Apoyo del Notariado a los afectados por la dana

EN EL ESCAPARATE

APOYO DEL NOTARIADO A LOS AFECTADOS POR LA DANA

REDACCIÓN
Tras las inundaciones causadas por la dana los colegios notariales de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, respaldados por el Consejo General del Notariado (CGN) y su Centro Tecnológico, habilitaron un servicio gratuito de ayuda para todos los afectados. La gravedad de lo ocurrido en Valencia motivo que el mismo 31 de octubre la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia tomara una serie de medidas que posteriormente acabarían reconocidas en el Real Decreto-ley 6/2024. La terrible experiencia vivida por la dana, así como la devastación ocasionada por la erupción del volcán de La Palma, han llevado al CGN a desarrollar un Protocolo de Actuación ante situaciones de esta índole.

El mismo 31 de octubre, los colegios notariales, liderados por el de la Comunidad Valenciana, donde el impacto de este fenómeno atmosférico fue mucho mayor, activaron un servicio de búsqueda, expedición y entrega gratuita de las copias de las escrituras públicas de sus propiedades perdidas como consecuencia de dichas inundaciones. “Organizar el servicio no fue complicado porque teníamos la experiencia de otros momentos difíciles vividos. En 2024, cuando se produjo el incendio en el edificio de Campanar, la gente abandonó sus casas y no se llevó las escrituras; en ese momento también actuamos. Cierto es que las consecuencias de la dana han tenido mucha más magnitud”, explica Salvador Alborch, notario jubilado que, en Valencia, lideró el servicio de atención a los ciudadanos afectados.

Además del servicio dedicado a la búsqueda de documentación perdida y a proporcionar asesoramiento adaptado a cada usuario, en los tres meses posteriores a la dana, se gestionaron más de 11.000 actas notariales gratuitas en total, para facilitar a los ciudadanos la tramitación de reclamaciones y solicitudes de ayuda por daños en propiedades y vehículos. “Inicialmente hubo que habilitar un servicio de ayuda en todo el distrito y provincias para que los notarios pudieran desplazarse a realiza las actas. Lo que sucedió es que el volumen era tal que no daban abasto. Por ello se aprobó una norma, el Real Decreto ley 6/24 del 5 de noviembre, que amparaba la realización de actas telemáticas con una serie de diferencias a las actas normales”, señala Salvador Alborch.

Notarías afectadas. Las notarías, como otros establecimientos y viviendas de las localidades más afectadas, sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Sobre todo, las ubicadas en las localidades de Albal, Aldaia, Benetúser, Catarroja o Guadassuar, entre otras. Ignacio Núñez Echevarría, notario de Aldaia explica su experiencia y señala cómo “afortunadamente mis trabajadores y yo no tenemos que lamentar daños personales, pero la oficina notarial fue literalmente arrasada por la riada”. Por su parte, Pilar Samper, notaria de Benetússer, señala que por suerte “ese día cerramos pronto y no vivimos el momento angustioso de la llegada de la avalancha de agua”. No fue así en el caso de la notaría de Mónica Piqueres, en Guadasuar, que recuerda que “por asuntos personales, habíamos aplazado las firmas de la tarde al día siguiente. Desafortunadamente, una de las empleadas se encontraba en el interior del local. Fueron momentos de verdadera angustia, hasta que conseguimos el teléfono de un vecino del edificio que pudo rescatar a la oficial con la ayuda de otros vecinos, cuerdas y escaleras”. Según Piqueres “el agua y el barro arrasaron absolutamente todo lo que alcanzaron, hasta la altura de poco más de un metro. No obstante, el sufrimiento que experimentamos tratando de socorrer a la oficial me hizo relativizar la importancia de los daños materiales, que pueden resultar insignificantes frente a los personales”.

Atención personal. Los tres notarios consultados coinciden en que, en momentos así, era imprescindible hacer todo lo posible para asesorar y ayudar a los damnificados. “Desde la notaría somos especialmente sensibles a los daños tanto personales como materiales que han sufrido nuestros vecinos, volcándonos en el asesoramiento en las materias de nuestra competencia y dando prioridad a todas las actuaciones que sean precisas para que puedan recibir con la mayor celeridad posible las ayudas que son tan necesarias en estos momentos”, señala Ignacio Núñez. Para Pilar Samper “la dana exige del notario afectado un esfuerzo extra. Debemos escuchar a nuestros convecinos y empatizar con su dolor, ayudarles en la recuperación de sus escrituras e infundirles ánimo”. Según Samper “también ha desplegado un esfuerzo extra el Colegio Notarial de Valencia e incluso notarios de todo el territorio nacional, realizando las actas” y ella, señala, ayuda personalmente “a la asociación de comerciantes afectados en la redacción de documentos”.

Según relata Mónica Piqueres, tras la catástrofe se acercaron muchos usuarios a la notaría provisional que pudo acondicionar una semana después del paso de la dana: “Muchas personas, más que encargar una gestión, necesitaban ser escuchadas y que alguien les ayudase en trámites que quedaban fuera del ámbito notarial pero igualmente acudían a su notaria de confianza para buscar apoyo”. “En ese entorno de humanidad y solidaridad, me resultaba reconfortante ayudar a los demás en la medida que podía, y ello también me ayudó a superar esta situación traumática”, explica.

Jornadas informativas. El Colegio Notarial de Valencia celebró en enero una jornada informativa para todos los vecinos y empresarios afectados por los efectos de la dana, a su paso por las diferentes poblaciones de la provincia de Valencia, con el objetivo de poder ampliar el asesoramiento prestado a la población damnificada sobre la gestión de las ayudas y medidas fiscales aprobadas.

El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, y el censor 1º de su junta directiva, Eduardo García Parra, fueron los encargados de inaugurar esta jornada, organizada tres meses después de la catástrofe, para seguir auxiliando a la población y para que sirviera de altavoz de la ayuda que necesitan los afectados para que no caiga en el olvido con el paso del tiempo.

El director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales (IVEN) del Colegio Notarial de Valencia, Gonzalo Cano, fue el moderador de este encuentro en el que participaron representantes de la Agencia Tributaria; del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, y expertos financieros y de ingeniería hidráulica con el objetivo de explicar a los ciudadanos a qué organismos o entidades dirigirse para solicitar las ayudas.

 


ALGUNAS DE LAS NOTARÍAS MÁS AFECTADAS POR LA DANA FUERON LAS DE LAS LOCALIDADES DE CATARROJA, ALDAIA, ALBAL, GUADASSUAR O BENETÚSSER, ENTRE OTRAS


 

En su intervención, Gonzalo Cano anunció que el Notariado ya había gestionado más de 11.000 actas notariales gratuitas de los daños sufridos en inmuebles, vehículos o empresas, para poder ayudar a la población afectada a tramitar sus reclamaciones o ayudas. Actualmente el Colegio Notarial de Valencia, como el resto de las notarías de la provincia, siguen ayudando a la población afectada para que puedan disponer de forma gratuita de las copias de las escrituras de sus propiedades perdidas por la riada.

Colaboración profesional. Asimismo, para explicar las diferentes medidas fiscales nacionales y autonómicas aprobadas tras la dana, la jornada contó con la participación de la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz Español; y del inspector de Hacienda en la AEAT, Lluís Meseguer; que trasladaron a los asistentes cómo pueden acceder de forma rápida a toda la información sobre las ayudas aprobadas hasta el momento, a través del enlace disponible en la página web de la ATV, así como las bonificaciones respecto al IRPF y al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “En la web de la Agencia Tributaria Valenciana están disponibles todas las medidas implementadas para paliar los efectos negativos de la dana, tanto estatales como autonómicas o locales, privadas o públicas, para que la ciudadanía las pueda conocer y solicitar, como es el caso de las ayudas aprobadas por el Consell por vehículo siniestrado, que se tramitan desde la ATV, y que en solo cuatro días hubo 57.000 citas previas concertadas”, aseguró Díaz Español en su intervención.

 


DE NOVIEMBRE A ENERO SE GESTIONARON
MÁS DE 11.000 ACTAS NOTARIALES GRATUITAS, SIENDO ACTUALMENTE 12.000 LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR NOTARIOS DE TODA ESPAÑA


 

Por su parte, el director de la asesoría jurídica de Comunidad Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank, Juan Blasco, fue el encargado de analizar las medidas financieras existentes para los afectados, como la Moratoria Legal (artículos 31 a 40 del Real Decreto Ley 6/2024, modificado parcialmente por el RDL 7/2024). “La moratoria es la suspensión de obligaciones de pago, previa petición de los clientes financiados”, explicó Blasco. También hizo alusión a las Líneas de Avales ICO dana (arts 29-30bis RDL 6/2024) que ponen en el mercado las entidades financieras y que tienen el aval del Ministerio de Economía; y las Líneas de Financiación Afianzadas por Sociedad de Garantía Recíproca de la CV, AFIN-SGR que permiten a los clientes que necesitan liquidez la obtención de financiación subvencionada en lo que concierne al tipo de interés.

 


EL COLEGIO Y LAS NOTARÍAS DE VALENCIA
SIGUEN AYUDANDO A LA POBLACIÓN
PARA QUE PUEDAN DISPONER DE FORMA GRATUITA DE LAS COPIAS DE LAS ESCRITURAS


 

Ayudas nacionales y autonómicas. La sesión también contó con la experiencia del vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Juan Carlos Cortell, que puso de relieve el trabajo realizado por todos los gestores administrativos en las zonas afectadas para trasladar a la población las ayudas concedidas por la Administración General del Estado, a través del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, de ayudas por fallecimiento, así como por viviendas y establecimientos dañados; además de lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2024 de 11 de noviembre, referente al suministro de electricidad y gas natural, que permitió la suspensión temporal, prórroga o modificación de los contratos, así como la posibilidad de aplazar el pago de las facturas.

La jornada concluyó con la intervención del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politécnica de València, Ignacio Escuder, que explicó el fenómeno meteorológico adverso sufrido el pasado 29 de enero en las diferentes áreas de estudio de la provincia de Valencia, trasladando al foro asistente la planificación necesaria frente a inundaciones y las posibles obras futuras en las zonas afectadas.

Asesoramiento notarial a los afectados

El Colegio Notarial de Valencia, ya el 31 de octubre, puso en marcha un servicio notarial de asesoramiento al usuario, búsqueda, expedición y entrega gratuita de las copias de las escrituras públicas de sus propiedades perdidas como consecuencia de dichas inundaciones.

Muchos ciudadanos se acercaron a la sede del colegio en Valencia o llamaron por teléfono para consultar sus dudas al equipo de notarios voluntarios. Las consultas telefónicas, unas 11.000 al mes de media, superaron las 17.000 en noviembre.

“En el Colegio Notarial de Valencia me dieron asesoramiento jurídico y toda la documentación notarial que había perdido por la dana, en mi domicilio de Paiporta. Yo lo necesitaba todo rápido para pedir las ayudas y no se demoraron nada”, explica Raquel Rodríguez, una de las usuarias damnificadas. Por su parte, María Teresa Jurado aclara que, en su caso, “necesitaba obtener una declaración de herederos abintestato lo antes posible y el notario Salvador Alborch, que prestaba asesoría en el colegio, logró contactar rápidamente con la notaría de Catarroja que estaba arrasada y habían tenido que trasladarse a otra localización temporalmente”. “Para recibir las ayudas nos pedían documentación de todo y yo no tenía de nada porque todo había sido arrasado por el agua. Por suerte, en el colegio me ayudaron a obtener toda la documentación notarial”, señala Jurado.

Según Vicenta Asensi, de Masana, “el agua en mi casa llegaba a los dos metros. Solicité al colegio que me diesen la copia simple de una escritura y ahora voy a llamar a la notaría para que me den otro documento. Todos te los dan de manera gratuita si lo has perdido por motivo de las inundaciones”. Sin embargo, asegura, “lo más importante es que debido a lo sucedido mi cabeza no estaba en su mejor momento y el notario Salvador Alborch que me atendió en el colegio me explicó todo con paciencia, me guio y me hizo anotaciones. Además, llamó a la notaría y al registro para confirmar dónde se encontraban algunos documentos”.

La experiencia de Silvia Navarro fue similar: “Mis padres tenían todas las escrituras en un cajón y se mojaron. Las puse a secar y después las llevé al colegio para ver si servían, y la mayoría sí porque no se habían borrado las letras. Solo una estaba borrosa así que el señor García, un notario jubilado que me atendió, solicitó el documento que me faltaba para poder solicitar las ayudas. Hemos recibido alguna ayuda, pero no para cubrir todos los daños”.

De idza. a dcha.: Carmelo Llopis y Eduardo García Parra en la inauguración de la jornada sobre las ayudas tras la dana.

Mónica Piqueres, notaria de Guadassuar: “Muchas personas necesitaban que alguien les ayudase en trámites que quedaban fuera del ámbito notarial, pero acudían a su notario de confianza para buscar apoyo”.

Jornada informativa para afectados
El Colegio Notarial de Valencia celebró en enero una jornada informativa para todos los vecinos y empresarios afectados por los efectos de la dana. El decano, José Carmelo Llopis, y el censor 1º de su Junta Directiva, Eduardo García Parra, fueron los encargados de inaugurar esta jornada. En encuentro estuvo moderado por el director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales (IVEN) del Colegio Notarial de Valencia, Gonzalo Cano. Participaron representantes de la Agencia Tributaria; del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, y expertos financieros y de ingeniería hidráulica con el objetivo de explicar a los ciudadanos a qué organismos o entidades dirigirse para solicitar las ayudas.
Solicitar acta notarial por daños DANA
Las personas que necesiten solicitar un acta notarial para acreditar los daños materiales sufrido por la dana pueden hacerlo a través de la página web del Colegio Notarial de Valencia.
Asistentes a la reunión.
Reunión del Consejo General del Notariado con los notarios afectados
La presidenta y el vicepresidente del Consejo General del Notariado, así como otros miembros de la Comisión Permanente de este organismo, viajaron a Valencia el 19 de diciembre para interesarse por la situación de las 64 notarías valencianas afectadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre y reunirse con los notarios de las localidades dañadas; notarías que están siendo apoyadas profesional y económicamente por su colegio notarial y por el Consejo General del Notariado. En este sentido, el Colegio Notarial de Valencia habilitó el mismo día de la tragedia a todos los notarios de la Comunidad Valenciana para actuar en las poblaciones más afectadas, con el objetivo de mantener el servicio notarial.

Ignacio Núñez Echevarría, notario de Aldaia: “Desde la notaría priorizamos las actuaciones que sirven para que los damnificados puedan recibir con celeridad las ayudas que son tan necesarias en estos momentos”.

Pilar Samper, notaria de Benetúser: “La notaría quedó devastada en planta baja, pues la altura del barro superó los dos metros, arrancando con su fuerza todo lo que encontró, incluso el protocolo de dos años”.

Visita de la Comisión Permanente del CGN a la notaría de Benetússer.
En la web de la Agencia Tributaria Valenciana están disponibles todas las medidas implementadas para ayudar a los damnificados.
Visita de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez, visitó el pasado 17 de febrero algunas de las notarías de la provincia de Valencia afectadas por la dana, concretamente las de Guadasuar, Aldaia y Benetúser, para conocer su estado y trasladar su apoyo a los afectados. El decano del Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana, José Carmelo Llopis, la acompañó en la visita junto a algunos miembros de su junta directiva, entre los que se encontraban Eva María Peiró, Eduardo García Parra y María José Quesada.

Tras la visita, María Ester Pérez se reunió con los notarios de las localidades afectadas por la catástrofe en la sede del colegio notarial en Valencia, y les trasladó su agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado desde el primer día para ayudar a la población damnificada.

María Ester Pérez con el decano, notarios de las localidades afectadas y el equipo del colegio.

Entrevista a Salvador Alborch, notario jubilado. Responsable del Servicio de Atención al Usuario durante la Dana

EN EL ESCAPARATE

SALVADOR ALBORCH,

NOTARIO JUBILADO. RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DURANTE LA DANA

“En la actuación ante la tragedia es donde se pone claramente de manifiesto la doble labor social y de asesoramiento del notario”

FÁTIMA PÉREZ DORCA

Salvador Alborch aprobó la oposición a notarías con solo 24 años y fue notario durante casi cincuenta. Tras su jubilación, su amor por la profesión le llevó a continuar prestando asesoramiento en el Servicio de Atención al Usuario (SAU) del Colegio Notarial de Valencia y hace cuatro meses se puso al frente del equipo de notarios voluntarios que prestaron ayuda a los damnificados por la dana.

¿Cómo se organizaron en el colegio para dar servicio a los afectados?

El 31 de octubre, después de reunirse la junta directiva, el decano nos hizo el encargo a Miguel Vila y a mí, como notarios al frente del SAU, de formar un equipo para atender y prestar ayuda a las personas damnificadas por las inundaciones que acudían al colegio notarial, por lo que organizamos un equipo con otros tres notarios, Manuel Ángel Rueda, Mireia Gil y Antonio Reyna, que nos dedicamos a prestar servicio de información y asesoramiento sobre las ayudas que podían solicitar y sobre todo para la búsqueda, expedición y entrega gratuita de copias de las escrituras perdidas o embarradas. Además, los ciudadanos necesitaban actas para presentar a las aseguradoras y, como el volumen era muy elevado, se activó su gestión y obtención de forma telemática de forma gratuita.

¿Cuáles eran las consultas más habituales entre la gente que se acercaba al colegio?

La mayoría de las consultas estaban motivadas porque los damnificados habían perdido sus escrituras ya que la dana se lo había llevado todo o estaban embarradas. En este caso pudimos tranquilizarlos en lo respectivo a la pérdida de sus documentos notariales porque pidiéndoles unos datos les podíamos facilitar una copia. La gente, en un momento tan crítico, también necesitaba sobre todo que se le escuchase. Algunos nos contaban situaciones personales muy duras, como la de una hija que vivía a doscientos metros de su padre, octogenario, y por la fuerza del agua no pudo llegar a socorrerlo y subirlo a la segunda planta y falleció. En la actuación ante la tragedia es donde se pone claramente de manifiesto la doble labor social y de asesoramiento del notario.

¿En qué zonas se encontraban las notarías más perjudicadas?

Algunas de las notarías devastadas fueron las dos de Catarroja, una de las de Aldaia, Albal, Guadassuar y Benetússer. En estas notarias devastadas, al igual que en otras también perjudicadas, los notarios se organizaron y, a la semana de lo sucedido, comenzaron a dar servicio desde sus propios u otros locales. Afortunadamente, dado el alto nivel informático de las notarías, de la mayoría de los protocolos dañados se pudieron obtener copias en formato digital e incluso de las más recientes a través del protocolo electrónico.

 


“DE LA MAYORÍA DE LOS PROTOCOLOS DAÑADOS SE PUDIERON OBTENER COPIAS EN FORMATO DIGITAL E INCLUSO DE LAS MÁS RECIENTES A TRAVÉS DEL PROTOCOLO ELECTRÓNICO”


 

Como valenciano, ¿cómo ve la reconstrucción?

Han pasado cuatro meses y el paisaje sigue siendo desolador. Tardará tiempo la recuperación porque el daño es muy grande. Muchas pequeñas empresas se van a quedar en el camino porque volver a crear una pyme es complicado por la elevada cuantía de los gastos a realizar. Tenemos que estar todos para apoyar y para seguir dando visibilidad a esta situación tan grave y dramática para los afectados.

¿Cómo surgió la idea de colaborar en el Servicio de Atención al Usuario (SAU)?

A finales de los noventa, el entonces decano, Rafael Gómez-Ferrer, me animó a presentarme a la elección de delegado de la junta directiva para el distrito notarial de Valencia que cuenta con más de cien notarías y, tras ser elegido, no ha cesado mi implicación y colaboración con el colegio.

En el momento de mi jubilación, el decano César Belda me preguntó por mi disponibilidad para incorporarme al SAU y no lo dudé ni un momento. Con él comencé y he continuado con el siguiente decano, Francisco Cantos, y con el actual, José Carmelo Llopis.
También ingresé, cuando ejercía como notario, en la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio y a día de hoy, jubilado, continúo en ella. Y es que no sé estar quieto en casa.

¿Qué ha significado para usted ser notario?

Lo ha significado todo. He podido ayudar a mucha gente. Los notarios no solo firmamos documentos, sino que hay mucho trabajo detrás de una firma, ya sea la partición de una herencia, la creación de una sociedad, la celebración de un matrimonio… Es un trabajo para el que hay que estar siempre al día y seguir estudiando. Te permite ayudar a personas que están perdidas en temas legales. Era gratificante, cuando les veía llegar a la notaría o actualmente al colegio donde presto servicio, que vienen pensando que un problema tiene difícil solución y les dices que no, que es fácil de solucionar y que además no va a implicar un gran coste económico. Siempre tratamos de buscar las vías jurídicas para aconsejar con la misma seguridad sin que cueste el doble.

Y, en esa labor de ayuda y de empatía, siempre les digo a mis hijos que solo nos vamos a llevar de esta vida el bien que hagamos a otros.

“El Notariado ante la DANA: respuesta institucional y consolidación de nuevas herramientas telemáticas”, por José Carmelo Llopis

EN EL ESCAPARATE

JOSÉ CARMELO LLOPIS,

decano del Colegio Notarial de Valencia

"El Colegio Notarial de Valencia, como corporación de derecho público, reaccionó de manera inmediata para garantizar la continuidad de la función notarial"

El Notariado ante la DANA: respuesta institucional y consolidación de nuevas herramientas telemáticas

El 29 de octubre de 2024, la provincia de Valencia sufrió el que puede calificarse como el mayor desastre natural de la historia reciente de España. Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) de intensidad excepcional descargó lluvias torrenciales en gran parte de la Comunidad Valenciana, especialmente en las comarcas de la Ribera Alta y l’Horta Sud. En pocas horas, se superaron acumulados de 400 litros por metro cuadrado, desbordando barrancos, ríos y acequias, provocando una destrucción generalizada en núcleos urbanos y zonas rurales.

Municipios como Algemesí, Guadassuar, Benetússer, Paiporta o Catarroja, entre otros muchos de la provincia de Valencia, quedaron parcialmente sumergidos. Miles de viviendas, locales comerciales y explotaciones agrarias sufrieron daños irreparables. La red viaria colapsó y los servicios esenciales, como el suministro eléctrico y las telecomunicaciones, quedaron fuera de servicio durante días. Gran cantidad de escrituras, títulos de propiedad y documentos públicos quedaron destruidos, desaparecidos o severamente dañados.

En este contexto de emergencia absoluta, el Colegio Notarial de Valencia, como corporación de derecho público, reaccionó de manera inmediata para garantizar la continuidad de la función notarial en las zonas afectadas, preservar la documentación pública notarial y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta ágil y eficaz a los ciudadanos y empresas damnificados.

Actuación de emergencia. Consciente de la magnitud de la situación, al día siguiente, el 30 de octubre de 2024, la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia convocó una reunión extraordinaria por videoconferencia con todos los notarios cuyas oficinas estaban ubicadas en las localidades más afectadas, poniéndose de manifiesto un escenario desolador.

En el conjunto de poblaciones afectadas por la DANA, se encuentran demarcadas un total de 64 notarías. Si bien actualmente todas las notarías de las zonas afectadas han recuperado su operatividad técnica, en el momento inicial, 33 notarías sufrieron al principio una caída de la red Signo, en su mayoría como consecuencia de interrupciones en el suministro eléctrico y de las comunicaciones, y no tanto por daños materiales provocados directamente por la DANA. Durante los días posteriores al fenómeno, el Centro Tecnológico del Notariado desplegó los recursos necesarios para dotar a las notarías afectadas de los medios informáticos y telemáticos imprescindibles para retomar su actividad. Gracias a estos trabajos y a la progresiva restauración del suministro eléctrico y la reconexión de servidores, solo 10 notarías mantenían incidencias de conexión pasados los primeros días. De esas 10 notarías, 6 quedaron completamente devastadas, sin posibilidad de reanudar la atención presencial de manera inmediata, mientras que 4 notarías, aunque afectadas, sí pudieron prestar servicio al público con ciertas limitaciones.

Esta situación, unida a las interrupciones eléctricas y de telecomunicaciones, junto con la incógnita sobre la situación física de los protocolos notariales, exigían la toma de decisiones inmediatas por parte de la junta directiva para poner en marcha una actuación de emergencia y ayuda a los afectados, que dio comienzo el mismo 31 de octubre de 2024.

En esta actuación, el colegio no estuvo solo. Contó en todo momento con el apoyo del Consejo General del Notariado en su conjunto y con la solidaridad de todos los colegios Notariales quienes, a través de sus juntas directivas, canalizaron entre otras las solicitudes de ayuda, por ejemplo, para la autorización de actas telemáticas. Por supuesto, los notarios de toda España se apresuraron a preguntar qué podían hacer y colaboraron activamente con el Colegio en todo lo que se les solicitó. Todo ello, contando con la inestimable colaboración de nuestro Centro Tecnológico, sin el cual, y sin la profesionalidad y solidaridad de su equipo, no hubiera sido posible dar una respuesta tan inmediata a necesidades básicas, como el suministro de equipos informáticos, y complejas, como la habilitación, en tiempo récord, de la Sede Electrónica Notarial para la autorización telemática de las actas de protocolización.

Vaya por delante mi agradecimiento a todos y cada uno de los que, cada cual en su ámbito, han contribuido a esta respuesta notarial y a ayudar a los ciudadanos y notarios afectados.

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la respuesta unificada de todo el Notariado, el conjunto de medidas adoptadas y la adaptación tecnológica implementada han supuesto un ejemplo de la consolidación de la capacidad de respuesta institucional del Notariado ante situaciones de emergencia que ya se manifestó en La Palma.

No obstante, lo cierto es que cada catástrofe natural es distinta a las demás. En el caso de Valencia, la actuación presencial era prácticamente imposible y la cantidad y la tipología de bienes afectados diferente, siendo por tanto necesario que la respuesta fuera diferente y descansara más en soluciones tecnológicas.

Ayuda general. La primera cuestión que se identificó fue la de que las actuaciones debían cubrir toda la ayuda y apoyo posible que pudiera darse, tanto a los ciudadanos y empresas afectadas, como a los notarios directamente perjudicados: entre otras, y sin ánimo de ser exhaustivo, se habilitó a todos los notarios de la Comunidad Valenciana para actuar en cualquier municipio afectado; se aprobaron ayudas económicas y materiales a las notarías afectadas; se suministró a quien fue necesario equipamiento informático, y se activó un plan de rescate documental para apoyar a los compañeros afectados. Este plan consiste en la retirada, previa autorización del acta establecida en el artículo 280 del Reglamento Notarial, a cargo del Colegio Notarial y depósito temporal en el Archivo del Distrito, de los tomos de protocolo alcanzados por las aguas, para su recuperación, en la medida de lo posible y siempre que dicha recuperación física sea razonable por su estado. Actualmente están siendo sometidos a procesos de secado, limpieza y estabilización.

No puedo dejar pasar la ocasión de poner de manifiesto que, gracias a la existencia del protocolo electrónico, los documentos notariales autorizados desde la entrada en vigor de la Ley 11/2023 y cuyo reflejo informático estuviera depositado en el Consejo General del Notariado están perfectamente conservados y van a poder ser recuperados sin mayores problemas.

Se procedió al refuerzo tanto de la comunicación de las decisiones adoptadas, tratando de tener una presencia constante que permitiera a los ciudadanos conocer las medidas que estaban aplicándose, como de la atención telefónica y por correo electrónico, para ayudar a los ciudadanos y notarios afectados, siendo en estos puntos inestimable la colaboración de los empleados del Colegio Notarial de Valencia, a los que no puedo sino agradecer su dedicación, incluso habiendo sido algunos de ellos afectados directamente por la DANA. El correo electrónico [email protected] ha recibido más de 3.500 mensajes, incrementándose la solicitud de atención telefónica en un 48,86% (por poner un ejemplo, el día 14 de noviembre se registraron un total de 1.967 llamadas).

 


LOS NOTARIOS DE TODA ESPAÑA SE APRESURARON A PREGUNTAR QUÉ PODÍAN HACER Y COLABORARON ACTIVAMENTE CON EL COLEGIO EN TODO LO QUE SE LES SOLICITÓ


 

El Colegio Notarial de Valencia también habilitó un servicio de atención presencial a los afectados, que fue atendido por el ya existente SAU (Servicio de Atención al Usuario) dirigido por dos notarios jubilados de Valencia y que se reforzó con tres notarios más voluntarios, quienes han prestado una inestimable e impagable ayuda presencial a las personas afectadas.

Otra medida fue aprobar la puesta en marcha de un servicio notarial gratuito de ayuda a los ciudadanos afectados por la DANA de búsqueda, expedición y entrega de copias simples de las escrituras públicas de sus propiedades perdidas como consecuencia de dichas inundaciones. Este servicio tiene su antecedente inmediato en otra iniciativa solidaria reciente del Colegio Notarial de Valencia, pues se habilitó inicialmente para los afectados del incendio de Campanar que asoló un edificio de viviendas en Valencia el 22 de febrero de 2024.

Quizás la medida más innovadora fue la implantación de un sistema especial de actas telemáticas de protocolización, que permitió a los ciudadanos documentar fehacientemente los daños sufridos sin necesidad de desplazarse a la notaría: debido a la envergadura del territorio afectado, a la cantidad de bienes anegados, a las restricciones físicas y legales para circular y entrar en las zonas inundadas y la situación de insalubridad y peligrosidad física, era imposible pensar que la solución podía venir por realizar actas presenciales.

Canal telemático. Gracias a la infraestructura tecnológica del Notariado español y al esquema introducido por la Ley 11/2023, a los pocos días, concretamente el 4 de noviembre de 2024, estaba operativo un canal telemático gratuito para que se solicitaran por los interesados actas de protocolización, sin intervención presencial y sin presencia física, que quedaron consagradas en el artículo 43 del Real Decreto-ley 6/2024, que regula el apoyo notarial, recuperación de documentación destruida y facilitación de pruebas documentales de derechos existentes, y cuyo procedimiento básico es el siguiente:

-El ciudadano accede al Portal Notarial del Ciudadano por un enlace específico y dedicado, completa un sencillo formulario y adjunta imágenes que documenten los daños.

-Con esa información, desde la Sede Electrónica Notarial se genera un documento en formato pdf, que incluye el requerimiento de protocolización. En caso de que se hayan aportado datos de ubicación catastral y el sistema Copernicus de Catastro los haya podido procesar correctamente, las actas llevan acompañada una certificación catastral que indica que la parcela informada está dentro del perímetro delimitado por la afectación de la DANA.

-El notario que se asigna el acta revisa únicamente ese documento, verifica el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y lo incorpora al acta de protocolización.

-El notario expide de manera gratuita e inmediata una copia autorizada electrónica, con CSV y un código QR, enviándose al correo electrónico del afectado para que pueda acceder a ella, descargarla o imprimirla desde la Sede Electrónica Notarial.

Su finalidad es constatar hechos relacionados con la DANA, por lo que no se expiden para, ni se dirigen contra, entidades concretas, ya sea Administraciones Públicas, aseguradoras o el Consorcio de Compensación de Seguros, sino que, al documentar hechos objetivos, pueden tener utilidad tanto judicial como extrajudicial, actual o futura.

Actualmente, se han atendido unas 12.000 solicitudes por notarios de toda España. Pese a que la mayor cantidad de actas se procesaron efectivamente durante las primeras semanas posteriores a la DANA (por ejemplo, el 6 de noviembre se llegaron a recibir 1.297 solicitudes de actas en un solo día), lo cierto es que siguen entrando solicitudes todos los días y, gracias a la labor de todos los notarios de España que siguen autorizándolas, suelen procesarse el mismo día, disponiendo el afectado de su copia de manera inmediata.

La respuesta del Notariado ante la DANA ha puesto de manifiesto la capacidad de adaptación y modernización del cuerpo notarial ante situaciones de emergencia, combinando el rigor jurídico con la agilidad tecnológica. El Notariado ha demostrado ser un pilar esencial de la seguridad jurídica, no solo en el ámbito de la contratación ordinaria, sino también en la protección de derechos y la documentación de hechos en contextos de especial vulnerabilidad. La colaboración de todos ha permitido articular un modelo de actuación que, sin duda, debe constituir una referencia para futuras situaciones similares.

25 aniversario de la Fundación Æquitas del Notariado

EN EL ESCAPARATE

Su Majestad la Reina posa junto a autoridades y patronos de la Fundación Æquitas.

Primera fila, de izda. a dcha.: Cristóbal Fábrega (fiscal especializado en discapacidad); Lorenzo del Rio (presidente del TSJ de Andalucía); María José Segarra (fiscal de discapacidad del TS); Sofía Puente (secretaria general de innovación y calidad del ministerio público de Justicia); Francisco Vañó (ex diputado); Ana Redondo (ministra de Igualdad); Su Majestad la Reina; José Ángel Martínez Sanchiz (ex presidente del CGN y de la Fundación Æquitas); Almudena Castro-Girona (directora de la Fundación); Manuel Tarrío (secretario del CGN); Juan Bolás (notario honorario y fundador de Æquitas) y Fernando Santos (fiscal especializado en discapacidad).

Segunda fila, de izda. a dcha.: José Luis Seoane (magistrado); José Ignacio Navas (notario honorario); Inmaculada Vivas (catedrática); Gonzalo López Ebri (ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana); Álvaro Cuesta (ex vocal del CGPJ); José Marqueño (notario honorario); Rosario Algora (notaria); Yolanda Sanpastor (magistrada); Pascual Ortuño (magistrado); José Luis Blázquez (presidente de la Comisión de Finanzas de Cruz Roja); Juan Francisco Herrera (notario) y Vicente Martínez Pujalte (ex diputado).

25 aniversario de la Fundación Æquitas del Notariado

JOSÉ M. CARRASCOSA
A mediados de noviembre, S. M. la Reina presidió el acto de conmemoración del 25º Aniversario de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado, celebrado en el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. A la ceremonia acudió acompañada de Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Entre las personalidades asistentes cabría también citar a Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; María Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública o Isabel Revuelta, presidenta del Foro Justicia y Discapacidad; entre otras. Asimismo, estuvieron presentes diversos decanos de los colegios notariales, así como patronos y delegados autonómicos de la fundación.

El acto fue inaugurado por José Ángel Martínez Sanchiz, entonces presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Æquitas, quien explicó la génesis de la institución: «Nace con el propósito de trasladar de manera unitaria a la sociedad civil la experiencia notarial; más allá de la acción individual de cada uno de nosotros. Y la clave es de “manera unitaria”, pues Æquitas es ante todo una vía para la colaboración de los juristas en la humanización del Derecho respecto de las personas más vulnerables, apelando al espíritu de servicio a la sociedad. Este espíritu de servicio resulta patente en quienes forman y han formado parte de su patronato, integrantes de las distintas profesiones jurídicas, gracias a los cuales, Æquitas constituye una realidad».

«Una realidad -prosiguió- que ha proyectado su acción en múltiples ámbitos. Así, en la plasmación y redacción de muchos de los preceptos que conforman la Ley 8/2021 sobre la autonomía de las personas con discapacidad, que otorga al Notariado la condición de apoyo institucional. Pero, sobre todo, en la ingente labor desplegada en cursos de asesoramiento, de formación y, muy especialmente, de colaboración con otras entidades sociales como el CERMI, con los que se ha tejido una alianza muy beneficiosa para la sociedad».

Retos de la discapacidad

Soledad Cisternas (ex enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y ex presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU), aseveró que «nos encantaría que hubiera fundaciones Æquitas en muchos países». La jurista chilena puso de manifiesto algunos de los retos de la discapacidad en los próximos años, recogidos en la reciente Cumbre sobre el Futuro de Naciones Unidas. «En esta convención se estableció el Pacto Global Digital, que subraya el papel de la inteligencia artificial a la hora de facilitar el acceso equitativo a la tecnología y los servicios digitales para personas y comunidades marginadas, mediante herramientas como asistentes virtuales, reconocimiento de voz y traducción automática, entre otros. La Inteligencia Artificial permite que personas con discapacidades, con barreras lingüísticas o con acceso limitado a educación y tecnología puedan interactuar y beneficiarse del entorno digital. Además, la IA optimiza el despliegue de infraestructuras en áreas remotas, reduciendo la brecha digital y promoviendo una inclusión tecnológica más amplia».

A continuación, tuvo lugar la entrega -por parte de Doña Letizia- de los Premios Altavoz y Héroes Anónimos, impulsados por la fundación para conmemorar la efeméride de su creación. Los galardonados fueron Juan Carlos Unzué, portavoz de la Confederación Nacional de Entidades con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), y Rosa Martínez Vera, fundadora de la Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José de Guadix (Granada).

Acciones encomiables

Unzué apuntaba: «Soy uno más en el equipo de los enfermos con ELA en nuestro país. Fui jugador de fútbol y también entrenador hasta 2019. El 1 de julio de ese año me diagnosticaron ELA y a partir de ahí decidí darle un sentido muy diferente a mi vida para visibilizar la enfermedad e informar de la cruda realidad de la mayoría de mis compañeras y compañeros. Después de años de lucha y de trabajo de muchos afectados, familiares, asociaciones y fundaciones, hemos conseguido que la Ley ELA se apruebe en el Congreso y el Senado y sea publicada en el BOE. Creo que hemos puesto la base para que ninguna persona más en nuestro país, queriendo vivir a pesar de todas las limitaciones que le genera la ELA, se vea obligada a morir por la falta de ayudas económicas de la Administración. Queda mucho trabajo por hacer y desde CONELA vamos a estar atentos para que esas ayudas lleguen lo antes posible a cada una de las comunidades».

En representación de Rosa Martínez -quien no pudo asistir, debido a problemas de salud- recogió el galardón su hija Alicia Carmona, quien destacó la labor de su madre como «ejemplo de inclusión social de personas con discapacidad, en nuestro caso, intelectual. En casa, a mis padres no les resultó difícil aceptar la diferencia; apenas supieron que su primer hijo había nacido con discapacidad intelectual prendieron fuego a su pasado y, con un montón de preguntas, decidieron buscar a quienes les ayudasen a responderlas hasta que mi madre se convirtió en la respuesta que necesitaban miles de familias creando, en 1973, la asociación. Aún recordamos las huchas con las que Guadix, y todos los pueblos de alrededor, recolectaban duros y pesetas para construir el primer Colegio de Educación Especial, llamado Nuestra Señora de la Esperanza, siendo el primer alumno nuestro hermano Miguel Ángel, quien, aún hoy, tras su fallecimiento en 2008, sigue siendo nuestra luz. Porque Miguel Ángel y otros muchos como él crecían, agravándose sus trastornos de comportamiento, y Rosa, les preguntaba: ¿Qué más necesitáis? Y ahí está: la asociación “San José”. En la actualidad cuenta con residencias para menores y adultos, centros ocupacionales de atención temprana, de empleo, una guardería, viviendas tuteladas y en comunidad convirtiéndose en una de las empresas del tercer sector más grande de Andalucía con más de 380 trabajadores y alrededor de 600 atendidos».

Voces del sector

A continuación, tomaron la palabra diversos representantes institucionales como Luis Cayo Pérez (presidente del CERMI); María José Segarra (fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores) y Almudena Castro-Girona (directora de la Fundación Æquitas).

Luis Cayo Pérez Bueno realizó un repaso del sector: «En estos veinticinco años de vida productiva y fecunda de Æquitas se ha producido una revolución silenciosa y transformadora de la discapacidad. La historia había colocado a las personas con discapacidad en los márgenes, el desprecio y las periferias. Una primera disrupción nos convirtió en sujetos políticos; se creó un entramado que produjo un cambio social. Después nos convertimos en sujetos jurídicos, desde una cultura de derechos humanos. Ese imperativo se produjo con la Convención de las Naciones Unidas».

«El Notariado es una conexión amiga de las personas con discapacidad y mayores”, apuntó el presidente del CERMI. “La gran revolución la han producido las personas con discapacidad que han entendido su valor, que son sujetos respetados, no van a soportar discriminación y van a actuar siempre para la mejora colectiva», concluyó.

Para María José Segarra, la esencia de Æquitas «radica en tejer alianzas sin protagonismos, con generosidad y con la vista puesta en la utilidad social del Notariado; en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Æquitas no se concibe sin los demás; solo se concibe con los demás».

«El éxito de esa sinergia colectiva generada desde Æquitas entre profesionales especializados, sensibles y concienciados de que la igualdad ante la ley depende de que todos seamos apoyos, ha desbordado nuestras fronteras, abriéndose a la internacionalización de este proyecto, buscando configurar redes similares, especialmente en Iberoamérica (Argentina, México, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Chile o Perú, son hitos de los viajes promotores de estas dinámicas) pero también participando en las instituciones europeas. Estos 25 años han supuesto toda una revolución conceptual para ambas instituciones: Notariado y Ministerio Fiscal. Ahora más que nunca debemos alimentar esa complicidad que nos permita profundizar, con la necesaria seguridad, en la razonable desjudicialización de la vida de las personas mayores o con discapacidad que preside la Ley 8/21», concluyó Segarra.

Almudena Castro-Girona apuntó que «hay dos cosas que caracterizan al Notariado: el servicio a la sociedad y el contacto directo con las personas. El notario recibe la voluntad de las partes, sus alegrías y preocupaciones. Recibimos las angustias de los padres ante el futuro de sus hijos; y al compartirse, la angustia deja de serlo. Otorgamos control de legalidad y juicio de discernimiento de esas voluntades a través de la autorización del documento público».

Para su directora, Æquitas es «una gran familia, en la que actuamos en confianza y con libertad, sabiendo que estamos al servicio de las personas, fundamentalmente de las que están en situación de vulnerabilidad. Nos hemos convertido en una plataforma solidaria al servicio de las personas con discapacidad y sus familias; vertebrada por todos sus patronos e impulsada por todos sus presidentes a lo largo de estos veinticinco años. Las entidades colaboradoras son otro de los centros de gravedad de nuestro trabajo, con las que trabajamos coordinados y poniéndonos al servicio desde el lugar que nos corresponde».

SOLEDAD CISTERNAS: “NOS ENCANTARÍA QUE HUBIERA FUNDACIONES ÆQUITAS EN MUCHOS PAÍSES’’

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “ÆQUITAS NACIÓ CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR LA EXPERIENCIA NOTARIAL MÁS ALLÁ DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL”

Mª JOSÉ SEGARRA: “LA ESENCIA DE ÆQUITAS RADICA EN TEJER ALIANZAS SIN PROTAGONISMOS, CON GENEROSIDAD Y CON LA VISTA PUESTA EN LA UTILIDAD SOCIAL DEL NOTARIADO”

LUIS CAYO PÉREZ BUENO: “EL NOTARIADO ES UNA CONEXIÓN AMIGA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES”

ALMUDENA CASTRO-GIRONA: “HAY DOS COSAS QUE CARACTERIZAN AL NOTARIADO: EL SERVICIO A LA SOCIEDAD Y EL CONTACTO DIRECTO CON LAS PERSONAS”

Vídeo resumen del acto conmemorativo del 25 aniversario de Æquitas
De izda. a dcha.: Sofía Puente, Ana Redondo, Su Majestad la Reina, José Ángel Martínez Sanchiz y Almudena Castro-Girona.
Videos conmemorativos

Con motivo del 25 Aniversario de Æquitas se han venido realizando diferentes materiales audiovisuales conmemorativos. Así, a lo largo de todo el año se han difundido las opiniones sobre la fundación y su labor de los miembros de su patronato y de los delegados de los colegios notariales.

Durante el acto del Museo del Prado se proyectó un video con fotografías en blanco y negro, a modo de película del cine mudo, de numerosos momentos y protagonistas de estas dos décadas y media. Otra de las piezas realizadas mostraba, a modo de ejemplo, la estrecha colaboración mantenida por Æquitas con la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano de las Islas Canarias, con declaraciones de sus beneficiarios y promotores.

Patronos y delegados

25 Años de Fundación Æquitas
Fundación Tutelar Sonsoles Soriano
De izda. a dcha.: Ana Redondo, Juan Carlos Unzué (premio Héroes Anónimos), Su Majestad la Reina y José Ángel Martínez Sanchiz.

JUAN CARLOS UNZUÉ, PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES CON ELA, RECIBIÓ DE MANOS DE S. M. LA REINA EL PREMIO ‘ALTAVOZ’ DE LA FUNDACIÓN

Ana Redondo, Alicia Carmona (premio Héroes Anónimos), Su Majestad la Reina y José Ángel Martínez Sanchiz.

EL GALARDÓN HÉROES ANÓNIMOS RECAYÓ EN ROSA MARTÍNEZ, FUNDADORA DE LA ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SAN JOSÉ DE GUADIX (GRANADA)

25 años de historia

El 15 de octubre de 1999 nacía la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado, bajo el lema ¡Queremos hacer más!

Desde entonces, la institución ha participado en numerosas actividades -cursos, jornadas, publicaciones, charlas de asesoramiento, consultorios jurídicos…- puestas en marcha en colaboración con instituciones públicas, ONG, asociaciones y fundaciones tutelares, como el Congreso de los Diputados, Senado, Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y su Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de lo Social de las Comunidades Autónomas, Fundación ONCE, fundaciones Ramón Areces, Down España, Tutelar Canaria Sonsoles Soriano,… y un largo etcétera.

Æquitas inició sus actividades centrándose en la protección jurídica de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, pero posteriormente fue ampliando su ámbito de actuación, interesándose por otros colectivos como los de personas afectadas por enfermedades irreversibles, mayores, menores, inmigrantes, o mujeres víctimas de maltrato.

La Fundación pronto dejó de estar integrada sólo por los 3.000 notarios españoles. El carácter transversal de la protección de la discapacidad hacía necesaria la incorporación de otros profesionales como jueces, fiscales, políticos, trabajadores sociales, médicos… Prueba de ello es su patronato, integrado por treinta miembros de distintos sectores: Judicatura, Universidad, tercer sector, Poder Judicial, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, Fiscalía o Cruz Roja.

Tras consolidar su labor en España, la Fundación Æquitas inició en 2006 su actividad internacional en Argentina. Desde entonces ha llegado a países como Cuba, Uruguay, Paraguay, Chile, México, Ecuador, Colombia… En los últimos años ha puesto en marcha un proyecto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para impartir formación jurídica sobre discapacidad en Iberoamérica.

Almudena Castro-Girona, Juan Bolás y José Ángel Martínez Sanchiz.
Juan Bolás, fundador y patrono

En 1999 el Consejo General del Notariado acordó la creación de la Fundación Aequitas por impulso de su entonces presidente, Juan Bolás. El hoy patrono de la fundación ha continuado estos 25 años estrechamente unido a Æquitas y en él, justamente, recayó el 25 galardón otorgado en este acto conmemorativo, junto con un facsímil de las escrituras de constitución de la fundación. Estos reconocimientos le fueron entregados por el entonces presidente del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz y la directora de la fundación, Almudena Castro-Girona. Emocionado, Juan Bolás quiso señalar que “Æquitas existe por y gracias al trabajo de todas las personas que han colaborado a lo largo de todo este tiempo».

Imagen del cupón.
Cupón conmemorativo de la ONCE
El 25 aniversario de Æquitas fue el protagonista del cupón de la ONCE del lunes, 16 de diciembre. De esta forma, cinco millones de cupones difundieron la labor de la fundación por toda España, bajo el lema “Queremos hacer más”. Los cupones de la ONCE se comercializan por más de 20.000 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir en www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.
Instituciones colaboradoras

En el acto se hizo entrega de los reconocimientos de la Fundación Æquitas a los representantes de veinticuatro instituciones colaboradoras durante este cuarto de siglo, porque el camino recorrido y las reformas legales en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad no habrían sido posibles sin todos ellos: AECID, ASPACE, Centro de Estudios Jurídicos, CERMI, CGPJ, Confederación Autismo España, Confederación Salud Mental España, Down España, FEDACE, Fiscalía General del Estado, Foro Andaluz del Bienestar Mental, Foro Justicia y Discapacidad, Fundación INCLUSIVE, Fundación Kyrios, Fundación La Caixa, Fundación Lesionado Medular, Fundación ONCE, Editorial Ramón Areces, Fundación Sonsoles Soriano, LIBER, Plataforma de Mayores y Pensionistas, Plena Inclusión, Real Patronato de la Discapacidad y Servimedia.

Dialogo Servimedia

El día anterior al acto de conmemoración del 25 aniversario tuvo lugar la emisión de un ‘Diálogo Servimedia’ sobre el mismo. José Manuel González Huesa –director general de esta agencia de noticias- conversó con diversos colaboradores de la fundación sobre los hitos alcanzados en este cuarto de siglo por la institución, como Soledad Cisternas, ex presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; Luis Gonzaga, presidente de la asociación Liber; Gonzalo López Ebri, patrono y coordinador de los Foros Autonómicos de Discapacidad de Æquitas; y Federico Cabello de Alba, director del Área Social y Económica de la Fundación.

Tenerife, capital de la Justicia iberoamericana

EN EL ESCAPARATE

T E N E R I F E 2 0 2 4

S. M. el Rey junto a los ministros de Justicia de los países iberoamericanos y de lengua portuguesa, el ministro español, el presidente del Gobierno canario, el presidente del Consejo General del Notariado, el secretario general de la Comjib, la presidenta de la Cmjplop y el decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias.

Tenerife, capital de la Justicia iberoamericana

El Jefe del Estado español, ministros de Justicia, delegaciones institucionales, representantes de organismos jurídicos, magistrados, fiscales y notarios de 30 países se dieron cita en Guía de Isora para debatir sobre el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la tecnológica, la cooperación internacional y la lucha contra la delincuencia transfronteriza en el ámbito de Iberoamérica y de los países de habla portuguesa.
ALEJANDRO MOYA BLAY

Tenerife se convirtió en la capital de la Justicia iberoamericana, del 16 al 20 de septiembre, acogiendo la celebración de una macrocumbre en la que confluyeron varios foros, entre los que destaca la celebración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), inaugurado por S. M. el rey Felipe VI.

Esta gran cita de la Justicia, organizada por el Consejo General del Notariado y la COMJIB, reunió en total a más de 200 juristas y representantes de organismos públicos en las sesiones de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas; la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la I Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y la 112 Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL).

Sociedades más justas

En la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa, S. M. el rey Felipe VI estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños; y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En su discurso, el Rey manifestó que este encuentro supone “otro paso más en el continuado esfuerzo de contribuir al bienestar de nuestros países y de todos sus habitantes, construyendo sociedades más justas y cohesionadas” y deseó a los participantes mucho éxito en sus trabajos: “Todos lo necesitamos. En juego está el futuro del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Felipe VI remarcó “la vocación de España con la Justicia y con la cooperación internacional, cada vez más urgente y necesaria”, especialmente en el ámbito jurídico, y reiteró su compromiso institucional con el amplio espacio representado en la cumbre. A su vez, el Rey incidió en la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado, y que “ha de presidir las relaciones humanas contribuyendo a la paz y al desarrollo, y debe ser accesible para los ciudadanos y empresas de nuestros países, acercando personas y garantizando la circulación e intercambio seguro de documentación”.

Su Majestad también llamó a utilizar la tecnología como “un gran aliado” que debe aprovecharse para crear espacios de cooperación en materia civil y penal, incrementar la eficacia de las instituciones de Justicia y combatir la delincuencia. “Para alcanzar estos objetivos es necesario mantener y fortalecer la cooperación entre las instituciones judiciales, fiscales, policiales y notariales a través de protocolos y herramientas técnicas que sirvan a la Justicia y que generen confianza”, subrayó.

En relación al trabajo que realiza la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), Felipe VI afirmó que se trata de una “herramienta de cooperación en materia civil y penal, a disposición de los operadores jurídicos de 22 países iberoamericanos, junto a organismos como Eurojust e Interpol, que quiere abrirse también a otros países, especialmente los lusófonos”. Esta red de cooperación está hoy dotada con un sistema de comunicación seguro (Iber@) que ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado español y que permite, con las máximas garantías, la comunicación en tiempo real entre estos operadores jurídicos.

Para concluir, el Rey se refirió también a la plataforma Iberfides, un sistema tecnológico que permite la circulación segura de documentos notariales entre países: “Es ya toda una realidad en tres continentes, al haberse completado el desarrollo tecnológico en Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España, a la que se irán sumando otros países de habla española y portuguesa”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, y Notario Mayor del Reino, Félix Bolaños, destacó el encuentro como un evento de gran relevancia “para que las administraciones de Justicia de distintos países podamos poner en común líneas de acción y cooperación sobre los retos que enfrentamos”.

Asimismo, durante el desarrollo de los encuentros, Bolaños incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos: “Ningún país puede abordar este problema por sí mismo. Es necesario un esfuerzo coordinado, conjunto, para llevar a cabo políticas que sean eficaces. Necesitamos una justicia que sea capaz de asegurar sus derechos a los ciudadanos, accesible, digital, con perspectiva de género, y que tenga mecanismos de cooperación internacional ágiles”. Y añadió: “Debemos consolidar la Justicia como un servicio público, social, centrado en las personas. La cooperación no solo es el intercambio informativo; es estrechar lazos, es tener un compromiso entre nuestros países, y que ese compromiso se convierta en un espacio de seguridad jurídica y de cooperación eficaz y efectiva”.

El ministro puso en valor el trabajo que desarrolla el Notariado español a través de su Centro Tecnológico y llamó a ampliar el número de países que emplean la plataforma Iber@. “La conclusión es que necesitamos herramientas comunes -manifestó-. La Declaración de las Islas Canarias que vamos a firmar es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar. Tenemos que apostar por la independencia del poder judicial, la instrucción de las fiscalías y las procuradurías para combatir el crimen organizado”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiso agradecer la elección de Tenerife como punto de encuentro para estas jornadas, “tan importantes para trabajar juntos en defensa de los derechos de los ciudadanos; para debatir, defender y avanzar en instrumentos que ordenen y den respuesta a los desafíos que afrontamos en este siglo XXI”. Particularmente, hizo alusión a los retos que plantea la intensificación de los flujos migratorios, en un contexto global en que el radio de actuación de las personas y las empresas es cada vez más amplio.

También Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, señaló que este encuentro es de suma importancia, “no solo como espacio para el intercambio de ideas, sino también para la reflexión sobre el valor trascendental del Derecho y la Justicia como instrumento civilizatorio”. En las sesiones celebradas, Gil Botero hizo también hincapié en la “gran amenaza” que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos: “Tenemos que reforzar la cooperación internacional y estar un paso por delante de esta realidad”.

El máximo representante de la COMJIB remarcó el valor de la plataforma Iber@, “un canal dispuesto para servir a las distintas Administraciones y operadores de justicia de los países de Iberoamérica, en el que hay 28 usuarios de 16 países europeos y 300 usuarios iberoamericanos, en conexión con las oficinas de Interpol. Todos estos mecanismos -también el proyecto Iberfides- fortalecen la justicia como un valor fundamental para la civilidad de la ciudadanía”.

En su intervención, la presidenta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP) y ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, Ilza Amado, habló sobre la globalización de las comunicaciones y las relaciones entre países, “situación que requiere una respuesta coordinada y colaborativa entre los diferentes sistemas judiciales que nos permita mitigar las principales limitaciones, fortalecer nuestras instituciones y garantizar mayor justicia y seguridad en nuestros países”.

Amado también hizo referencia a la labor desempeñada por los Estados que integran la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que “durante más de dos décadas han trabajado para reforzar la cooperación mediante la armonización del marco jurídico, la formación de los actores de la justicia, la difusión de la legislación y el intercambio de información y experiencias”. En lo relativo -particularmente- al Notariado, la ministra recordó que Santo Tomé y Príncipe ha priorizado “el fortalecimiento del sistema notarial para la protección de los derechos individuales, la promoción del desarrollo económico, la buena gobernanza y la lucha contra la delincuencia”.

En este sentido, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), destacó la gran oportunidad que supone para el Notariado iberoamericano organizar y participar de estas jornadas: “Nos reunimos en Tenerife los tres agentes fundamentales para la Justicia: el poder ejecutivo, los jueces y los notarios, que proveemos el acceso a La justicia de la normalidad, como titula Alfonso Cavallé -decano del Colegio Notarial de Canarias- su libro, que presentamos en estos encuentros. La justicia es una aspiración que todos compartimos y para alcanzarla es fundamental la colaboración entre todos los agentes jurídicos. Por eso el Notariado está presente en estas jornadas; no podía ser de otra manera: nos debemos a la Justicia”.

Martínez Sanchiz reivindicó la importancia de someter los actos jurídicos al control notarial para “evitar la pérdida de informacion en el seguimiento de las operaciones y actos delictivos” y la intervención notarial como un elemento central para la vida y la tranquilidad de las personas: “Es una manera de alcanzar la paz. Todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”, remarcó.

“Uno de los grandes males que nos atenaza es pensar que el Derecho lo crea el Estado cuando no es así”, afirmó el presidente del Notariado español. “Tampoco lo crean los jueces –prosiguió-: el Derecho lo crea la sociedad. Los notarios, en nuestra doble condición de profesionales y oficiales públicos, estamos en la mejor situación para escuchar a las personas y sus necesidades y darles cauce a través del pacto. La esencia de la función notarial es proporcionar a la gente un espacio de libertad y de justicia, todo ello en un marco de seguridad”.

Función notarial

Los representantes de los 22 notariados participantes debatieron también sobre el presente y futuro de la función notarial en las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas. Entre las principales conclusiones alcanzadas destacan la necesidad de garantizar un acceso igualitario a la justicia preventiva a través de la labor notarial; contribuir a descongestionar los tribunales mediante la intervención del notario en procedimientos no contenciosos; y alcanzar acuerdos que establezcan un marco normativo común para facilitar la circulación electrónica de documentos notariales entre países con total seguridad.

Los notarios también abogaron por unificar criterios y avanzar en la armonización de las normativas; fomentar la capacitación profesional del cuerpo notarial; impulsar el papel mediador del notario; y trabajar para la protección de las personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores o en situación de vulnerabilidad.

En palabras de Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), “el Notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país. Es deber del notario caminar hacia la vanguardia para romper cualquier barrera y facilitar un acceso libre y legítimo al sistema de justicia sin discriminación de ninguna índole. Somos miles de notarios, de más de 20 sistemas de justicia nacionales, aquí reunidos para hacer en el presente lo que queremos en un futuro”.

Alfonso Cavallé, delegado del Consejo General del Notariado para América y decano del Colegio Notarial de Canarias, hizo las veces de coordinador de uno de los temas de las jornadas, centrado en la circulación de documentos notariales. El decano puso de relieve los “grandes pasos que está dando el Notariado iberoamericano para transformar el soporte del documento notarial: en España ya contamos con el protocolo notarial electrónico, paso fundamental en la digitalización de las actuaciones y los procedimientos notariales” y se refirió a la importancia de garantizar los derechos y dar cobertura a las necesidades de las personas migrantes y con familiares en distintos países, para lo cual los documentos públicos deben traspasar fronteras con total seguridad y validez.

El notario mexicano David Figueroa, presidente honorario de la CAAm y coordinador del tema La función notarial y el acceso a la justicia, expresó que “la intervención notarial en las actuaciones no contenciosas confiere al usuario mayor seguridad jurídica, resolviendo los conflictos mediante la mediación, lo que contribuye a la desjudicialización del servicio público de Justicia”. En este sentido, Figueroa planteó que el notario “es el primer profesional que afronta nuevas figuras jurídicas en el ámbito no contencioso. En su interpretación de la Ley, el notario llega a menudo a identificar nuevos supuestos, por lo que su actuación es en cierta medida creativa”.

Digitalización notarial

A lo largo de la semana se desarrollaron numerosas exposiciones y ponencias. Particularmente, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del CGN, abordó la digitalización de las actuaciones y sistemas notariales, para lo cual resulta imprescindible la contribución del Centro Tecnológico del Notariado, una entidad de referencia internacional que lleva más de 20 años a la vanguardia tecnológica.

Marín señaló que “la entrada en vigor -hace ahora un año- de la Ley 11/2023 de digitalización de las actuaciones notariales en España ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial, al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia”. “Tenemos un Centro Tecnológico con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con unos 350 técnicos que lo componen. Cada día utilizan la plataforma notarial más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías, y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”, puntualizó.

En esta línea, Marín ofreció algunas cifras para situar la magnitud de las comunicaciones e intercambio de datos en los que participa el Notariado español: «Tenemos acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta en línea y en tiempo real. En 2023 se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. Se expidieron más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles».

Prevención del blanqueo

La información contenida en las escrituras públicas es también indispensable para la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, explicó que “desde el OCP se analizan los datos del Índice Único Informatizado, segunda mayor base de datos de España -que contiene información de 44 millones de personas físicas y más de un millón de personas jurídicas-; se secuencian esquemas de riesgo y, tras examinar también las operaciones sospechosas que comunican los notarios, se informa al SEPBLAC y a las autoridades judiciales y policiales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervino en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), tras las reuniones mantenidas por los fiscales de la comunidad lusófona e iberoamericana. “Nuestro trabajo y nuestro servicio público, la cooperación internacional, a través de las fiscalías y de las estructuras que generan los Ministerios Públicos de los países de Iberoamérica, es el instrumento más eficaz en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, concluyó.

S. M. el Rey, Félix Bolaños y Fernando Clavijo junto al Pleno del Consejo General del Notariado.
En el atril, Félix Bolaños. En la mesa, Fernando Clavijo (izda.) y S. M. el Rey (dcha.).
Inauguración del II Encuentro de Ministros de Justicia de Países de Iberoamérica y de Habla Portuguesa.
De izda. a dcha.: Félix Bolaños, Enrique Gil Botero, Ilza Amado y José Ángel Martínez Sanchiz.

FELIPE VI: “ES NECESARIO FORTALECER LA COOPERACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y NOTARIALES A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS QUE SIRVAN A LA JUSTICIA Y GENEREN CONFIANZA”

‘Declaración de las Islas Canarias’

En la clausura de los encuentros de Tenerife, los ministros de 16 países de Iberoamérica y las regiones lusófonas firmaron la Declaración de las Islas Canarias, un texto que plantea “desarrollar políticas comunes basadas en los principios de la cooperación, la armonización y la integración que fortalezcan las políticas nacionales y, sobre todo, mejoren la calidad de la Justicia y que inspiren la confianza de los ciudadanos”.

La declaración recoge el fortalecimiento del multilateralismo como “la forma más eficaz para coordinar las acciones definidas por los Estados, compartir experiencias y encontrar soluciones adecuadas” y aborda la integración de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la función de los operadores jurídicos.

Este acto de firma y clausura fue presidido por el ministro español Félix Bolaños, quien estuvo acompañado por los máximos representantes de las entidades organizadoras y de los organismos de Justicia participantes en el evento.

FÉLIX BOLAÑOS: “NECESITAMOS UNA JUSTICIA QUE SEA CAPAZ DE ASEGURAR SUS DERECHOS A LOS CIUDADANOS, ACCESIBLE, DIGITAL, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y QUE TENGA MECANISMOS DE COOPERACIÓN ÁGILES”

FERNANDO CLAVIJO: “ESTAS JORNADAS SON IMPORTANTES PARA TRABAJAR JUNTOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS QUE AFRONTAMOS”

20 años de IberRed

En conmemoración del 20 aniversario de la creación de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), los días 18 y 19 de noviembre se celebró el congreso Medellín: Capital Mundial de la Cooperación Jurídica Internacional, organizado por la COMJIB, el Consejo General del Notariado y los ministerios de Justicia de Colombia y España. El encuentro reunió a numerosas autoridades jurídicas de Europa, Latinoamérica y el Caribe para debatir sobre las diferentes medidas implementadas por los distintos países en la materia.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “LA ESENCIA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL ES PROPORCIONAR A LAS PERSONAS UN ESPACIO DE IGUALDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA, TODO ELLO EN UN MARCO DE SEGURIDAD Y CONFIANZA”

ILZA AMADO: “SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE HA FORTALECIDO EL SISTEMA NOTARIAL PARA PROTEGER LOS DERECHOS INDIVIDUALES, PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA BUENA GOBERNANZA Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA”

ENRIQUE GIL BOTERO: “LOS DELITOS TRANSNACIONALES SUPONEN UNA GRAN AMENAZA. TENEMOS QUE REFORZAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ESTAR UN PASO POR DELANTE”

Álvaro García Ortiz, durante su intervención. En la mesa, de izda. a dcha.: Félix Bolaños, Enrique Gil Botero y José Ángel Martínez Sanchiz.
De izda. a dcha.: Manuel Caballer –secretario de la CAAm–, David Figueroa, Homero López Obando, José Ángel Martínez Sanchiz y Alfonso Cavallé.
Voces de la comunidad iberoamericana

A lo largo de las diferentes sesiones intervinieron diversos representantes de las administraciones y organismos públicos de Justicia de los países de Iberoamérica. Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, detalló que los ministerios de Justicia deben enfrentar tres desafíos: “Impulsar la modernización del sistema judicial y promover el uso de herramientas tecnológicas; facilitar el acceso igualitario a la justicia y garantizar la seguridad ciudadana, y hacer frente a los grupos criminales”.

Igualmente, la secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Elena Martínez Rosso, defendió la necesidad de “contar con elementos que faciliten el acceso a la Justicia. Resolver conflictos a través de acuerdos, de voluntades expresadas en escrituras públicas, es una forma muy inteligente y práctica de abordar la saturación de los juzgados”.

Medallas al Mérito de la Justicia

Como broche final a esta gran cita, el Gobierno de Canarias hizo entrega de las medallas al Mérito de la Justicia con distintivo de oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Cataluña y Valencia, así como a sus respectivos decanos, Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos. Estas distinciones son el reconocimiento al trabajo realizado por estas instituciones, sus decanos y más de 50 notarios voluntarios en la isla de La Palma durante dos años, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, donde se abrieron tres notarias provisionales para atender gratuitamente a los damnificados. Más información en páginas 24 y 25.

Entrevista a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Notario Mayor del Reino

EN EL ESCAPARATE

T E N E R I F E 2 0 2 4

Félix Bolaños

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Notario Mayor del Reino

“Nuestros lazos históricos y culturales con los países iberoamericanos nos sitúan en una posición magnífica para contribuir al fortalecimiento de la cooperación”

ANA TOGORES GUISASOLA

Félix Bolaños acudió en septiembre a Tenerife para participar, y como anfitrión, en el II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa. Un foro que reunió en Guía de Isora a ministros de justicia y delegados de 30 países y a más de 200 juristas entre magistrados, fiscales y notarios.

¿Cuál es su valoración de este evento?

Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, valoramos muy positivamente este II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa. Debemos tener presente que el espacio iberoamericano y lusófono integra en torno a 730 millones de personas. Por tanto, la iniciativa de propiciar un marco para el diálogo entre las instituciones de Justicia de las regiones iberoamericana y lusófona es una oportunidad magnífica para promover algo muy importante: estrechar los lazos que nos unen y fortalecer nuestros mecanismos de cooperación.

 


“LOS NOTARIOS Y NOTARIAS DESEMPEÑAN UNA LABOR DETERMINANTE EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DEL FRAUDE FISCAL”


 

-En sus intervenciones incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos y en la necesidad de contar con los medios adecuados para una cooperación efectiva. ¿Disponemos de ellos?

La actividad económica genera negocio, servicios y relaciones que van constantemente de unos países a otros. De ello se derivan importantes repercusiones jurídicas y judiciales. Pero esa dinámica tiene también una cara menos positiva.

Como señala, nos enfrentamos a fenómenos criminales transfronterizos. El narcotráfico, los delitos con impacto en el medio ambiente, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, el cibercrimen o el blanqueo de dinero, entre otros muchos, se han globalizado; trascienden fronteras y son un desafío para las capacidades de los Estados de Derecho. Por eso es necesario entablar un diálogo estable sobre la materia y contar con mecanismos de cooperación jurídica ágiles y eficaces.

Disponemos de herramientas digitales para la transmisión de solicitudes de cooperación y de figuras como los Equipos Conjuntos de Investigación. En España, tenemos además un activo muy importante: la experiencia atesorada tanto por la Fiscalía General del Estado como por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Dicho lo anterior, en esta tarea siempre hay que seguir ajustando y reajustando la respuesta jurídica. En este sentido, por ejemplo, creemos que la experiencia de los Equipos Conjuntos de Investigación en la Unión Europea, un caso de éxito, debe consolidarse en el ámbito latinoamericano y lusófono. También debemos explorar nuevas alternativas que hoy permite la tecnología, como la posibilidad de intercambiar los antecedentes penales de un ciudadano, a la manera de lo que ya sucede en la UE.

-¿Qué se persigue con la Declaración de la Islas Canarias y qué papel corresponde desempeñar a España?

La declaración tiene por finalidad dar un apoyo político al encuentro y, con él, a la cooperación en los dos espacios, iberoamericano y lusófono.

España tiene un papel importante en este ámbito. Nuestros lazos históricos y culturales con los países iberoamericanos nos sitúan en una posición magnífica para contribuir al fortalecimiento de la cooperación y el diálogo regional latinoamericano, pero también para promover el diálogo birregional o multirregional Unión Europea-América Latina-Caribe en materia de Justicia y Seguridad.

En mayo de este año se celebró en Bruselas una reunión entre miembros de alto nivel del Comité de Coordinación en el ámbito de la cooperación en materia penal de la Unión Europea y el ciclo de políticas de Justicia que integra a tres redes regionales de justicia de América Latina: la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI); la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Es un hito importante y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes va a continuar impulsando ese diálogo estable de alto nivel.

-¿Cómo combatir juntos el crimen organizado? ¿Cómo pueden contribuir los notarios?

Atacar las ganancias provenientes del delito es clave en la lucha contra la delincuencia organizada. Y los notarios y notarias desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Sobre todo, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y desde 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).

-También defendió “la necesidad de asegurar el acceso a la Justicia, avanzar en la digitalización y el diálogo institucional, y consolidar nuestros mecanismos de colaboración. ¿Cómo afrontar, con qué herramientas, unos objetivos tan deseables como ambiciosos?

A través de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estamos impulsando numerosos proyectos de colaboración con otros países, en el marco de trabajos con organizaciones e instituciones internacionales, como la OCDE, el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciativas que buscan el intercambio de experiencias y proyectos para que los países trabajemos conjuntamente para alcanzar esos objetivos que apunta.

En el ámbito de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos igualmente trabajamos en proyectos como el de la herramienta Iber@ de comunicaciones seguras, y participamos por ejemplo en el borrador de Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, proyecto que queremos que esté disponible en 2025, con la ambición de establecer unos estándares fundamentales para toda la región.

 


“LA AGENDA REFORMISTA QUE ESTAMOS IMPLEMENTANDO ESTÁ BASADA EN TRES EJES PRINCIPALES: DIGITALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y VOCACIÓN SOCIAL”


 

-En su discurso, S. M. Felipe VI señaló la vocación de España con la Justicia y la importancia de “la justicia del día a día”, que desarrollan instituciones como el Notariado. Como Ministro y como Notario Mayor del Reino… ¿considera que somos un país con una Justicia cercana a los ciudadanos y preventiva?

En España, desde décadas atrás, teníamos pendiente una modernización integral del sistema de Justicia, diseñado con patrones más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Y en esta legislatura hemos decidido dar un impulso modernizador que ponga fin a ese desajuste.

La agenda reformista que estamos implementando está basada en tres ejes principales: digitalización, modernización de las estructuras y vocación social como finalidad y reto. Porque partimos de la convicción de que la Justicia es un servicio público y el corazón de ese servicio, su razón de ser, son las personas.

Esta visión se concreta de dos formas. Por una parte, queremos que la ciudadanía, y en especial quienes por el motivo que sea atraviesan una situación de vulnerabilidad o particularmente delicada, sientan nuestro servicio público como algo próximo, de fácil acceso y comprensible. Y de ahí el impulso que estamos dando, por ejemplo, a las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito.

Además, queremos mejorar y agilizar procesos y procedimientos organizativos, para facilitar el trabajo de los profesionales jurídicos y mejorar la satisfacción de los ciudadanos. Por eso apostamos por un sistema de acceso, único y personalizado, la Carpeta Justicia, con el que la ciudadanía puede acceder a sus asuntos, consultar los expedientes y pedir cita previa para ser atendida, de forma sencilla y ágil, desde su casa. Y apostamos también por la cercanía, a través de las Oficinas de Justicia del Municipio, que seguirán siendo el punto de contacto con la ciudadanía, pero incluyen nuevas competencias y novedades, como la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática.

«El Notariado en la Cumbre de la Justicia de Tenerife», por Alfonso Cavallé

EN EL ESCAPARATE

ALFONSO CAVALLÉ,
delegado para América del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Islas Canarias

“Al disminuir la conflictividad se reduce el presupuesto público al aminorar el aparato judicial”

El Notariado en la Cumbre de la Justicia de Tenerife

Los días 15 a 20 de septiembre de 2024 tuvo lugar en la Isla de Tenerife un importante encuentro de autoridades relacionadas con la justicia inaugurado por su Majestad el Rey de España. El acontecimiento tuvo una excepcional importancia, tanto por las personalidades que congregó como por la relevancia de los temas que se trataron. Participaron Ministros de Justicia de Iberoamérica y de los países de habla portuguesa, Fiscales Generales, Presidentes de Cortes suprema y presidentes de los Notariados de los países de Iberoamérica. Concretamente se celebró la 112ª sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reunió a los presidentes de los Notariados de América; las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, uno de los principales foros científicos sobre Derecho Notarial en Iberoamérica; el II Encuentro de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB) y de los países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOT); la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y el Pleno del Consejo General del Notariado.

Con estos encuentros se ponían en contacto varios ámbitos de la justicia: el representado por jueces y fiscales, el significado por los notarios y el constituido por los ministros de Justicia.

Entre los temas que se abordaron en las reuniones destacaron el acceso a la justicia, la cooperación tecnológica, la jurisdicción voluntaria, el intercambio de buenas prácticas entre países y la circulación segura de documentos en el ámbito de Iberoamérica y en los países de habla portuguesa.

Acceso a la justicia

En distintos foros se trató del acceso a la justicia y su pleno ejercicio, bajo el prisma de ver que se ha de extender más allá de los supuestos en los que existe una previa contienda o desacuerdo. Hoy se percibe con claridad que la realización del valor superior justicia es anhelable en todas las esferas de la existencia de la persona, los pueblos y las naciones en los que este valor ha de estar presente. Es decir, la justicia también ha de hacerse presente en las relaciones interpersonales, familiares o empresariales. Para ello es necesario que los actos y negocios jurídicos se concluyan con pleno respeto a la voluntad de las personas, al ordenamiento jurídico y a los derechos de los demás. Es precisamente este el ámbito de la realización de la justicia donde el notario está llamado a prestar su servicio a la sociedad, y con su intervención ha de hacerla efectiva de forma natural y cotidiana, en el día a día, en la normalidad de las relaciones jurídicas. Por ello, junto al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, se percibe la existencia de un derecho de acceso a aquellas instituciones del Estado que garanticen la justicia en la normalidad, como es el servicio público notarial.

Cada vez se hace más incuestionable la necesidad de poner medios para mantener la justicia en las relaciones en las que no existe un previo conflicto, o lo que es lo mismo, prevenir la injusticia evitando contiendas, abusos, incumplimientos, olvidos, delitos o cualquier situación injusta. A estas expectativas pretenden dar respuesta los ordenamientos jurídicos que cuentan con notariados latino-germánicos, que es el sistema más seguro, justo y económico frente a los sistemas anglosajones, con un alto grado de conflictividad y un coste muy superior. Es por ello que el conocido por notariado latino hoy es el sistema más extendido en el mundo, beneficiando a países que representan a más de dos terceras partes de la población mundial, la mayoría de los cuales están integrados en la Unión Internacional del Notariado (UINL). No en vano, gracias a la actuación combinada de las solemnidades o principios que se deben poner en juego cuando interviene un notario -consentimiento prestado de forma libre e informada, asesoramiento imparcial, control de legalidad, la redacción clara, precisa y técnica, conservación del documento, etc.- se evitan las patologías del Derecho y por tanto tener que restablecer la justicia dañada acudiendo a medios que han de ser excepcionales, como son los tribunales de justicia, evitando la sobrecarga de trabajo de estos, al tiempo que se garantiza la paz social, la seguridad jurídica y el desarrollo económico. De ahí que el acceso del ciudadano a la justicia que se hace realidad en situaciones de normalidad con la actuación notarial, se haya considerado como un derecho de la persona, que ha de disfrutar de las ventajas de este servicio público con garantías, lo que exige que esté bien regulado, controlado y supervisado por el Estado.

Justicia preventiva

También se percibió por los participantes la importancia de contar con una buena regulación, único modo de brindar a la ciudadanía los efectos benéficos que se derivan de una buena institución de justicia preventiva a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas, evitar la injusticia, dotar al tráfico jurídico y económico de seguridad, y generar un necesario clima de confianza, acatamiento al ordenamiento jurídico y transparencia. Con ello no sólo se logra un ahorro para el ciudadano, al que se le evitan, además de los disgustos, las costas y gastos de posibles litigios, sino también para el Estado, ya que, al disminuir la conflictividad, se reduce el presupuesto público al aminorar el aparato judicial.

Jurisdicción y Notariado, aunque en ámbitos distintos, son instituciones que comparten un fin común, la realización de la justicia, y, como los distintos miembros del cuerpo humano, el buen o mal funcionamiento de un órgano afecta a toda la persona. Por ello el funcionamiento de los tribunales se ve favorecido por un buen sistema notarial y viceversa.

Otro tema abordado, muy relevante, fue el referente a la cooperación internacional. Actualmente la plataforma Iber@, en el ámbito de IberRed, desarrollada por la Plataforma Tecnológica del Notariado español, es una realidad y constituye un medio seguro de intercambio de información, cooperación y práctica de diligencias entre autoridades judiciales, fiscalías y policías. Se trata de aprovechar los avances tecnológicos con potentes herramientas en la lucha contra la delincuencia transnacional y en la cooperación en otros ámbitos de la justicia en los países integrantes del convenio de Medellín. Los Ministros de Justicia participantes han destacado la necesidad de avanzar en la interoperabilidad de las redes y plataformas de cooperación jurídica y judicial existentes a fin de facilitar la comunicación continua, compartir datos e informaciones, la circulación de documentos, privilegiando la vía electrónica y garantizando un amplio espacio de cooperación.

Fueron otros muchos los temas tratados en los distintos encuentros, que no podemos abordar en este artículo. Entre ellos destacaré el relativo a la circulación segura de documentos. La circulación documental entre países es una práctica cotidiana, consecuencia lógica de una sociedad cada vez más globalizada en la que las familias y las empresas no limitan su ámbito de existencia a una sola nación. Por ello facilitar la circulación de documentos notariales y garantizar que se realice de forma segura es una demanda social al que pueden dar cumplimiento, con la máxima seguridad jurídica y tecnológica, las naciones que cuentan con notariados de tipo latino germánico. Estas naciones están bien posicionadas a fin de brindar en este mundo cada vez más globalizado soluciones que acerquen a los migrantes, las familias y las empresas en orden a garantizar sus derechos, especialmente de los menores y de los cada vez más necesitados de protección. A esta finalidad responde la plataforma Iberfides, pensada inicialmente para los países iberoamericanos a la que hoy también quieren incorporarse los países de África de lengua oficial portuguesa. Durante el desarrollo de la reunión de los ministros se presentó por representantes de Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España la experiencia piloto realizada en los mismos de utilización de la plataforma Iberfides. Próximamente se incorporarán otros países, con lo que se reducirán las distancias, con ahorro de tiempo y dinero, con la máxima seguridad jurídica y tecnológica, por lo que se verán beneficiadas muchas personas, familias y empresas y se evitarán fraudes y falsificaciones, incrementando la confianza en el tráfico jurídico internacional.

La circulación segura de documentos notariales se encuadra en el derecho de toda persona al acceso a la justicia, dentro de la que se incluye la justicia de la normalidad, o el acceso a la función notarial. Por ello estos documentos que transiten en la plataforma Iberfides han de ser autorizados por notarios en ejercicio de sus funciones y han de tratarse de documentos públicos, es decir, a los que tanto el país de origen y de destino los considere documentos públicos, con efectos sustantivos, ejecutivos, probatorios, entre otros, y con presunción de legalidad, veracidad e integridad.

 


JURISDICCIÓN Y NOTARIADO, AUNQUE EN ÁMBITOS DISTINTOS, SON INSTITUCIONES QUE COMPARTEN UN FIN COMÚN, LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA


 

También en los encuentros y foros se puso de manifiesto la necesidad de adoptar acuerdos entre naciones y dotarse de herramientas y mecanismos que permitan y fomenten la colaboración entre los notarios del país de origen o residencia del compareciente, a fin de garantizar el control de legalidad de los negocios transnacionales y el cumplimiento de las obligaciones administrativas, fiscales, elaboración de índices y la lucha contra el lavado de activos. Para ello los Notariados de cada nación han de contar con una adecuada regulación y con una plataforma tecnológica propia de la institución notarial, es decir, de la exclusiva titularidad del colegio notarial o de la dirección o autoridad nacional reguladora de la institución notarial del país, a fin de garantizar el control, vigilancia y la máxima seguridad jurídica y tecnológica, la protección de datos y mantener la plena confianza en la institución notarial, por lo que ha de ser única en cada país y de uso común por todos sus notarios.

En las distintas reuniones se dio una visión amplia e integral de la justicia, tanto la que busca solucionar el conflicto como la que trata de mantener la justicia en la normalidad. Esa visión integradora va de la mano con una mayor cooperación entre las instituciones del Estado que prestan sus servicios en la realización o el mantenimiento de una u otra, jueces, fiscales y notarios, con ello se gana en eficacia y se prestará un mejor servicio a la sociedad.

La vivienda en España: desafíos y propuestas

EN EL ESCAPARATE

La vivienda en España: desafíos y propuestas

España enfrenta un gran desafío en materia de vivienda: desde el acceso y la financiación, a la regulación y el marco jurídico. Con un déficit de 600.000 viviendas -en proyección hasta 2025- nuestro país debe afrontar los retos que plantea la compleja situación actual para ofrecer soluciones a los operadores del mercado y al conjunto de la sociedad. Una legislación que proporcione mayor seguridad jurídica al urbanismo, atajar la falta de oferta y de suelo finalista y la articulación de mecanismos públicos y de colaboración con el sector privado son algunas de las propuestas que los expertos plantearon en el seminario Persona, Empresa y Tecnología, organizado por la Fundación Notariado del Consejo General del Notariado (CGN) en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

ALEJANDRO MOYA BLAY

Según datos del Observatorio 2023 del Consejo de la Juventud de España, una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable. “Con estos pronósticos, el 83,7% de este sector de la población no puede acceder a una vivienda”, explicaba el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, en la primera jornada de este curso, celebrado del 10 al 12 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

A lo largo de tres jornadas, más de 40 ponentes -entre representantes de las administraciones públicas, juristas, magistrados, fiscales, notarios, docentes y profesionales del sector- reflexionaron sobre la situación del mercado inmobiliario en nuestro país desde la perspectiva del Derecho, la protección de las personas vulnerables, la construcción de vivienda pública y privada, el arrendamiento y su regulación, el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria y la intervención y la función notarial.

Inauguración

“El desafío de la vivienda está hoy en el centro del interés social y de la agenda pública. Y es lógico que así sea porque su acceso, especialmente para las personas jóvenes, se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad”, afirmaba Denis Itxaso, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, durante la apertura del curso.

La sesión también contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien destacó el papel social de los notarios y “su compromiso con la sociedad para tratar los temas que preocupan a la ciudadanía, siendo, sin duda, la vivienda uno de ellos”; y de Fernando de Aragón, director general del Catastro, institución que aporta “información territorial detallada en todas las fases de desarrollo, construcción y transmisión de viviendas” y mantiene una estrecha colaboración con el Notariado: “El intercambio de información con los notarios es casi automático, evitando cargas a los ciudadanos y garantizándoles la seguridad jurídica de las millones de transacciones que realizan”, añadió.

Persona: la vertiente social

Bajo el título El derecho a la vivienda digna y adecuada tuvo lugar el primer coloquio de la jornada, moderado por el notario Ignacio Gomá, director del curso y director general de Fundación Notariado, quien recordó que “la vivienda es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.

En el diálogo intervino Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien fijó el punto de partida en la Ley de la Vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, una fuerte intervención sobre los derechos públicos y privados que provoca grandes tensiones”, explicó. En este sentido, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, aseguró que “el problema de la vivienda es fruto de las políticas erráticas de los diferentes partidos y gobiernos. Los elementos regulativos son tremendamente contraproducentes y favorecen la ocupación”.

Fernando Savater aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “ligado inherentemente a la vida y punto de partida para que cada uno cree su propio camino, lo que afecta especialmente a los jóvenes”; y el arquitecto y escritor Álvaro Galmés describió la vivienda como “un presente continuo que vive en transformación”, por lo que “el concepto tiene que abarcar toda la trayectoria vital del individuo”.

Empresa: el impacto económico

La primera mesa de la segunda jornada se centró en La construcción de vivienda pública y privada en España. Bajo la moderación del notario Ramón Múgica, debatieron el director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, Roberto Blanco; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado; el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi; y el director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón.

Blanco hizo alusión a la falta de inversión en alquiler social, que representa solamente el 1,5% del parque frente al 7% de media europea, situación que “el sector público por sí mismo no puede corregir”, y desgranó los datos del reciente Informe del Banco de España: “En España se construyen 90.000 viviendas anuales, mientras que en el periodo de 2022 y 2023 se crearon 275.000 hogares. Con estos datos estimamos que -en proyección hasta 2025- tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas”.

Gómez-Pintado pidió una ley que dé seguridad jurídica al urbanismo y garantice tener suelo finalista en plazos razonables y reclamó: “Necesitamos las mismas ayudas que otros sectores; fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; ofrecer formación profesional dual que nos proporcione mano de obra cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada”.

“El mercado nos ha derrotado y tenemos que intervenir. Hasta ahora el 40% de las adjudicaciones de vivienda pública -en alquiler- del Gobierno Vasco iba destinado a jóvenes; a partir de esta legislatura será el 50%”, anunciaba Mario Yoldi; mientras que Cos-Gayón abogaba por centrar los esfuerzos en el mercado del alquiler y aprovechar las viviendas vacías: “Podemos hacer que la vivienda protegida sea un 10% más barata de forma automática eliminando el IVA”, añadía.

Financiación

La segunda mesa contó con las intervenciones de José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada; Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión de Cooperativas de Crédito; María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; y Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca.

Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales, moderó este debate sobre financiación pública y privada de la vivienda, en el que los panelistas coincidieron en la relevancia de incentivar la oferta y la colaboración institucional, promover medidas que no penalicen a los grandes tenedores y acometer una reforma de las garantías inmobiliarias. Particularmente, María Paz Navarro detalló: “Hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la bonificación normativa para que haya financiación con garantías”.

Tecnología: la información catastral 

La última jornada del curso estuvo dedicada a las vías de acceso a la información catastral y a la necesidad de unificar la información sobre los inmuebles del Catastro y el Registro. Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, moderó la mesa e incidió en la falta de colaboración entre el Catastro y el Registro y las deficiencias de la digitalización registral. Igualmente, Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, abogó por la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos: “Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a información precisa y completa sobre los inmuebles”.

Por su parte, Jesús Miranda, exdirector general del Catastro, defendió que “nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea, el notario Enrique Brancós afirmó que “la información y las bases gráficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y, además, este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Clausura 

El curso fue clausurado por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos, quien reconoció que “para encontrar soluciones es necesaria la colaboración de todas las partes, entre las que el Notariado es imprescindible”. Castellanos defendió “la necesidad de tener una regulación como la que se ha planteado con la Ley por el Derecho a la Vivienda”, aunque asumió que “es mejorable”, y centró el problema en la falta de oferta: “Para satisfacer la demanda deberíamos construir 1,2 millones de viviendas, y este número seguirá incrementando. Debemos obtener datos públicos que nos permitan hacer una radiografía completa de la situación actual con plenas garantías”.

Tras ella intervino Itziar Alkorta, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU, quien hizo una valoración positiva del seminario, “que ha permitido analizar en profundidad el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral: persona, empresa y tecnología”.

De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, Denis Itxaso y Fernando de Aragón.
De izda. a dcha.: Fernando Savater, Álvaro Galmés, Matilde Cuena, Pablo de Lora e Ignacio Gomá.
De izda. a dcha.: Juan Antonio Báez, Eduardo Gutiérrez, Luis Cayo Pérez Bueno, Juan Ignacio Vela, y Concepción Barrio del Olmo.
De izda. a dcha.: Alberto Torres, Mª de las Nieves Jiménez López, Juli Ponce Solé y Juan Pérez Hereza.
De izda. a dcha.: Carmelo Llopis, Philip Bender, Hicham Sabiry, Piergiulio Cinelli y Me Thierry Vachon.
De izda. a dcha.: Javier Rodríguez Pellitero, María Paz Navarro, Cristina Freijanes, José García Montalvo y Eduardo García Parra.
De izda. a dcha.: Francisco Cantos, Jesús Puebla, Jesús Miranda, Enrique Brancós y Guillermo Sandí.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “DEBEMOS POTENCIAR LA CONCORDANCIA ENTRE EL NOTARIADO Y EL CATASTRO Y QUE ESTA CONSTITUYA LA BASE SOBRE LA QUE SE IDENTIFICAN LAS FINCAS. RECLAMAMOS UN ACCESO AL REGISTRO DIGITAL, MODERNO, EN TIEMPO REAL Y ESPECÍFICO PARA LOS NOTARIOS CONI TODAS LAS GARANTÍAS”

ROBERTO BLANCO: “EN ESPAÑA SE CONSTRUYEN 90.000 VIVIENDAS ANUALES, MIENTRAS QUE EN EL PERIODO 2022-2023 SE CREARON 275.000 HOGARES. ACUMULAMOS UN DÉFICIT DE 600.000 VIVIENDAS”

JUAN ANTONIO GÓMEZ-PINTADO: “NECESITAMOS UNA LEY DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL URBANISMO QUE GARANTICE QUE VAMOS A TENER SUELO FINALISTA EN PLAZOS RAZONABLES”

MARIA DE LOS LLANOS: “NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE TODAS LAS PARTES, ENTRE LAS QUE EL NOTARIADO ES IMPRESCINDIBLE. PARA SATISFACER LA DEMANDA DEBERÍAMOS CONSTRUIR 1,2 MILLONES DE VIVIENDAS, Y ESTE NÚMERO SEGUIRÁ INCREMENTANDO”

JESÚS PUEBLA: “CON LA LEGISLACIÓN ACTUAL, LA COORDINACIÓN ENTRE EL CATASTRO, EL REGISTRO Y EL NOTARIADO ES LA ÚNICA VÍA PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN ACCEDER A INFORMACIÓN PRECISA Y COMPLETA SOBRE LOS INMUEBLES”

Una persona joven tiene que destinar el 93,9% de su salario para acceder a un alquiler, tres veces por encima de lo recomendable.
Es necesario incrementar la construcción de viviendas públicas y privadas.
De izda. a dcha.: Mario Yoldi, Juan Antonio Gómez-Pintado, Fernando Cos-Gayón, Roberto Blanco y Ramón Múgica.
Soluciones alternativas

Concepción Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, moderó la mesa El acceso a la vivienda de personas de especial protección, en la que aludió a la posibilidad de articular soluciones alternativas, “modelos como el cohousing que darían solución a parte de la problemática, especialmente en el ámbito de las personas mayores”.

Juan Antonio Báez defendió que, como medida a largo plazo, “es necesario aumentar el parque público de vivienda: España solo tiene un 2% frente al 9% que promedia Europa”, mientras que a corto y a medio plazo “una de las soluciones es la regulación de precios en las zonas tensionadas”. También, el subdirector de Provivienda, Eduardo Gutiérrez Sanz, señaló que hoy “tener un contrato laboral no asegura tener una vivienda y una vida dignas. El quinto pilar del estado de bienestar tiene que ser la vivienda y eso hay que traducirlo al ámbito político con medidas concretas”.

Juan Ignacio Vela, coordinador del Ecosistema Senior de Fundación ONCE, centró el debate en las dificultades para las personas mayores: “Actualmente el 77% de las personas dicen querer vivir en sus casas cuando lleguen a la ancianidad. Debemos trabajar en soluciones para dar respuesta a esos nuevos retos”. Y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, remarcó que “hace falta determinación, inteligencia y ponerse manos a la obra. Ese es el leitmotiv de la discapacidad para que progresemos como seres humanos y lo aplicamos también al ámbito de la vivienda”.

Regulación del alquiler

La última mesa, dedicada al arrendamiento de vivienda y su regulación, moderada por el notario Juan Pérez Hereza -director de la revista El Notario del Siglo XXI-, contó con las ponencias de M.ª de las Nieves Jiménez López, profesora de Derecho Procesal; Juli Ponce, catedrático de Derecho y codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de la Vivienda; y Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del Colegio de Abogados de Madrid.

Los expertos abordaron los desafíos de la vivienda desde la perspectiva del Derecho Público, Privado y Procesal; expusieron los problemas que presenta la aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda; abordaron la necesidad de limitar los apartamentos turísticos y la figura del arrendamiento de temporada; e hicieron hincapié en la vulnerabilidad de los arrendatarios. En concreto, Torres señaló que “se ha generado una situación de total inseguridad jurídica: el 54% de los arrendatarios son vulnerables. Debemos defender a arrendadores y a arrendatarios, pero sin perjuicio de que el tenedor pueda estar protegido frente a los impagos”.

Registros inmobiliarios:
comparativa internacional

Guillermo Sandí, director del Registro de Inmuebles y exdirector de la Dirección Nacional del Notariado de Costa Rica, expuso la experiencia costarricense, país donde “pronto se vio que la coordinación entre el Registro y el Catastro era improductiva, por lo que se tomó la decisión de centralizar toda la información a través de una nueva institución: el Registro Inmobiliario, que ha sido completamente digitalizado y al que instituciones como el Notariado tienen acceso sencillo e inmediato”.

En la última mesa del seminario, moderada por Carmelo Llopis -delegado de Nuevas Tecnologías del CGN para el Consejo de los Notariados de la Unión Europea-, contó con la visión internacional de los representantes notariales de Italia, Marruecos, Francia y Alemania. Piergiulio Cinelli, Hicham Sabiry, Thierry Vachon y Philip Bender explicaron el funcionamiento de sus modelos de registro de bienes inmuebles, coincidiendo todos ellos en la necesaria centralización de la información y su completa digitalización. Los ponentes afirmaron que la utilización de un modelo único de registro electrónico es algo básico e imprescindible para la correcta sinergia entre las diferentes instituciones y operadores jurídicos y su comunicación con los ciudadanos.

Una patología del sistema español

“Tenemos un problema en España en lo que atañe a la coordinación entre el Catastro y el Registro, que no está funcionando. En 10 años solamente hay 1 millón de fincas coordinadas. Y digámoslo claro: la culpa no es del Catastro, que ha seguido un proceso de digitalización ejemplar y dispone de la información de todo el parcelario en España”, afirmó José Ángel Martínez Sanchiz durante la clausura del curso.

Para el presidente del Notariado español, “el problema radica en que hay una duplicidad descriptiva entre el Catastro y el Registro. Debemos potenciar la concordancia entre el Notariado y el Catastro, y que esta constituya la base oficial sobre la que se identifican las fincas. El Registro debe atender únicamente a la información que recoge el parcelario catastral”.

En este sentido, Martínez Sanchiz quiso hacer una protesta y reivindicación que dé solución a este problema: “Los notarios españoles tenemos un acceso al Registro decimonónico, que redunda en el perjuicio del ciudadano y que sobre todo afecta a la seguridad jurídica. Reclamamos un acceso digital, moderno, en tiempo real y que sea específico para los notarios con todas las garantías; un sistema igual al de otros países como Francia, Italia, Alemania, Costa Rica o Marruecos”.

Para saber más

El Informe Anual 2023 del Banco de España analiza la evolución del mercado de la vivienda, riesgos y problemas de accesibilidad.

El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España realiza un seguimiento semestral y exhaustivo de los factores relacionados con la vivienda y el empleo.

El Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos analiza la situación del alquiler turístico y residencial a partir de datos del INE y de la plataforma Airbnb.

«La vivienda, un problema retorcido a examen en San Sebastián», por Ignacio Gomá Lanzón

EN EL ESCAPARATE

IGNACIO GOMÁ LANZÓN,

director de la Fundación Notariado

“Nos encontramos en una fase de cierta tensión real por las dificultades de acceso a la vivienda, pero también de cierta tensión artificial, legislativa”

La vivienda, un problema retorcido a examen en San Sebastián

La vivienda es uno de los trending topic de los últimos tiempos porque constituye una de las mayores preocupaciones de los españoles y, además, es lo que en las ciencias sociales se denomina wicked problem, esos problemas retorcidos que no tienen una solución obvia, implican a muchos individuos y entidades que no están de acuerdo y exigen cambios de comportamiento de ciertos actores.

La Fundación Notariado consideró que este era un tema adecuado para su Curso de Verano de San Sebastián, que organiza junto con la Universidad del País Vasco, porque sin duda involucra la actividad diaria notarial, importa a los ciudadanos y exige políticas públicas específicas. Sin duda, el problema de la vivienda va más allá de las transmisiones de la vivienda, fase en la que los notarios intervenimos, pero obviamente el problema nos afecta directamente como profesionales y como ciudadanos.

En efecto, la vivienda es un elemento clave y multifacético de nuestras vidas porque, de un lado, es el lugar donde cubrimos nuestra necesidad vital de cobijo y otras primarias -como el descanso, la alimentación y la higiene-, y ello le atribuye un claro valor en uso; cuya protección cumple una función social; de otro, es un activo económico y puede ser tratado como un producto, con un valor en cambio, generalmente creciente. La tensión entre estos dos aspectos, que tiran en direcciones diferentes, puede crear problemas en función de que acentuemos la protección del valor en uso –su función social- perjudicando el valor en cambio o hagamos lo contrario, dificultando el uso pero permitiendo la revalorización en cambio.

Hoy nos encontramos en una fase de cierta tensión real por las dificultades de acceso a ella, pero también de cierta tensión artificial, legislativa, pues normas como la ley nacional de la vivienda y algunas autonómicas han decidido intervenir en el mercado por vía de control de la oferta, y concretamente de las rentas arrendaticias a las que se pone un tope en ciertas zonas tensionadas. Sin duda, es una forma de abordar el problema, más próxima al intervencionismo en el mercado que a la confianza en él, y más próxima a considerar el aspecto social de la vivienda que su valor en cambio. Muchas veces esta forma de enfocar el problema se ha apoyado en el hecho de que la Constitución Española de 1978 declara en su artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, que parece enmarcar esta principalmente dentro de su función social. Incluso, en sus vertientes más extremas parece mostrar una cierta lenidad con la okupación y con otras actitudes que parecen ejercer ese supuesto derecho a la vivienda aun en detrimento de la propiedad. La opinión más generalizada de la mesa dedicada a ello se decantó por entender que lo que enuncia la Constitución es un principio dirigido a los poderes públicos y no un derecho subjetivo de los ciudadanos, por mucho que sea evidente que el Estado debe facilitar el acceso a la vivienda con políticas al efecto. Pero no es una solución adecuada hacer recaer sobre ciudadanos privados la resolución de problemas públicos: conviene recordar que las políticas públicas deben pagarlas todos los ciudadanos a través de los impuestos y no aquellos ciudadanos particulares que tengan la mala suerte de toparse en su particular vivienda con personas con dificultades para alcanzar una vivienda. Todo eso no genera más que incentivos negativos para quienes pueden ofrecer más viviendas, que tomarán, en un sistema de mercado, las decisiones que más le convengan y no necesariamente las que la política oficial pretenda.

Pero eso no significa que no se deba hacer nada. Existe un problema de la vivienda concentrado, eso sí, en la población con menos recursos, principalmente jóvenes o personas de origen extranjero que viven de alquiler y en ciudades con una gran actividad económica o turística. Sin duda, hoy el problema se encuentra en la oferta, no en la demanda y, de hecho, incentivar la demanda con deducciones o facilidades podría agravarlo todavía más. Tampoco está el problema en la financiación, pues hay dinero para prestar, aunque más controlado que antes de la crisis financiera. No cabe ignorar que en este problema retorcido hay muchas variables que afectan en diferente proporción, como la inmigración, la existencia de nómadas digitales, la proliferación de apartamentos turísticos, el cambio de la estructura sociológica (viviendas con uno o dos ocupantes), la falta de mano de obra especializada tras la crisis financiera o la industrialización de la construcción, que se realiza por módulos, lo que exigirá nuevas fórmulas de financiación. Pero la opinión más generalizada –con alguna excepción- fue que la solución no está en controlar excesivamente la oferta, dificultando su expansión, sino en lo contrario, en facilitarla.

De hecho, parece que el núcleo de la cuestión es, en este momento concreto, el suelo y las licencias, es decir, el tiempo que se tarda en crear suelo finalista para construir que, según se indicó, se encuentra entre los diez y los quince años. Y hay que ser conscientes de que el problema, como señaló uno de los ponentes, no ha hecho más que empezar, pues si la demanda tiende a crecer exponencialmente y la oferta se ralentiza durante lustros, no podemos ser demasiado optimistas. Pero lo cierto es que hay solución si somos capaces de detectar eficazmente el núcleo del asunto y actuar en consecuencia, a reflexionar sobre lo cual se dedicó eficazmente este curso.

Luces y sombras del turismo

EN EL ESCAPARATE

Luces y sombras del turismo

En 2023 España recibió la visita de 85 millones de turistas internacionales, la cifra más alta desde que hay registros, y todo apunta a que en 2024 se batirá un nuevo récord. Mientras el sector turístico se consolida como una importante fuente de ingresos y empleo, los residentes de los principales destinos están saturados. La turismofobia avanza en nuestro país exigiendo un cambio en el actual modelo.

ELVIRA ARROYO

El turismo crece en España a un ritmo imparable. En 2023, el número de turistas internacionales aumentó un 18,7% con respecto a 2022 y un 1,9% por encima de 2019, superando así los niveles previos a la pandemia. Además, el gasto turístico en 2023 fue de 108.662 millones de euros, una cifra nunca alcanzada, que representa un 25% más que en 2022. Pero el año pasado no solo llegaron más turistas, sino que gastaron más (1.278 euros de media por turista, un 5% más que el año anterior) y permanecieron más tiempo en nuestro país.

En 2024 continúa la tendencia al alza. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo en el primer cuatrimestre, el gasto de los turistas internacionales se elevó un 22,6% hasta rebasar los 31.500 millones de euros y la cifra de visitantes se incrementó un 14,5% superando los 23,9 millones de turistas.

Además, el estudio Viajeros y destinos NextGen: nuestra visión sobre la transformación del sector turístico, elaborado conjuntamente entre Google y Deloitte, pronostica que en 2040 España será el destino turístico más visitado del mundo, por delante de Francia, Estados Unidos, China y México.

La actividad turística es sin duda un pilar fundamental para la economía española. En el primer trimestre de 2024, el sector contaba con 2,75 millones de ocupados, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2023. Esto equivale al 13% del empleo total en la economía española.

Cara y cruz.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda está la experiencia de los residentes en los lugares de destino, para quienes la masificación turística interfiere en su calidad de vida. Espacios saturados, consultas médicas con esperas interminables, precios disparados, viviendas imposibles de alquilar o comprar, deterioro del entorno… son motivo de crispación. La aversión ha llegado a tal extremo en algunos casos, que ha desencadenado una turismofobia cada vez menos moderada.

Un ejemplo reciente es el de Baleares, donde han surgido numerosas protestas vecinales para acabar con situaciones como los precios de alquiler inasumibles para los lugareños que ha provocado el alquiler turístico descontrolado de viviendas. En la misma línea se han manifestado los habitantes de Canarias, quienes a su vez se quejan del daño medioambiental que implica la sobrecarga turística para las islas.

En Barcelona, según el informe Percepción del turismo en Barcelona 2023, publicado por el ayuntamiento de esta ciudad, el 71% de la población opina que el turismo es beneficioso, frente al 23% que lo considera perjudicial. No obstante, el 61,5% de los barceloneses piensan que se está llegando al límite en la capacidad de recibir turismo. El principal beneficio que destacan es la aportación económica que representa, mientras que quienes lo consideran negativo relacionan el turismo con la subida de precios y la saturación de algunos espacios. La Rambla, la Sagrada Familia, la Plaza de Cataluña, el paseo de Gracia o el frente marítimo son lugares que muchos residentes reconocen haber dejado de visitar por la gran afluencia de turismo.

 


EL GASTO TURÍSTICO EN 2023 FUE DE 108.662 MILLONES DE EUROS, UNA CIFRA NUNCA ALCANZADA QUE REPRESENTA UN 25% MÁS QUE EN 2022


 

Otro enfoque.

La mayoría de las personas que protestan contra la masificación turística reconocen que el turismo es una fuente de ingresos y empleo para su entorno, pero piden que se implante un modelo más racional y sostenible.

Uno de los factores que más ha fomentado la presión turística en la última década ha sido la enorme proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT). La alianza Exceltur recuerda que hemos pasado de tener 346.921 plazas turísticas (hoteles, pensiones, hostales, fondas y aparthoteles) en las 20 principales ciudades españolas en el año 2010 a 788.136 plazas en 2019. El 82% de este incremento corresponde a VUT. En este contexto, Exceltur, a través del proyecto ReviTUR, ha reclamado al Gobierno de España un marco legal sobre viviendas de uso turístico en competencias básicas del Estado, que ayude a comunidades autónomas y ayuntamientos a hacer cumplir sus normativas para ordenar este mercado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que en breve estará operativa una herramienta que permitirá disponer de un número de registro único para cada alojamiento que se comercialice en las plataformas de alquiler turístico. A partir de este registro, las páginas donde se comercializan las viviendas turísticas deberán compartir sus datos con las comunidades autónomas, con el fin de que estas puedan detectar qué alojamientos se ofrecen como viviendas turísticas de forma ilegal.

De momento se han dado pasos en varias ciudades españolas para controlar el mercado de viviendas turísticas endureciendo los requisitos para las licencias y las sanciones para las que estén en situación ilegal. Barcelona ha anunciado que no concederá más licencias y que no renovará las actuales, lo que acabaría con este mercado de alquiler dentro de cinco años.

 


EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 EL SECTOR TURISMO TENÍA 2,75 MILLONES DE OCUPADOS, QUE REPRESENTABAN EL 13% DEL EMPLEO TOTAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA


 

A esto se añaden otras acciones vigentes desde hace años, como la congelación de licencias para construir hoteles en ciudades como San Sebastián y Barcelona, si bien esta última no descarta volver a conceder licencias para hoteles pequeños en edificios singulares. Además, en San Sebastián están prohibidos desde abril los grupos de más de 25 personas en las visitas guiadas.

Fuera de España, varios destinos han puesto en marcha medidas para reducir el volumen de turistas. Venecia ha activado el cobro de una tasa a los turistas que quieran entrar en su centro histórico y ha reducido a la mitad (25 personas máximo) los grupos acompañados por guías para visitar el centro histórico y las islas de Murano, Burano y Torcello. También son habituales las tasas turísticas por entrar y/o pernoctar en Francia, Alemania o destinos más lejanos como Bután, conocido por tener unas tasas muy elevadas. En España, de momento solo se cobra por estos conceptos en Baleares y Cataluña.

Todo suma, pero los actores implicados admiten que es necesario buscar soluciones para implantar un modelo de turismo que reduzca los actuales desequilibrios y favorezca el bienestar de los residentes y sus visitantes.

Los países que más nos visitan

Reino Unido continúa encabezando la lista de países emisores en 2023, con 17,3 millones de turistas -un 14,6% más que en 2022- que gastaron en España más de 19.000 millones de euros. Le siguen Francia, que proporcionó 11,8 millones de turistas, y Alemania, con 10,8 millones de turistas.

Destaca también el crecimiento del turismo de Estados Unidos, de donde en 2023 llegaron a España un 38,7% más de ciudadanos que en 2022; y Suiza, con un aumento de más del 20% de turistas.

En varias ciudades españolas se están dando pasos para controlar el mercado de viviendas turísticas endureciendo los requisitos.
Cataluña, destino favorito

Cataluña fue la comunidad autónoma más visitada en 2023, tras acoger a 18 millones de visitantes, un 21,2% más que en 2022. Después se sitúan Baleares (más de 14 millones de turistas), Canarias (13,9 millones) y Valencia (10,4 millones).

La Comunidad de Madrid es la que más creció en 2023, un 29,6% con respecto a 2022, hasta superar los 7,5 millones de visitantes.

El 61,5% de los barceloneses piensan que se está llegando al límite en la capacidad de recibir turismo.
Turistas satisfechos

Se da también la circunstancia de que los turistas que eligen nuestro país valoran su viaje de forma muy positiva. La última Encuesta de Satisfacción de Turistas Internacionales realizada por Turespaña, revela que el 97% de los turistas internacionales que visitaron España en 2023 quedaron “satisfechos o muy satisfechos” con su estancia en nuestro país.

Con un balance tan positivo, no es de extrañar su alto grado de fidelización, ya que el 78% de los que se declararon «muy satisfechos» ya habían estado al menos una vez en España; y el 66% (un 9% más que en 2022) afirmaron que pensaban volver en los próximos doce meses.

Las mejores valoraciones vinieron de los británicos, los viajeros de varios países iberoamericanos, los polacos y los estadounidenses.

Los residentes de Baleares, Canarias y otros destinos se quejan de que no encuentran viviendas para comprar o alquilar y del deterioro del entorno.
Para saber más

Perfil del viajero que visita España. Turespaña. Informe interactivo con datos actualizados de los turistas según el mercado de origen, o según la comunidad autónoma elegida como destino.

Percepción del turismo en Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. 2023. Resultados de una encuesta realizada a la población de Barcelona para conocer su opinión sobre el turismo que recibe esa ciudad.

Perspectivas turísticas. nº 88. Abril 2024. Exceltur. Informe que se publica desde el segundo trimestre del año 2002, con el objetivo de aportar la visión empresarial sobre la evolución del sector turístico español.