El Impuesto sobre Sucesiones (ISD) nace alrededor del s. I a. de C. con las mismas críticas que hasta la actualidad le han acompañado. Las crónicas de entonces, bajo el mandato de Augusto, reflejaban la resistencia y contestación del pueblo a pagar el impuesto. Aquéllas relataban que el gasto público del Imperio Romano se encontraba desbocado por las guerras, por lo que se tuvieron que establecer nuevos tributos, tan útiles para la comunidad como gravosos para los particulares. Otra de las circunstancias que ya entonces se ponía de manifiesto era el componente internacional, como consecuencia de la propia concepción del Imperio Romano, rasgo que ahora también le acompaña por mor de la globalización y de las familias internacionales.

En la actualidad ese enfoque internacional del ISD también encuentra su caldo de cultivo en la expansión del impuesto sobre las herencias por muchas jurisdicciones. Este gravamen existe en la mayor parte de los ordenamientos internacionales, eso sí, con una normativa dispar y un esquema aplicativo todavía más heterogéneo.

Centrándonos en la Unión Europea, todos los ciudadanos tienen derecho a cruzar libremente las fronteras de los Estados miembros con el propósito de instalarse, trabajar, estudiar, disfrutar de su jubilación o adquirir propiedades e invertir en otros Estados. No obstante, existen numerosos obstáculos de tipo práctico y jurídico que disuaden a las personas de ejercer tales derechos en otros países de la UE. La fiscalidad es uno de ellos. Las herencias recibidas en otro país constituyen una de las fuentes más importantes de dificultades y conflictos de carácter fiscal. Los problemas radican principalmente en el pago duplicado de impuestos y la discriminación fiscal. De hecho, entre las preocupaciones de los ciudadanos en el mercado interior europeo, los impuestos sobre sucesiones figuran entre los veinte principales problemas a los que se enfrentan.

La razón de la doble imposición internacional se encuentra en que los Estados no están obligados ni a armonizar, ni a coordinar sus políticas sobre el ISD. Solo tienen que respetar los Tratados de la UE, lo que significa, por ejemplo, que los Estados miembros no pueden discriminar a los ciudadanos, o que el ISD no pueda suponer un obstáculo a las libertades fundamentales de la UE, como ocurría con la normativa española hasta 2014, y después hasta 2021. Así pues, dos o más Estados miembros pueden imponer sus impuestos de sucesiones en paralelo, dado que no existe una prohibición legal de doble imposición.

La disparidad de los impuestos nacionales sobre sucesiones radica en la aplicación de un impuesto, bien sobre los herederos, o bien sobre la base de la herencia; donde en unos casos se toma el patrimonio preexistente y el grado de parentesco y en otros no; en los que la obligación tributaria se determina sobre la residencia, el domicilio o la nacionalidad del causante y/o del beneficiario, y/o la ubicación de los bienes; a veces estos factores se aplican simultánea o sucesivamente, e incluso se usan diferentes métodos de valoración para la misma propiedad. Consecuentemente, en el contexto internacional, el contribuyente se encuentra desamparado, como así lo ha indicado la Comisión Europea, al reconocer que los instrumentos actuales para evitar la doble imposición de la renta no resuelven eficazmente los problemas que, a nivel transfronterizo, plantean los ISD y que se requieren soluciones en esta área de la fiscalidad. Actualmente, se estima que el número de casos potenciales de herencias transfronterizas está comprendido entre 600.000 y 700.000 por año, e incrementándose debido al aumento de familias internacionales.

Los Estados han adoptado mecanismos para evitar la doble imposición de sucesiones en sus legislaciones nacionales. Sin embargo, tales mecanismos, en la mayoría de los casos, no proporcionan una eliminación total de la doble imposición. Aparte de estas disposiciones nacionales que eliminan parcialmente la doble imposición, existen pocas soluciones, ya que los Estados han firmado muy pocos tratados fiscales bilaterales para evitar la doble imposición sobre el ISD. España tan solo ha firmado tres convenios de este tipo y no precisamente recientes: Francia, Grecia y Suecia. Se echan de menos más convenios de este tipo con los países de nuestro entorno, tanto en Europa, como en Iberoamérica, que resolverían todos estos problemas.

La relevancia del tema se ha visto incrementada porque el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha examinado las normas relacionadas con el ISD de los Estados miembros en once asuntos remitidos por los tribunales nacionales. El TJUE decidió, en diez de esos once asuntos, que las normas del impuesto nacional sobre sucesiones y donaciones infringían las normas de la UE sobre la libre circulación de capitales y/o la libertad de establecimiento. En líneas generales, en estos supuestos transfronterizos analizados por el TJUE surgían las siguientes dificultades: (i) los Estados pueden discriminar las herencias transfronterizas y aquellas que no tienen ninguna dimensión transfronteriza. En otras palabras, pueden aplicar un tipo del impuesto sobre sucesiones más elevado cuando los bienes, la persona fallecida y/o sus herederos están establecidos en otros países que el que aplicarían en casos de ámbito puramente nacional; y (ii), cuando dos o más países pueden ejercer su potestad tributaria sobre una misma herencia, surgen situaciones de doble o múltiple imposición y no existen apenas mecanismos nacionales o internacionales para suprimir de manera eficaz esta situación.

Los problemas transfronterizos relacionados con los ISD podrían resolverse asegurando que la interacción entre las normas sea más coherente, de tal modo que se reduzcan las posibilidades de imposición doble o múltiple de las herencias. Habida cuenta del escaso número de tratados bilaterales para eliminar la doble imposición de las herencias, y que tampoco los Estados han tomado la iniciativa de negociar más tratados de ese tipo, la solución se centra más bien en la mejora de las medidas nacionales existentes en los Estados para suprimir la doble imposición de las herencias; en el perfeccionamiento de los puntos de conexión de la configuración del impuesto; en un buen análisis y estudio de las normas aplicables a las herencias; y en un esfuerzo consensuado y multilateral en la resolución de la doble imposición.

El 19 de septiembre de 2021 comenzó la última erupción en la isla de La Palma, y concluyó 85 días después, el 13 de diciembre. El volcán reventó en la parte alta del Valle de Aridane, en un paraje conocido por Cabeza de Vaca, y, dada su ubicación, era previsible que la lava, en su camino al mar, discurriera por zonas pobladas y de gran valor agrícola, por lo que se pronosticaban importantes daños materiales. A fin de justificar los daños sufridos, una primera dificultad que se evidenció era que muchos de los inmuebles de la zona carecían de escrituras públicas actualizadas y de inscripción en el Registro de la Propiedad, por lo que sería muy complicado para los afectados probar su titularidad para acceder a las posibles ayudas, indemnizaciones o justiprecios.

El Notariado, consciente de la extensión y gravedad del problema, del ingente trabajo a afrontar y de su dificultad, vio la urgencia de poner en el plazo más breve posible a disposición de todos los afectados la documentación adecuada que les permitiese justificar ante las administraciones públicas sus derechos y la situación económica y jurídica de sus inmuebles. Para superar este reto era necesario crear varias notarías especiales durante el tiempo necesario e instaurar un sistema ágil para habilitar a los notarios que las sirviesen. La demarcación de las notarías se rige por los artículos 73 y siguientes del Reglamento Notarial y por el Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, y las habilitaciones de los notarios por los arts. 116 a 124 del citado reglamento. Pero estos preceptos no prevén escenarios de grave urgencia y transitoriedad, como el que exigía esta catástrofe, lo que apremiaba la creación de una norma especial ad hoc. La propuesta para solventar esta necesidad fue dada por el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de las Islas Canarias y la rápida respuesta normativa cristalizó en el Real Decreto Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptaron medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Su artículo 49 previó la creación de notarías especiales y temporales y el mecanismo para la habilitación de los notarios, a fin de prestar su servicio en esas notarías para atender a los afectados por la erupción del volcán. Estas actuaciones notariales serían gratuitas. En aplicación de este artículo se pudieron demarcar, con carácter temporal, tres nuevas notarías especiales en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, que fueron los términos directamente afectados por la lava. Para cubrir las tres plazas se invitó a todos los Notarios de España para que participasen como voluntarios por periodos breves, la mayoría de una o dos semanas. Los tres primeros voluntarios fueron José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Francisco Cantos Viñals, decano del de Valencia, y quien escribe, decano del Colegio Notarial de las islas Canarias. Hasta el momento, medio centenar de notarios de toda España han dejado sus despachos y acudido a La Palma a prestar sus servicios de forma altruista en estas notarías.

El 7 de octubre de 2021, día siguiente de la publicación en el BOE del RDL 20/2021, la Ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino, Pilar Llop Cuenca, presidió la reunión del Pleno del Consejo General del Notariado convocada en Tenerife, uno de cuyos puntos del orden del día fue concretar las medidas previstas en el RDL para ofrecer el mejor servicio notarial a los afectados por la crisis volcánica. Los servicios que se prestarían en estas notarías serían gratuitos. El Consejo General del Notariado instaló en cada una de las tres notarías los equipos, programas informáticos, de impresión, reproducción y telefónicos necesarios. El material de papelería, incluidas las carpetas, para las tres notarías, la encuadernación, la cartelería y vestimenta especial fue proveído por el Colegio Notarial de Valencia, que también contribuyó en la ordenación de la notaría de El Paso y en la selección y propuesta de voluntarios para su habilitación. Por su parte el Colegio de Cataluña hizo lo propio, y se encargó de la organización de la notaría de Tazacorte y el de Canarias de la de los Llanos de Aridane. El Consejo General del Notariado ha costeado los viajes y estancia en la isla de los notarios y oficiales. También se ha contado con la inestimable colaboración de los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

El día 2 de noviembre se abrieron al público las tres notarías, que todavía permanecen abiertas. Durante estos meses se han atendido miles de consultas y se han autorizado más de mil actas de notoriedad. Además del evidente beneficio jurídico y económico, el servicio prestado en estas notarías tuvo para los afectados un efecto tranquilizador y esperanzador, generador de confianza. La experiencia ha resultado muy positiva por lo que tanto los afectados como las autoridades de la isla nos han hecho llegar su reconocimiento y agradecimiento. Los notarios provenientes de toda España que de forma solidaria y altruista han dejado sus despachos para prestar sus servicios en las notarías especiales, han sido más de cincuenta a los que quiero, en nombre del Colegio Notarial de las Islas Canarias, al que han pertenecido institucionalmente mientras prestaban sus servicios en La Palma, mostrar nuestra admiración, reconocimiento y agradecimiento por su entrega generosa y por el buen trabajo realizado.

La realidad es siempre compleja. Lo que desde determinado ángulo y distancia aparece como un simple cuadrado puede ser en realidad un poliedro con decenas de facetas. Por eso, para pensar sobre el presente y futuro de nuestra profesión es necesario buscar nuevas perspectivas. Para ello sirve el estudio académico profundo pero también escuchar a personas con otros puntos de vista. Eso hemos hecho durante dos días de julio en San Sebastián: hablar con juristas de otros ámbitos y notarios de otros países, pero también con sociólogos, economistas, empresarios y asociaciones de la sociedad civil. La investigación y la colaboración ilumina facetas menos visibles para que la función notarial contribuya mejor al interés general.

El envejecimiento, por ejemplo, se suele contemplar como problema social y sobre todo económico, un alargamiento de la vejez y de todo lo que –negativamente- se asocia a ella: no productividad, dependencia, soledad, costes… Pero como nos mostró la estadística, ha de verse más bien como un alargamiento de la vida y de cada una de sus etapas. Se prolonga la formación, y todas las fases se retrasan: el primer trabajo, la formación de pareja, el primer hijo, la muerte de los padres, los nietos… No es tanto una vejez más larga sino más tardía, lo que plantea alargar la fase de trabajo, -probablemente con esquemas de dedicación y remuneración distintos- y trabajar por la inclusión y autonomía de los mayores.

Esto último conecta con la nueva concepción de la discapacidad, que requiere también cambiar el enfoque. Ya no hay personas incapaces, que solo podían actuar a través de un representante designado por el juez: ahora todas tienen capacidad, aunque algunas pueden necesitar apoyos para ejercerla. De esta forma, el foco pasa de la capacidad al consentimiento y de la actuación del juez a la de quienes interactúan con la persona con discapacidad, y muy especialmente del notario. Más que un cambio radical, esto supone fijarnos en un aspecto ya conocido de la actuación del notario, que nunca ha sido un simple controlador de la capacidad, sino un conformador del consentimiento, como revelaba ya la exigencia de un asesoramiento adaptado a cada persona. El éxito de la nueva ley dependerá en buena parte de cómo el notario adapte su actuación a cada persona y a cada documento, con los apoyos familiares, profesionales o técnicos necesarios. También está llamado a facilitar el funcionamiento de la guarda de hecho, una de las instituciones esenciales de la nueva ley y a colaborar con el Ministerio Fiscal cuando detecte situaciones de desprotección o riesgo.

Los avances tecnológicos también permiten abrir perspectivas, partiendo de dos premisas: primero, que la digitalización no es un fin en sí misma sino un instrumento al servicio de las personas; segundo, que replicar y mecanizar lo analógico a veces no será posible y en otras no será útil, pues los nuevos medios permitirán soluciones distintas. Un ejemplo de esto último es utilizar en beneficio de los ciudadanos los datos que obtienen los notarios al ejercer su función. Vimos cómo la transmisión de los cambios de titularidad al catastro fue una primera forma de ahorrar trámites, pero el avance tecnológico permite ahora que la propia escritura incluya las modificaciones de fincas y que se trasladen al catastro. De manera aún más creativa, esos datos sirven ahora para simplificar la solicitud de subvenciones para la transformación digital a través del llamado Kit Digital.

La tecnología permite establecer canales de comunicaciones seguros entre notarios para la remisión de documentos o coordinación de notarios de distintos países. Pero puede incluso replantear algo tan característico de la función notarial como la necesidad de presencia física y de firma ante notario de la escritura. La esencia de la función del notario no radica en el papel sino en su interacción con las partes, indagando su voluntad y explicando las consecuencias del acto para garantizar el ajuste del contrato a la ley y la prestación de un verdadero consentimiento informado. Y la tecnología actual -criptografía, videoconferencia, redes seguras- puede permitir realizar todas esas actividades a través de una conferencia en un entorno seguro con una eficacia y seguridad equivalentes.

Sin embargo, no todo lo analógico pasa sin esfuerzo y sin perder su esencia a lo digital. En algunos casos es fácil percibirlo: igual que un zoom no puede sustituir una reunión de amigos, la consulta y otorgamiento de un testamento no debe hacerse por videoconferencia. Otras diferencias son menos evidentes porque requieren un conocimiento profundo de la tecnología. En este sentido, la ponencia final reveló cómo el legislador se ha olvidado de las importantes diferencias entre la firma manuscrita y la firma electrónica y de la problemática que ésta genera en manos de particulares, sobre los recaen todos los riesgos de su uso.

Con este final volvíamos al principio de las jornadas: a la persona, a su dignidad, seguridad y autonomía, que es el centro y el objetivo de la función notarial pero también de todo el sistema jurídico.