ante la pregunta ¿pueden comprar una vivienda los jóvenes?, la respuesta es más que evidente. De hecho, no pueden ni siquiera platearse el alquiler para fraguar su emancipación en solitario del nido familiar.

Las últimas cifras publicadas por el Consejo de la Juventud de España, relativas al año 2020, reflejan una cruda realidad. Los jóvenes españoles menores de 30 años no pueden acceder en solitario a la vivienda, ni en la opción de compra ni siquiera de alquiler, en ninguna de las diecisiete comunidades autónomas, con el pico en Baleares (que requiere más del 90% de los ingresos para la adquisición del inmueble), hasta entre el 40% y el 50% que supone en Asturias, Aragón, La Rioja y Castilla y León, pasando por más del 65% en el caso de Cataluña, Madrid, País Vasco y Canarias.

El resultado es que no disponen de los ingresos suficientes para afrontar ese gasto, ya que les supondría un 60% de los mismos, en el caso del alquiler, y nada menos que un 90% si decidiesen adquirir el inmueble. Porcentajes, en ambos casos, en las antípodas del 30% de recomendación media que establecen las entidades financieras a la hora de decidir si alguien es merecedor de un préstamo hipotecario.

Volar del nido

La procrastinación de la emancipación de los jóvenes españoles está cifrada en una media de 29 años y medio, según datos prepandemia recogidos por Eurostat en 2017, frente a la media comunitaria situada en los 26 años. Los suecos serían los más precoces a la hora de abandonar la casa familiar, frente a los croatas que, con casi 32 años, abanderan el farolillo rojo de este particular ranking.

 


El precio medio de la vivienda de segunda mano entre enero y marzo subió hasta los 1.900 euros por metro cuadrado

 

Los jóvenes españoles entre 25 y 24 años ocuparían la sexta posición, superados por los mencionados croatas (31,8 años), eslovacos (30,9 años), malteses (30,7 años), italianos (30,1 años) y búlgaros (29,6 años), todos ellos ciudadanos del sur de Europa con una cultura mediterránea familiar similar.

Una mentalidad diferente es la que domina en el norte y centro del Viejo Continente, donde suecos (18,5 años), luxemburgueses (20 años), daneses (21,1 años) y finlandeses (22 años) lideran la clasificación de la emancipación juvenil.

Las mujeres abandonan la casa de los padres antes que los hombres en casi todos los países de la Unión Europea

Asimismo, cabe constatar que las mujeres abandonan la casa de los padres antes que los hombres en casi todos los países de la Unión Europea, salvo, curiosamente, en Suecia (18,5 años para las mujeres y 18,4 en el caso de los hombres). Mientras que la proporción de jóvenes de 25 a 34 años que sigue en la casa de los padres varía desde menos del 10% en Dinamarca (3,2%), Finlandia (4,7%) y Suecia (6,0%) hasta alcanzar más de la mitad en Croacia (59,7%), Eslovaquia (57,0%) y Grecia (56,3%). En España el porcentaje es del 42,8%, es decir, 14,3 puntos porcentuales más que la media de la UE, mientras que sólo un 15% de los jóvenes tiene casa en propiedad o con hipoteca y un 27% vive de alquiler.

Esta casa es una ruina

Un reciente estudio publicado a finales de 2018 sobre el desarrollo juvenil, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), apuntaba que sólo el 8% de los jóvenes españoles podía independizarse, frente al 30% de la media europea, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 53% de los jóvenes españoles, entre 24 y 29 años, aún vive con sus padres, porcentaje que baja casi hasta la mitad, el 25%, en la franja de edad de los que tienen entre 30 y 34 años.

En España, además de los altos precios de los alquileres, hay que sumar a la ecuación el elevado paro juvenil, con una tasa superior al 30,6% para los menores de 24 años, según las últimas cifras publicadas en noviembre de 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la precariedad laboral y los sueldos bajos, lo que explica ese alargamiento de la estancia de los jóvenes en casa de los padres.

La media de edad de los jóvenes en España para irse de casa es de 29,5 años

A ello hay que añadir que el precio medio de la vivienda de segunda mano entre enero y marzo subió hasta los 1.900 euros por metro cuadrado, casi un 10% más que hace un año, lo que supone el mayor incremento de los últimos 14 años, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Esta tendencia, junto al precio del alquiler, dificulta el acceso a la vivienda a los más jóvenes. De hecho, si están entre la franja de edad entre los 24 y los 30 años tienen todas las papeletas, según los datos del INE, para demorar su emancipación. No en vano, más de la mitad de los jóvenes en esa franja de edad viven aún con sus padres, casi 5 puntos más que en 2013.

Luces de esperanza

Ante la generalizada precariedad laboral que atenaza a los jóvenes y la consiguiente ausencia de ahorro para afrontar la entrada para una vivienda en propiedad, fijada por las entidades financieras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en torno al 20 por ciento, se presentan diferentes opciones para dar el salto a la independencia.

El ejecutivo lanzó en su día el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, que seguirá en vigor en 2022, y que contempla, entre otros aspectos, la concesión de hasta 10.800 euros en ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la adquisición de vivienda, con un límite de 100.000 euros o el 20% del valor del mismo.

 


Los jóvenes españoles menores de 30 años no pueden acceder en solitario a la vivienda, ni en la opción de compra ni siquiera de alquiler

 

La medida aplica para municipios con más de 5.000 habitantes y cuenta con un complemento económico en algunas comunidades autónomas, como Madrid, que avala el 15% del valor de la vivienda, con lo que el banco puede financiar hasta un 95% de la misma.

En esta misma línea, existen otras alternativas privadas, con empresas como Libeen o Vidoqui, que ayudan a la compra de casa mediante el pago del alquiler. Es decir, el denominado alquiler con opción de compra con un enfoque democratizador para que todo el mundo pueda tener acceso a este bien de primera necesidad.

Mientras tanto, la banca tradicional afila sus armas. Así, el Banco Santander apuesta por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 35 años mediante el lanzamiento de 1.000 hipotecas con una financiación de hasta el 95%.

Parafraseando los versos de Rubén Darío en cuya célebre estrofa el poeta nicaragüense glosaba la fugacidad de la juventud con un ahogado llanto contenido, los jóvenes españoles se enfrentan desde hace décadas a una angustiosa situación. Un sudoku en el cuadrar la precariedad laboral, con el alza de precios del mercado inmobiliario. Una paradoja matemática que, afortunados aparte, se suele resolver con el inevitable socorro del apoyo familiar.

Para saber más

Porcentaje de adultos jóvenes de 18 a 34 años que viven con sus padres, por edad y sexo – encuesta EU-SILC. Febrero de 2021. Eurostat.

Observatorio de la Juventud en España. Noviembre de 2021. Estadística-Injuve. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Informe Planner Exhibitions y ST Sociedad de Tasación sobre ‘el perfil del comprador de vivienda’, 2019.

Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario, evolución de precios de la vivienda nueva y usada en España, octubre 2021. Sociedad de Tasación.
Informe ‘los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021’, septiembre 2021. Fotocasa Research.
Ley por el Derecho a la Vivienda
  • A la espera de su tramitación parlamentaria, el anteproyecto aprobado a finales de octubre por el Gobierno tiene las siguientes claves.
  • Regulación de los alquileres. Se aplicarán incentivos fiscales y se establecerán topes en función de quién sea el casero (gran tenedor -con más de 10 viviendas- y que además sea persona jurídica -empresa-) que estarán a expensas de lo que determinen los índices de precios, y el resto de los propietarios particulares (independientemente del número de viviendas que posean) y empresas con una cartera de menos de 10 viviendas que estarán sujetos a un procedimiento encaminado a congelar los precios. En cualquier caso, los controles de precios se aplicarán 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, por lo que los contratos que se hayan formalizado antes o hasta que se aplique la normativa mantendrán el precio establecido en el mismo. Como excepciones, el casero podrá solicitar una subida del alquiler, que no podrá exceder del 10%, siempre que justifique obras de mejora en la vivienda o que ofrezca una duración inicial mínima del contrato de 10 años, frente a los cinco habituales.
  • Establecimiento de ‘zonas de mercado residencial tensionado’. Aquellas en las que los precios de la vivienda hayan subido más de lo razonable serán objeto de regulación del precio del alquiler. Para ello, deberán superar el 30% de los ingresos medios de los hogares la suma de la carga media de los arrendamientos o hipotecas más los gastos y suministros básicos de agua, luz, gas. Internet, teléfono…
  • Modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para ayudar a los ayuntamientos que lo deseen a subir el IBI a las viviendas vacías, aquellas que permanezcan desocupadas sin causa justificada por un período superior a dos años.
  • Cambios en la normativa antidesahucios. Con un refuerzo de los servicios sociales para detectar casos de emergencia habitacional, personas dependientes o violencia de género, entre otros, tanto en los procedimientos penales como en los civiles, los mayoritarios en estos casos.
Tú a Boston y yo a California

Los jóvenes españoles son de los que más tardan en independizarse del hogar familiar. Sin embargo, estas diferencias no se limitan al ámbito europeo, ya que en países como Canadá y EE.UU. también lo hacen antes.

¿Qué podemos aprender de los países punteros en tasas de emancipación juvenil?

  • Tanto Suecia como el resto de los países nórdicos fomentan el acceso a la vivienda y al trabajo de los jóvenes como un derecho real y bien protegido en sus respectivos estados de bienestar mediante un sistema público de ayudas a la emancipación.
  • Reino Unido, por su parte, establece ayudas al alquiler o la hipoteca de los jóvenes en caso de desempleo. Los llamados housing benefits cubren estas situaciones temporales y evitan que los jóvenes caigan en la ocasional exclusión social.
  • El establecimiento de un sistema de ayudas al alquiler a precios asequibles para los jóvenes, así como la existencia de menos barreras para este colectivo a la hora de alquilar, explican el relativo éxito de Alemania en este sentido.
  • En EE.UU. la arraigada cultura del individualismo está detrás de las tempranas cifras de abandono del hogar de los jóvenes, unido a las amplias posibilidades para encontrar trabajo, vivienda y para, en definitiva, moverse geográficamente por todo el país.
  • Canadá apoya oficialmente la emancipación de los jóvenes mediante la aplicación del denominado ‘Plan 8’. Un sistema por el que el Estado abona a los propietarios privados el alquiler de las viviendas puestas en el mercado, lo que constituye una decidida apuesta por el futuro de la juventud.

Primera sesión del Foro Fundación Notariado 'Temas que importan'

REHABILITACIÓN Y PROPIEDAD COMPARTIDA O TEMPORAL

El Foro Fundación Notariado. Temas que importan celebró a finales de 2021 su primera sesión, bajo el título Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad? Promotores, académicos, entidades financieras y notarios debatieron sobre este particular.

Participaron en el debate Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y sostenibilidad de la Asociación Española de Banca (AEB); Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE); Sergio Nasarre, director de la Cátedra UNESCO de vivienda (de la Universidad Rovira y Virgili); y Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud. Estuvo moderado por Concepción Barrio, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y fue presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado.

Para Martínez Sanchiz la respuesta al título de la sesión es contundente: «Aunque existan dificultades, como el paro juvenil, el acceso a la propiedad de la vivienda por parte de los jóvenes debe ser posible. Esta respuesta exige apoyar a la juventud, creando vínculos de solidaridad intergeneracionales». Sobre la puesta en marcha de este foro, apuntó que «nace con voluntad de permanencia para abordar cuestiones que preocupan a la sociedad y requieren de una solución. Es un acierto que esta materia haya sido la primera que tratemos. El de la juventud es uno de los temas que más nos preocupa a los notarios».

Concepción Barrio hizo hincapié en el recientemente aprobado anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que «refuerza la información y la transparencia, aspectos en los que los notarios podemos aportar mucho, como ya hiciéramos con las actas de transparencia de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Concretamente en la fase precontractual, nuestra intervención puede resultar muy útil a la hora de, por ejemplo, formalizar un contrato de arras. Asimismo, en el ámbito del alquiler se podría evitar falta de información y de seguridad jurídica con el asesoramiento notarial».

Sergio Nasarre señaló la propiedad compartida y temporal como alternativas al mercado actual, dos figuras de tenencia intermedia que se han regulado ya en Cataluña con la Ley 19/2015: «Los propietarios adquieren un 25% (el 5, con recursos propios; el 20, con financiación externa), mientras que el 75 restante se sufraga con una contraprestación económica, menor que una renta de alquiler. Se es propietario a todos los efectos, independientemente del porcentaje. Es una tercera vía, diferente a la propiedad o al alquiler, que permite ser propietario por un período entre 10 y 99 años, hipotecarte y transmitir mortis causa. La propiedad compartida o temporal permite paliar la burbuja del alquiler y evita seguir siendo inquilino toda la vida».


Los expertos demandan una política de vivienda ”real” y simplificación legislativa

Juan Carlos Delrieu resaltó que «de los 25 millones de viviendas existentes, siete necesitan una rehabilitación severa. La rehabilitación debe ser un eje central de la política de vivienda. Hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población. Con una tasa demográfica en mínimos, la demanda de viviendas nuevas bajará en los próximos años, por lo que no cabe iniciar construcciones, ya que la oferta sería superior a la demanda. La rehabilitación, que cuenta con ayudas europeas, reduciría ese cuello de botella». En su opinión, desde el sector financiero «se debería contar con un portfolio de activos inmobiliario sostenible con criterios de eficiencia energética altos para los jóvenes; con este tipo de viviendas, la posibilidad de mora es más baja que en otras circunstancias». Asimismo, demandó que «la fiscalidad redujera los impuestos de transmisión, que gravan el coste final».
Elena Ruiz Cebrián también apostó por «la rehabilitación de viviendas antiguas y la sostenibilidad de las casas como soluciones al problema del acceso a la propiedad. La oferta para los jóvenes es de obra nueva, con precios poco asequibles; o antigua, con pisos de más de cuarenta años, que no ofrecen las mejores condiciones para vivir». Desde el Consejo de la Juventud las propuestas en materia habitacional pasan por una mejora del empleo: «Hay un viraje al alquiler, porque es imposible afrontar la entrada de una hipoteca, que puede suponer tres años de salario íntegro. Por eso, la edad de emancipación media ronda los 29 años. La situación de la juventud es precaria, no por la pandemia y la crisis, sino porque desde hace veinte años suben el coste de la vida y la vivienda».

Juan Antonio Gómez-Pintado consideró que «el acceso a la propiedad depende de las políticas de vivienda que hasta el momento están siendo cortoplacistas. Se ha focalizado la vivienda en alquiler, pero sin dar las herramientas para crear un parque grande de inmuebles en ese régimen, como el fomento a la empresa privada para su construcción. La vivienda protegida o la VPO provenían desde el sector privado en su mayor parte. En otros países consideran prioritario dar solución al acceso a la propiedad de los jóvenes, como en Canadá, Gran Bretaña, Francia o Italia, con iniciativas como el crédito cero, el Help to buy, financiación,..». «La superproducción legislativa en urbanismo es muy grande, con múltiples legislaciones autonómicas y escasa coordinación, lo que genera la carestía. Por eso, la Ley de vivienda que se está debatiendo es difícil que se logre aplicar por las transferencias de competencias. Esta maraña de normas, por ejemplo, encarece el precio del suelo que puede llegar al 40% de la inversión. Hay que hacer planes de vivienda más actualizados y facilitar la concesión de licencias» aseguró.

Foro 'Temas que importan'

Con esta iniciativa, la Fundación Notariado desea abrir un espacio de conversación y diálogo con otras entidades y expertos para abordar temas de interés para la sociedad. La participación de representantes de la universidad, la economía, la empresa, la política…) permitirá ofrecer una visión global e integral de los temas analizados.