15 años como aliados esenciales contra la delincuencia financiera

EDITORIAL

15 años como

aliados esenciales

contra la delincuencia financiera

El sistema notarial de colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los notarios, que se desarrolla mediante su Órgano Centralizado de Prevención (OCP), ha cumplido 15 años.

Tras esta década y media podemos asegurar que los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra esta lacra delictiva.

Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021, el OCP ha comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el SEPBLAC, 7.313 operaciones sospechosas. El 80% de ellas han conducido a prevenir o descubrir delitos.

A través de esas comunicaciones se ha alertado de delitos tales como tráfico de drogas, tráfico de personas, financiación del terrorismo, corrupción pública, y delito fiscal o estafas, por citar alguno de ellos.

Pieza clave

Las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo han sido la compraventa de inmuebles, la compraventa de acciones y participaciones, el nombramiento de cargos que sirvan como testaferros, la constitución de sociedades, y determinados actos societarios, como ampliaciones de capital y poderes.

La colaboración del OCP ha sido tan estrecha en este período que se han contestado 237.390 requerimientos de información de las autoridades competentes, policiales o judiciales, de modo telemático y en plazos mínimos de tiempo.

El mismo SEPBLAC desde 2008 considera que los notarios son pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esa colaboración no solo se ha fraguado con el SEPBLAC, sino también con otras autoridades competentes en esta materia mediante convenios de colaboración como los alcanzados con Fiscalías Antidroga, Anticorrupción y de Delitos Financieros, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Organismo de Recuperación y Gestión de Activos o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por citar solo una serie de ejemplos, o con instituciones internacionales como INTERPOL, EUROPOL o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Por ello, hoy día, no existe investigación patrimonial vinculada a estos delitos en la que de una u otra forma no colabore el Órgano Centralizado de Prevención de los notarios, demostrando que el Notariado es un aliado esencial en la lucha contra el blanqueo y otros graves delitos.

Fuentes de información

El OCP se creó mediante una Orden de Economía y Hacienda de septiembre de 2005 y comenzó su andadura el 1 de enero de 2006, para canalizar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Está integrado por expertos en esta materia y se nutre de dos fuentes principales: las sospechas que le comunican los propios notarios y la búsqueda de información en el Índice Único Notarial.

Este índice es una base de datos (la segunda del país) donde se almacenan desde el 1 de enero de 2004 los datos estructurados de más de 135 millones de documentos, referidos a más de 41 millones de personas físicas y a más de 3,5 millones de personas jurídicas (desde una sociedad a una fundación, pasando por un partido político, sindicato, etc,); de ahí que cobre máximo sentido el carácter de aliado esencial de los notarios en este ámbito, ya que se dispone de esa información gracias a ellos.

Sobre esta enorme base de datos se ha abordado el trabajo con herramientas del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) de análisis de redes sociales y ‘Big Data’.

El sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla. Esta labor se realiza siempre con respeto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad.

Que los notarios hayan desarrollado esa gran base de datos ha permitido confeccionar dos herramientas esenciales: la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas Políticamente Expuestas (BDPPE).

La BDTR se creó en 2012 y en ella consta la titularidad real, esto es, la identificación de las personas que toman verdaderamente las decisiones en una empresa, fundación o asociación, sea del tipo que sea. Esa información no se basa en meras manifestaciones recogidas en documentos privados, sino que procede de documentos públicos, por lo que permite a policías, jueces o fiscales, conocer indubitadamente quién es o era el titular real de una sociedad en una fecha determinada.

En esta base hay datos acreditados de 2.094.000 sociedades limitadas; 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

Acuerdos de colaboración

Y no solo sirven al OCP o a las autoridades: hasta la fecha se han suscrito 82 convenios para que otros sujetos obligados puedan cumplir sus deberes de identificación del titular real mediante esta base de datos. Por último, desde su creación jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) nos han solicitado más de 3.500.000 informaciones sobre titulares reales.

La otra Base de Datos es la de Personas Políticamente Expuestas, creada en 2018. Es la única base de datos donde constan identificados con nombre, apellidos y DNI, 23.178 personas con responsabilidad pública por elección o por designación y 21.101 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil). Esta información se utiliza diariamente por jueces, fiscales y policía.

Todo este caudal de información no sería posible sin la estrecha colaboración de los notarios, lo que acredita su carácter de elemento central en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De ahí que el sistema preventivo notarial sea valorado de manera muy positiva por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que esté siendo utilizado como modelo por otros países de la Unión Europea y de fuera de ésta.

De hecho, el Consejo de la Unión Europea ha elogiado el modelo de prevención del blanqueo de capitales del Notariado español, señalándolo como un ejemplo a imitar, mientras que el GAFI considera que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real, es gracias a la Base de Datos de Titularidad Real de los notarios.

Una reforma histórica

EL ESCAPARATE

Una reforma histórica

La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supondrá la mayor transformación del nuestro Derecho privado desde el inicio de la era democrática.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

Esta reforma histórica se debe, fundamentalmente, al impulso del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); a la coordinación y la unidad de la discapacidad, y el esfuerzo invertido por amplios sectores sociales y jurídicos, como la Fundación Aequitas del Notariado español.

Básicamente, supone que España asuma el compromiso de dar cumplimiento a la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. El texto contempla con carácter general los principios de la Convención, colocando a España en un primer plano de la regulación europea.

Su entrada en vigor modificará leyes como las del Notariado, Hipotecaria, de Jurisdicción Voluntaria, de Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil, de Protección Patrimonial de Personas con Discapacidad; Código Civil y normativa tributaria.

Cambios del Código Civil. La reforma del Código Civil es la más extensa y de mayor calado. El elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación ni la modificación de una capacidad; la idea central es la del apoyo a la persona que lo precise.

En cuanto a las normas adaptadas, cabe citar las de Derecho Internacional Privado -como las que afectan a la nacionalidad-, y las que regulan los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con discapacidad, lo que puede afectar a la atribución de la vivienda familiar. También experimentan modificaciones preceptos sobre la sociedad de gananciales cuando uno de los cónyuges precise de medidas de apoyo.

Reglas del Derecho de sucesiones y contratos se verán afectadas, para que los actos jurídicos de trascendencia se adapten a la nueva perspectiva. La responsabilidad civil por hecho propio y ajeno se modifica al considerase a las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces. Esta reforma modifica los preceptos del Código Penal en materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal.

La adaptación se extiende al ámbito procesal, de modo que se sustituyen los procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos. La Ley de Enjuiciamiento Civil se revisa en algunas acciones como la determinación o impugnación de la filiación, separaciones y divorcios y divisiones de herencias.

Impacto de la ley. Representantes parlamentarios y del mundo asociativo, fiscales, magistrados y notarios analizan para Escritura Pública el impacto de la futura ley en el colectivo de personas con discapacidad.

Antonio López-Istúriz, Vicente Martínez-Pujalte, Emilio Olabarría, Francisco Vañó y Álvaro Cuesta, ocupan o han ocupado cargos políticos en diferentes grupos parlamentarios. En la actualidad, todos ellos son patronos de la Fundación Aequitas.

Para López-Istúriz, diputado popular en el Parlamento Europeo: «El objetivo principal del nuevo sistema es favorecer la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad y, como tal, potenciar el apoyo a la persona que lo precise. El proyecto de ley elimina el concepto de tutela y de patria potestad prorrogada en relación con la discapacidad, que se mantendrá exclusivamente en el ámbito de minoría de edad. La principal medida de apoyo será la curatela, definición que consagra una figura de naturaleza asistencial que solo invocará carácter representativo en casos excepcionales, designados por el juez. Asimismo, se introduce el concepto del defensor judicial y regula la prodigalidad al margen de la discapacidad, por tratarse de una institución ajena a ella».

Olabarría -diputado por el Partido Nacionalista Vasco en diversas legislaturas y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial- apunta que «la nueva ley protegerá las transacciones sobre bienes inmuebles y, por tanto, dará seguridad al mercado y al patrimonio de las personas. La eficacia de la publicidad que proporcionarán el registro de la propiedad y los notarios se traducirá también en la evitación de pleitos y conflictos y es por ello que los fedatarios públicos pueden ser una manifestación de la justicia preventiva cuyo acceso efectivo, en la terminología del artículo 13 de la Convención, debe ser proporcionado a las personas cuya discapacidad e igualdad de condiciones lo requiera».

El Registro Civil: pieza central

El Registro Civil se convierte en pieza central de la reforma, pues hace efectiva la preferencia que el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes. Este registro conciliará la naturaleza protegida del dato con su consulta por los funcionarios en el cumplimiento de las labores propias de su cargo.

Antonio López-Istúriz:
«El objetivo del nuevo sistema es favorecer la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual y potenciar su apoyo»

Vicente Martínez-Pujalte:
«Las personas con discapacidad dejan de ser sujetos pasivos para convertirse en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos»

Miguel Ángel Cabra de Luna:
«La nueva ley es un hito histórico del que todos deberíamos sentirnos orgullosos»

Ramón Corral:
«Los operadores jurídicos debemos interpretar las normas abandonando el prejuicio proteccionista»

Álvaro Cuesta:
«Esta reforma es una de las más importantes de nuestro Derecho desde que se aprobara la Constitución»

Luis Cayo Pérez:
“Es una iniciativa legislativa necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas”

Blanca Entrena:
«El nuevo modelo exigirá apoyos, actuaciones interdisciplinares y un cambio de mentalidad de los profesionales del Derecho que tengan que intervenir»

Ignacio Navas:
«Las personas con discapacidad se dotarán de un ‘traje a medida’ de sus necesidades»

Emilio Olabarría:
“Los fedatarios públicos pueden ser una manifestación de la justicia preventiva cuyo acceso efectivo debe ser proporcionado a estas personas»

Consuelo Madrigal:
«La ley mejorará la comprensión de la realidad y los aspectos valiosos de la discapacidad, contribuyendo a eliminar discriminaciones»

Juan Bolás:
«Esta norma devuelve a las personas con discapacidad su dignidad como individuos»

Juan Francisco Herrera:
«Será la persona, con los debidos apoyos, quien podrá hacer valer su voluntad, y no otras personas en su nombre»

Francisco Vañó:
«Fundaciones, federaciones, asociaciones y profesionales han tenido un papel relevante para que los políticos hayan hecho los deberes»

Gonzalo López-Ebri:
«Por fin el Derecho Civil será regulador de todas las personas; sin discriminación alguna por razón de la capacidad»

Rafael Leña:
«Se sustituye el desacreditado sistema de protección (todo para el discapacitado, pero sin él) por un sistema de ayuda»

Por su parte, Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, coincide en que la reforma «es una de las más importantes de nuestro Derecho desde que se aprobara la Constitución. Cobran especial relevancia conceptos como el de acompañamiento amistoso; la ayuda técnica en la comunicación de las declaraciones de voluntad; la ruptura de barreras arquitectónicas o procesales; el consejo o la toma de decisiones delegadas, y la importancia del principio del respeto a la voluntad del poderdante. Entre las medidas de apoyo emergen con nuevas regulaciones los poderes y mandatos preventivos, la autocuratela, el reforzamiento de la guarda de hecho, las disposiciones judiciales ad hoc, y los ajustes procesales para las personas con discapacidad, entre otras».

Una de las figuras políticas sobresalientes en la defensa jurídica de los más vulnerables es Francisco Vañó; el exdiputado popular y miembro de la Comisión de Discapacidad del Congreso pone en valor el papel de las asociaciones para esta renovación legislativa: «Entidades como el CERMI, fundaciones como Aequitas, el Foro Justicia y Discapacidad, federaciones y asociaciones, profesionales del mundo de la judicatura o la medicina, entre otros, han tenido un papel relevante para que por fin los políticos ‘hayan hecho los deberes’ plasmándolos en este proyecto de ley. Por fin se tiene en cuenta lo que dictaminaba la Convención cambiando sustitución por apoyos».

Cierra la participación del mundo político, el ex diputado popular Vicente Martínez-Pujalte, quien destaca que «las personas con discapacidad dejan de ser sujetos pasivos de una asistencia que se les presta desde fuera, para convertirse en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos, con los apoyos que requieran. Se trata de una reforma legislativa enormemente innovadora y ambiciosa, que supone una profunda transformación en el régimen tradicional de la capacidad jurídica que había imperado hasta ahora en nuestro Derecho».

Los fiscales Consuelo Madrigal y Gonzalo López-Ebri -fiscal del Tribunal Supremo y Teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana, respectivamente; además de patronos de Aequitas- también aportan sus puntos de vista sobre la reforma.

Madrigal, que fuera fiscal general del Estado, hace hincapié en que el proyecto supone «la consagración en leyes ordinarias de lo que ya reconocían la Convención de la ONU y la Constitución. Las leyes hacen pedagogía de sus propios fines y valores, así que se ampliará con esta una mejor comprensión de la realidad y los aspectos valiosos de la discapacidad, lo que contribuye a la eliminación de la discriminación y las barreras sociales». Por su parte, López Ebri pone en valor que «la reforma adecuará el denominado ‘Derecho de las Personas’ a las normas de la Convención. Por fin, el Derecho Civil será regulador de todas las personas, sin discriminación alguna, con total respeto al derecho a la igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica».

El papel del tercer sector. Para Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, “es una reforma histórica a la que el CERMI ha expresado su apoyo global, firme y decidido; una iniciativa legislativa, en nuestra opinión, necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas. Se trata de la mayor reforma del Derecho Civil de la Democracia y ésta, por causa o motivo de la discapacidad, de las personas con discapacidad”.

Miguel Ángel Cabra de Luna, director de relaciones sociales e internacionales de la Fundación ONCE y patrono de Aequitas desde sus inicios, señala que «el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad sin reservas es esencial y condición básica para el ejercicio de cualquier derecho. Desde el movimiento asociativo -en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad; y, sin duda, la Fundación Aequitas-, hemos tenido claro que la defensa de esta premisa era clave para un cambio de paradigma real y efectivo. Es un hito histórico del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. El trabajo del Notariado tanto a nivel español como internacional, será un elemento clave para apoyar y asesorar a las personas con discapacidad y sus familias».

Bajo la presidencia de Juan Bolás en el Consejo General del Notariado -en 1999-, se creó la Fundación Aequitas; su primera directora fue la notaria Blanca Entrena. Ambos siguen colaborando en su calidad de patronos.

Para Bolás, esta norma «supone devolver a las personas con discapacidad su dignidad como individuos, cuya capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación para ejercitarlos». Lo más importante de esta reforma para las personas que integran el colectivo de la discapacidad -según Entrena- será «que se sientan integrados en nuestra sociedad. Es verdad que esto exigirá más apoyos, equipos profesionales, actuaciones interdisciplinares, reestructurar la modificación de la capacidad desde un criterio de apoyo y no de sustitución, y un cambio de mentalidad de los profesionales del Derecho que tengan que intervenir».

En su momento, los notarios Rafael Leña y Ramón Corral fueron galardonados por el Foro Justicia y Discapacidad por su trayectoria personal en la defensa jurídica del colectivo. Hoy, ya jubilados, mantienen su compromiso con ‘la ONG del Notariado’.

El patrono Rafael Leña hace hincapié, como principal novedad de la Ley, en «la sustitución del desacreditado sistema de protección (todo para el discapacitado, pero sin él) por un sistema de ayuda». Por su parte, Corral -delegado de la Fundación en el Colegio Notarial de Madrid- reclama que «los operadores jurídicos (jueces, fiscales, notarios, abogados…) debemos interpretar las normas abandonando el prejuicio proteccionista y pensando en el ejercicio de derechos con arreglo a unos criterios de propias decisiones y preferencias. Debe desarrollarse con generosidad el sistema de apoyos voluntarios –algunos códigos latinoamericanos ya lo hacen- y es aquí donde puede ser más importante la labor de los notarios».

Otros dos notarios y patronos: Ignacio Navas, ex-presidente de FEDANE (Federación de Asociaciones de Notarios de España); y Juan Francisco Herrera, impulsor del INDISVA (Instituto Notarial Valenciano para la atención a las personas con discapacidad o riesgo de exclusión social) manifiestan sus reacciones a este ordenamiento.

Herrera sostiene que «será la persona, con los debidos apoyos, quien podrá hacer valer su voluntad, y no unas personas en su nombre, que -aún guiados por el cariño- a veces tienden a sobreprotegerlo». Por su parte, Navas enumera entre los aspectos más destacados, los siguientes: «la organización legislativa para dotar a las personas discapacitadas de un ‘traje a medida’ de sus necesidades, y la organización de la curatela y la decisión judicial acerca de las medidas de apoyo necesarias».

La función notarial

Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba -directora y director del área social y económica de Aequitas, respectivamente-, indican en la Guía de buenas prácticas sobre el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, editada por el Foro Justicia y Discapacidad, cómo repercutiría la reforma en la función notarial: «sitúa al Notariado como punto central en el desarrollo de la autonomía de la voluntad, autorregulación de intereses, salvaguardia, asistencia y apoyo de la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica».

Para saber más

Texto del proyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las  personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Editorial de ESCRITURA  PÚBLICA. El derecho a decidir de las personas con discapacidad.

El CERMI celebra el “amplio respaldo parlamentario” a la gran reforma del Derecho Civil en materia de discapacidad.

Medidas voluntarias

Dentro de las medidas voluntarias de la nueva ley adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos. Asimismo, se refuerza la guarda de hecho, que se transforma en institución jurídica de apoyo. La curatela se regula detenidamente, al ser la principal medida de apoyo de origen judicial. Otra medida que se recoge es la figura del defensor judicial, especialmente prevista para situaciones de conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad.

Delegados autonómicos

Ramón Moscoso (Andalucía); Mª Ángeles Anciones (Castilla y León); Manuel Lora-Tamayo (Madrid); Víctor Vidal (Galicia); Ana María Mas (Valencia); Mª del Carmen Gracia (Aragón); Manuel Rueda (País Vasco); Mª Dolores Heredia (Murcia); Francisco de Asís Jiménez (Extremadura); Susana Garzón (La Rioja) y Vicente Toledano (Cantabria) son los notarios delegados de Aequitas en sus respectivos colegios autonómicos. Desde el día a día de sus notarías aportan una visión real y cercana de las necesidades jurídicas de los más vulnerables.

Moscoso destaca que «no podrá descartarse por principio la realización de cualquier acto jurídico por parte de la persona con discapacidad, como votar en elecciones, comprar o vender, ingresar o sacar dinero en el banco, etcétera, sin perjuicio de la necesidad de contar el apoyo que se precise». Mientras que Anciones indica que «permitirá organizar y administrar los bienes a través de la figura del patrimonio protegido».

Lora-Tamayo argumenta que «las personas con discapacidad podrán otorgar escrituras, desde una compraventa, la herencia de sus padres, e incluso su propio testamento, contando eso sí con los apoyos voluntarios, judiciales o legales, que sean necesarios». Vidal sostiene que aportará «el desarrollo de instituciones que fomentan la autorregulación personal, como los poderes preventivos».

Mas destaca que con la entrada en vigor de la ley «los trámites judiciales se aligerarán y simplificarán, revistiendo menos costes». Por su parte, Gracia adelanta que «va a suponer un reto para los notarios ya que, como el resto de operadores jurídicos, se ven abocados a una transformación de mentalidad».

«A la hora de acreditar en la vida jurídica la situación de discapacidad se incluye, por fin, el acta notarial basada en informes médicos», indica Manuel Rueda. «Las personas con discapacidad podrán actuar jurídicamente, lo que hace unos años era impensable», resume Garzón.           

Según Heredia «se pone fin a la inseguridad que suponía para los distintos operadores jurídicos la convivencia de la Convención con un Derecho interno que apuntaba en dirección opuesta». Toledano expone cómo «se simplifica un tema que afectaba a la práctica diaria notarial: cuando una persona con discapacidad tenía que vender una propiedad implicaba en la mayoría de los casos una declaración judicial de incapacidad «. Por último, Jiménez, enuncia que «las medidas de autoprotección eliminarán trámites contenciosos».

«Otro Derecho es posible y plausible», por Luis Cayo Pérez

EL ESCAPARATE

 
LUIS CAYO PÉREZ

Presidente del CERMI

 

Otro Derecho es posible y plausible

www,cermi.es

@luiscayoperez

Las personas con discapacidad -esa parte de la diversidad humana y social, cuyo funcionamiento corporal, mental, cognitivo, conductual y comunicacional, se aparta del considerado canónico en una sociedad dada, y que por ese carácter diferencial es vista y tratada de modo desigual, operando su nota distintiva, como factor de castigo- no hemos tenido una relación pacífica con el Derecho. Antes bien, esta ha sido y sigue siendo, problemática. El Derecho, entendido como la proyección y expresión regulatorias de una comunidad política, respecto de las personas con discapacidad, ha sido casi siempre restrictivo. Desde el no reconocer, al impedir o el restringir, o al sustituir, esas han sido la tónica histórica.

Pero el Derecho puede y debe adquirir una nueva forma de relacionarse con la realidad de la discapacidad. Un modo apreciativo y respetuoso, que acompañe y promueva, que sirva de resorte para el acceso y el ejercicio pleno de todos los derechos, de alguien cuya posición en la sociedad ha sido la de apartamiento, segregación y exclusión, sistémica y estructural. Otro Derecho es posible -y plausible- para las personas con discapacidad. Y este cambio hondamente cualitativo, disruptivo en el sentido más sugeridor de la palabra, se está operando, lo estamos acariciando, en el Derecho positivo español, y en concreto en esa porción amplia del llamado Derecho privado o por mejor nombre, Derecho de las Personas.     

Se trata de la reforma histórica que incorpora el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que agota sus últimos trámites parlamentarios en la Cámara Alta de nuestro Parlamento, para en apenas unas semanas estar ya aprobado y entrar en vigor.

Un Proyecto de Ley hacia el que el movimiento social español de la discapacidad, al que representa el CERMI, ha expresado su apoyo global, firme y decidido; una iniciativa legislativa, en nuestra opinión, necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas. Se trata de la mayor reforma del Derecho Civil de la Democracia y ésta, por causa o motivo de la discapacidad, de las personas con discapacidad.

Si hubiera que abogar por esta ambiciosa reforma legal, las razones en su favor nos saturarían. Pero enunciamos las de mayor peso:

  • La primera y principal es que la discapacidad no define ni agota a la persona; no puede por tanto ser un estado civil demediado, una ciudadanía jurídica de segunda, como venía ocurriendo hasta ahora. El sistema jurídico de sustitución, vigente, que protege paternalistamente a la persona con discapacidad, incapacitándola, desposeyéndola de su capacidad jurídica, y colocándola al albur de otras instancias decisorias, es netamente contrario al enfoque de derechos humanos.
  • Migrar de un sistema de sustitución, que anula o limita a la persona, a uno de provisión de apoyos a la toma de decisiones, cuando estos sean precisos, que la promueve y potencia, viene exigido imperativamente por los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos (artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -CDPD- de Naciones Unidas de 2006. Y España, como Estado parte, ha acumulado un notable retraso.
  • La plenitud de derechos por parte de las personas con discapacidad pasa ineludiblemente por el completo reconocimiento, sin mermas, de su capacidad jurídica.
  • Restricciones hirientes, felizmente superadas en los últimos años, como la del derecho de sufragio o la de la esterilización, por ejemplo, estaban conectadas con una incapacitación previa. Albergaba un efecto expansivo perverso.
  • El gobierno de sí mismas y por sí mismas también se predica de las personas con discapacidad.

Fuera de las razones de fondo, también la acompañan los motivos de forma. Este proyecto de ley es, además, ejemplo de buena gobernanza normativa. Su redacción fue encargada por el Gobierno al órgano más idóneo, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, Secciones de Derecho Civil y Procesal. Ha recibido el impulso político de tres titulares del Ministerio de Justicia y de sus equipos de signo político distinto; se sitúa pues más allá de visión partidista, tantas veces angosta. En su concienzuda elaboración fueron consultados, mediante un diálogo estrecho, todos los grupos de interés, cuyo parecer y sugerencias pudieron ser expuestos y considerados. Desde luego, el sector social de la discapacidad representado por el CERMI, se ha sentido parte activa y cooperativa de este proceso.

Sucesivamente, ha contado con el respaldo de los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado) y de los operadores jurídicos (profesiones legales colegiadas). Es notoria, y así lo reconocemos y agradecemos, la valiosa contribución del Notariado español a esta reforma, lo que avala su acierto general. El dictamen del Consejo de Estado fue particularmente favorable. También la academia y el mundo del análisis jurídico la han juzgado de modo positivo. El Comité de Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas, órgano encargado de la vigilancia de la CDPD por parte de los Estados, dirigió en mayo de 2019 a esta reforma palabras apreciativas y alentadoras. Todo apunta, también, a que gozará de consenso político extenso, que el Parlamento la aprobará con gran respaldo, lo que es casi anómalo en un momento de nuestra vida pública de disenso y fractura. 

No restringir, sino apoyar. No excluir, sino acompañar cuando sea preciso, pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos, preferencias y decisiones; igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales.

Esta reforma legal -meditada, dialogada, madura y madurada, certera, co-creada-, con vocación de permanencia y utilidad social sostenidas, representa una mejora, un logro para el país. Con esta ley, se ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad la vida jurídica, la vida en comunidad se hace más respirable.

Entrevista a Pilar Llop, presidenta del Senado

CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

presidenta del Senado

“El Senado no es que sea útil: es imprescindible”

Pilar Llop Cuenca preside el Senado en uno de sus momentos más difíciles, marcado por la pandemia del coronavirus, la atomización política y la irrupción de los extremismos. Aun así, en los primeros meses de su mandato tuvo tiempo de sacar adelante un plan de igualdad, un código ético y una oficina de conflictos de intereses. Jueza de formación y política por vocación de servicio, Llop nos descubre en esta entrevista algunas de las cuestiones que explican la razón de ser del Senado que, no lo olvidemos, representa a los territorios españoles.
ANA TOGORES GUISASOLA

@AnaTogores

@AnaTogores

Ana Togores

Señora. presidenta: lleva al frente del Senado casi un año y medio, en un momento muy complejo… ¿Qué destacaría de estos meses?
Lo primero, que el Senado es una institución que ha sabido continuar con su función constitucional. La democracia no puede parar. Y nosotros no hemos parado. Pero eso sí, hemos tenido que ser muy creativos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Así, una resolución de presidencia nos permitió ampliar la votación por correo; también que las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces pudieran celebrarse a través de videoconferencia. Y, por primera vez en historia del parlamentarismo, celebramos un pleno telemático.
Yo creo que en una situación de gran emergencia sanitaria, social y económica, como la que estamos todavía atravesando, el Senado siempre supo estar a la altura. También tengo que decir que todos los grupos parlamentarios colaboraron para aplicar todas estas medidas. Se llegó a importantes acuerdos. ¿Qué hemos aprendido?
No solo que la implantación de los medios tecnológicos ha venido para quedarse, sino que la unidad ha sido y es fundamental. Una lección que tenemos que sacar para un futuro es que, en determinadas situaciones y en unos momentos tan complicados como estos, nos movemos más por la emoción que por la razón. Los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gobernar y gestionar la emoción, pero no gobernar y gestionar desde la emoción. A esa unidad me refiero al hablar del Senado y de los grupos parlamentarios. Otra cosa es el debate político. Ahí es verdad que ha habido momentos en los que hemos visto como no todos los grupos parlamentarios han sabido estar a la altura y esa es la lección que debemos aprender de esta pandemia. Siempre he apelado a que en los debates políticos la oposición sea una oposición de Estado, no una oposición contra el Estado; que sea una oposición constructiva. ¿Le ha permitido esta situación poner en marcha las iniciativas que sin duda se marcó al iniciar el mandato?
Yo creo que cuando alguien llega a un cargo, en el primer año es cuando tiene que poner en marcha todo su proyecto político. Y eso es lo que yo hice nada más llegar. Por ejemplo, por primera vez en la historia del parlamentarismo, impulsé la aprobación de un Plan de Igualdad de Cortes Generales. Un plan para eliminar las brechas de género. Se pierde talento femenino, mujeres que tienen méritos y capacidades suficientes para ocupar cargos de alta responsabilidad por las exigencias familiares, porque se tienen que dedicar al cuidado de sus hijos o de sus familiares mayores o enfermos. Eso queremos evitarlo aquí en el Senado. También queremos que esta Cámara y el Parlamento sean sensibles al género y libres de acoso. Por eso del Plan de Igualdad tiene, como uno de sus ejes principales, la elaboración de un protocolo de prevención del acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral. Otra iniciativa fue la aprobación del Código Ético, algo muy importante en materia de lucha y prevención de la corrupción en el ámbito político. Permitirá analizar si existen conflictos de intereses de una manera mucho más pormenorizada que como se hacía con las meras declaraciones de bienes y de actividades. Es un compromiso que adquiere cada uno de los parlamentarios. Se ha creado una oficina de conflictos de intereses, que está ubicada en el Congreso de los Diputados, donde se pueden realizar consultas e incluso puede poner de manifiesto a las mesas la existencia de un posible conflicto de interés o de un incumplimiento de las medidas del código ético.
¿Cuál es la utilidad del Senado? Hay quien se la cuestiona.
El Senado no es que sea útil: es imprescindible en un Estado compuesto, donde los debates y las sensibilidades territoriales tienen que trascender a nivel nacional. Además, los senadores somos, o bien elegidos directamente en listas abiertas en los territorios, o bien designados por los parlamentos autonómicos. La Cámara de Representación Territorial representa a los territorios. Es una cámara de control al Gobierno central a través de las preguntas e interpelaciones que hacemos en los plenos, y de las comparecencias que se hacen por los ministros u otros miembros del Gobierno en las comisiones. Pero también somos una cámara legislativa, de segunda lectura. Aquí se pueden presentar iniciativas legislativas que luego pasan al Congreso de los Diputados. Somos de “segunda lectura” porque hacemos una labor de enmiendas y vetos a esas leyes que vienen del Congreso. Los parlamentos autonómicos participan directamente en esa elaboración de las leyes nacionales mediante sus senadores y senadoras. Y eso es un tesoro y es muy desconocido. El Senado, además, es la sede natural y neutral para que tenga lugar otro instrumento ejecutivo no parlamentario, que son las conferencias de presidencias. Aquí vienen el presidente del Gobierno y las presidencias de las comunidades autónomas para adoptar grandes acuerdos, grandes consensos que tienen que afectar necesariamente a todas las comunidades autónomas, sobre competencias autonómicas, sanidad, servicios sociales, justicia, educación… Es una sede neutral porque aquí no representamos a ninguna fuerza política, sino a todas las que han obtenido representación parlamentaria. En materia legislativa, ¿qué función tiene la cámara que preside?
Hay una cosa muy importante en una democracia y es el sistema bicameral. Yo le doy un valor fundamental porque permite que nuestra cámara, que el Senado, sirva de contrapeso al propio poder legislativo. En el Senado ponemos vetos y hacemos enmiendas a las leyes que vienen del Congreso. Y no todas las fuerzas políticas están igualmente representadas en una cámara que en otra. Eso también tiene un valor muy importante. Además, en esta legislatura hemos aprobado definitivamente en el Senado varias leyes, como los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley más importante que tiene que hacer un gobierno, porque es la que muestra su modelo de política. También hemos aprobado definitivamente la Ley de Educación. ¿Qué llevó a una jueza a meterse en política?
La vocación de servicio público, porque el servicio público ha vertebrado toda mi vida y mi profesión. Siento que tengo que devolver todo aquello que recibí cuando tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública, gracias a aquellas leyes que hicieron que mucha gente pudiéramos acceder a esa educación. ¿Y qué hacemos para recuperar la confianza de la gente en las instituciones?
Dignificar las instituciones, preservarlas y protegerlas y no permitir ataques hacia ellas. Ahora que estamos en este momento de populismo político, que vivimos en una política de trampantojo, trump-pantojo, haciendo un juego de palabras, es importante comunicar y acercarse a la calle. Hay que transmitir también que los que nos dedicamos a la política estamos por un tiempo. Esto no puede ser una profesión, tiene que ser una vocación y un oficio, porque hace falta oficio para saber desenvolverse en el mundo de la política. Es un mundo complicado, pero también muy bonito. Yo he pasado de interpretar y aplicar la Ley a elaborar esa Ley. Y eso sí, hay que proteger mucho las instituciones. Yo soy una persona muy formal a la hora de trabajar y a la hora de dirigir los debates. No permito, por ejemplo, discursos de odio, de ninguna manera. No permito faltas de respeto, alusiones. Y hay que dar explicaciones a la ciudadanía, hay que rendir cuentas explicando qué es lo que hacemos en materia de transparencia, por ejemplo. Por eso hemos aprobado un código ético que es un hito en el mundo de la política española. ¿Estamos en la senda correcta para proteger social y jurídicamente a las mujeres?
Si. España lo ha tenido muy claro desde el principio. Primero ratificamos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas del año 79, y después fuimos partícipes en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en1995, en la que 189 países proclamaron la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En el año 2004, España aprobó por unanimidad la Ley Orgánia de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde desarrollaba una arquitectura institucional y de recursos públicos de ayuda y protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Y luego está la Ley de Igualdad del año 2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el año 2014 ratificamos el Convenio de Estambul, que amplía el concepto de violencia de género a cualquier tipo de violencia sobre las mujeres. Y por fin, en el año 2017, todos los grupos parlamentarios aprobaron un pacto de Estado contra la violencia de género, tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Tenemos un sistema jurídico robusto y seguro?
Sí. La seguridad jurídica al final es lo que garantiza el desarrollo. Sin seguridad jurídica no hay inversión y los juzgados no pueden ser vistos como un obstáculo, sino que el sistema judicial tiene que ser visto como un motor de ese desarrollo. El que haya un filtro previo, esa prevención para no tener que llegar a los juzgados y no sobrecargarlos, evita que los ciudadanos pasen ese desgaste. Esa función que realizan los notarios en materia de prevención es de un valor incalculable. Otra cosa muy importante que se ha hecho también por los notarios es la prevención del blanqueo de capitales. Todas las herramientas que han desarrollado en esta materia son de un valor importantísimo. Los notarios tienen una vertebración territorial extraordinaria y a veces el blanqueo de capitales no se produce en grandes concentraciones urbanas, también se puede producir en otros lugares más despoblados. Y ahí esa función que se realiza, incluso desde esas pequeñas notarías de pueblo, es muy importante. En el Senado estamos muy preocupados con la España despoblada y tenemos una comisión que habla de despoblación, de reto demográfico. Me parece muy importante la labor que se hace de presencia del Notariado en esos territorios, porque los ciudadanos cuando tienen una notaría en su pequeña localidad se sienten mucho más seguros, les da tranquilidad, les da prestigio, atrae a la población. Tenemos mucho que aprender de los instrumentos que permiten que los distintos territorios dialoguen tecnológicamente. Porque en el sistema judicial cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de gestión procesal y a veces no se comunican entre ellos porque no son compatibles. Es muy necesario que tengamos un pacto tecnológico a nivel judicial y creo que podemos aprender de los notarios. -El Notariado tiene desde hace 20 años una fundación, Aequitas, con la que contribuye a la protección jurídica de los colectivos más vulnerables. ¿Conoce su labor?
No sólo la conozco, sino que además he participado en algún evento al que me han llamado. He sido secretaria del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, porque también he sido durante varios años letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, y las cuestiones de discapacidad siempre me han aportado muchísimo en toda la labor que he hecho profesionalmente en la política o en la justicia. Que los notarios tengan esa dimensión social, esa responsabilidad social, esa generosidad como un cuerpo público, a mí me parece que hay que ponerlo en valor.

“Debemomos que seguir adaptándolas y reforzándolas”

Huella digital

Su hulla en internet es larga, con noticias y entrevistas tras su elección como presidenta del Senado, y anteriormente  como especialista en violencia de género, diputada de la Asamblea de Madrid o delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Su red social favorita es Twitter  (@pilar_llop), donde tiene casi 5.500 seguidores.

Desde el  el control de la pandemia

[email protected], una plataforma contra la delincuencia

LA @

Una plataforma contra la delincuencia

De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, Juan Carlos Campo y Enrique Gil Botero

En marzo tuvo lugar el acto Hacia un nuevo modelo de cooperación jurídica internacional: IberRed y la nueva Plataforma [email protected], clausurado por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de España. También participaron Enrique Gil Botero, secretario general de IberRed; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN); Elena Martínez, secretaria general permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y Jorge Abbott Charme, fiscal general de la República de Chile, entre otras personalidades.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

Durante el encuentro se presentó la plataforma [email protected], de IberRed, que ha sido desarrollada por la agencia de tecnologías del Notariado y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El acto contó con la asistencia de diferentes personalidades del mundo jurídico, como Dolores Delgado, Fiscal General del Estado; Ana Gallego, directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Rosa Ana Morán, fiscal de sala de Cooperación Jurídica Internacional, o Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias y delegado para España del CGN.

Juan Carlos Campo señaló que «[email protected] es fruto de un proyecto compartido del espacio jurídico iberoamericano. Esta alianza estratégica es fundamental para el progreso de La Región y será un dique contra la delincuencia. Este proyecto es el mejor instrumento posible al servicio de los gobiernos en la lucha contra la impunidad: permitirá analizar problemáticas como la sustracción de menores, mejorar el tráfico jurídico privado o facilitar la comprensión de ordenamientos jurídicos de diferentes países». «Los alcances operativos de [email protected] son numerosos. Es una auténtica realidad que permite lanzar una mirada optimista a la cooperación jurídica internacional, eliminando retrasos y apostando por la transformación digital», señaló el titular de Justicia”.

Confianza en el Notariado. José Ángel Martínez Sanchiz agradeció «la confianza depositada en el Notariado español para el desarrollo tecnológico de [email protected]» y resaltó la vinculación de los notarios con el proyecto: «Somos deudores de la contribución desarrollada en América en cuanto a principios comunes, como la solidaridad y organización internacionales, de las que son claro ejemplo instituciones como IberRed. Los notarios somos servidores públicos y colaboramos con las Administraciones en materias como la lucha contra el blanqueo de capitales; sabemos anteponer el interés general a cualquier otro criterio». «[email protected] supone un hecho histórico en la lucha contra la delincuencia y es ejemplo a seguir. Esperamos que en los próximos años los notariados iberoamericanos podamos desarrollar una plataforma similar que suponga un espacio de colaboración e intercambio», concluyó.

Gil Botero señaló que «[email protected] reúne a más de cien instituciones de justicia de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones en un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, incorporando funcionalidades como la videoconferencia o la firma digital. Supone un paso adelante en términos de innovación de la cooperación jurídica internacional, que amplía las fronteras a otras redes como Eurojust o Interpol y también, en un futuro, a terceros países. Ha empezado la revolución de la cooperación jurídica internacional, y no sólo en Iberoamérica, sino en el mundo entero».

El secretario de IberRed expuso algunos casos prácticos que se podrán realizar desde la nueva plataforma: «Las solicitudes de asistencia legal mutua entre autoridades centrales que se canalicen a través de [email protected] serán jurídicamente válidas; algo que, por ejemplo, permitirá tramitar la extradición entre dos países exclusivamente por la plataforma [email protected] sin requerir envíos por papel, lo que agilizará los expedientes internacionales de asistencia, reduciendo drásticamente los tiempos de gestión, costes y errores».

Jorge Abbot Charme, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Fiscal General de Chile, resaltó que “esta plataforma permitirá fortalecer la lucha contra delitos como la corrupción, la trata de personas o la lucha contra la droga; es un claro ejemplo de cooperación entre los Estados y poderes públicos y contribuirá a construir sociedades más justas y pacíficas, dotando de mayor protección a las víctimas y garantizando el acceso a la justicia.»

Por último, Elena Martínez, secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y magistrada uruguaya, puntualizó que «IberRed es una estructura formada por autoridades centrales y poderes judiciales de diferentes Estados iberoamericanos. Está orientada a la optimización de los instrumentos judiciales civiles y penales y contribuye a la creación de un espacio jurídico con mecanismos reforzados para la tutela judicial efectiva, a disposición de los operadores jurídicos».

De izda. a dcha.: Enrique Gil Botero, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo, José Ángel Martínez Sanchiz, Juan Martínez Moya y Alfonso Cavallé, antes de la presentación.
Los escribanos, primeros representantes jurídicos en América

En su intervención, José Ángel Martínez Sanchiz -presidente del Consejo General del Notariado- puso de manifiesto la contribución histórica de los notarios a la construcción del espacio jurídico común entre Europa y América: «Formamos parte de la comunidad jurídica iberoamericana desde un principio. Los escribanos que acompañaron a Colón al Nuevo Mundo son considerados los primeros representantes jurídicos en América».

El presidente anfitrión relató un suceso que avala la implicación notarial en aquella época: «es un hecho poco conocido que, en el origen del descubrimiento, como explicó Antonio Pérez Sanz, participó un escribano ‘de ración’, Luis de Santángel, un judío converso que llevaba la hacienda de los Reyes Católicos. Es una leyenda que la Reina Isabel empeñara sus joyas para financiar el primer viaje de Colón. El dinero se obtuvo gracias a un préstamo que realizó este escribano y que consta documentado en el archivo de Simancas. Santángel fue la primera persona que recibió una carta de Colón dando noticia de la buena nueva del descubrimiento. Hoy esta carta no habría hecho falta, hubiera llegado por la plataforma IberRed».

«Según Bernardino Bravo, historiador chileno, toda la empresa española en el Nuevo Mundo descansa en una trilogía: el capitán de navío, el clérigo y el escribano», apuntó Martínez Sanchiz, quien recordó que «es un hecho histórico que el notario de la Armada de Colón, Rodrigo de Escobedo, levantó el acta que data del descubrimiento de América, aunque este documento, al estar en papel, desgraciadamente no ha permanecido».

El Ministro de Justicia presentó esta plataforma de cooperación jurídica, desarrollada por la agencia de tecnologías del Notariado

¿En qué pue-do a-yu-dar-te?

LA @

¿EN QUÉ PUE-DO A-YU-DAR-TE?

Si lo lee como un sonido metálico se acercará más a lo que podrá ser nuestra próxima compañía. La humanidad se enfrenta a una paradoja: viviremos mucho más pero habrá menos personas para cuidarnos. No queda otra salida que ayudarnos de robots pero, ¿vendrán tan pronto como nos anuncian?

GABRIEL CRUZ

Hay que reconocerlo: a los periodistas nos gusta más hablar de los robots con forma humana y que protagonizan películas, que de los que están en fábricas, más comunes. Sin embargo, los avances en los robots antropomorfos son mucho más lentos que en los industriales. Pero si uno de los principales problemas del mundo es el envejecimiento de la población mundial, ¿cuándo meteremos el acelerón?

Básicamente hay dos clases de robots: los de servicio y los industriales. Así nos lo recuerda al otro lado del teléfono Miguel Ángel Salichs, coordinador de la secretaría técnica de HispaRob, un foro para el desarrollo de la robótica en España, y también catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Carlos III. «Hay una categoría que siempre ha existido, que son los robots industriales. Luego están los de servicio, que son el resto. Esta categoría es casi como un cajón de sastre, ya que tiene muchos subtipos. De hecho, hasta el concepto de robot tiene sus dificultades. En cualquier caso, para los que trabajamos en robótica un robot tiene que tener un cuerpo físico (un programa informático no lo sería) y con una forma que interaccione físicamente con su entorno”.  Es decir, un altavoz inteligente como Alexa, no sería un robot.

Una misión clara. La población que más crece en el mundo, da igual en el país en el que nos fijemos, es la anciana. Entre 2015 y 2050, occidente pasará de 900 millones de mayores de 60 años a 2.000 millones. Su deterioro físico es inevitable y ahí es cuando surgen los anuncios sobre las utilidades del robot. El último lo conocimos hace un mes. Se trata de Misty, implantado de forma experimental en 20 casas de mayores en Barcelona. Pero también están Sophia en China o Pepper en Japón. Es decir, los anuncios de robots que interaccionan con personas mayores son continuos, otra cosa es que lo hagan más allá de la fase experimental. Como nos recuerda Salichs “en condiciones reales, no existe ningún robot que sea capaz de cambiar un pañal, levantar a alguien de la cama, darle de comer… Hay que ver al robot como un complemento de los cuidadores. Un robot está muy lejos de suplir a un cuidador”. Sin embargo, nos suenan imágenes de robots levantando personas de un sofá. Ángel me corrige: “son videos de prototipos grabados en condiciones de laboratorio muy controladas. Pero si le cambias el entorno y te lo llevas a tu casa posiblemente no te serviría. Una cosa es una demostración y otra dejar un robot desatendido y funcionando en un entorno complejo y cambiante como el de una casa”.

De hecho, si rebuscamos en internet daremos con videos de robots que se caen de lado al intentar abrir una puerta o que al bajar por una escalera mecánica se desploman, arrollando a dos personas. Existen hasta compilaciones de caídas de robots si busca con esta palabras clave: “robots falling down”. Imagínese entonces si esos fallos ocurren en una vivienda con una persona mayor. Por eso hay que ser muy prudente con los avances en robots para personas mayores, por mucho que veamos que los robots industriales cada vez son capaces de hacer más cosas. Como señala Miguel Angel “en una fábrica yo puedo modificar la cadena de montaje para que entre un robot y haga lo mismo siempre. Pero en una vivienda no. Es el robot el que debe adaptarse a ella. Habrá trastos en medio del pasillo, la puerta estará abierta o cerrada… y jugar, con esa imprevisibilidad es muy complicado”.

Resumiendo: la robótica puede ser una ayuda, pero no solucionará todos los problemas. “La robótica en general está en sus comienzos. Avanza, pero muy despacio. Es falsa la idea de que los robots van a suplir a las personas rápidamente en un entorno social. Serán un complemento a familia y cuidadores profesionales”, señala M.A. Salichs.

Más tarde que pronto. Determinar cuánto tiempo falta para que un robot sustituya a un cuidador es aventurarse demasiado. Por más que insistimos, Miguel Ángel Salichs no da plazos y zanja el tema: “cualquiera que te diga una fecha es, y perdóname la expresión, “columpiarse”.

Puedo entender su recelo. En 2018 un diario tan prestigioso como The Guardian lanzaba este titular: “Los robots cuidarán del 80% de los ancianos de Japón en 2020“. El caso es que estamos en 2021 y ahí siguen con programas piloto experimentales.

Sin embargo, la necesidad está ahí. En Japón se calcula que para 2025 habrá una escasez de un millón de cuidadores. ¿Cómo suplirlo? Con robots. Pero la robótica va lenta. “La tecnología que estamos desarrollando aquí en España puede estar al mismo nivel de Japón o EE.UU. Sin embargo, allí hay más empresas que se pueden lanzar a comercializar esos prototipos”, señala Ángel Salichs.

Asi pues, parece que a falta de un robot que lo haga todo, tendremos varios para tareas específicas. Serán complemento a las personas mayores desde el robot aspirador hasta el coche autónomo,  pues les dará una libertad de movimientos nunca vista. Pero habrá tareas que tardarán más (dar de comer o lavar a una persona, por ejemplo). Es decir, queda bastante para ese robot completo que ayude físicamente y además acompañe con una conversación fluida. En esto último tendremos que conformarnos con los “robots mascotas” o “abrazables” que intentan que las personas mayores se sientan acompañados. Esto se podría conseguir con un animal de compañía. Pero esos robots son para personas que no pueden responsabilizarse de un perro, que hay que alimentar y sacar varias veces al día a la calle. El último modelo en salir al mercado es Nicobo, un pequeño dispositivo redondeado de tela y con forma de gato sin ruedas que balbucea palabras y expulsa flatulencias para alegrar a las personas. La Universidad Tecnológica de Toyohashi (Japón) lo denomina «robot vulnerable» para lograr «una nueva forma de felicidad».

Y en Twitter ¿qué opinan?

UNIVERSIDAD CARNEGIE MELLON

Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburg, asegura que el 45% de lo que se ha tuiteado sobre el coronavirus han sido “bots” o mal llamadas “cuentas robots”. Es decir, que no había nadie detrás. Las que les proponemos a continuación hablan de ellos, pero están escritas por humanos

@techreview_es: edición en español de MIT Technology Review, la revista de tecnología más antigua del mundo.

@Revista_ByteTI: cuenta de Twitter de un portal de informática para profesionales en la que se pueden encontrar bastantes noticias sobre robots.

@eu_Robotics: con nueve mil seguidores nos adelanta las novedades de los robots dentro de la Unión Europea.

Yo, robot, (Isaac Asimov), 1950

En este tema, de los robots que cuidan ancianos, es aconsejable un libro que no envejece nunca. Este de 1950 es del gran divulgador científico Isaac Asimov. Son muchas las editoriales que lo tienen publicado. En diferentes relatos se viaja a través de su universo tecnológico. En uno de ellos, (Círculo vicioso) se enuncian las leyes de la robótica que aún perduran.

Inteligencia Artificial (2001)

Frente a las tan populares películas de robots que se revolucionan y matan humanos, este clásico de la ciencia ficción de 2001 nos habla de los sentimientos. Steven Spielberg adaptó este proyecto de Stanley Kubrick.  David es el niño robot programado para amar a una familia que añora a su hijo enfermo. Cuando este se recupera, el robot es abandonado en vez de ser desconectado.

«Robots para huir de la soledad», por Esther Esteban

LA @

 
ESTHER ESTEBAN, periodista



Robots para huir de la soledad

Hace 20 años Steven Spielberg adaptó al cine uno de los grandes proyectos en los que Stanley Kubrick y el escritor de ciencia ficción Ian Watson habían trabajado años atrás. De ahí nació Inteligencia Artificial, que junto a Encuentros en la tercera fase es, sin duda, una de las películas de ciencia ficción más conocidas del director. El argumento de la misma gira en torno a un niño robot programado para amar a una familia que añora a su hijo enfermo y cuando éste se recupera el robot es abandonado. Spielberg, con esta película, reflexionaba sobre los límites entre la inteligencia artificial y las emociones, y como ocurre en tantas otras cosas, la realidad, dos décadas después, supera a la ficción. De hecho, muchos expertos auguran que las personas que hoy tienen 50 años serán cuidados por un asistente cibernético capaz, no solo de ejecutar las órdenes que reciban, sino de interactuar, e incluso, de tomar decisiones.

La robótica enfocada a combatir la soledad ya es un hecho. Así, un estudio reciente sobre el tema ha demostrado que los mayores que han interactuado durante dos semanas con Pepper —un robot humanoide que genera emociones de forma artificial — han mejorado su salud mental y reducido su sensación de soledad. Si tenemos en cuenta que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las personas con más de 60 años pasarán de los 900 millones – que había en 2015 – hasta los 2.000 millones que puede haber en 2050, la pregunta es si los robots vendrán a solucionar una de las peores pandemias que sufre actualmente la humanidad: la soledad de una población cada vez más envejecida.

«Si hoy tienes 50 o 60 años, cuando seas un anciano y lo necesites, te va a cuidar un robot». Así de rotundo se pronunciaba en la revista Uppers Javier González, catedrático de Robótica de la Universidad de Málaga. ¿Podrá un robot sustituir a una persona? Es la, pregunta que muchos se hacen y, por lo que respecta a los cuidados, lo cierto es que estamos a un paso de que el robot no sea solo un cuidador en casa que nos recuerde la, medicación, programe los electrodomésticos o pueda llamar a emergencia, sino de tener robots empáticos, programados para aprender a satisfacer tus necesidades no sólo físicas, sino también emocionales.

Tengo una amiga ya jubilada que vive sola. Su hija decidió regalarle en Navidad un altavoz inteligente y desde entonces Lola ha encontrado una compañera de piso ideal. Le da los buenos días, le pregunta los datos meteorológicos y ha buscado la forma de tener una cháchara permanente de lo más variada: desde ponerle la música que desea escuchar, a consultar recetas de cocina o buscar rutas de paseo seguras durante la pandemia en su ciudad. En poco tiempo todos esos servicios se los dará un robot que, incluso, podrá tener el aspecto físico de un hijo o un familiar cercano que le haga tener una mayor empatía con la persona.

Cada día que pasa los avances en este campo son mayores. Por citar un ejemplo cercano, el Grupo Saltó, ubicado en Lleida, consiguió el año pasado año poner en marcha una prueba piloto con su robot asistencial ARI. «Es un robot que tiene movilidad y acompaña a las personas mayores», explicaba a Uppers Ana Aragonés, una de las responsables del proyecto. «Puede ponerte en contacto con quien tú quieras, y hace recordatorios de manera automática para que la persona a la que atiende no se olvide de comer, hacer ejercicio, o tomar sus medicinas”.

Hemos pasado tiempos durísimos, pero curiosamente, uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que los mayores, muy recelosos con las nuevas tecnologías, se han familiarizado con algunas, y ese es un terreno abonado de cara al futuro cuando, inevitablemente, tengamos a robots como compañía.

Sea como fuere está claro que las relaciones sociales son fundamentales para mantenernos sanos tanto física como mentalmente. Sabemos que la soledad mata y no solo a los animales sino a los humanos, y está comprobado que nuestro cerebro necesita de otros para desarrollarse durante la infancia y también para mantenerse sano durante el resto de las etapas de nuestra vida.

Si de muestra vale un botón un caso muy conocido fue el de Sarah Shoud, una montañera que estaba escalando en Irak cuando fue capturada por el ejército. Fue acusada de espionaje y la encerraron en una prisión de Teherán en régimen de total aislamiento. Cuando fue liberada contó que perdió la cabeza: escuchaba pasos de fantasmas y las últimas semanas las paso en cuclillas a cuatro patas escuchando por una pequeña rendija de su celda. Su recuperación fue larga y compleja.

Todos los expertos señalan que si los ancianos están solos su salud se deteriora mucho más rápidamente. De ahí que plantear la posibilidad de que sean robots los que faciliten compañía ya no es un futurible sino algo real y más pronto que tarde será algo cotidiano.

Evidentemente nunca será lo mismo un humanoide que un humano. pero si una máquina avanzada es capaz de comunicarse, dar terapia o proporcionar estimulación social, incluso en situaciones complicadas como ha sido esta pandemia, será una ayuda estimable y una salida cuyo potencial hay que aprovechar.

Los datos están ahí y en España hay cerca de millón y medio de dependientes, de los cuales el 80% son mayores. Se calcula que en 2050 la población octogenaria superará los 4 millones y una gran parte va a requerir cuidados. Además, dado el fracaso del modelo asistencial de residencias que hemos vivido durante el COVID muy probablemente una mayoría querrá que les atiendan en su casa y los robots son parte de la solución. No hace falta buscar demasiadas estadísticas para encontrar datos escalofriantes: las personas de más de 80 años duplican la tasa media por franja de edad de los suicidios en nuestro país, y la soledad es el origen de la mayoría de estos casos.

¡Bienvenidos sean los robots si ayudan a que esas cifras de la vergüenza disminuyan!

Expedientes matrimoniales ante notario

EN ESTE PAÍS

Expedientes matrimoniales ante notario

Desde el pasado 30 de abril, los casi 3.000 notarios que hay repartidos por toda España pueden autorizar los expedientes previos a la celebración de los matrimonios que, hasta el momento, solo podían hacerse en el Registro Civil. Así, las parejas que quieran casarse tienen la opción de acudir a las notarías para que en ellas se tramite el acta previa matrimonial.

.FÁTIMA PÉREZ DORCA

Los notarios, como funcionarios públicos y autoridad reconocida, deben comprobar que los futuros contrayentes tienen capacidad para contraer matrimonio; que no existen impedimentos, tales como que sean menores de edad (salvo los emancipados) o que estén casados con otras personas, o, en su caso, que hayan obtenido la posible dispensa de los impedimentos. Asimismo, deben asegurarse de que no se trata de un matrimonio simulado. Además, determinarán el régimen económico aplicable al matrimonio y la vecindad civil de los contrayentes.

Según el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz: “los notarios prestamos esta función con la eficacia, celeridad y seguridad propias de la función notarial, ayudando a las parejas a tramitar sus expedientes en el plazo de tiempo más breve posible y prestándoles asesoramiento gratuito, si así lo desean, sobre otras cuestiones, como el régimen que regirá su matrimonio y la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales”.

Esta reforma refuerza la consideración del notario como autoridad, que ya fue puesta de manifiesto con la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en julio de 2015, de la que deriva la medida. “Esta ley otorgó muchísimas competencias a los notarios, entre ellas la de celebrar enlaces y tramitar el expediente matrimonial, pero esta segunda competencia quedó a la espera de que entrara en vigor la nueva ley del Registro Civil, que se aprobó en 2011 y se ha ido postergando, hasta que el 30 de abril de 2021 desplegó sus efectos”, asegura la portavoz del CGN, María Teresa Barea.

La solicitud. Para formularla se requieren datos básicos: la copia del DNI y el certificado de empadronamiento. Puede solicitarse, tanto de manera presencial como por correo electrónico, al colegio notarial de la comunidad autónoma en la que residan uno o ambos contrayentes. Una vez realizada la petición, el colegio notarial designará a un notario de la localidad siguiendo un turno, para que preste su servicio a la pareja.

A partir de ahí, señala María Teresa Barea, “el procedimiento es igual al que se realizaría en el Registro Civil, en cuanto a la documentación que deben aportar los novios y las pruebas que se pueden practicar son las mismas”. De esta manera, explica “se concluye con un acta notarial donde se declara que no hay ningún impedimento a ese enlace o, por contra, que sí lo hay, en cuyo caso podrá recurrirse como un acto administrativo y será la instancia superior quien resuelva”. 

Ventajas. Los notarios asumen la gestión del expediente matrimonial con la expectativa de agilizarlo. En este sentido, la portavoz del CGN explica que “cada expediente es distinto. No es lo mismo un matrimonio que vaya a tramitar un español con una persona extranjera y que además uno de ellos esté divorciado. La documentación y pruebas que se necesita aportar no son las mismas en todos los casos, y eso es lo que nos va a dar pistas de cuál puede ser la duración del procedimiento”.

Además, al realizar un expediente ante notario, los novios podrán recibir un asesoramiento individualizado y plantear dudas sobre otros temas legales relacionados con el matrimonio. Una de esas cuestiones será sobre su régimen económico matrimonial. El notario les explicará el que por ley les corresponde según el lugar donde viven, ganancial o de separación de bienes, y les consultará si desean cambiarlo haciendo capitulaciones. En el caso de que los contrayentes tengan distinta vecindad civil pueden tener la duda de cuál va a ser su régimen. Entonces “les asesoramos y fijamos en el acta el régimen aplicable”, explica Barea.

¿Qué tiene que hacer la pareja?

Los novios tendrán que rellenar un modelo de solicitud muy sencillo, con datos básicos, y adjuntar la copia de sus DNI y certificados de empadronamiento. Una vez completado, lo enviarán por correo electrónico, o lo presentarán presencialmente, en el colegio notarial de la comunidad autónoma en la que se encuentre su domicilio o el de su pareja. El colegio notarial les asignará un notario y se lo comunicará para que pidan cita y empiece la tramitación.

Para saber más

Busca tu colegio para solicitar el expediente: la página web del Consejo General del Notariado contiene una sección con las webs oficiales y datos de contacto de todos los colegios notariales de España.

Visualiza un ejemplo de solicitud para saber qué datos serán requeridos a los contrayentes en el colegio notarial correspondiente a la comunidad autónoma en la que vive por lo menos uno de los miembros de la pareja.

Además de realizar el acta previa matrimonial, los notarios pueden casar, separar y prestar asesoramiento sobre otras cuestiones relacionadas, como el régimen que regirá un matrimonio o las capitulaciones matrimoniales. En NotariosenRed.com se encuentran varios artículos sobre estos temas.

Su finalidad

En España el expediente matrimonial es obligatorio para casarse, puesto que ayuda a comprobar que los futuros contrayentes reúnen todos los requisitos legales para poder hacerlo: que tienen la capacidad suficiente, que ninguno de los dos está en ese momento casado, que haya un parentesco prohibido entre ellos, etc.

Bodas ante notario

Desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en julio de 2015, que autorizó las bodas ante notario, estos funcionarios públicos han casado a 41.474 parejas.

La celebración de matrimonios por esta vía prácticamente se ha duplicado durante los primeros años de vigor de la ley (de 5.593 en 2016 a 10.782 en 2020). Ahora, con la reforma que entró en vigor el 30 de abril de 2021, también pueden casar a parejas si hay peligro de muerte de uno de los contrayentes. Si se diera esta circunstancia, el matrimonio se celebraría sin expediente previo, invirtiéndose el orden: primero se celebraría la boda ante notario y después se tramitaría el expediente matrimonial para comprobar que los cónyuges cumplen los requisitos legales.

«El Notariado se pone al servicio de la sociedad», por José Alberto Marín

EN ESTE PAÍS

JOSÉ ALBERTO MARÍN,

decano del Colegio Notarial de Cataluña

 

El Notariado se pone al servicio de la sociedad

TRAS UNA SUCESIÓN de aplazamientos, por fin los notarios podemos tramitar los expedientes matrimoniales. Comprobar la aptitud de los futuros contrayentes para la celebración de su matrimonio y asegurarse de la inexistencia de intenciones fraudulentas va a ser la nueva función que vamos a desempeñar. Con esta competencia se puede considerar casi cerrado el que podríamos llamar círculo matrimonial notarial: tramitación de expediente previo, celebración de matrimonio y finalmente separación o disolución del vínculo por divorcio, si no existen hijos menores o con discapacidad. El legislador confía en el notario y le atribuye más funciones de carácter público. El notario tiene el carácter de autoridad administrativa cuando ejercita esta competencia, al igual que en otras que tiene conferidas, añadiéndolas a su carácter de fedatario público.

El notario está al lado del ciudadano en los momentos más importantes de su vida, asesorándole y protegiéndole jurídicamente. Pero no sólo lo hace con el que comparece ante él, sino que su protección se extiende a los ciudadanos que no están allí mediante la salvaguarda del orden público y la seguridad jurídica general.

Una de las facetas más importantes del notario es la de denegar su ministerio cuando los actos o negocios que se pretenden realizar no son legales. Con el control de legalidad el notario protege a los terceros ausentes en el momento de celebrar el negocio, y les protege en vivo y en directo pues está allí, en el momento de la verdad, cuando se va a consumar el acto patrimonial o personal.


«El legislador confía en el notario y
le atribuye más funciones de carácter público»

Esto se percibe aún con mayor intensidad en la tramitación del expediente matrimonial donde, en un procedimiento que va a finalizar con la modificación del estado civil de las personas comparecientes, puede llegar a denegar su pretensión de contraer matrimonio por razones de orden público. Este orden público está conformado por los valores esenciales que han de regir nuestra vida social y personal y en este caso, como en tantos otros, es al notario al que se confiere su defensa.

Con ello se logra seguridad jurídica, seguridad jurídica preventiva, no reparadora. Se evita el conflicto antes de que pueda surgir.

Y para incrementar aún más esta seguridad jurídica preventiva, el legislador prevé que en estos expedientes el notario determine dos elementos importantísimos en las relaciones jurídicas entre personas: la vecindad civil y el régimen económico matrimonial de los futuros contrayentes, elementos estos cuya indeterminación era fuente de numerosos litigios. Con la vecindad civil se concreta cuál de las legislaciones civiles existentes en las diferentes comunidades autónomas se aplica a cada persona, concreción que se realiza en función de diversas variantes. A su vez el régimen económico matrimonial depende de la vecindad civil de los futuros contrayentes y es vital para determinar a quién corresponden los bienes que adquieren éstos, afectando incluso en ocasiones a los que ya tenían antes de celebrar el matrimonio.

También determina el modo en que cada uno responde de las deudas que contraen durante el matrimonio. Su fijación en el expediente matrimonial va a ser un enorme avance en la seguridad jurídica preventiva.

En resumen, el Notariado, una vez más, se pone al servicio de la sociedad y, con toda seguridad, va a realizar esta nueva función como siempre lo hace con todas las que asume: abreviando plazos, incrementando la seguridad jurídica y ofreciendo un servicio lo más próximo y eficiente posible para el ciudadano concreto que requiere sus servicios y para la generalidad que, mediante sus representantes, deposita en él su confianza.

Nueva tregua para salvar el empleo

DEBATE PARLAMENTARIO

Nueva tregua para salvar el empleo

A finales de enero se aprobaron mediante Real Decreto-ley nuevas medidas para proteger el empleo, que incluyeron la prórroga hasta el 31 de mayo de los ERTE basados en causas relacionadas con la pandemia. Ahora el Parlamento tramita con carácter de urgencia el correspondiente proyecto de ley, que pretende dar un respiro a los sectores más afectados por la compleja coyuntura que vivimos.

ELVIRA ARROYO
 

El proyecto de Ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (procedente del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero) es el resultado del cuarto Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado desde que empezó la pandemia, con el objetivo de proteger a las empresas y trabajadores hasta que la actividad económica recupere la ansiada normalidad.

Una de las decisiones más relevantes ha sido la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, manteniendo las mismas ventajas para aquellas empresas que vean impedida o limitada su actividad debido a las restricciones. Además, se han simplificado los trámites, por lo que ahora estas empresas ya no tienen que gestionar un nuevo expediente para pasar de un ERTE a otro, ni para acceder a las exenciones que les correspondan. Basta con que remitan una comunicación a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Tipologías. Los denominados sectores ultraprotegidos (en su mayoría actividades relacionadas con el transporte, el comercio, la hostelería, el turismo y el ocio) son parte de los principales beneficiarios de estos ERTE. En diciembre se sumaron a este grupo tres actividades: campings y aparcamiento de caravanas; alquiler de medios de navegación y actividad de mantenimiento físico. A la vez, salieron de la lista la fabricación de alfombras, el estirado en frío y la fabricación de instrumentos musicales. Estos sectores tienen unas exoneraciones del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 o más, tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen a sus puestos de trabajo. 

Por otro lado, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia, pueden solicitar un ERTE de impedimento. Estas sociedades están exentas de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el tiempo de cierre y hasta el 31 de mayo si tienen menos de 50 trabajadores. Las compañías con más de 50 empleados estarán exentas al 100% durante el cierre y al 90% hasta el 31 de mayo.

Asimismo, las entidades que vean limitado el desarrollo de su actividad en sus centros de trabajo debido a las decisiones adoptadas por las autoridades, podrán acogerse a un ERTE por limitaciones. En este caso, las exoneraciones son decrecientes hasta el 31 de mayo.

Al igual que se ha hecho con anterioridad, las empresas que se acojan a estas ayudas deberán mantener su plantilla durante un nuevo periodo de 6 meses.

En lo que se refiere a los jóvenes de entre 16 y 30 años, se han flexibilizado los requisitos para inscribirse en el programa Garantía Juvenil, una iniciativa europea que facilita ofertas de empleo o formativas a este grupo social. Actualmente, los jóvenes que se hayan visto afectados por un ERTE no deberán cumplir la exigencia de no haber trabajado o no haber recibido atención educativa el día natural anterior a la presentación de la solicitud.

Autónomos. Las ayudas a autónomos también se han ampliado hasta finales de mayo. Concretamente, los trabajadores que vean suspendida su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas, tienen derecho a una prestación del 50% de la base mínima de cotización, que se incrementa hasta el 70% si el autónomo es miembro de una familia numerosa. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria, la cuantía de cada una será del 40%. Durante el tiempo que permanezca cerrada la actividad, el trabajador no pagará las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como cotizado. 

También se ha prorrogado la prestación compatible con la actividad, que pueden solicitar aquellos autónomos cuyos ingresos en el primer semestre de 2021 caigan el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización.

A la vez, continúa vigente la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos para acceder a las anteriores ayudas. Esta se destina a los trabajadores autónomos que sufran una pérdida de ingresos y que en el primer semestre de 2021 no superen los 6.650 euros. La cuantía es del 50% de la base mínima y es compatible con ingresos por cuenta ajena de 1,25 veces el salario mínimo interprofesional (SMI).

Otra de las novedades acordadas es la suspensión temporal de la subida de los tipos de contingencias profesionales y de cese (del 0,3%) que iba a aplicarse en 2021.

Alquiler de vivienda. El texto legal contempla también la ampliación hasta el final del actual estado de alarma (previsto para el 9 de mayo de 2021) de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. El objetivo es cubrir determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse.

Igualmente, se amplían hasta esa misma fecha los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en las mismas condiciones del contrato firmado, siempre que no se haya llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para él.

Las cifras de los ERTE

En enero de 2021 había en España 704.000 personas en ERTE. De estas, 450.000 estaban en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social. 

Desde que empezó la pandemia, esta ha sido la evolución del gasto en prestaciones ERTE:

Se han simplificado los trámites para las empresas, que ya no tienen que gestionar un nuevo expediente para pasar de un ERTE a otro

Continuidad de Plan Mecuida

Otra medida extendida hasta el 31 de mayo es el Plan MECUIDA, que permite a los trabajadores por cuenta ajena la posibilidad de reorganizar o reducir su jornada laboral para cuidar al cónyuge o pareja de hecho, hijos, padres y familiares por consanguinidad de hasta segundo grado cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia. 

El trabajador puede acogerse a este programa en estos casos:

  • Cuando deba atender a alguno de los familiares indicados por razones de edad, discapacidad o enfermedad como consecuencia del Covid-19.
  • Cuando las autoridades determinen el cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que proporcionen cuidado o atención a un familiar.
  • Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado de ese familiar no pueda seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el Covid-19.

La adaptación de la jornada no implica pérdida salarial porque se siguen trabajando las mismas horas. La reducción de jornada supone perder ingresos en proporción a las horas recortadas.

Para saber más

Sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  Acceso a servicios de prestaciones y empleo. Tiene un apartado específico de medidas Covid-19.

Empléate. Bolsa de trabajo del Gobierno de España con ofertas de empleo público y privado.

Nuevas medidas del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Preguntas frecuentes. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Artistas en espectáculos públicos

En mayo de 2020 se concedió, con carácter excepcional y transitorio, la prestación económica por desempleo a los artistas en espectáculos públicos que no pudieran continuar su trabajo por las restricciones sanitarias. De este modo, se daba cobertura a un colectivo que, debido a la intermitencia que caracteriza a su actividad, con frecuencia no reúne los requisitos para percibir dicha prestación.

Esta concesión, en principio prevista hasta finales de 2020, se ha extendido hasta el 31 de mayo de 2021.

No podrán recibir esta ayuda los artistas que desempeñen cualquier actividad por cuenta propia o ajena, o que reciban otras rentas concedidas por la Administración Pública.