Entrevista a Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

EN CURSO LEGAL

Beatriz Artolazabal,

consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

«En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi»

En 2020 Beatriz Artolazabal (Vitoria, 1970) se hizo cargo de la macroconsejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, tras cuatro años al frente de Empleo y Políticas Sociales. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV-EHU, especialidad en Economía Internacional y Desarrollo, trabajó durante años como administradora en varias empresas hasta que en 2000 llegó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la coalición PNV-EA. En 2008 fue nombrada Directora de Economía y Finanzas del Hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz. Cinco años después, se convirtió en Directora de Economía y Finanzas del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. En 2016, el lehendakari Iñigo Urkullu la llamó para formar parte del Gobierno Vasco.

ALEX OVIEDO

–Tras casi un año al frente del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ¿qué valoración hace de su labor y del trabajo que desarrolló en Empleo y Políticas Sociales?
–Nuestra labor sigue siendo la misma: atender a personas, familias y colectivos vulnerables. Desde 2016 nos volcamos en ese trabajo que resulta apasionante, y así seguimos. La valoración no la debo hacer yo.

–¿Cuál es el reto de cara a los próximos cuatro años en los tres frentes en los que se divide la consejería?
–Son varios retos, pero el principal es seguir apostando por políticas que no dejen a nadie atrás, que cohesionen mejor nuestro país, incidiendo en materia de igualdad y no discriminación.

–De los tres flancos en los que se divide su departamento, ¿considera que hay alguno en el que debe mostrar una especial atención?
–Aunque no están incluidos en el enunciado de “Igualdad, Justicia y Políticas Sociales” también nos incumbe todo lo relacionado con el impulso de los derechos humanos, la atención a víctimas del terrorismo, que es un eje central de nuestra política, la búsqueda de una memoria histórica inclusiva y el apoyo a la diversidad como elemento definitorio de nuestra sociedad vasca en este siglo XXI.

Todas y cada una de las áreas de nuestro departamento son importantísimas. En el fondo, el trabajo es transversal y complementario, siempre aplicando una perspectiva de género. Por ejemplo, la Administración de Justicia trabaja en la atención a las víctimas, especialmente a las de género; en la aplicación de la Justicia Restaurativa, o en la atención mediante el Plan de Justicia Juvenil a la infancia más vulnerable. Todas estas acciones son una forma más de desarrollar políticas sociales. Entendemos la Justicia como una parte indisoluble de las políticas sociales.

–Uno de los asuntos candentes de estos últimos meses es la transferencia de prisiones, para octubre de 2021, si no me equivoco. Dicha transferencia ha sido una reclamación constante por parte del Gobierno Vasco. ¿Qué supone que se gestione prisiones desde Euskadi?
–Supone, primero, cumplir la Ley, el Estatuto de Autonomía vasco. Nosotros aspiramos a desarrollar un modelo penitenciario propio para Euskadi en el que el fin último sea la resocialización de los presos y presas. En marzo hemos presentado el V Plan de Justicia Juvenil y los números nos avalan. La educación y la resocialización de los y las menores es la mejor herramienta para prevenir y evitar reincidencias. Esto se puede aplicar perfectamente a las personas adultas que delinquen, sin caer en buenismos.

–¿Cuál es la cuantificación económica de la misma? Prisiones supone un paso más en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, pero tiene un componente político que no se le escapará como consejera. ¿Qué les diría a partidos como Bildu o PP, que miran con lupa este traspaso?
–Todas las personas que están en nuestras cárceles serán tratadas en las mismas condiciones, con los derechos y obligaciones estipulados en el modelo penitenciario para propiciar su resocialización desde una exigente justicia restaurativa. Si el terrorismo de ETA pudo ser la razón para políticas excepcionales, la desaparición de ETA debe traer la normalización de las políticas penitenciarias dirigidas hacia los presos de ETA. Como no podía ser de otra manera, vamos a cumplir la legislación vigente también en todo lo relacionado con la administración de las prisiones de Euskadi.

–El pasado año habló de la Igualdad como un “eje fundamental de acción” del Ejecutivo vasco y de un incremento del 30% en el presupuesto destinado a la violencia machista y atención a las víctimas. La pandemia ha agravado esta situación. ¿Cómo van a evitar que esta crisis frene el camino hacia la igualdad?
–El abordaje debe ser multidisciplinar y afecta a múltiples departamentos. Por eso nuestro trabajo es transversal. Por primera vez se coloca la igualdad en el centro de la acción de un departamento que integra equipos con competencias y trayectoria en derechos humanos, justicia, conciliación corresponsable, cuidados, diversidad, políticas sociales y lucha contra la violencia contra las mujeres.

–¿En qué situación se encuentra la aprobación de la ley de prevención y lucha contra la violencia machista?
–Está en el Parlamento Vasco, siguiendo su tramitación. Nuestra ley ha sido y es una ley pionera, referente, y que nos permite hablar de un antes y un después en nuestras políticas de igualdad. Ahora queremos renovar esta norma para que sea más innovadora y ambiciosa. Sobre la base de lo ya construido, esta propuesta es transformadora y sensible a las nuevas demandas, desafíos y necesidades.

–¿Son las ayudas de emergencia social suficientes para paliar las necesidades de los colectivos más vulnerables? ¿Han ampliado estas ayudas visto el panorama de una pandemia que va a mantenerse durante algunos meses más?
–Tenemos la convicción de que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, reforzado con las medidas adoptadas contra la pandemia, ha sido un muro de contención contra la pobreza y el incremento de las desigualdades. En 2020, solo con las AES, llegamos a más de 63.000 hogares. Este año hay una ampliación de 15 millones para esta partida.

–En el Notariado cada vez es más habitual la presencia de mujeres notarios, que suponen en la actualidad un 35% del conjunto del Notariado español, un 35% en Euskadi. Como Consejera de Igualdad, ¿cuál es su posición a este respecto? ¿Es partidaria de las cuotas?
–Las cuotas son un instrumento para romper el techo de cristal que tanto limita en muchos casos las carreras profesionales de las mujeres. Precisamente, porque queremos que las personas sean valoradas exclusivamente por su capacitación, necesitamos en este momento de políticas que compensen prácticas y estructuras basadas en la idea de un reparto tradicional y discriminatorio de papeles en la sociedad entre mujeres y hombres. Los expedientes académicos avalan la tesis de que las mujeres tienen la capacidad necesaria para muchos puestos a los que, sin embargo, hoy en día todavía no acceden.

–Euskadi ha registrado la mayor caída de población en lo que va de siglo. ¿Qué reflexión le suponen estos datos? ¿Cómo van a afrontar el reto demográfico de contar, además, con una población cada vez más envejecida y unos jóvenes con dificultades para la emancipación?
–El problema no es que envejezcamos. Lo preocupante es la falta de oportunidades para que nuestra juventud desarrolle una vida plena, como desean ellos y ellas. Para este Gobierno, la juventud es su mejor capital social; por ello, nos hemos comprometido a impulsar una política común que facilite el desarrollo de su propio proyecto de vida y, si así lo desea, de familia. Estamos desarrollando una Estrategia vasca de Juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación, que es una apuesta clave para este Gobierno.

–Hablemos de Justicia, en cuya cartera sustituye a la socialista María Jesús San José. Ya hemos hablado de la gestión de las instituciones penitenciarias, pero no de su apuesta por la modernización. ¿Cómo prevé modernizar y digitalizar una Justicia a la que se tacha de caduca y lenta? ¿Cuánto supondrá esta modernización y cómo quieren llevarla a cabo? ¿En qué plazos?
–Las administraciones estamos trabajando conjuntamente en un proceso reformador que va a contribuir a la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la Justicia. La pandemia ha estimulado la premura de la transformación digital, pero esta no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento que facilite un acceso más universal a la tutela judicial efectiva. En los próximos meses presentaremos el Plan de Justicia Digital para Euskadi. Además, estamos trabajando en la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal homologado para otros territorios, que permitirá la interconexión entre sistemas y la consolidación del expediente judicial electrónico, previsiblemente en unos 18 meses. Igualmente se está trabajando en la extensión de puestos de trabajo deslocalizados que permitan trabajar en remoto o proyectos de textualización de las vistas orales mediante inteligencia artificial.

–¿Son suficientes en Euskadi los recursos destinados a la Administración de Justicia? Se prevé que en los próximos meses la Administración de Justicia se vea saturada por una avalancha de procedimientos concursales, administrativos y civiles provocados por la pandemia. ¿Van a promover o extender los mecanismos de jurisdicción voluntaria? ¿Han previsto de alguna manera este previsible incremento del trabajo de la Justicia?
La pandemia supuso en un primer momento la paralización y el retraso de actuaciones, pero no nos encontramos a falta de recursos, como tampoco los datos sobre volumen de causas es superior a los del entorno. Para asegurar la eficiencia procesal, además de agilizar los procedimientos, las reformas en curso proporcionan instrumentos de resolución de diferencias, mediante la mediación y otros medios de resolución de conflictos, cuyo empleo podrá ser un requisito de procedibilidad previo a la demanda. Lo cual entronca con el papel de las conciliaciones notariales. En este sentido se está trabajando en Euskadi en un plan para el impulso de estos medios adecuados de resolución de conflictos, que pueden además contribuir a aligerar la alta litigiosidad. Los mecanismos de jurisdicción voluntaria, que se encomiendan entre otros funcionarios públicos a los notarios y notarias, cumplen un papel relevante a la hora de plantear diferentes entradas al sistema de Justicia que pueden contribuir a descongestionar la propia jurisdicción contenciosa.

–Finalmente se nombró a Iñaki Subijana Zunzunegui, presidente del TSJPV, en sustitución del jubilado Juan Luis Ibarra. El puesto estuvo en interinidad durante muchos meses, debido a la falta de acuerdo de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que, por otra parte, sigue sin llegar. ¿Qué opinión le merece esta sensación de que la política repercute en la Justicia?
–En primer lugar, quiero hacer pública mi felicitación al nuevo presidente y desearle la mejor suerte en su cometido. Ha sido ciertamente anómalo el retraso y la interinidad. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de limitar la capacidad del consejo saliente, disminuye la credibilidad social en las instituciones, lo que es siempre malo. Aunque, sinceramente, no creo que la independencia de los jueces y magistrados vascos en el ejercicio de su actividad jurisdiccional se vea perturbada por estas cuestiones.

–Hay casi 3.000 notarios repartidos por las ciudades y pueblos del Estado español. En Euskadi, 130 notarios conforman el Colegio Notarial. ¿Qué impresión tiene del trabajo notarial? ¿Es el notario un colaborador eficiente de la Justicia?
–Por supuesto que lo es. Los notarios tienen una función social esencial a la hora de proporcionar fe pública a los negocios y situaciones jurídicas. Y en tal sentido facilitan elementos de juicio o probatorios que pueden ser decisivos para la resolución del pleito. Conexa a la función legitimadora del documento intervenido notarialmente está el control de legalidad que efectúan, que actúa como un elemento de seguridad jurídica preventiva y, en tal modo, ya en la ley de jurisdicción voluntaria se les confiere el conocimiento, junto con otros operadores jurídicos, de algunos actos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional que antes se encomendaban a los jueces. Además, en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se contempla la conciliación notarial como uno de los medios alternativos de resolución de conflictos que puede limitar la gran litigiosidad actual.

“Trabajamos para mejorar la eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de la justicia”

Huella digital:

EL actual cargo de Beatriz Artolazabal ha hecho crecer su huella digital, con entrevistas y declaraciones en numerosos medios de comunicación, que pueden leerse en intenet. Si les interesa un perfil más institucional, dispone de uno en el Portal de Transparencia del Gobierno, así como en la página web del Gobierno vasco.

“Estamos desarrollando una estrategia vasca de juventud, que contendrá medidas y objetivos concretos para facilitar la emancipación”

La revolución del euro digital se abre camino

ÁMBITO EUROPEO

La revolución del euro digital se abre camino

The digital euro revolution comes forward

El BCE acelera la preparación de su divisa digital, la cual podría traer en un lustro cambios significativos para el mundo de los pagos y sacudir el sistema financiero.

JORGE VALERO

@europressos

En junio de 2019, Facebook anunció el lanzamiento de una moneda digital. La posibilidad de que sus 2.800 millones de usuarios pudieran usar este token disparó las alarmas de bancos centrales, reguladores y gobiernos, con sacudidas que todavía se sienten hoy. Su iniciativa, inicialmente bautizada como Libra y que ha terminado por conocerse como Diem, fue la chispa que impulsó la creación de versiones digitales de monedas soberanas en medio planeta. Y entre todos los bancos centrales, ninguno ha pisado el acelerador tanto como el Banco Central Europeo.

Apoyo generalizado. «El euro digital no es una opción, es algo que tenemos que hacer”, dijo en abril el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayando la “relevancia» de este proyecto. Pero la introducción de estas monedas digitales puede provocar un auténtico terremoto en el sistema financiero, si los ciudadanos convierten sus depósitos en los nuevos euros digitales, que custodiarán las arcas (o, mejor dicho, los servidores) de los bancos centrales. Por eso, las autoridades de todo el planeta, y en particular el BCE, están gestionando con paciencia y mucho cuidado todos los aspectos técnicos y regulatorios de sus monedas digitales.

Como dijo en abril la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tras un largo periodo de desarrollo, el campo [de las monedas digitales] está en la cúspide de cambios importantes”. Si hace cinco años tan solo unos pocos países estaban inmersos en estos proyectos, como Suecia y China, ahora al menos 80 bancos centrales están digitalizando sus monedas. Tras más de un lustro experimentando, China está bastante avanzada con sus proyectos piloto, mientras que. Bahamas ya ha introducido este año la primera moneda digital desarrollada por sus autoridades.
Tal y como reconoció el BCE, fue la idea de Facebook de lanzar su moneda digital la “poderosa llamada de atención” para que los países se pusieran las pilas. La generalización de los pagos digitales durante la pandemia del covid-19 ha terminado de dar el empujón definitivo.

Porque en una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico, en la que el uso del efectivo continúa disminuyendo, las autoridades monetarias son conscientes de que, si no desarrollan ellas sus propias versiones digitales, otros países u entidades privadas ocuparán ese hueco, con el riesgo que supone para su soberanía monetaria y la estabilidad financiera.

En este contexto, un euro digital facilitaría los pagos al ofrecer mayor capacidad de elección a los consumidores, ya que no sustituirá a las monedas y billetes. Además, abaratará las transacciones electrónicas y facilitará la innovación en los pagos minoristas, también con la posibilidad de nuevos servicios ofrecidos por intermediarios como bancos y otras plataformas de pago.

Ningún banco central ha acelerado más los trabajos para sondear la posibilidad de crear una moneda digital que el BCE. Aunque China y Suecia llevan la delantera, el banco con sede en Fráncfort ha conseguido en poco más de un año y medio realizar un primer estudio de fondo, llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para su posible desarrollo, concluir una consulta pública, cuyos datos presentó en abril, y tiene previsto arrancar en los próximos meses un proyecto piloto para probar las diferentes características técnicas de la divisa digital.

Por su parte, EE.UU. arrancó los trabajos para desarrollar un dólar digital en la segunda mitad de 2020, mientras que el Banco de Inglaterra también va un par de pasos por detrás.

Reforzar el rol del euro. Para Europa, el desarrollo del euro digital también está vinculado a su voluntad de reforzar la soberanía europea en el planeta y, más en concreto, el papel internacional del euro. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y responsable del euro digital en la institución, comentó recientemente que «un euro digital podría protegernos de la posibilidad de que un medio de pago digital público o privado -emitido y controlado desde fuera de la zona euro-, desplace los ya existentes, lo que podría plantear problemas de regulación y amenazar la estabilidad financiera o, incluso, nuestra soberanía monetaria y financiera”.

Pero como ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es un proyecto que aún llevará tiempo: al menos cuatro o cinco años.

La razón para esta demora es que esta innovación acarrea también algunos riesgos y despierta preocupaciones. Una de las principales es el terremoto que podría provocar en el sistema bancario. Dado que el BCE sería el emisor y custodio de los euros digitales, los ciudadanos podrían decidir trasladar sus depósitos bancarios tradicionales a las seguras manos de los bancos centrales y sus nuevos depósitos de euros digitales, sobre todo con la memoria fresca de la gran crisis bancaria de 2008. Esta fuga de depósitos hundiría una de las principales fuentes de financiación de la banca europea, añadiendo más dificultades a su crónica baja rentabilidad, en comparación con sus pares estadounidenses.

Para evitar ese peligro, Panetta indicó que una de las posibilidades que se estudian es limitar a 3.000 euros la cantidad de la divisa digital que podría tener cada ciudadano, con penalizaciones si se sobrepasan estos límites. Además, el BCE también prevé reservar un rol de intermediación para la banca, lo que les permitirá desarrollar nuevos servicios con los monederos digitales y continuar explotando sus servicios de pagos, los cuales representan casi un tercio de los ingresos de la banca minorista.

Pero la sacudida podría ser importante. Un estudio de Bank of América estima que se podría producir una fuga de fondos de la banca al BCE de hasta un billón de euros, casi un quinto de los ingresos vinculados a las nóminas de los europeos, y que representan uno de los pilares de la financiación para las entidades.

Trabajo por delante. Pero todavía queda mucho trabajo por delante. En los próximos meses, alrededor del verano, el Consejo de Gobierno del BCE decidirá si empieza “una fase de investigación formal” sobre el euro digital. En esta fase, el BCE analizará posibles opciones de diseño y especificaciones técnicas para el usuario, así como las condiciones en las que los intermediarios financieros podrían ofrecer servicios basados en el euro digital.

“Esperamos que este análisis lleve dos años. Al final de esta investigación, el Consejo de Gobierno tomaría una decisión sobre el diseño y si avanza para aplicar los requerimientos de usuario”, señaló Panetta en abril.

En este estadio posterior, el cual llevaría de nuevo varios años, se crearían servicios integrados, se realizarían más pruebas y “posiblemente una experimentación en vivo del euro digital”, añadió el italiano.

Paso a paso, prueba a prueba, y tras largos años de estudios, consultas, discusiones y trabajo, el Consejo de Gobierno decidiría entonces si lanza o no el euro digital, superado el ecuador de esta década. Un avance que todavía es un pequeño paso para muchos que desconocen su naturaleza, pero un gran paso para la economía europea y su sistema financiero.

Bitcoin y el euro digital

El bitcoin y el euro digital comparten similitudes, pero también significativas diferencias. Ambos son tokens digitales que se utilizarán como medio de pago. No obstante, el bitcoin, basado en la tecnología de blockchain (registro único descentralizado) también es utilizado por inversores para especular. Al no estar respaldado por ninguna institución o cesta de bienes, ni tener como referencia ninguna moneda (como es el caso de Diem con el dólar) su valor ha sufrido una enorme volatilidad, pasando de los 9.600 euros el pasado septiembre a superar los 43.000 euros a finales de abril. Por el contrario, los usuarios del euro digital podrán tener la misma confianza que en sus monedas y billetes, ya que la versión digital contará con el firme respaldo del BCE.

Bitcoin and the digital euro
Bitcoin and the digital euro share various similarities but also significant differences. Both are digital tokens that will be used as a means of payment. Bitcoin however is based on blockchain technology (decentralized distributed ledger) is also used by investors to speculate. As it is not backed by any institution or back of assets, nor it has any currency as a reference (as in the case of Facebook’s Diem with the dollar) Bitcoin value has suffered enormous volatility over the past years. Over the past months, it skyrocketed from 9,600 euro last September to exceeding 43,000 euro at the end of April. On the contrary, users of the digital euro will be able to have the same level confidence as in their coins and banknotes, since the digital version will have the strong support of the ECB.

in English

The ECB is accelerating the preparation of its digital currency, which could bring significant changes to the world of payments in five years and shake up the financial system.

In June 2019, Facebook announced the launch of a digital currency. The possibility of having its 2.8 billion users using this token sounded the alarm bells of central banks, regulators and governments around the world.

Facebook’s initiative, initially named Libra and now called Diem, triggered the creation of digital versions of sovereign currencies around the planet. And no central bank accelerated the preparatory work as the European Central Bank.

General support. «The digital euro is not an option, it is something we have to do,» said ECB Vice President Luis de Guindos last April, underlining the «relevance» of this project. But the introduction of digital currencies can cause a huge impact in the financial system, if citizens convert their deposits into digital euros, damaging one of the main sources of financing for the banking system. For this reason, authorities from across the world, and in particular the ECB, are carefully managing all the technical and regulatory aspects of their digital currencies.

IMF managing director Kristalina Georgieva said in April that, ”after a long period of development, the field [of digital currencies] is on the cusp of major changes”. While only a few countries were involved in these projects five years ago, such as Sweden and China, now at least 80 central banks are digitizing their currencies. Beijing is quite advanced with its pilot projects, while The Bahamas already introduced the first digital currency developed by its authorities this year.

As the ECB admitted, it was Facebook’s Libra project the “wake-up call” for countries to get involved. The spread of digital payments during the covid-19 pandemic gave a fresh push to the initiative.

In a society marked by technological development and the declining use of cash, monetary authorities are aware that, if they do not develop the digital versions of their sovereign currencies, other countries or private entities will fill that gap, posing a risk to monetary sovereignty and financial stability.

Against this backdrop, a digital euro would facilitate payments by offering greater choice to consumers, as it will not replace coins and banknotes. In addition, it will make electronic transactions cheaper, and facilitate innovation in retail payments, also with the possibility of new services offered by intermediaries such as banks and other payment platforms.

No central bank has sped up the work more than the ECB. In just over a year and a half, the Frankfurt-based institution has managed to carry out a first in-depth study, reach an agreement with the European Commission on its possible development, concluded a public consultation, whose results presented in April, and has plans to start a pilot project in the coming months to test the technical requirements of the digital currency.

Meanwhile, the US started developing a digital dollar in the second half of 2020, while the Bank of England remains a couple of steps behind.

Strengthening the role of the euro. For the  EU, the development of the digital euro will also help to strengthen the European sovereignty on the planet and, more specifically, the international role of the euro. Fabio Panetta, member of the Executive Committee of the ECB and responsible for the digital euro in the institution, said that «a digital euro could protect us from the possibility that a public or private digital means of payment – issued and controlled from outside the euro zone -, displace the existing ones, which could pose regulatory problems and threaten financial stability or even our monetary and financial sovereignty ”.

But as the President of the ECB, Christine Lagarde, already said, it will take at least four or five years before the digital euro sees the light of day.

The reason for this ample time is that this innovation also carries some risks and raises concerns. One of the main issues is that it could cause an earthquake in the banking system. Given that the ECB would be the issuer and custodian of digital euros, citizens could decide to transfer their traditional bank deposits into the safe hands of central banks and their new digital euro deposits, as the memories of the 2008 banking crisis remain vivid.

This deposit run would severely affect one of the main sources of financing for European banks, adding more difficulties to its chronic low profitability, compared with its US peers.

To address this risk, Panetta said that one of the possibilities under consideration is to limit to €3,000 the amount allowed for the new digital version, with penalties if these limits are exceeded. In addition, the ECB also plans to give intermediary role for banks, which will allow them to develop new services with digital wallets and continue to exploit their payment services, which represent almost a third of the income of retail banking.

Still, the impact could be significant. A Bank of America study estimated that up to a trillion euros could move from banks to the ECB, almost a fifth of the deposits of European’s salaries, which represent one their main pillars of financing.

Work ahead. But there is still a lot of work ahead. In the coming months, around the summer, the ECB Governing Council will decide whether to start «a formal investigation phase» on the digital euro. In this phase, the ECB will analyze possible design options and user requirements, as well as the conditions under which financial intermediaries could offer services based on the digital euro.

“We expect this analysis to take two years. At the end of this investigation, the Governing Council At the end of the investigation, the Governing Council would take a decision on the design and on whether to move to the implementation of user requirements, ”Panetta said in April.

In this later stage, which would take again several years, integrated services would be created, more tests would be carried out and «possibly a live experiment of the digital euro», added the Italian central banker.

Step by step, test by test, and after several years of studies, consultations, discussions and preparatory work, the Governing Council would then decide in the second half of this decade whether to launch the digital euro. An advance that is still a small step for many unaware of its nature, but a great step for the European economy and its financial system.

El temor a perder privacidad

Para los ciudadanos y organizaciones civiles, la principal preocupación que emerge del desarrollo del euro digital es la privacidad. Así se destila de las más de 8.000 respuestas enviadas durante la consulta pública del BCE.

Según explicó Panetta en el Parlamento Europeo el pasado abril, “la privacidad se consideró la característica más importante de un euro digital en aproximadamente el 43% de las respuestas”, aunque los consultados también añaden que la divisa digital debe tener características que permita evitar actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, dos de los principales riesgos vinculados a criptomonedas como el Bitcoin.

Otras características importantes para los europeos son la posibilidad de utilizar el euro digital para pagos seguros (ocupa el primer lugar para el 18% de los encuestados); que se pueda usar en toda la zona del euro (enfatizado por el 11% de los encuestados); sin costes adicionales y fuera de línea (destacado por el 9% y el 8% de los encuestados respectivamente).

El énfasis dado a la privacidad nace del recelo de organizaciones y asociaciones civiles a que los bancos centrales puedan tener una ventana para controlar la vida y actividades económicas de los ciudadanos a través de sus pagos. Panetta dio la vuelta al argumento al señalar que el euro digital aumentará la privacidad en comparación con los servicios de pago actuales, los cuales recolectan información del usuario. Sin embargo, indicó que el anonimato del ciudadano debe ser considerado en relación con la protección de otros intereses generales, como la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, o la estabilidad financiera.

También explicó que el BCE está trabajando para intentar lograr un equilibrio entre las diferentes prioridades usando la tecnología. “Nuestras pruebas preliminares con un euro digital están mostrando resultados prometedores sobre cómo se puede utilizar la tecnología para proteger la privacidad del usuario sin relajar los estándares contra las actividades ilícitas”, aclaró. Por ejemplo, se puede separar la identidad de los usuarios de la información sobre los pagos, permitiendo que las oficinas de inteligencia financiera accedan a la identidad solo si se detecta una actividad sospechosa.

Fear of losing privacy

Nevertheless, citizens’s main concern is privacy, according to more than 8,000 responses sent during the ECB’s public consultation.

As Panetta explained in the European Parliament last April, «privacy was considered the most important characteristic of a digital euro in approximately 43% of the responses», although those consulted also added that the digital currency must have the necessary features that allow for avoiding illicit activities, such as money laundering or terrorist financing, two of the main risks linked to cryptocurrencies including Bitcoin.

Other important features for Europeans are the ability to use the digital euro for secure payments (ranked first for 18% of respondents), the possibility to use it throughout the euro area (highlighted by 11% of respondents ), and without additional costs and offline (pointed out by 9% and 8% of respondents respectively).

The emphasis given to privacy stems from citizens’ distrust of central banks interfering in their life and economic activities through their payments. Panetta turned the argument around by noting that the digital euro will increase privacy compared to current payment services, which collect users’ information. But he added that the anonymity must be considered in relation to the protection of other general interests, such as the fight against money laundering and terrorism financing, or financial stability.

He explained that the ECB is working to try to strike a balance between different priorities using technology.

«Our preliminary tests with a digital euro are showing promising results on how technology can be used to protect user privacy without relaxing standards against illicit activities,» he clarified. For example, the identity of users can be separated from information about payments, allowing financial intelligence units to access the identity of users only if a suspicious activity is detected.

Europa informa / Europe informs

Resultados de la consulta pública del BCE sobre el euro digital

The results of the ECB public consultation on the digital euro

Estudio del BCE sobre el euro digital

Study of the ECB on the digital euro

«Una divisa digital al servicio de las personas», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

JOSÉ RAMÓN PATTERSON

periodista

 

Una divisa digital al servicio de las personas

@joseramonpatter

José Ramón Patterson

Los pensionistas vascos son, probablemente, los más reivindicativos del país. Desde hace algo más de tres años han salido a la calle innumerables veces para, entre otras cosas, reclamar unas pensiones que les permitan vivir dignamente y denunciar la situación de las residencias geriátricas. A su catálogo de exigencias han añadido en las últimas semanas otra que ha pasado casi inadvertida porque apenas ha tenido eco en los medios de comunicación: que los bancos mejoren su atención, que consideran cada vez más deficiente debido al cierre de oficinas, la reducción de personal en las sucursales y la digitalización de muchos trámites y operaciones.

La pandemia ha agravado la situación y temen que las fusiones bancarias la empeoren todavía más. Nuestros hábitos han cambiado mucho estos meses (teletrabajo, comercio online) y se ha reducido el uso de efectivo, que, no obstante, sigue siendo el medio de pago minorista más habitual, según el Banco de España. Son los mayores de 64 años y los menores de 24 los que más lo emplean, esto es, los colectivos con menores ingresos y, por lo tanto, más vulnerables. En ambos casos prefieren el dinero contante y sonante porque, dicen, controlan mejor el gasto y porque las tarjetas bancarias conllevan costes añadidos que no se pueden permitir.

Y para disponer de efectivo hace falta acudir al banco, de ahí que las protestas de los pensionistas vascos tengan bastante sentido. Lo que no parece probable, sin embargo, es que su descontento logre frenar los planes para que monedas y billetes desaparezcan, aunque más tarde que pronto, en favor de tarjetas u otros medios de pago electrónicos, cuya utilización ha aumentado de forma considerable desde que comenzó la pandemia. Sus ventajas – rapidez, seguridad, facilidad de uso – son cuantiosas, pero su generalización y la consiguiente supresión del efectivo también pueden tener efectos muy negativos si no se hace de forma gradual.

Impulsado en parte por los cambios de comportamiento en la manera de comprar y pagar, pero sobre todo por la aparición de medios de pago privados y el proyectado lanzamiento de divisas digitales por China y Rusia, el Banco Central Europeo planea la introducción del “euro digital”, que para la Unión Europea sería un paso más hacia la ansiada digitalización de su economía; es decir, hacia la modernidad; además, claro, de un importante paso hacia la integración. Aparte de una mayor eficiencia, sus principales virtudes son que evitará la dependencia de otros medios de pago ajenos a la Eurozona y que, como el efectivo, también será dinero “público”, creado y custodiado por el BCE.

Ahora bien: ¿estamos preparados para asumir un cambio tan importante? La respuesta es no, al menos a corto y medio plazo. De hecho, pese a la ambición del proyecto, todo indica que no se llevará a cabo antes de cuatro o cinco años y que muy posiblemente seguirá un camino similar al que transitó el euro antes de que lo utilizasen los ciudadanos. Lo aconsejable, también en este caso, es ir despacio para avanzar de manera firme y sin dar traspiés que puedan malograr su desarrollo, lo que a su vez supondría un notable descrédito para la Unión Europea en un momento en el que lo que menos necesita son más agujeros en su línea de flotación.

Las bondades del “euro digital” son, como digo, incuestionables, pero su introducción tendrá consecuencias para el sistema financiero y la política monetaria, que por ahora son difíciles de pronosticar, e implica también riesgos nada desdeñables. Uno de ellos es la posibilidad de que los casi diez millones de pensionistas que hay en España -buena parte de ellos “analfabetos digitales”- queden al margen, aun cuando el dinero en efectivo siga circulando; otro, la exposición a ciberataques y a apagones de internet, intencionados o no, que podrían bloquear las transacciones.

Hace años, mientras estaba de vacaciones con mi familia en una pequeña isla del Mediterráneo, padecí lo que los técnicos suelen llamar “una caída del sistema”, en este caso la conexión a la red de cajeros de las cajas de ahorros. Sin efectivo en el bolsillo y con apenas un paquete de jamón de york y algo de queso en la nevera del apartamento, durante dos días no pude sacar dinero en ningún sitio. Aún recuerdo la cara de angustia de mi hija, entonces una niña, mientras recorríamos la isla en busca de restaurantes que todavía utilizasen lechugueras sin contacto a internet para cobrar con tarjeta. No encontramos ninguno, así que tuvimos que comer de fiado hasta que se arregló.

Suprimir completamente las monedas y billetes y sustituirlos por el “euro digital” no es, pues, una opción, al menos de momento. Llegará, pero tranquilos, porque el Banco Central Europeo tampoco tiene prisa. Alguien me dijo una vez que la Unión Europea es un como un paquidermo: se mueve con lentitud y aparente torpeza, pero con pasos firmes. Y en el terreno económico todavía más. Sus decisiones tienen muchas implicaciones que afectan de una manera u otra a los ciudadanos, y doy fe de que, aunque en ocasiones no lo parezca, para Bruselas y Fráncfort, donde está la sede del BCE, la prioridad es una economía que sirva para reducir la desigualdad y la pobreza; o sea, al servicio de las personas.

 

 

 

 

 

English version

A digital currency at the service of the people

The pensioners of the Basque Country are probably bigger campaigners than anywhere else in Spain. For the past three years and more they have taken to the streets repeatedly to call for decent living pensions and to protest at the condition of the care homes, among other issues. Over recent weeks they have added to their list of demands another which has gone almost unnoticed, having scarcely been reflected in the media: better service from banks, which they see as increasingly poor because of branch closures, staff cuts and the digitalisation of many procedures and transactions.

The pandemic has aggravated the situation, and they fear that bank mergers will make things worse still. Our habits have changed a great deal over the past months (homeworking, e-commerce), and there has been a drop in the use of cash, which nonetheless remains the most common form of retail payment, according to the Bank of Spain. It is those aged over 64 and under 24 who use cash the most, in other words the groups that have the lowest income, and so are the most vulnerable. In both cases they prefer hard cash as they claim they can keep better control of their expenditure and because bank cards come with added costs they cannot afford.

And to withdraw cash they need to go to the bank, which is what makes the Basque pensioners’ protests so understandable. It seems unlikely, however, that their unhappiness will serve to halt plans for coins and notes to disappear, albeit later rather than sooner, to be replaced with cards and other electronic means of payment, the use of which has increased considerably since the pandemic began. They have many advantages (speed, security, ease of use), but their universal use and the corresponding elimination of cash could have very negative impacts unless it takes place gradually.

Driven in part by behavioural changes in the way we buy and pay, but above all the emergence of private means of payment and China’s and Russia’s plans to launch digital currencies, the European Central Bank is planning to bring in a “digital euro”, which for the European Union would represent a further step towards the sought-after digital transformation of its economy. In other words towards modernity, as well, of course, as a major step towards integration. Aside from greater efficiency, the main virtues of such a system are that it would avoid dependence on other means of payment from outside the Eurozone, and that just like cash, this will also be “public” money, created and safeguarded by the ECB.

However: are we ready to address such a major change? And the answer is no, at least in the short and medium term. In fact, despite the project’s ambition, all the signs are that it will not be implemented for the next four or five years, and will very possibly follow a similar path to the euro, before being used by the general public. It would also be advisable in this case to progress slowly but steadily, avoiding any missteps that could undermine its development, and would furthermore harm the reputation of the European Union at a time when the last thing it needs is another hole along its waterline.

The benefits of the “digital euro” are, as I say, unquestionable, but its introduction will have consequences for the financial system and monetary policy which for the moment are difficult to foresee, and likewise involve far from negligible risks. One of these is the possibility that the almost ten million pensioners in Spain, many of whom are “digital illiterates” would be left by the wayside, even if cash remains in circulation. Another would be exposure to cyberattacks and Internet blackouts, whether deliberate or not, which could block transactions.

A few years ago, while on holiday with my family on a small Mediterranean island, I suffered what technicians typically refer to as a “system outage”, in this case the connection to the savings bank ATM network. With no cash in my pocket and little more than a packet of ham and some cheese in the fridge of the apartment, it was two days before I could get money out anywhere. I can still recall the worried face of my daughter, who was still just a girl, as we roamed the island in search of restaurants that still used the old manual card machines for payments. We couldn’t find any, and so had to eat on tick until the problem was resolved.

The complete elimination of coins and notes, to be replaced with a “digital euro” is not an option, then, at least for the moment. It will come, but no need to worry, as the European Central Bank is itself in no hurry. I once heard someone say that the European Union is like a pachyderm: it is slow and seemingly clumsy in its movements, but treads firmly. And in the field of the economy, even more so. Its decisions have numerous implications that affect the general public in one way or another, and I can vouch that although it might sometimes not seem to be the case, for Brussels and Frankfurt, where the ECB has its headquarters, the priority is an economy that reduces inequality and poverty, in other words, that is at the service of the people.

«Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea», por Juan Martín Queralt

ÁMBITO EUROPEO

 
JUAN MARTÍN QUERALT
catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado

 

Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea

Una reciente sentencia del TJUE, de 3 de marzo de 2021, ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana acerca de la compatibilidad del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica con el Derecho Comunitario. Compatibilidad que ha sido ratificada por el TJUE, haciendo gala de algo que viene repitiéndose con frecuencia en los pronunciamientos del tribunal comunitario: su versatilidad conceptual y la indudable permeabilidad a la toma en consideración de los efectos económicos derivados de sus fallos. Si a ello le añadimos los estrechos confines en que el legislador español –Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público– ha configurado la responsabilidad del Estado legislador por la aprobación de leyes que vulneran el Derecho Comunitario –ley cuya adecuación al Derecho Comunitario también se encuentra pendiente de la decisión del TJUE- nos encontraremos con que las reflexiones que sugiere la sentencia del pasado 3 de marzo se proyectan sobre quicios esenciales de nuestro Derecho.

Incertidumbres y perplejidades. Veamos cuáles han sido los mojones que han acotado el camino que conduce a la sentencia del TJUE, mojones que han ido poniendo de relieve las incertidumbres y perplejidades que han azacaneado no poco las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.

El Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica fue creado por Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad eléctrica, ley que expresamente lo calificó como impuesto de carácter directo y naturaleza real. En su preámbulo señala que, al amparo del art. 45 CE, perseguía armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Por Auto de 14 de junio de 2016, el TS planteó cuestión de inconstitucionalidad por posible contradicción con el principio constitucional de capacidad económica, toda vez que la capacidad económica gravada por el impuesto – que, además, carecía de otra finalidad extrafiscal- podía encontrarse ya gravada por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

El Auto del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2016 inadmitió tal cuestión de inconstitucionalidad, entendiendo que, antes de emitir juicio sobre su constitucionalidad, debería resolverse la posible contradicción del Impuesto con el Derecho comunitario. Señala el TC:

“… al disponer los arts. 163 CE y 35.1 LOTC que la cuestión de inconstitucionalidad debe referirse siempre a una norma legal «aplicable al caso», ha de entenderse que la prioridad en el planteamiento debe corresponder, por principio, a la cuestión prejudicial del art. 267 TFUE. La incompatibilidad de la ley nacional con el Derecho de la Unión Europea sería causa de su inaplicabilidad y por tanto faltaría una de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. Esta sólo sería admisible si se ha descartado la posibilidad de que la ley cuestionada sea incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, inaplicable…”

Con posterioridad -ATC de 20 de junio de 2018- el mismo TC entendió que no se produce doble imposición entre el IVPEE y el IAE, toda vez que:

“… debe en primer término subrayarse que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es de titularidad estatal, mientras que el Impuesto sobre Actividades Económicas es local, por lo que, al no entrar en liza ningún tributo autonómico, no resulta de aplicación el artículo 6 de la LOFCA que … es el único precepto del bloque de la constitucionalidad que establece una prohibición de doble imposición… Así pues, la doble imposición entre el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y el Impuesto sobre Actividades Económicas no vulnera per se ningún precepto constitucional…”

Podía darse el caso de que, aun no existiendo prohibición de doble imposición, la existencia de un doble gravamen podría vulnerar la prohibición de confiscatoriedad ex art. 31.1 CE. Tampoco el TC entendió que se diera tal circunstancia, señalando en el antedicho ATC que:

“… en los casos en que el Tribunal ha debido analizar esta tacha siempre ha exigido a quien la denuncia la aportación de los correspondientes datos o argumentos que la sustenten…En el presente caso ni en el Auto por el que se promueve la cuestión ni, lo que es más revelador, en el recurso de Iberdrola Generación, S.A.U., que da lugar a la misma, se aporta dato o argumento alguno dirigido a fundamentar que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica tenga alcance confiscatorio, lo que nos conduce a descartar esta imputación.”

Cuestión prejudicial. Con posterioridad, el Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019 planteó cuestión prejudicial acerca de la conformidad o no del IVPEE con el Derecho Comunitario, inquiriendo aclaración acerca de: si el impuesto, calificado por el legislador español como directo, es, en rigor, un impuesto indirecto; si, pese a la calificación del IVPEE como impuesto medioambiental, este tributo persigue una finalidad esencialmente recaudatoria; si el principio de libre competencia y del fomento de la energía de fuentes renovables se opone al IVPEE en la medida que concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no renovables que a la que procede de fuentes renovables, con discriminación de estas y con vulneración del sistema de apoyo previsto en el art. 2.k) y concordantes de la Directiva 2009/28/CE, y si el mencionado principio de libre competencia y los arts. 32, 33 y 34 de la Directiva 2009/72/CE se oponen al IVPEE por considerar que permite una discriminación positiva a los productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio de los productores españoles, con distorsión del mercado interior de la energía eléctrica y del acceso a la red.

Finalmente, la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2021 concluyó en la inexistencia de vulneración alguna del Derecho Comunitario por parte de la Ley española.

En apretada síntesis los artículos 1 y 3 de la Directiva 2009/28/CE – relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto que grava con un tipo único la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes renovables, y cuyo objetivo no es proteger el medio ambiente, sino aumentar el volumen de los ingresos presupuestarios.

El artículo 107 TFUE, apartado 1, y los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72/CE– sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto nacional que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro.

Acerca de una cuestión esencial –naturaleza directa o indirecta del tributo- el TJUE se decanta por reconocer su naturaleza directa, como expresamente reconoce la ley española. Por tanto, impide que el impuesto sea repercutible como coste empresarial. Al menos, claro, en pura teoría.

Ancha es Castilla. Como anchos y portátiles son los conceptos de impuesto directo e indirecto, fin fiscal o extrafiscal. En el fondo, no muy en el fondo, aparecen las consecuencias económicas que para los Estados miembros conlleva la declaración de vulneración del ordenamiento comunitario. La vieja razón de Estado.

 

Abstract

Articles 1 and 3 of Directive 2009/28/EC, on the promotion of the use of energy from renewable sources, raise no objection to a national regulation establishing a tax levied on one single type of electricity generation and the corresponding input into the electricity system, likewise if the electricity is generated from renewable sources, and for the purpose not of protecting the environment, but increasing the level of budgetary revenues.

Article 107 TFEU, subsection 1, and Articles 32 to 34 of Directive 2009/72/EC, concerning common rules for the internal market in electricity, raise no objection to a national regulation establishing a national tax levied on the generation of electricity and the corresponding input into the electricity system within the territory of a Member State.

Regarding one essential issue (the direct or indirect nature of the tax), the TJEU opts for recognition of direct status, as explicitly recognised under Spanish law. This therefore prevents the tax from being passed on as a business cost. At least in purely theoretical terms, of course.

There is plenty of room for manoeuvre. And plenty of flexibility in the concept of direct and indirect tax, and tax and non-tax purposes. Deep down, or not so deep down, we arrive at the economic consequences for Member States of a declaration that they have breached Community legislation. The old issue of national interest. 

Fortaleza colectiva

ALDEA GLOBAL

Fortaleza colectiva

Todos hemos escuchado ya la cifra mágica del 70%: esa que, según la Organización Mundial de la Salud, definiría el número de personas inmunizadas y capaces de frenar la propagación del virus causante del COVID-19; la cifra que significaría empezar a recuperarnos de estragos sanitarios, económicos y sociales; la de volver a juntarnos con familiares y amigos, la de salir… Pero parece que no es tan fácil y, en cualquier caso, que no nos evitaría seguir tomando precauciones durante un tiempo, porque, además, en esto estamos todo el mundo en el más estricto sentido de la expresión.

MELCHOR DEL VALLE

@mechiva

Melchor del Valle

La llamada inmunidad de grupo, colectiva o ‘de rebaño’ —imagen gráfica donde las haya— responde a un concepto bioestadístico y representa el porcentaje de la población (mundial, continental, local… depende de cómo quede definido el universo estadístico) que necesariamente tiene que estar inmunizada para reducir la transmisión de una enfermedad. Primer toque de atención: reducir no es eliminar; pero si se logra que un patógeno no tenga ‘transportistas’, o que sean muy pocos, incluso las personas no inmunizadas —recién nacidos, por ejemplo— no tendrán riesgo grave de contagio porque se habrán cortado la mayoría de las vías de transmisión.

Cómo. Hay dos maneras de alcanzar la deseada inmunidad: dejando que el patógeno circule libremente entre un grupo de personas, de modo que la infección provoque una inmunidad natural, o desarrollando una vacuna que active en el individuo los anticuerpos necesarios para evitar la infección y reducir o eliminar, por tanto, su capacidad de infectar. Algunos dirigentes políticos internacionales pensaron en el primer método, al principio de la actual pandemia, convencidos de que la muerte solo le llega al que le toca y de que saldrían más fuertes los que lo superasen. Afortunadamente, un buen grupo de epidemiólogos y otros especialistas se movilizó a finales del verano de 2020 promoviendo firmas de científicos en el Memorándum de John Snow —exacto: como uno de los protagonistas de Juego de Tronos—, publicado el 14 de octubre de 2020 en la prestigiosa The Lancet. “La evidencia es muy clara: controlar la propagación comunitaria del COVID-19 es la mejor manera de proteger nuestras sociedades y economías hasta que lleguen vacunas y terapias seguras y eficaces en los próximos meses”, fue la conclusión del manifiesto.

Y la historia está ahí para demostrar que la solución para esa deseada inmunidad colectiva es la vacunación: pensemos en sarampión, paperas, poliomielitis… Hablamos de enfermedades antes muy comunes y hoy prácticamente erradicadas. Además, el ejemplo nos viene bien para entrar en otro detalle: el efecto ‘rebaño’ no es igual para todas las enfermedades. La inmunidad colectiva contra el sarampión, según las OMS, necesita que el 95 % de la población esté vacunada; si hablamos de la poliomielitis, ese porcentaje está cerca del 80 %. Estas magnitudes se basan en las tasas de infección promedio de cada patógeno y el maldito SARS-CoV-2, con los datos de finales de 2020, dio muestras de que con un 70% de la población total inmunizada, su transmisión se reduciría en gran medida. Pero, cabe insistir, la OMS se basó en datos de finales de 2020, que quizás estén ahora revisando, y hay quienes no están de acuerdo y hacen sus propios cálculos, como Ali Mokdad, profesor de Salud Global en el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de University of Washington, a quien el citado porcentaje le parece una cifra un tanto optimista.

Vacunas. Por decirlo de una forma sencilla, hasta ahora las vacunas se basaban en dosis controladas de los propios patógenos, una vez parcialmente desactivados, que enseñaban a nuestros organismos a generar anticuerpos capaces de combatir la infección, si se producía. Así siguen funcionando, por ejemplo, las vacunas de la gripe que anualmente nos ponemos. El problema de este tipo de inmunización es que obtener, por cultivo, suficientes agentes infectantes, desactivarlos y conservarlos envasados, lleva un tiempo que, en situación de pandemia, no nos podemos permitir. Afortunadamente, unos estudios de la bioquímica húngara Katalin Karikó, permitieron trabajar con el ácido ribonucleico mensajero, ARNm, que es la base de las vacunas más utilizadas desde los primeros momentos.

La idea es brillante: si un virus usa una proteína concreta para, a modo de llave, entrar en las células del ser humano, cambiemos la cerradura. La vacuna de ARNm enseña a las células a reconocer esa proteína, no el virus, de modo que cuando este intenta utilizarla se encuentra con que nuestras defensas han aprendido a no abrirle la puerta. Y, si no abre, no puede infectar. Porque, recordemos, un virus no es un ser vivo, sino una simple —pero contundente— secuencia de ADN, que utiliza a su ‘hermano pequeño’, el ARNm, para decir cómo se unirán los aminoácidos de una determinada proteína y define la síntesis de esta para que se produzcan copias idénticas.

Grupo. Volviendo a la inmunización, y aliviados porque las vacunas se están produciendo a un ritmo impensable hace unos años (precisamente porque jugamos con procesos sintéticos y no estamos sometidos a los tiempos que implica el cultivo biológico), supongamos que damos por bueno el citado 70% de la población, como límite por encima del cual podemos considerarnos todos protegidos. La siguiente pregunta es cuándo puede suceder eso. Obviamente, depende de los ritmos de vacunación que, a su vez, están condicionados por factores de producción de los laboratorios, de la llegada de nuevos sueros al mercado, de la capacidad de los Estados para vacunar a sus ciudadanos, de la economía de cada región, de la organización social y hasta de la distribución demográfica.

Se puede tildar de buena idea, aunque un poco estresante, la verdad, la iniciativa de la web https://timetoherd.com/, que va incorporando a diario los datos de vacunación por países: compara su población con la cantidad de dosis que se inyectan y da una bien visible cifra de días que le restan a ese país para lograr el 70% de habitantes inmunizados. Estas cifras varían cotidianamente, claro; pero para dar una idea de la situación internacional —datos de mediados de abril de 2021—, el país al que menos días le quedan para alcanzar la inmunidad de grupo es las Islas Caimán (43 días) y al que más, salvando los casos de Bielorrusia y Egipto, de los que no hay datos, Sri Lanka (271.550 días). El país europeo que más adelantado va es Hungría (77 días) y el que menos, Croacia (513 días). Para España, el cálculo es que nos faltarían 187 días (6,23 meses) al ritmo actual para alcanzar la inmunidad de grupo.

Precauciones. De nuevo, mirar al conjunto de la población mundial es plantearse la necesidad de seguir manteniendo el pulso con el virus. Porque en un territorio concreto, pongamos España para no ir más lejos, podremos haber conseguido la inmunidad en poco más de seis meses, pero, si nada cambia, a nuestros vecinos de Portugal les quedarán aún algo más de tres meses y medio, dos y medio a Francia y, agárrese, más de dos años a Marruecos. Esto no significa mucho, puesto que la mayor movilidad, ya sabe, se da por vía aérea; pero es una reflexión: ¿nos sirve de algo alcanzar el 70% de inmunidad si hay un 30 % de nuestros compatriotas vulnerables y a expensas de lo que nos llegue de otros países que están lejos de lograrla?

La respuesta es sí: sí sirve, dicen los epidemiólogos. Pero sin bajar la guardia, añaden; manteniendo las precauciones entre locales y con los visitantes, siendo conscientes, si salimos de nuestras fronteras, de que podemos traer con nosotros el virus y, lo que es peor, nuevas mutaciones cuya capacidad de infección puede verse amplificada, como en el caso de las detectadas en Reino Unido, Brasil o Sudáfrica. Mutaciones que, si pasa como con el virus de la gripe (responsable de 650 000 muertes al año en el mundo, según la OMS), puede que requieran una nueva vacuna que nos enseñe a defendernos, salvo que los formatos de vacunación con ARNm sean capaces, y es una posibilidad, de controlar cualquier cambio en el ADN vírico.

La conclusión es que, si hablamos de pandemia, lo que implica problema mundial, debemos pensar también en soluciones mundiales; aunque sea por propio interés. No nos queda otra.

Katalin Karikó: inteligencia, tesón y convicción

La bioquímica húngara Katalin Karikó está considerada la ‘madre’ de las vacunas contra el SARS-CoV-19. Emigró a Pensilvania, EE. UU, en los años ochenta del pasado siglo, ya con una idea en la cabeza: la terapia genética basada en el ácido ribonucleico mensajero, ARNm. A pesar de muchos contratiempos, dificultades y hasta desprestigio científico por sus teorías, sus trabajos son la base para lograr, mediante la vacunación, células inmunes. “Esto es algo increíble porque significa que todo el trabajo que estuve realizando años enteros, durante la década de los noventa, y convencer a la gente de que tal vez el ARNm sería bueno, valió la pena”, dijo Karikó. Ya hay voces que avalan su candidatura al Nobel.

La historia está ahí para demostrar que la solución para esa deseada inmunidad colectiva es la vacunación: pensemos en sarampión, paperas, poliomielitis…

Por si las dudas

Time to Herd (Tiempo para ‘manada’). @dbunks, @ChrisBit, @ciruz

Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act nowThe Lancet (octubre de 2020).2020).

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)Organización Mundial de la Salud.

 

Cuánto protegen las vacunas

Más allá de las cifras que marcan la inmunización de grupo, están esas otras que indican la actividad de las diferentes vacunas. Además: ¿es lo mismo cuando hablan de eficacia y efectividad? Sí y no, porque ciertamente ambos aspectos miden la reducción proporcional de casos entre las personas vacunadas. Sin embargo, de eficacia hablamos cuando medimos resultados en laboratorios y de efectividad cuando lo hacemos en el mundo real. Pero vamos a los porcentajes: cuando los científicos dicen que la eficacia (todavía es muy pronto para hablar de efectividad) es, por ejemplo, del 90 %, esto significa que por cada 100 personas que se vacunen solo 10 tienen el riesgo de infectarse (y seguramente con una mayor virulencia, cabe añadir). Por tanto, una persona vacunada está protegida al 100 % o no está —del todo— protegida, si su organismo no ha reaccionado adecuadamente.

«Pandemias: mejor prevenir que curar», por Carlos Sánchez

ALDEA GLOBAL

 
CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de «El Confidencial»

 

Pandemias: mejor prevenir que curar

@mientrastanto

Cuenta Daniel Defoe en su Diario del año de la peste que en 1665, en medio de una pandemia que asoló a media Europa y mató a más de 100.000 personas sólo en la capital británica, el Lord mayor de La City de Londres publicó varias ordenanzas en las que advertía a los funcionarios de su jurisdicción de la urgencia de “prevenir y evitar el contagio de la enfermedad si así ‘pluguiera’ [placiera] a Dios Todopoderoso”.

La ordenanza incluía a jueces de paz, alcaldes, guardias, enterradores y, en general, a todos aquellos ciudadanos a quienes el alcalde de la ciudad concedió autoridad para que en todas las parroquias pudieran obligar a aislar a toda casa contaminada”. Los inspectores tenían la obligación de cumplir su función durante dos meses, y, en caso de que rehusaran, serían enviados a prisión “hasta que se conformen con lo ordenado por la ley”.

Defoe escribió su diario en marzo de 1722, es decir, hace casi tres siglos y sorprende, al hacer una lectura atenta del texto, las enormes semejanzas que tuvo la gran plaga en el Londres de 1665 -salvando las distancias temporales- con la situación actual. También en aquella ocasión, como ahora, la pandemia llegó por el este. Y también en aquella ocasión, como ahora, el mejor remedio fue la distancia social, aunque entonces nadie conocía el término aerosoles, ya se sabe, esas gotitas que quedan flotando en el aire después de hablar y que sirven para propagar el virus.

Es verdad que hoy, gracias al genial descubrimiento de Edward Jenner a finales del siglo XVIII, hay vacunas que se han puesto en circulación en un tiempo récord, pero la manera más elemental de combatir una pandemia continúa siendo poner tierra de por medio, como obligaban las autoridades del Londres de la época. Hoy como ayer, incluso, la mascarilla es el mejor método profiláctico para proteger de enfermedades que se transmiten por vía oral.

Esto es relevante porque pone de manifiesto que pese a los extraordinarios avances tecnológicos de los dos últimos siglos, una simple tela rectangular que cubre los orificios de la cara, desde luego más perfeccionadas de las que usaban en la Europa del siglo XIV en medio de la peste bubónica con forma de pico de pájaro, ha sido el mejor ‘invento’ durante el año de la pandemia.

Solo hay una diferencia, además de la rápida irrupción de las vacunas, y no es otra que la velocidad de transmisión del virus debido a la globalización, que va mucho más allá que un simple desarme arancelario para estimular el comercio de bienes y servicios, y que hoy se alimenta del flujo de personas o de animales, de plantas o de microorganismos y, por supuesto del saber científico. Si en el pasado cualquier plaga tardaba meses o, incluso, años en alcanzar a la mayoría de la población, hoy, como se ha comprobado con el virus y sus distintas variantes, en pocas semanas todo el planeta se ha contagiado.

Esto quiere decir que lo realmente novedoso en la transmisión de patógenos es su velocidad de transmisión, lo cual obliga repensar una de las características principales de las dos primeras décadas del siglo XXI, que no ha sido otra que la existencia de enormes flujos de personas que han roto las fronteras tradicionales. Se ha estimado que, en 2019, antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de personas habían realizado un viaje turístico, lo que significa uno de cada siete habitantes del planeta.

No es de extrañar, por eso, que los especialistas en epidemias -no todas acaban en pandemia- miren hacia el futuro y pongan cada vez más atención en lo vulnerables que se han vuelto los países cuando un microorganismo nace en un lugar remoto y las autoridades directamente concernidas no son suficientemente diligentes para dar la señal de alerta. Algunos estudios han estimado que la velocidad media con que se transmitió la peste negra en el siglo XIV no superó los cinco kilómetros por día, pero, por el contrario, el primer caso de SARS registrado en Canadá en 2003 sólo tardó un día en recorrer los 12.542 kilómetros que separan Hong Kong de Toronto.

Esto quiere decir, ni más ni menos, que la prioridad es alcanzar la inmunidad de grupo gracias a las vacunas, pero no solo eso. La capacidad de reacción de los gobiernos ante brotes súbitos, aunque se trate de lugares remotos, se ha convertido en algo más que una necesidad. El problema es cómo hacer compatibles los controles sanitarios con los flujos de personas que hoy pululan por el mundo, incluyendo el tráfico de productos vegetales o de animales con los que se trafica ilegalmente y que pueden a llegar a ser un peligro potencial.

En un mundo en el que hay pocas certezas, una de ellas es que el planeta se enfrenta hoy a un riesgo que no es solo económico, sino, también, de seguridad nacional, algo que explica que incluso en la Estrategia española de seguridad se haya incluido también el control de las epidemias. Es por eso por lo que también hay coincidencia en que es más rentable, aunque sea costoso, invertir en políticas preventivas que en cubrir los daños. Entre otras razones, porque una de las lecciones de la crisis es que el mundo -incluido el espacio en el que se mueven las naciones más poderosas de la tierra- es más vulnerable de lo que se creía antes de que en marzo de 2020 la OMS anunciara pandemia. Conviene recordarlo.

Finanzas sostenibles para un planeta único

ENTRE MAGNITUDES

Finanzas sostenibles para un PLANETA ÚNICO

A estas alturas casi nadie duda de que no existe un planeta B al que huir en caso de implosión del nuestro. Este feliz aforismo acuñado por el ecologismo en referencia a la inexistencia de planes medioambientales creíbles y, por tanto, ante la acuciante necesidad de cuidar nuestro mundo, ha desbordado los límites del obvio respeto por la naturaleza para instalarse en todos los órdenes en los que interviene el ser humano. Su última conquista ha sido alcanzar el acotado olimpo inversor para empaparlo de esos valores. Como consecuencia de ello, la tendencia actual apunta a la preferencia por los productos financieros que invierten en empresas comprometidas con las denominadas cuestiones ASG (acrónimo de ambientales, sociales y de gobernanza).

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La evidente degradación medioambiental está suponiendo un auténtico aldabonazo en la conciencia colectiva mundial que, sin duda, ha llegado para quedarse. Este cambio de paradigma está transformando la forma de consumir en todos los ámbitos de la vida. Impulsado por las nuevas generaciones, impregna su influencia como una mancha de aceite que ya se extiende transversalmente en la mentalidad de todos los grupos de edad a lo largo y ancho de todo el planeta.

No cabe duda de que el coronavirus ha acelerado algunos sesgos que ya se observaban entre los consumidores de todo el mundo, especialmente entre los más pudientes. El más significativo tiene que ver con el rechazo a la ostentación y, por ende, con la adopción de actitudes de consumo respetuosas con el entorno, como la elección de productos de proximidad, y con la calidad del trabajo de los demás.

Los conocidos como factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), o ESG por sus siglas en inglés, están viviendo, al calor de la regulación impulsada para fomentarlas, la aceleración de la rendición empresarial de cuentas bajo esos criterios.

Regular para cambiar. El Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector financiero entró en vigor el pasado mes de marzo. Pero, además, la batería de medidas que se está cocinando para apuntalar este cambio de mentalidad en la gestión empresarial se completará, a finales de año, con el desarrollo legislativo que impulsará políticas verdes y de mayor protección social. Asimismo, también está prevista la llegada de la conocida como Ecolabel, para distinguir con un marchamo los productos financieros sostenibles, o de la Directiva de gobierno corporativo, que ya está preparando la Comisión Europea.

En los últimos años también se han puesto en marcha otras iniciativas relevantes en la materia, como el Pacto Verde por el que la Unión Europea pretende ser neutra en carbono en 2050, el Pacto SDG Ambition y la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC, ambas impulsadas por la ONU, o, por último y sin salir de España, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que pretende acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

El activismo ecologista fue el germen de este cambio de percepción global. La chispa, si se prefiere, que puso en marcha un cambio de conciencia que se veía venir ante unos ecosistemas agotados por un enfoque capitalista basado en la constante depredación de los recursos.

La inversión socialmente responsable es la derivada natural para tratar de alcanzar las ambiciosas metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un mega plan director impulsado desde Naciones Unidas (ONU) para trazar una hoja de ruta que posibilite en 2030 un mundo mejor en el que se ponga fin a la pobreza, se fomente la igualdad y, en definitiva, se aborden de forma urgente las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

A pesar de que los responsables de implementar estas transformaciones son los diferentes gobiernos nacionales de los países implicados, un total de 193 firmaron el acuerdo en 2015 con el objetivo explícito y solemne de “Transformar nuestro mundo”. En última instancia, sin una acción comprometida por parte de las empresas no se alcanzarían los objetivos previstos.

Círculo virtuoso. La integración de la inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de las empresas genera también un aspecto que resulta clave para potenciar su desarrollo, en términos de rentabilidad social generada. Por tanto, nos encontraríamos ante las dos caras de una misma moneda que coexisten para conformar juntas una nueva realidad holística.

Los clientes demandan cada vez más que se mida el impacto de estas iniciativas y, por ello, las empresas ofrecen nuevos productos alineados con las políticas empresariales que tienen en cuenta el impacto social que generan en los mercados.

Además, las cuestiones ASG también impactan de forma positiva en el atractivo de las empresas para los empleados, como quedó reflejado en un estudio realizado ya en 2016 al señalar entre sus conclusiones la preferencia de hasta un 93% de ellos en desempeñar su labor en una compañía que se preocupe por ellos a nivel individual.

Pero no se trata sólo de contribuir a lograr una sociedad más sostenible sino de que esto case con la legítima obtención de una mayor rentabilidad. De hecho, múltiples estudios han constatado durante la pandemia, que esa sostenibilidad es rentable, ya que las empresas con más criterios ASG han resistido mejor la crisis. Y para muestra un botón: durante el primer trimestre de 2020, los fondos de inversión más sostenibles batieron en rentabilidad al 70% de sus homólogos.

El progreso de los ASG ha sido meteórico y, en la actualidad, se antoja fundamental cumplir con los parámetros sostenibles a la hora de invertir. No en vano, está comprobado que ignorar esos factores impacta negativamente en el rendimiento de las empresas, así como en sus clientes e inversores.

En este contexto, el salto exponencial de las inversiones sostenibles ha sido evidente en los últimos años, demostrando su resistencia en esta pandemia sanitaria frente a las inversiones tradicionales.

España tampoco es ajena a este movimiento global. De hecho, la financiación sostenible aumentó en el país en un 45% en 2020 con respecto al año anterior, hasta sumar nada menos que 33.026 millones de euros, según el Informe anual sobre La Financiación Sostenible en España en 2020, elaborado por el Observatorio español de la Financiación Sostenible (OFISO).

Por su parte, la prestigiosa gestora de activos Schroders asegura que el porcentaje de inversores en productos sostenibles entre 2018 y 2020 alcanzó un 47% frente al 42% en ese lapso de tiempo, mientras que en EE.UU. el montante total en este tipo de activos se duplicó en los primeros meses del pasado ejercicio.

A estas alturas parece obvio que la empresa perfecta no existe. Sin embargo, la constatación fehaciente del mejor comportamiento, no sólo social y medioambiental sino también financiero, marca un evidente punto de inflexión que ilumina el camino hacia un tipo de compañía mejor gestionada, más equitativa con sus empleados, resiliente ante las crisis y, en definitiva, más concienciada y sensible con el impacto que provoca en su entorno.

Las metas claras

Hace unos años Naciones Unidas lanzó la mayor iniciativa planetaria en materia de sostenibilidad, progreso social y responsabilidad corporativa, el denominado Pacto Mundial. Un ambicioso proyecto que busca facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la concienciación empresarial a fin de comprometerse con unos principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales.
Los diez principios que las empresas adheridas al mismo deben cumplir son:

  • Apoyo y respeto a la protección de derechos humanos.
  • Evitar ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.
  • Promover la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva.
  • Eliminar el trabajo forzado u obligatorio.
  • Abolir la mano de obra infantil.
  • Eliminar la discriminación en el acceso al empleo.
  • Apoyar la prevención en la defensa medioambiental.
  • Fomentar la responsabilidad ambiental.
  • Promover las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
  • Trabajar contra toda forma de corrupción.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalados por el índice

Los inversores están cada vez más interesados en apostar por empresas sostenibles presentes en índices de sostenibilidad tan reconocidos internacionalmente como el Carbon Disclosure Project, el FTSE4Good Global Index, el Dow Jones Sustainability Index, pionero en la materia, o incluso el Great Place to Work. Aunque existen otros índices sostenibles, como Vigeo, KLD u Oekom, además de especializados en materias medioambientales (FTSE Environmental Opportunities), éticas (Calvert Social Index) e incluso religiosas (Stoxx Euro Christian).

Ojo al dato

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Principios para la Inversión Responsable. United Nations Global CompactFinance Initiative UNEP.

Informe anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO). La Financiación Sostenible en España en 2020.

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. Congreso de los Diputados. Boletín Oficial del Estado.

Global Wealth and Lyfestyle Report 2021. Julius Bär.

«Determinación frente a la incertidumbre», por José Luis Martínez Campuzano

ENTRE MAGNITUDES

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO
portavoz de la Asociación Española de Banca

 

Determinación frente a la incertidumbre

@Aebanca

El primer paso para resolver un problema es hacer un buen diagnóstico y sobre esa base tomar las medidas necesarias para resolverlo. Pero es muy difícil hacer esta radiografía cuando la falta de información y la incertidumbre son muy elevadas, ya sea porque no hay precedente histórico o porque el aprendizaje se hace sobre la marcha, a costa de vidas humanas y una parálisis económica casi total.

A pesar de que al inicio de la pandemia el desconocimiento sobre el coronavirus no permitía hacer un diagnóstico concluyente, la gravedad de la situación llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y extraordinarias, apoyadas en el consenso y la cooperación internacional. A escala global, el impulso fiscal implementado ha superado los 11 billones de dólares. También ha sido excepcional la expansión monetaria desarrollada para estabilizar los mercados financieros y llevar la liquidez que necesitan familias y empresas a través de los bancos. Estos se han implicado desde el inicio, con todos sus recursos humanos y financieros, mostrando que la colaboración público-privada es imprescindible para proteger el tejido productivo y aminorar el impacto de la crisis en los más vulnerables. Desde el primer momento, el objetivo de las medidas ha sido mantener la renta de las familias y ofrecer liquidez y financiación a las empresas, bajo reglas más flexibles como la relajación de los objetivos de déficit o de ayudas públicas a nivel europeo.

La determinación del sector bancario para paliar los efectos del coronavirus ha ido mucho más allá de su función básica de garantizar en todo momento los productos y servicios bancarios necesarios, algo que logró desde el inicio de la pandemia, sin ningún tipo de incidencia, gracias a la clara apuesta por la digitalización que emprendió hace ya más de una década. Los bancos también han facilitado el aplazamiento de los pagos de clientes en situaciones de estrés económico y han adelantado tanto el pago de las pensiones, para reforzar la protección de nuestros mayores, como de las prestaciones por desempleo, en estrecha colaboración con el SEPE.

La gravedad de la situación también ha llevado a los bancos a tomar medidas ajenas a la operativa habitual de una entidad de depósito. Han dotado fondos para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para facilitar la llegada de material médico a los hospitales y para investigar una vacuna para la enfermedad. Sus empleados han desarrollado proyectos como voluntarios para recaudar fondos y aliviar las dificultades de niños y mayores, así como para mejorar la preparación de los jóvenes para que encuentren trabajo. Pero estos son solo algunos ejemplos de las medidas ‘no bancarias’ de los bancos, fruto de su compromiso con la sociedad en los momentos más difíciles.

Con estas y otras iniciativas, la banca ha confirmado que es un sector esencial para que la economía siguiera funcionando durante el confinamiento y las restricciones a la movilidad, y que la colaboración con el sector público redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. La cooperación internacional también se ha reforzado en la lucha contra la pandemia, para obtener vacunas en tiempo récord, por ejemplo. Pero lo fundamental ha sido la responsabilidad personal asumida por cada uno de nosotros, en función de nuestras posibilidades, en aras de vencer al virus.

En el plano sanitario, estamos aprendiendo a vivir con la pandemia de forma responsable, con distanciamiento social y mascarillas en nuestro día a día, entre otras medidas. En el plano económico, también tendremos que mantener los principios que tan buenos resultados han dado hasta el momento: la inmediatez, la contundencia y la perseverancia en las medidas tomadas. Para que esta estrategia funcione requiere el consenso de todos los agentes a escala internacional. Como el que ha demostrado Europa con la creación de un fondo conjunto que refuerce las medidas tomadas en cada país para lograr un crecimiento sostenible y digital. Los fondos europeos son un paso significativo en la construcción europea y un mecanismo de estabilización y desarrollo económico que ofrecen margen de maniobra a España para responder a la crisis y modernizar su tejido productivo. En su habitual y estrecha colaboración con las autoridades, los bancos pueden contribuir a una eficaz distribución de estos fondos para impulsar la reconstrucción de la economía. Con su capilaridad y cercanía al cliente, no solo pueden identificar e impulsar los proyectos a financiar, sino que pueden anticipar fondos y cofinanciar iniciativas en ámbitos en los que tienen conocimiento y experiencia.

El esperado fin de la crisis sanitaria nos dejará una situación económica donde la prioridad será recuperar lo perdido, aunque no podamos volver atrás y nada volverá a ser igual. La información y experiencia de la que disponemos, sin embargo, nos permite plantear una estrategia a seguir ahora que ya disponemos de un diagnóstico concluyente de la situación y que sabemos lo que queremos. Aprovechemos el inmenso desafío de volver a la normalidad diseñando una mejor que la que disfrutábamos hasta que la Covid19 desbarató nuestra vida. 

Ahorrar más y mejor

CONSUMO

Ahorrar más y mejor

El ahorro de los españoles se ha disparado en los últimos meses. La incertidumbre ante la situación sanitaria y económica, el miedo a perder el empleo y la ausencia de ocio han llenado con creces la hucha de los ciudadanos que, sin embargo, siguen sin convertir ese ahorro en una estrategia necesaria para un futuro en el que las pensiones públicas no serán suficientes para mantener nuestro nivel de vida actual.

MARIÁN LEZAUN

Ahorrar es un modo de vida, una estrategia para ser más libres, tener mayor seguridad financiera y, en definitiva, poder tomar mejores decisiones económicas y personales. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos ahorrar no es sencillo, y menos en estos momentos de crisis económica.

Los motivos para que las personas con trabajo (bien remunerado) y sin deudas no logren ahorrar, son diversos: exige cambios en el estilo de vida, requiere planificación, asesoramiento, y tener objetivos claros. No obstante, hoy existen numerosas instituciones, divulgadores, blogs, bibliografía e incluso aplicaciones gratuitas (Wallet o Fintonic, entre otras), cuyo objetivo es crear una verdadera cultura del ahorro. La pandemia nos ha demostrado que es posible y tenemos que aprovechar la corriente. De hecho, cuando comenzó la crisis, un tercio de las familias no disponía ni siquiera del equivalente a un mes de sus ingresos y ahora, son más de la mitad los que han conseguido reunir hasta seis meses.

Dinero para imprevistos. Y es que este año, negativo en casi todos los aspectos, nos ha demostrado las ventajas de contar con una buena cantidad de dinero para imprevistos. El ahorro de los españoles aumentó un 38% en 2020, lo que supone un incremento de 63.000 millones de euros más que el año anterior, según un estudio reciente de Deposit Solutions, la plataforma de Open Banking para depósitos bancarios. Los expertos aseguran que no se conocían datos similares desde la crisis de 2008, pero también reconocen que se trata de un ahorro forzoso, con casi el único objetivo de blindarse ante imprevistos. Así, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el ahorro de los hogares españoles señalan que la tasa de ahorro representa actualmente el 14,8% de la renta disponible, 8,5 puntos por encima de la de 2019 y la más alta desde 1999 que es cuando se comenzó la serie. Se trata de un aumento ligado directamente a las limitaciones de movilidad y de aforo impuestas por los gobiernos, que llevaron a los hogares a ahorrar hasta 108.844 millones de euros (un 126,6% más que hace un año). Todo ello, a pesar del descenso de su renta disponible un 3,3% de media.

Pero este ahorro, que podría ser una buena noticia, no es más que el reflejo de una situación excepcional. Los ciudadanos hemos ahorrado por miedo, pero no porque estemos tomando las riendas de nuestra seguridad financiera. “Hemos reducido los gastos corrientes en transporte y ocio debido a la situación que estamos viviendo, pero en cuanto la situación vuelva a la normalidad la tasa de ahorro va a descender”, afirma Luis Alberto Iglesias, portavoz de Value School, la institución que promueve la divulgación financiera entre los pequeños inversores.

Los expertos consideran también que, además, la vuelta a la normalidad puede suponer un exceso de gasto en nuestros bolsillos porque los ciudadanos tienen muchas ganas de salir, de viajar, de pasarlo bien y eso también tendrá su impacto. Por eso, Iglesias advierte de que esta forma de ahorrar no responde a una verdadera cultura del ahorro. “Es cierto que hemos ahorrado mucho más, pero la mayoría de ese ahorro ha ido a parar a depósitos y a productos que no dan valor a nuestro dinero y que, al tener alta liquidez están disponibles para volver a gastar en cualquier momento”. Y es que, según este experto, la situación nos demuestra que el ahorro en nuestro país es cíclico. Es decir, ahorramos más cuando menos tenemos y gastamos más cuando nos sobra. “Si de verdad queremos sacar partido a nuestro dinero, debemos invertir esta tendencia”, explica Iglesias.

¿Ahorrar es cosa de ricos? Pero, ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar? ¿Qué es lo que hace que personas con alto nivel adquisitivo tengan dificultades para llegar a fin de mes? Las causas son varias. En primer lugar, en España el ahorro no siempre está bien visto porque existe la falsa creencia de que sin consumo no hay crecimiento económico. Además, existen muchos mitos en torno al ahorro que impiden su despegue. De hecho, para algunas personas el ahorro es para aquellos que viven en una renuncia permanente porque han pasado por épocas de estrechez y de penuria. Para otros, el ahorro es para las personas de más edad, para aquellas que ya no pueden gastar en lo que les gusta. Y también están los que piensan que ahorrar es cosa de ricos, de aquellos a los que les sobra el dinero y por eso lo pueden guardar sin dificultad. Pero nada más lejos de la realidad: el mensaje hoy es que el ahorro es para todos, independientemente de nuestra renta. Porque si no ahorramos, estamos dando poco valor a nuestro dinero, a nuestro trabajo y desaprovechando la oportunidad de vivir con mayor tranquilidad.

Así, ¿existe un momento perfecto para empezar a ahorrar? “El primer paso es abandonar esa creencia de que el ahorro es aquello que nos queda en la cuenta a final de mes”, explica Natalia de Santiago, ingeniera, divulgadora financiera y autora del libro Invierte en ti. “Hay que ahorrar con premeditación y alevosía, poniéndose una meta realista, y a primeros de mes, cuando la cuenta está llena”. La clave para esta experta es que se trata de ponértelo difícil para no ahorrar. Y, aunque no existe una cantidad ideal, según esta experta, empezar con un 10% de los ingresos, sería suficiente. “Habrá quien pueda destinar hasta un 20%, pero conviene ser realistas y ver, sobre todo al principio, que es posible”.

La estrategia del buen ahorrador
Según explican en Value School, el ahorro debe de ser nuestro primer gasto. Por eso, lo primero que hay que hacer es un plan realista. Para vivir más seguros, todos los ciudadanos deberíamos poder tener nuestro pequeño colchón de imprevistos. Es decir, una cantidad que nos permita atender sin problemas a cualquier imprevisto doméstico o personal. ¿Pero, cómo se consigue esto? El primer consejo es ser constante. Para ello, existen aplicaciones y productos que te pueden ayudar sin problemas. Lo más conveniente para los que no tienen muchos conocimientos financieros o disponen de poco tiempo, es contratar un fondo indexado. Los hay para todos los perfiles, desde los más conservadores a los más arriesgados. El consumidor debe fijarse en las comisiones por mantenimiento y hacer aportaciones regulares para que el dinero empiece a crecer. Después, existen otros productos de inversión más rentables, pero que requieren un mayor asesoramiento profesional. De todos modos, lo importante es empezar.
Los pequeños gestos, cuentan

Muchas veces para conseguir ahorrar solo hace faltan pequeños gestos. Y evitar los conocidos como gastos hormiga. Es decir, todos esos pequeños desembolsos cotidianos a los que no hacemos mucho caso, pero que si los conseguimos reducir pueden tener un impacto importante en nuestro bolsillo. Los más habituales son, por ejemplo, el tabaco, los snacks, no tener en cuenta los tramos de la luz o pagar por servicios que no usamos (gimnasios, televisión, seguros, etcétera). Las monedas que vamos dejando por ahí también suman y mucho. De hecho, el Banco de España ha vuelto a anunciar que apenas que quedan unas semanas (hasta el 30 de junio) para deshacernos de las pesetas que todavía tenemos en nuestras casas y que suman la nada desdeñable cantidad de 1.500 millones de euros. El cambio de esas pesetas por euros debe hacerse en la sede del Banco de España o en sus sucursales, con cita previa. En la web se explica qué requisitos son necesarios y qué monedas y billetes son los que se pueden cambiar, ya que dependiendo del año en el que fuesen acuñadas pueden necesitar la valoración de un experto. Para resolver cualquier duda se puede llamar al 91 33 85 00 o entrar en la web https://cita-previa-bde.clorian.com.

Para saber más

Finanzas para todos: Esta iniciativa desarrollada de manera conjunta por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) promueve la educación financiera de todos los ciudadanos, haciendo especial hincapié en la necesidad de gestionar mejor nuestro dinero y sacar rentabilidad a nuestros ahorros. 

Value School: En el blog de esta plataforma, que divulga la educación financiera para pequeños ahorradores, podrá encontrar información para sacar mayor rentabilidad a su dinero y conocer cómo funcionan los diferentes productos que existen en el mercado. Además, disponen de recursos para los más jóvenes. Para los que quieren saber más, también se puede consultar su canal de Youtube.

Más información y seguridad jurídica en los créditos inmobiliarios

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Más información y seguridad jurídica en los créditos inmobiliarios

La Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que ya ha cumplido dos años, supuso un gran avance en la protección de los consumidores que contratan créditos hipotecarios con entidades financieras. La nueva legislación ha permitido a los consumidores tomar conciencia de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y de la necesidad de estar informado en todo momento.

MARIÁN LEZAUN

Los profesionales implicados en el sector se muestran satisfechos y reconocen que el papel de los notarios ha sido crucial para cerrar las operaciones de compraventa con la lección aprendida. De hecho, es el notario quien debe cerciorarse del cumplimiento de los deberes por parte de las entidades financieras y proporcionar al ciudadano un asesoramiento imparcial y gratuito. Como dice el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez, “el compromiso y disposición de los bancos es hoy financiar la compra de una vivienda al mayor número de personas en las mejores condiciones posibles, algo que ha quedado respaldado por los datos tras la aprobación de la nueva norma”.

De hecho, para Martínez uno de los grandes avances de la ley es “que blinda a clientes y entidades de decisiones judiciales dispares y a veces contradictorias, lo que ha reforzado la seguridad jurídica”.

Aprender del pasado. Muchos errores del pasado en el mercado de las hipotecas estaban relacionados con la falta de información. “La reforma de la ley buscaba aportar un marco legislativo claro y completo, que evitase todas las dudas y litigios anteriores, y que, a su vez, garantizara la transparencia del sector y la seguridad de que los consumidores son conocedores de los compromisos que van a adquirir”, explica Juan Villén, responsable de hipotecas del portal Idealista.es, quien considera que todo eso se ha cumplido. Algo más crítica es Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, quien opina que aunque la ley ha regulado algunas de las prácticas abusivas de los bancos que tantos conflictos han generado con los consumidores durante los últimos años, también ha puesto parches. “No hay que olvidar que esta nueva ley solo es aplicable a los contratos firmados a partir del 16 de junio de 2019”, señala Izverniceanu.

En lo que sí hay una mayor coincidencia es en la mayor transparencia que existe ahora mismo en el sector.  “No solo porque los bancos se vean obligados a informar más, sino porque el papel de los notarios garantiza una explicación clara e imparcial de las condiciones. Además, percibimos que, gracias a la mayor disponibilidad de información en internet, tanto por parte de los bancos como de los comparadores hipotecarios, y al mayor uso de este canal por los consumidores, existe una mayor concienciación por parte de estos para informarse bien y resolver todas sus dudas antes de firmar una hipoteca”, reconoce Villén.

Esto no quiere decir que las reclamaciones de los usuarios hayan terminado. Aunque ahora son diferentes. La mayoría de reclamaciones presentadas al Banco de España en 2020 fueron consecuencia de conflictos con las hipotecas, aunque su número sigue en descenso, tras los grandes picos de reclamaciones por cláusulas suelo de 2013 y las relativas a los gastos de formalización en los préstamos hipotecarios de 2017. “El préstamo hipotecario es un producto complejo y los bancos, aun cumpliendo escrupulosamente la ley, no dejan de tener un interés comercial en vender sus productos, y a menudo los intereses de los consumidores siguen colisionando con los de los bancos”, apunta Villén.  “Por suerte, la aparición y mayor regulación de la figura de los intermediarios de crédito, animada por una mayor digitalización, facilita a los usuarios poder comparar ofertas y elegir libremente las que más les interese según las necesidades personales”, explican desde Idealista.

Previsiones para el mercado. Como se espera que el mercado de las hipotecas siga creciendo, los consumidores deben consultar cualquier duda que tengan. Desde Idealista consideran que las perspectivas para este año son razonablemente positivas. Las hipotecas siempre dependen de la evolución del mercado de compraventa de vivienda, y la pandemia ha aflorado necesidades habitacionales en familias que antes no pensaban cambiar de casa. Además, hay un mayor volumen de familias que se plantean cambiar la hipoteca de banco, para mejorar sus condiciones, apoyadas en los bajos tipos de interés y la competencia entre las entidades por captar clientes.

La norma tampoco ha tenido un impacto sustancial en el precio de las hipotecas. “La fuerte competencia entre entidades ha permitido que, aunque inicialmente algunas entidades financieras revisaran ligeramente al alza sus precios, apenas haya habido cambios y, de hecho, apoyados en la facilidad de financiación que tienen los bancos y la evolución del Euribor, actualmente las hipotecas son más baratas que nunca”, explica Villén.

Los profesionales implicados en el sector se muestran satisfechos y reconocen que el papel de los notarios ha sido crucial

Por si las dudas

Notariado: En la web del Consejo General del Notariado se puede elegir al notario que queremos que nos atienda.

Banco de España: En la web del Banco de España hay información sobre la compraventa de viviendas y documentación sobre los principales cambios introducidos por la Ley Reguladora del Crédito Hipotecario.

Asociación Española de Banca (AEB): La Asociación Española de Banca también ofrece información sobre estos créditos y su aplicación práctica.

¿Cómo te ayuda el notario?

La Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario refuerza las normas de transparencia al objeto de garantizar que los consumidores reciban toda la información necesaria tanto antes de la contratación como en el momento de la firma.

La ley introdujo como una de sus novedades, en la fase precontractual del préstamo, un encuentro a solas con el notario elegido diez días antes de la autorización y firma de la escritura del crédito hipotecario. Dentro de esa fase precontractual se han determinado una serie de pasos que cualquier persona que vaya a adquirir un inmueble debe conocer.

El primero es la comunicación por parte del ciudadano a la entidad financiera, del notario elegido, para que ésta le remita toda la documentación relacionada con el préstamo. Tras ello, llega la verificación por parte del notario de que la entidad financiera ha entregado a los prestatarios toda la documentación exigible conforme al tipo de préstamo hipotecario (la FEIN -Ficha Europea de Información Normalizada-, la FiAE -Ficha de Advertencias Estandarizadas-, un documento sobre los gastos asociados a la escritura pública del préstamo, y las condiciones del seguro de daños del inmueble, etc.) y que lo ha hecho en el plazo adecuado. Después, hay que fijar una reunión del ciudadano a solas con el notario, en un plazo de diez días previo a la autorización y firma de la escritura pública del préstamo. En este encuentro el notario atenderá las preguntas del ciudadano, resolviendo sus dudas, y realizará un breve test para comprobar que todo está claro. Por último, se procede a la redacción con carácter gratuito por parte del notario del acta de transparencia notarial donde se deja constancia de los hechos comprobados y de las preguntas formuladas por los prestatarios con sus respectivas respuestas.